Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 54001-23-31-000-2011-00573-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 54001-23-31-000-2011-00573-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 54001-23-31-000-2011-00573-02
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
29 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá, D.C., veintinueve (29) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Expediente: 540012331000201100573-02 (74.390)
Demandantes: Consorcio HH Ingenieros
Demandado: Instituto Nacional de Vías – INVÍAS
Medio de control: Controversias contractuales
Asunto: Sentencia de segunda instancia
TEMAS: VICIOS INVALIDANTES DEL ACTO ADMINISTRATIVO – desconocimiento de su elemento
subjetivo, materializado en la competencia de la entidad estatal para proferirlo / CADUCIDAD DEL
CONTRATO – oportunidad para expedir el acto administrativo que la declara, competencia ratione
temporis / EFECTOS DEL CAMBIO DE JURISPRUDENCIA - aplicación retroactiva y prospectiva de
las modificaciones jurisprudenciales / DECLARATORIA DE CADUCIDAD DEL CONTRATO –
pérdida de oportunidad indemnizable causada por la inhabilidad para celebrar contratos con
entidades estatales
Surtido el trámite de ley, sin que se advierta causal de nulidad que invalide lo
actuado, la Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto contra la
sentencia que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
En la base del conflicto se plantea la ilegalidad del acto administrativo que declaró
la caducidad de un contrato estatal, con fundamento en la incompetencia ratione
temporis de la entidad que lo profirió1. La contratante afirma que la jurisprudencia
vigente al momento de su expedición habilitaba esa potestad hasta la etapa de
liquidación del negocio jurídico.
I. LA SENTENCIA IMPUGNADA
1. Corresponde a la decisión adoptada el 4 de diciembre de 2025, por medio de
la cual el Tribunal Administrativo de Norte de Santander resolvió lo siguiente (se
transcribe como obra en el texto original):
“PRIMERO: DECLARAR la nulidad de las Resoluciones No. 03812 del 23 de julio de
2008 y No. 06185 del 5 de noviembre de 2008, proferidas por el Instituto Nacional de
Vías –INVÍAS–, conforme a las consideraciones expuestas (…).
SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, ORDENAR al Instituto Nacional
de Vías – INVÍAS reintegrar al Consorcio H.H. Ingenieros representada por Luis
Felipe Herrera Guzmán, las sumas de dinero que hubiere efectivamente pagado por
concepto de la cláusula penal pecuniaria prevista en el artículo segundo de la
Resolución No. 03812 del 23 de julio de 2008, debidamente indexadas a partir de la
fecha de pago y hasta la fecha de ejecutoria de la presente providencia, en los
términos expuestos en la parte motiva de la providencia.
TERCERO: Como consecuencia de la nulidad declarada en el ordinal PRIMERO de
la presente providencia, CONDENAR al Instituto Nacional de Vías – INVÍAS – a pagar
al Consorcio H.H. Ingenieros representada por Luis Felipe Herrera Guzmán,
1 La demandante sostiene que esa facultad excepcional solo puede decretarse durante el término de ejecución
del negocio jurídico.
Expediente 540012331000201100573-02 (74.390)
Demandantes: Consorcio HH Ingenieros
Demandado: Instituto Nacional de Vías –INVÍAS–
Referencia: Controversias contractuales
conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia, las siguientes sumas
de dinero:
a) Por la pérdida de oportunidad derivada de la imposibilidad de contratar con
el Estado durante los cinco (5) años de inhabilidad ocasionados por la
caducidad, en las siguientes sumas de dinero:
Este valor deberá ser actualizado a partir de cada año hasta la fecha ejecutoria de
esta sentencia, aplicando la fórmula de indexación R = RH × (Índice Final / Índice
Inicial).
b) Por utilidad dejada de percibir por la obra no ejecutada, la suma de SIETE
MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA
Y SIETE PESOS CON SETENTA CENTAVOS ($7.647.957,70), correspondiente al
5% del valor real de la obra no ejecutada, de conformidad con la utilidad pactada
dentro del AIU y acreditada en la propuesta económica presentada por el contratista.
Este valor deberá ser actualizado desde la fecha en que quedó en firme la caducidad
hasta la ejecutoria de esta sentencia, aplicando la fórmula de indexación R = RH ×
(Índice Final / Índice Inicial).
CUARTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
QUINTO: NO CONDENAR en costas y agencias del derecho, de acuerdo con lo
indicado previamente”2.
2. El anterior proveído decidió la demanda instaurada el 28 de marzo de 20113
por el consorcio HH Ingenieros4 (desde ahora, el consorcio, el contratista, o el
demandante) contra el Instituto Nacional de Vías5 (en lo sucesivo, el INVIAS, la
entidad, la contratante, o el demandado), cuyas pretensiones, hechos principales y
fundamentos jurídicos se enuncian a continuación.
Pretensiones6
2 Índice 55, SAMAI –Gestión en otras corporaciones, TA Norte de Santander–.
3 Fl.19, archivo “12_Expedientedigi_EXPEDIENTE_CUADERNOPRINCIPAL”, índice 53, SAMAI –Gestión en
otras corporaciones, TA Norte de Santander–.
4 Conformado por: Luis Felipe Herrera Guzmán, Luis Domingo Herrera Guzmán, y César Hernán Herrera
Guzmán. Sus porcentajes de participación fueron del 75%, 20% y 5%, respectivamente (según el documento
de conformación, visible a fl.137, archivo “13_Expedientedigi_EXPEDIENTE_CUADERNOPRUEBAS”, índice
53, SAMAI –Gestión en otras corporaciones, TA Norte de Santander–).
5 El Instituto Nacional de Vías es un establecimiento público del orden nacional, con personería jurídica,
autonomía administrativa, patrimonio propio y adscrito al Ministerio de Transporte, cuyo objetivo consiste en la
ejecución de las políticas, estrategias, planes, programas y proyectos de la infraestructura no concesionada de
la Red Vial Nacional de carreteras primaria y terciaria, férrea, fluvial, marítima y sus infraestructuras conexas o
relacionadas.
6 Incluidas las modificaciones introducidas con la subsanación de la demanda, presentada el 20 de febrero de
2012 (fls.57 a 103, archivo “12_Expedientedigi_EXPEDIENTE_CUADERNOPRINCIPAL”, índice 53, SAMAI –
Gestión en otras corporaciones, TA Norte de Santander–).
En auto del 10 de septiembre de 2014, esta Subsección, al resolver la apelación formulada contra el proveído
que rechazó la demanda, indicó que la corrección del libelo fue presentada en tiempo –el auto inadmisorio se
notificó por estado el 13 de febrero de 2012, por lo que los 5 días previstos en el art.143 del CCA para su
subsanación corrieron del 14 al 20 de febrero de 2012–; en efecto, la Sala manifestó:
“Revisado el expediente, la Sala observa que el día que vencía el plazo para subsanar (20 de febrero de 2012),
el abogado Edwin Antonio Rubio Aguilar, quien acreditó la calidad de apoderado de la parte actora, con copia
de los poderes otorgados por Domingo y César Hernán Herrera Guzmán, los otros dos integrantes (junto con
Luis Felipe Herrera Guzmán) del Consorcio HH Ingenieros, allegó escrito subsanando la demanda (esto es,
cumpliendo con lo ordenado por el Tribunal) y, aunado a esto, al día siguiente presentó copia auténtica de los
2
Expediente 540012331000201100573-02 (74.390)
Demandantes: Consorcio HH Ingenieros
Demandado: Instituto Nacional de Vías –INVÍAS–
Referencia: Controversias contractuales
3. La demandante pidió se declare la nulidad de las Resoluciones No. 3812 y
6185 de 2008, a través de las cuales la entidad declaró la caducidad del contrato y
confirmó esa determinación, respectivamente; así mismo, solicitó el reconocimiento
de los perjuicios materiales e inmateriales que tales actos generaron, con su
indexación monetaria y cálculo de intereses moratorios.
4. Se resume la indemnización solicitada, así:
Los ingresos dejados de recibir Debida al momento $240.764.862,96
(lucro cesante), dada la de la conciliación
inhabilidad de 5 años derivada Futura $392.774.795,63
de la declaratoria de caducidad TOTAL $633.539.657
El valor de la obra no ejecutada7 $171’306.261
El monto al que ascendió la $33’289.737.609
cláusula penal8
Honorarios de $30’000.000
PERJUICIOS personal de la obra
MATERIALES Gastos de $2’000.000
administración
Mayores costos en que incurrió Actividades $20’940.500
el consorcio con ocasión de la ejecutadas y no
suspensión del negocio jurídico10 reconocidas por el
INVIAS
Gravámenes $1’005.869
tributarios
Total $54’272.157
Perjuicios morales 300 SMLMV11
A la vida de relación (daño al 3000 grs oro12
PERJUICIOS buen nombre)
INMATERIALES
Fisiológicos 500 SMLMV13 o 1500 grs oro14
Total estimado $472’500.000
Hechos relevantes según la demanda
5. El 27 de mayo de 2005, el consorcio y el INVÍAS celebraron el contrato obra
No. 456 (en adelante, el contrato) para “la realización de atención de obras de
emergencia en los PR35 + 0350, PR37+ 0855, PR38+0950, PR38+0000,
PR38+0850, PR41+0900, PR44+0970, PR40+0500, PR35+0970, de la carretera La
Lejia-Saravena”, con un plazo de ejecución de 3 meses, a partir de la orden de inicio
(6 de julio de 2005), y un valor de $332’897.376.
6. El período de ejecución se extendió en virtud de varias suspensiones: (a) por
90 días, convenida el 29 de agosto de 2005, ante la necesidad de adecuar y mejorar
el alcantarillado en el corregimiento de San Bernardo de Bata; (b) en 48 días, por
las fuertes precipitaciones que hacían imposible la pavimentación programada; y,
(c) por 5 meses adicionales (del 7 de febrero al 11 de julio de 2006), al no contar los
con los estudios de suelos y diseños de pavimentos requeridos para la construcción
de la obra.
mismos” (se subraya, fls.223 a 230, archivo “12_Expedientedigi_EXPEDIENTE_CUADERNOPRINCIPAL”,
índice 53, SAMAI –Gestión en otras corporaciones, TA Norte de Santander–).
7 Pretensión 1.4.
8 Pretensión 1.5.
9 Así fue tasada en la Resolución No. 3812 de 2008.
10 Pretensión 1.6.
11 Que estimó en $170’010.000
12 Que tasó en $315’000.000
13 Equivalentes, según dijo, a $283’350.000
14 Que estimó en $157’000.000
3
Expediente 540012331000201100573-02 (74.390)
Demandantes: Consorcio HH Ingenieros
Demandado: Instituto Nacional de Vías –INVÍAS–
Referencia: Controversias contractuales
7. El contrato estuvo paralizado a la espera de que el INVÍAS definiera los APU
adicionales para la obra y superara las dificultades surgidas por falta de planeación.
Fue hasta el 11 de julio de 2006 que la entidad autorizó las mayores cantidades
requeridas, por lo que el 13 de julio siguiente el contratista pidió reiniciar labores.
8. La entidad ordenó al consorcio la entrega de la obra en el estado en que se
encontraba y profirió las resoluciones demandadas, mediante las cuales declaró la
caducidad del contrato e impuso al actor la sanción de inhabilidad para contratar
con el Estado, por 5 años.
Fundamentos de derecho
9. El consorcio adujo que las resoluciones enjuiciadas desconocieron el art. 18
de la Ley 80 de 1933, en tanto la caducidad del contrato solo puede decretarse
durante su desarrollo. Como el INVIAS expidió esos actos tres años después de la
ejecución de la obra15, superó el límite temporal para tal efecto. Además, los
presupuestos materiales para su declaración tampoco se presentaron, pues la
entidad tuvo injerencia en las situaciones constitutivas de incumplimiento negocial16.
Contestación de la demanda
10. El INVÍAS guardó silencio17.
Alegatos en primera instancia
11. Surtido el debate probatorio18 al alegar de conclusión19, la demandada20
sostuvo que se notificó el auto del 18 de enero de 2018 sin atender los lineamientos
del Decreto 806 de 2020, lo que impidió la comunicación efectiva de tal providencia,
derivando en una trasgresión de su derecho de contradicción y defensa. Agregó que
15
Fl.77, archivo “12_Expedientedigi_EXPEDIENTE_CUADERNOPRINCIPAL”, índice 53, SAMAI –Gestión en otras
corporaciones, TA Norte de Santander–.
16
Aseveró: “[l]a entidad resolvió hasta el once (11) de julio de 2006 los APUs requeridos. De manera que el cesante estado
de la obra no era imputable al contratista pues la mora y la prestación esperada recaía en el Instituto Nacional de Vías
(INVIAS)” (Fl.13, archivo “12_Expedientedigi_EXPEDIENTE_CUADERNOPRINCIPAL”, índice 53, SAMAI –Gestión en otras
corporaciones, TA Norte de Santander–).
17
En auto del 3 de febrero de 2012, el a quo inadmitió la demanda; el 20 de febrero siguiente, el consorcio presentó el escrito
de subsanación; el Tribunal rechazó la demanda con proveído del 8 de marzo de 2012; la actora apeló la decisión y esta
Subsección, en auto del 10 de septiembre de 2014 la revocó y, en su lugar, admitió la demanda (fls.53 y 54, 57 a 113, 128 y
129, 223 a 230, archivo “12_Expedientedigi_EXPEDIENTE_ CUADERNOPRINCIPAL”, índice 53, SAMAI –Gestión en otras
corporaciones, TA Norte de Santander–).
El a quo profirió, el 6 de noviembre de 2014, auto de obedézcase y cúmplase frente a la providencia de esta Corporación y
fijó en lista el proceso, abrió a pruebas el asunto y corrió traslado a las partes para alegar de conclusión (fls.236, 239, 240,
254 y 255, Ibid.). El Tribunal dictó sentencia el 30 de junio de 2017 (fls.309 a 335, Ibid.) y el INVÍAS formuló incidente de
nulidad, por cuanto no se surtió la notificación del auto admisorio de la demanda –se resalta que desde mayo de 2016 el
demandado propuso este incidente, sin que el a quo lo resolviera (fls.258 a 267, ibid.)–.
En proveído del 18 de enero de 2018, el Tribunal decretó la nulidad de todo lo actuado, “a partir de la diligencia de notificación
personal realizada el día nueve (09) de diciembre de dos mil catorce (2014) inclusive”, por cuanto no se notificó la providencia
que admitió la demanda, sino la que ordenó obedecer y cumplir lo resuelto por el Consejo de Estado. En esta misma decisión,
tuvo como notificado al INVÍAS, por conducta concluyente, y ordenó fijar en lista el proceso. El consorcio recurrió en súplica
esta decisión y el a quo la confirmó, a través de auto del 7 de diciembre de 2020 (fls. 28 a 32, 39 a 44, archivo
“14_Expedientedigi_EXPEDIENTE_INCIDENTEDENULIDAD”, índice 53, SAMAI – Gestión en otras corporaciones ib.
Luego, el asunto se fijó en lista del 18 al 31 de enero de 2022 (fl.363, archivo “12_Expedientedigi_EXPEDIENTE_
CUADERNOPRINCIPAL”, índice 53, SAMAI –Gestión en otras corporaciones ib. El INVÍAS no se pronunció.
18
En auto del 7 de junio de 2022, el a quo decretó las pruebas documentales aportadas con la demanda –y señaló que el
INVÍAS no contestó la demanda– (fls.365 y 366, archivo “12_Expedientedigi_EXPEDIENTE_CUADERNOPRINCIPAL”, índice
53, SAMAI – Gestión en otras corporaciones ib. En la sentencia de primer grado, el a quo señaló que el INVÍAS aportó, con
los alegatos de primera instancia, los tomos 1, 2, 3 y 4 del contrato No. 456 (visibles en el índice 54 –Gestión en otras
corporaciones, TA Norte de Santander–) e indicó que como esos documentos fueron allegados fuera de la etapa
correspondiente, “carecen de valor probatorio en el presente trámite y no podrán ser objeto de análisis por parte de esta
instancia” (fl.23, índice 55, SAMAI – Gestión en otras corporaciones ib.
19
En el mismo auto en que se abrió a pruebas el proceso, el a quo corrió traslado a las partes por el término común de diez
(10) días para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera su concepto (ibid.).
20
Fls.415 a 435, archivo “12_Expedientedigi_EXPEDIENTE_CUADERNOPRINCIPAL”, índice 53, SAMAI, ídem.
4
Expediente 540012331000201100573-02 (74.390)
Demandantes: Consorcio HH Ingenieros
Demandado: Instituto Nacional de Vías –INVÍAS–
Referencia: Controversias contractuales
se acreditó un incumplimiento del contratista, pues desde el 31 de enero de 2006,
se suscribió el acta de fijación de precios no previstos, por lo que no es cierto que
el INVÍAS tardó 5 meses en aprobar esos valores. Dijo que el pacto culminó el 22
de febrero de 2006, pero el consorcio no terminó la obra encargada.
12. El actor21 insistió en sus argumentos; el Ministerio Público no se pronunció.
Fundamentos de la sentencia impugnada22
13. El a quo accedió parcialmente a las súplicas, en los términos transcritos.
Aseguró que como el plazo negocial venció el 22 de febrero de 2006 y la Resolución
3812 se expidió el 23 de julio de 2008, la entidad profirió los actos enjuiciados sin
con contar con habilitación para ello, ya que la declaratoria de caducidad solo
procede durante el término de ejecución del contrato.
14. Frente a las peticiones indemnizatorias, accedió a: (i) la utilidad dejada de
percibir por la obra no ejecutada23, que ascendió a $7’647.957,70 –cifra que debía
indexarse a la fecha de ejecutoria del fallo–; (ii) la restitución del valor que pagó el
contratista a título de cláusula penal, impuesta en los actos debatidos; (iii) la utilidad
dejada de percibir por el contratista, en virtud de la inhabilidad de cinco (5) años
derivada de la caducidad ordenada, por las suma de $57’311.593.0724 –señaló que
procedería también su indexación–. Negó el reconocimiento de: (i) los gastos del
contratista durante la parálisis del acuerdo25, (ii) los perjuicios morales26, (iii) los
perjuicios fisiológicos27 y (iv) el daño a la vida de relación28.
II. EL RECURSO DE APELACIÓN29
15. El INVÍAS pidió revocar la sentencia de primer grado, por cuatro razones:
16. a) La caducidad puede declararse mientras el contrato no se haya liquidado;
así lo establecía la jurisprudencia vigente al momento de expedición de los actos
21 Fls.370 a 391, archivo “12_Expedientedigi_EXPEDIENTE_CUADERNOPRINCIPAL”, índice 53, SAMAI ib.
22 Índice 55, SAMAI ib.
23 Señaló que no hay lugar a reconocer el valor total del perjuicio reclamado por obra no ejecutada, pero sí “la
utilidad neta y cierta que el contratista habría percibido de haberse ejecutado la totalidad del contrato, y cuya
frustración constituye un daño cierto imputable a la declaratoria de caducidad”. Reconoció ese beneficio, en el
5% de la suma de $152’959.154, que representa el aproximadamente el 46% del objeto contractual dejado de
ejecutar, según el acta de recibo final de la obra.
24 Proyectó dicho beneficio por cinco anualidades consecutivas, tomando como base el porcentaje de ejecución
logrado por el consorcio (el 54% del objeto), al cual le aplicó el 5%, esto es, el margen de utilidad contemplado
en la propuesta presentada.
25 Pues “ninguno de estos rubros fue acreditado por el actor … no aportó contratos laborales, certificaciones de
pago o nóminas del personal que afirma haber mantenido vinculado durante la suspensión; tampoco allegó
comprobantes de gastos administrativos, tiquetes de viaje, facturas, reportes de alquiler (…) o cualquier
documento idóneo que evidenciara la ejecución de actividades durante el periodo de suspensión o la existencia
de erogaciones efectivas imputables al contrato. Igualmente, el expediente carece de prueba pericial que
establezca, con criterios técnicos, la ocurrencia de una situación de improductividad o stand by atribuible a la
entidad contratante” ib.
26 Puesto que no se probó que la reputación corporativa sufrió un detrimento real, identificable y verificable.
Tampoco se acreditaron relaciones contractuales frustradas por razones asociadas al descrédito reputacional,
ni reportes financieros o comerciales que evidencien un daño autónomo derivado de la afectación al buen
nombre.
27 Por su naturaleza, dicho perjuicio no es predicable de personas jurídicas, ni de figuras asociativas como los
consorcios.
28 No hay prueba de que alguno de los integrantes del consorcio sufrió una alteración grave, anormal y sustancial
de sus condiciones de existencia como consecuencia de la declaratoria de caducidad.
29 Índice 58, SAMAI – Gestión en otras corporaciones ib.
5
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cuestionados, por lo que debe aplicarse dicho criterio, en atención al principio de
confianza legítima30.
17. b) No procede el reintegro de la suma impuesta por concepto de cláusula
penal, puesto que no se demostró que el consorcio la desembolsó efectivamente.
18. c) La pérdida de oportunidad no se presume y no hay pruebas de los
perjuicios que sufrió el consorcio. Adujo que el a quo se basó en un supuesto
carente de fundamento al mencionar un acuerdo celebrado con el municipio de
Chámeza con utilidad del 10% y asumir que el número de contratos respecto de los
cuales el demandante estuvo inhabilitado fue de 5, uno por cada año31.
19. d) Sostuvo que el actor incumplió el vínculo negocial por causas ajenas al
INVIAS, así que carece de soporte el reconocimiento de utilidad frente a la parte del
objeto que no se ejecutó (correspondiente al 46% del mismo).
Trámite en segunda instancia
20. El a quo concedió el recurso de apelación32 y esta Corporación lo admitió en
proveído del 6 de mayo de 202633. Al alegar de conclusión34, el consorcio pidió
confirmar la providencia recurrida35; la entidad reiteró sus argumentos de alzada36;
y el Ministerio Público se abstuvo de emitir concepto.
III.CONSIDERACIONES
Objeto del recurso
21. Dados los reproches del apelante37, el sub-lite se enfoca en determinar si la
demandada tenía o no competencia temporal para proferir las resoluciones
enjuiciadas. En caso de ratificar que la entidad carecía de tal habilitación, se
examinarán las censuras respecto de los perjuicios reconocidos en primer grado.
Análisis de la Sala
22. Frente a prerrogativas de poder presentes en una relación contractual
sometida al EGCAP, la competencia y no la capacidad, es uno de los elementos
imprescindibles para su ejercicio. Esta implica la constatación de que el ente u
órgano que adopta una decisión a nombre del Estado ostenta la potestad o
habilitación legal para emitirlo, en perspectiva material, territorial, funcional y
temporal. La primera hace referencia a la aptitud que tiene la autoridad para
pronunciarse sobre un asunto en particular con efectos vinculantes; la segunda al
30 Aludió, entre otras, a las sentencias del 13 de septiembre de 1999, exp. 10.264, y 18 de marzo de 2004
exp.15.936, así como la del 18 de noviembre de 2021, exp. 54883. Indicó que solo en sentencia de unificación
del 12 de julio de 2012, exp.15.024, la Sección Tercera señaló que “las entidades solo pueden decretar la
caducidad del contrato antes de que el plazo expire”.
31 Fls.6 y 7, índice 58, SAMAI –Gestión en otras corporaciones, TA Norte de Santander–.
32 Índice 69, SAMAI –Gestión en otras corporaciones, TA Norte de Santander–.
33 Índice 4, SAMAI.
34 En auto del 27 de mayo de 2026, se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio
Público para que rinda concepto, en virtud de lo dispuesto en el art.212 del CCA (índice 12, SAMAI)
35 Índice 16, SAMAI.
36 Índice 18, SAMAI.
37 Los cuales constituyen el marco de decisión del ad quem, a voces del artículo 357 del C. de P.C.
6
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Demandado: Instituto Nacional de Vías –INVÍAS–
Referencia: Controversias contractuales
lugar o circunscripción que determina el ámbito de la actuación respectiva; la
tercera, alude al grado o habilitación funcional, es decir, a la estructura jerárquica
del organismo o ente estatal; y, la cuarta se relaciona con el ejercicio oportuno de
la facultad desplegada, ligado a un determinado momento o plazo 38.
23. Es de precisar que la competencia es explícita y expresa, en tanto no se
infiere o deduce, comoquiera que surge de una norma de carácter constitucional,
legal o reglamentaria, que demarca el límite de las actuaciones del órgano o entidad
estatal a la que ha sido conferida. Ello consolida el escenario de control respecto al
ejercicio de los poderes públicos, pues sienta las bases y las reglas que debe seguir
la autoridad de cara a las determinaciones que se adoptan en un Estado Social de
Derecho –en particular, frente a los administrados–. Así, la actuación con
incompetencia genera un vicio invalidante que es causal de nulidad.
24. La Sala inicia por precisar que la caducidad de un contrato estatal
corresponde a una potestad excepcional, consagrada en el art. 18 de la Ley 80 de
199339, que se activa ante el supuesto de un grave incumplimiento40 que pueda
conducir a la parálisis de la ejecución del objeto contratado y, por ende, a la
afectación del interés público envuelto en el negocio jurídico estatal 41. La gravedad
se proyecta, a su vez, en que esa declaratoria corresponde a la sanción más
drástica que se puede imponer al contratista.
25. Para contener sucesos de tal calibre, el legislador autorizó que las entidades
contratantes, al constatar los supuestos de ley, puedan declarar unilateralmente la
terminación del contrato y ordenar su liquidación, cuando ello proceda, además de
adoptar las medidas necesarias en pro de asegurar la cumplida ejecución de su
objeto, como lo prevé la citada disposición. Lo anterior, en el marco legal dispuesto
a fin de que la administración pueda desplegar sus funciones de dirección general
y de control y vigilancia de la ejecución del contrato estatal.
26. Del contenido del art. 18 ib. surge que la principal y más importante finalidad
de la caducidad, derivada de eventuales situaciones de incumplimiento negocial o
para prevenir otros comportamientos que pueden tener efecto directo sobre el
38 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 2
de julio de 2021, radicación 68001233300020140065601 (58.372).
39 “ARTÍCULO 18.- De la Caducidad y sus Efectos. La caducidad es la estipulación en virtud de la cual si se
presenta alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, que
afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencia que puede conducir a su paralización, la
entidad por medio de acto administrativo debidamente motivado lo dará por terminado y ordenará su liquidación
en el estado en que se encuentre.
En caso de que la entidad decida abstenerse de declarar la caducidad, adoptará las medidas de control e
intervención necesarias, que garanticen la ejecución del objeto contratado. La declaratoria de caducidad no
impedirá que la entidad contratante tome posesión de la obra o continúe inmediatamente la ejecución del objeto
contratado, bien sea a través del garante o de otro contratista, a quien a su vez se le podrá declarar la caducidad,
cuando a ello hubiere lugar.
Si se declara la caducidad no habrá lugar a indemnización para el contratista, quien se hará acreedor a las
sanciones e inhabilidades previstas en esta ley.
La declaratoria de caducidad será constitutiva del siniestro de incumplimiento”.
40 La ley estableció otros eventos que dan cabida esta figura, diversos al incumplimiento, pero que buscan
prevenir circunstancias que afectan el interés general protegido en la contratación estatal: como son “las
relacionadas con acceder a peticiones o amenazas de los grupos al margen de la ley (Decreto 1875 de 1992 y
Ley 80 de 1993, art. 5°), la declaratoria de responsabilidad fiscal de que sea objeto el contratista (Ley 610 de
2000, art. 61), el hecho de haber sido condenado en acción de repetición (Ley 678 de 2001, art. 17) o el
incumplimiento de las obligaciones relativas al pago de aportes parafiscales (Ley 828 de 2003, art. 1°)”.
Sentencia T-1071 de 2007 de la Corte Constitucional.
41 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 17
de junio de 2022, 250002326000 201100482 01 (57.568).
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Expediente 540012331000201100573-02 (74.390)
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interés público, consiste en remover al contratista de la ejecución del negocio
jurídico, en aras de precaver la interrupción o parálisis de la prestación de los
servicios y funciones a cargo de administración, con miras a ofrecer garantía de su
continuidad, ya sea mediante su ejecución directa o a través de un tercero42.
27. El propósito y funciones que la ley asignó a esta prerrogativa de poder público
permite entender que su declaratoria sólo procede durante el término de ejecución
del contrato y no en la etapa de liquidación, pues en tal escenario resultaría inocua
por sus fines, en tanto impediría lograr el objetivo primordial trazado al seno de la
caducidad dirigido a garantizar que el contrato se cumpla en los términos
estipulados –incluido su plazo–, que es para lo cual se remueve al contratista
incumplido y se adoptan otro tipo de medidas de contingencia y continuidad.
28. No solo la comprensión razonable del objeto y fin para el que se establece
esa prerrogativa conduce este aserto43, sino también su interpretación literal44, pues
al examinar la redacción del citado art. 18, que prevé la declaratoria de caducidad
por el incumplimiento “…que afecte de manera grave y directa la ejecución del
contrato y evidencie que puede conducir a su paralización […]”, se advierte que su
habilitación se extiende mientras perviva el plazo de ejecución estipulado. Así,
cuando ocurre el fenecimiento del término negocial cesan las obligaciones asumidas
por los contrayentes –porque es un medio extintivo de las mismas–, de modo que
un entendimiento que amplíe dicha prerrogativa más allá del período de ejecución
desconoce los límites y la función de aquella disposición. En este contexto, el límite
temporal para declarar la caducidad del contrato está dado por los supuestos
materiales que la ley ha dispuesto para su aplicación, conforme a sus fines,
ubicándola exclusivamente en el interregno del despliegue negocial.
29. Bajo el sub-lite se discute la competencia ratione temporis que ejerció el
INVÍAS al proferir las Resoluciones 3812 y 6185 de 2008 mediante las cuales
declaró la caducidad del contrato de obra 456 de 2005.
30. El razonamiento de la entidad se funda en que para época de los actos
debatidos, en la jurisprudencia de esta Colegiatura, prevalecía el criterio que
avalaba que esta potestad se extendía hasta la liquidación del vínculo negocial, y
señala que fue con la sentencia del 12 de julio de 2012 –expediente 15.024– que
esta Sección recogió tal postura para precisar que dicha facultad sólo procede
durante el término de la ejecución contractual. La censura del recurrente impone
reconocer que el análisis de legalidad del acto debe realizarse en confrontación no
solo con las normas vigentes al momento de su expedición sino, además, de cara
a los pronunciamientos judiciales efectuados sobre la interpretación y alcance de
tales preceptos, como parámetro vigente para la época de la declaratoria de
caducidad.
31. Lo anterior, en reconocimiento de la fuerza vinculante de la jurisprudencia
que bajo el sistema de fuentes consagrado en el art. 230 constitucional45, obra como
42 Ibidem.
43 El criterio teleológico de interpretación de la ley busca constatar el fin del precepto normativo, en aras de
llegar a su entendimiento, atendiendo esos objetivos que se buscan alcanzar con su mandato.
44 El artículo 27 del Código Civil dispone que cuando el sentido de la ley sea claro, no se desatenderá su tenor
literal a pretexto de consultar su espíritu.
45 “ARTÍCULO 230. Los jueces, en sus providencias, solo están sometidos al imperio de la ley.
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criterio auxiliar, no subsidiario, de la ley. Ello denota que la jurisprudencia se erige
como un instrumento para desentrañar el sentido correcto de las normas vigentes,
en procura de su adecuada utilización para la resolución de los asuntos que les
competen.
32. Comparte la Sala este acercamiento, pues los precedentes judiciales no son
inmutables o inalterables, comoquiera que son una fuente dinámica que refleja y se
adecúa a las transformaciones normativas y sociales, sin que ello tampoco implique
una patente para desconocer derechos fundamentales de superior jerarquía. Así,
ante las variaciones del derecho positivo, si los jueces advierten un inadecuado
entendimiento de las normas de cara al sistema jurídico que integran, o si se
constatan cambios que inciden en la realidad social, surge la necesidad de efectuar
un replanteamiento de las tesis desarrolladas vía jurisprudencial; o, si bajo las
mismas pautas legales se llega a una conclusión diversa de las señaladas en el
precedente, habrá de exponerse las razones por las que en un caso concreto aquel
no tiene aplicación.
33. Pero no basta que solo se adviertan factores que conllevan la alteración de
los criterios determinados en la jurisprudencia, pues es forzoso que el razonamiento
venga acompañado del cumplimiento de las cargas de claridad, argumentación y
suficiencia, esto es, la necesidad de poner en evidencia los precedentes vigentes
que gravitan en torno a la posición que se va a tomar y explicar con claridad por qué
esta última resulta más adecuada a la anterior, a fin de precaver un cambio arbitrario
o discrecional de aquellos46.
34. Por lo tanto, para el caso concreto, a la Sala se le impone precisar el efecto
de las variaciones jurisprudenciales, y definir si la tesis de la entidad contratante
constituía el criterio uniforme e imperante para la época de expedición de las
resoluciones demandadas.
35. Frente a este tópico se advierten dos corrientes sobre la aplicación de las
variaciones jurisprudenciales, una retroactiva y otra prospectiva. La problemática se
desliga del cuestionamiento de si la autoridad judicial puede o no modificar el
precedente, y se ubica en determinar cómo y bajo qué condiciones ello acontece.
36. La tesis retroactiva enseña que una modificación de postura o cambio
jurisprudencial por parte del órgano de cierre se aplica de manera general e
inmediata, en sentido horizontal y vertical, esto es, desde el momento en que cobra
firmeza la providencia que la contiene. Eso significa que cuando un litigio inicia con
sustento en un criterio judicial que posteriormente es alterado, la controversia se
debe definir con base en esa nueva orientación interpretativa de la autoridad judicial.
37. Esta noción encuentra respaldo en la comprensión de la jurisprudencia como
una herramienta que no se equipara la ley, sino en un instrumento que permite su
entendimiento. En esa medida, la aplicación de los cambios de jurisprudencia a
La equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la
actividad judicial”.
46 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 11 de septiembre
de 2012, radicación 17001-33-31-003-2010-00205-01(AP).
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casos iniciados con anterioridad a su emisión no desconoce el principio general de
irretroactividad la ley en el tiempo47.
38. El empleo estricto y sin exclusión de este efecto ha generado
cuestionamientos en punto a la garantía de seguridad jurídica e igualdad de los
administrados y de los sujetos que acceden a la jurisdicción buscando la protección
de sus derechos. Una postura de tal amplitud, como mandato general y pleno, afecta
la atención de situaciones particulares y la confianza y regularidad que los
destinatarios del ordenamiento jurídico tienen frente a los órganos encargados de
definir sus asuntos específicos, así como de las autoridades que dirimen los
conflictos.
39. Con este panorama se presenta el criterio que prohíja por no abandonar la
tesis primigenia o vigente bajo la cual se planteó el conflicto, sino conservarla
justamente para que la controversia se resuelva con la óptica fuente del litigio, ante
el cambio repentino de la postura jurisprudencial que puede acontecer durante el
interregno del curso procesal.
40. Las buenas razones que impulsan el progreso de la jurisprudencia no
justifican, a la llana, el sacrificio de los derechos de quienes obraron en el pasado
movidos por lo que mandaba el antiguo precedente48. La consideración de la
implementación de los diversos cambios desde el “mejor” entendimiento del derecho
o por la variación de las condiciones sociales o económicas que impactan en la
lectura normativa, no pueden pasar por alto aquellas situaciones que se decidieron
bajo la perspectiva de un precedente consolidado.
41. Sin salir del contexto colombiano, pero por ser ilustrativo a nivel de lo que
podría denominarse jurisprudencia comparada, en México la literatura especializada
ha exaltado la postura de la Sala Segunda de la Corte Suprema de la Nación,
LXV/2012, que modificó su jurisprudencia 2a./J.199/2004, para establecer que “el
cambio de criterio jurisprudencial ya no debe afectar a los gobernados que
interpusieron recursos o medios de defensa promovidos antes del cambio de criterio
y tramitados asimismo antes de adoptarse la nueva línea jurisprudencial. Esta sólo
tiene eficacia para el futuro (eficacia prospectiva), es decir, para los medios de
impugnación que se interpongan posteriormente al asunto que da lugar a la tesis
que, precisamente, propicia la nueva dirección jurisprudencial”49.
42. A su vez, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que la Sala
cita bajo una generalidad que no es tan amplia, ha planteado que como existe una
indisoluble relación entre la ley y su entendimiento, en la medida que revela su
47 “... entendida como el fenómeno según el cual la ley nueva rige todos los hechos y actos que se produzcan a
partir de su vigencia. Obviamente, si una situación jurídica se ha consolidado completamente bajo la ley antigua,
no existe propiamente un conflicto de leyes, como tampoco se da el mismo cuando los hechos o situaciones
que deben ser regulados se generan durante la vigencia de la ley nueva. La necesidad de establecer cuál es la
ley que debe regir un determinado asunto, se presenta cuando un hecho tiene nacimiento bajo la ley antigua
pero sus efectos o consecuencias se producen bajo la nueva, o cuando se realiza un hecho jurídico bajo la ley
antigua, pero la ley nueva señala nuevas condiciones para el reconocimiento de sus efectos” (sentencia C-619-
01 de la Corte Constitucional).
48 Nota original: “Sentencias del 4 de septiembre de 2017, Exp. 57.279 y del 2 de marzo de 2020 Exp. 39.947”,
citada en la sentencia del 17 de junio de 2022, radicación: 250002326000 201100482 01 (57.568).
49 ALVARADO ESQUIVEL, Miguel de Jesús: “¿Se acabaron los efectos retroactivos de la jurisprudencia?”,
Revista del Instituto de la Judicatura Federal, consultada en: https://revistas-
colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/judicatura/article/viewFile /32086/2907
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sentido50, el giro jurisprudencial desfavorable e imprevisible tiene vedada su
aplicación retroactiva.
43. El derecho nacional no ha sido ajeno a las dificultades del efecto retroactivo
del precedente jurisprudencial. Aunque la Corte Constitucional reconoce que éste
opera, como regla general, también ha indicado que algunos los cambios pueden
dar lugar a afectaciones precisas en los procesos judiciales que estén en trámite,
por lo que es admisible que el juez examine cada caso particular, a fin de determinar
si esa aplicación retroactiva afecta derechos fundamentales de quienes actuaron
bajo el amparo de otro criterio jurisprudencial. Precisa que “si el cambio de
jurisprudencia resultó definitivo en una posible afectación de derechos
fundamentales al modificar las reglas procesales con base en las cuales,
legítimamente, habían actuado los sujetos procesales y, en este sentido, el juez de
conocimiento puede, como excepción a la regla general de aplicación de la
jurisprudencia, inaplicar un criterio jurisprudencial en vigor al momento de proferir el
fallo, pero contrario a uno anterior que resultó determinante de la conducta procesal
de las partes”51.
44. La Sección Tercera del Consejo de Estado ha sido una viva, profunda,
democrática y constante promotora del debate en esta materia, y a pesar de que no
tiene una postura unificada, en algunas decisiones recientes ha sostenido que los
cambios de precedente deben operar hacia futuro, es decir, con efecto
prospectivo52. De hecho, en las providencias en las que se ha sostenido que los
cambios deben operar de forma inmediata para evitar que la congestión judicial
comprometa su eficacia, admite hipótesis de aplicación hacia futuro si la eficacia
retroactiva del nuevo precedente incide de forma grave en el derecho fundamental
al acceso a la administración de justicia53.
45. La Sala sigue reflexionando y se pregunta cómo negar que la utilización de
este efecto sea razonable cuando se juzgan los vicios que pueden afectar la
legalidad del acto administrativo, de cara a la realidad incontestable de que estos
50 CUERDA ARNAU, María Luisa: “Cambios jurisprudenciales y retroactividad desfavorable (a propósito de la
STEDH Del Río Prada c. España)”, Revista Penal, No. 31. - Enero 2013, Tirant lo blanch, consultada en:
https://revistapenal.tirant.com/index.php/revista-penal/article/view/460. Casos Cantoni contra Francia (15
noviembre 1996) y Del Río Prada contra España. Frente al último asunto, indicó:
“Con todo, no es este un caso que le suscite dudas, pues taxativamente afirma que en absoluto estamos ante
un mero problema de ejecución de la pena, ya que el nuevo método de cálculo de la redención tiene un impacto
decisivo en la pena que se va a infligir a la recurrente ya que en la práctica conduce a alargarla en casi nueve
años (número 59). Siendo así́ y siendo que el giro jurisprudencial desfavorable al reo era imprevisible (era difícil,
imposible más bien para el recurrente prever tal cambio), declara vulnerada la prohibición de irretroactividad.
Todo ello, sin perjuicio de reconocer que corresponde a los tribunales de cada Estado la interpretación y
aplicación del derecho interno (número 57) y que, asimismo, los Estados son libres de modificar su política
criminal en orden a incrementar la severidad de la reacción penal pero en ambos casos —esto es frente al juez
y frente al legislador— opera la prohibición de retroactividad desfavorable en tanto que exigencia material del
principio de legalidad”.
51 Corte Constitucional, sentencia SU-406 de 2016.
52 En las sentencias del 4 de septiembre de 2017 (Subsección C, Exp. 57.279,) y 2 de marzo de 2020
(Subsección B, Exp. 39.947), se aplicaron los cambios jurisprudenciales con efecto prospectivo. En el primer
fallo, la Corporación aplicó la tesis de que la caducidad podía declararse después de vencido el plazo de
ejecución del contrato, porque ese era el criterio vigente cuando el acto se expidió. En la segunda providencia,
que resolvió en un litigio sobre el enriquecimiento injustificado de la entidad estatal, se concedieron las
pretensiones del particular sin aplicar la tesis unificada que se adoptó en el año 2012 sobre los supuestos en
los que procede la actio in rem verso. Asimismo, ver las sentencias de esta Subsección del 5 de marzo de 2021,
radicación: 25000-23-26-000-2001-00066-01(39249), 17 de junio de 2022, radicación:
25000232600020110048201 (57.568) y del 27 de agosto de 2021, radicación: 760012331000 201001507 01
(52.434).
53 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. Auto del 25 de septiembre de 2017, Exp. 50.892,
C.P Danilo Rojas Betancourth.
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se generan al momento de su nacimiento, lo que impone su contraste con el derecho
vigente para ese entonces, integrado con el precedente jurisprudencial como criterio
auxiliar para su entendimiento54.
46. En el sub-lite, la Resolución 6185 del 5 de noviembre de 2008, confirmatoria
de la 3182 del 23 de julio de ese año, fue explícita en manifestar que en línea con
las providencias emitidas en los procesos 13.598, 15.936 y 10.264 de esta
Corporación, la potestad para declarar la caducidad del contrato se conservaba
mientras éste no se hubiese liquidado. Lo anterior, impone analizar si el mencionado
criterio de habilitación temporal constituía un precedente para el tema en cuestión,
o era una postura aislada, o no pacífica en la jurisdicción.
47. Al examinar las providencias referidas por la entidad, así como las que se
expidieron con anterioridad y para la época en que se dictaron las resoluciones
enjuiciadas -2008-, la Sala encuentra las siguientes pautas jurisprudenciales que se
sintetizan:
Año de la
Postura Sentencias que la desarrollan
providencia
Exp.1.48555 1979
Exp. 3.86256 1990
A. La declaratoria de caducidad Exp. 6.49157 1992
del contrato estatal procede solo 1996
durante el plazo de ejecución del Exp. 11.48158
negocio jurídico. Exp.10.10359 1997
1999
Exp. 10.19660
54 Nota original: “... En cambio, la aplicación retroactiva de los cambios jurisprudenciales no presenta las mismas
limitaciones cuando no recae sobre la interpretación de enunciados legales que establecen patrones de
conducta (permisiones, mandatos, prohibiciones), sino sobre el contenido de instituciones jurídicas con
fundamento en las cuales se dirimen los conflictos. Así, por ejemplo, los cambios jurisprudenciales relacionados
con instituciones como el valor probatorio de las copias o el título jurídico para imputar responsabilidad al Estado
por actos terroristas pueden aplicarse retroactivamente, sin que por ello se lesione el principio de confianza
legítima y seguridad jurídica”, citada en la sentencia del 5 de marzo de 2021, radicación: 25000-23-26-000-
2001-00066-01(39249).
55 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 22 de noviembre de 1979, que señaló: “En forma reiterada
ha dicho el Consejo de Estado que la caducidad del contrato solo es procedente cuando éste está vigente y no
cuando el contrato ha terminado por vencimiento del plazo contractual o ante la terminación de la obra
contratada. La finalidad de la cláusula de caducidad es precisamente dar por terminado el contrato. Pero si ya
feneció por vencimiento del plazo o ejecución de las obras, lo único que legalmente procede es su liquidación,
para saber quién debe a quien y cuánto o para que se haga uso de las acciones legales que cada parte
considere conveniente a sus intereses” (esta providencia fue citada en la sentencia del 12 de junio de esta
Subsección, rad.: 25000-23-26-000-2002-01795-01(27199)).
56 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 22 de febrero de 1990, rad. CE-SEC3-EXP1990-N3862.
Allí se indicó que “[t]erminado el contrato por vencimiento del plazo, ha dicho la Sala, se agota la competencia
para declarar la caducidad, pues el poder exorbitante de la administración sólo tiene operancia en vigencia de
la relación negocial”.
57 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 9 de abril de 1992 (citada en la providencia del 30 de
enero de 2013 de esta Subsección, rad.: 27001-23-31-000-1999-00188-01(20342); detalla que bajo el mismo
criterio se profirieron las sentencias del 29 de enero de 1988, exp. 2.616, 3.615, 6 de mayo de 1992, exp. 6.661,
15 de febrero de 1991, exp. 5.973, 25 de septiembre de 1993, exp. 6.437; y 2 de abril de 1992, exp. 1.875).
58 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 22 de julio de 1996, rad. CE-SEC3-EXP1996-N11481, en
la que sostuvo “... cuando la administración demandada declaró la caducidad del contrato No. 2186, carecía de
competencia en el tiempo para hacer uso de ese poder exorbitante, habida consideración al hecho de que dos
meses y medio antes la concesionaria había solicitado que se le terminara el contrato conforme a lo permitido
por la cláusula décima sexta y había demostrado la existencia de la situación de hecho que esa cláusula
requería”.
59 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 18 de julio de 1997.
60 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 11 de mayo de 1999, rad. CE-SEC3-EXP1999-N10196.
Se aseguró: “Ha sido reiterada la jurisprudencia de esta Sección acerca de que la administración sólo puede
declarar la caducidad del contrato durante la vigencia del mismo”.
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Exp.11.34561 1999
B. El ejercicio de la facultad
excepcional de caducidad se Exp.10.26462 1999
extiende hasta la etapa de Exp.13.35263 2001
liquidación del contrato, inclusive. 2004
Exp. 15.93664
48. Lo anterior revela que de forma decantada y reiterativa –desde la década de
los 70 hasta finales de los 90– esta Colegiatura siguió el criterio que habilita el
ejercicio de la facultad de caducidad únicamente durante el interregno del plazo de
ejecución contractual. A partir de 1999 amoldó su postura para extender dicha
prerrogativa luego de que hubiere vencido el término negocial, hasta tanto el vínculo
no se hubiere liquidado.
49. Días después de que se profirió la Resolución 6185 del 5 de noviembre de
2008, la Sección Tercera, a través de providencia del 20 de noviembre de ese año65,
propugnó por la primera de las tesis aludidas. Luego de diferenciar los conceptos
de plazo de ejecución y plazo de liquidación, puntualizó que la caducidad del
contrato sólo puede declararse durante el primer término, por cuanto:
50. a) Su definición legal así lo requiere, en tanto que la lógica y dinámica jurídica
de los supuestos que integran su consagración normativa imponen que no es
posible que se afecte “la ejecución del contrato” y se presente su “paralización”
cuando ya ha expirado o finalizado ese plazo para el cumplimiento regular y
oportuno de las prestaciones que emanan de él.
51. b) La finalidad de esa prerrogativa, consistente en la remoción del contratista
incumplido para proseguir el objeto contractual, requiere de la vigencia del término
de ejecución, pues de otra manera se desvanece la posibilidad para la entidad de
retomar el servicio, la obra o el suministro, directamente o mediante la celebración
de otro contrato.
61 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 13 de septiembre de 1999, rad. CE-SEC3-EXP1999-
N10264. Señaló: “Al efecto, debe distinguirse que una situación de carácter particular es el vencimiento del
plazo del contrato y otra bien distinta la que se presenta con la terminación material de la relación negocial,
pues ésta última ata a las partes en la medida en que se mantiene latente la obligación inicialmente contraída
por el arrendatario cual es la de finalmente restituir el inmueble al arrendador. Si se interpretara que luego de
vencido el plazo del contrato de arrendamiento, la administración perdiera automáticamente la potestad de
hacer uso de las cláusulas exorbitantes, el arrendatario podría negarse a efectuar la restitución para alegar una
prórroga tácita o en su defecto permanecer en el inmueble arbitrariamente so pretexto de que el juez
administrativo dirima la controversia, con olvido que por la naturaleza del contrato, la administración solo puede
verificar hasta el día siguiente de vencido el plazo si el arrendador cumplió o no con su obligación”.
62 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 13 de septiembre de 1999, radicación CE-SEC3-
EXP1999-N10264. Se afirmó: “Es verdad que vencido el plazo del contrato éste se coloca en la etapa de
liquidación, pero no resulta razonable sostener que en esta fase la administración no pueda hacer uso de sus
potestades sancionatorias frente al contratista, puesto que vencido el plazo del contrato es cuando la
administración puede exigir y evaluar su cumplimiento y de manera especial definir si éste es satisfactorio”.
63 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 15 de marzo de 2001, rad. 25000-23-26-000-1993-09167-
01(13352). “La Sala ha precisado que el ejercicio de la potestad para declarar la caducidad del contrato no cesa
con el vencimiento del plazo contractual si subsisten obligaciones entre los contratantes”.
64 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 18 de mayo de 2004, rad. 73001-23-31-000-1997-05495-
01(15936). La Sala aseveró: “También fue motivo de precisión jurisprudencial la competencia ‘ratione temporis’
para el ejercicio de los poderes excepcionales o exorbitantes que posee la entidad estatal para el control y
dirección del contrato, al señalar que la administración puede declarar el incumplimiento del contratista luego
de que hubiera vencido el plazo contractual, como medida orientada a hacer efectiva la cláusula penal
pecuniaria cuando aquél no hubiere ejecutado la totalidad de las prestaciones a su cargo y podía ejercitar otros
de sus poderes sancionatorios hasta tanto el contrato no se hubiera liquidado, en razón de que la liquidación
está comprendida dentro de la vigencia del contrato”.
65 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 20 de noviembre
de 2008, rad. 05001-23-26-000-1992-01369-01(17031), C.P. Ruth Stella Correa Palacio.
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52. c) La etapa de liquidación del contrato no está concebida ni es apta para
declarar la caducidad del contrato, sino para que las partes puedan realizar el corte
de cuentas y el balance definitivo de las prestaciones a su cargo; y
53. d) El hecho de que se pueda recibir o aceptar en mora el cumplimiento de la
obligación, no puede ser entendida como una extensión regular del plazo y que con
ello se ampare el uso de esa prerrogativa en este periodo.
54. La Sala Plena de la Sección Tercera de esta Corporación, en sentencia del
12 de julio de 2012, exp. 15.024, unificó la jurisprudencia en torno al tema de la
competencia ratione temporis para declarar la caducidad del contrato, para lo cual
acogió los fundamentos expuestos en la sentencia del 20 de noviembre de 2008,
acabada de referir66.
55. Recapitulando las pautas interpretativas avaladas durante la época, se
encuentra que durante algunos años la habilitación temporal para la declaratoria de
caducidad fue objeto de cambio de criterio. La providencia del 20 de noviembre de
200867 es manifiesta en reconocer dicha modificación interpretativa y en expresar
los argumentos que condujeron a la Corporación a retomar la primera de las tesis
contempladas.
56. La lectura de la normatividad aplicable debe hacerse en clave de los
lineamientos y definiciones establecidas por esta Corporación, como órgano de
cierre de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Este predicamento está
llamado a trasladarse como vía comunicante al examen de los actos administrativos,
pues lo lógico es que la autoridad administrativa encargada de dictarlos se oriente
por el marco legal correspondiente y acuda al planteamiento jurisprudencial vigente
para la época de expedición de la decisión.
57. Lo anterior, con lógica propia de un silogismo, conduciría a la Sala a examinar
las resoluciones enjuiciadas bajo la perspectiva del segundo criterio interpretativo,
esto es, que la facultad de declarar la caducidad se extendía a la etapa de
liquidación del contrato, ya que era el vigente para el momento que éstas fueron
expedidas. Sin embargo, preocuparía que un aval automático e irreflexivo de este
efecto en el sub-júdice se proyecte como transgresión ius fundamental, puesto que
la declaratoria de caducidad tiene un efecto sancionatorio explícito.
58. Efectivamente, la declaratoria de caducidad es una figura de tinte
sancionatorio que conlleva serias implicaciones para el contratista, como lo son: no
participar en nuevos procesos de selección con la administración por el período de
cinco años –inhabilidad–, ceder o renunciar a los negocios estatales que tenga en
curso –inhabilidad sobreviniente– y no tener derecho a indemnización respecto del
contrato caducado. Tal como se lee del art. 18 de la Ley 80 de 1993 que dispone
“... no habrá lugar a indemnización para el contratista, quien se hará acreedor a las
66 En esta oportunidad, esta Sección indicó: “... la Sala, a través de este pronunciamiento, reitera la posición
jurisprudencial transcrita, en el sentido de que una vez expirado el término de ejecución del contrato no es
posible decretar la caducidad” (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de la
Sección Tercera, sentencia del 12 de julio de 2012, rad. 85001-23-31-000-1995-00174-01(15024) C.P. Danilo
Rojas Betancourth).
67 Exp.17.031.
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sanciones e inhabilidades previstas en esta ley”, en consonancia con lo consagrado
en los arts. 868 y 969 de esa misma normativa.
59. Esta Sección ha reconocido la consecuencia punitiva de la aplicación de la
mencionada prerrogativa de poder público, al señalar que “...el contratista que da
lugar a la declaratoria de caducidad se hace acreedor a una sanción que lo inhabilita
para celebrar negocios jurídicos con la administración. El término es de 5 años,
según lo establece el inciso segundo del literal i) del artículo 8 del estatuto
contractual...”70.
60. La generación de esta consecuencia conlleva a que la aplicación de la
normatividad, y de la pauta jurisprudencial respectiva, proceda bajo el cariz del
principio de favorabilidad. Este mandato, previsto en el artículo 29 de la Carta
Política71, constituye una excepción a la aplicación de las leyes en el tiempo que
autoriza que un suceso que ha tenido lugar bajo la vigencia de una determinada ley,
se rija por una norma posterior, en principio improcedente, porque es más
beneficiosa o menos gravosa para la situación particular del sujeto investigado y/o
sancionado. La jurisprudencia constitucional ha destacado que aquellas figuras que
tienen naturaleza eminentemente sancionatoria, porque derivan del ejercicio del ius
puniendi del Estado, se deben examinar con enfoque en el mencionado principio,
pues “por extensión se predica de todo del derecho sancionatorio ... tanto en
aspectos sustanciales como procedimentales”72.
61. En este orden de ideas, el ejercicio de la potestad punitiva de la
administración, que incluye el derecho contractual sancionatorio, debe desplegarse
en consonancia con la garantía de favorabilidad frente al sujeto destinatario del
mismo, puesto que se trata de un proceder que materializa el mandato del art. 29
constitucional, protege la libertad individual y controla la arbitrariedad administrativa
y judicial, al asegurar la igualdad de todas las personas ante el poder punitivo del
Estado73.
62. Así, de advertirse que a la misma situación de hecho son aplicables dos
interpretaciones normativas distintas, debe preferirse aquella más favorable o
menos restrictiva para el sujeto. En este caso, al constatarse que el efecto
retroactivo del criterio jurisprudencial vigente resulta menos perjudicial para el
contratista, en comparación con la aplicación prospectiva de la pauta imperante al
momento en que se dictaron las resoluciones enjuiciadas, la Sala opta por el
acatamiento de la primera opción al ser más beneficiosa para el destinatario de la
sanción en términos constitucionales, comoquiera que restringe la habilitación
temporal para la imposición de aquella fuera del plazo de ejecución negocial.
68 “Art. 8. De las inhabilidades e incompatibilidades para contratar. Son inhábiles para participar en licitaciones
y para celebrar contratos con las entidades estatales: (…) c) Quienes dieron lugar a la declaratoria de
caducidad.”
69 “Art. 9.De las Inhabilidades e Incompatibilidades Sobrevinientes. Si llegare a sobrevenir inhabilidad o
incompatibilidad en el contratista, este cederá el contrato previa autorización escrita de la entidad contratante
o, si ello no fuere posible, renunciará a su ejecución ...”.
70Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 24 de octubre de 2013, radicación: 23001-
23-31-000-2000-02857-01(24697). Esta sentencia reitera lo manifestado por la Subsección A, a través de
providencia del 28 de junio de 2012, expediente: 23.361.
71 En los siguientes términos: “... en materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se
aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable”.
72 Sentencia T-1087 de 2005 de la Corte Constitucional.
73 Sentencias C-653 de 2001 y C-592 de 2005 de la Corte Constitucional.
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63. De esta manera, hacer prevalecer el entendimiento jurisprudencial vigente
para la fecha de los actos debatidos sacrificaría el derecho fundamental al debido
proceso del consorcio, lo que implica que la Sala otorgue un trato diferenciado al
presente asunto y se prefiera una lectura retroactiva de las pautas judiciales para
dirimir el litigio, en tanto que esto se postula razonablemente justificado.
64. La garantía del derecho a la igualdad material ante la ley conlleva a que
decisiones similares se adopten bajo el mismo marco normativo y a proteger la
buena fe y la confianza legitima74; estas bases imponen el respeto y amparo de las
premisas que integran el precepto legal vigente, para su cabal aplicación en las
situaciones particulares a resolver.
65. La solución que estima la Sala se basa, además, en una razón concreta, que
parte del acatamiento del sistema de fuentes previsto en el ordenamiento jurídico
nacional, conforme al cual la fuente principal del derecho es la ley en sentido
material –es decir, la Constitución, la ley, los decretos y demás normas jurídicas–.
La jurisprudencia75, la costumbre, la equidad, los principios generales del derecho y
la doctrina son criterios auxiliares de aquella76. Este sistema de fuentes quedó
inscrito en la Carta Política, con la expresa ratificación del imperio de la ley como la
base fundamental y preponderante del derecho, seguida de las otras fuentes como
criterios auxiliares de su comprensión.
66. En esa medida, las autoridades administrativas y judiciales, al decidir los
casos que les competen, deben orientarse por el contenido de la ley, como fuente
principal, seguido de la jurisprudencia, entre otros, como un instrumento que
dilucida, orienta y apoya a aquella77.
67. El recuento de la evolución jurisprudencial, en punto al marco temporal para
la declaratoria de caducidad contractual, es diáfano en mostrar que el retorno a la
postura primigenia no devino de un criterio arbitrario, sino de un atento
entendimiento de los elementos normativos que consagran dicha facultad
excepcional y la comprensión del propósito esencial que contempló el legislador al
definir esta figura y sus efectos.
68. Al advertir que la tesis jurisprudencial que guarda coherencia con el
contenido del art. 18 de la Ley 80 de 1993, es aquella que esta Colegiatura mantuvo
desde 1970 y retomó a finales de 2008, y que ha sido postura pacífica ya por lustros
en el entendimiento de esa potestad excepcional, esta Subsección se decanta por
la aplicación de la norma en línea con esa pauta, por ser la que se ajusta a todos
los elementos que determinan la tipicidad de la conducta que es objeto de sanción
y determina el límite temporal para el despliegue de dicha facultad unilateral. Lo
anterior, en tanto la jurisprudencia no puede modificar o sustituir la ley, sino que su
74 Artículo 83 de la Constitución Política.
75 Desde la Ley 153 de 1887 el legislador reconoció esta tradición jurídica al consagrar, en el art. 4, que “[l]os
principios del derecho … y las reglas de la jurisprudencia servirán para ilustrar la Constitución en los casos
dudosos. La doctrina constitucional es, a su vez, norma para interpretar las leyes”.
76 Corte Constitucional, sentencia C- 104 de 1993. M.P. Alejandro Martínez Caballero
77 “De un lado, en el sistema anglosajón, práctico y empírico por naturaleza, la jurisprudencia es la fuente
principal de derecho, de tal manera que los jueces al momento de dictar sentencia consultan los antecedentes
que existan en el conjunto de sentencias precedentes. Se enfatiza en la noción de ‘precedente’. La ley escrita
ocupa un lugar secundario. De otro lado, en el sistema latino, más especulativo y abstracto, la ley escrita es la
principal fuente de derecho. La jurisprudencia ocupa un lugar secundario” ib.
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papel se inscribe en auxilio de su entendimiento, sin ubicarse en el mismo escalón
al que pertenecen los mandatos normativos.
69. Ante la constatación de que las resoluciones demandadas fueron emitidas
conforme a una postura jurisprudencial de vigencia transitoria, que posteriormente
fue recogida, la posición de la autoridad judicial a la que le atañe la definición de
esta controversia no puede anclarse en tal época, pues aquel debate fue superado;
con esa dirección, lo que corresponde en el caso concreto es la aplicación
retroactiva del criterio judicial para materializar las garantías ius fundamentales
atinentes al principio de favorabilidad e igualdad ante la ley; esta ruta, a su vez,
desata la tensión entre los principios de confianza legítima que aduce la entidad
demandada, frente a las garantías del sujeto en quien se proyectan los efectos de
una sanción, que no era imponible.
70. Esta solución no es contraría a otros pronunciamientos en los que esta
Subsección ha adoptado la aplicación prospectiva del precedente, cuando esas
determinaciones se han orientado a proteger las garantías fundamentales de
quienes acuden a la administración de justicia, propósito que también se resguarda
en el sub-lite. En efecto, (i) en el expediente 57.56878, la Sala reconoció la necesidad
de limitar la aplicación retroactiva de los cambios de precedente en los casos en
que la administración estuvo movida por tal interpretación vigente al momento en
que se expidieron los actos debatidos, pero finalmente, para ese caso particular ya
estaba vigente la rectificación jurisprudencial que se adoptó en la sentencia del 20
de noviembre de 2008 (Exp. 17.031), en punto a la competencia ratione temporis
de la caducidad contractual; (ii) en el proceso 39.24979 se indicó que no debió
aplicarse retroactivamente la rectificación jurisprudencial que tuvo lugar en el 2005,
sobre la competencia de imponer multas unilateralmente, porque el acto debatido
era anterior a esa época (del año 2000); y, (iii) en el litigio 52.43480 se optó por un
efecto prospectivo, es decir, la aplicación de la tesis que admitía la renuncia tácita
al pacto arbitral, pues era el precedente vigente al momento de la contestación de
la demanda y el que garantizaba, de mejor manera, el derecho al acceso a la
administración de justicia de las partes, que habían aguardado por más de diez años
la expedición de la sentencia que pusiera fin al proceso.
71. Así las cosas, a manera de conclusión y concreción, si bien el INVIAS aplicó
el criterio jurisprudencial vigente para el momento de expedir los actos demandados,
la Sala no puede inclinarse por mantener la caducidad declarada por la única razón
de aplicar aquella postura, pues ello sería tanto como imponer al sujeto soportar los
efectos adversos de una sanción que no estaba disponible en la estructura
normativa, y que de manera posterior fue rectificada. Por supuesto que la Sala
acogerá la pauta jurisprudencial que consulta las garantías de los particulares, por
la vía de aplicar estrictamente la ley (art. 18 de la Ley 80 de 1993), toda vez que
esta disposición delimitó y reservó el ejercicio del poder estatal a una fase ya
consumada bajo el contrato objeto de análisis y que, además, revela un
entendimiento que salvaguarda el principio de favorabilidad aplicable en materia
sancionatoria.
78 Sentencia del 17 de junio de 2022.
79 Providencia del 5 de marzo de 2021.
80 Sentencia del 27 de agosto de 2021.
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72. Por todo lo anterior, la Sala mantendrá la declaratoria de nulidad de los actos
administrativos enjuiciados, pues éstos adolecen del vicio de incompetencia, de
cara al factor ratione temporis.
Indemnización de perjuicios
73. El a quo se pronunció sobre la indemnización de perjuicios solicitada,
accediendo a algunos conceptos y negando otros. La entidad solo discutió los
reconocimientos admitidos por el Tribunal, razón por la cual la Sala se pronunciará
respecto de estos últimos, en tanto que constituyen el marco de reproche de la
apelación, por resultar desfavorables para el demandado.
Devolución de lo pagado a título de cláusula penal
74. En el ordinal segundo del fallo impugnado, el a quo ordenó al INVIAS
reintegrar, a favor del demandante, la suma que hubiere pagado por concepto de
cláusula penal impuesta a través de los actos enjuiciados. La entidad reprochó esta
determinación, con el único argumento de que no se demostró que el consorcio la
hubiese desembolsado efectivamente.
75. Mediante la Resolución 3812 de 2008, la contratante decidió, en el artículo
segundo, “imponer al contratista Consorcio HH Ingenieros, como sanción a título de
cláusula penal pecuniaria la suma de TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS
OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON
SESENTA CENTAVOS ($33.289.737.60), correspondiente al diez por ciento (10%)
del valor del contrato, de conformidad con lo estipulado en la cláusula décima quinta
del Contrato”81. Determinación confirmada, a través de la Resolución 6185 de esa
misma anualidad.
76. La aplicación de las cláusulas excepcionales, en los términos prescritos en
la ley, concretan las siguientes facultades: i) el privilegio exclusivo a favor de la
administración; ii) la autorización para aplicarla en forma unilateral; y iii) la
ejecutoriedad de la decisión que se adopta a través de su aplicación82.
77. La ejecutoriedad es un atributo de los actos administrativos; consiste en la
facultad que ostenta la autoridad para disponer su realización o cumplimiento, sin
intervención judicial y dentro de los límites fijados por el ordenamiento jurídico83 –
como los supuestos que configuran la pérdida de su fuerza ejecutoria 84–.
81 Fls.10 a 34, archivo “13_Expedientedigi_EXPEDIENTE_CUADERNOPRUEBAS”, índice 53, SAMAI –Gestión
en otras corporaciones, TA Norte de Santander–
82 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 20 de noviembre
de 2008, radicación 05001-23-26-000-1992-01369-01(17031).
83 En la doctrina francesa, este atributo coincide con el privilegio de préalable, que denota la prerrogativa de
atenerse a su decisión sin acudir previamente al juez para obtener la comprobación judicial de su derecho
(CASSAGNE, Juan Carlos, “El acto administrativo”, Editorial Temis, 2013, p.287).
84 “ARTICULO 66 del CCA. PÉRDIDA DE FUERZA EJECUTORIA. Salvo norma expresa en contrario, los actos
administrativos serán obligatorios mientras no hayan sido anulados o suspendidos por la jurisdicción en lo
contencioso administrativo, pero perderán su fuerza ejecutoria en los siguientes casos:
1. Por suspensión provisional.
2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho.
3. Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la administración no ha realizado los actos que le
correspondan para ejecutarlos.
4. Cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido el acto.
5. Cuando pierdan su vigencia”.
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78. De acuerdo con lo anterior, comoquiera que no obra en el expediente
documento que haga evidencia de que las resoluciones censuradas hayan sido
objeto de suspensión o medie prueba de que la administración dejó transcurrir cinco
años desde su firmeza sin adelantar las acciones correspondientes a su ejecución,
o, algún otro supuesto que desvanezca su obligatoriedad, para la Sala es dable
concluir que el INVÍAS hizo efectivo el cobro de la cláusula penal, en los términos
de ley mencionados.
79. De modo que una defensa que no es afirmativa sobre un hecho que le debe
constar, por razones de corrección y carga dinámica probatoria, no está llamada a
ser considerada, pues el INVÍAS debe saber si el contratista pagó y no solo limitarse
a afirmar que no acreditó haberlo hecho. Si bien no se desconoce que, a voces del
art. 177 del C. de P.C., a la parte interesada el atañe demostrar el supuesto que
reclama, lo cierto es que la entidad contaba con los insumos requeridos para
confrontar si ocurrió o no el desembolso ordenado, pero no lo aportó al sub-lite, sin
que sirva de justificación su propia omisión. Por lo que se mantendrá la orden de
reintegro de la suma que el contratista hubiere pagado o se le hubiere descontado
a título de cláusula penal, lo que supone la condición de que se acredite que tal
desembolso efectivamente ocurrió. Su restitución operará debidamente actualizada
a la fecha de la sentencia.
80. No se liquidarán intereses moratorios, por cuanto el acto administrativo que
declaró la caducidad se presume legal hasta la ejecutoria de la sentencia que
declara su nulidad, y solo entonces nace la obligación de reparar el daño85.
Pérdida de oportunidad del demandante por la inhabilidad generada
81. El consorcio aseveró que con ocasión de la inhabilidad que se le impuso, le
fueron ocasionados perjuicios estimados en $633’539.657, por la no contratación
con el Estado durante el término de cinco (5) años. El Tribunal calculó la utilidad
dejada de percibir por el contratista en el monto de $57’311.593.07, mientras que la
demandada sostuvo al apelar que no procede dicho reconocimiento, en tanto no se
aportaron pruebas que demuestren este perjuicio y porque el a quo se basó en un
sustento inadecuado, esto es, un contrato suscrito con un municipio.
82. La Sala no comparte el reproche de la entidad. De un lado, se tiene que en
la impugnación el censor se quejó de que el a quo estimara el perjuicio con base en
“un contrato celebrado con el municipio de Chámeza con utilidad del 10%”. La
mención a ese pacto no constituyó un insumo sobre el cual el juez de primer grado
estableció la utilidad dejada de recibir por la contratista; su indicación se hizo como
parte de una referencia jurisprudencial sobre la ausencia de certeza del quantum
del perjuicio y la forma de solventar tal circunstancia. Cuando el Tribunal tasó el
perjuicio lo hizo en atención al porcentaje de utilidad estipulado para el contrato en
estudio, al señalar:
“Bajo estas premisas, la Sala considera que sí existe un elemento objetivo
verificable en el expediente, que permite por equidad, cuantificar el perjuicio: la
utilidad real proporcional derivada de la ejecución parcial del Contrato 456 de
85 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 12 de julio de 2012. Exp. 15.024 y Subsección
A, sentencia del 5 de marzo de 2021, rad. 25000-23-26-000-2001-00066-01 (39249).
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2005, determinada con fundamento en la propuesta económica presentada por el
contratista.
(...)
En suma, ante la certeza del perjuicio y la ausencia de prueba directa de su
cuantía, la Sala acudirá al mecanismo equitativo autorizado por la jurisprudencia,
proyectando la utilidad derivada de lo ejecutado por el contratista en cinco
anualidades consecutivas, sin que resulte jurídicamente viable efectuar un cálculo
distinto que implique determinar utilidades sobre negocios hipotéticos o sobre
proyecciones contractuales no acreditadas en el proceso”.
83. La Sala Plena de la Sección Tercera86 ha señalado, y de manera uniforme lo
ha reiterado esta Subsección87, que la declaratoria de caducidad viciada de nulidad
conlleva una pérdida de oportunidad, un daño jurídicamente relevante que se deriva
directamente de la inhabilidad prevista en el artículo 8º de la Ley 80 de 1993, la cual
impide al afectado contratar con las entidades estatales y obtener un provecho
económico por ello88.
84. La perdida de oportunidad, como daño jurídicamente indemnizable, alude a
aquellos eventos en que una persona está en una posición apta para obtener un
provecho o impedir una pérdida, pero que, con ocasión de un acto u omisión de un
tercero, la consolidación de dicha posibilidad se frustra de manera definitiva. Para
que se consolide esta categoría de daño es necesario demostrar la existencia cierta
de una perspectiva real de obtener una ganancia o de impedir una pérdida y la
incertidumbre causal que se deriva del desconocimiento sobre qué habría ocurrido
con esa posibilidad en caso de que la conducta u omisión antijurídica de un tercero
no hubiera frustrado definitivamente la trayectoria normal de los eventos89.
85. Para el caso concreto, no basta con la acreditación del acto viciado en uno
de sus elementos de validez y la constatación de que con ocasión de éste, se
impuso a los miembros del consorcio la inhabilidad por el término de cinco (5) años,
pues se requiere, a su vez, la demostración de la frustración o efecto negativo que
esta determinación acarreó para esos sujetos, toda vez que es un imperativo
demostrar “la certeza de la existencia de una oportunidad que se pierde, aunque
esta involucre un componente aleatorio”90. En otras palabras, es necesario que la
parte que reclama la pérdida de oportunidad establezca que antes de la ocurrencia
del hecho generador del daño estaba en una posición potencialmente apta para
producir un resultado beneficioso para ella.
86. La Sala constata que el expediente carece de insumos demostrativos que
den cuenta de que los miembros del consorcio suscribían con antelación a la firma
del contrato bajo análisis, negocios jurídicos con el Estado, lo que podría dilucidar
si realmente sufrieron un menoscabo al impedirles el chance de celebrar nuevos
86 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena. Sentencia del 12 de julio de 2012. Exp. 15.024. C.P
Danilo Rojas Betancourth. Consideración jurídica No. 23.
87 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencias del, 3 de agosto de 2017. Exp. 52.920.
C.P Marta Nubia Velásquez Rico, 5 de marzo de 2021, Exp. 39.249, C.P. José Roberto Sáchica Méndez y 4 de
septiembre de 2023, Exp. 61.029, C.P. José Roberto Sáchica Méndez
88 Ley 80 de 1993, art. 8 (versión previa a la reforma de la Ley 1150 de 2007): “1º Son inhábiles para participar
en licitaciones o concursos y para celebrar contratos con las entidades estatales: (…) c) Quienes dieron lugar a
la declaratoria de caducidad (…) las inhabilidades a que se refieren los literales c), d) e i) se extenderán por un
término de cinco (5) años contados a partir de la fecha de ejecutoria del acto que declaró la caducidad”.
89 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 14
de julio de 2023, 73001233300520140034601 (59942).
90 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 2 de julio de 2021, Exp. 54.144.
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vínculos jurídicos –según la frecuencia que acreditaran–. Se echan de menos,
además, informes o libros contables que muestren dicha actividad, copias de otros
pactos suscritos con autoridades públicas, el RUP de los integrantes de la forma
asociativa, los términos de referencia del proceso de selección que dio lugar al
contrato y los documentos por medio de los cuales se dio cumplimiento al requisito
habilitante de experiencia, o algún dictamen pericial que con credibilidad y
suficiencia analizara la actividad negocial previa de los sujetos, entre muchos otros;
inclusive, el Tribunal fue expreso en reconocer la orfandad probatoria en este
aspecto, al sostener que “en el presente proceso no obra documentación alguna
que permita establecer el volumen de contratación previo del Consorcio H.H.
Ingenieros, ni sus estados financieros, ni documentos contables, ni contratos
celebrados con la administración previos o posteriores, que sirvan como parámetro
para aplicar este primer método de estimación”91.
87. Al subsanar el libelo, la demandante estimó esa pérdida de oportunidad, con
base en el porcentaje de utilidad que habría recibido por la ejecución total del pacto
(5%), esto es, la suma de $16’536.825 y la multiplicó por el término de vida probable
de los miembros del consorcio, resultando en la cifra de $633’539.657. Esta escueta
afirmación no demuestra que el giro de los negocios de los integrantes del
contratista se vio afectado, al truncar su posibilidad se seguir contratando con el
Estado –pues ese mero aserto no evidencia que sus negocios o parte de ellos
estuvieren enlazados a la colaboración con la Administración–; además, expresa un
daño asociado a la vida probable de aquellos sujetos, pese a que la inhabilidad que
se les impuso se prolongó por el lapso de cinco (5) años.
88. Ante la falta de prueba de expectativas reales del consorcio de seguir
contratando con el Estado, por cuanto no se acreditó que el giro ordinario de sus
negocios se integrara con pactos de esta clase, el daño no es cierto y, por tanto, no
se tiene por acreditado; de modo que no es susceptible de ser indemnizado, razón
por la cual la Sala no avanzará en la tasación de la cuantía de los perjuicios
solicitados por el actor.
89. Frente a este último aspecto, llama la atención la incorrección en que incurrió
el a quo; en efecto, luego de indicar que no se conocía con exactitud cuántos
contratos habría celebrado el contratista, ni cuales utilidades pudo haber obtenido,
es decir, si efectuaba dicha actividad de forma previa con el Estado, pasó a
mencionar unos elementos, desde la óptica de la equidad, para establecer la cuantía
del perjuicio, de acuerdo con lo manifestado en la sentencia del 12 de julio de 2012,
exp.15.024, de esta Sección; sin embargo, el Tribunal erró al utilizar esa tesis en el
sub examine, comoquiera que no se trata de un precedente equiparable en punto a
la pérdida de oportunidad, pues en aquella providencia la Sala advirtió que había
“certeza sobre el perjuicio, pero no acerca de la cuantía”, toda vez que se probó que
“el demandante se dedicaba profesionalmente a la ingeniería y a que contrataba
con el Estado para la construcción de obras públicas ...” aspecto que difiere
sustancialmente del asunto de la referencia, donde no se demostró que los
miembros del consorcio tuviesen vínculos contractuales previos con la
Administración, a pesar de tener legalmente la carga probar los supuestos en que
91 Índice 55, SAMAI –Gestión en otras corporaciones, TA Norte de Santander–.
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se fundamentan las pretensiones de su demanda, como dispone el art. 167 del
Código General del Proceso (CGP).
90. Allí fue procedente utilizar el criterio de equidad desarrollado como medio
para calcular la cuantía del perjuicio, ante la falta de certeza en su estimación, sin
que ese ejercicio sea replicable en el sub-lite, en tanto que aquí no se probó el daño
irrogado, como requisito ex ante para su cuantificación. Por consiguiente, se negará
este reconocimiento.
Utilidad dejada de percibir frente a la obra no ejecutada
91. Por este concepto, el Tribunal reconoció la cifra de $7’647.957,70,
consistente en el 5% de $152’959.154 –valor al que ascendió la obra no ejecutada–
esto es, la suma que el contratista habría recibido como utilidad neta, si no se
hubiese frustrado el logro del objeto contratado con la declaratoria de caducidad del
pacto. El INVÍAS reprochó este reconocimiento, al aducir que quedó demostrado
que el incumplimiento del negocio jurídico provino del propio demandante.
92. La utilidad que el consorcio dejó de percibir por no completar las actividades
del contrato no es un perjuicio indemnizable, porque (i) la caducidad se declaró en
noviembre de 2008, después del vencimiento del plazo de ejecución –22 de febrero
de 2006–, y (ii) porque no está probado que el contratista dejara de efectuar las
obras en ese término por hechos atribuibles a la entidad.
93. Los insumos que componen el caudal probatorio no demuestran la
inobservancia que el consorcio endilgó a la contratante. Obran las actas No. 3 de
recibo parcial de obra92 y la de recibo final de obra93, suscritas el 16 de febrero y 2
de septiembre de 2006, respectivamente. En estas consta, que (i) el acuerdo
comenzó a ejecutarse el 6 de julio de 2005, (ii) por un plazo de 3 meses que se
suspendió en dos oportunidades, mediante las actas Nos. 1 y 2 –la primera, por 90
días calendario y, la segunda, por 48 días calendario94–, (iii) el término negocial
feneció el 22 de febrero 2006, (iv) en esta fecha se constató que la obra construida
ascendió a la suma de $179’938.261, frente a los $332’897.376 contratados, por lo
que quedó un saldo de $152’959.115 por ejecutar. Sobre el estado del objeto
recibido a la culminación del plazo, se consignó95 (se transcribe como obra en el
texto original):
“Una vez realizada la inspección total de la obra, se constató que a la fecha 2 de
septiembre de 2006 no se encuentran los trabajos terminados de acuerdo con lo
establecido en el contrato. En consecuencia, el Contratista no cumplió con lo
pactado contractualmente.
El recibo de los trabajos parciales, no releva al Contratista de sus
responsabilidades y obligaciones a las cuales hace referencia el contrato y las
normas legales vigentes”.
92 Fls.127, archivo “13_Expedientedigi_EXPEDIENTE_CUADERNOPRUEBAS”, índice 53, SAMAI –Gestión en
otras corporaciones, TA Norte de Santander–.
93 Fls.105 a 109, archivo “12_Expedientedigi_EXPEDIENTE_CUADERNOPRINCIPAL”, índice 53, SAMAI –
Gestión en otras corporaciones, TA Norte de Santander–.
94 A través del Acta No. 1 se acordó la parálisis contractual el 29 de agosto de 2005, por 90 días calendario y el
Acta No. 2 se suscribió el 30 de noviembre de 2005, conviniendo la suspensión por 48 días calendario.
95 La contratista no asistió a esta diligencia “por incapacidad y por amenazas del frente guerrillero y que las
cantidades las conocen interventor y supervisor”.
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Expediente 540012331000201100573-02 (74.390)
Demandantes: Consorcio HH Ingenieros
Demandado: Instituto Nacional de Vías –INVÍAS–
Referencia: Controversias contractuales
94. El expediente carece de otros medios demostrativos que den cuenta del
supuesto incumplimiento de la entidad. Lo traído de presente pone en evidencia la
insuficiencia de los referidos documentos para establecer un principio de
responsabilidad contra alguno de los contrayentes. Si bien las resoluciones
debatidas sí establecían un criterio frente al cargo de incumplimiento, lo cierto es
que al desvirtuarse su legalidad, no hay lugar a otorgar mérito a las conclusiones
allí esbozadas, ante la ausencia de respaldo que las compruebe o descalifique.
95. Sólo hay certeza en punto al porcentaje de obra entregada y dejada de
ejecutar, constatación insuficiente para mantener el reconocimiento de la utilidad
dejada de percibir por el contratista, frente a la obra no ejecutada. No se desconoce
que la declaratoria de caducidad estuvo viciada, pero ello no tiene la virtualidad de
otorgar, por sí misma, la razón al consorcio, pues, finalmente, no logró acreditar que
la ejecución incompleta tuvo fuente en la conducta del INVÍAS, en tanto sus
reproches se limitaron a meras afirmaciones sobre la materia; por ende, se revocará
esta condena.
96. En línea con lo anterior, la sentencia del Tribunal será modificada,
manteniendo la declaratoria de nulidad de los actos enjuiciados, así como la orden
de reintegro de la suma pagada a título de cláusula penal. No se accederá a la
indemnización de las demás partidas económicas reclamadas por la declaratoria de
caducidad del contrato.
Costas
97. En consideración a que no se evidenció temeridad, ni mala fe en la actuación
procesal de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad
con lo establecido en el artículo 171 del CCA, modificado por el artículo 55 de la Ley
446 de 1998.
IV. PARTE RESOLUTIVA
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Norte de Santander el 4 de diciembre de 2025, cuya parte resolutiva quedará así:
“PRIMERO: DECLARAR la nulidad de las Resoluciones No. 03812 del 23 de julio de 2008
y No. 06185 del 5 de noviembre de 2008, proferidas por el Instituto Nacional de Vías –
INVÍAS–, conforme a las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, ORDENAR al Instituto Nacional de
Vías –INVÍAS– reintegrar al Consorcio H.H. Ingenieros las sumas de dinero que hubiere
efectivamente pagado por concepto de la cláusula penal pecuniaria, ordenada en el artículo
segundo de la Resolución No. 03812 del 23 de julio de 2008, debidamente indexadas a
partir de la fecha de pago y hasta la fecha de ejecutoria de la presente providencia, en los
términos expuestos en la parte motiva de la providencia.
TERCERO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
23
Expediente 540012331000201100573-02 (74.390)
Demandantes: Consorcio HH Ingenieros
Demandado: Instituto Nacional de Vías –INVÍAS–
Referencia: Controversias contractuales
CUARTO: NO CONDENAR en costas.
QUINTO: La parte demandada dará cumplimiento a lo dispuesto en esta sentencia dentro
de los términos indicados en los artículos 176, 177 y 178 del CCA.
SEXTO: DEVOLVER a la parte actora el valor consignado como gastos ordinarios del
proceso, o su remanente, si lo hubiere”.
SEGUNDO: Sin condena en costas.
TERCERO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Salvamento de voto
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
Nota: se deja constancia de que esta providencia se suscribe de forma electrónica mediante el
aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad
y autenticidad del presente documento en el
enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece
a la derecha. Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados
tienen la responsabilidad de registrarse en el sistema Samai.
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