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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 54001-23-31-000-2010-00128-01

Fecha
5 de mayo de 2025
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 54001-23-31-000-2010-00128-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 6 de noviembre de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander. SEGUNDO: DECLARAR no probadas las excepciones de cláusula compromisoria, indebida escogencia de la acción, falta de legitimación en la causa por pasiva y ausencia de pretensiones anulatorias frente a los actos que definieron las reclamaciones en el proceso de liquidación forzosa. TERCERO: LIQUIDAR, en los términos definidos en la parte motiva de esta providencia, el Contrato de Asociación 0758 de 2006 suscrito entre la Unión Temporal Servimagen (conformada por Inversiones Dumian E.U. y Comercializadora Duarquint Ltda.) y la ESE Francisco de Paula Santander Liquidada. CUARTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda. QUINTO: Sin condena en costas. SEXTO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 54001-23-31-000-2010-00128-01

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

5 de mayo de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá, D.C., cinco (5) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Expediente: 540012331000-2010-00128-01 (70122)
Demandante: Inversiones Dumian E.U. y otro
Demandado: Nación – Ministerio de Salud y Protección Social
Medio de control: Controversias contractuales
Asunto: Sentencia de segunda instancia

TEMAS: ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES – Está instituida para la
resolución de los conflictos surgidos en torno al alcance de los derechos y obligaciones
emanadas del contrato, que pueden tener origen tanto en el contrato mismo, como en los
hechos de su ejecución y en los actos que dicte la administración y que en alguna forma
afecten la relación negocial. / LIQUIDACIÓN FORZOSA ADMINISTRATIVA Y FUERZA
MAYOR – En principio, la imposibilidad definitiva de continuar con la ejecución de un
contrato, como consecuencia de la supresión y liquidación de la entidad pública contratante,
constituye un evento de fuerza mayor que, salvo pacto en contrario, libera a sus partes de
responsabilidad respecto del cumplimiento de sus obligaciones y, en consecuencia, impide
acceder a la indemnización de perjuicios.

Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo
actuado, la Sala procede a resolver el recurso de apelación presentado contra la
sentencia que accedió parcialmente a las pretensiones.

La controversia se refiere a los daños presuntamente causados por la terminación
unilateral y anticipada de un contrato, derivada del proceso de liquidación forzosa al
que fue sometida la ESE contratante.

I. LA SENTENCIA IMPUGNADA

1. Corresponde a la decisión ya referida, adoptada el 6 de noviembre de 2020 1,
en la que el Tribunal Administrativo de Norte de Santander accedió parcialmente a
las pretensiones de la demanda presentada el 22 de abril de 2010 2 por
Inversiones Dumian E.U. y Comercializadora Duarquint LTDA. (la parte actora o los
demandantes), integrantes de la Unión Temporal Servimagen (la UT), en contra del

1 Cuaderno segunda instancia, folios 523 a 557.
2 Cuaderno principal, folios 4 a 39.

Radicación: 540012331000-2010-00128-01 (70122)
Demandantes: Inversiones Dumian E.U. y otro
Demandado: Ministerio de Salud y Protección Social
Acción: Controversias contractuales

Ministerio de Salud y Protección Social (la entidad demandada), cuyos fundamentos
de hecho y pretensiones se describen a continuación.

La demanda, sus fundamentos y pretensiones

2. El 4 de agosto de 2006 la E.S.E. Francisco de Paula Santander (la ESE) y la
UT, suscribieron el contrato de asociación 0758-06 (el contrato), con el objeto de
que la segunda adecuara la infraestructura del espacio destinado al Centro de
Imágenes Diagnósticas (CID), realizara las obras físicas necesarias para su
funcionamiento, obtuviera de la Secretaría de Salud la correspondiente habilitación,
explotara el CID con total autonomía, celebrara convenios para la atención de
pacientes de forma integral, facturara los servicios y, al vencimiento del contrato,
transfiriera las obras físicas a la ESE.

3. En el contrato se pactó que la UT pagaría a la ESE un canon mensual de
$2’000.000 por un área utilizable de 144 metros cuadrados, más $12.330 por cada
metro cuadrado adicional que requiriera; la participación de la ESE como asociada
en la explotación del CID sería del 10% de la facturación neta; se pactó un plazo de
ejecución contractual de cinco (5) años contados a partir del día de inicio de su
operación, lo cual se dejaría consignado en un acta suscrita por las partes.

4. Los demandantes realizaron las adecuaciones y dotaciones necesarias para
el funcionamiento del CID, iniciando operaciones el 1 de enero de 2007, por lo que
el plazo inicialmente previsto finalizaba el 31 de diciembre de 2011.

5. Mediante el Decreto 810 de 2008 3 se suprimió la ESE.

6. La supresión de la ESE no implicaba la terminación de los contratos que se
encontraran ejecutando, pues el artículo 29 del Decreto 254 de 2000 4 contempló
que éstos debían ser cedidos o traspasados para evitar perjuicios a los co-
contratantes.

7. Mediante oficio 0134 del 1 de abril de 2008, el liquidador de la ESE informó
a la UT que había ordenado la terminación del contrato, fijando un plazo de quince
(15) días hábiles para la entrega material y definitiva de las instalaciones.

8. Con el oficio LIQ-1402 del 8 de junio de 2008, el liquidador concedió a la UT
hasta el día 19 de ese mes y año, como último plazo para la entrega de los espacios
ocupados, y el 17 de julio de 2008 (oficio LIQ-2154), informó que dio instrucciones
para que a partir de esa fecha se prohibiera la entrada de pacientes, equipos,
insumos y medicamentos al área que la UT estaba ocupando.

3 “Por el cual se suprime la Empresa Social del Estado Francisco de Paula Santander y se ordena su liquidación”,

proferido por el Gobierno Nacional.
4 Decreto-ley "Por el cual se expide el régimen para la liquidación de las entidades públicas del orden nacional".

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Radicación: 540012331000-2010-00128-01 (70122)
Demandantes: Inversiones Dumian E.U. y otro
Demandado: Ministerio de Salud y Protección Social
Acción: Controversias contractuales

9. El 5 de agosto de 2008 representantes del liquidador desalojaron a la UT del
área donde funcionaba el CID, reteniendo los equipos y el mobiliario con los que se
había dotado, motivo por el cual, la parte actora acudió al proceso de liquidación
reclamando el reconocimiento de perjuicios, los cuales fueron rechazados por el
liquidador.

10. El acto administrativo por el cual se decretó la terminación unilateral del
contrato no fue notificado a la UT, y sin motivación se omitió reconocer la
indemnización de los perjuicios por concepto de lucro cesante. En virtud de lo
anterior y como pretensión principal, los demandantes solicitaron declarar la nulidad
de ese acto.

11. De manera subsidiaria, solicitaron declarar que la terminación unilateral y
anticipada del contrato causó un daño a los demandantes, y condenar a la entidad
demandada como sucesora de la extinguida ESE, a indemnizar los perjuicios por
concepto de lucro cesante tasados pericialmente en el proceso, o subsidiariamente,
aquellos que resultaren probados, particularmente, los representados en: (i) el valor
de las mejoras y adecuaciones que se realizaron en ejecución del contrato; (ii) la
imposibilidad de utilizar los equipos, muebles, insumos y medicamentos desde el 5
de agosto de 2008, fecha en que la UT fue desalojada del CID, hasta el día de
vencimiento del plazo estipulado en el contrato, y liquidar judicialmente el acuerdo,
incluyendo el monto de la indemnización reconocida en la sentencia a favor de la
UT 5.

5 Los actores solicitaron: “PRIMERA: Que es nulo el Oficio N. 0134 de fecha 1 ° de abril de 2008, por el cual la

Apoderada del Liquidador de la ESE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER EN LIQUIDACIÓN decretó la
terminación del Contrato de Asociación N.º 0758-06 de fecha 4 de agosto de 2006, celebrado con la empresa
UNIÓN TEMPORAL SERVIMAGEN y cuyo objeto fue la puesta en funcionamiento y operación, con total
autonomía por la UNIÓN TEMPORAL, del Centro de Imágenes Diagnósticas (CID) en la Unidad Hospitalaria
Cúcuta. SEGUNDA: Que, en caso de haber existido, es nulo el Oficio del 15 de marzo de 2008, mediante el
cual la Apoderada del Liquidador de la ESE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER EN LIQUIDACIÓN decretó
unilateralmente la terminación del Contrato (…). EN SUBSIDIO DE LA ANTERIOR: Que, en caso de haber
existido, el acto administrativo contenido en el Oficio del 15 de marzo de 2008 no produjo efecto alguno, por no
haber sido notificado personalmente a las integrantes de la UNIÓN TEMPORAL SERVIMAGEN, ni habérseles
indicado a estas cuál era el recurso gubernativo procedente. EN SUBSIDIO DE LAS DOS PRIMERAS
PRETENSIONES PRINCIPALES: Que el Contrato (…) terminó el 1 ° de abril de 2008 por decisión unilateral de
la Apoderada del Liquidador de la ESE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER EN LIQUIDACIÓN, motivada en
las condiciones particulares en que, a su juicio, debía prestarse el servicio de salud en la Unidad Hospitalaria
Clínica Cúcuta durante la liquidación de LA EMPRESA. TERCERA: Que la terminación unilateral y anticipada
del Contrato (…) decretada por el Agente del Presidente de la República para la liquidación de la ESE
FRANCISCO DE PAULA SANTANDER y representante legal de ésta, causó a la UNIÓN TEMPORAL
SERVIMAGEN un daño antijurídico. CUARTA: Que LA NACIÓN es responsable de las deudas insolutas de su
liquidada ESE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER. QUINTA: Que se condene a LA NACIÓN, como
sucesora de su extinguida ESE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER, a indemnizar a INVERSIONES
DUMIAN E.U. y a COMERCIALIZADORA DUARQUINT LTDA. (…) los perjuicios infligidos con la terminación
unilateral y anticipada del Contrato de Asociación N.º 0758-06 del 4 de agosto de 2006, y en especial el valor
del lucro cesante tasado pericialmente en el proceso y actualizado hasta la fecha de la sentencia según el Índice
de Precios al Consumidor (IPC). EN SUBSIDIO DE LA ANTERIOR: Que se condene a LA NACIÓN, como
sucesora de la ESE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER EN LIQUIDACIÓN, a pagar a INVERSIONES
DUMIAN E.U. y a COMERCIALIZADORA DUARQUINT LTDA. el valor de los perjuicios probados en el proceso.
EN SUBSIDIO DE LAS ANTERIORES: Que se condene a LA NACIÓN, como sucesora de la ESE FRANCISCO
DE PAULA SANTANDER EN LIQUIDACIÓN a pagar a INVERSIONES DUMIAN E.U. y a
COMERCIALIZADORA DUARQUINT LTDA.: a) El valor de las mejoras y adecuaciones que realizaron en
ejecución del contrato en el Centro de Imágenes Diagnósticas de la Clínica Cúcuta, actualizado hasta la fecha
de la sentencia; b) El lucro cesante que sufrieron por la imposibilidad de utilizar sus equipos, muebles, insumos

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Radicación: 540012331000-2010-00128-01 (70122)
Demandantes: Inversiones Dumian E.U. y otro
Demandado: Ministerio de Salud y Protección Social
Acción: Controversias contractuales

Contestación de la demanda

12. La demandada y la Fiduciaria Popular S.A. (Fidupopular), vinculada como
tercero interesado 6, contestaron la demanda oponiéndose a la prosperidad de las
pretensiones.

13. La entidad 7 afirmó que: (i) no hizo parte del contrato, como tampoco tuvo a su
cargo el proceso liquidatorio de la ESE, ni es sucesora o subrogataria de ésta; (ii) la
orden de liquidación de la ESE constituyó una causal de fuerza mayor; (iii) la
demanda fue presentada después de configurada la caducidad, por cuanto el acto
que terminó unilateralmente el contrato fue proferido el 1 de abril de 2008, mientras
que la demanda se presentó el 22 de abril de 2010, esto es, vencido el término de
dos (2) años que confiere la norma para instaurar la acción contractual; y, (iv) la
demanda no debió tramitarse como una acción de controversias contractuales, sino
como una nulidad y restablecimiento del derecho.

14. Fidupopular8 solicitó negar las pretensiones de la demanda por cuanto: (i) la
demanda se presentó después de haberse configurado la caducidad de la acción;
(ii) la acción procedente era la de nulidad y restablecimiento del derecho, debido a

que es la llamada a ejercerse contra las actuaciones del liquidador; (iii) no es viable
el estudio de las mismas pretensiones de reconocimiento que fueron negadas en el
trámite liquidatorio; (iv) la terminación del contrato se dio en cumplimiento de un deber
legal y en desarrollo de facultades legales especiales otorgadas al liquidador, por lo
que no se produjo por aplicación de las facultades exorbitantes de la Ley 80 de
1993, resultando improcedente la indemnización de perjuicios en los términos de su
artículo 14; (v) la orden de supresión, disolución y liquidación de la ESE, constituyó
una fuerza mayor que causó la terminación anticipada del negocio; y (vi) el Tribunal
carecía de competencia para dirimir el conflicto propuesto, al haberse pactado una
cláusula compromisoria en el contrato.

15. La Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. (Fiduagraria) y la Fiduciaria La
Previsora S.A. (Fiduprevisora), también vinculadas el proceso como terceros
interesados, allegaron contestación de la demanda de forma extemporánea.

y medicamentos desde el 5 de agosto de 2008, fecha en que la UNIÓN TEMPORAL SERVIMAGEN fue
desalojada del Centro de Imágenes Diagnósticas, hasta el día de vencimiento del plazo estipulado para el
Contrato de Asociación. SEXTA: Que, por no haberla efectuado la entidad contratante (…) se practique (…) la
liquidación del Contrato (…) incluyendo en ésta el monto de la indemnización reconocida en la sentencia a favor
de la UNIÓN TEMPORAL SERVIMAGEN, y a favor de LA EMPRESA única y exclusivamente la compensación
causada por el uso del área desde el 1 de abril hasta el 5 de agosto de 2008, día en que la UNIÓN TEMPORAL
fue desalojada del Centro de Imágenes Diagnósticas”.
6 Junto con La Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario - Fiduagraria S.A. y la Fiduciaria La Previsora -

Fiduprevisora S.A., como integrantes del consorcio liquidador de la ESE.
7 Cuaderno principal, folios 84 a 112.
8 Cuaderno 2, folios 358 a 377.

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Radicación: 540012331000-2010-00128-01 (70122)
Demandantes: Inversiones Dumian E.U. y otro
Demandado: Ministerio de Salud y Protección Social
Acción: Controversias contractuales

Alegatos en primera instancia

16. Agotado el periodo probatorio 9, la entidad demandada 10 y Fiduciaria Popular
S.A. 11 reiteraron lo expuesto en sus contestaciones.

17. La parte actora reafirmó lo expuesto en la demanda 12, agregando que: (i) no
procedía la excepción de fuerza mayor, pues las deudas de las entidades
nacionales una vez culminada la liquidación, es causa y fundamento legal de
responsabilidad del Estado; (ii) no se configuró la caducidad de la acción, debido a
que la solicitud de conciliación extrajudicial suspendió el término; y, (iii) la acción
contractual sí era procedente, por cuanto se solicitó la nulidad de actos
contractuales, en este caso, los que terminaron unilateralmente el negocio jurídico.

18. Fiduagraria, Fiduprevisora y el Ministerio Público, guardaron silencio en esta
oportunidad procesal.

Fundamentos de la sentencia de primera instancia

19. El Tribunal accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda 13. Negó
las excepciones propuestas por la entidad demandada y Fidupopular, relativas a:
caducidad de la acción; falta de legitimación en la causa por pasiva; falta de
competencia por la existencia de una cláusula compromisoria; inepta demanda por
indebida escogencia de la acción; e inviabilidad de conocer en sede judicial los
reclamos presentados en el proceso de liquidación forzosa. Liquidó judicialmente el
contrato, con un saldo a favor de la parte actora y en contra de la entidad
demandada de $83’203.275,64 por concepto de lucro cesante y negó las demás
pretensiones de la demanda.

9 En auto del 24 de abril de 2014, se decretaron como medios de prueba las documentales aportadas por las

partes, se ordenó oficiar al Ministerio de Salud y Protección Social para que allegara documentación relacionada
con el proceso de liquidación de la ESE y se decretó el interrogatorio del representante de la UT.
10 Cuaderno 2, folios 436 a 441.
11 Cuaderno 2, folios 456 a 469.
12 Cuaderno 2, folios 443 a 455.
13 PRIMERO: AVOCAR el conocimiento del proceso de la referencia, en atención a lo dispuesto en el Acuerdo

No. CSJNS-17-070 del 15 de febrero de 2017 proferida por el Consejo Superior de la Judicatura de Norte de
Santander. SEGUNDO: NEGAR las excepciones propuestas por la Nación - Ministerio de Salud y Protección
Social. Así como, la Fiduciaria Popular S.A., de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia. TERCERO: LIQUIDAR judicialmente el Contrato de Asociación No. 0758 de 2006 suscrito entre la
Unión Temporal SERVIMAGEN conformada por (Inversiones Dumian E.U. y la Comercializadora Duarquint
Ltda.) y la ESE Francisco de Paula Santander Liquidada, teniendo en cuenta lo expuesto en precedencia.
CUARTO: Como consecuencia de lo anterior, CONDENAR a la Nación - Ministerio de Salud y Protección Social
a reconocer y pagar a favor de Inversiones Dumian E.U. y la Comercializadora Duarquint Ltda., quienes
conforman La Unión Temporal SERVIMAGEN por concepto de lucro cesante el valor OCHENTA Y TRES
MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON SESENTA CUATRO
CENTAVOS ($ 83.203.275,64), suma que deberá actualizarse a la fecha de ejecutoria de la sentencia. QUINTO:
NEGAR las demás pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia. SEXTO: RECONOCER personaría jurídica a la Doctora ROCÍO BALLESTEROS PINZÓN como
Apoderada del Ministerio de Salud y de la Protección Social. SÉPTIMO: A la presente sentencia se dará
cumplimiento en los términos de los artículos 176, 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo”.

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Radicación: 540012331000-2010-00128-01 (70122)
Demandantes: Inversiones Dumian E.U. y otro
Demandado: Ministerio de Salud y Protección Social
Acción: Controversias contractuales

20. Como fundamento de la decisión, expuso que la entidad demandada está
legitimada en la causa por pasiva en este caso, toda vez que, a la terminación del
contrato de fiducia mercantil mediante el cual se constituyó el patrimonio autónomo
de remanentes de la liquidación de la ESE, corresponde a esa cartera ministerial
satisfacer los pagos que en un principio debió realizar el consorcio liquidador de la
ESE.

21. Indicó que no todos los asuntos se pueden someter a la decisión de los
árbitros, como la legalidad de los actos administrativos, asunto que es de
conocimiento del juez contencioso administrativo. Como en el caso objeto de
estudio lo pretendido es que se declare la nulidad de un acto por medio del cual la
administración terminó unilateralmente un contrato, pese a contener éste una
cláusula compromisoria, solo es susceptible de control por parte de esta jurisdicción.

22. Además, el acto acusado fue proferido por el liquidador con ocasión del
negocio jurídico cuya terminación unilateral se dispuso, razón por la cual, de
conformidad con lo previsto en el artículo 77 de la Ley 80 de 1993, en concordancia
con el artículo 87 del CCA -modificado por el artículo 32 de la Ley 446 de 1998,
vigente para la fecha en la cual se presentó la demanda-, la acción procedente para
adelantar el juicio de legalidad es la de controversias contractuales.

23. Determinó que los hechos y las pretensiones de la demanda se
fundamentaron en el oficio del 15 de marzo de 2008, momento a partir del cual debe
computarse el término de dos (2) años para su radicación, el cual vencía
inicialmente el 16 de marzo de 2010. La parte demandante presentó solicitud de
conciliación extrajudicial el 16 de febrero de 2010, la cual fue declarada fallida el 24
de marzo de 2010, es decir, que se interrumpió el término durante 36 días, razón
por la que la demanda instaurada el 22 de abril de 2010 fue oportuna.

24. Aunque el liquidador de la ESE no notificó personalmente los oficios del 15
de marzo de 2009 y del 1 de abril de 2008, lo cierto es que los actores sí tenían
conocimiento de ellos, teniendo en cuenta que actuaron dentro del proceso
liquidatorio solicitando daño emergente y lucro cesante con ocasión de la
terminación unilateral del contrato, individualizaron en la demanda los actos
administrativos y fundamentaron las pretensiones en los mismos. Por otra parte, el
hecho de que los demandantes hayan reclamado el resarcimiento de perjuicios en
el proceso liquidatorio no impide que por vía judicial se resuelva este asunto, pues
se trata de dos procesos distintos.

25. Para el a quo, la expedición del Decreto 810 del 14 de marzo de 2008, que
ordenó la supresión de la ESE, fue una situación sobreviniente al contrato que
impidió seguir ejecutando su objeto, por lo que constituyó un motivo justificado y
razonable para darlo por terminado. Además, el artículo 29 del Decreto 254 de 2000
establece que los contratos de la entidad liquidada se pueden terminar, ceder o
traspasar, lo cual es facultativo; sin embargo, el liquidador optó por terminar el
negocio jurídico suscrito con la parte actora justificadamente, por cuanto celebró un

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Radicación: 540012331000-2010-00128-01 (70122)
Demandantes: Inversiones Dumian E.U. y otro
Demandado: Ministerio de Salud y Protección Social
Acción: Controversias contractuales

convenio interadministrativo con Caprecom, a quien le entregó la totalidad de la
clínica para la prestación y operación del servicio, conforme a la facultad que le fue
otorgada por medio del Decreto 810 de 2008.

26. Como el contrato no fue liquidado previo a la finalización del proceso
liquidatorio de la ESE, como lo establece el artículo 29 del Decreto 254 del 2000,
determinó que era procedente definir su balance final en sede judicial.

27. Explicó que en el dictamen pericial 14 se calcularon los perjuicios causados
hasta el vencimiento del contrato, esto es, hasta el 31 de diciembre de 2011, pero
solo procedía el reconocimiento de los perjuicios ocasionados desde la fecha en
que se desalojó a la UT del CID, hasta la fecha en que fueron debidamente
entregados los equipos y bienes muebles, teniendo en cuenta que los mismos
pudieron ser utilizados con posterioridad a la entrega.

28. La utilidad que dejó de percibir la UT desde el 6 de agosto de 2008, fecha en
la que fue expulsada la parte actora del CID, según el acta de desalojo obrante en
el expediente, hasta el 16 de enero de 2009, fecha en la que le fueron entregados
los equipos y bienes muebles de su propiedad, correspondía a la suma de
$79’481.294,18, la que una vez actualizada ascendía a $83’203.275,64, monto que
debía pagarse por la entidad demandada.

29. Finalmente, negó el daño emergente, toda vez que los demandantes no
acreditaron las inversiones que mencionaron en la demanda, y se abstuvo de
condenar en costas.

II. EL RECURSO DE APELACIÓN

30. La anterior decisión fue apelada por la demandada 15. Como cargos de
apelación, indicó que: (i) la totalidad de las pretensiones debieron ventilarse
mediante proceso arbitral; (ii) los actos administrativos demandados no son
contractuales, por lo que la acción procedente era la de nulidad y restablecimiento
del derecho; (iii) la entidad demandada carece de legitimación en la causa; (iv) debían
demandarse los actos que negaron las reclamaciones en el proceso de liquidación;
y, (v) los demandantes estaban en la obligación de soportar las consecuencias de la
terminación anticipada del contrato y del proceso de liquidación forzosa, por lo que
no procedía el reconocimiento de perjuicios, los que tampoco se probaron.

31. Las razones en que sustentó el recurso serán expuestas al momento de
estudiar cada una de ellas.

14 Practicado en el proceso por solicitud de la parte actora y rendido por el perito el perito Víctor Hugo
Castellanos Correa.
15 Cuaderno segunda instancia, folios 571 a 579.

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Radicación: 540012331000-2010-00128-01 (70122)
Demandantes: Inversiones Dumian E.U. y otro
Demandado: Ministerio de Salud y Protección Social
Acción: Controversias contractuales

32. Mediante proveído del 29 de mayo de 2023 16 el Tribunal concedió el recurso
de apelación y a través del auto del 2 de agosto del mismo año 17 se admitió. El
Ministerio Público guardó silencio.

III. CONSIDERACIONES

Objeto de la apelación

33. Atendiendo a los cargos de la apelación, corresponde establecer si resultan
fundadas las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva, cláusula
compromisoria, indebida escogencia de la acción y la relativa a que el demandante
debía demandar los actos que negaron su reclamaciones en el proceso de
liquidación forzosa, como presupuesto de las pretensiones indemnizatorias. En
caso contrario, la Sala analizará la procedencia del reconocimiento efectuado por el
a quo a favor de la parte actora en la liquidación judicial del contrato.

La legitimación en la causa por pasiva de la entidad demandada

34. La ESE Francisco de Paula Santander fue creada mediante el Decreto Ley
1750 de 2003, como entidad pública descentralizada del nivel nacional, adscrita al
entonces Ministerio de la Protección Social, para la prestación de los servicios de
salud como servicio público a cargo del Estado o como parte del servicio público de
la seguridad social, en los términos del artículo 194 de la Ley 100 de 1993. Mediante
el Decreto 810 de 2008, se suprimió a la ESE y se ordenó su liquidación,
estableciendo en su artículo 2 que el procedimiento estaría sujeto a las
disposiciones del Decreto 254 de 2000, la Ley 1105 de 2006 y las especiales del
citado decreto.

35. Conforme al acto que ordenó la supresión y el Decreto Ley 254 de 2000 18,
modificado por el artículo 19 de la Ley 1105 de 2006, y dado que a la finalización
del proceso liquidatorio aún existían actividades remanentes, el liquidador de la ESE
suscribió con la Fiduciaria Popular S.A. el contrato de fiducia mercantil 062 de 2009,
en virtud del cual se constituyó el Patrimonio Autónomo de Remanentes, cuyo objeto
consistió en la administración de los activos transferidos por la ESE al cierre del
proceso liquidatorio, a efectos de realizar los pagos con cargo a dichos recursos,
administrar los procesos judiciales, contratos y reservas cedidos por la liquidación.

36. Mediante sentencia del 16 de diciembre de 2020 del Tribunal Administrativo
de Norte de Santander, confirmada por la Sección Quinta de esta Corporación 19, se

16 Cuaderno segunda instancia, folio 626.
17 SAMAI, índice 3.
18 “ARTÍCULO 35. A la terminación del plazo de la liquidación, el liquidador podrá celebrar contratos de fiducia

mercantil con una entidad fiduciaria por el cual se transferirá activos de la liquidación con el fin de que la misma
los enajene y destine el producto de dichos bienes a los fines que en el inciso siguiente se indican. La entidad
fiduciaria contratista formará con los bienes recibidos de cada entidad en liquidación un patrimonio autónomo”.
19 Sentencia del 29 de abril de 2021, Exp. 54001-23-33 -000-2020- 00616-01. C.P. Luis Alberto Álvarez Parra.

Proferida en el marco de una acción de cumplimiento.

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Radicación: 540012331000-2010-00128-01 (70122)
Demandantes: Inversiones Dumian E.U. y otro
Demandado: Ministerio de Salud y Protección Social
Acción: Controversias contractuales

ordenó al Gobierno Nacional dar cumplimiento al parágrafo 1 del artículo 52 de la
Ley 489 de 1998, en el sentido de disponer expresamente sobre la subrogación de
las obligaciones de la extinta ESE, en materia de condena de sentencias
contractuales y extracontractuales, por cuanto el acto que suprimió y ordenó la
liquidación omitió hacer un pronunciamiento sobre el particular.

37. En cumplimiento de lo anterior, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 415
del 24 de marzo de 2022, el cual dispuso que el pago de las sentencias derivadas
de obligaciones contractuales y extracontractuales a cargo de la liquidada ESE,
deberán ser asumidas por el Ministerio de Salud y Protección Social 20.

38. Mediante sentencia del 4 de mayo de 2023 del Tribunal Administrativo de
Norte de Santander, confirmada por la Sección Quinta de esta Corporación en fallo
del 8 de junio de 2023, se ordenó al Gobierno Nacional disponer sobre la
subrogación de obligaciones de la extinta ESE en materia de obligaciones
contractuales. Producto de lo anterior fue expedido el Decreto 745 de 2024, que
adicionó el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social (780
de 2016) respecto de la “SUBROGACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DE LAS
EXTINTAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO”, estableciendo en su artículo 1
que “El Ministerio de Salud y Protección Social asumirá las obligaciones de la extinta
E.S.E. Francisco de Paula Santander, en materia contractual”.

39. Por tanto, corresponde a la entidad demandada asumir las obligaciones en
materia contractual de la extinta ESE y el pago de las sentencias derivadas de éstas,
por lo que se encuentra legitimada en la causa por pasiva en el sub judice.

La excepción de cláusula compromisoria

40. Bajo la cláusula decimonovena, las partes acordaron que las controversias
surgidas durante la ejecución del contrato se solucionarían de manera directa entre
las partes, y en caso de no llegar a un acuerdo intentarían la conciliación y ante el
eventual fracaso de este mecanismo, acudirían a un Tribunal de Arbitraje.

41. La Sala constata que la entidad demandada, no propuso la excepción de
cláusula compromisoria ni se opuso a que el litigio fuera decidido por esta
jurisdicción. Fue Fidupopular, como tercero interesado vinculado al proceso, quien

20 “Artículo 1. De la competencia para la asunción del pago de las sentencias derivadas de obligaciones
contractuales y extracontractuales. Será competencia del Ministerio de Salud y Protección Social asumir el pago
de las sentencias judiciales debidamente ejecutoriadas, derivadas de las obligaciones contractuales y
extracontractuales a cargo de la liquidada Empresa Social del Estado Francisco de Paula Santander. Para estos
efectos, el valor de las obligaciones a que hace referencia el presente artículo, será pagado con cargo a los
activos líquidos y no líquidos transferidos por el liquidador al momento de suscribir el Contrato de Fiducia
Mercantil No. 062 de 2009, por medio del cual se constituyó el Patrimonio Autónomo de Remanentes de la ESE
Francisco de Paula Santander hasta que se hayan descontado la totalidad de estos recursos, en cumplimiento
de las normas vigentes sobre liquidación de entidades públicas; una vez se agoten estos recursos, la Nación,
por intermedio del Ministerio de Hacienda y Crédito Público realizará la asignación presupuestal en el
Presupuesto General de la Nación, respecto a los rubros correspondientes al Ministerio de Salud y Protección
Social. Parágrafo. Esta asunción excluye cualquier otra obligación de la liquidada Empresa Social del Estado
Francisco de Paula Santander que esté determinada o pueda determinarse”.

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Radicación: 540012331000-2010-00128-01 (70122)
Demandantes: Inversiones Dumian E.U. y otro
Demandado: Ministerio de Salud y Protección Social
Acción: Controversias contractuales

propuso tal excepción. Esta entidad fiduciaria carece de interés para proponer la
excepción de cláusula compromisoria por cuanto no la vinculaba, toda vez que no
fue parte en el negocio jurídico que la contenía, y aunque hizo parte del consorcio
liquidador, no sustituyó ni fungió como sucesor patrimonial de la ESE, posición que
solamente fue adjudicada al ministerio, según lo reseñado.

42. El 18 de abril de 2013, fecha para la cual la entidad demandada ya había
contestado la demanda 21, la Sección Tercera recogió la tesis sostenida hasta ese
momento respecto de la renuncia tácita del pacto arbitral22. No obstante, como ha
señalado esta Subsección en casos análogos, en este tipo de situaciones no es
atendible aplicar retroactivamente la decisión judicial que cambió el precedente
sobre la renuncia tácita al pacto arbitral23.

43. Por lo anterior, la Subsección aplicará el precedente vigente al momento de
la contestación de la demanda. La Sala constata, que: (i) las partes vinculadas al
pacto arbitral, al no oponerse expresamente a la competencia y jurisdicción del
Tribunal Contencioso Administrativo, actuaron movidas por el entendimiento de que
sus actos procesales implicaban una renuncia al pacto arbitral; (ii) el derecho al
acceso a la administración de justicia comprende no solo la posibilidad de acudir al
juez sino también la garantía de acceder a una decisión de fondo en un término
razonable 24, y en este caso, las partes han esperado por más de catorce años la
expedición de la sentencia que ponga fin al proceso, de manera que prorrogar la
adopción de esa decisión afectaría desproporcionadamente ese derecho y
defraudaría la confianza legítima que suscitó el precedente sobre la renuncia tácita
al pacto arbitral; finalmente, (iii) esta determinación no se opone al auto de unificación
reseñado, dado que éste no estableció expresamente una subregla relativa a su
aplicación temporal y por cuanto el mismo no se había expedido al momento de
contestarse la demanda.

La excepción de indebida escogencia de la acción

45. Afirma la entidad demandada que la acción procedente para pretender la
nulidad del acto que terminó anticipadamente el contrato, es la de nulidad y
restablecimiento del derecho, por cuanto fue proferido por cuenta del proceso
liquidatorio de la ESE en atención a las previsiones propias de ese trámite.

21 Esto ocurrió el 17 de agosto de 2010. Cuaderno principal, folios 84 a 112.
22 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena. Auto del 18 de abril de 2013. Exp. 17.859. C.P. Carlos

Alberto Zambrano Barrera.
23 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 7 de mayo de 2021. Exp. 48.746. y

sentencia del 10 de septiembre de 2021. Exp. 51.219. C.P. José Roberto Sáchica Méndez. En el mismo sentido
véase: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Auto del 14 de septiembre de 2018. Exp. 53.392.
C.P. Guillermo Sánchez Luque. Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. Auto del 25 de
septiembre de 2017, Exp. 50.892, C.P. Danilo Rojas Betancourth.
24 Sobre este punto, la Corporación ha sostenido: “De esta manera, no queda duda que cada uno de los

habitantes del territorio nacional tiene derecho constitucional fundamental a que el Estado le garantice no sólo
el derecho a acceder a la administración de justicia sino a que ésta adopte las decisiones judiciales como
resultado de esa labor, de manera pronta y cumplida, es decir, que en ningún caso el proceso judicial sea
afectado por dilaciones injustificadas”. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 29 de
octubre de 2018. Exp. 38.098. C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.

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46. Conforme a lo establecido por el artículo 357 del CPC 25, la competencia del
ad quem se circunscribe a las razones de inconformidad o juicios de reproche
esbozados por el apelante en relación con los aspectos del fallo de primera instancia
que le son desfavorables. La Sala constata que el a quo negó la pretensión de
nulidad del acto de terminación del negocio jurídico al haberlo encontrado ajustado
al ordenamiento jurídico. En esa medida, como lo afirmado por la entidad apelante
no tiene por finalidad ni efecto impugnar un aspecto de la sentencia de primera
instancia que sea contrario a sus intereses, la Sala se abstendrá de pronunciarse
sobre el particular.

La ausencia de pretensiones anulatorias frente a los actos que definieron las
reclamaciones en el proceso de liquidación forzosa

47. La entidad demandada indicó que las pretensiones indemnizatorias de la
parte actora deben desestimarse, por cuanto el reconocimiento de perjuicios por
cuenta de la terminación unilateral y anticipada del contrato fue objeto de un
pronunciamiento de fondo por parte del liquidador de la ESE en las resoluciones
000010 del 14 de agosto de 2008 y 000065 del 24 de octubre de 2008, donde se
negaron los reclamos de la UT, y como estos actos no fueron demandados,
conservan su presunción de legalidad.

48. En lo que concierne a las reclamaciones de los acreedores frente a la
exigibilidad y pago de las obligaciones del ente suprimido, las funciones del
liquidador están encaminadas a calificarlas y graduarlas con el fin de llevar a buen
término la liquidación definitiva de la entidad 26, y como parte de este encargo, puede
transigir, conciliar, comprometer, compensar o desistir, judicial o extrajudicialmente
en los procesos y reclamaciones que se presenten en el curso de la liquidación 27,
pero no está habilitado para resolver de manera unilateral e impositiva los conflictos
o litigios derivados de los contratos que hubiere celebrado la entidad durante su
existencia, toda vez que la ley no le confirió tal prerrogativa. Consecuencialmente,
el liquidador solo está autorizado para reconocer aquellas obligaciones respecto de
las cuales no existe duda acerca de su existencia y exigibilidad 28.

25 “Competencia del superior. La apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, y por lo tanto

el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de
la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquélla”.
26 De conformidad con el artículo 293 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, aplicable al caso por

remisión expresa del inciso segundo del artículo 1º del Decreto 254 de 2000, el proceso de liquidación forzosa
administrativa “tiene por finalidad esencial la pronta realización de los activos y el pago gradual y rápido del
pasivo externo a cargo de la respectiva entidad hasta la concurrencia de sus activos, preservando la igualdad
entre los acreedores sin perjuicio de las disposiciones legales que confieren privilegios de exclusión y
preferencia a determinada clase de créditos”.
27 De conformidad con el artículo 6 del Decreto 254 de 2000, son funciones del liquidador, entre otras: “k)

Transigir, conciliar, comprometer, compensar o desistir, judicial o extrajudicialmente, en los procesos y
reclamaciones que se presenten dentro de la liquidación, hasta el monto autorizado por la junta liquidadora,
cuando sea del caso, y atendiendo las reglas sobre prelación de créditos establecidas en el presente decreto”.
28 Así se deduce, entre otras normas, del ya citado artículo 293 del EOSF, el cual señala que el objeto del

proceso de la liquidación forzosa administrativa consiste en realizar los activos y pagar el pasivo externo, así
como de lo dispuesto en el artículo 22 del Decreto 254 de 2000 que señala que “2. La relación de pasivos deberá
sustentarse en los estados financieros de la entidad y en los demás documentos contables que permitan

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49. No se desconoce que puede acontecer que en el curso del proceso de
liquidación se niegue el reconocimiento y pago con cargo a la masa de liquidación
de obligaciones cuyo origen se imputa a un contrato, caso en el cual esta decisión
se exterioriza mediante declaraciones unilaterales de la voluntad expresadas en un
acto administrativo 29, por lo que la parte desfavorecida con ella puede pretender
lograr ese mismo reconocimiento por vía judicial comprometiendo el análisis de la
presunción de legalidad de ese acto.

50. Sin embargo, lo expuesto no fue lo que ocurrió en este caso, pues al revisar
las resoluciones proferidas en el proceso de liquidación, en ellas se expresó que el
liquidador carecía de competencia para resolver la reclamación de la parte actora,
precisamente, por cuanto no se refería a la exigibilidad de una obligación
preexistente y, en consecuencia, su reconocimiento correspondía al juez. En este
sentido, el liquidador indicó lo siguiente:

“[E]s necesario resaltar que en el presente proceso de liquidación, sólo
pueden ser reconocidas con cargo a la masa de la liquidación aquellas
acreencias cuya existencia, validez y exigibilidad está plenamente
determinada. Reconocer obligaciones cuya exigibilidad, existencia, o validez
está en discusión, no es clara, o no está determinada (como las
indemnizaciones reclamadas por la terminación unilateral del contrato de
asociación), haría que el proceso liquidatorio no fuera concursal, y se
degeneraría hasta tal punto, que quienes se consideren con derecho a
reclamar simplemente deben presentar sus reclamaciones
independientemente de que las mismas sean exigibles o que su existencia o
validez esté en discusión (…) el apoderado del liquidador de la ESE no se
encuentra facultado para reconocer sumas que no se encuentren plenamente
demostradas ni mucho menos reivindicaciones de tipo indemnizatorio, lo cual,
hace parte de la órbita de la justicia común y no la especial en la que nos
encontramos. Lo contrario, sería ir en contra de los principios de juez natural
(…) En este orden de ideas, la decisión en cuanto a la existencia o no de
derechos en cabeza del reclamante no se encuentra en cabeza de la
apoderada del liquidador ni mucho menos su comprobación, los cuales son
temas de competencia de los jueces comunes quienes sí se encuentran
facultados para declarar la existencia o no de derechos de esta naturaleza a
favor de los reclamantes (…)” 30

51. De esta forma y contrario a lo indicado por la entidad apelante, en las
resoluciones 000010 del 14 de agosto de 2008 y 000065 del 24 de octubre de 2008

comprobar su existencia y exigibilidad” y también en el parágrafo del artículo 26 del Decreto 2211 de 2004,
según el cual, “si el Liquidador dudare de la procedencia o validez de cualquier reclamación prevista en el
presente decreto, la rechazará”.
29 Ley 1106 de 2006. Artículo 7. “Los actos del liquidador relativos a la aceptación, rechazo, prelación o

calificación de créditos y en general, los que por su naturaleza constituyan ejercicio de funciones administrativas,
constituyen actos administrativos y serán objeto de control por la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
Los actos administrativos del liquidador gozan de presunción de legalidad y su impugnación ante la jurisdicción
de lo contencioso administrativo no suspenderá en ningún caso el procedimiento de liquidación”.
30 Cuaderno 2, folios 419 a 431.

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no existió un pronunciamiento de fondo respecto de las pretensiones de
reconocimiento de perjuicios por cuenta de la terminación unilateral y anticipada del
contrato del demandante, pues lo que se indicó por el liquidador fue que sus
facultades no se extendían a resolver cuestiones atinentes a declaraciones y
condenas que las partes del contrato puedan pretender con fundamento en un
determinado negocio jurídico, competencia que, según lo dispuesto en el artículo 87
del CCA -norma vigente para la época de presentación de la demanda- corresponde
al juez del contrato.

52. En consecuencia, el reconocimiento pretendido en este asunto no dependía
de que los demandantes solicitaran la nulidad de los actos que rechazaron sus
reclamaciones en el proceso liquidatorio.

La procedencia de las pretensiones indemnizatorias de la parte actora

53. Indica la entidad demandada en su recurso de apelación que las sumas
reconocidas a favor de los demandantes en la liquidación judicial del negocio
jurídico deben ser rechazadas, pues se cimientan en supuestos perjuicios
generados por la terminación anticipada del contrato y el desarrollo del proceso
liquidatorio que los demandantes estaban en la obligación de soportar, siendo
improcedente cualquier declaración de responsabilidad y la condena al pago de una
indemnización. Agregó que, en cualquier caso, los supuestos perjuicios no fueron
probados, y que se omitió incluir en la liquidación del contrato los valores adeudados
por la UT a la ESE.

54. Con anterioridad, esta Subsección ha concluido que la imposibilidad
definitiva de continuar con la ejecución de un contrato como consecuencia del
advenimiento del proceso administrativo de liquidación forzosa de la entidad pública
contratante, constituye un evento de fuerza mayor que, salvo pacto en contrario,
libera a sus partes de responsabilidad respecto del cumplimiento de sus
obligaciones y, en consecuencia, impide acceder al reconocimiento de las
reclamaciones de indemnización de perjuicios que de ello se pudieran derivar 31.
Esta premisa se eleva en forma general, pues, frente a cada caso, las
particularidades de este pueden conducir a respuestas diversas.

55. La anterior conclusión se sustenta no solo en que el proceso de liquidación
forzosa tiene origen en una orden de autoridad legítima a la que no es posible
resistir, sino porque se trata de un suceso imprevisible, irresistible y externo a la
entidad que queda sometida a dicho procedimiento, que impide de manera definitiva
la continuación de la ejecución del negocio jurídico ante la imposibilidad de realizar
actos distintos a los necesarios para lograr el debido desarrollo de la liquidación de
la entidad, y que por disposición legal, lo lleva a su terminación.

31 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 30 de agosto de 2022. Exp. 58485.

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56. La Constitución Política otorga al Presidente de la República la facultad de
suprimir o fusionar entidades u organismos administrativos nacionales de
conformidad con la ley32; a su vez, el artículo 52 de la Ley 489 de 1998 dispone que
“podrá” suprimir o disponer la disolución y consiguiente liquidación de entidades y
organismos del nivel nacional a los que se refiere el artículo 38 de esa misma norma.

57. El Decreto 254 de 2000, que regula lo concerniente a la liquidación de las
entidades públicas del orden nacional 33, dispone que el proceso de liquidación inicia
con la orden de supresión o disolución de la entidad y que la expedición del acto de
liquidación, entre otros, conlleva la designación del liquidador34, quien fungirá a
partir de su designación como representante legal de la entidad 35, imponiendo a
éste la prohibición expresa para realizar cualquier tipo de acto que no esté dirigido
a liquidar la entidad, la cual opera a partir de “la expedición del decreto que ordena
la disolución y liquidación de la entidad”, lo que se traduce, en principio, en que la
entidad ya no puede continuar con el desarrollo de su objeto, en tanto los únicos
actos que puede ejercer su representante legal son los encaminados a lograr su
liquidación.

58. Con ocasión de lo anterior y al tenor de las normas que integran el régimen
de liquidación de las entidades públicas del orden nacional, dada la imposibilidad
del liquidador de realizar actos diferentes a los propios del proceso administrativo
de la liquidación, éste debe terminar los contratos que no sean necesarios para tal
finalidad, como es dispuesto por el numeral 14 del artículo 291 del Estatuto Orgánico
del Sistema Financiero (EOSF) 36, norma aplicable a los procedimientos
administrativos de liquidación de entidades públicas del orden nacional por remisión
expresa del inciso 2º del artículo 1º del Decreto 254 de 2000 en los vacíos que éste
presente 37.

59. En esa medida, la terminación de los contratos que no sean necesarios para
llevar a cabo la liquidación de la entidad pública, se revela como una consecuencia
directa impuesta por la ley ante la supresión y liquidación forzosa de la entidad
pública a la que está compelido el liquidador, pues aunque el referido numeral 14
del artículo 291 del EOSF utiliza la expresión “podrá”, las competencias del

32 Constitución Política, numeral 15, artículo 189: ¨Corresponde al Presidente de la República como Jefe de

Estado, Jefe del Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa: (…) 15. Suprimir o fusionar entidades u
organismos administrativos nacionales de conformidad con la ley”.
33 En el parágrafo 1 se señala que “Las entidades territoriales y sus descentralizadas, cuando decidan suprimir

o disolver y liquidar una entidad pública de dicho nivel, se regirán por las disposiciones de esta ley, adaptando
su procedimiento a la organización y condiciones de cada una de ellas, de ser necesario, en el acto que ordene
la liquidación”.
34 Artículo 2.
35 Literal a) del artículo 6.
36 Decreto 663 de 1993: “[e]l agente especial podrá poner fin a los contratos existentes al momento de la toma

de posesión si los mismos no son necesarios para la administración o liquidación”.
37 “ARTÍCULO 1. Ámbito de aplicación. La presente ley se aplica a las entidades públicas de la Rama Ejecutiva

del Orden Nacional, respecto de las cuales se haya ordenado su supresión o disolución. La liquidación de las
Sociedades Públicas, las Sociedades de Economía Mixta en las que el Estado posea el noventa por ciento
(90%) o más de su capital social y las Empresas Sociales del Estado, se sujetarán a esta ley. Los vacíos del
presente régimen de liquidación se llenarán con el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y las normas que
lo desarrollan”.

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representante legal de la entidad, como expresión del principio de legalidad, se
limitan a realizar los actos que conduzcan a la liquidación de la entidad pública bajo
una prohibición expresa de efectuar cualquier otro que supere ese objeto, de
manera tal que el condicionante “podrá” comprende otras formas de finalización del
vínculo, como sería la cesión del contrato, pero sin que este ejercicio implique
desconocer la finalidad originaria del proceso liquidatorio, y es la cesación de toda
actividad económica, de servicio o comercial.

60. Lo expuesto permite concluir que el proceso administrativo de liquidación
forzosa corresponde a un hecho irresistible para la entidad pública sometida a dicho
procedimiento, así como externo a ésta, toda vez que la determinación de su
supresión y disolución corresponde al Presidente de la República y frente a ello la
entidad no tiene injerencia ni puede resistirse u oponerse, en tanto se trata de un
acto emitido por una autoridad pública investida de competencia para proferirlo y
frente al cual, la ley no prevé mecanismo de oposición que lo impida.

61. Aunque la decisión de supresión y liquidación se adopta con fundamento en
las causales previstas en los numerales 3 y 4 del artículo 52 de la Ley 489 de 1998,
esto es, en razón de los resultados de las evaluaciones de gestión administrativa
efectuadas por el Gobierno Nacional y los indicadores de gestión y eficiencia que
emplean los organismos de control, esa orden sigue siendo externa a la entidad
sometida a ese procedimiento, pues la sola configuración de las causales indicadas
no trae como consecuencia tal determinación, la cual está en cabeza del Presidente
de la República, quien puede adoptar esa o cualquier otra que se ajuste a las
necesidades particulares del sector según la evaluación de conveniencia que le
corresponde realizar de manera exclusiva. Por tanto, la decisión de suprimir la
entidad y proceder a su liquidación está determinada por valoraciones de política
pública que determinan la conveniencia o no de la medida y que, por tanto, son
ajenas a ella.

62. Sin perjuicio de lo anterior, la liquidación forzosa de la entidad pública puede
o no ser un hecho imprevisible, pues si al momento de la celebración del contrato
las partes pueden establecer que es suficientemente probable que durante su
ejecución la entidad pública quedará sometida a ese procedimiento, la ocurrencia
de este hecho no podrá calificarse como un evento de fuerza mayor, sino como un
riesgo previsible que alguna de ellas ha debido asumir, bien porque expresamente
así lo haya manifestado, o porque asumió los resultados de celebrar el contrato en
tales condiciones, caso en el cual, las consecuencias adversas de su ocurrencia
tendrían que ser asumidas por ese extremo de la relación negocial sin posibilidad
de trasladarlas a su contraparte.

63. En los contratos de intercambio, las prestaciones correlativas son
interdependientes, de manera que unas no pueden subsistir sin la otras, lo que
supone que extinguida una de ellas ante la ocurrencia de una fuerza mayor, la otra

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no pueda pervivir, pues su causa también desaparece 38. En esa medida, en los
casos en los que la imposibilidad del cumplimiento afecta al contrato de manera total
y definitiva, se produce la liberación de las partes frente al cumplimiento de sus
obligaciones conllevando a la terminación del negocio jurídico 39. Por tanto, como en
estos eventos el hecho determinante de la imposibilidad sobreviniente de ejecutar
una obligación -que a su vez haría desaparecer su prestación correlativa ante la
extinción de la causa que la sustenta- devendría de un evento de fuerza mayor,
debe concluirse que en los términos de los artículos 1604 y 1616 del Código Civil,
salvo pacto expreso en contrario, ninguna de las partes estaría llamada a
indemnizar a la otra los perjuicios que se pudieran derivar de tal circunstancia.

64. Respecto de lo anterior, el inciso segundo del artículo 1616 del Código Civil
establece que la mora producida por fuerza mayor o caso fortuito no da lugar a
indemnización de perjuicios, lo que no obsta para que esta regla de responsabilidad
sea modificada por las partes, lo cual deberá constar expresamente en el negocio
jurídico, pues así lo impone el inciso final del artículo 1604 de esa misma normativa,
en cuanto dispone que la culpa por la que responde el deudor y la inexistencia de
responsabilidad por caso fortuito, “se entiende sin perjuicio de las disposiciones
especiales de las leyes, y de las estipulaciones expresas de las partes”. En
consecuencia, la imposibilidad de ejecutar un contrato por un evento de fuerza
mayor libera a las partes del cumplimiento de sus obligaciones sin responsabilidad
para ninguna de ellas, salvo que expresamente se hubiere estipulado lo contrario.

65. En el caso concreto, la parte actora solicitó que de no accederse a la
pretensión de nulidad del acto de terminación unilateral (lo que en efecto ocurrió en
la sentencia de primera instancia, sin que hubiese sido objeto de reproche), se
condenara a la entidad demandada al pago de los perjuicios que le fueron causados
por la terminación anticipada del negocio jurídico, representados en: (i) el valor de
las mejoras y adecuaciones que realizó en el CID con ocasión de la ejecución del
contrato; (ii) la utilidad que habría percibido en caso de haberse ejecutado en su

38 “Como se puede observar, en concepto de la Corte la aplicación de la teoría de la causa conduce a le extinción

de la obligación correlativa y, por ende, del contrato, en los casos de imposibilidad total de cumplimiento de la
prestación principal de la contraparte. Si el efecto de la fuerza mayor es la inejecución parcial del negocio
jurídico, la respuesta puede ser distinta (v. gr. disminución de la contraprestación o, incluso, terminación
contractual), dependiendo de la incidencia de esa circunstancia en el mantenimiento de la causa de la relación,
en el sentido de aptitud de las prestaciones restantes para satisfacer el propósito práctico –o interés– perseguido
con la contratación. En el mismo sentido, podría considerarse que, si el efecto de la fuerza mayor no es la
imposibilidad permanente y definitiva para ejecutar la prestación, sino que el impedimento es apenas temporal,
la solución ciertamente no podría estar en la desaparición definitiva del contrato, sino en la ‘suspensión’ de sus
efectos, tal y como lo han establecidos instrumentos internacionales de armonización legislativa”. SOLARTE
RODRÍGUEZ, Arturo. “Imposibilidad sobrevenida de cumplimiento y asignación del riesgo en los contratos
bilaterales. El caso de las obligaciones diferentes a las de cuerpo cierto. Apuntes para un debate”, pág. 5.
39 Al respecto, la Corte Suprema de Justicia ha expresado: “no habrá duda alguna de que las obligaciones

correlativas (…) se habrían extinguido de contragolpe (…) por razón de una regla de simetría contractual, que
técnicamente se cumple y explica la noción de causa de las obligaciones, noción que desempeña un papel
preponderante en los contratos bilaterales, en los cuales cada una de las partes juega un doble papel de deudor
y acreedor. En tales contratos, por virtud de la interdependencia de las obligaciones que de ellos se deriva, al
quedar extinguida por fuerza mayor la que contrajo una de las partes, desaparece la otra porque queda sin el
soporte de la causa indispensablemente para su existencia (…)”. Corte Suprema de Justicia, G.J. XLII, núm.
1897, (el 5 de julio de 1935), págs. 52 y ss.

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totalidad el negocio jurídico; y (iii) la imposibilidad de seguir explotando sus equipos,
muebles e insumos desde el 5 de agosto de 2008, fecha en la que la UT fue
desalojada del CID, hasta el día de vencimiento del plazo estipulado en el contrato.

66. Está acreditado que a través del Decreto 810 del 14 de marzo de 2008, se
ordenó la supresión y liquidación de la ESE, momento a partir del cual se dio inicio
al proceso de liquidación bajo las reglas contenidas en el Decreto 254 de 2000 por
tratarse de una entidad pública del orden nacional. El referido Decreto 810 40 señaló,
en concordancia con las normas que rigen ese procedimiento, la prohibición de
iniciar nuevas actividades y dispuso expresamente que “la Empresa Social del
Estado Francisco de Paula Santander en liquidación, no podrá iniciar nuevas
actividades en desarrollo de su objeto social, por lo tanto, conservará su capacidad
jurídica únicamente para realizar actos, operaciones y contratos necesarios en
orden a efectuar su pronta liquidación” 41.

67. Por tanto y conforme a lo expuesto, la terminación del contrato que suscita la
controversia se produjo de manera sobreviniente ante la imposibilidad de la ESE de
continuar su ejecución debido al proceso de liquidación forzosa a la que fue
sometida, por lo que la causa a la que se atribuye el daño por la parte demandada
estuvo determinada por un evento externo, toda vez que la decisión de suprimir y
liquidar la entidad corresponde adoptarla al Presidente de la República en ejercicio
de una facultad discrecional que está en cabeza suya y en la que no tiene injerencia
la entidad a la que se impone la medida, quien no puede oponerse o resistirse a
ella.

68. Adicionalmente, la liquidación forzosa de la entidad correspondió a un hecho
que, aunque posible, no era suficientemente probable al momento de celebrarse el
contrato, pues aunque en el Decreto 810 de 2008, como fundamento para adoptar
la medida, se hizo alusión a informes de calidad de la prestación de servicios que
se habrían elaborado entre los años 2006 y 2007 y a un informe de la Contraloría
General de la República correspondiente a las vigencias de 2005 y 2006, ello no
determina que desde antes de la celebración del contrato -en el año 2006- los
resultados de tales informes podían conducir a configurar una de las causales a las
que se refiere el artículo 52 de la Ley 489 de 1998 para la supresión, disolución y
liquidación de entidades públicas del orden nacional, y menos aún, que en ejercicio
de su potestad discrecional el Presidente tomaría esa medida.

40https://www.suinjuriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1170454#:~:text=por%20el%20cual%20se%20suprim

e,y%20se%20ordena%20su%20liquidaci%C3%B3n.
41 “Con todo, dispuso que “la Empresa Social del Estado Francisco de Paula Santander en liquidación

adelantará, prioritariamente, las acciones que permitan garantizar la terminación de procesos de atención a
pacientes hospitalizados o el traslado de los mismos, en condiciones de seguridad, a las Instituciones
Prestadoras de Servicios de Salud que determine el Instituto de Seguros Sociales, las Entidades
Administradoras de Planes de Beneficios a las cuales estén afiliados, o a las que informen las Direcciones
Territoriales de Salud en caso de existir contrato de prestación de servicios con estas entidades. Para tal efecto
podrá celebrar contratos de administración u operación. Sin perjuicio de lo anterior, la Empresa Social del Estado
Francisco de Paula Santander en liquidación, también continuará ejecutando las apropiaciones de la vigencia
fiscal 2008 comprometidas por parte de la Empresa Social del Estado Francisco de Paula Santander antes de
la vigencia del presente Decreto”.

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Radicación: 540012331000-2010-00128-01 (70122)
Demandantes: Inversiones Dumian E.U. y otro
Demandado: Ministerio de Salud y Protección Social
Acción: Controversias contractuales

69. En consecuencia, como está probado que la causa que determinó la
terminación del contrato obedeció a un evento de fuerza mayor, se debe concluir
que ambos contratantes quedaron liberados del cumplimiento de sus obligaciones,
y que en virtud de lo dispuesto en el artículo 1604 del Código Civil y del inciso
segundo del artículo 1616 ibidem, la entidad demandada no está llamada a
indemnizar los perjuicios que se hubieren generado como consecuencia de la
imposibilidad de continuar con la ejecución del contrato hasta el vencimiento del
plazo pactado, que fue lo solicitado por la parte actora, representado en la pérdida
de la utilidad proyectada y en las mejoras y adecuaciones como inversiones que no
pudo recuperar.

70. Se advierte que el acuerdo celebrado entre las partes y denominado como
“de asociación”, contempló especificaciones propias de un contrato de concesión
mercantil 42 de espacios, pues lo convenido fue la entrega de una zona ubicada en
las instalaciones de la ESE contratante –concedente– con el fin de que la UT –
concesionaria– adaptara y prestara los servicios de imágenes diagnósticas, a
cambio del pago por parte de esta última de una suma fija mensual y un porcentaje
sobre la facturación de los servicios prestados 43, negocio jurídico atípico al que no
le aplican elementos normativos que apunten a considerar reglas distintas de los
contratos de tracto sucesivo, frente a los cuales, aplican de manera plena las
premisas de terminación justificada por fuerza mayor.

71. Esta conclusión se soporta, además, en el hecho de que las partes del
contrato no estipularon expresamente la agravación del régimen de responsabilidad
previsto en la ley, pues el único aparte del contrato que refirió a los riesgos asumidos
por los suscribientes refirió a que éste se celebraba “sin riesgo compartido” 44,
cláusula que suponía que cada uno de los contratantes asumía los riesgos que le
eran inherentes de cara a las obligaciones a su cargo, que para la demandante,
correspondían a las circunstancias que pudieran llevar al fracaso o éxito de su
gestión para recuperar las inversiones realizadas y obtener las utilidades que
esperaba en el plazo pactado.

72. En el clausulado del contrato, no se acordó que alguno de los contratantes
hubiere asumido expresamente la responsabilidad por los perjuicios que se
pudieran causar ante el surgimiento de un evento de fuerza mayor que impidiera
ejecutar el contrato por la totalidad del plazo convenido, por lo que al ser un evento
que no fue regulado por las partes, se debe aplicar el mencionado artículo 1604 del

42 La doctrina ha catalogado el contrato de concesión mercantil de un espacio como el acuerdo de voluntades

en virtud del cual un empresario llamado concedente se obliga a otorgar a otro, llamado concesionario, la
utilización de sus marcas y licencias o sus espacios físicos, a cambio de una retribución que podrá consistir en
un precio o porcentaje fijo, o en una serie de ventajas indirectas que benefician su rendimiento y su posición en
el mercado. Arrubla Paucar, Jaime. Contratos Mercantiles. Pág. 289.
43 Al respecto puede verse: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 30 de agosto de

2022. Exp. 58485.
44 Folio 43, cuaderno 1.

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Radicación: 540012331000-2010-00128-01 (70122)
Demandantes: Inversiones Dumian E.U. y otro
Demandado: Ministerio de Salud y Protección Social
Acción: Controversias contractuales

Código Civil, lo que impide acceder a las pretensiones indemnizatorias de la parte
actora.

73. En la sentencia de primera instancia, el Tribunal reconoció a favor de los
demandantes las utilidades que dejaron de percibir desde la fecha en que la UT fue
desalojada de las instalaciones de la ESE, hasta la fecha en que los bienes le fueron
reintegrados en el proceso de liquidación, reconocimiento que en concepto de la
Sala resulta improcedente, en tanto su fuente no corresponde a lo que el extremo
actor reclamó por la terminación anticipada del contrato, sino a hechos diferentes,
no comprendidos en la causa petendi, como pudo haber sido el ejercicio irregular
de un derecho de retención.

74. La imposibilidad de utilizar los equipos y bienes muebles desde el desalojo
de las instalaciones y hasta su entrega, no fue consecuencia de la terminación
anticipada del contrato, único hecho aducido por el demandante como fuente del
daño que solicitó le fuera indemnizado, sino que obedeció al desarrollo del proceso
de liquidación forzosa de la ESE y de las disposiciones que rigen el inventario de
bienes de la entidad objeto de la medida, las cuales, determinan que los activos que
estaban en su tenencia y que pertenecieran a terceros debían ser retenidos y
posteriormente solicitados por los interesados en el trámite liquidatorio, a fin de que
el liquidador, con fundamento en su obligación de responder “por la guarda y
administración de los bienes y haberes que se encuentren en cabeza de la entidad
en liquidación, adoptando las medidas necesarias para mantener los activos en
adecuadas condiciones de seguridad física” 45, estableciera el estado de los bienes
y activos en poder de la entidad pública y determinara cuáles eran suyos y cuáles
de terceros y, en este último evento, dispusiera su entrega.

75. Respecto de lo anterior, el artículo 299 -numeral 6- del EOSF establece que
además de lo dispuesto en los artículos 1154 y 1399 del Código de Comercio,
no forman parte de la masa de la liquidación las especies identificables que aun
encontrándose en poder de la entidad intervenida, pertenezcan a otra persona,
para lo cual se deberán acreditar las pruebas suficientes, mientras que su
artículo 300 dispone que, “[l]os bienes excluidos de la masa de liquidación que
se encuentren debidamente identificados se restituirán a quienes tengan
derecho a ellos en la oportunidad prevista en el reglamento”.

76. Como se mencionó antes, la parte actora no reclamó que el ejercicio del
derecho de retención por parte del liquidador y la posterior entrega de los bienes,
una vez resuelta a su favor la reclamación que presentó, se hubiese alejado de las
normas que rigen el proceso de liquidación forzosa, o que se hubiese realizado de
forma caprichosa o arbitraria, ni que el tiempo que tomó resolver su reclamo y la
devolución de los bienes hubiese sido injustificadamente prolongado, y en esa
medida, no imputó algún tipo de responsabilidad por esas circunstancias, como

45 Artículo 6 del Decreto 254 de 2000.

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Demandantes: Inversiones Dumian E.U. y otro
Demandado: Ministerio de Salud y Protección Social
Acción: Controversias contractuales

tampoco afirmó que por ellas se le hubiese causado algún perjuicio ni solicitó su
indemnización.

77. Debe también indicarse que los demandantes no probaron la causación y
cuantía de los presuntos perjuicios que se les habrían causado por la
indisponibilidad de esos bienes desde que la UT fue desalojada del CID y hasta el
momento en que le fueron devueltos, los cuales no pueden extraerse, como hizo el
Tribunal, a partir de las utilidades dejadas de percibir por la UT bajo el contrato que
fue terminado anticipadamente, según lo expuesto en el dictamen pericial practicado
en el proceso a solicitud de la parte actora, pues como se indicó, no tenían derecho
a ese lucro. Además, la parte actora no expuso ni acreditó que tuviese otros
contratos en virtud de los cuales hubiese podido explotar dichos bienes, o que lo
podía hacer directamente en otra locación, como tampoco demostró a cuánto
ascendía la potencial explotación de esos precisos equipos y enseres en esas
condiciones, toda vez que el dictamen determinó la utilidad de la UT con base en la
totalidad de lo reportado en los libros y soportes contables del contrato cuya
ejecución se imposibilitó, pero sin discriminar los datos que componían ese rubro.

78. Por otra parte, aunque en el recurso de apelación se indicó que en la
liquidación del contrato deberían incluirse los valores adeudados por la UT a la ESE,
lo cierto es que, con excepción de esa manifestación, en el trámite del proceso la
entidad demandada no afirmó la existencia de alguna deuda a favor de la ESE,
como tampoco se allegaron pruebas sobre el particular, por lo que tampoco resulta
procedente tal reconocimiento.

79. En consecuencia, la Sala revocará la sentencia de primera instancia, y en su
lugar: (i) declarará no probadas las excepciones de cláusula compromisoria,
indebida escogencia de la acción, falta de legitimación en la causa por pasiva de la
entidad demandada y ausencia de pretensiones anulatorias frente a los actos que
definieron las reclamaciones en el proceso de liquidación forzosa; (ii) liquidará el
contrato sin saldos a favor de ninguna de las partes, y; (iii) negará las demás
pretensiones de la demanda.

Costas

80. En consideración a que no se evidenció temeridad ni mala fe en la actuación
procesal de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad
con lo establecido en el artículo 171 del CCA, modificado por el artículo 55 de la ley
446 de 1998.

IV. PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

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Radicación: 540012331000-2010-00128-01 (70122)
Demandantes: Inversiones Dumian E.U. y otro
Demandado: Ministerio de Salud y Protección Social
Acción: Controversias contractuales

FALLA:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 6 de noviembre de 2020, proferida por el
Tribunal Administrativo de Norte de Santander.

SEGUNDO: DECLARAR no probadas las excepciones de cláusula compromisoria,
indebida escogencia de la acción, falta de legitimación en la causa por pasiva y
ausencia de pretensiones anulatorias frente a los actos que definieron las
reclamaciones en el proceso de liquidación forzosa.

TERCERO: LIQUIDAR, en los términos definidos en la parte motiva de esta
providencia, el Contrato de Asociación 0758 de 2006 suscrito entre la Unión
Temporal Servimagen (conformada por Inversiones Dumian E.U. y
Comercializadora Duarquint Ltda.) y la ESE Francisco de Paula Santander
Liquidada.

CUARTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

QUINTO: Sin condena en costas.

SEXTO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

VF

Nota: se deja constancia de que esta providencia se suscribe de forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente
documento en el link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede
acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha. Se
recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad de
registrarse en el sistema SAMAI.

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