Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 54001-23-31-000-2011-00196-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 54001-23-31-000-2011-00196-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 54001-23-31-000-2011-00196-01
Consejero ponente: Martin Gonzalo Bermudez Muñoz
31 de mayo de 2024
Radicado: 54001-23-31-000-2011-00196-01 (57773)
Demandantes: Álvaro Iván Araque Chiquillo y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Bogotá D.C., treinta y uno (31) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Reparación directa
Radicación: 54001-23-31-000-2011-00196-01 (57773)
Demandantes: Álvaro Iván Araque Chiquillo y otros
Demandada: Nación – Rama Judicial
Tema: Error judicial. Se revoca el fallo que negó las pretensiones de la
demanda y, en su lugar, se declara probada de oficio la excepción
de caducidad de la acción.
SENTENCIA
Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, la Sala
resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia dictada el 13 de octubre de 2015 por el Tribunal Administrativo de Norte
de Santander, en la que negó las pretensiones de la demanda.
La Sala es competente para proferir esta providencia por tratarse de un recurso
de apelación interpuesto en vigencia de la Ley 270 de 1996 contra una sentencia
proferida en primera instancia por un tribunal, dentro de un proceso de reparación
directa por hechos de la administración de justicia.
El recurso de apelación se admitió mediante auto del 1º de septiembre de 2016.
En auto del 6 de octubre de 2016 se corrió traslado para alegar de conclusión. La
parte demandante presentó alegatos. La Rama Judicial guardó silencio. El
Ministerio Público no rindió concepto.
I. ANTECEDENTES
A. Posición de la parte demandante
1.- La demanda que dio origen al proceso fue interpuesta el 13 de mayo de 2011
por Álvaro Iván Araque Chiquillo y otros 128 demandantes. Se dirigió contra la
Rama Judicial para obtener la reparación del daño ocasionado por los errores
judiciales en los que incurrió el Tribunal Superior de Cúcuta – Sala Laboral en el
curso del proceso ejecutivo laboral tramitado bajo el radicado 254/05.
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Demandantes: Álvaro Iván Araque Chiquillo y otros
2.- En la demanda se formularon las siguientes pretensiones:
<<(…) 1.- Que la NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, es administrativamente responsable por los
perjuicios causados a mis poderdantes, por el ERROR JUDICIAL en el que
incurrió la SALA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
CÚCUTA, cometido por la SALA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE CÚCUTA, mediante autos de fecha 11 de noviembre de 2008,
que decretó la nulidad de toda la actuación judicial adelantada dentro del proceso
Ejecutivo Laboral No. 254/05 que adelantaba el Juzgado Cuarto Laboral del
Circuito de Cúcuta; 10 de diciembre de 2008, que negó recurso de reposición e
incidente de nulidad interpuestos contra el auto proferido el 11 de noviembre de
2008; del 21 de enero de 2009, que negó una nueva nulidad presentada en contra
del auto del 11 de noviembre de 2008; y del 30 de enero de 2009, que negó una
solicitud de aclaración presentada en contra del auto atrás mencionado.
Providencias, que constituyen una verdadera falla en el servicio de administrar
justicia, por cuanto, éstas son manifiestamente contrarias a la ley, por cuanto
desconocen de manera inexcusable, el principio de cosa juzgada, el principio de
seguridad jurídica, el principio de la preclusión de las instancias procesales y de
la non reformatio in pejus, así como instituciones procesales de defensa tales
como la prejudicialidad, la acción de revisión, la acción de lesividad, la excepción
de inconstitucionalidad, conforme se expondrá y demostrará en el curso del
presente escrito.
2.- Que como consecuencia de lo anterior la NACIÓN – RAMA JUDICIAL –
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, debe pagar:
2.1.- El valor de los perjuicios morales subjetivados por todos y cada uno de mis
poderdantes, con motivo del error judicial en el que incurrió la SALA DE
DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CÚCUTA, los cuales
equivalen a CIEN (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Los CIEN (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes solicitados para
cada uno de mis mandantes, equivalen para la fecha de presentación de esta
demanda a la suma de SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES
DE PESOS MCTE. ($6.592.000.000,00), teniendo en cuenta que el salario
mínimo legal mensual vigente para el año 2010 es de QUINIENTOS QUINCE MIL
PESOS M/CTE. ($515.000,00).
2.2.- Que, también como consecuencias de las declaraciones anteriores, la
NACIÓN – RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
JUDICIAL, pagará a los perjudicados, por concepto de lucro cesante, la suma de
SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS
SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE.
($7.871.578.845,00) tal como se discrimina de manera detallada en el acápite de
"ESTIMACIÓN RAZONADA DE LA CUANTÍA". O la cifra que resulte
debidamente probada en autos, o en incidente de liquidación, en los términos del
Código de Procedimiento Civil, articulo 308, trabajo en el que se tendrán en
cuenta el interés legal y el de mora, y la correspondiente indexación, desde la
fecha en que se produjo el daño hasta cuando el pago se haga efectivo.
2.3.- Que, también como consecuencias de las declaraciones anteriores, la
NACIÓN – RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
JUDICIAL, pagará a los perjudicados, por concepto de daño emergente, la suma
de MIL OCHOCIENTOS QUINCE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS
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Demandantes: Álvaro Iván Araque Chiquillo y otros
M/CTE. ($1.815.200.000,00), tal como se discrimina en la sección "ESTIMACIÓN
RAZONADA DE LA CUANTİA", los perjuicios sufridos por este concepto por parte
del doctor ÁLVARO IVÁN ARAQUE CHIQUILLO, con ocasión del error judicial en
el que incurrió la SALA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR
DE CÚCUTA al declarar la nulidad del proceso ejecutivo laboral que se
desarrollaba ante la señora Juez Cuarta Laboral del Circuito de Cúcuta, bajo el
radicado No. 254 de 2005 o la cifra que resulte debidamente probada en autos,
si fuere mayor, o en incidente de liquidación, en los términos del Código de
Procedimiento Civil, artículo 308, trabajo en el que se tendrán en cuenta el interés
legal y el de mora, y la correspondiente indexación, desde la fecha en que se
produjo el daño hasta cuando el pago se haga efectivo.
2.4.- Que, también como consecuencias de las declaraciones anteriores, la
NACIÓN – RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
JUDICIAL, pagará al doctor ÁLVARO IVÁN ARAQUE CHIQUILLO, por concepto
de afectación al good will, la suma de QUINIENTOS MILLONES DE PESOS
M/CTE. ($500.000.000) tal como se discrimina en la sección "ESTIMACIÓN
RAZONADA DE LA CUANTIA", los perjuicios sufridos por este concepto por parte
del suscrito con ocasión en del error judicial en el que incurrió la SALA DE
DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CÚCUTA al declarar la
nulidad del proceso ejecutivo laboral que se desarrollaba ante la señora Juez
Cuarta Laboral del Circuito de Cúcuta, bajo el radicado No. 254 de 2005 o la cifra
que resulte debidamente probada en autos, si fuere mayor, o en incidente de
liquidación, en los términos del Código de Procedimiento Civil, articulo 308,
trabajo en el que se tendrán en cuenta el interés legal y el de mora, y la
correspondiente indexación, desde la fecha en que se produjo el daño hasta
cuando el pago se haga efectivo.
2.5.- Que, en virtud de esta solicitud la NACIÓN – RAMA JUDICIAL –
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, debe pagar los
intereses moratorios, desde la fecha en que el acuerdo conciliatorio quede en
firme hasta la fecha efectiva de pago, como lo dispone el artículo 177 del CCA.
2.6.- Que el valor de las condenas aquí señaladas, se actualice al ejecutoriarse
la conciliación, con base en el índice de precios al consumidor (IPC), según
certifique el Departamento Nacional de Estadística, DANE, para compensar la
pérdida del valor adquisitivo de la moneda (CCA, artículo 178).
2.7- Que a la sentencia que de mérito favorable a las pretensiones contenidas en
la presente demanda se le dé cumplimiento en los términos del artículo 176 del
CCA.
2.8.- En caso de que dentro del proceso no quedare establecido el valor de los
perjuicios, se ordenara el trámite incidental autorizado en los artículos 172 y 178
del CCA, respectivamente y del artículo 137 del CPC. (…)>>
3.- Las pretensiones se fundaron en las siguientes afirmaciones:
3.1.- El demandante Álvaro Iván Araque Chiquillo, en calidad de apoderado de
los otros 128 demandantes, solicitó al Municipio de Cúcuta el reajuste de sus
pensiones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley 6ª de
1992 y el Decreto Reglamentario 2108 de 1992. Sin embargo, la administración
municipal negó el reajuste. Por lo anterior, los demandantes instauraron siete
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Demandantes: Álvaro Iván Araque Chiquillo y otros
demandas laborales contra el Municipio de Cúcuta. En tres de los siete procesos,
los demandantes obtuvieron sentencias favorables a sus intereses. En
consecuencia, el Municipio de Cúcuta buscó realizar un acuerdo de pago con los
demandantes para facilitar el cumplimiento de las sentencias y obtener la
terminación anticipada de los cuatro procesos laborales restantes. El 23 de
febrero de 2005 el Municipio de Cúcuta y los 129 demandantes celebraron un
<<acta de conciliación>> en la que acordaron <<una rebaja sustancial de la
deuda, el otorgamiento de un plazo de un año para cancelar en cuotas la deuda,
el compromiso de no embargar cuentas al Municipio de Cúcuta y la terminación
inmediata de los procesos en trámite>>.
3.2.- El Municipio de Cúcuta incumplió el acuerdo. Por esta razón, los
demandantes iniciaron un proceso ejecutivo contra esa entidad, que se tramitó
con el radicado 254/05 y en el cual se destacan las siguientes actuaciones
relevantes:
a.- El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Cúcuta profirió sentencia ordenando
continuar adelante con la ejecución, decisión que fue confirmada en segunda
instancia por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cúcuta.
b.- En auto del 17 de octubre de 2007, el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito
de Cúcuta ordenó la práctica de las medidas cautelares solicitadas por los
ejecutantes.
c.- En auto del 26 de noviembre de 2007 el juzgado declaró la nulidad parcial
del embargo decretado en el auto anterior. Los ejecutantes apelaron esa
decisión.
d.- En auto del 11 de noviembre de 2008 la Sala Laboral del Tribunal Superior
de Cúcuta, de oficio, declaró la nulidad de todo lo actuado en el trámite del
proceso ejecutivo y, en su lugar, negó el mandamiento de pago <<por considerar
que la Ley 6° de 1992, no aplica[ba] para el territorio donde se desarrolla el caso
en ejecución, por lo que el título base de ejecución es un acto viciado de nulidad
absoluta, en atención a su objeto ilícito>>. El tribunal indicó que la Ley 6ª de 1992
y su reglamentación no eran aplicables a los servidores públicos de las entidades
territoriales. Así mismo, ordenó la compulsa de copias del expediente para que
la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría y el Consejo Superior de la Judicatura
adelantaran las investigaciones correspondientes. Los ejecutantes interpusieron
recurso de reposición contra esta decisión y, adicionalmente, formularon un
incidente de nulidad.
e.- En auto del 10 de diciembre de 2008 la Sala Laboral del Tribunal Superior
de Cúcuta negó el recurso de reposición y el incidente de nulidad presentados
por los ejecutantes.
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Demandantes: Álvaro Iván Araque Chiquillo y otros
f.- Luego de esta decisión, los ejecutantes formularon un nuevo incidente de
nulidad el cual fue rechazado de plano en auto del 21 de enero de 2009 por la
Sala Laboral del Tribunal Superior de Cúcuta. Los ejecutantes solicitaron la
aclaración de esta providencia y, adicionalmente, interpusieron recurso de
reposición.
g.- En auto del 30 de enero de 2009 la Sala Laboral del Tribunal Superior de
Cúcuta negó la aclaración de la providencia y el recurso de reposición.
4.- Según la parte actora, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cúcuta incurrió
en error judicial al proferir los autos del 11 de noviembre de 2008, 10 de
diciembre de 2008, 21 de enero de 2009 y 30 de enero de 2009 porque:
a.- Al declarar de manera oficiosa la nulidad de todas las actuaciones realizadas
en el trámite del proceso ejecutivo, el tribunal desconoció <<de manera
inexcusable>> los principios de cosa juzgada, seguridad jurídica, preclusión de
las instancias procesales, non reformatio in pejus, así como <<instituciones
procesales de defensa tales como la prejudicialidad, la acción de revisión, la
acción de lesividad y la excepción de constitucionalidad>> porque la sentencia
que ordenó continuar adelante con la ejecución había adquirido firmeza y, por lo
tanto, hizo tránsito a cosa juzgada. En consecuencia, no podía ser anulada de
oficio por el tribunal.
b.- La competencia del tribunal, al dictar el auto del 11 de noviembre de 2008,
estaba limitada a resolver el recurso de apelación que los ejecutantes
interpusieron contra el auto del 26 de noviembre de 2007 que había revocado las
medidas cautelares decretadas en el trámite del proceso ejecutivo. En
consecuencia, en ese auto el tribunal no podía declarar de oficio la nulidad de las
actuaciones surtidas en ese proceso.
c.- No era cierto que el título ejecutivo base de la ejecución estuviera viciado de
nulidad absoluta por tener objeto ilícito. Si bien la jurisprudencia de la Corte
Suprema de Justicia señalaba que la Ley 6ª de 1992 solo era aplicable a
servidores públicos del orden nacional, la jurisprudencia del Consejo de Estado
había inaplicado esa limitación. En consecuencia, el tribunal violó el derecho de
los ejecutantes a obtener el reajuste pensional al revocar la sentencia que ordenó
continuar la ejecución.
B. Posición de las entidades demandadas
5.- La Rama Judicial se opuso a las pretensiones de la demanda. En su
contestación señaló que: (i) se configuró la culpa exclusiva de la víctima porque
los demandantes no apelaron el auto del 11 de noviembre de 2008 que declaró
la nulidad de todo lo actuado en el trámite del proceso ejecutivo y (ii) no se
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Radicado: 54001-23-31-000-2011-00196-01 (57773)
Demandantes: Álvaro Iván Araque Chiquillo y otros
demostró el error judicial porque las decisiones dictadas por la Sala Laboral del
Tribunal Superior de Cúcuta fueron adecuadas.
C. Sentencia recurrida
6.- En la sentencia del 13 de octubre de 2015 el Tribunal Administrativo de Norte
de Santander negó las pretensiones de la demanda porque no encontró probado
el error judicial y consideró lo siguiente:
6.1.- La Sala Laboral del Tribunal Superior de Cúcuta acertó al declarar la nulidad
de todo lo actuado en el proceso ejecutivo porque el acuerdo celebrado entre el
Municipio de Cúcuta y los demandantes estaba viciado de nulidad por los
siguientes motivos: (i) los demandantes no tenían derecho al reajuste pensional
porque la Ley 6ª de 1992 solo era aplicable a los pensionados del orden nacional
y no a los pensionados del orden territorial; (ii) el acuerdo no se hizo con
audiencia del Ministerio Público, de una autoridad administrativa o judicial; (iii) el
apoderado que representó a los demandantes no demostró tal calidad porque no
allegó los respectivos poderes; (iv) en el acuerdo no se relacionaron los nombres
ni la identificación de los beneficiarios del acuerdo; (v) en el acuerdo se pactó el
pago de una suma de dinero sin que existieran elementos de juicio que la
justificaran; (vi) el acuerdo contenía un plan de pagos según el cual el municipio
se comprometía a pagar a favor de los demandantes la suma de
$7.985.856.757,84 en cuatro cuotas. Sin embargo, en el acuerdo ni siquiera se
determinó el monto que correspondía a cada uno de los demandantes ni el
período de causación del derecho objeto de la conciliación.
6.2.- La Corte Constitucional, al estudiar la acción de tutela interpuesta por
algunos de los demandantes contra las mismas providencias ahora acusadas en
el sub judice de incurrir en error judicial, concluyó en la sentencia T-464 de 2013
que estas se encontraban ajustadas a derecho. En ese sentido, indicó que la Sala
Laboral del Tribunal Superior de Cúcuta respetó el debido proceso de los
demandantes y obró en protección del patrimonio público porque: (i) en virtud del
artículo 174 del Código Civil, el tribunal podía declarar de oficio la nulidad
absoluta del acuerdo celebrado entre el Municipio de Cúcuta y los demandantes;
y (ii) se probó el objeto ilícito del acuerdo por las distintas irregularidades
advertidas por el tribunal.
6.3.- Adicionalmente, el tribunal destacó que el acuerdo, a pesar de que se
denominó <<conciliación>>, realmente correspondía a un contrato de
transacción. Sin embargo, el municipio celebró el acuerdo sin cumplir la
normatividad presupuestal y de planeación, pues no contaba con un certificado
de disponibilidad presupuestal para celebrar la transacción ni autorización para
comprometer vigencias futuras.
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Demandantes: Álvaro Iván Araque Chiquillo y otros
D. Recurso de apelación
7.- La parte demandante solicita que se revoque integralmente la decisión y, en
su lugar, se concedan las pretensiones de la demanda. Su inconformidad se
centra en insistir en que la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cúcuta incurrió
en error judicial al declarar la nulidad de todo lo actuado en el trámite del proceso
ejecutivo No. 254/05 porque:
7.1.- No es cierto que el acuerdo celebrado entre el Municipio de Cúcuta y los
demandantes tuviera objeto ilícito debido a que el Consejo de Estado y otros
tribunales habían inaplicado la limitación según la cual el reajuste pensional
previsto en la Ley 6ª de 1992 solamente era aplicable a funcionarios del orden
nacional.
7.2.- No es cierto que el acuerdo contuviera un plan de pagos en el que no se
identificaban sus beneficiarios ni la cuota parte correspondiente a cada uno de
ellos. En ese sentido, destaca que en el proceso ejecutivo laboral se designó un
perito que realizó las liquidaciones individuales correspondientes a cada uno de
los beneficiarios.
7.3.- No es cierto que el acuerdo no fue revisado por ningún funcionario judicial.
Por el contrario, afirma que el acuerdo fue presentado por los demandantes en
los procesos laborales que iniciaron contra el Municipio de Cúcuta para obtener
el reajuste pensional y que este sirvió como base para ordenar la terminación
anticipada de esos procesos.
7.4.- Como se expuso en la demanda, la Sala Laboral del Tribunal Superior de
Cúcuta incurrió en error judicial porque violó los principios de <<limitación>>,
cosa juzgada e inmutabilidad de las sentencias al declarar la nulidad de la
sentencia que ordenó continuar la ejecución porque: (i) el tribunal no tenía
competencia para revocar esa decisión, pues su competencia estaba limitada a
resolver el recurso de apelación que los ejecutantes interpusieron contra el auto
que revocó las medidas cautelares dictadas en el trámite del proceso ejecutivo
laboral y (ii) la sentencia había hecho tránsito a cosa juzgada, razón por la cual
era irrevocable.
II. CONSIDERACIONES
E. La demanda se presentó por fuera del término de caducidad
8.- La Sala revocará el fallo que negó las pretensiones de la demanda y, en su
lugar, declarará probada de oficio la excepción de caducidad de la acción con
base en los siguientes motivos:
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Demandantes: Álvaro Iván Araque Chiquillo y otros
8.1.- Tanto en la demanda como en la apelación, la parte actora afirma que la
Sala Laboral del Tribunal Superior de Cúcuta incurrió en error judicial al declarar
la nulidad de la sentencia que ordenó continuar la ejecución en el trámite del
proceso ejecutivo laboral 254/05. En consecuencia, el término de caducidad se
debe computar a partir del momento en el cual quedó ejecutoriada esa decisión.
8.2.- Si bien en la demanda se afirma que la Sala Laboral del Tribunal Superior
de Cúcuta también incurrió en error judicial en el auto del 21 de enero de 2009,
en el que rechazó el segundo incidente de nulidad formulado por los ejecutantes,
y en el auto del 30 de enero de 2009, en el que rechazó el recurso de reposición
que interpuso contra la anterior providencia, lo cierto es que la parte actora no
formuló ningún reparo contra esas providencias, ni explicó el error en el que
incurrió el tribunal al proferirlas. Adicionalmente, la Sala estima que la fuente del
daño cuya reparación solicitan los demandantes es únicamente el auto del 10 de
diciembre de 2008, puesto que fue a partir de esta providencia que quedó en
firme la decisión de declarar la nulidad de la sentencia que ordenó continuar la
ejecución en el trámite del proceso ejecutivo laboral 254/05.
8.3.- Para determinar en qué momento quedó ejecutoriada la decisión que
declaró la nulidad de todo lo actuado en el proceso ejecutivo, se debe tener en
cuenta que: (i) la Sala Laboral del Tribunal Superior tomó esa decisión en el auto
11 de noviembre de 2008, el cual fue recurrido por los ejecutantes, quienes
simultáneamente formularon un incidente de nulidad; (ii) en el auto del 10 de
diciembre de 2008, el tribunal negó el recurso y el incidente de nulidad propuesto
por los ejecutantes, y confirmó la decisión de declarar la nulidad de todo lo
actuado en el trámite del proceso ejecutivo laboral; (iii) en el expediente obra la
siguiente constancia suscrita por el secretario del Juzgado Cuarto Laboral del
Circuito de Cúcuta, la cual fue anexada con las copias del proceso ejecutivo
2005-00254: <<Las providencias proferidas dentro de dicho proceso incluyendo
las proferidas el 11 de noviembre de 2008 y la del 29 de enero de 2009, se
encuentran debidamente ejecutoriadas desde el 19 de febrero de 2009>>. Sin
embargo, en esa constancia no se precisó con exactitud en qué fecha quedó
ejecutoriada cada una de las providencias dictadas en ese proceso y, por el
contrario, de forma equivocada se señaló que todas las providencias proferidas
en ese proceso quedaron ejecutoriadas en una misma fecha, lo cual desconoce
las reglas procesales; (iv) el auto del 10 de diciembre de 2008 se notificó por
estado fijado el 12 de diciembre de 2008 y, por lo tanto, quedó ejecutoriado el
17 de diciembre de 2008.
8.4.- En consecuencia, de conformidad con el artículo 136 del CCA, el término de
caducidad para presentar la demanda de reparación directa se extendió hasta el
18 de diciembre de 2010. Sin embargo, la parte actora presentó la solicitud de
conciliación el 10 de diciembre de 2010; esta se declaró fallida el 9 de marzo
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Demandantes: Álvaro Iván Araque Chiquillo y otros
de 2011; y la demanda se presentó el 13 de mayo de 2011, cuando la acción ya
estaba caducada.
F. Costas
9.- En vista de que no se observa en este caso temeridad o mala fe en el actuar
de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con
lo previsto en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado
por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: REVÓCASE la sentencia dictada el 13 de octubre de 2015 por el
Tribunal Administrativo de Norte de Santander en la que negó las pretensiones
de la demanda.
SEGUNDO: DECLÁRASE PROBADA DE OFICIO la excepción de caducidad de
la acción.
TERCERO: SIN CONDENA en costas.
CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVUÉLVASE el
expediente a su tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente
Con firma electrónica Con firma electrónica
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado
Aclara voto
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