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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 54001-23-31-000-2011-00139-01

Fecha
4 de septiembre de 2025
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzón

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 54001-23-31-000-2011-00139-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 27 de junio de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: No condenar en costas, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen una vez ejecutoriada ésta providencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 54001-23-31-000-2011-00139-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón

4 de septiembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., cuatro (4) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 54001-23-31-000-2011-00139-01
Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho
Actor: MUNICIPIO DE ZULIA

TESIS: SE CONFIRMA EL FALLO APELADO, EN ATENCIÓN A
QUE EL ACTO ACUSADO, QUE REVOCÓ LA CLASIFICACIÓN
DEL INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE MUNICIPAL
DE EL ZULIA COMO ORGANISMO DE TRÁNSITO CATEGORÍA
“A”, NO ESTABA OBLIGADO A CLASIFICAR A DICHO
INSTITUTO EN OTRA CATEGORÍA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el

MUNICIPIO EL ZULIA 1 , contra la sentencia de 27 de junio de

2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de

Santander2, que denegó las pretensiones de la demanda.

1
En adelante el Municipio.
2
En adelante el Tribunal.

2

Número único de radicación: 54001-23-31-000-2011-00139-01
Actor: MUNICIPIO DE ZULIA

I. ANTECEDENTES

I.1.- El MUNICIPIO, mediante apoderado, en ejercicio de la

acción de nulidad y restablecimiento del derecho, prevista en el

artículo 85 del Código Contencioso Administrativo 3 , presentó

demanda contra el MINISTERIO DE TRANSPORTE4, tendiente a

obtener las siguientes declaraciones:

“[…] 2. Declarar nula la Resolución 3904 del 23 de
septiembre de 2010, expedida por el Director de Tránsito
y Transporte del Ministerio mediante la cual se decidió
revocar la Resolución 1531 del 23 de abril de 2009.

3. Que como consecuencia de lo anterior, se ordene al
Ministerio del Transporte clasificar en categoría A y otorgar
código al Instituto de Movilidad y Transporte de El
Municipio del Zulia.

4. Que se condene al Ministerio del Transporte al pago del
lucro cesante causado al Instituto de Movilidad y
Transporte Municipal de El Zulia.

5. Que se ordene el cumplimiento de la Sentencia dentro
del término establecido en el Artículo 176 del C.C.A.

6. Si no se efectúa el pago en forma oportuna la entidad
liquidara los intereses comerciales y moratorios como lo
ordena el Artículo 177 del C.C.A.

7. La condena respectiva será actualizada de conformidad
con lo previsto en el artículo 178 del C.C.A. aplicando los
ajustes de valor (indexación) desde la fecha en que el
Departamento del Norte de Santander interpuso los
recursos de reposición y en subsidio de apelación hasta la
ejecutoria de la sentencia que le ponga fin al proceso.

Subsidiaria

3
En adelante CCA.
4
En adelante el Ministerio.

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3

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Actor: MUNICIPIO DE ZULIA

1. En caso de no prosperar las pretensiones principales al
Municipio del Zulia se le indemnice por gastos en que llegó
a incurrir con el objetivo de que el Instituto de Movilidad y
Transporte fuera clasificado en categoría (A) por el
Ministerio de Transporte; dichos gastos se estiman por la
suma de $104.038.300 (ciento cuatro mil millones, treinta
y ocho mil de pesos m/cte).(sic)

2. Que se ordene el cumplimiento de la Sentencia dentro
del término establecido en el Artículo 176 del C.C.A.

3. Si no se efectúa el pago en forma oportuna la entidad
liquidara los intereses comerciales y moratorios como lo
ordena el Artículo 177 del C.C.A.

4. La condena respectiva será actualizada de conformidad
con lo previsto en el artículo 178 del C.C.A. aplicando los
ajustes de valor (indexación) desde la fecha en que el
Departamento del Norte de Santander interpuso los
recursos de reposición y en subsidio de apelación hasta la
ejecutoria de la sentencia que le ponga fin al proceso. […]”.

I.2.- Como hechos relevantes de la demanda, la Sala destaca los

siguientes:

1º. El Municipio presentó ante el Ministerio la solicitud de

clasificación del Instituto de Movilidad y Transporte Municipal de El

Zulia como organismo de tránsito categoría “A”, para lo cual allegó

los documentos establecidos en la Resolución núm. 3846 de 11 de

agosto de 19935, mediante Oficio núm. 2009321000681-2 de 8 de

enero de 2009.

5
“Por el cual se fijan pautas para la creación, funcionamiento, y reglamentación de los Organismos
de Tránsito y Transporte y se derogan las resoluciones número 02444 del 28 de diciembre de 1989 y
04867 del 17 de noviembre de 1992”.

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4

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Actor: MUNICIPIO DE ZULIA

2º. La subdirectora de Tránsito del Ministerio clasificó al Instituto

de Movilidad y Transporte Municipal de El Zulia como organismo de

tránsito categoría “A”, a través de la Resolución núm. 1531 de 23

de abril de 2009.

3º. Frente a dicha clasificación, el Departamento de Norte de

Santander 6 interpuso recurso de reposición y, en subsidio de

apelación, contra la Resolución núm. 1531 de 23 de abril de 2009,

con el fin de solicitar que se revocara la clasificación en categoría

“A” del Instituto de Movilidad y Transporte Municipal de El Zulia y,

en su lugar, requirió que se clasificara a dicho Instituto en la

categoría “C”, mediante oficio de 18 de mayo de 2009.

4º. El recurso de reposición fue resuelto por la subdirectora de

Tránsito del Ministerio, en el sentido de confirmar la clasificación

del Instituto de Movilidad y Transporte Municipal de El Zulia como

organismo de tránsito categoría “A”, y de conceder el recurso de

apelación ante la Dirección de Transporte y Tránsito del Ministerio,

a través de la Resolución núm. 4626 de 24 de septiembre de 2009.

5º. El recurso de apelación fue resuelto por medio de la

Resolución núm. 3904 de 23 de septiembre de 2010,

6
En adelante el Departamento.

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Actor: MUNICIPIO DE ZULIA

acusada, por el director de Transporte y Tránsito del Ministerio, en

el sentido de revocar la Resolución núm. 1531 de 23 de abril de

2009, que había clasificado y otorgado código al Instituto de

Movilidad y Transporte Municipal de El Zulia (Norte de Santander),

como organismo de tránsito categoría “A”. Esta decisión fue

notificada al Municipio el 3 de noviembre de 2010.

I.3.- FUNDAMENTOS DE DERECHO

En apoyo de sus pretensiones, la parte actora adujo la violación de

los artículos 6°, 13, 29, 209, 287 y 313 de la Constitución Política;

y 3°, literales b), c), y e) de la Resolución 3846 de 11 de agosto de

1993, expedida por el Ministerio de Transporte.

Adicionalmente, señaló que se desconoció lo considerado en la

sentencia de 1o. de febrero de 2001 7 , proferida por la Sección

Primera, y la sentencia C-1051 de 2001.

En síntesis, sustentó el concepto de violación, así:

. VIOLACIÓN DE LAS NORMAS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA

Adujo que el Gobernador del departamento actuó sin competencia

legal al interponer los recursos de vía gubernativa contra la

Resolución núm. 1531 de 23 de abril de 2009, ya que la finalidad

7
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 1º de
febrero de 2001, C.P. Gabriel Mendoza Martelo, núm. único de radicación 1999-6016-01 (6016).

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Actor: MUNICIPIO DE ZULIA

de dichos recursos era garantizar el debido proceso del Municipio

respecto de la clasificación en categoría “A” del Instituto de

Movilidad y Transporte Municipal de El Zulia; pero que, a su juicio,

los interpuso para obstaculizar el funcionamiento del Instituto en

mención y que fuera clasificado en una categoría inferior a la “A”.

. VIOLACIÓN DEL DEBIDO PROCESO

Expresó que la Resolución núm. 3904 de 23 de septiembre de

2010 violó el debido proceso, toda vez que revocó la clasificación

en categoría “A” del Instituto de Movilidad y Transporte Municipal

de El Zulia, pero omitió decidir respecto de la categoría en la cual

quedaba clasificado dicho Instituto.

. VULNERACIÓN DEL ARTÍCULO 187 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
Alegó que se vulneró el citado artículo, ya que si bien el Municipio

creó el mencionado Instituto no tiene la debida clasificación y

código por parte del Ministerio, por lo que no puede ofrecer los

servicios a la comunidad, como la ley lo establece, con lo cual se

limitó su autonomía y se impuso la voluntad de la Gobernación.

. VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 3º, LITERALES B), C), Y E) DE LA
RESOLUCIÓN 3846 DE 11 DE AGOSTO DE 1993.

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Actor: MUNICIPIO DE ZULIA

Adujo que el acto acusado desconoció que el Municipio sí

pertenecía al Área Metropolitana de Cúcuta, por lo cual tenía

derecho a recibir 100 puntos; además, dejó de lado los 7.770

vehículos y motos matriculados en el Municipio, a pesar de que en

ninguna parte la Resolución 3846 de 1993 se exigía que sobre

dicho parque automotor debía especificarse el domicilio o la placa.

Adicionalmente, expuso que el acto demandado no tuvo en cuenta

el certificado de presupuesto global del Municipio aprobado para la

vigencia fiscal del año 2008, en el cual se demuestra que el

Municipio hace parte del Área Metropolitana de Cúcuta, por el cual

se habrían otorgado 100 puntos.

Indicó que el Municipio sí cumplía con los requisitos para ser

clasificado en categoría “A”.

I.4.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

El MINISTERIO, actuando por conducto de apoderada, contestó la

demanda, en la cual se opuso a la prosperidad de las pretensiones,

argumentando en esencia, lo siguiente:

Señaló que el Gobernador del Departamento era competente para

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Actor: MUNICIPIO DE ZULIA

recurrir la Resolución núm. 1531 de 23 de abril de 2009, toda vez

que su actuación fue en procura de lograr el restablecimiento de la

legalidad, temporalmente vulnerada a través del acto acusado, que

creó un organismo o ente administrativo no justificado,

innecesario, que no satisfacía necesidades vigentes, sino que se

trataba de la prestación de servicios que se ofrecían en los centros

urbanos de Cúcuta, Villa del Rosario y Los Patios, a pocos

kilómetros del Municipio.

Afirmó que en ningún momento se desconoció la pertenencia del

Municipio al Área Metropolitana de Cúcuta; por el contrario, al

reconocerse era evidente que la existencia de tres organismos de

tránsito de clase A en el área, –ubicadas en los municipios de

Cúcuta, Los Patios y Villa del Rosario-, agotaba la necesidad de

servicios en materia de tránsito y transporte del Municipio, por

cuanto existía sobreoferta de servicios relacionados con la

expedición de licencias de conducción y registro de vehículos

automotores, lo que anulaba totalmente la influencia del Municipio

del Área Metropolitana sobre El Municipio.

Expresó que si el área de influencia del Área Metropolitana era

inexistente por agotamiento de las necesidades de tránsito y

transporte en la zona, era dable concluir que, en lo relativo al

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Actor: MUNICIPIO DE ZULIA

literal f)8 del artículo 2º de la Resolución núm. 3846 de 1993, el

Municipio solo contaba con 50 puntos, lo que generaba que la

sumatoria general le diera 345 puntos, insuficientes para llenar el

puntaje para tener un organismo de tránsito de clase “A”.

Precisó que para que el Municipio tuviera derecho a contar con un

organismo de tránsito de categoría “A” debía demostrar que por sí

solo contaba con las necesidades de servicios de tránsito de esta

categoría; sin embargo, se observó que ni el parque automotor, ni

la cuantía de su población, ni su presupuesto, lo acreditaban como

merecedor de tal organismo con esa categoría.

Resaltó que eran tantas las falencias del estudio de factibilidad

elaborado por el Municipio para la creación y clasificación del

Instituto de Movilidad y Transporte Municipal de El Zulia, como

organismo de tránsito categoría “A”, que el Decreto núm. 68 de 16

de diciembre de 2008, que contenía el presupuesto general del

Municipio, fue allegado en 2 folios, cuando al parecer constaba de

42 folios.

Señaló que otra de las falencias de la solicitud del Municipio fue la

ausencia del certificado del organismo de tránsito municipal, en el

8
Literal F. Certificado del Organismo de Tránsito Departamental relacionado con el parque automotor
registrado en ese Municipio.

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Número único de radicación: 54001-23-31-000-2011-00139-01
Actor: MUNICIPIO DE ZULIA

que constara el número del parque automotor matriculado que

tenía vecindad en el Municipio, en atención a que solo allegó una

relación discriminada de vehículos que entraban y salían

diariamente del territorio municipal, cifra que ascendió a 5.845

vehículos, la cual tampoco correspondía a la cantidad que la norma

exigía.

De manera, que solicitó que se declarara la legalidad de la

Resolución núm. 3904 de 23 de septiembre de 2010

acusada.

II-. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Tribunal, mediante sentencia de 27 de junio de 2014, denegó las

pretensiones de la demanda, con fundamento en los siguientes

argumentos:

Recordó que la Sección Primera profirió la sentencia de 1º de

febrero de 20019, en la cual se estudió la legalidad de la Resolución

3846 de 11 de agosto de 1993, y se precisó que de conformidad

con las normas de dicho acto todo organismo de tránsito y

transporte municipal, una vez creado, tiene derecho a una

9
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 1º de
febrero de 2001, C.P. Gabriel Mendoza Martelo, núm. único de radicación 1999-6016-01 (6016).

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Actor: MUNICIPIO DE ZULIA

categoría, atendiendo el cumplimiento de los requisitos señalados,

es decir, que el derecho a una categoría depende del cumplimiento

de los requisitos que se señalan en esa resolución para cada una de

las distintas categorías existentes.

Aclaró que la Resolución núm. 1531 de 23 de abril de 2009 nunca

quedó en firme, pues fue objeto de interposición de los recursos de

reposición y, en subsidio, de apelación. Por lo tanto, la decisión

sobre la clasificación del Instituto, como organismo de tránsito en

la categoría “A”, no produjo efectos jurídicos en tanto la misma fue

revocada.

Señaló que el Gobernador, como respresentante legal del

Departamento de Norte de Santander, sí se encontraba facultado

legalmente para ejercer los referidos recursos, pues en la

Resolución núm. 1531 de 2009 se tomó una decisión que afectaba

situaciones jurídicas del Departamento.

Indicó que el artículo 298 de la Constitución Política otorgó al

Departamento funciones administrativas de coordinación, de

complementariedad de la acción de los municipios, así como de

intermediación entre la Nación y los municipios, lo cual permitía

inferir que el Gobernador sí tenía la competencia legal para

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Actor: MUNICIPIO DE ZULIA

intervenir en el tema de clasificación de un organismo de tránsito

de un Municipio comprendido en su territorio departamental.

Ahora, frente a la violación del debido proceso, precisó que la parte

actora no demostró que en el ordenamiento jurídico vigente exista

una norma que establezca que, en el evento en que un municipio

no reúna requisitos para ser clasificado en la categoría “A”, deba

ser clasificado en otra categoría.

Anotó que es evidente que el Instituto de Movilidad y Transporte

Municipal de El Zulia tiene derecho a estar clasificado en una

categoría; empero ello no implica per se que deba ser

automáticamente en la categoría “A”, pues la ubicación en cada

categoría depende del cumplimiento de los requisitos previstos por

el Ministerio para cada categoría.

Estimó que el hecho de que el Ministerio haya negado la

clasificación del Instituto en mención en la categoría “A”, ello no

implica un desconocimiento del principio de autonomía de las

entidades territoriales, pues dicha decisión no tiene que ver con los

derechos conferidos por el constituyente a las entidades en el

artículo 287 de la Constitución Política.

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Actor: MUNICIPIO DE ZULIA

Observó que la autonomía de que gozan las entidades territoriales

no puede implicar que esas entidades puedan actuar en contravía

de los postulados y fines del Estado unitario que nos rige, razón

por la cual no hay vulneración al citado artículo 287, con la decisión

del Ministerio de revocar la decisión de clasificación en la categoría

“A”.

Afirmó que tampoco se vulneró el artículo 3º, literales b), c) y e)

de la Resolución núm. 3846 de 1993, ya que el acto acusado no

desconoció la prueba de que el Municipio pertenecía al Área

Metropolitana de Cúcuta, sino que no probó el requisito relacionado

con el área de influencia reciproca, que existía entre el Municipio y

los municipios de Los Patios, Villa del Rosario y Puerto Santander,

que conforman el área metropolitana, -ítem por cual erróneamente

se le habían otorgado 100 puntos-.

En cuanto al parque automotor, consideró que el actor debía

aportar un certificado del organismo de Tránsito Departamental, en

el cual se especificara cual era el parque automotor registrado en el

Municipio, por cuanto el Certificado de 12 de diciembre de 2008,

emitido por el secretario de Tránsito Departamental, indicaba el

número de automotores inscritos en la Secretaría de Tránsito

Departamental y no únicamente del Municipio de El Zulia, en tanto

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Actor: MUNICIPIO DE ZULIA

señaló que “los vehículos relacionados son residentes en los

diferentes municipios del departamento Norte de Santander”.

En lo correspondiente al certificado de presupuesto global del

Municipio de 30 de diciembre de 2008, aprobado para la vigencia

fiscal del año 2008, por la suma de $12.972.598.086, determinó

que aun cuando el Municipio aportó este certificado de gastos como

el presupuesto del Municipio para el 2008, ello no resultaba

suficiente para declarar la nulidad del acto acusado, dado que este

era apenas uno de los 5 requisitos que el Ministerio señaló en dicho

acto como no cumplidos por el Municipio y que, por tanto, hacía

necesaria la revocatoria del acto, que concedió la categoría al

Instituto mencionado.

Concluyó que la parte actora no logró demostrar ante el Ministerio

que el Instituto de Movilidad y Transporte Municipal de El Zulia

reunía los requisitos exigidos en la Resolución núm. 3846 de 1993

para ser clasificado como organismo de tránsito categoría “A”, por

lo cual el acto acusado conservaba su presunción de legalidad.

III-. RECURSO DE APELACIÓN

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Actor: MUNICIPIO DE ZULIA

La parte actora solicitó revocar la sentencia de primera instancia

y que, como consecuencia de ello, se declare la nulidad de la

Resolución núm. 3904 de 23 de septiembre de 2010. Para el

efecto, fincó su inconformidad, en esencia, así:

Señaló que el fallo apelado desconoció la sentencia de 1o. de

febrero de 200110 de la Sección Primera, toda vez que no tuvo en

cuenta que dicho pronunciamiento hizo un análisis sobre la

Resolución núm. 3846 de 1993, en la que sostuvo que todo

organismo de tránsito y transporte municipal, una vez creado,

tiene derecho a una categoría, atendiendo el cumplimiento de los

requisitos, pues se trata de una actividad netamente reglada en la

cual no hay cabida para la discrecionalidad.

Indicó que, de acuerdo con lo anterior, la sentencia apelada, al

igual que el acto acusado, violaron el derecho que tenía el

Municipio a que se le otorgara una categoría al Instituto de

Movilidad y Transporte Municipal de El Zulia, pues si bien es cierto

que revocó el acto que lo clasificaba en categoría “A”, debió

asignársele en dicho acto administrativo una nueva clasificación

(“B” o “C”), según el cumplimiento de los requisitos y el puntaje

10
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 1º de
febrero de 2001, C.P. Gabriel Mendoza Martelo, núm. único de radicación 1999-6016-01 (6016).

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Actor: MUNICIPIO DE ZULIA

correspondiente, con el fin de armonizar con lo señalado en la

referida sentencia.

Adujo que el Ministerio desconoció el principio de autonomía, ya

que no tuvo en cuenta los preceptos y parámetros que fijó la

Resolución núm. 3846 de 1993; la referida sentencia de 1o. de

febrero de 2001; al igual que la sentencia C-1051 de 2001, la cual

se pronunció sobre el artículo 12 de la Ley 53 de 30 de octubre de

198911.

Que, además, se desconoció que el acto acusado no se pronunció

de fondo, no tuvo una debida motivación y basó su motivación en

una actividad discrecional, porque al revocar el acto que otorgaba

al Instituto en mención la categoría “A”, no asignó una nueva,

negándole el derecho a obtener una clasificación, ya que el

Municipio acreditó unos documentos válidos para asignación de un

puntaje y, por consiguiente, acreditó así su derecho a una

puntuación.

Concluyó que el acto acusado y la sentencia apelada desconocieron

la jurisprudencia antes señalada, cuya aplicación es de vital

11
“Por la cual se asignan funciones al Instituto Nacional del Transporte, se adicionan las relacionadas
al tránsito terrestre automotor en todo el país y se conceden facultades extraordinarias para
reformar el Código Nacional de Tránsito Terrestre”.

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Actor: MUNICIPIO DE ZULIA

importancia para el presente caso, pues si bien se refirió a la

misma, a la hora de dictar fallo no se observa la aplicación de esta.

IV-. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

IV.1- Vencido el plazo, dentro del lapso concedido para alegar en

esta instancia, la parte actora 12 , reiteró los argumentos

esgrimidos en el recurso de apelación, en el sentido de que la

sentencia de primera instancia no aplicó lo señalado en la

jurisprudencia sobre el particular, en cuanto no tuvo en cuenta que

la Resolución acusada desconoció el derecho del Municipio a

obtener una clasificación, al revocar la decisión que clasificaba al

Instituto de Movilidad y Transporte Municipal de El Zulia en la

categoría “A”, sin asignarle en dicho acto administrativo una nueva

clasificación, según el cumplimiento de los requisitos y el puntaje

correspondiente.

IV.2- Por su parte, la parte demandada y el Ministerio Público, en

esta etapa procesal, guardaron silencio.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.I. ACTO ACUSADO

12
Índice 18 del sistema digital SAMAI.

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Actor: MUNICIPIO DE ZULIA

El presente asunto se contrae a establecer la legalidad de la

Resolución núm. 3904 de 23 de septiembre de 2010, “Por la

cual se decide el recurso de Apelación interpuesto por la Apoderada

Especial del Departamento Norte de Santander, contra la

Resolución Núm. 001531 del 23 de abril de 2009, expedida por la

Subdirección de Tránsito”, emanada del director de Transporte y

Tránsito del Ministerio de Transporte.

Mediante dicho acto se revocó la Resolución núm. 1531 de 23 de

abril de 2009, por medio de la cual se clasificó al Instituto de

Movilidad y Transporte Municipal de El Zulia (Norte de Santander)

como Organismo de Tránsito de categoría “A”, identificado con el

código núm. 54261000, por considerar que el Municipio no cumplió

con la totalidad de requisitos, exigidos en la Resolución núm. 3846

de 11 de agosto de 1993, para ser clasificado en esa categoría,

porque el área de influencia del Municipio no era recíproca, no

había certeza de la cantidad de vehículos matriculados en el

Municipio de El Zulia y que tuvieran como domicilio el mencionado

ente territorial; no dio información respecto al servicio al

suburbano, periférico y veredal; y que, además, anexó el

certificado del presupuesto global del Municipio incompleto, en los

siguientes términos:

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“[…]
CONSIDERACIONES DEL DESPACHO
[…]

Frente a los anteriores requisitos exigidos por la
Resolución Núm. 03846 de agosto 11 de 1993, los
cuales fueron confrontados con los aportados por el
Municipio y, hecho el análisis respectivo a cada uno de
ellos, este Despacho considera:

Primero: Área de influencia. Si bien es cierto, el
Municipio anexa la información relacionada con la misma,
también lo es, que cuando la norma hace referencia a un
Área de influencia está indicando que por sus condiciones
poblacionales, sociales, económicas y cercanía, esos
municipios, tienen un alto índice de reciprocidad, lo cual
dista de tener el Municipio de El Zulia, con los Municipios de
Los Patios, Villa del Rosario y Puerto Santander, los cuales
a pesar de formar parte del Área Metropolitana de Cúcuta,
no tienen esa influencia recíproca que por su cercanía
debería tener respecto al Municipio de El Zulia.

Segundo: Parque Automotor. No indica del gran total de
vehículos, que cantidad de los mismos tienen como
domicilio el Municipio de El Zulia, es decir no se anexó la
respectiva encuesta o certificado expedido por el Instituto
Departamental, donde se indique la cantidad de vehículos y
número de placas de los que se encuentran matriculados
ante dicho Organismo y cuyos propietarios tengan como
domicilio el Municipio El Zulia.

Tercero: Análisis del servicio público de transporte,
urbano, suburbano, periférico y veredal. El Municipio
da información respecto al servicio urbano, mas no al
suburbano, periférico y veredal.

Cuarto: Fotocopia del concepto previo de la Oficina
de Planeación Departamental. El concepto a que hace
alusión la Resolución No. 03846 de agosto 11 de 1993, es
el que emitió la Oficina de Planeación Departamental
previo a la creación del Organismo de Tránsito del
Municipio, obsérvese, que la petición solo la elevó el citado
Municipio a la Oficina de Planeación, hasta el día 20 de
febrero de 2009, tiempo después de la creación del
organismo y de la petición ante el Ministerio de Transporte,
si se creyera que dicho concepto previo se refiere al que
debe emitir Planeación Departamental, antes que el
Municipio de El Zulia haga la petición de clasificación ante
el Ministerio de Transporte.

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Quinto: Certificado del presupuesto global del
Municipio. Al parecer consta de 42 folios, pero solo
anexan el folio 1 y el 42, en los que indican unos ítems
relacionados con la construcción, pavimentación,
mantenimiento de vías urbanas, así como construcción de
vías rurales, puentes y hamacas, estudio, diseño de
andenes y mejoramiento de vías rurales.

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones,
este Despacho concluye que el Municipio de El Zulia
no cumple con la totalidad de los requisitos para ser
clasificado en la Categoría A, ni logra desvirtuar los
argumentos expuestos por el apelante.

En mérito de lo expuesto, este Despacho,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Decidir el recurso de apelación
interpuesto por la Apoderada Especial de la Gobernación
del Departamento Norte de Santander, contra la Resolución
No. 001531 del 23 de abril de 2009, expedida por la
Subdirección de Tránsito, en el sentido de revocarla en
todas sus partes, por las razones de hecho y de derecho
expuestas en la parte motiva del presente acto
administrativo. […]” (Destacado fuera de texto).

Cabe mencionar que previo al citado acto acusado, se expidieron

las siguientes resoluciones:

• La Resolución núm. 1531 de 23 de abril de 2009, “Por la cual se

clasifica y se otorga código al Instituto de Movilidad y Transporte

Municipal de El Zulia – Norte de Santander”, expedida por la

Subdirectora de Tránsito del Ministerio13, de la que se resalta:

“[…] Que, una vez realizado el análisis de los documentos
presentados conforme con los parámetros establecidos por

13
Folios 18 a 20 C.1.

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la Resolución núm. 3846, se determinaron los siguientes
puntajes:

FACTORES PUNTAJES
Población 20
Área de Influencia 100
Parque Automotor 100
Sistematización 75
Presupuesto 100
Total 395

[…]

Que, tomando en consideración la calificación de
TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO (395) PUNTOS, obtenidos
en la evaluación realizada para la clasificación como
Organismo de Tránsito, este Despacho

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Clasificar al Instituto de Movilidad
y Transporte Municipal de El Zulia -Norte de
Santander, como Organismo de Tránsito y Transporte
Categoría “A”.

ARTÍCULO SEGUNDO: El Instituto de Movilidad y
Transporte Municipal de El Zulia -Norte de Santander,
cumplirá las funciones señaladas en la Ley núm. 769 de
2002, la Resolución 200 de 4 de febrero de 200414 y demás
normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan.

ARTÍCULO TERCERO: El Instituto de Movilidad y
Transporte Municipal de El Zulia -Norte de Santander,
se identificará con el CÓDIGO 54261000.

ARTÍCULO CUARTO: La Secretaría de Tránsito
Departamental de Norte de Santander con sede en el
Municipio de El Zulia, deberá hacer entrega al Instituto de
Movilidad y Transporte Municipal de El Zulia -Norte de
Santander, de todos los documentos y demás asuntos
relacionados con los vehículos de servicio público que tengan
sede en el Municipio de El Zulia, como también los
documentos de los vehículos de servicio oficial de propiedad
del Municipio y de los vehículos de servicio particular que así
lo soliciten, según lo dispuesto en el Artículo 96 del Acuerdo

14
Resolución núm. 200 de 2004, “Por la cual se implementan mecanismos de control, recaudos y
consumo de especies venales”.

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051 del 14 de octubre de 1993 15 , en los términos y
condiciones señaladas por esta disposición.

PARÁGRAFO: La Secretaría de Tránsito Departamental de
Norte de Santander, mediante acta deberá hacer entrega de
todos los documentos y demás asuntos relacionados con los
vehículos antes citados al Instituto de Movilidad y Transporte
Municipal de El Zulia, dentro de los 30 días hábiles siguientes
a partir de la expedición del presente acto.

ARTÍCULO QUINTO: Se asignaran series y rangos de
especies venales delegadas para la expedición de los
diferentes trámites como son: placa única nacional para
automotores, licencias de tránsito y licencias de conducción,
al Instituto de Movilidad y Transporte Municipal de El
Zulia -Norte de Santander, una vez allegue a este
Ministerio copia del acta de entrega por parte de la
Secretaría de Tránsito Departamental de Norte de
Santander.

ARTÍCULO SEXTO: Notifíquese la presente Resolución al
Alcalde Municipal de El Zulia -Norte de Santander y a la
Secretaría de Tránsito Departamental de Norte de
Santander. […]”.

• Y la Resolución núm. 4626 de 24 de septiembre de 2009, “Por la

cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto por la

apoderada de la Gobernación de Norte de Santander, contra la

Resolución No. 1531 del 23 de abril de 2009”, emanada de la

subdirectora de Tránsito del Ministerio, a través de la cual se

confirmó la clasificación del Instituto de Movilidad y Transporte

Municipal del Zulia como organismo de tránsito categoría “A”, y se

concedió el recurso de apelación ante la Dirección de Transporte y

Tránsito del Ministerio16.

15
Acuerdo núm. 051 de 1993 del Ministerio de Obras Públicas y Transporte, “Por la cual se dictan
disposiciones en materia de Tránsito Terrestre automotor y se derogan los Acuerdos núms. 034 de
1991, 022 de 1992 y 052 de 1992”.
16
Folios 21 a 27 del C.1.

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V.II. PROBLEMA JURÍDICO POR RESOLVER

Precisado lo anterior, corresponde a la Sala establecer si le asiste

razón al apelante, cuando afirma que el acto acusado está viciado

de nulidad, por cuanto al revocar la clasificación en categoría “A”

del Instituto de Movilidad y Transporte Municipal de El Zulia y no

clasificarlo en una nueva categoría, se desconoció el derecho que

tiene todo organismo de tránsito de ser clasificado en una

categoría, así como la jurisprudencia aplicable al caso o si, por el

contrario, tiene razón el Tribunal, al declarar la legalidad del acto,

toda vez que, a su juicio, la parte actora no demostró que en el

ordenamiento jurídico vigente existe una norma concreta que

establezca que en el evento en que el municipio no reúna requisitos

para ser clasificado en categoría “A”, debía clasificarla en otra

categoría.

Asimismo, debe determinarse si el Ministerio desconoció el principio

de autonomía, a través del acto acusado, en cuanto no tuvo en

cuenta los preceptos y parámetros que fijó la Resolución núm.

3846 de 1993; la referida sentencia de 1o. de febrero de 2001, al

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igual que la sentencia C-1051 de 2001, la cual se pronunció sobre

el artículo 12 de la Ley 53 de 30 de octubre de 198917.

V.II.1. CLASIFICACIÓN DE LOS ORGANISMOS DE TRÁNSITO

Y TRANSPORTE MUNICIPAL

Sobre el particular, se observa que con la expedición de la Ley 53

de 30 de octubre de 1989 18 , el Legislador otorgó al Instituto

Nacional de Transporte y Tránsito (en adelante INTRA) la atribución

de fijar los parámetros de creación y funcionamiento de los

organismos de tránsito y transporte. Así lo establece textualmente

su artículo 5º:

“[…] Artículo 5°. El Instituto Nacional de Transporte y
Tránsito fijará las pautas que debe sujetar la creación y
funcionamiento de los organismos de transporte y/o
tránsito”. […]”.

En cumplimiento de dicho mandato, el INTRA expidió la Resolución

núm. 02444 de 28 de diciembre de 198919, que fue modificada en

su artículo 2º por la Resolución 04867 de 17 de noviembre de

1992.

17
“Por la cual se asignan funciones al Instituto Nacional del Transporte, se adicionan las relacionadas
al tránsito terrestre automotor en todo el país y se conceden facultades extraordinarias para
reformar el Código Nacional de Tránsito Terrestre”.
18
“Por la cual se asignan funciones al Instituto Nacional del Transporte, se adicionan las relacionadas
al tránsito terrestre automotor en todo el país y se conceden facultades extraordinarias para
reformar el Código Nacional de Tránsito Terrestre”.
19
“Por la cual se fijan las pautas para la creación, funcionamiento, clasificación y reclasificación de
los Organismos de Tránsito Municipales”.

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Al año siguiente y tras la necesidad de “modificar los parámetros

exigidos para la creación y funcionamiento de Organismos de

Tránsito y Transporte Municipal en el territorio nacional para dar

cumplimiento a la descentralización administrativa fortaleciendo la

autonomía Municipal”20, el INTRA expidió la Resolución núm. 03846

de 11 de agosto de 1993, que derogó las disposiciones

reglamentarias antedichas, la que prevé lo siguiente:

“[…] ARTÍCULO PRIMERO.- Previa a la creación del
Organismo de Tránsito y Transporte, los municipios
interesados deberán cumplir el siguiente procedimiento:

a.- Solicitar asesoría técnica al Instituto Nacional de
Transporte y Tránsito a efectos de establecer la estructura
orgánica y funciones que debe cumplir.

b.- Elaborar un estudio de factibilidad que como mínimo
debe contener:

• Área de influencia del municipio, teniendo en cuenta la
existencia de otros Organismos de Tránsito en la región.
• Flujo vehicular.
• Parque Automotor.
• Presupuesto de funcionamiento que incluya los posibles
ingresos generados.
-Estructura administrativa y operativa.
• Análisis del servicio público de transporte, urbano,
suburbano periférico y veredal.
• Evaluación de los requerimientos en sistematización.
• Plan vial del municipio”.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Una vez creado el Organismo de
Tránsito y Transporte, mediante Acuerdo del Concejo
Municipal y su respectiva sanción por parte del Alcalde,
éste deberá presentar ante la Dirección General del
Instituto Nacional de Transporte y Tránsito solicitud de
clasificación acompañada de los siguientes
documentos:

20
Fragmento tomado de la parte considerativa de la Resolución núm. 04863 de 1993.

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a.- Fotocopia del Acta de creación de la Dependencia y de
su sanción conteniendo el presupuesto de funcionamiento y
planta de personal.

b.- Certificado del DANE sobre índice poblacional del
Municipio.

c. Estudio de factibilidad de que trate el literal b) del
artículo anterior.

d.- Fotocopia del concepto previo de la oficina de
Planeación Departamental.

e.- Descripción de los sistemas de información en operación
con que cuenta el Municipio informando sobre las
características de los equipos y programas de aplicación.

f.- Certificado del Organismo de Tránsito Departamental
relacionado con el parque automotor registrado en ese
Municipio.

g.- Certificado del presupuesto global del Municipio
aprobado para la vigencia fiscal de la solicitud, expedido
por autoridad competente.

Parágrafo primero- Cuando se creen Asociaciones de
Municipios dentro de un mismo Departamento y estos
soliciten clasificación, se anexará certificado del DANE y del
Organismo de Tránsito Departamental para cada uno de los
Municipios que lo integran. Mediante Acta de acuerdo de
voluntades de los Alcaldes que conforman la asociación se
establecerá el municipio en el que operará el único
Organismo de Tránsito con autonomía para el manejo de
recursos y de los costos del desarrollo institucional del
mismo.

Parágrafo segundo- Para efectos de reclasificación el
Organismo de Tránsito debe presentar únicamente los
requisitos contemplados en los literales b), c), e), y g).

ARTICULO TERCERO. - Para efectos de la
clasificación y reclasificación de los Organismos de
Tránsito y Transporte, se tendrán en cuenta los
siguientes factores:

a. POBLACIÓN.
Por cada mil (1.000) habitantes un punto, con máximo de
100 puntos para poblaciones de más de 100.000
habitantes.

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b. - ÁREA DE INFLUENCIA.
• Ciudades mayores, capitales y áreas metropolitanas 100
puntos
• Ciudades intermedias 75 puntos
• Municipios pequeños 50 puntos

c. - PARQUE AUTOMOTOR.
Por cada 250 vehículos 10 puntos hasta un máximo de
100 puntos para más de 2.500 vehículos.

d. SISTEMATIZACIÓN.
-Básica 50 Puntos
-Intermedia 75 Puntos
• Compleja 100 Puntos

e. PRESUPUESTO.
Por cada quinientos millones de presupuesto Municipal
anual Diez (10) puntos, con un máximo de cien (100)
puntos para presupuesto de más de cinco mii millones de
pesos.

ARTÍCULO CUARTO. - Para efectos de clasificar o
reclasificar Organismos de Tránsito en categoría A,
B o C según lo establecido en el Decreto 1147 de 1971 se
tendrán en cuenta los siguientes puntajes mínimos:

CATEGORIA “A” 350 PUNTOS
CATEGORIA “B” 250 PUNTOS
CATEGORIA “C” MENOS DE 250 PUNTOS
[…]” (Destacado fuera de texto).

De la lectura de los preceptos transcritos se desprende que una vez

creado el Organismo da Tránsito y Transporte, mediante Acuerdo

del Concejo Municipal y su respectiva sanción por parte del alcalde,

en aras de clasificar el correspondiente organismo, la entidad

territorial interesada deberá presentar solicitud de clasificación, en

los términos que establecen las anotadas disposiciones, ante la

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Dirección General del entonces INTRA (hoy Ministerio de

Transporte).21

Ahora, esta Sección, en la sentencia de 1o. de febrero de 200122,

citada por la parte actora, al estudiar la legalidad de la referida

Resolución núm. 3846 de 1993, sostuvo lo siguiente:

“[…]

Es preciso resaltar que el artículo 12 de la Ley 53 de 1989
prevé el concepto previo de la autoridad de Planeación
Departamental para la creación de los organismos de
tránsito municipal. Sin embargo, la Resolución 03846,
como ya se vio, no está aplicando tal precepto sino que,
con fundamento en el artículo 5º, ibidem, que autorizó al
Intra para fijar las pautas para el funcionamiento de los
organismos de transporte y/o tránsito, únicamente exige el
concepto para la clasificación, consciente de que era
necesario modificar los parámetros requeridos para dar
cumplimiento “a la descentralización administrativa
fortaleciendo la autonomía municipal”, según se lee en uno
de sus considerandos.

De tal manera que la voluntad de la Administración no es
que un organismo diferente de la propia entidad territorial
interfiera en su facultad de creación, lo que sí atentaría
contra el principio de la autonomía, pues dicha atribución
de crear a iniciativa del Alcalde establecimientos públicos o
empresas industriales o comerciales o autorizar la
constitución de sociedades de economía mixta, que
constituye una de las expresiones del mencionado principio,
no está condicionada por la Carta Política (artículo 313,
num. 6) a la voluntad de otros organismos diferentes de
los Concejos.

Extrae la Sala del texto de las regulaciones
consagradas en la Resolución que contiene la
disposición acusada, que todo organismo de tránsito

21
Ver sentencia 26 de septiembre de 2019 (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, C.P. Oswaldo Giraldo López, núm. único de radicación 11001-03-24-
000-2003-00321-01).

22
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 1º de
febrero de 2001, C.P. Gabriel Mendoza Martelo, núm. único de radicación 1999-6016-01 (6016).

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y transporte municipal, una vez creado, tiene
derecho a una categoría, atendiendo el cumplimiento
de los requisitos señalados; es decir, que el concepto
previo favorable de la autoridad de planeación
departamental, que no tiene puntaje asignado, debe
entenderse referido a la verificación del
cumplimiento de tales requisitos, para efectos de
ubicar el organismo de tránsito creado en una
cualquiera de las categorías que, de acuerdo con el
puntaje previamente previsto, le corresponde, pues
se trata de una actividad netamente reglada, en la
cual no hay cabida para la discrecionalidad.

De ahí que la demandada al contestar la demanda haya
sido enfática en señalar que el concepto previo no es
exclusivo y tampoco determinante (folio 103).

Así pues, si en la aplicación de la disposición
cuestionada la autoridad de tránsito encargada de
autorizar la clasificación en determinada categoría se
abstiene de ello, aduciendo causales distintas del
cumplimiento de los requisitos expresamente
señalados o dándole un alcance diferente al concepto
previo en mención, el respectivo acto particular
puede ser susceptible de enjuiciamiento a través de
la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

Las consideraciones precedentes descartan la vulneración
del principio de la autonomía, a que alude el actor, razón
por la cual no están llamados a prosperar los cargos 1º a
6º, 8º y 9º. […]” (Destacado fuera de texto).

De conformidad con la anterior sentencia, todo organismo de

tránsito y transporte municipal, una vez creado, tiene derecho a

una categoría, atendiendo el cumplimiento de los requisitos

señalados en la Resolución núm. 3846 de 1993, lo que quiere decir

que la clasificación está supeditada a la verificación del

cumplimiento de esos requisitos, para efectos de ubicar el

organismo de tránsito y transporte municipal, que fue previamente

creado, en una cualquiera de las categorías que, de acuerdo con el

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puntaje previamente previsto, le corresponda, pues se trata de una

actividad netamente reglada, en la cual no hay cabida para la

discrecionalidad.

Asimismo, que si en la aplicación de la disposición cuestionada (en

esa sentencia) la autoridad de tránsito encargada de autorizar la

clasificación en determinada categoría se abstiene de ello, aduce

causales distintas del cumplimiento de los requisitos expresamente

señalados en la citada Resolución, el respectivo acto particular

puede ser susceptible de enjuiciamiento a través de la acción de

nulidad y restablecimiento del derecho.

De manera, que la autoridad de tránsito encargada de autorizar la

clasificación en determinada categoría solo puede abstenerse de

ello, siempre y cuando aduzca causales referidas al cumplimiento

de los requisitos expresamente señalados en dicha Resolución

núm. 3846 y no puede indicar causales distintas del cumplimiento

de esos requisitos.

V.II.2. CASO CONCRETO

Antes de asumir al fondo de asunto, es del caso traer a colación las

siguientes pruebas, que obran dentro del expediente, a saber:

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• Acuerdo núm. 19 de 9 de septiembre de 2008, “Por medio del

cual se crea el Instituto de Movilidad y Transporte del Municipio del

Zulia (Norte de Santander) “INTRAZUL” como establecimiento

público del orden municipal y se dictan otras disposiciones”,

expedido por el Concejo Municipal del Zulia – Norte de Santander23.

Esta decisión fue sancionada el mismo día por parte del alcalde del

Municipio24.

• Certificado del DANE sobre índice de población del Municipio, con

radicado núm. 20081510088901 de 9 de octubre de 2008 25 , del

que se resalta:

“[…] La población conciliada a junio 30 de 2005, para el
Municipio: El Zulia – Norte de Santander, con base en el
censo general de 2005, en total corresponde a 20.309.
[…]”.

• Estudio de Factibilidad de la creación y clasificación del Instituto

de Movilidad y Transporte Municipal de El Zulia, como organismo

de tránsito categoría “A”, que contiene el área de influencia del

Municipio, teniendo en cuenta la existencia de otros organismos de

tránsito en la región; presupuesto de funcionamiento que incluye

los posibles ingresos generados, estructura administrativa y

23
Folios 5 a 14 del C.2.
24
Folio 15 del C.2.
25
Folio 17 del C.2.

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operativa; análisis del servicio público de transporte urbano,

suburbano, periférico y verdal; y plan vial del Municipio26.

• Documento de descripción de los sistemas de información en

operación con que cuenta el Municipio, que informa sobre las

características de los equipos y programas de aplicación27.

• Certificado del organismo de Tránsito Departamental relacionado

con el parque automotor registrado, con radicado núm. STD-1003

del 12 de diciembre de 200828, del que se resalta:

“[…] Mediante Resolución núm. 1021 del 30 de abril de
2004, expedida por el Ministerio de Transporte, se autorizó
a la Dirección Operativa de Tránsito Departamental para
desarrollar sus actividades como Tránsito Clase A en el
Municipio de El Zulia.

[…] En su nueva sede que opera desde finales del año
2004, se han matriculado los siguientes vehículos
automotores:
Motocicletas: 7.623
Vehículos Particulares: 33
Vehículos Públicos: 99
Oficiales: 15

Es de aclarar que los propietarios de los vehículos
relacionados son residentes en los diferentes Municipios del
Departamento Norte de Santander. […]”.

• Decreto núm. 68 de 16 de diciembre de 2008, “Por el cual se

liquida el Presupuesto General de Rentas, Recursos de Capital y

26
Folios 19 a 79 del C.2.
27
Folios 80 a 118 del C.2.
28
Folios 119 a 121 del C.2.

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Gastos del Municipio, para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de

diciembre de 2009”, expedido por el alcalde del Municipio29, en el

que se establece:

“[…] Que, en definitiva el Presupuesto General de Rentas,
Recursos de Capital y Gastos del Municipio, para la vigencia
fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2009 asciende a
la suma de $9.427.713.308. […]” .

• Certificado del presupuesto de gastos del Municipio, aprobado

para la vigencia fiscal del año 2008, con radicado núm. 120-12-03-

090 de 30 de diciembre de 200830, del que se destaca:

“[…] El monto total del presupuesto de gastos del
Municipio, aprobado para la vigencia 2008, es de
$12.972.598.086. […]”.

• Oficio núm. 2009321000681-2 de 8 de enero de 2009, a través

del cual se presentó la solicitud del Municipio ante el Ministerio

sobre la clasificación del Instituto de Movilidad y Transporte

Municipal de El Zulia como organismo de tránsito categoría “A”31.

• Acta de Visita, con radicado núm. 20093070046143 de 16 de

marzo de 2009, en el cual se indican los resultados de la revisión y

verificación realizada el 6 de marzo de 2009, en lo concerniente al

artículo segundo, literal e), de la Resolución 3846 de 1993,

29
Folios 477 a 478 del C.6. Sobre el particular, se deja constancia que el documento en cita no se
encuentra completo, solo obran los folios internos números 1 y 42.
30
Folio 55 C.1.
31
Folio 1 del C.2.

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34

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relacionada con los recursos computacionales con que contaba el

Instituto de Movilidad y Transporte Municipal de El Zulia 32 , en el

que consta lo siguiente:

“[…] El Municipio del Zulia cumple con Sistematización
Intermedia, con los siguientes parámetros:
• En su infraestructura computacional, cuenta con un total de
cinco (5) computadores.
• Recursos de Impresión.
• Infraestructura de Red.
• Cuenta con un Software específico en tránsito.

En razón a este cumplimiento se da una calificación de
setenta y cinco (75) puntos. […]” .

• Aclaración del estudio de factibilidad del Municipio para la

creación del Instituto de Movilidad y Transporte Municipal de El

Zulia, como organismo de tránsito categoría “A”, realizada por el

secretario de Tránsito Departamental de Norte de Santander a la

coordinadora de Subdirección de Tránsito, mediante radicado núm.

20093210165562 de 16 de marzo de 200933, del que se resalta:

“[…] Al área de influencia donde funcionará el
Instituto de Movilidad y Transporte de El Zulia -
INTRAZU, no pertenecen los municipios de Villa del
Rosario y Los Patios, ya que esta se mide de acuerdo
a los límites que posee el Municipio como son: al
norte y al oriente con el Municipio de Cúcuta, al sur
con los Municipios de San Cayetano y Santiago, y por
occidente con los Municipios de Gramalote y
Sardinata. Tomándose como único de importancia el
Municipio de Cúcuta, que actualmente cuenta con
Secretaría de Tránsito Municipal Clase A, los Municipios
restantes de su área de influencia no superan los 20.000
habitantes cada uno de ellos.

32
Folios 253 a 256 del C.3.
33
Folios 323 a 328 del C.5.

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35

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[…] En cuanto al flujo vehicular promedio, estimado en más
de 10.000 mil vehículos diarios, no es cierto, según
estadísticas dicho paso tomándolo en el puesto de
control de Agua Zulia no supera los 2.500 vehículos
diarios. Así las cosas, el Municipio El Zulia se
constituye como un Municipio de paso, ya sea para
los pueblos de occidente, paso obligado hacia Ocaña
y la Costa Atlántica. El desplazamiento de vehículos y el
control de estos por ser carretera nacional, es ejercido por
la Policía de Carreteras y la Policía Aduanera, en los
puestos de control localizados en la zona rural de dicho
Municipio más concretamente en Agua Zulia y la Alejandra.

[…] Según los ingresos proyectados para el primer
año, el estudio de factibilidad los estima en
$1.493.350.400, cifra que carece de veracidad debido
a que la Secretaría de Tránsito Departamental, organismo
que actualmente cuenta con más de 20.000 historiales de
vehículos matriculados en sus más de 60 años de historia,
sus ingresos por matriculas, trámites, expedición de
licencias de conducción y demás servicios, no superan los
$700.000.000 anuales.

[…] Así mismo, en dicho estudio de factibilidad se
toma como propietarios residentes en el Municipio de
El Zulia una cifra de 2.500 vehículos, situación que no
se ajusta a la realidad, por cuanto el estudio carece de
las encuestas de propietarios residentes en el Municipio de
El Zulia, no ajustándose a lo requerido en Resolución núm.
3846.

[…] Igualmente, revisado el Programa de Gobierno
presentado por el señor Alcalde del Municipio de El Zulia
para el periodo del 2008 al 2011 no incluye en este la
creación de un organismo de tránsito como necesidad
prioritaria del Municipio, así como tampoco se encuentra
enmarcada en el Acuerdo núm. 010 del 10 de junio de
2008, por la cual se aprueba el Plan de Desarrollo Municipal
de El Zulia. […]” (Destacado fuera de texto).

• Certificado del Área Metropolitana de Cúcuta, expedido por su

director el 18 de marzo del 200934, del que se destaca:

34
Folio 130 del C.3.

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“[…] Que, el Área Metropolitana de Cúcuta, fue creada
mediante Ordenanza No. 040 del 3 de enero de 1991,
puesta en funcionamiento por el Decreto No. 508 del 3 de
julio de 1991 y se rige por la Ley 128 de 1994, conocida
como “Ley Orgánica de las Áreas Metropolitanas”, hacen
parte de esta Área los Municipios de San José de Cúcuta,
Villa del Rosario, Los Patios, El Zulia, San Cayetano y
Puerto Santander. […]”.

• Oficio de 18 de mayo de 2009, presentado por el Departamento

Norte de Santander ante la subdirectora de Tránsito del Ministerio,

mediante el cual presentó recurso de reposición y, en subsidio de

apelación, contra la Resolución núm. 1531 de 23 de abril de 2009,

que clasificó al Instituto de Movilidad y Transporte Municipal de El

Zulia, como organismo de tránsito categoría “A” 35 , en el que se

señaló:

“[…] Que, los documentos aportados por parte del
Municipio no cumplen con los requisitos mínimos
establecidos por la normatividad vigente para otorgar a
este Municipio esa categoría, por lo cual, la argumentación
de la Resolución objeto del presente recurso fue reseñada
con falsa motivación.

[…] El estudio presentado por parte del Municipio en
nuestro criterio presenta serias falencias en lo que respecta
al área de influencia del Municipio, teniendo en cuenta la
existencia de otros organismos de tránsito en la región; el
flujo vehicular, el parque automotor y el presupuesto de
funcionamiento.

[…] Con fundamento en lo anterior, solicito REVOCAR los
artículos primero, segundo, tercero, cuarto y quinto de la
Resolución núm. 1531 del 23 de abril de 2009, y en su
lugar que la categoría del Instituto de Movilidad y
Transporte Municipal de El Zulia la clasifiquen en la
categoría “C”, la cual es la que le corresponde de acuerdo

35
Folios 318 a 322 del C.5.

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con el puntaje real a obtener, de acuerdo con una
aplicación objetiva de los requisitos establecidos para ello
en el artículo 3 de la Resolución núm. 3846. […]”.

• Oficio núm. 20103210534212 de 1º de septiembre de 2009,

presentado por el Municipio ante el director de Tránsito y Transporte

del Ministerio, mediante el cual argumentó que su área de influencia

con los Municipios del Área Metropolitana de Cúcuta se basa en la

cercanía a 20 Km del Municipio, las actividades comerciales y

aspectos socioeconómicos comunes.

Precisó, además, que el flujo vehicular alegado por el Municipio fue

obtenido como resultado de un estudio sobre la materia. Además,

que el presupuesto de funcionamiento presentado, que incluyó los

posibles ingresos a generar, fue realizado con base en las

proyecciones de nómina, gastos administrativos y el informe de la

Policía de Carreteras sobre las infracciones cometidas en el

Municipio.

Asimismo, frente a los vehículos matriculados en el Municipio,

expresó que la Secretaría de Tránsito Departamental de Norte de

Santander certificó 7.770 vehículos y motos en el Municipio 36.

36
Folios 308 a 313 del C.5.

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• Oficio de 27 de agosto de 2010, presentado por el director de

Tránsito y Transporte del Ministerio al Municipio, con el fin de dar

traslado del escrito del recurso de apelación impetrado por el

Departamento Norte de Santander contra la Resolución núm. 1531

de 23 de abril de 200937.

• Diligencia de notificación del contenido de la Resolución núm.

3904 de 23 de septiembre de 2010, realizada el 3 de noviembre

de 201038.

• Oficio núm. G-9568 de 14 de diciembre de 2011, que certificó el

número de vehículos matriculados y domiciliados en el Municipio,

expedido por el secretario de tránsito Departamental, del que se

observa que para el año 2004 se matricularon 3 vehículos; para el

2005: 5 vehículos; para el 2006: 24 vehículos; para el 2007: 22

vehículos; para el 2008: 105 vehículos; para el 2009: 50 vehículos;

para el 2010: 41 vehículos; y para el 2011: 98 vehículos; para un

total a la fecha de 348 vehículos, de los cuales 11 residen en el

Municipio39.

37
Folio 317 del C.5.
38
Folio 35 del C.1.
39
Folios 85 a 97 del C.1.

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De conformidad con el referido material probatorio, la Sala

encuentra acreditado que el Municipio creó el Instituto de Movilidad

y Transporte Municipal de El Zulia, -INTRAZUL-, mediante Acuerdo

núm. 19 de 9 de septiembre de 2008, debidamente sancionado por

el alcalde del Municipio el citado día; que el Municipio solicitó al

Ministerio la clasificación del Instituto de Movilidad y Transporte

Municipal de El Zulia solo como organismo de tránsito categoría

“A”, mediante Oficio núm. 2009321000681-2 de 8 de enero de

2009; y que la subdirectora de Tránsito del Ministerio clasificó el

Instituto de Movilidad y Transporte Municipal de El Zulia como

organismo de tránsito categoría “A”, mediante la Resolución núm.

1531 de 23 de abril de 2009.

Asimismo, se acreditó que el Departamento de Norte de Santander

interpuso, ante la subdirectora de Tránsito del Ministerio, recurso

de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución

núm. 1531 de 23 de abril de 2009, con el objeto de solicitar que se

revocara la clasificación en categoría “A” del Instituto de Movilidad

y Transporte Municipal de El Zulia y, en su lugar, requirió que se

clasificara a dicho Instituto en la categoría “C”, a través de oficio de

18 de mayo de 2009.

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Adicionalmente, está demostrado que el recurso de apelación fue

resuelto por el director de Transporte y Tránsito del Ministerio, en

el sentido de revocar la clasificación del Instituto de Movilidad y

Transporte Municipal de El Zulia, Norte de Santander, como

organismo de tránsito categoría “A”, por medio de la Resolución

núm. 3904 de 23 de septiembre de 2010 acusada.

Ahora, cabe mencionar que en la Resolución núm. 3846 de 1993,

sobre el procedimiento administrativo de clasificación de los

organismos de tránsito y transporte de los municipios, establece en

su artículo segundo que una vez creado el Organismo de Tránsito y

Transporte, mediante Acuerdo del Concejo Municipal y su

respectiva sanción por parte del Alcalde, este deberá presentar

ante la Dirección General del Instituto Nacional de Transporte y

Tránsito solicitud de clasificación acompañada de los documentos

indicados en sus literales a) a g); en su artículo tercero, señala en

sus literales a) b) c) y e) los factores que deben tenerse en cuenta

para efectos de la clasificación y reclasificación de los Organismos

de Tránsito y Transporte; y en su artículo cuarto indica los

puntajes mínimos a tener en cuenta para efectos de clasificar o

reclasificar esos organismos en categoría A, B o C; empero no

determina lo relativo al evento cuando una solicitud de

clasificación de un organismo de tránsito y transporte no cumple

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con los requisitos para ser clasificada en la categoría que fue

solicitada, si se debe clasificar al organismo en otra categoría.

Sobre el particular, la Sala debe reiterar que la decisión de la

Resolución acusada de revocatoria de la clasificación en categoría

“A” del Instituto de Movilidad y Transporte del Municipio, se

fundamentó en que se probó que el Municipio no cumplió con los

350 puntos establecidos para dicha categorización, según lo

previsto el artículo 4º de la Resolución núm. 3846 de 199340.

En efecto, al realizar la valoración directa del contenido de la

Resolución núm. 3904 de 23 de septiembre de 2010

acusada, la Sala evidencia que dicho acto expresó y explicó el

incumplimiento del Municipio en los requisitos exigidos para ser

clasificado en la categoría “A”, cuando consideró de la siguiente

manera:

“[…] CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

[…] REQUISITOS RESOLUCIÓN No. 03846 de 1993, para
clasificación.

a) Fotocopia del Acta de creación de la Dependencia y de
su sanción, conteniendo el presupuesto de funcionamiento
y planta de personal.

40
RESOLUCIÓN NÚM. 3846 DE 1993
“[…] ARTICULO CUARTO. Para efectos de clasificar Organismos de Tránsito en categoría A, B o C
según lo establecido en el Decreto 1147 de 1971 se tendrán en cuenta los siguientes puntajes
mínimos: CATEGORIA “A” 350 PUNTOS
CATEGORIA “B” 250 PUNTOS
CATEGORIA “C” MENOS DE 250 PUNTOS. […]” (Destacado fuera de texto).

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[…]

b) Certificado del DANE sobre índice poblacional del
Municipio.
[…]

c) Estudio de factibilidad, de que trate el literal b) del
artículo primero de la citada resolución, el cual debe
contener como mínimo:
. Área de influencia del Municipio, teniendo en cuenta la
existencia de otros organismos de Tránsito en la región.
[…]
. Flujo Vehicular.
[…]
. Parque Automotor.
[…]
. Presupuesto de funcionamiento que incluya los posibles
ingresos generados.
[…]
. Estructura administrativa y operativa
[…]
. Análisis del Servicio de Transporte, urbano, suburbano,
periférico y veredal.
[…]
. Evaluación de los requerimientos en sistematización.
[…]
. Plan Vial del Municipio.

d) Fotocopia del concepto previo de la oficina de Planeación
Departamental.
[…]

e) Descripción de los sistemas de información en operación
con que cuenta el Municipio informando sobre las
características de los equipos y programas de aplicación.
[…]

f) Certificado del Organismo de Tránsito Departamental
relacionado con el parque automotor registrado en ese
Municipio.
[…]

g) Certificado del presupuesto global del Municipio
aprobado para la vigencia fiscal de la solicitud, expedido
por autoridad competente.
[…]

Frente a los anteriores requisitos exigidos por la
Resolución Núm. 03846 de agosto 11 de 1993, los

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43

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cuales fueron confrontados con los aportados por el
Municipio y, hecho el análisis respectivo a cada uno de
ellos, este Despacho considera:

Primero: Área de influencia. Si bien es cierto, el
Municipio anexa la información relacionada con la misma,
también lo es, que cuando la norma hace referencia a un
Área de influencia está indicando que por sus condiciones
poblacionales, sociales, económicas y cercanía, esos
municipios, tienen un alto índice de reciprocidad, lo cual
dista de tener el Municipio de El Zulia, con los Municipios de
Los Patios, Villa del Rosario y Puerto Santander, los cuales
a pesar de formar parte del Área Metropolitana de Cúcuta,
no tienen esa influencia recíproca que por su cercanía
debería tener respecto al Municipio de El Zulia.

Segundo: Parque Automotor. No indica del gran total de
vehículos, que cantidad de los mismos tienen como
domicilio el Municipio de El Zulia, es decir no se anexó la
respectiva encuesta o certificado expedido por el Instituto
Departamental, donde se indique la cantidad de vehículos y
número de placas de los que se encuentran matriculados
ante dicho Organismo y cuyos propietarios tengan como
domicilio el Municipio El Zulia.

Tercero: Análisis del servicio público de transporte,
urbano, suburbano, periférico y veredal. El Municipio
da información respecto al servicio urbano, mas no al
suburbano, periférico y veredal.

Cuarto: Fotocopia del concepto previo de la Oficina
de Planeación Departamental. El concepto a que hace
alusión la Resolución No. 03846 de agosto 11 de 1993, es
el que emitió la Oficina de Planeación Departamental
previo a la creación del Organismo de Tránsito del
Municipio, obsérvese, que la petición solo la elevó el citado
Municipio a la Oficina de Planeación, hasta el día 20 de
febrero de 2009, tiempo después de la creación del
organismo y de la petición ante el Ministerio de Transporte,
si se creyera que dicho concepto previo se refiere al que
debe emitir Planeación Departamental, antes que el
Municipio de El Zulia haga la petición de clasificación ante
el Ministerio de Transporte.

Quinto: Certificado del presupuesto global del
Municipio. Al parecer consta de 42 folios, pero solo
anexan el folio 1 y el 42, en los que indican unos ítems
relacionados con la construcción, pavimentación,
mantenimiento de vías urbanas, así como construcción de

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vías rurales, puentes y hamacas, estudio, diseño de
andenes y mejoramiento de vías rurales.

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones,
este Despacho concluye que el Municipio de El Zulia
no cumple con la totalidad de los requisitos para ser
clasificado en la Categoría A, ni logra desvirtuar los
argumentos expuestos por el apelante. […]”
(Destacado fuera de texto).

No obstante lo anterior, y en gracia de discusión, la Sala evidencia

que el Municipio tampoco cumplió con el puntaje establecido para

que se clasificara en la categoría “C”, al Instituto de Movilidad y

Transporte Municipal de El Zulia (Norte de Santander), en atención

a que acreditó más de los 250 puntos definidos para esa

categorización, según la previsto en el artículo cuarto 41 de la

Resolución núm. 3846 en cita.

Lo anterior, teniendo en cuenta que el Municipio acreditó un

puntaje correspondiente a 255 puntos, así:

i) La población del Municipio era de 20.309 habitantes42, por lo cual

le correspondía un puntaje de 20 puntos43.

41
“[…] ARTICULO CUARTO. Para efectos de clasificar Organismos de Tránsito en categoría A, B o
C según lo establecido en el Decreto 1147 de 1971 se tendrán en cuenta los siguientes puntajes
mínimos: CATEGORIA “A” 350 PUNTOS
CATEGORIA “B” 250 PUNTOS
CATEGORIA “C” MENOS DE 250 PUNTOS. […]” .
42
Según Certificado del DANE sobre índice de población del Municipio, con radicado núm.
20081510088901 de 9 de octubre de 2008 (folio 17 del C.2).
43
El literal a), del artículo tercero de la Resolución núm. 3846 de 1993 prevé:
“[..] a. POBLACIÓN.
Por cada mil (1.000) habitantes un punto, con máximo de 100 puntos para poblaciones
de más de 100.000 habitantes.[…]”.

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ii) El área de influencia del Municipio solo fue probada como

Municipio pequeño y no como influencia del Área Metropolitana de

Cúcuta44, lo cual lo hacía acreedor de 50 puntos45.

iii) El parque automotor del Municipio era de un total de 348

vehículos46, por lo cual le correspondía un puntaje de 10 puntos47.

iv) La sistematización del Municipio era intermedia48, por lo cual le

correspondía un puntaje de 75 puntos49.

v) El presupuesto Municipal anual era de $9.427.713.30850, por lo

cual le correspondía un puntaje de 100 puntos51.

44
Según Aclaración del estudio de factibilidad realizada por el Secretario de Tránsito Departamental
de Norte de Santander a la Coordinadora de Subdirección de Tránsito, mediante radicado núm.
20093210165562 de 16 de marzo de 2009 (folios 323 a 328 del C.5).
45
El literal b), del artículo tercero de la Resolución núm. 3846 de 1993 establece:
“[…] b. - AREA DE INFLUENCIA.
• Ciudades mayores, capitales y áreas metropolitanas 100 puntos
• Ciudades intermedias 75 puntos
• Municipios pequeños 50 puntos […]”.
46
Según Oficio núm. G-9568 de 14 de diciembre de 2011, que certifica el número de vehículos
matriculados y domiciliados en el Municipio (folios 85 a 97 C.1.).
47
El literal c), del artículo 3º de la Resolución núm. 3846 de 1993 señala:
“[…] c. - PARQUE AUTOMOTOR.
Por cada 250 vehículos 10 puntos hasta un máximo de 100 puntos para más de 2.500
vehículos. […]”.
48
Según Acta de Visita, con radicado núm. 20093070046143 de 16 de marzo de 2009 (folios 253 a
256 del C.3.).
49
El literal d), del artículo tercero de la Resolución núm. 3846 de 1993 dispone:
“[…] d.- SISTEMATIZACIÓN.
-Básica 50 Puntos
-Intermedia 75 Puntos
• Compleja 100 Puntos […]”.

50
Según Decreto núm. 68 de 16 de diciembre de 2008, “Por el cual se liquida el Presupuesto General
de Rentas, Recursos de Capital y Gastos del Municipio, para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de
diciembre de 2009”, expedido por el Alcalde del Municipio” (folios 477 a 478 del C.6).
51
El literal e), del artículo tercero de la Resolución núm. 3846 de 1993 establece:
“[…] e. PRESUPUESTO.
Por cada quinientos millones de presupuesto Municipal anual Diez (10) puntos, con un
máximo de cien (100) puntos para presupuesto de más de cinco mii millones de pesos.
[…]”.

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Expuesto lo anterior, la Sala precisa, respecto de la afirmación

realizada por el Municipio mediante recurso de apelación en sede

judicial, cuando adujo que al ser revocada la clasificación en

categoría “A” del Instituto de Movilidad y Transporte del Municipio

debió asignársele en dicho acto administrativo una nueva

clasificación, según el cumplimiento de los requisitos y el puntaje

correspondiente, lo siguiente:

i) Revisadas las normas que regulan el procedimiento

administrativo de clasificación de los organismos de tránsito y

transporte de los municipios no se halla alguna que determine

como obligación la necesidad de clasificar la solicitud de categoría

“A” en otra clasificación, cuando la misma no cumpla los requisitos

señalados por la Resolución núm. 3846 de 1993 para dicha

categorización de las oficinas de tránsito y transporte municipales.

ii) Los procedimientos administrativos son reglados y definidos en

el orden jurídico y, en esa medida, deben acatarse las formas

propias de cada uno de ellos, por lo que mientras allí no se

determine una obligación o una etapa, como la que alegó el

demandante, particularmente, la clasificación en otra categoría del

organismo de tránsito del Municipio, por haber sido revocada su

clasificación en categoría “A”, no puede estimarse esa

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inconformidad como causal de nulidad de la Resolución núm.

3904 de 2010 acusada.

Frente a este asunto, debe advertirse que en sentencia de 26 de

septiembre de 201952, la Sección Primera, al estudiar acerca de la

legalidad de una Resolución, que clasificó a la Secretaría Municipal

de Tránsito y Transporte de Fusagasugá (Cundinamarca) en la

categoría “A”, sostuvo que si revisadas las normas que regulan el

procedimiento de los organismos de tránsito y transporte de los

municipios, no se halla alguna que determine una obligación o una

etapa, que echa de menos el demandante, no puede estimarse

esa inconformidad como causal de nulidad del acto acusado,

teniendo en cuenta que los procedimientos administrativos

son reglados y definidos en el orden jurídico y en esa

medida deben acatarse las formas propias de cada uno de

ellos, en los siguientes términos:

“[…] Revisadas las normas que regulan el
procedimiento administrativo de clasificación de los
organismos de tránsito y transporte de los
municipios no se halla alguna que determine como
obligación la necesidad de notificar a una entidad del
orden departamental la decisión que emite el Ministerio de

52
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 26 de
septiembre de 2019, C.P. Oswaldo Giraldo López, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2003-
00321-01).

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Número único de radicación: 54001-23-31-000-2011-00139-01
Actor: MUNICIPIO DE ZULIA

Transporte sobre la categorización de las Secretarias
Municipales.

En tal sentido, como los procedimientos
administrativos son reglados y definidos en el orden
jurídico y en esa medida deben acatarse las formas
propias de cada uno de ellos, mientras allí no se
contemplen etapas como la que echa de menos el
demandante, no puede estimarse esa inconformidad
como causal de nulidad de la Resolución No. 00404 de
2000, por la sencilla razón de que no es cierto que deba
procederse de la manera en que indique el memorialista.
[…]”. (Destacado fuera de texto).

En este orden de ideas, la Sala considera que si bien el Instituto de

Movilidad y Transporte Municipal de El Zulia tenía derecho a una

categoría, atendiendo al cumplimiento de los requisitos señalados

para ello en la Resolución núm. 3846 de 1993, lo cierto es que el

acto acusado revocó la clasificación otorgada en categoría “A”, en

cuanto el organismo de tránsito del Municipio no cumplió con los

requisitos exigidos para clasificarlo en esa categoría, es decir, se

supeditó a la verificación del cumplimiento de los requisitos

previstos en la Resolución núm. 3846.

No puede perderse de vista que según lo sostenido por la sentencia

de 1o. de febrero de 2001 de la Sección Primera53, la clasificación

de los organismos de tránsito y transporte de los municipios está

supeditada a la verificación del cumplimiento de esos requisitos,

para efectos de ubicar el organismo de tránsito y transporte

53
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 1º de
febrero de 2001, C.P. Gabriel Mendoza Martelo, núm. único de radicación 1999-6016-01 (6016).

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Número único de radicación: 54001-23-31-000-2011-00139-01
Actor: MUNICIPIO DE ZULIA

municipal, que fue previamente creado, en una categoría, de

acuerdo con el puntaje previamente previsto en la Resolución núm.

3846 de 1993, pues se trata de una actividad netamente reglada,

en la cual no hay cabida para la discrecionalidad, ni a etapas u

obligaciones no previstas por el ordenamiento jurídico.54

Y que el Ministerio, como autoridad de tránsito encargada de

autorizar la clasificación en determinada categoría, en este caso se

abstuvo de clasificarlo en la categoría “A”, que fue la única que

solicitó la parte actora, aduciendo solamente causales referidas al

incumplimiento de los requisitos expresamente señalados en la

Resolución núm. 3846 de 1993, sin indicar causales distintas del

cumplimiento de esos requisitos, en consonancia con lo expuesto

en la sentencia de 1o. de febrero de 2001 de la Sección Primera55.

Al efecto, se reitera, que el procedimiento administrativo de

clasificación de los organismos de tránsito y transporte de los

municipios se trata de una actividad netamente reglada, en la cual

deben acatarse las formas propias del mismo y no hay cabida para

54
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 26 de
septiembre de 2019, C.P. Oswaldo Giraldo López, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2003-
00321-01).

55
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 1º de
febrero de 2001, C.P. Gabriel Mendoza Martelo, núm. único de radicación 1999-6016-01 (6016).

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la discrecionalidad o para etapas u obligaciones no previstas por el

ordenamiento jurídico.

De manera, que cuando el Ministerio revocó la clasificación del

Instituto en mención en la categoría “A”, por no cumplir los

requisitos para ser clasificado en la misma, sin clasificarlo en otra

categoría, no puede ser estimada como causal de nulidad de la

Resolución núm. 3904 de 2010 acusada, conforme lo adujo el

fallador de primera instancia.

Por consiguiente, le asistió razón al a quo, cuando sostuvo:

“[…] Desde luego que este otro argumento tampoco
constituye una causal de anulación del acto
demandado, pues es claro que la violación del debido
proceso administrativo implica que se pruebe por el
interesado la vulneración de etapa o de un procedimiento
previsto en el ordenamiento legal para la toma de una
decisión administrativa.

La parte accionante no demuestra que en el
ordenamiento vigente existe en una norma concreta
que establezca que en el evento en que un Municipio
no reúna requisitos para ser clasificado en categoría
A, deba ser clasificado en otra categoría.

Es totalmente claro que el Alcalde de la época solicitó
al Ministerio de Transporte la clasificación del
Instituto de Tránsito en la categoría A, por la cual la
decisión administrativa no podía ser otra que la de
conceder dicha clasificación o negarla, si no se
reunían los requisitos de ley.

Es evidente que el Instituto de Tránsito del Municipio
demandante tiene derecho a estar clasificado en una
categoría, empero, ello no implica per se que deba ser

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Actor: MUNICIPIO DE ZULIA

automáticamente en la categoría A, pues la ubicación en
cada categoría depende del cumplimiento de los
requisitos previstos por el Ministerio de Transporte
para cada categoría. […]” (Destacado fuera de texto).

En consecuencia, este cargo no tiene vocación de prosperidad.

Ahora, frente al argumento del apelante de que el Ministerio

desconoció el principio de autonomía, a través del acto acusado, en

cuanto no tuvo en cuenta los preceptos y parámetros que fijó la

Resolución núm. 3846 de 1993, la referida sentencia de 1o. de

febrero de 2001, al igual que la sentencia C-1051 de 2001, la Sala

considera que tampoco le asiste razón, por los siguientes motivos:

En primer lugar, cabe señalar que el principio de autonomía

territorial permite a las entidades territoriales gestionar sus

intereses, pero siempre dentro de los límites que establecen la

Constitución Política y la Ley.

Sobre este principio, en sentencia de 24 de octubre de 201956, la

Sección Primera señaló lo siguiente:

56
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 24 de
octubre de 2019, C.P. Oswaldo Giraldo López, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2013-
00067-00.

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“[…] De conformidad con lo anterior, es dable concluir que
el núcleo esencial de la autonomía territorial está
conformado por aquel reducto mínimo, indisponible
por parte del legislador, que consiste en la facultad
de las entidades territoriales de gestionar sus
propios intereses, el cual se delimita mediante las
potestades previstas en el artículo 287 de la
Constitución Política; esto es: (i) gobernarse por sus
propias autoridades; (ii) ejercer las competencias que les
corresponden; (iii) establecer los tributos necesarios para
el cumplimiento de sus funciones; y (iv) administrar sus
recursos y participar de las rentas nacionales. […]”
(Subrayado de la providencia)

En consecuencia, aunque las entidades territoriales
gozan de autonomía para la gestión de sus intereses,
ello debe hacerse dentro de los límites de la
Constitución y la ley.
[…]

Corolario de lo expuesto, la Sala no advierte que el aparte
normativo demandado constituya una limitación a ninguno
de los elementos de la autonomía territorial o a la
descentralización, puesto que en un Estado social de
derecho no existen poderes y autonomías absolutas y
la Carta Política y el legislador han fijado limitaciones
recíprocas a través de la asignación de funciones en cada
uno de los niveles […]” (Destacado fuera de texto).

En el caso bajo examen, la Sala estima, conforme lo indicó el

fallador de primera instancia, que la autonomía de que gozan las

entidades territoriales no puede implicar que esas entidades

puedan actuar en contravía de los postulados y fines del Estado

unitario que nos rige ni en contra de la Ley, razón por la cual no

hay vulneración al citado artículo 287 de la Constitución Política ni

desconocimiento del principio de la autonomía territorial, con la

decisión del Ministerio de revocar la decisión de clasificación en la

categoría “A”, por cuanto se probó que el Municipio de El Zulia no

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cumplió con la totalidad de los requisitos establecidos en la

Resolución núm. 3846 de 1993 para ser clasificado en dicha

categoría.

Al respecto, debe aclararse, como se puso de presente

anteriormente, que la Resolución acusada sí tuvo en cuenta los

preceptos y parámetros que fijó la Resolución núm. 3846 de 1993

para tomar la decisión indicada en ella, pues así lo expresó en su

parte considerativa cuando señaló que confrontó los requisitos

exigidos en la Resolución núm. 3846 de 1993 con los documentos

aportados por el Municipio y que luego del análisis respectivo a

cada uno de ellos, concluía que el Municipio no cumplía con los

requisitos para ser clasificado en la categoría “A”, así:

“[…] CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

[…]

Frente a los anteriores requisitos exigidos por la
Resolución Núm. 03846 de agosto 11 de 1993, los
cuales fueron confrontados con los aportados por el
Municipio y, hecho el análisis respectivo a cada uno de
ellos, este Despacho considera:
[…]

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones,
este Despacho concluye que el Municipio de El Zulia
no cumple con la totalidad de los requisitos para ser
clasificado en la Categoría A, ni logra desvirtuar los
argumentos expuestos por el apelante.

En mérito de lo expuesto, este Despacho,

RESUELVE

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Actor: MUNICIPIO DE ZULIA

ARTÍCULO PRIMERO: Decidir el recurso de apelación
interpuesto por la Apoderada Especial de la Gobernación
del Departamento Norte de Santander, contra la Resolución
No. 001531 del 23 de abril de 2009, expedida por la
Subdirección de Tránsito, en el sentido de revocarla en
todas sus partes, por las razones de hecho y de derecho
expuestas en la parte motiva del presente acto
administrativo. […]” (Destacado fuera de texto).

En segundo lugar, debe ponerse de presente que la sentencia C-

1051 de 200157 de la Corte Constitucional, que declaró inexequible

la expresión “favorable” contenida en el artículo 12 de la Ley 53, se

refirió a la creación del organismo de tránsito y a la necesidad

de que en dicho trámite se cuente con la opinión previa de la

oficina departamental de planeación, pero dicha sentencia no

hizo referencia al acto administrativo de clasificación.

En efecto, la Corte Constitucional en la precitada sentencia

sostuvo:

“[…] El acto administrativo mediante el cual se crea
un organismo de tránsito municipal, debe pues
contar con la opinión previa de la oficina
departamental de planeación, pues esto constituye un
requisito para su validez. […]

De esto se deriva, como consecuencia inmediata de la
falta del concepto previo de las oficinas
departamentales de planeación, la nulidad del acto
administrativo que crea el organismo de tránsito, por
ser dicho concepto un requisito indispensable en su
formación [...]

57
Sentencia C-1051 de 4 de octubre de 2001, M.P. Jaime Araujo Rentería.

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55

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Actor: MUNICIPIO DE ZULIA

También puede ocurrir que la ley imponga a las autoridades
la obligación de oír previamente al órgano de consulta pero
sin que la opinión de éste obligue a la autoridad. [...] Las
oficinas departamentales de planeación tienen pues, en
este caso, el carácter de órganos consultivos para la
creación de organismos del tránsito municipal.

Ahora, la Corte observa que le asiste razón al demandante,
en cuanto a la exigencia de que el concepto previo a cargo
de las oficinas departamentales de planeación sea
favorable, pues esto restringe de manera injustificada la
facultad de los municipios para organizarse
administrativamente según sus propios intereses y
necesidades. En otras palabras, la vulneración a los
cánones constitucionales se da sólo respecto de lo
favorable, pues nada impide que el legislador imponga la
obligación a cargo de tales oficinas, de emitir un concepto
previo con el fin de brindarle al Concejo municipal mayores
elementos de juicio para decidir sobre la creación de tal
entidad de tránsito.
[...]

En este orden de ideas, la exigencia de contar con un
concepto previo de las oficinas departamentales de
planeación es razonable y ajustada a la Carta,
siempre y cuando la conclusión a la que se haya
llegado en él no sea vinculante para el Concejo
municipal. De esta forma, se respeta la autonomía de
la entidad territorial para decidir sobre su estructura
administrativa, pero imponiéndole el deber de
resolver con base en una serie argumentos que le
den sustento a su decisión.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, se
declarará la constitucionalidad del artículo 12 de la ley 53
de 1989, salvo la palabra favorable, la cual es contraria al
Ordenamiento Superior y, por tanto, será declarada
inexequible. […]” (Destacado fuera de texto).

Al respecto, se observa que, en la sentencia de 22 de mayo de

200858, esta Sección puntualizó que la sentencia C-1051 de 2001

de la Corte Constitucional se refirió a la creación del organismo

58
Ver sentencia de 22 de mayo de 2008 (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, núm. único de radicación 11001-03-24-000-
2002-00403-01).

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56

Número único de radicación: 54001-23-31-000-2011-00139-01
Actor: MUNICIPIO DE ZULIA

de tránsito y a la necesidad de que en dicho trámite se cuente con

la opinión previa de la oficina departamental de planeación, pero

que dicha sentencia no hizo referencia al acto administrativo

de clasificación.

Así las cosas, al no referirse la sentencia C-1051 de 2001 al acto

administrativo de clasificación de los organismos de tránsito y

transporte, como lo es el acto demandado, sino a la creación de

esos organismos, no era aplicable dicha sentencia de la Corte

Constitucional a la Resolución acusada.

No obstante lo anterior, cabe señalar que en la sentencia de 30 de

septiembre de 2010 59 , la Sección Primera, al referirse a dicho

requisito previo para la creación de los organismos de tránsito

y transporte, precisó que la exigencia de contar con un concepto

de las oficinas departamentales de planeación, antes de tomar la

decisión de crear un organismo de tránsito, se ajusta plenamente

a lo establecido en el artículo 28760 de la Constitución Política, ya

que la decisión final permanece en cabeza de la corporación

59
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 30 de
septiembre de 2010, C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, núm. único de radicación 25000-23-24-
000-2003-00178-01.
60
El artículo 287 de la Constitución Política de Colombia establece que las entidades territoriales
gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, dentro de los límites de la Constitución y la
ley. En tal virtud tendrán los siguientes derechos: a gobernarse por autoridades propias; ejercer las
competencias que les correspondan; administrar los recursos y establecer los tributos necesarios
para el cumplimiento de sus funciones; y a participar en las rentas nacionales.

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57

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Actor: MUNICIPIO DE ZULIA

administrativa municipal, independientemente de la favorabilidad o

no del concepto previo.

Así, lo expresó:

“[…] Al respecto de la exequibilidad dice la Corte en la
citada sentencia que “la exigencia de contar con un
concepto de las oficinas departamentales de planeación,
antes de tomar la decisión de crear un organismo de
tránsito, constituye una limitación de orden legal al
ejercicio de la autonomía territorial, que se ajusta
plenamente a lo establecido en el artículo 287 de la
Constitución, ya que la decisión final permanece en
cabeza de la corporación administrativa municipal,
independientemente de la favorabilidad o no del
concepto previo. […]”.

Adicionalmente, cabe mencionar que la citada sentencia de 1o. de

febrero de 200161 de la Sección Primera, sostuvo que la voluntad

de la Administración no es que un organismo diferente de la propia

entidad territorial interfiera en su facultad de creación, pues ello sí

atentaría contra el principio de la autonomía, en los siguientes

términos:

“[…] Es preciso resaltar que el artículo 12 de la Ley 53
de 1989 prevé el concepto previo de la autoridad de
Planeación Departamental para la creación de los
organismos de tránsito municipal.
[…]

De tal manera que la voluntad de la Administración no
es que un organismo diferente de la propia entidad
territorial interfiera en su facultad de creación, lo que
sí atentaría contra el principio de la autonomía, pues
dicha atribución de crear a iniciativa del Alcalde

61
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 1º de
febrero de 2001, C.P. Gabriel Mendoza Martelo, núm. único de radicación 1999-6016-01 (6016).

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Número único de radicación: 54001-23-31-000-2011-00139-01
Actor: MUNICIPIO DE ZULIA

establecimientos públicos o empresas industriales o
comerciales o autorizar la constitución de sociedades
de economía mixta, que constituye una de las
expresiones del mencionado principio, no está
condicionada por la Carta Política (artículo 313, num.
6) a la voluntad de otros organismos diferentes de
los Concejos.[…]” (Destacado fuera de texto).

Por consiguiente, este cargo tampoco tiene vocación de

prosperidad.

En lo concerniente al argumento de que se desconoció que el acto

acusado no se pronunció de fondo, no tuvo una debida motivación

(falta y falsa motivación) y basó su motivación en una actividad

discrecional, la Sala debe advertir que al Juez de cada instancia le

está vedado pronunciarse sobre cuestiones o asuntos de fondo que

no fueron objeto del debate procesal, toda vez que su competencia

está circunscrita al ámbito del proceso, de suerte que en la segunda

instancia no le es dable atender nuevos motivos de impugnación

diferentes de aquellos alegados en la demanda y con base en los

cuales la parte demandada realizó la defensa.

En efecto, la oportunidad procesal procedente para plantear o

indicar el objeto del litigio en un proceso nulidad y

restablecimiento, es en la demanda.

Por tanto, la Sala no puede hacer pronunciamiento de fondo alguno

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Número único de radicación: 54001-23-31-000-2011-00139-01
Actor: MUNICIPIO DE ZULIA

sobre la falta de motivación e indebida motivación, habida cuenta

que ello solo se invocó como argumento de defensa en el recurso

de apelación. Proceder de manera contraria rompería el equilibrio

procesal y la igualdad de las partes, pues la parte demandada no

tendría la posibilidad de controvertir y desvirtuar el nuevo

argumento, en tanto no fue planteado en la demanda, criterio este

sostenido por la Sección en reiterados pronunciamientos, entre

ellos, en las sentencias de 2 de marzo de 201762, de 31 de mayo

de 201863 y de 8 de octubre de 202064.

En conclusión, la Sala CONFIRMARÁ la sentencia de primera

instancia, en el sentido de negar las pretensiones de la demanda,

toda vez que ninguno de los cargos planteados por la parte

demandante en el recurso de apelación tiene la entidad necesaria

para desvirtuar la presunción de legalidad que ampara al acto

administrativo acusado.

Por último, en cuanto a la condena en costas, la Sala considera que

de conformidad con el artículo 171 del CCA, en concordancia con

62
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 2 de
marzo de 2017, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación
23001233300420160014301.
63
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de
mayo de 2018, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 25000-23-40-000-2008-
00074-02.
64
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 8 de
octubre de 2020, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 85001-23-33-000-
2017-00135-01.

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60

Número único de radicación: 54001-23-31-000-2011-00139-01
Actor: MUNICIPIO DE ZULIA

los artículos 365 y 366 del CGP, aplicables al caso por la remisión

del artículo 168 del CCA, y atendiendo la conducta asumida por las

partes, no se evidenció temeridad ni mala fe en la actuación

procesal, por lo que se abstendrá de condenar en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 27 de junio de 2014,

proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, por

las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: No condenar en costas, por las razones expuestas en

la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen una

vez ejecutoriada ésta providencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 4 de septiembre de 2025.

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Actor: MUNICIPIO DE ZULIA

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Presidenta

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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