Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 54001-23-33-000-2012-00148-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ocupación de terreno
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 54001-23-33-000-2012-00148-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 54001-23-33-000-2012-00148-01
Consejero ponente: Jaime Enrique Rodríguez Navas
12 de julio de 2021
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / EFECTOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / JORNADA LABORAL POR TURNOS / PAGO DE LA JORNADA LABORAL EXTRA / OBJECIONES DEL CONTRATANTE / PRÓRROGA DEL CONTRATO ESTATAL / SOLICITUD DE PRÓRROGA DEL CONTRATO ESTATAL / CARACTERÍSTICAS DEL PAGO / CONTRADICCIÓN DE TESTIMONIOS / ADMINISTRACIÓN DEL MUNICIPIO / INFORME DE AVANCE DEL CONTRATISTA / CAUSALES DE JUSTIFICACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / AUSENCIA DE IMPUTACIÓN / OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE / FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA NACIONAL / INVERSIÓN EN TERRENO / CERTIFICADO DE UBICACIÓN / LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / FALTA DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA / CONFIRMACIÓN DEL FALLO
[L]os atrasos continuaron, pese a que, con trabajos en doble jornada y con mayor número de operarios, hubiera sido posible darle cumplimiento, y el ente contratante accedió a las cuatro (4) solicitudes de prórrogas y dos (2) modificaciones en los pagos solicitados por [la empresa contratista]. Además, ante las contradictorias manifestaciones de la administración municipal, la [sociedad contratista] prosiguió el avance de las obras, pese a no contar con la licencia preceptiva, por lo que tampoco cabe afirmar que su ausencia haya determinado el incumplimiento. [N]o cabe imputarle al Fondo Rotatorio de la Policía Nacional el error que se presentó en la ubicación del terreno en el que habría de ejecutarse el Contrato […], ni la ausencia de licencia de construcción. Pero, ante todo, tal error no fue la causa de los retrasos en su ejecución. En consecuencia, la sentencia desestimatoria de primera instancia será confirmada.
OCUPACIÓN DE TERRENO / VISITAS A LA OBRA PÚBLICA / PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA / INSPECCIÓN DE TRABAJO / EJECUCIÓN DEL CONTRATO / ACTO PRECONTRACTUAL / ACTA DEL CUERPO COLEGIADO / REGLAS DEL PLIEGO DE CONDICIONES / CLASES DE INFORME TÉCNICO / DESCRIPCIÓN DE LA LICITACIÓN / LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / VISITAS A LA OBRA PÚBLICA / REPARACIÓN DEL DAÑO CONTRACTUAL / INEXISTENCIA DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / PARTE DEMANDANTE / SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN
No se acreditó […] que el terreno correspondiera al observado en la visita de obra […], que era la oportunidad para que, en el proceso de contratación directa […] se inspeccionara el área en el que la obra sería ejecutada, pese a que, conforme a los documentos precontractuales, debía levantarse acta de la visita y entregar copia a los asistentes. Así constaba en el pliego de condiciones y lo mencionado por el comité técnico al responder las observaciones planteadas en la licitación. Por lo tanto, pese a que se demostró que, en efecto, el Contrato […] se ejecutó en un lugar erróneo, no acreditó la demandante, que se hubiera presentado un error en la visita. Por ende, al no comprobarse este error, el daño cuya reparación se pretende no es atribuible al Fondo Rotatorio, como lo afirmó en sustento de la alzada.
INFORME DE AVANCE DEL CONTRATISTA / EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / PRÓRROGA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / PRÓRROGA DEL CONTRATO ADICIONAL / TÉRMINO DEL CONTRATO ADICIONAL / AUDIENCIA DE ACLARACIONES / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA / INCREMENTO DEL PRECIO / MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN / CONCEPTO DE INTERVENTORÍA / FALTA DE COMPETENCIA ADMINISTRATIVA / CAPACIDAD TÉCNICA / AFECTACIÓN DE LA ECUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO ESTATAL / DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / PRINCIPIO DE CLARIDAD / DESLINDE DE BIEN INMUEBLE / LINDEROS / LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO
El 15 de marzo de 2010, se verificó un avance acumulado de ejecución del Contrato […] del 70,05%; avance que, sin embargo, resultó insuficiente, ante lo cual [la contratista] pidió una nueva prórroga, que fue concedida nuevamente con el Contrato Adicional 4, mediante el cual el plazo se reprogramó para el 31 de julio de 2010. En ese estado de ejecución […], se produjo la audiencia del 1º de julio de 2010, en la que el representante de la [sociedad contratista] adujo que el incumplimiento se debía a la falta de claridad sobre el terreno y los incrementos en precios de suministros, mientras la interventoría afirmó que obedecía a falencias administrativas, técnicas y financieras; y el 15 de julio fue declarada la caducidad administrativa, mediante Resolución 564 de 2010. [L]a Sala encuentra que la falta de claridad sobre los linderos del predio en el que se ejecutaba el Contrato 167 de 2008, además de no ser imputable al Fondo Rotatorio, no ocasionó el retraso en su ejecución.
EFECTOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN EL CONTRATO ESTATAL / APLICACIÓN DE LA BUENA FE CONTRACTUAL / FALTAS DEL CONTRATISTA / CULPABILIDAD / DEUDOR MOROSO / / INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL POR VENCIMIENTO DEL PLAZO / PRUEBA DEL CASO FORTUITO / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / PACTO DE CUMPLIMIENTO / CAUSALES DE JUSTIFICACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / OBLIGACIÓN DE MEDIO / OBLIGACIÓN DE RESULTADO / OBJETO DEL CONTRATO ESTATAL / OBLIGACIÓN DEL DEUDOR / DEBER DE DILIGENCIA / CONTROL DE RESULTADOS
[S]e presenta un incumplimiento cuando las prestaciones derivadas de un contrato no son atendidas oportunamente o son atendidas de forma defectuosa, conforme al postulado de la buena fe. El incumplimiento le es imputable a título de culpa al deudor moroso, como el que no ha cumplido la obligación dentro del tiempo estipulado, quien puede eximirse de la imputación con la demostración del caso fortuito, sin perjuicio de lo pactado, conforme a los artículos 1604, 1608 y 1610 y 1733 del Código Civil, aplicables de acuerdo con el artículo 13 de la Ley 80 de 1993. La imputación del incumplimiento pende, a su vez, del tipo de obligaciones pactadas. De un contrato pueden desprenderse obligaciones de medio o de resultado, dependiendo de si su obtención se entiende comprendida, o no, en el objeto contractual. En este orden de ideas, al deudor de las obligaciones de medio le corresponde desplegar todos sus esfuerzos y diligencia posibles para procurar obtener el resultado determinado por su actividad, mientras el deudor de las obligaciones de resultado debe conseguir lo estipulado.
FUENTE FORMAL: LEY 84 DE 1873 – ARTÍCULO 1604 / LEY 84 DE 1873 – ARTÍCULO 1608 / LEY 84 DE 1873 – ARTÍCULO 1610 / LEY 84 DE 1873 – ARTÍCULO 1733 / LEY 80 DE 1993 – ARTÍCULO 13
NOTA DE RELATORÍA: Sobre el incumplimiento del contrato y la declaratoria de caducidad, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 25 de mayo de 2011, rad. 18553, C. P. Ruth Stella Correa Palacio; y sentencia del 22 de mayo de 2013, rad. 22090, C. P. Enrique Gil Botero.
DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / CLÁUSULA EXCEPCIONAL / ACTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO / EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / DECLARATORIA DE CADUCIDAD DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA / RESOLUCIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO / OBJECIONES DEL CONTRATANTE / OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE / EJECUCIÓN DEL CONTRATO / JURISPRUDENCIA ADMINISTRATIVA / POTESTAD DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA / MÉTODO DE PONDERACIÓN / PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD / PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD / CONTINUIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO CONTRATADO / OBJETO DEL CONTRATO / ACCIÓN ADMINISTRATIVA / PRESTACIÓN DEL SERVICIO CONTRATADO
[L]a declaración de caducidad es una facultad excepcional, de carácter sancionatorio, que la Administración ejerce en el marco de la ejecución de contratos, como el de obra, contemplados en el artículo 14 de la Ley 80 de 1993, cuando —según el artículo 18 ejusdem — se presente un incumplimiento grave del contratista, que conduzca de forma inminente a la parálisis de la ejecución contractual, por lo que la entidad contratante asume, por sí o mediante un tercero, la ejecución de lo contratado. De acuerdo con la jurisprudencia administrativa, la Sala ha precisado que en el ejercicio de esta potestad administrativa debe ponderarse, dentro de un marco de razonabilidad y proporcionalidad, la gravedad de la amenaza que se cierne sobre la continuidad del servicio, teniendo en cuenta el objeto contratado, los antecedentes de su ejecución y el margen de acción de la Administración para el restablecimiento del servicio.
FUENTE FORMAL: LEY 80 DE 1993 – ARTÍCULO 14 / LEY 80 DE 1993 – ARTÍCULO 18
NOTA DE RELATORÍA: Sobre el ejercicio de la potestad administrativa en la celebración de contratos, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 20 de noviembre de 2008, rad. 17031, C. P. Ruth Stella Correa Palacio; y sentencia del 12 de julio de 2012, rad. 15024, C. P. Danilo Rojas Betancourth.
CONTRATO LLAVE EN MANO / OBLIGACIÓN DE RESULTADO / OBJETO DEL CONTRATO ESTATAL / LABOR DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA / ESTACIÓN DE POLICÍA / TRÁMITE DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / PLANOS ARQUITECTÓNICOS / CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE CONDICIONES / CONDICIONES DEL CONTRATO / DEBER DE DILIGENCIA / OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA / ESTADO DE RIESGO / OBLIGACIÓN CONTRACTUAL / FALTA DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN / RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
Al tratarse de un contrato llave en mano y, como tal, de resultado, cuyo objeto consistía en el diseño y construcción de la estación de Policía de San Calixto, resulta claro que el trámite de la licencia de construcción tenía por objeto su obtención para dar paso a las obras. Esto formaba parte de la fase de diseños, conforme a lo previsto en el pliego de condiciones y el Contrato […], ya que la [contratista] no se obligó a poner todo su empeño y diligencia para la consecución del objeto […]. Al haberse estipulado, adicionalmente, que la contratista asumiría los riesgos del cumplimiento de las obligaciones contractuales, para la Sala es claro que las consecuencias de la falta de licencia de construcción le son imputables a la [sociedad contratista].
DEBERES DEL CONTRATISTA / FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA NACIONAL / PACTO DE CUMPLIMIENTO / IDENTIFICACIÓN DE LA CLASE DE CONTRATO ESTATAL / OBLIGACIÓN DE RESULTADO / CONTRATO LLAVE EN MANO / OBJETO DEL CONTRATO / CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / TERMINACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA / COSTOS DE LA OBRA PÚBLICA / RIESGOS DEL CONTRATO ESTATAL / CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO / PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA / CLASES DE BIEN INMUEBLE / CALIDAD DEL PRODUCTO / MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN / LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / RESPONSABILIDAD DE LA EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA / CESIÓN DEL BIEN INMUEBLE / POSESIÓN DEL PREDIO / ESCRITURA PÚBLICA / OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
[L]a [sociedad contratista] y el Fondo Rotatorio de la Policía Nacional pactaron, de forma expresa, que el Contrato […] era de resultado bajo la modalidad llave en mano, por lo que su objeto incluía prestaciones mixtas y se cumplía con la entrega del producto final de la obra; como también de resultado era la obligación de asumir a su costo todos los riesgos derivados del cumplimiento de sus obligaciones, por lo que la [contratista] manifestó haber estudiado cuidadosamente el proyecto que ejecutaría, así como la […] conformación del inmueble en el que se construiría, además de la situación, calidad y transporte de los materiales […]. Las obras, sin embargo, no fueron ejecutadas en el terreno correspondiente a esa escritura, por lo que finalmente fue cedido el predio en el que se construyó, por medio [de] Escritura 2337 de 2011. Se produjo, pues, un error en la ubicación de las obras, sobre el que el Fondo Rotatorio y la [contratista] se hicieron imputaciones mutuas durante la ejecución del Contrato.
NOTA DE RELATORÍA: Providencia con salvamento de voto del consejero Guillermo Sánchez Luque.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Bogotá D.C., doce (12) de julio de dos mil veintiuno (2021)
Radicación número: 54001-23-33-000-2012-00148-01(51053)
Actor: CORPORACIÓN GRIMAR
Demandado: FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA NACIONAL
Referencia: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Tema: Caducidad administrativa en contrato estatal. Subtema 1. Incumplimiento. Subtema 2. Imputación del incumplimiento. Subtema 3. Obligaciones de medio y resultado.
La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, el cinco (5) de marzo de dos mil catorce (2014), que negó las pretensiones.
SÍNTESIS DEL CASO
El Fondo Rotatorio de la Policía Nacional y la Corporación Grimar suscribieron el Contrato 167 de 2008, que comprendía el diseño y la construcción de la estación de policía del municipio de San Calixto (Norte de Santander), como obligaciones de resultado. Luego de que el plazo de ejecución fuera prorrogado en cuatro (4) oportunidades, sin que las obras concluyeran, el Fondo Rotatorio declaró la caducidad administrativa del contrato. La Corporación Grimar aduce que el incumplimiento que dio lugar a la declaración de la caducidad no le es imputable, porque se debió a un error en la ubicación del predio en el que se ejecutaría y en el que habría incurrido el Fondo Rotatorio.
ANTECEDENTES
2.1.1. El ocho (8) de noviembre de dos mil doce (2012), la Corporación Grimar presentó demanda, en ejercicio del medio de control de controversias contractuales, contra la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional-Fondo Rotatorio, con la que pretende que (i) se declare la nulidad de las resoluciones núm. 0378 del 10 de junio de 2009 (en adelante, “Resolución 378 de 2009”) y 0564 del 15 de julio de 2010 (en adelante, “Resolución 564 de 2010”), con las que se multó y declaró la caducidad del contrato de obra pública núm. 167 del 24 de septiembre de 2008 (en adelante, “Contrato de Obra 167 de 2008”); (ii) se condene al pago de las utilidades dejadas de recibir, los sobrecostos, el monto de las multa y cláusula penal, y de lo pagado por segundos diseños, pólizas, timbre, publicación y consultoría jurídica y profesional, que en total suman dos mil seiscientos treinta y ocho millones de pesos ($2.638’000.000); y (iii) se condene al pago de perjuicios morales, estimados en quinientos salarios mínimos legales mensuales vigentes (500 SMMLV).
2.1.2. Como sustento fáctico de sus pretensiones, la actora afirmó que:
2.1.2.1. El 24 de septiembre de 2008, el Fondo Rotatorio de la Policía Nacional y la Corporación Grimal suscribieron el Contrato de Obra 167 de 2008, con el objeto de realizar los diseños, estudios técnicos de terrenos y de viabilidad, y la construcción de la estación de policía del municipio de San Calixto.
2.1.2.2. No se estipuló que la contratista estuviera obligada a realizar estudio de títulos ni a adquirir los terrenos en que se ejecutaría la obra, sino que se puso de presente la escritura pública núm. 55 del 14 de noviembre de 1968 de la Notaría de Teorama (Norte de Santander), cuya legalidad y autenticidad se presumen.
2.1.2.3. La Corporación Grimar entregó de forma oportuna los estudios y diseños definitivos contratados.
2.1.2.3. En el comité técnico núm. 1, realizado el 1º de octubre de 2008, el supervisor del contrato y la Corporación Grimar acordaron unos requisitos, como oficio de permisos, acta de vecindades y acta de certificación de linderos contra escrituras, los cuales fueron cumplidos cabalmente.
2.1.2.3. En el comité de obra núm. 4, celebrado el 22 de octubre de 2008, se advirtieron inconvenientes con los linderos y la localización del terreno. En razón a ello, la Policía Nacional determinó que la obra no cubriría los 575 m2 proyectados inicialmente, sino 456 m2 y la contratista tuvo que realizar estudios topográficos adicionales.
2.1.2.4. El comandante del Departamento de Policía de Norte de Santander comunicó, en 2009 y 2010, que San Calixto estaba ubicado en una zona de alto riesgo, por incursiones guerrilleras, situación ésta imprevisible e irresistible.
2.1.2.5. Por advertencias directas de las FARC y la muerte de integrantes de la obra, la Corporación Grimal dejó de funcionar.
2.1.2.6. Con la Resolución 378 de 2009, el Fondo Rotatorio de la Policía Nacional le impuso a la Corporación Grimal multa por incumplimiento del Contrato de Obra 167 de 2008, y, mediante la Resolución 564 de 2010, la sancionó, sin tener en cuenta aspectos fácticos externos que no permitieron el cumplimiento del contrato.
2.1.2.7. Mediante escritura pública 2327 del 20 de junio de 2011, el Fondo Rotatorio de la Policía Nacional adquirió “la falsa tradición del predio identificado con el folio de matrícula inmobiliaria No. 266-2463”, por lo que, al haberla adquirido dos (2) años después de que la obra concluyera, el daño sería intencional.
2.1.3. La actora agregó, en la fundamentación jurídica de la demanda, que al proferir las Resoluciones 378 de 2009 y 564 de 2010, sin tener en cuenta que el incumplimiento había sido ocasionado por la misma entidad, por haber convocado la licitación sin ser la propietaria del predio en el que se desarrollaría la obra contratada, y sin atender a las razones de orden público constitutivas de fuerza mayor ni a la solicitud de pruebas en el proceso administrativo, el Fondo Rotatorio de la Policía Nacional violó los artículos 9.9, 18, 23.1, 23.2, 23.4, 28, 50 y 51 de la Ley 80 de 1993, además de los principios de buena fe, igualdad y equilibrio de las prestaciones. Con ello, habría ocasionado un daño antijurídico indemnizable, conforme al artículo 90 constitucional.
2.2. La demanda fue inadmitida, a través de auto del 3 de diciembre de 2012[], por no haberse estimado razonadamente la cuantía de las pretensiones, explicado el concepto de la violación ni presentado certificado de que se había cumplido la fase conciliatoria, además de haber demandado sin explicación a la Nación, pese a que el Fondo Rotatorio de la Policía Nacional tenía personería jurídica propia.
2.3. La Corporación Grimal presentó escrito de subsanación de forma oportuna, en el que explicó la cuantía de sus pretensiones; aclaró que, en efecto, el Fondo Rotatorio de la Policía Nacional tenía personería jurídica; adjuntó constancia del agotamiento del trámite conciliatorio; y adujo que la declaración de caducidad contractual no se basó en las causales previstas, porque la actora no había incumplido, con culpa o dolo, sus obligaciones, como se había considerado en los actos demandados.
2.4. Mediante auto del 30 de enero de 2013[], el a quo constató que la demanda había sido presentada oportunamente, que se había cumplido el requisito de procedibilidad con respecto al Fondo Rotatorio de la Policía Nacional, más no frente a la Nación-Ministerio de Defensa, por lo que admitió la demanda contra aquel, pero la rechazó con respecto a la Nación.
2.5. El Director General del Fondo Rotatorio de la Policía Nacional (en adelante, “Fondo Rotatorio de la Policía Nacional” o “Fondo Rotatorio”) contestó la demanda, con escrito en el que propuso excepciones de (i) caducidad de la acción, debido a que la Corporación Grimar recurrió en reposición la Resolución 378 de 2009, que fue confirmada mediante la resolución núm. 587 del 26 de agosto de 2009 (“Resolución 587 de 2009”), la cual fue notificada personalmente el 4 de septiembre de 2009, por lo que habría quedado ejecutoriada el 25 de agosto de 2009, según el artículo 62.2 del Código Contencioso Administrativo (“CCA”), mientras la Resolución 564 de 2010 fue notificada con edicto desfijado el 10 de agosto de 2010, por lo que, al no haberse recurrido, quedó en firme ese día; (ii) falta de cumplimiento del requisito previo para demandar, porque no fue demandada ni recurrida la resolución núm. 02043 del 29 de diciembre de 2010 (“Resolución 2043 de 2010), con la que fue liquidado unilateralmente el Contrato de Obra 167 de 2008, ni la Resolución 587 de 2009, con la que fue resuelto el recurso contra la Resolución 378 de 2009, ni la resolución núm. 1043 del 9 de febrero de 2011 (“Resolución 1043 de 2011”), con la que resolvió la solicitud de revocación directa de las Resoluciones 378 de 2009, 564 de 2010, y 391 de 2011, siendo estos actos administrativos que deberían haberse demandado para que, conforme al principio de congruencia, pudieran ser estimadas las pretensiones; y de (iii) falta de agotamiento de vía gubernativa o de uno de los requisitos previos para demandar, porque las Resoluciones 564 y 2043 de 2010 no fueron recurridas, como lo establece el artículo 135 del CCA y 161.2 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (“CPACA”).
Como fundamento de su defensa, el Fondo Rotatorio agregó que (i) desde el comienzo de la ejecución del Contrato de Obra 167 de 2008, el Consorcio Grimar presentó múltiples incumplimientos contractuales, al entregar los diseños y estudios (que no fueron recibidos a satisfacción) con dos (2) meses de atraso, no presentar comprobantes de pago de la seguridad social de sus trabajadores, hacer presencia tardía en el terreno, sin personal directivo, con materiales insuficientes y sin planos estructurales, y luego, incumplir repetidamente el plan de contingencia para ponerse al día en las labores de obra; (ii) la inconsistencia en la ubicación del proyecto era imputable a la contratista, por no haberla determinado con exactitud, como le correspondía por tratarse de un contrato que, por ser suscrito bajo la modalidad llave en mano, con precio global y plazo fijos, era de resultado; (iii) existía un mecanismo contractual para que, en caso de que el supervisor o la contratista encontraran que el lugar tenía unas condiciones sustancialmente diferentes a las previstas, la entidad ordenara un cambio de planos o especificaciones, pactándose previamente su precio y plazo; (iv) la novedad relativa a los linderos fue aclarada en comunicado de la Policía Nacional del 18 de junio de 2009; y que (iv) la Corporación Grimar rechazó el acompañamiento y apoyo ofrecido por el comandante de Policía de Norte de Santander, para transportar los materiales de obra.
Por lo anterior, el Fondo Rotatorio argumentó que se justificaron las multas impuestas y la caducidad contractual declarada, por lo que ejerció legítimamente sus derechos contractuales, sin que la Corporación Grimar pudiera alegar su propia culpa como eximente de responsabilidad.
2.6. El 8 de mayo de 2013, la actora presentó escrito de adición de la demanda, en el que, además de pedir pruebas adicionales, solicitó el pago de perjuicios morales al representante legal de la Corporación Grimar, y que se declarara la pérdida de la oportunidad de acrecentar el prestigio empresarial y de realizar contratos. La adición fue aceptada, mediante auto del 16 de mayo de 2013[].
2.7. En respuesta a las excepciones propuestas en la contestación de la demanda, la Corporación Grimar argumentó, mediante escrito radicado el 24 de mayo de 2013[], que (i) el 24 de octubre de 2012, cuando se celebró la audiencia fallida de conciliación y consecuentemente se reanudó el término de caducidad, no pudo presentar la demanda, ya que las actividades de la rama judicial estaban suspendidas y habían sido reanudadas el 8 de noviembre siguiente; (ii) contra el acto con el que fue declarada la caducidad contractual solo procedía la reposición, que es facultativa, conforme al artículo 76 del CPACA; y que (iii) no había obrado culposamente, porque contaba con personal y materiales, las demoras habían sido ocasionadas por la falta de interventoría y supervisión, así como por los problemas de orden público de los que sólo fue informada en febrero de 2009 y hasta el 18 de junio de ese año fue aclarada la situación de los linderos del predio.
2.8.1. La audiencia inicial fue programada y se desarrolló el 9 de agosto de 2013[]. Con respecto a las excepciones, el a quo resolvió, en primer lugar, que la caducidad de la acción contra la Resolución 378 de 2009 había operado, ya que esta había quedado en firme el 19 de agosto de 2010, cuando fue resuelto el recurso de reposición interpuesto en su contra. Juzgó que no ocurrió lo mismo con la acción contra la Resolución 564 de 2010, que cobró ejecutoria el 19 de agosto de 2010, habiéndose surtido trámite de conciliación, que suspendió el término entre el 27 de julio y el 24 de octubre de 2012, y luego, no se había permitido el acceso a las instalaciones judiciales hasta el 8 de noviembre de 2012, día en el que fue radicada la demanda.
2.8.2. El Tribunal determinó en la audiencia inicial, por otra parte, que la Resolución 2043 de 2010 —con la que fue liquidado unilateralmente el Contrato 167 de 2008— no había sido demandada, por lo que no tenía que agotarse el requisito previo de conciliación y que si bien existía alguna relación jurídica entre ese acto y la Resolución 564 de 2010 —con la que se declaró la caducidad— ambas conservaban su individualidad, en cuanto sus alcances, efectos y control de legalidad, por lo que cualquiera de ellos podía ser demandado de forma separada. Agregó que la Resolución 1043 de 2011 —con la que fue resuelta la solicitud de revocación directa— no era un acto demandable, según el artículo 96 del CPACA, por lo que no era objeto de un juicio de legalidad. En consecuencia, declaró que la excepción de ineptitud de la demanda por falta de requisitos formales era impróspera.
2.8.3. Contra lo resuelto sobre las excepciones, el Fondo Rotatorio de la Policía Nacional interpuso recurso de apelación, del que desistió en el acto, por recomendación sobre el cómputo del término de caducidad que realizó el representante del Ministerio Público.
2.8.4. El litigio fue fijado y, a partir de ello, definió el a quo el problema jurídico, consistente en “[…] determinar si el actuar de la entidad contratante Fondo Rotatorio de la Policía Nacional al declarar la caducidad del contrato a través de la Resolución No. 564 de 2010, se ajusta a las atribuciones otorgadas en el ordenamiento jurídico a las entidades estatales en su calidad de contratantes, o si por el contrario, se desconocieron las circunstancias especiales invocadas por esta última como eximente para el cumplimiento oportuno del contrato, por lo cual dicha resolución estaría viciada de nulidad y habría lugar a reconocer las condenas reclamadas por la parte actora”.
2.8.5. Las partes rechazaron la invitación a conciliar del Tribunal, que procedió a decretar algunas de las pruebas pedidas por las partes y otras cuya procedencia determinó oficiosamente.
2.9. En la audiencia de pruebas, que se celebró el 15 de octubre de 2013, verificó el Tribunal que se había dado respuesta a las solicitudes de pruebas y que los testimonios habían sido practicados a través de despacho comisorio, por lo que, al considerar innecesaria la audiencia de alegaciones y juzgamiento, corrió traslada para presentar alegatos escritos.
2.10. El Fondo Rotatorio de la Policía Nacional, además de reiterar lo aducido en la contestación, alegó que la ubicación del predio se encontraba en las escrituras núm. 55 del 13 de noviembre de 1968, que le entregó a la Corporación Grimar, la cual, pese a estar obligada a asistir a la visita de obra fijada en el pliego, confundió el terreno, ocasionando la denegación de la licencia de construcción, además del retraso que concluyó con la declaración de la caducidad contractual. Agregó que tuvo que adquirir el lote en el que la demandante desarrolló la obra inconclusa de la estación de policía de San Calixto, que fue donado por ese municipio, mediante escritura núm. 2327 del 30 de junio de 2011.
2.11. En sus alegatos, la Corporación Grimar reiteró lo argumentado en el escrito introductorio y agregó que (i) las obras del Contrato 167 de 2008 nunca debieron iniciar, a lo que, sin embargo, se vio compelida por las amenazas de multa de la interventoría y el supervisor, que fue, finalmente, impuesta con la Resolución 378 de 2009; (ii) su ejecución fue suspendida, lo que se comunicó el 28 de agosto de 2009, contrario a lo afirmado por el supervisor del contrato; (iii) mediante certificaciones, acreditó su presencia en obra con personal, profesionales y materiales, lo que no pudo comprobar el interventor, ya que no acudió al lugar, como tampoco acudió al llamado a testificar en este proceso; y que (iv) en el oficio del Brigadier General Prada Díaz, remitido al proceso, omitió responder si existió alguna matriz de riesgo y, pese a que afirma que no remitió documentos, porque no eran claros, afirmó haberlos visto, con lo que estaría ocultando pruebas. Solicitó, por último, que se tuvieran en cuenta, como pruebas, documentos que adjuntó como soporte de las súplicas condenatorias.
2.12. El Tribunal Administrativo de Norte de Santander profirió sentencia del cinco (5) de marzo de dos mil catorce (2014), que negó las pretensiones y condenó en costas.
Consideró el a quo, en primer lugar, que el predio en el que se ejecutó la obra no pertenecía a la Policía Nacional, sino al municipio de San Calixto, siendo consecuentemente inviable el trámite de la licencia de construcción. Pero, al momento de contratar, el Fondo Rotatorio entregó unas escrituras del predio en el que sí se debería desarrollar la obra, por lo que la demandante “inició construcción sobre un terreno diferente al que se le dispuso”. Agregó que la visita de obra era obligatoria en el pliego de condiciones y existía constancia de que se realizó, y que en la cláusula 7ª del Contrato de Obra 167 de 2008, se dejó constancia de que la contratista había estudiado cuidadosamente el proyecto, la localización, composición y conformación del inmueble. Además, juzgó el Tribunal que la actora hubiera podido constatar que se trataba de un terreno diferente cuando realizó el levantamiento topográfico, como lo declaró el supervisor del contrato. En razón a lo anterior, el Tribunal concluyó que no se había dado un desequilibrio imputable a la demandada.
Además, el Tribunal tomó en consideración que, conforme a lo manifestado en la referida cláusula 7ª del Contrato 167 de 2008, la Corporación Grimar conocía la situación de orden público en el lugar de ejecución. Añadió que se acreditó que en el municipio de San Calixto, ubicado en una zona estratégica, se produjeron múltiples incursiones de la guerrilla y perturbaciones de orden público entre 2010 y 2011, por lo que fueron presentadas solicitudes de la contratista, que dieron lugar a la suscripción de prórrogas. Aparte, se presentó copia de un comunicado de las FARC dirigido al maestro de obra, pero este no permite afirmar que la obra estuviera en una situación particular, con respecto a las demás de la zona.
Por último, el Tribunal determinó que no se había acreditado que la Corporación Grimar hubiera solicitado pruebas en el trámite administrativo en el que se declaró la caducidad contractual, por lo que desestimó los cargos por violación del debido proceso.
2.13. El fallo de primer grado fue apelado por la Corporación Grimar, la cual adujo que (i) debió realizarse entrega material del predio en el que se ejecutaría la obra, identificado y alinderado, como lo reconoció el supervisor del Contrato 167 de 2008, la cual no se produjo, ya que la obra no debía desarrollarse en el predio correspondiente a la escritura núm. 55 del 14 de noviembre de 1968; (ii) en la visita de obra, un agente de policía enseñó un lote en el que anteriormente se había intentado construir una estación que había sido destruida por la guerrilla, pero este no estaba identificado ni alinderado, por lo que se anunció que el Fondo Rotatorio de la Policía entregaría la escritura con la que sería identificado; (iii) la estación no debía construirse en el terreno correspondiente a la escritura núm. 55 del 14 de noviembre de 1968, como se constató al negarse la licencia de construcción, pese a que la localización del levantamiento topográfico había sido aceptada por el Fondo Rotatorio y se constata en el folio de matrícula inmobiliaria; (iv) luego, en comités de obra, la Policía Nacional dio información aproximada sobre los linderos, con lo que procedió a la elaboración de estudios y diseños; (v) no fue analizada la falta de licencia de construcción, que es de mucha importancia para el caso, ya que dio lugar a las prórrogas y a la paralización de las obra; y (vi) tampoco se tuvo en cuenta que la ejecución de las obras fue suspendida desde el 18 de agosto de 2009, lo que imposibilitó la terminación del proyecto.
En razón a lo anterior, concluyó la recurrente que el retraso en la ejecución del Contrato 167 de 2008, que nunca debió comenzar, se debió a la falta de planeación del Fondo Rotatorio, que no percibió la existencia de dos (2) lotes ni realizó la entrega material que le correspondía.
2.14. El recurso de apelación fue concedido, admitido y se corrió traslado para alegar y conceptuar en segunda instancia. En esta oportunidad, la Corporación Grimar reiteró lo argumentado anteriormente y resaltó que, de la suscripción del acta final de estudios técnicos por el interventor, los supervisores y el coordinador del grupo de construcciones, y el pago correspondiente al acta parcial de obra núm. 2, se concluye que no hay error sobre el terreno en el que se hicieron los estudios, a lo que no se refirió la demandada en la Resolución 564 de 2010, y fue reconocido en comunicación que la alcaldía de San Calixto remitió a la Contraloría General de la República el 9 de diciembre de 2010. La demandada y el Ministerio Público guardaron silencio.
PROBLEMA JURÍDICO
Al corresponderle a la Sala pronunciarse sobre los argumentos expuestos por el apelante, surge el siguiente problema jurídico:
¿Los retrasos en la ejecución del Contrato de Obra 167 de 2008 son imputables a la entidad contratante, por falta de planeación al no identificar ni hacer entrega material del terreno en el que se ejecutaría el contrato, y entregar una escritura correspondiente a otro terreno, ocasionando así la denegación de la licencia de construcción y la suspensión de las obras, sin que se presentara un incumplimiento grave imputable a la contratista, siendo así improcedente la declaración de la caducidad mediante la Resolución 564 de 2010?
En caso de que la respuesta fuese afirmativa, la Sala procedería a determinar el perjuicio indemnizable que con el acto inválido se le habría irrogado a la demandante.
PRESUPUESTOS DE LA SENTENCIA DE MÉRITO
4.1. El presente asunto corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en cuanto se plantea una controversia derivada de un contrato estatal, así como del acto con el que se declaró su caducidad administrativa, suscrito por una entidad pública, como lo es el Fondo Rotatorio de la Policía Nacional. Esta Subsección es competente para conocer del presente asunto en segunda instancia, en razón a su cuantía-.
4.2. La Resolución 564 de 2010, en cuya validez se enfocó este litigio, quedó ejecutoriada el diecinueve (19) de agosto de dos mil diez (2010), conforme a la certificación suscrita por el subdirector operativo del Fondo Rotatorio de la Policía Nacional. Por lo tanto, al haber dado lugar a la demanda, la caducidad acaecería el veinte (20) de agosto de dos mil doce (2012), conforme al artículo 164.2.j) del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (“CPACA”).
Sin embargo, la actora presentó solicitud de conciliación el veintisiete (27) de julio de dos mil doce (2012), con lo que inició el trámite que concluyó sin acuerdo el veinticuatro (24) de octubre del mismo año . El término de caducidad se suspendió así por dos (2) meses y veintisiete (27) días, según el artículo 21 de la Ley 640 de 2001 y el artículo 3 del Decreto 1716 de 2009. La caducidad, en consecuencia, acaecería el diecisiete (17) de noviembre de dos mil doce (2012), y con la presentación de la demanda el ocho (8) de noviembre de dos mil doce (2012) , el derecho de acción fue ejercido oportunamente.
4.3. En el sub lite se debate la validez del acto con el que fue declarada la caducidad administrativa del Contrato 167 de 2008. Como este negocio jurídico fue suscrito por la Corporación Grimar y el Fondo Rotatorio de la Policía Nacional, que emitió la resolución cuya legalidad es controvertida, ambos se encuentran legitimados en la causa.
ANÁLISIS PROBATORIO
5.1. Con las pruebas documentales pertinentes y conducentes para dar respuesta al problema jurídico, que fueron aportadas por las partes sin ser tachadas o desconocidas, por lo que se presumen auténticas y hacen fe de su contenido, lo que comprende aún lo meramente enunciado, fueron acreditados en este proceso los siguientes hechos:
5.1.1. Con las escrituras de la Notaría de Teorema (Norte de Santander) núm. 55 del catorce (14) de noviembre de mil novecientos sesenta y ocho (1968), (en adelante, “Escritura 55 de 1968”) el municipio de San Calixto donó a la Nación «[…] un terreno ubicado en el perímetro urbano de la población de San Calixto, distinguido en el Catastro con el No. 12[6]4 –Urbano lote–, con una extensión [sic] aproximada de: 456 metros cuadrados […] dentro de los siguientes linderos: “Por el frente, calle en medio con la iglesia parroquial; por el fondo callejuela en medio con la sucesión de Ignacio Ramirez, que mide 22 metros, por el lado derecho, con casa y solar de d. Manuela y Beatriz Ramírez, por el lado izquierdo, calle en medio con casa de Carlos Julio Torrado y terreno de la sucesión de Ignacio Ramírez”».
5.1.2. Por medio del pliego de condiciones del proceso de contratación directa núm. 001-2008 del Fondo Rotatorio de la Policía Nacional, se abrió proceso licitatorio para la elaboración de levantamientos topográficos, estudio de suelos, diseños arquitectónico, estructural, hidrosanitario y eléctrico, y la construcción de estaciones de policía a nivel nacional, por el sistema llave en mano, a precio global y plazo fijo, en el que se incluyó la estación de policía de San Calixto (Norte de Santander).
En el pliego, la visita de obra se programó para el veinticuatro (24) de junio de dos mil ocho (2008), con asistencia de “carácter obligatorio”, en la que “[…] se deben inspeccionar detenidamente las áreas donde se ejecutarán las obras, para obtener la información suficiente sobre las condiciones sociales y económicas locales de trabajo y las posibles dificultades que se puedan presentar”. Se especificó, además, que en la visita se debía “tener en cuenta los sitios para la obtención o adquisición de materiales, servicios y bienes para la consultoría y construcción de la obra”, que se levantaría acta suscrita por todos los asistentes y se expediría un acta para cada proponente (aptados. 1.2 y 1.10).
Aparte, se determinó en el pliego que (i) el abastecimiento de materiales estaba a cargo del contratista, para lo que debía considerar todos los factores que incidieran en su suministro y transporte (aptado. 1.19.1); (ii) el contratista debería mantener en obra al menos un profesional de la arquitectura o ingeniería civil, con experiencia mínima de cinco (5) años y “[…] amplias facultades para decidir y resolver los problemas que eventualmente se presenten en relación con la ejecución del contrato, quien actuará en el desarrollo de la obra como residente de obra” (aptado. 1.19.4); (iii) el contratista debía presentar al interventor una relación detallada de los rubros en los que había invertido el pago anticipado (aptado. 1.20.1.1); (iv) el levantamiento topográfico debía incluir elementos geográficos de referencia, como “nombres de vías, edificaciones principales, poblaciones, barrios, puentes, caminos, torres de transmisión, tipología de la zona y demás” (anexo IV); (v) el diseño arquitectónico correspondía al terreno en el que se construiría la estación de policía, integrado al entorno próximo, conforme a la morfología del terreno y las construcciones adyacentes (ibíd.); y que (v) el diseño arquitectónico comprendía el trámite de licencias de construcción, ambientales y demás, que requiriera la administración local, por cuenta del contratista (ibíd.).
5.1.3. El comité técnico del proceso de contratación directa 001-2008 respondió a las observaciones planteadas por los interesados en audiencia que se desarrolló el veintiséis (26) de junio de dos mil ocho (2008), en la que, ante varias preguntas sobre el acta de la visita de obra, respondió que “[…] el día de la visita de obra, se realizó la suscripción de un acta la cual fue rubricada por todos los participantes que asistieron a la misma, en consecuencia cada uno de los participantes tiene conocimiento respecto de las personas que asistieron a cada una de las visitas. Dado lo anterior, la Entidad no publicará el listado de las diferentes visitas efectuadas en estos lugares indicados”.
5.1.4. En oficio del tres (3) de julio de dos mil ocho (2008), consta que se realizó la visita de obra para la construcción de la estación de policía de San Calixto, así como quienes asistieron, mas no el nombre de la firma proponente o entidad que representaban, ni datos adicionales sobre la forma en que se desarrolló.
5.1.5. El once (11) de septiembre de dos mil ocho (2008), como resultado del proceso de contratación directa 001 de 2008, el Fondo Rotatorio de la Policía Nacional y la Corporación Grimar suscribieron el Contrato 167 de 2008[], en el que estipularon que:
«El objeto del presente contrato de obra bajo modalidad de Llave en mano a Precio Global y plazo fijo, en estado de utilización y ajo su responsabilidad es de “ELABORACIÓN DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTUDIO DE SUELOS, DISEÑO ESTRUCTURAL, DISEÑO SANITARIO, DISEÑO ELÉCTRICO Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA DE SAN CALIXTO NORTE DE SANTANDER, POR EL SISTEMA LLAVE EN MANO, A PRECIO GLOBAL Y PLAZO FIJO”» (cláusula 1ª).
5.1.5.1. Agregaron que se trataba de un contrato de obra de resultado, “que obliga al contratista a la entrega de la obra como producto final, en las condiciones y con las especificaciones contempladas”, y que debía “interpretarse conforme a la naturaleza y el alcance del mismo”, atendiendo al sentido natural del de las palabras, salvo cuando tengan un significado técnico (cláusula 1ª, parágrafos 2º y 3º).
5.1.5.2. Los contratantes especificaron que el levantamiento topográfico comprendía “el estudio topográfico del predio y como mínimo unos 100 metros de radio al mismo, con el fin de tener información sobre planos del contorno en donde se lleva a cabo la construcción de la [e]stación de [p]olicía de acuerdo al objeto del presente contrato, para lo cual el contratista no debe olvidar que los desplazamientos a estos sitios son muchas veces aéreos, terrestres, fluviales y/o marítimos según sea el caso, siendo de vital importancia disponer de la cuadrilla topográfica conformada por un [i]ngeniero o [t]ecnólogo en [t]opógrafo [sic] y dos [c]adeneros (como mínimo); y equipos destinados para tal labor […]”. Del levantamiento, se debían entregar los datos crudos, las memorias de campo y cálculo, los planos georreferenciados, los perfiles del terreno, además del registro audiovisual y fotográfico.
5.1.5.3. A su vez, dentro del diseño arquitectónico, se contempló un “[…] ANÁLISIS DE LA VARIABLES FÍSICAS Y DE COSTO del lugar o terreno en donde se construirá la estación, con el fin de lograr el mejor emplazamiento y correlación urbanística y tipológica entre el nuevo edifico y el entorno inmediato”. También contemplaba “[…] el trámite de licencias de construcción, ambientales y demás trámites que requiera la Administración municipal o entidades prestadoras de servicios públicos […]”, entre muchos otros aspectos (cláusula 2ª).
5.1.5.4. Para la ejecución del Contrato 167 de 2008, las partes pactaron un plazo de nueve (9) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio (cláusula 6º).
5.1.5.5. El precio acordado fue de novecientos treinta y cuatro millones cuatrocientos sesenta y nueve mil doscientos pesos ($934’469.200), del cual se haría un “pago anticipado” del cuarenta por ciento (40%), “destinado exclusivamente a la adquisición de bienes y servicios inherentes a la ejecución los estudios, diseños, cancelación de permisos y licencias, y trámites ante empresa prestadoras de servicios públicos y a la obra”, dentro de los diez (10) días siguientes a la suscripción del acta de inicio.
5.1.5.6. En la cláusula 7ª, por su parte, se especificó que:
“El contratista hace constar que estudió cuidadosamente el proyecto del contrato que va a realizar, su naturaleza, localización, composición y conformación del inmueble, las condiciones normales y extremas del clima que se presenten o presentaren el sito de trabajo, la situación, calidad de los materiales necesarios para su ejecución y demás elementos requeridos durante el desarrollo del mantenimiento y todos los demás factores que puedan influir en la ejecución del trabajo contratado, incluyendo la manera de transportar los equipos al sito de trabajo, situación que quedó como constancia en la carpeta contractual. PARÁGRAFO PRIMERO. PLANOS Y ESPECIFICACIONES: En la construcción de la obra materia de este contrato, el CONTRATISTA se ceñirá a los planos y especificaciones aprobados por el Fondo Rotatorio de la Policía, los cuales junto con la propuesta y el pliego de condiciones, forman parte integrante del presente contrato. El CONTRATISTA deberá replantear en el terreno cada una de las obras y serán de su exclusiva responsabilidad los trabajos adicionales que a que haya lugar por errores de replanteo. […] En caso de contradicción entre los planos y las especificaciones, primarán las especificaciones. Cualquier duda o dificultad al respecto será resuelto por el SUPERVISOR TÉCNICO, previa aprobación de la entidad contratante. […]” (énfasis añadido).
5.1.5.7. Dentro de las obligaciones de la contratista, se pactó la de ejecutar el objeto contractual, conforme a la propuesta, los pliegos y documentos que formaban parte del contrato, además de “mantener con carácter de residente un ingeniero civil o arquitecto graduado”, entre otras (cláusula 9ª). A su vez, la entidad contratante estaba obligada a recibir a satisfacción las obras que cumplieran las condiciones establecidas, con el derecho de rechazar las que no las cumplieran [cláusulas 11ª lit. c) y 12ª, lit. a)].
5.1.5.8. Además, se acordó en la cláusula 30ª del Contrato 167 de 2008 que:
“El CONTRATISTA asumirá en su totalidad los riesgos que se deriven del cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato y será responsable frente a la ENTIDAD CONTRATANTE, como obligación de resultado, por el cumplimiento de las condiciones y funcionalidades mínimas de las obras que se ha comprometido a construir, asumiendo, por lo tanto, a su riesgo los costos, gastos y medios que se requieran a dicho efecto, con cargo a los precios señalados en su oferta y que se han pactado como remuneración por tales obras. El CONTRATISTA acepta expresamente asumir el riesgo de costo, entendido como la contingencia de que se presente un aumento en el precio de las obras objeto del contrato, frente a los que fueron estimados por el CONTRATISTA al momento de estructurar su propuesta económica dentro del proceso de selección que dio origen al presente contrato y que le fue adjudicado. A estos efectos, el CONTRATISTA declara expresamente conocer y aceptar los riesgos que se le atribuyen y se compromete a asumirlos y a mitigarlos mediante la obtención de asesoría en los aspectos técnico, financiero, jurídico y tributario, que le permitan cubrir las contingencias previsibles para estructurar un negocio viable sobre escenarios realistas que tengan en cuenta las limitaciones y condiciones aplicables a lo contratado, en los términos y condiciones contempladas” (énfasis de la Sala).
5.1.5.9. La caducidad y sus efectos se sometieron a lo establecido en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993 y al artículo 25 de Ley 40 de 1993, agregando que “[…] la declaratoria de la caducidad administrativa del contrato se hará mediante resolución motiva de la ENTIDAD CONTRATANTE en la que se manifestarán las causa que dieron lugar a ella”.
5.1.5.10. Aparte, pactaron en la cláusula 16ª del Contrato 167 de 2008 que:
“En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total de las obligaciones derivadas del presente contrato, EL CONTRATISTA pagará a la entidad contratante a título de pena pecuniaria, una suma equivalente al veinte (20%) del valor del contrato. […]”.
5.1.5.11. En las consideraciones del Contrato 167 de 2008, la Corporación Grimar y el Fondo Rotatorio dejaron constancia de que el proceso de contratación se surtió a partir de un convenio interadministrativo suscrito entre el Fondo Rotatorio y la Policía Nacional para la construcción de estaciones a nivel nacional, y que en este fueron presentados los estudios de conveniencia y oportunidad, con los respectivos riesgos, que fueron remitidos con oficios del 19 de julio de 2007 y el 11 de junio de 2008.
5.1.6. El veinticuatro (24) de septiembre de dos mil ocho (2008), fue firmada el acta de inicio del Contrato de Obra 167 de 2008[], en la que se hizo constar que el contratista había hecho entrega de una programación detallada de diseños y estudios, y que tenía “información completa de la obra”.
5.1.7. En el primer comité de obra, que se desarrolló el primero (1º) de octubre de dos mil ocho (2008), se solicitó a la Corporación Grimar la constancia de solicitudes de permisos de demolición, actas de vecindades y certificación de linderos expedía por la Secretaría de Planeación del municipio de San Calixto; documentos que había entregado en la obra análoga que, de forma paralela, ejecutaba en el municipio de Teorema (Norte de Santander).
5.1.8. En el acta del comité de obra del veintidós (22) de octubre de dos mil ocho (2008), se dejó constancia de que:
«Se tienen inconvenientes en la definición de los linderos del predio, ya que según topografía tenemos un área de 238,60 m2 y en el formato técnico de la Policía se tiene un área [de] 575 m2. Se sugiere al contratista e interventoría ir junto con supervisión [a] averiguar en bines y raíces de PONAL sobre la definición del lote.
Se enseña esquema básico del municipio. Se deben colocar las referencias puntuales en los esquemas (calles, viviendas, vecinos, etc.)».
5.1.9. En el comité de obra del diez (10) de noviembre de dos mil ocho (2008), se mencionó que se debían plasmar las medidas reales del lote y ubicar el esquema básico dentro de la localización topográfica.
5.1.10. En el comité de obra del diecinueve (19) de noviembre de dos mil ocho (2008), se indicó al contratista que debía implantar el proyecto arquitectónico en el levantamiento topográfico.
5.1.11. En acta del comité de obra del veintiuno (21) de noviembre de dos mil ocho (2008), se hizo constar que:
«En la carta catastral del municipio presenta dimensiones diferentes (17,8 x 18) y en la escritura se menciona un área de 456 m2 (22 mts x 20,72).
Por parte del contratista ha trabajado el proyecto con 24,72 mts de frente, siendo que en el acta de fecha 22 de octubre se definió por parte de bienes raíces y contratista de obra e interventoría de 20,72 mts. Teniendo en cuenta lo anterior el contratista implantó mal el proyecto.
[…] Se realiza llamado de atención al contratista de obra que presentó desorganización en lo presentado, no hay topografía definida, esquema técnico no cumple con lo solicitado.
En reiteradas ocasiones se ha solicitado por parte de interventoría y supervisión el adelantamiento de informes técnicos, registros fotográficos. El Contratista ha incumplido con los requerimientos realizados por supervisión e interventoría en el avance del proyecto.
Se solicita al Director del Proyecto un levantamiento topográfico acorde con el fin de que el diseñador pueda implantar el proyecto» (subrayado añadido).
5.1.12. El cuatro (4) de diciembre de dos mil ocho (2008), la Corporación Grimar radicó solicitud de la licencia de construcción de la estación de policía de San Calixto, a la que adjuntó copia de escritura, certificado de tradición y planos arquitectónicos, entre otros.
5.1.13. Mediante oficio de la misma fecha, cuatro (4) de diciembre de dos mil ocho (2008), la Secretaría de Planeación de San Calixto respondió que “[…] el permiso para la iniciación de la ejecución de las obras será entregado una vez el trabajador social enviado por usted al Municipio a socializar el proyecto con la comunidad nos haga entrega de evidencias donde la comunidad exprese un concepto favorable para la ejecución de dicho proyecto. Cabe anotar que el sociólogo enviado por ustedes hacer presencia en el Municipio desde el día 4 de diciembre de 2008”.
5.1.14. El veintinueve (29) de diciembre de dos mil ocho (2008), los representantes del Fondo Rotatorio, la Corporación Grimar y la firma interventora —Consorcio LEE-MON— suscribieron acta final de estudios técnicos, en la que únicamente consta que se reunieron para su aprobación y el precio correspondiente.
5.1.15. En el comité de obra del tres (3) de marzo de dos mil nueve (2009), el representante de la Corporación Grimar manifestó que se presentaba una grave situación de seguridad en San Calixto y la policía no prestaba seguridad, a lo que la interventoría respondió que debía establecer comunicación directa con la comandancia departamental para la logística del transporte; agregó que se debía nombrar un director de obra, para así contar con personal profesional en el proyecto.
5.1.16. El doce (12) de marzo de dos mil nueve (2009), la interventora del Contrato 167 de 2008 remitió oficio a la Corporación Grimar, relativo a los atrasos que presentaba en un 27,96% de la ejecución del contrato, la entrega del programa de trabajo y de contingencia por los atrasos, y la ausencia de director de obra. Agregó que, en reunión del cinco (5) de marzo anterior, la interventoría había avalado los planos estructurales, cuya aprobación requería, además, concepto técnico de los ingenieros de suelos y estructural de la corporación contratista, y que la dirección del Fondo Rotatorio había reiterado el ofrecimiento de brindar apoyo para el transporte de materiales, que debía ser coordinada.
5.1.17. En el comité de obra del trece (13) de marzo de dos mil nueve (2009), la interventora y el supervisor del Contrato 167 de 2008 solicitaron soporte documental de la grave situación de orden público que —según la contratista— dificultaba los trabajos de la estación de policía.
5.1.18. El mismo día, trece (13) de marzo de dos mil nueve (2009), el Fondo Rotatorio comunicó a la Corporación Grimar y a la interventora del Contrato 167 de 2008, su preocupación, porque su ejecución no había iniciado y que, conforme a lo pactado, la contratista conocía las circunstancias de orden público que se presentaban, pese a lo cual, el supervisor del contrato le había ofrecido el acompañamiento de la Policía Nacional, sujeto a la presentación de un plan de logística para ello, por parte del contratista.
5.1.19. A través de escrito de la misma fecha, trece (13) de marzo de dos mil nueve (2009), la Corporación Grimar solicitó a la interventora del Contrato 167 de 2008 su suspensión, en razón a la situación de orden público. Añadió que la obra contaba con director y residente, pero se habían desplazado a Bogotá para la modificación de planos estructurales, que ya se había producido.
5.1.20. Mediante oficio del dieciocho (18) de marzo de dos mil nueve (2009), la interventora le manifestó al Fondo Rotatorio que había sostenido reuniones con la Corporación Grimar, en las que le había solicitado la entrega de reprogramaciones y del plan de trabajo de las obras, además de soportes de la solicitud de suspensión del contrato por las alegadas alteraciones del orden público, que la interventoría había considerado procedente.
5.1.21. Por medio de comunicación del diecinueve (19) de marzo de dos mil nueve (2009), la Corporación Grimar le expresó al Fondo Rotatorio, que la visita de obra tenía por objeto únicamente la verificación de aspectos logísticos, y que las amenazas al personal por la situación de orden público del lugar no pudieron ser atendidas por la Policía Nacional, lo que consideraba una circunstancia de fuerza mayor y por lo que planteaba el inicio de las obras para el trece (13) de abril de dos mil nueve (2009).
5.1.22. Con oficios del treinta y uno (31) de marzo de dos mil nueve (2009), el Fondo Rotatorio le manifestó a la Corporación Grimar y a la interventora del Contrato 167 de 2008, que no suspendería su ejecución, debido a que la contratista no había atendido a las indicaciones de coordinar la logística para la seguridad del transporte de materiales.
5.1.23. Mediante escritos del ocho (8) y doce (12) de abril de dos mil nueve (2009), la interventora le solicitó a la Corporación Grimar que iniciara las obras, remitiera la reprogramación y tomara acciones para coordinar la logística para la seguridad del transporte de materiales, conforme al ofrecimiento remitido por la comandancia de policía departamental.
5.1.24. En el comité de obra del veintitrés (23) de abril de dos mil nueve (2009), se solicitó al contratista la elaboración de un programa de viajes para que la policía le prestara seguridad para el transporte de materiales.
5.1.25. En oficios del treinta (30) de abril de dos mil nueve (2009), la interventoría del Contrato 167 de 2008 le solicitó al Fondo Rotatorio que requiriera a la Corporación Grimar la entrega de comprobantes de los gastos efectuados con el pago anticipado, habiéndole reiterado anteriormente a la contratista la solicitud de que las entregara, además de ponerle de presente que en la obra no se había hecho presente personal de la corporación.
5.1.26. Por medio de oficio del cuatro (4) de mayo de dos mil nueve (2009), los supervisores del Contrato 167 de 2008 le solicitaron al director general del Fondo Rotatorio que tomara “acciones legales”, en razón al desinterés de la contratista en iniciar su ejecución, teniendo en cuenta, además, que había presentado incumplimientos en los pagos al personal y contratistas del proyecto, ni había remitido comprobantes del pago de parafiscales ni de los gastos realizados con el pago anticipado.
5.1.27. Con escrito del catorce (14) de mayo de dos mil nueve (2009), la Corporación Grimar le manifestó al Fondo Rotatorio, que había realizado varios intentos de ingreso al municipio San Calixto con el personal y materiales, hasta que “[…] finalmente el día 13 de [m]ayo ya se pudo socializar suficientemente con las gentes del [m]unicipio y nos permitieron penetrar y establecernos donde ya empezamos a laborar, para continuar hasta terminar”. Agregó que las circunstancias de orden público eran hechos de fuerza mayor que retrasaban la programación.
5.1.28. El quince (15) de mayo de dos mil nueve (2009), la interventora del Contrato 167 de 2008 le comunicó al Fondo Rotatorio que la Corporación Grimar había hecho presencia en San Calixto con dos (2) trabajadores, que desarrollaron actividades preliminares de cerramiento, limpieza y descapote, y que —según el representante de la Corporación— el director y residente acudirían, “para dar inicio formal a la obra”. Agregó haberle solicitado al contratista la reprogramación para que la obra culminara en tiempo.
5.1.29. El veintidós (22) de mayo de dos mil nueve (2009), la interventora le comunicó al Fondo Rotatorio varios actos de incumplimiento de la Corporación Grimar, dentro de los que mencionó: (i) el temor de ingreso de los profesionales a cargo de los estudios técnicos, debido a inconvenientes de orden público; (ii) frecuentes inconsistencias en los planos del proyecto, que había llevado a que se solicitara el cambio del director del proyecto; (iii) el incumplimiento en la entrega de diseños, que debía producirse el veinticuatro (24) de noviembre de dos mil ocho (2008), pero habían sido entregados el dos (2) de febrero de dos mil nueve (2009); (iv) que el contratista había desestimado el apoyo de seguridad para el transporte de materia que le había ofrecido el comandante departamental de la Policía Nacional; (iv) que no había atendido a los requerimientos para que presentara comprobante de los gastos cancelados con el precio anticipado; y que (v) hasta el catorce (14) de marzo de dos mil nueve (2009) habían hecho presencia dos (2) trabajadores de la contratista, que habían realizado labores de cerramiento y limpieza del lote, sin que el maestro de obra y el residente acudieran.
Para concluir, manifestó la firma interventora que “[…] con pleno conocimiento que en la zona del [m]unicipio de Sn Calixto existe una problemática de orden público que debe considerar el contratista para el inicio de la obra, en especial con la seguridad del personal que transportará el material al sitio, esta Interventoría no ha visto un total compromiso de la firma Corporación Grimar desde la fase de indeclinable compromiso en la realización de la obra, pero que se ha quedado en solo intensiones y nada efectivo en el sitio donde se contrató realizar la construcción de la Estación Policía San Calixto, son motivos suficientes para que esta Interventoría no esté de acuerdo con el atraso del contrato el cual reporta un avance a la fecha del 0%”.
5.1.30. El veintiséis (26) de mayo de dos mil nueve (2009), la interventora del Contrato 167 de 2008 presentó oficio, con el que le comunicó a la Corporación Grimar que el veintiuno (21) de mayo anterior había informado al Fondo Rotatorio sobre las inconsistencias encontradas en los linderos del terreno en que se construiría la estación de policía de San Calixto.
5.1.31. El tres (3) de junio de dos mil nueve (2009), la interventoría comunicó que estaba en espera de la respuesta solicitada a la oficina de bienes raíces de la Policía Nacional sobre las inconsistencias encontradas en los linderos y área del terreno.
5.1.32. Mediante la Resolución 378 del diez (10) de junio de dos mil nueve (2009), el Fondo Rotatorio de la Policía Nacional impuso a la Corporación Grimar multa por incumplimientos del Contrato 167 de 2008, tomando en consideración que la contratista “[…] no justifica como lo indica la cláusula séptima del contrato, la fuerza mayor y/o caso fortuito debidamente soportado dentro de los cinco (5) días hábiles a la ocurrencia de tales hechos, con los vistos buenos de la interventoría y el supervisor del contrato, para conceder prórroga o suspensión”.
5.1.33. Con oficio del veinticuatro (24) de junio de dos mil nueve (2009), la firma interventora entregó a la Corporación Grimar los documentos que el día anterior le había remitido el Fondo Rotatorio, en los que:
“[…] la Policía Nacional especifica las condiciones de predio para la construcción de la Estación de Policía de San Calixto-Norte de Santander, con el fin [sic] sean tenidos en cuenta para el nuevo levantamiento topográfico que realizará su firma, con ocasión de las diferencias encontradas en los linderos del terreno de propiedad de la Policía Nacional, al momento de iniciar las obras del contrato No. 168 [sic] de 2009.
Consecuentemente con este levantamiento topográfico y una vez definida la real cabida del lote e incluidas las afectaciones, se podrán realizar los ajustes al diseño arquitectónico y demás estudios técnicos y remitirlos para la aprobación de la Supervisión del Fondo Rotatorio y la Interventoría” (subrayado añadido).
5.1.34. El mismo día, veinticuatro (24) de junio de dos mil nueve (2009), la Corporación Grimar y el Fondo Rotatorio de la Policía Nacional suscribieron el contrato adicional núm. 1 al Contrato de Obra 167 de 2008 (en adelante, “Contrato Adicional 1”), con el que el plazo se prorrogó en cuatro (4) meses más desde la firma del acta de inicio, dejando expresamente incólumes los demás elementos del contrato. Tomaron en consideración que, con escrito del 24 de junio de 2009, la contratista había solicitado la prórroga, debido a que no había iniciado las obras en el plazo convenido y que, junto a otros incumplimientos, había dado lugar a la imposición de la multa, mediante la Resolución 378 de 2009.
5.1.35. En escrito presentado el veinticinco (25) de junio de dos mil nueve (2009), relativo al recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 378 de 2008, la interventora del Contrato 167 de 2008 le comunicó al Fondo Rotatorio, entre otros, que la Policía Nacional le había entregado a la Corporación Grimar la escritura pública núm. 55 del 14 de noviembre de 1968, como documento base para dar inicio al diseño, en el cual contaban los linderos y un área de 456 m2. Pero, afirmó, desde el primer comité de obra, había solicitado acta de vecindad, certificación de linderos de la secretaría municipal, además de la manzana catastral.
Manifestó asimismo la interventora que un sociólogo de la Corporación Grimar había “realizado” tres (3) actas, en las que no se mencionaba inconformidad de los vecinos con la construcción de la estación de policía, “[…] indicando con ello que existía claridad de parte del contratista en el aspecto de los linderos del predio y que el proyecto efectivamente se construiría sobre el área de propiedad exclusiva de la Policía Nacional”.
5.1.36. En comité de obra del quince (15) de julio de dos mil nueve (2009), el representante del Fondo Rotatorio manifestó que el predio no impedía la ejecución de la obra, el contratista puso de presente los problemas de orden público y la interventoría manifestó que los problemas se debían a la falta de dirección administrativa y técnica de la obra. Dentro de los compromisos, se dispuso la programación de fechas para estudios y obras.
5.1.37. El diecisiete (17) de julio de dos mil nueve (2009), la interventora del Contrato 167 de 2008 presentó oficio, con el que le advirtió a la Corporación Grimar que no se justificaba la ausencia del director y residente de la obra de la estación de policía de San Calixto, en la que únicamente se encontraban dos (2) obreros, removiendo escombros de la antigua edificación, requiriéndole además la entrega de diseños y estudios técnicos.
5.1.38. El veintidós (22) de julio de dos mil nueve (2009), la Corporación Grimar dio respuesta a la interventora, en la que manifestó que el director y el residente se encontraban “terminando de coordinar los nuevos diseños”, que serían entregados el veintisiete (27) de julio, “[…] con el fin de que sean revisados y aprobados, para luego ser radicados en la Oficina de Planeación Municipal”.
5.1.39. En el informe de interventoría del veintiséis (26) de julio de dos mil nueve (2009) consta que:
“Durante estas semanas el avance de obra ha sido bastante bajo en relación con la reprogramación estipulada para la ejecución del contrato, ya que hasta la fecha tan solo se ha avanzado en el cerramiento del terreno así como la demolición de parte de la estructura existente.
[…] Hasta la fecha no se ha contado dentro de la obra con el personal profesional por parte del contratista (residente de obra ni director de obra) ni tampoco con un maestro que dirija los trabajos o el avance obtenido por los dos únicos ayudantes que se encuentran adelantando trabajos de demolición, lo cual prácticamente deja a la deriva y sin ningún tipo de control la ejecución de actividades contempladas durante estas dos semanas”.
5.1.40. En la bitácora de obra del veintinueve (29) de julio de dos mil nueve (2009), se apuntó que:
“Se realiza replanteo y se traza los ejes de acuerdo a lo establecido en los planos, estamos a la espera de los planos definitivos de la estructura de la cimentación”.
5.1.41. En reunión del treinta (30) de julio de dos mil nueve (2009), el representante de la Corporación Grimar sostuvo que los problemas de orden público habían implicado una socialización, con el compromiso de adquirir suministros a alto precio en el área, y que se había cambiado el terreno en el que iba a ser ejecutada la obra, a lo que se opuso el representante del Fondo Rotatorio, que dijo que el contratista había incurrido en errores sobre la ubicación del predio.
5.1.42. En informe de interventoría del primero (1º) de agosto de dos mil nueve (2009) consta que, en esa semana, se presentó el ingeniero residente, el maestro de obra, dos oficiales y un ayudante, que trabajaron únicamente en el cerramiento del lugar “[…] por falta de planos estructurales y por falta de los diseños definitivos de la cimentación, la información la [que] cuenta el residente de obra no es suficiente para poder continuar avanzando con las actividades programadas, se ha solicitado en repetidas ocasiones al contratista enviar diseños definitivos [sic] no los ha hecho llegar y así difícilmente el personal en obra puede adelantar cualquier actividad”.
5.1.43. En el informe de interventoría del ocho (8) de agosto de dos mil nueve (2009), se menciona que, en esa semana, que sólo se había trabajado en el cerramiento y que el avance de la obra había sido “bastante bajo en relación con la reprogramación estipulada”, debido a la ausencia de diseños definitivos de la cimentación.
5.1.44. En el informe de interventoría del quince (15) de agosto de dos mil nueve (2009) consta que (i) por la ausencia de planos, el avance en el replanteo era menor al programado; (ii) no se había construido el campamento de madera, como estaba previsto; (iii) no aparecían en los planos el diseño ni la localización de la excavación y cimentación para el tanque; y que (iv) durante esa semana no había hecho presencia el arquitecto residente, “[…] debido a que el contratista no ha oficializado el contrato de trabajo”.
5.1.45. A través de oficio del dieciocho (18) de agosto de dos mil nueve (2009), el Secretario de Planeación de San Calixto solicitó a la Corporación Grimar la suspensión de las obras de la estación de policía, “[…] debido a que no se ha hecho llegar por parte de ustedes los nuevos diseños y documentación para tramitar la respectiva licencia de construcción, por lo tanto nos vemos en la obligación de sellar la obra hasta que se tramite el respectivo documento a partir del 19 de agosto de 2009”.
5.1.46. Con escrito del día siguiente, diecinueve (19) de agosto de dos mil nueve (2009), la Corporación Grimar solicitó un plazo de quince (15) días para la entrega de los planos constructivos, porque estaban en proceso de aprobación de la interventoría.
5.1.47. En la bitácora de obra del veinte (20) de agosto de dos mil nueve (2009), se anotó:
“Que a la fecha el contratista no ha realizado los trámites necesarios para diligenciar la licencia de construcción ante la oficina de planeación del Municipio de San Calixto, por lo tanto la interventoría no se hace responsable de los direccionamientos que tome dicha oficina con respecto a este tema y la interventoría no autoriza el inicio de obra, sino hasta cuando sea entregada de manera oficial los planos técnicos definitivos y la ciencia de construcción […]”.
5.1.48. Mediante oficio del veintiuno (21) de agosto de dos mil nueve (2009), el Secretario de Planeación de San Calixto concedió el plazo solicitado por la Corporación Grimar, manifestándole además que autorizaba la continuación de los trabajos que realizaba en el terreno, a partir del lunes veinticuatro (24) de agosto siguiente.
5.1.49. En informe de interventoría del veintidós (22) de agosto de dos mil nueve (2009), se mencionó que, durante esa semana no se habían presentado avances significativos, habiéndose avanzado únicamente en la excavación de las zapatas; que el residente había hecho presencia en el frente de trabajo, pero no se había solucionado su situación contractual; y que “[…] la oficina de Planeación del Municipio de San Calixto, por medio de oficio ordena que la obra no puede continuar porque el contratista no ha diligenciado la Licencia de Construcción y por lo tanto a partir del 19 de agosto de 2009 no se permite el ingreso de personal a la obra”.
5.1.50. Por medio de oficio del veinticinco (25) de agosto de dos mil nueve (2009), el alcalde municipal y el secretario de planeación de San Calixto comunicaron que —según lo acordado en reunión del veintiuno (21) de agosto— las actividades de construcción de la estación de policía serían suspendidas, debido a que, además de no contar con licencia de construcción, los trabajadores no contaban con la dotación necesaria para desarrollar sus actividades (botas, casco y overol) ni estaban afiliados a la seguridad social. Agregó que el encargado de la obra había hecho caso omiso a ello, continuando con las obras.
5.1.51. El veintisiete (27) de agosto de dos mil nueve (2009), la firma interventora presentó oficio, con el que le manifestó al Fondo Rotatorio que, al no haber culminado los diseños, no podría elaborar concepto integral de viabilidad del proyecto, para la radicación de solicitud de licencia, siendo ello necesario para iniciar las obras.
5.1.52. En el informe de interventoría del treinta (30) de agosto de dos mil nueve (2009), se menciona que el residente de obra había renunciado por falta de contrato de trabajo y que “[d]entro de la obra no hay personal técnico que direccione los trabajos del personal en obra porque se ha presentado inconvenientes con los direccionamientos que el contratista ha dado a Residente y al Maestro contratista, por un lado el Residente recibe órdenes directas del contratista pero el personal en obra no atiende las sugerencias emitidas por él debido a que ellos solo reciben órdenes del maestro general […]”.
5.1.53. En el informe de interventoría, correspondiente julio y agosto de dos mil nueve (2009), se mencionó que:
“En el período comprendido entre el 13 de julio y el 30 de agosto de 2009, la firma contratista se encuentra haciendo ajustes a los diseños arquitectónicos y a los estudios técnicos (hidrosanitarios, topografía y suelos). Esta modificación a los diseños obedeció a las diferencias encontradas en los linderos del predio cuando se inició la construcción”.
5.1.54. En el informe de interventoría del cinco (5) de septiembre de dos mil nueve (2009) consta que, en esa semana:
“El contratista no ha hecho llegar la Licencia de Construcción aprobada por la oficina de Planeación del Municipio de San Calixto, además no se cuenta con los planos definitivos (estructurales, arquitectónicos, hidráulicos, sanitarios, eléctricos) y a la fecha el contratista no ha hecho llegar copia del informe de suelos del terreno ni la información del levantamiento topográfico realizada en el terreno.
No se reporta avance en porcentaje de las actividades técnicas propias de la obra, es decir que el avance en obra para la presente semana es de 0,00%”.
5.1.55. Mediante oficio presentado el once (11) de septiembre de dos mil nueve (2009), la firma interventora comunicó al Fondo Rotatorio que en la ejecución del Contrato 167 de 2008 se presentaba un atraso acumulado del -27,78%, no se había presentado el estudio topográfico, el plano arquitectónico no había sido implantado en aquel, no se había presentado estudio de suelo, y los estudios estructurales, eléctricos e hidrosanitarios no estaban completos.
5.1.56. En el informe de interventoría del catorce (14) de septiembre de dos mil nueve (2009) consta que, en esa semana, se presentó un avance del 1,09%, no se había presentado estudios topográficos ni de suelos, el diseño arquitectónico, remitido el trece (13) de septiembre anterior, estaba incompleto y que:
“A solicitud de la Oficina de Planeación de San Calixto, y hasta que se tramite y expida la Licencia de Construcción, la obra se encuentra suspendida desde el pasado 19 de agosto, posteriormente con fecha 21 de agosto dicha Oficina autoriza continuar los trabajos a partir del 24 de agosto y de una prórroga de 15 días al contratista para terminar el diseño definitivo del proyecto, este paquete técnico aún no se ha presentado completo a la Interventoría”.
5.1.57. El acta del comité de obra del veinticinco (25) de septiembre de dos mil nueve (2009) fue suscrita por el ingeniero residente de la interventora y el maestro de obra, debido a que el residente de obra no había hecho presencia esa semana.
5.1.58. En el informe de interventoría del veintiocho (28) de septiembre de dos mil nueve (2009) consta que se había producido un avance de ejecución acumulado del 9,83%, con un atraso del -30,04%.
5.1.59. En informe de interventoría del dos (2) de octubre de dos mil nueve (2009), se lee que, en esa semana, se había presentado un avance de ejecución acumulado del 14,08%, con un atraso del -30,86%, habiéndose trabajado hasta las 21:30 horas, y que la interventora solicitó la presencia permanente del residente de obra, además de la licencia de la construcción.
5.1.60. En la bitácora de obra del nueve (9) de octubre de dos mil nueve (2009), se apuntó que:
“La interventoría revisa nuevamente el área de construcción materializada en el terreno. El área está de acuerdo a los planos”.
5.1.61. En el informe de interventoría del nueve (9) de octubre de dos mil nueve (2009) consta que, en esa semana, se había presentado un avance del 1,19%, para un acumulado de obra ejecutada del 18,76%, y un atraso del -37,32%.
5.1.62. El dieciséis (16) de octubre de dos mil nueve (2009), la interventoría del Contrato 167 del 2008 presentó solicitud en la alcaldía de San Calixto para que informara el estado en el que se encontraba el trámite de la licencia de construcción de la estación de policía.
5.1.63. El diecinueve (19) de octubre de dos mil nueve (2009), el Secretario de Planeación de San Calixto certificó que la Corporación Grimar estaba ejecutando las obras de la estación de policía, “basado en sus correspondientes diseños y especificaciones técnicas planteadas […]”.
5.1.64. En el comité de obra del veinte (20) de octubre de dos mil nueve (2009), se solicitó al contratista la definición de las observaciones hechas al diseño por la interventoría, que no existía un director de obra y que el residente no permanecía todo el tiempo.
5.1.65. En informe de interventoría del veintitrés (23) de octubre de dos mil nueve (2009) consta que, en esa semana, se produjo un avance del 5,09% de la ejecución del proyecto, para un total acumulado del 23,85% y un atraso de -37,38%, que el residente de obra no había hecho presencia y que la oficina de planeación municipal no había contestado la solicitud de información sobre la licencia de construcción.
5.1.66. En el informe de interventoría del treinta (30) de octubre de dos mil nueve (2009) se indicó que, en esa semana, se produjo un avance en la ejecución del 2,37%, para un total acumulado del 25,22%, que la oficina de planeación municipal no había dado respuesta a lo solicitado, y que el contratista no le había pagado a los trabajadores ni presentado justificantes del pago de aportes a la seguridad social y parafiscales.
5.1.67. Con escrito radicado el tres (3) de noviembre de dos mil nueve (2009), la Corporación Grimar solicitó al Fondo rotatorio “avanzar más anticipo” del Contrato 167 de 2008, argumentando que, pese a las difíciles condiciones de orden público, la obra había presentado un avance del 26% en los últimos cuarenta y cinco (45) días hábiles, pero el tiempo restante para su ejecución era muy corto, por lo que la obtención de recursos para la compra inmediata de insumos, permitiría la conclusión de la obra en un tiempo muy breve en varios frentes de trabajo.
5.1.68. En el informe de interventoría del seis (6) de noviembre de dos mil nueve (2009), se mencionó que, para esa fecha, el porcentaje ejecutado acumulado era del 30,32%, y que el “[…] 4 de noviembre de 2009 se env[ió] oficio No. 2 a la oficina de planeación de San Calixto, solicitando respuesta a la comunicación escrita enviada por la interventoría el día viernes 16 de octubre de 2009 donde se solicita informar en qué estado se encuentra el trámite realizado para obtener la Licencia de Construcción”.
5.1.69. El diez (10) de noviembre de dos mil nueve (2009), el Secretario de Planeación de San Calixto le comunicó a la interventora del Contrato de Obra 167 de 2008, que estaba tramitando la licencia de construcción de la estación de policía y le solicitaba paciencia, debido a que no contaba con personal de apoyo para la revisión de los planos.
5.1.70. En informes de interventoría del trece (13) y quince (15) de noviembre de dos mil nueve (2009) consta que el porcentaje total de obra acumulado a la fecha era del 34,29%, y que la obra continuaba siendo ejecutada sin director, pero con quince (15) trabajadores, que podrían incrementarse en dos (2) o tres (3) cuadrillas para el tanque subterráneo.
5.1.71. En informes de interventoría del veinte (20) y diecinueve (19) de noviembre de dos mil nueve (2009), se menciona que el porcentaje total de obra acumulado a la fecha era del 35,96% y que, pese a que se había solicitado en varias oportunidades la presencia de personal técnico para la ejecución de actividades eléctricas, no había hecho presencia, lo que retrasó la programación de la obra.
5.1.72. El veintiséis (26) de noviembre de dos mil nueve (2009), la Corporación Grimar presentó oficio, por medio del cual le solicitó al Fondo Rotatorio la prórroga del plazo del Contrato 167 de 2008, argumentando que, a pesar de los problemas de orden público, había conseguido avanzar en la construcción de la estructura de la estación de policía, con una inversión de obra ejecutada de $360’000.000, “[…] actividad que se logró gracias a la estrategia de acopiar y trasladar todos los materiales para ejecutar la estructura, en un solo grupo y no estar expuestos a transportes selectivos que conllevan [sic] a rechazos, amenazas y hostigamientos de grupos al margen de la ley, lo que significa pérdidas de material y tiempos de programación”. Agregó que el retraso del municipio en la expedición de licencia de construcción había impedido, también, el avance de las obras.
5.1.73. En informe de interventoría del veintisiete (27) de noviembre de dos mil nueve (2009), se mencionó que el porcentaje total de obra acumulado a la fecha era del +44,86%, y que se le adeudaba el pago de dos (2) quincenas y una (1) semana a trabajadores, además de los trabajos de demolición.
5.1.74. Por medio de oficio del treinta (30) de noviembre de dos mil nueve (2009), la interventora le manifestó al Fondo Rotatorio su concepto favorable para la prórroga del Contrato 167 de 2008, teniendo en cuenta, entre otras circunstancias, que (i) el tiempo que el contratista había calculado para la elaboración de diseños y estudios técnicos había sido insuficiente, y la tardanza en la expedición de la licencia de construcción retrasaban la ejecución de la obra, por lo que la interventoría había presentado solicitudes ante la oficina de planeación municipal, y que (ii) a ello había coadyuvado las dificultades en la consecución de mano de obra y materiales básicos, debido a la escasez de vehículos de carga. Propuso, además, una modificación en la forma de pago pactada, a la que coadyuvó el supervisor del contrato, como lo manifestó en oficio de la misma fecha.
5.1.75. El mismo día, treinta (30) de noviembre de dos mil nueve (2009), fue suscrito el contrato adicional núm. 2 al Contrato 167 de 2008 (en adelante, “Contrato Adicional 2”) con el que el plazo fue prorrogado en tres (3) meses más y se modificó la forma de pago, dejando expresamente incólumes los demás elementos del contrato.
5.1.76. En el informe de interventoría de noviembre de dos mil nueve (2009), se mencionó que, en ese mes:
“[…] se realizaron los siguientes cambios en los diseños originales:
Se cambió el diseño para las placas o losas de entrepiso para los niveles 1 -2 y 3 que figuraban como losa aligerada y macizas en concreto reforzado respectivamente, por el sistema de losas reforzadas con la lámina Metaldeck.
Se cambiaron los planos de la acometida hidráulica y la evacuación de las aguas residuales, ya que las que figuraban en los planos originales no correspondían a la realidad en el terreno”.
5.1.77. Según informes de interventoría, los avances en la ejecución del Contrato 167 de 2008, con respecto a lo reprogramado tres (3) veces, eran: (i) del 50,02%, con una diferencia de +2,83%, el 7 de diciembre de 2009, presentándose retrasos en los pagos de tres (3) quincenas de los trabajadores, así como de las demoliciones, que había llevado a un retiro parcial de personal; (ii) del 52,67%, con una diferencia de +3,70%, el 14 de diciembre de 2009; (iii) del 52,67%, con una diferencia de -5,02%, el 28 de diciembre de 2009, habiendo salido a vacaciones el personal de la entidad hasta el 8 de enero, por lo que los avances serían del 0%; y (iv) del 52,67%, con una diferencia de -8,04%, el 4 y luego el 6 de enero de 2010; (v) del 52,67%, con una diferencia del -11,71% , el 13 de enero de 2010, habiendo manifestado los trabajadores que reiniciarían trabajos cuando la contratista se pusiera al día con los pagos, por lo que no se reiniciaron los trabajos; (vi) del 52,93% el 22 de enero de 2010, habiéndose reiniciado labores el 18 de enero, con constancia de que la interventoría había remitido oficio, con el que solicitaba al información sobre el trámite de la licencia a Secretario de Planeación de San Calixto; y (vii) del 55,48% el 29 de enero de 2010, sin presencia del personal eléctrico, que fue requerida por la interventoría.
5.1.78. El veinte (20) de enero de dos mil diez (2010), la interventoría del Contrato 167 de 2008 presentó escrito en el que le recordó al Secretario de Planeación de San Calixto la solicitud a la que había dado respuesta el diez (10) de noviembre del año anterior y pedía nuevamente que se le informara el estado del trámite de la licencia de construcción de la estación de policía.
5.1.79. En oficio del veintidós (22) de enero de dos mil diez (2010), el supervisor del Contrato 167 de 2008 le sugirió al director general del Fondo Rotatorio la imposición de sanciones por el incumplimiento en la ejecución del contrato, debido a que no se había presentado avance alguno entre el 14 de diciembre de 2009 y el 18 de enero de 2010, además del incumplimiento persistente en la entrega de modificaciones a los diseños iniciales y la ausencia de residente de obra.
5.1.80. Mediante escrito del tres (3) de febrero de dos mil diez (2010), la interventoría del Contrato 167 de 2008 solicitó la participación del Secretario de Planeación en una reunión que se desarrollaría el día siguiente, con el supervisor del Fondo Rotatorio, para “definir aspectos sobre el tema de la Licencia de construcción de la obra”.
5.1.81. En anotación de la bitácora de obra del cinco (5) de febrero de dos mil diez (2010) consta que:
“Con Alcalde del Municipio de San Calixto, Secretario de Planeación y funcionarios del del FORPO, se discute sobre el tema de la licencia de construcción. Uno de los acuerdos pactados en esta reunión consiste en programar una visita a la obra por parte del Señor Alcalde, el Ingeniero Residente de Obra y el Ingeniero Residente de Interventoría para el día jueves 11 de Febrero de 2010, para definir los linderos del lote en el que se construye la Estación de Policía, verificar si hay invasión en la callejuela existente”.
5.1.82. Sin embargo, conforme a lo apuntado en la bitácora de obra del once (11) de febrero de dos mil diez (2010):
“El Señor Secretario de Planeación de San Calixto informa al Ingeniero Residente de Interventoría que en el día de hoy ‘NO’ se encuentra en San Calixto el Señor Alcalde, quedando aplazada la reunión para una posterior fecha no fijada”.
5.1.83. En informe de interventoría del diez (10) de febrero de dos mil diez (2010) consta que la ejecución del Contrato 167 de 2008 presentaba un avance del 58,41% y una diferencia del -25,20%, con respecto a lo reprogramado en tres (3) ocasiones, faltando entonces dieciocho (18) días para que concluyera el plazo de ejecución acordado. Agregó que el atraso podría disminuirse, “[…] si el contratista implementa un plan de trabajo exigente reforzando el personal para trabajar doble turno y con un buen y oportuno suministro de materiales”.
5.1.84. Mediante oficio del dieciocho (18) de febrero de dos mil diez (2010), la interventoría comunicó al Fondo Rotatorio de la Policía Nacional, que el Contrato 167 de 2008 presentaba un atraso del -28,63%, con respecto a lo reprogramado en tres (3) oportunidades, y que no podría recuperarse, teniendo en cuenta que la segunda prórroga concluía el próximo veintiocho (28) de febrero. Puso de presente, que el dieciocho (18) de junio de dos mil nueve (2009), se habían aclarado los linderos del predio y el veinticuatro (24) de junio siguiente, había solicitado ajustar el diseño arquitectónico y los estudios técnicos, al haber “[…] considerado que esta inconsistencia del proyecto es imputable al contratista al no realizar la investigación debida sobre las condiciones y ubicación exacta del terreno, igualmente la demora en iniciar la obra no le permitió a la interventoría y a la Entidad detectarla a tiempo y tomar las medidas correspondientes para subsanarla”. Agregó que había solicitado reiteradamente a la oficina de planeación de San Calixto información sobre el trámite de la licencia, apuntando que “[…] no entendemos ni conocemos [sic] porque el contratista como primer interesado y quien radicó los documentos, no oficia a la Oficina de Planeación solicitando la aprobación del proyecto, todos los requerimientos han sido de la Interventoría con el fin de buscar agilizar el trámite”.
5.1.85. Según informe de interventoría, el veintidós (22) de febrero de dos mil diez (2010), se presentaba un avance de ejecución del Contrato 167 de 2008 del 61,69%, con respecto a lo reprogramado en tres (3) ocasiones, por lo que no concluiría en la fecha pactada en la segunda prórroga.
5.1.86. Con oficio del mismo día, veintidós (22) de febrero de dos mil diez (2010), la Corporación Grimar solicitó una nueva prórroga, argumentando problemas de orden público, dificultades en el suministro de materiales, demoras en la capacitación del personal de las comunidades y la tardanza en la expedición de la licencia de construcción por las autoridades municipales.
5.1.87. Por medio de oficio del veintitrés (23) de febrero de dos mil diez (2010), el supervisor del contrato, el coordinador del grupo dAe construcciones y el subdirector operativo del Fondo Rotatorio de la Policía Nacional sugirieron al director la imposición de sanciones por el incumplimiento del Contrato 167 de 2008, que a la fecha tenía un avance del +61,69%, con un atraso del -34,04%.
5.1.88 En oficio del veinticuatro (24) de febrero de dos mil diez (2010), el supervisor de Contrato 167 de 2008 le solicitó al director general del Fondo Rotatorio, que el plazo de ejecución fuera prorrogado hasta el treinta (30) de abril de dos mil diez (2010), teniendo en cuenta, entre otras razones, que el alcaldía municipal de San Calixto únicamente había expedido certificados y autorizaciones parciales, aduciendo que no contaba con personal de apoyo, además de problemas de orden público, dificultades en el transporte de materiales, y las fiestas navideñas.
5.1.89. El veintiocho (28) de febrero de dos mil diez (2010), el Fondo Rotatorio y la Corporación Grimar suscribieron el contrato adicional núm. 3 al Contrato 167 de 2008 (en adelante, “Contrato Adicional 3”), con el que el plazo fue prorrogado hasta el treinta (30) de abril de dos mil diez (2010), dejando expresamente incólumes los demás elementos del contrato.
5.1.90. En el informe de interventoría, correspondiente al mes de febrero de dos mil diez (2010), se indicó que:
“En el periodo comprendido entre el 31 de enero y el 28 de febrero de 2010, no se realizaron modificaciones o cambios en los diseños originales del proyecto. Los diseños definitivos en donde se registran cambios en los diseños estructurales ni la corrección a los demás estudios técnicos no [sic] han sido entregados por la firma contratista Corporación Grimar”.
5.1.91. El ocho (8) de marzo de dos mil diez (2010), el Fondo Rotatorio y la Corporación Grimar firmaron el acta modificatoria núm. 1 al Contrato 197 de 2008, (en adelante, “Acta Modificatoria 1”), con la que fue ajustada nuevamente la forma de pago.
5.1.92. El quince (15) de marzo de dos mil diez (2010), representantes de la interventoría, la Corporación Grimar y el Fondo Rotatorio suscribieron el acta parcial de obra núm. 2, en el que consta que la obra había sido ejecutada en un 70,05%.
5.1.93. Mediante escrito del veintitrés (23) de abril de dos mil diez (2010), la Corporación Grimar solicitó una prórroga de noventa (90) días en la ejecución del Contrato 167 de 2008, debido a la temporada de lluvias y a la situación de orden público.
5.1.94. En oficio del treinta (30) de abril de dos mil diez (2010), el supervisor del Contrato 167 de 2008 manifestó que su prórroga hasta el treinta y uno (31) de julio de dos mil diez (2010) era necesaria para la culminación del proyecto, por lo que lo sometió a consideración del director general del Fondo Rotatorio.
5.1.95. El treinta (30) de abril de dos mil diez (2010), el Fondo Rotatorio y la Corporación Grimar suscribieron el contrato adicional núm. 4 al Contrato 167 de 2008 (en adelante, “Contrato Adicional 4”), con el que el plazo fue prorrogado hasta el treinta y uno (31) de julio de dos mil diez (2010), dejando expresamente incólumes los demás elementos del contrato.
5.1.96. De acuerdo con lo establecido en al artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, el primero (1º) de junio de dos mil diez (2010) se desarrolló audiencia, en la que el representante de la Corporación Grimar argumentó problemas de orden público y la falta de claridad en la ubicación del terreno, además de incrementos en los precios de suministros que comprometían su situación económica, pese a lo cual tenía la decisión de continuar con la ejecución de la obra. A su vez, la interventoría manifestó que el incumplimiento en la ejecución se debía a falencias administrativas, técnicas y financieras, por lo que la declaración de la caducidad era procedente.
5.1.97. Mediante resolución 564 del 15 de julio de 2010[], la Directora General del Fondo Rotatorio de la Policía Nacional (i) declaró la caducidad administrativa del Contrato 167 de 2008, (ii) impuso sanción penal pecuniaria de ciento setenta y nueve millones ochocientos setenta y un doscientos pesos ($179’871.200), correspondiente al 20% del precio del contrato, (iii) hizo efectiva la póliza de cumplimiento, (iv) declaró la inhabilidad para contratar de la Corporación Grimar por cinco (5) años y (v) ordenó la liquidación del contrato. Como fundamento de su decisión, consideró principalmente que:
“[…] no bastó el apoyo que la entidad le brindara al prorrogarle por más de un año el plazo de ejecución del contrato, y la modificación en la forma de pago, y la colaboración por parte de la Policía Nacional en la cooperación de acompañamiento tanto para el personal como para el transporte de materiales situación que el contratista decidió tomar por cuenta y riesgo.
[…] Que el contratista […] desobedeció sus obligaciones contractuales, hasta llegar a la inacción de gran parte de las actividades programadas en el tiempo para ellas establecido. Conducta que deja entrever que la obra contratada fue abandonada, incumpliendo de esta manera con su deber como contratista, cual es la de colaborar con la Entidad contratante en lo que sea necesario para que el objeto del contrato se cumpla, tal como lo estipula el artículo 5 de la Ley 80 de 1993, teniendo en cuenta además que en la cláusula primera, parágrafo primero del Contrato No. 167 de 2008, se estableció que para todos los efectos legales, el contrato suscrito, se entiende como de resultado, es decir que el producto final era la construcción de la estación de policía de San Calixto norte de Santander, en las condiciones y especificaciones contempladas.
Lo antes mencionado encuadra en lo previsto por el artículo 18 de la Ley 80 de 1993 y lo preceptuado en la cláusula décima cuarta del contrato No. 167 de 2008, por cuanto el incumplimiento del contratista afecta de manera grave y directa la ejecución del contrato, observándose la paralización total de la obra.
Que tales circunstancias, son únicamente imputables al contratista, habida cuenta que afectó las condiciones previamente establecidas en los términos de referencia de la Contratación Directa No. 001 de 2008 y en el contrato mismo, sin justificación o argumentos suficientes.
El contratista […] en representación de la Corporación Grimar se obligó a cumplir con la ejecución de la obra determinada en la cláusula primera del contrato en un lapso de tiempo y bajo […] unas condiciones de calidad determinadas; contrario a ello, se evidencia el incumplimiento con el desconocimiento de las obligaciones laborales, el retraso de las obras, la escasa presencia de personal en el sitio de la obra, la falta de materiales, la falta de pago de los salarios a los trabajadores, son factores determinantes para que se configure un grave incumplimiento de sus obligaciones, hechos que quedaron probados en los informes del interventor, el supervisor y las actas de reunión enunciados anteriormente.
[…] Que como se observa en este caso, ya que no se logró la construcción de la estación de policía de San Calixto Norte de Santander y por tanto esta afecta un servicio público esencial” (énfasis de la Sala).
5.1.98. La Resolución 564 de 2010 quedó ejecutoriada el diecinueve (19) de agosto de dos mil diez (2010), por no haberse presentado recurso en su contra, como lo certificó el subdirector operativo del Fondo Rotatorio de la Policía Nacional.
5.1.99. Con oficio del nueve (9) de diciembre de dos mil diez (2010), el Secretario de Planeación de San Calixto comunicó a la Contraloría General de la República que la Corporación Grimar había adelantado los trámites de la licencia de construcción de la estación de policía, “[p]ero estudiando la documentación presentada por dicha corporación encontramos que la escritura pública que presentaron a esta oficina no corresponde al predio o lote donde se está construyendo dicha obra a que ese predio aparece a nombre del Municipio de San Calixto del cual reposa las escrituras en esta ofician”. Agregó que el Consejo Municipal había aprobado la donación del lote, mediante acuerdo núm. 51 del 17 de septiembre de 2010.
5.1.100. Mediante escrituras de la Notaría Séptima de San José de Cúcuta núm. 2337 del treinta (30) de junio de dos mil once (2011), (en adelante, “Escritura 2337 de 2011”), el municipio de San Calixto transfirió a la Policía Nacional “a título de cesión gratuita […] el derecho de dominio y posesión que tiene y ejerce sobre el Lote Terreno y la edificación allí construida ubicada en el lota la quinta frente al parque principal en el Municipio de San Calixto, con un área de 489.00 M2 […] el cual cuenta con los siguientes linderos: por el frente, con la Calle en medio, con casa del Municipio; por el lado derecho, entrado con casa y solar de Fidel Ángel Suárez; por el costado izquierdo, con casa y solar de Ramón Cañizares”.
5.2. Aparte, atestiguaron en este proceso María Fernanda Martínez, Rita Gómez Padilla, llamados por la actora, y Gerson Augusto Gómez Gil, citado por el ente demandado.
5.2.1. María Fernanda Martínez, diseñadora y subdirectora de la Corporación Grimar por veinte (20) años, en síntesis, afirmó que supervisaba que el Contrato 167 de 2008 se llevara en buen término, y que (i) no conoció el lugar de la obra; (ii) tuvo conocimiento de los hechos por la documentación del proyecto; (iii) el lote en el que se ejecutó la obra no pertenecía a la Policía Nacional; (iv) la licencia de construcción fue solicitada, pero no fue expedida, porque el terreno no le pertenecía a la Policía Nacional; (v) el Ministerio de Vivienda les comunicó que podía incurrir en sanciones penales, por construir sin la licencia preceptiva, por lo que fueron suspendidas las obras; (vi) se presentaron amenazas y problemas de orden público que atemorizaban al personal, sin recibir apoyo de la fuerza pública; (vii) solicitó reiteradamente pruebas de la propiedad del terreno, sin recibir respuesta; (viii) se produjo un retraso en la entrega de diseños y estudios técnicos, porque solicitaba información que no le proporcionaba el Fondo Rotatorio; (ix) no tenía injerencia en los estudios y diseños, por no ser ingeniera, ni escribió los oficios con los que se solicitó información; (x) no asistió a la audiencia previa a la declaración de la caducidad administrativa, pero supo de lo ocurrido porque se lo informaban y por las reuniones a las que asistía; (xi) no recordaba lo ocurrido con el pago anticipado; (xii) no recordaba el contenido de la Escritura 55 de 1968; (xiii) desconocía los motivos por los que fue rechazada la licencia de construcción, porque era de competencia del área de ingeniería; (xiv) no recordaba los ofrecimientos de acompañamiento para el transporte de materiales de la comandancia departamental de la Policía Nacional; (xv) desconocía el número de trabajadores que laboraban en el proyecto, ya que no era de su competencia; y que (xvi) no conoció la resolución con la que se declaró la caducidad, la cual fue remitida a los abogados.
5.2.2. La Sala observa que existe un prolongado vínculo entre la señora Martínez y la demandante, lo que resta confiabilidad a su declaración. Aparte, no tuvo conocimiento directo de los hechos y sus respuestas fueron sucintas, dado que en las preguntas planteadas por el apoderado de la actora expuso, de forma acelerada, los hechos objeto del testimonio y los medios de convicción allegados al proceso, limitándose la deponente a asentir brevemente sobre lo cuestionado con escuetas acotaciones, lo que impide determinar la espontaneidad de la testigo y su conocimiento pormenorizado de lo acontecido. Interrumpió, además, el apoderado de la actora, las preguntas planteadas por el apoderado de la demandada y le habló mientras se las formulaba.
Tampoco guarda coherencia el testimonio de la señora Martínez con las pruebas documentales practicadas, en las que no consta que la Corporación Grimar hubiera solicitado reiteradamente que se aclarara la propiedad del lote en el que se ejecutaba el Contrato 167 de 2008, y entra en contradicción interna, ya que, pese a que afirmó conocer en detalle los documentos a los que se refirió el apoderado de la demandante, manifestó que no recordaba los detalles de los documentos —como la Escritura 55 de 1968 y la resolución con la que se declaró la caducidad contractual— por los que le preguntó el apoderado de la demandada. Estima, por lo tanto, esta Colegiatura, que el testimonio de Maria Fernanda Martínez no es fuente fidedigna de conocimiento sobre los hechos debatidos en esta instancia.
5.5.3. Rita Gómez Padilla, contadora y asesora comercial externa de la Corporación Grimar por veinte (20) años, no tuvo relación directa con el Contrato 167 de 2008. Fue llamada a declarar para que diera cuenta de los proyectos que la demandante había ejecutado, sobre lo cual declaró que la Corporación Grimar había ejecutado correctamente cinco (5) obras de estaciones de policía con el Fondo Rotatorio, de los cuales presentó paz y salvo. La testigo Gómez Padilla no dio, pues, cuenta de los hechos pertinentes en esta instancia.
5.5.4.
Gerson Augusto Gómez Gil, ingeniero civil especialista en alta gerencia y supervisor del Contrato 167 de 2008, que laboró en el Fondo Rotatorio de la Policía Nacional desde febrero de 2007 hasta junio de 2012, atestiguó que (i) no participó en la etapa precontractual, pero conoció las matrices de riesgo y estudios de conveniencia; (ii) no le correspondía estudiar la factibilidad jurídica del proyecto, lo que realizó la oficina de bienes raíces de la Policía Nacional; (iii) la Corporación Grimar presentó atrasos, desde el inicio, cronograma de ejecución del contrato, en el que se contemplaba un término de dos (2) meses para los estudios y diseños, y siete (7) meses para la obra; (iv) a la Corporación Grimar le entregó la Escritura 55 de 1968, en la que constan los linderos y cabida del terreno, con los que es posible hacer un levantamiento topográfico, siempre y cuando acuda a la Secretaría de Planeación para verificarlo, teniendo en cuenta las coordenadas que se encuentran en el IGAC; (v) no se hizo entrega material del terreno; (vi) el contratista manifestó inconvenientes respecto de la cabida del lote, porque no correspondía a la escritura pública entregada, y ejecutó la obra en el terreno en el que había hecho el estudio; (vi) el topógrafo de la Corporación Grimar debió realizar el estudio técnico y de diseño con base en la escritura pública entregada; (viii) en la ejecución del Contrato 167 de 2008, la contratista aportó una manzana catastral; (ix) conforme al acta del 22 de octubre de 2008, se realizó una reunión para aclarar la cabida del terreno a la que asistieron representantes del interventor y de la contratista; (x) la interventoría no hizo presencia en el terreno en la fase de estudios y diseños, pero sí había participado en la visita de obra; (xi) sus decisiones se basaban en la información suministrada por el contratista; (xii) los estudios topográficos no se ajustaban a las directrices y los arquitectos no tenían experiencia en el diseño de estaciones de policía, que tienen unas especificidades; (xiii) recibió y autorizó el pago por los diseños y estudios técnicos; (xvi) debido a la confusión del contratista, que construyó en un lote diferente al de la escritura entregada, el municipio donó el predio en el que la obra había sido ejecutada; (xvi) la licencia de construcción no fue expedida, pero, el 14 de enero de 2009, el interventor de la secretaría de planeación manifestó que podía darse inicio a las obras, y en oficio del 22 de septiembre de 2009, la secretaría municipal afirmó que la licencia se encontraba en notificación; (xvii) la obtención de la licencia de construcción estaba a cargo de la contratista; (xviii) la obra inició en mayo de dos mil nueve (2009); (xix) la Secretaría de Planeación de San Calixto no selló la obra, pese a que la alcaldía quedaba frente a la obra; (xx) con los avales de la Secretaría de Planeación, que informó que la licencia de obra se encontraba en fase de notificación, solicitó avances en la obra; (xxi) el contrato tuvo cuatro (4) o cinco (5) prórrogas solicitadas por el contratista; (xxii) el comandante departamental de la Policía Nacional solicitaba que el transporte de materiales se programara, para bridar apoyo; (xxiii) no recibió un segundo paquete de diseños y estudios avalado por la interventoría; (xxiv) la Corporación Grimar no cumplió el cronograma definido por sí misma, por inconvenientes administrativos, ya que no se presentaba el personal técnico acorde, los arquitectos diseñadores fueron cambiados en tres ocasiones, la topografía fue entregada tardíamente, no hubo un director de obra fijo que permaneciera al menos el 50% y el residente de obra fue cambiado en varias ocasiones; (xxv) propuso la declaración de la caducidad, porque en Teorama, donde ejecutaba una obra paralela, queda a 45 minutos, por vía terrestre, de San Calixto, pero no se presentó un director de obra en este último, hubo incumplimiento en el personal requerido, tampoco contó materiales, lo que no ocurría en obras realizadas en otras zonas con problemas de orden público, tuvo cuatro prórrogas para permitir el cumplimiento, Mario Grisales, quien se presentaba en los comités, no era ingeniero y, pese a habérsele impuesto multa, no realizaba esfuerzos para concluir la obra; y que (xxvi) San Calixto es una zona de alto riego, de lo que tenía conocimiento la entidad, pero pueden ejecutarse obras.
5.5.5. Gerson Augusto Gómez Gil, como ingeniero civil, cuenta con conocimientos profesionales pertinentes para el asunto en cuestión. Tuvo, además, conocimiento de los hechos como supervisor del Contrato 167 de 2008, de los que dio cuenta pormenorizada a lo largo de la extensa diligencia en la que depuso, siendo sometido a un extenso cuestionario, en el que, pese al replanteamiento de preguntas, algunas de las cuales se mostraban sugerentes, no entró en contradicciones. Su declaración es, por tanto, para la Sala, fuente de conocimiento de los hechos, pero, por la relación laboral que existe con la demandada, deberán ser contrastados con las demás pruebas practicadas.
ANÁLISIS DEL PROBLEMA JURÍDICO
6.1. Como se expuso anteriormente, a la Sala corresponde determinar si los retrasos en la ejecución del Contrato de Obra 167 de 2008 son imputables a la entidad contratante, por falta de planeación al no identificar ni hacer entrega material del terreno en el que se ejecutaría, y entregar una escritura correspondiente a otro terreno, por lo que no se habría presentado un incumplimiento grave imputable al Consorcio Grimar y, consecuentemente, no procedía la declaración de la caducidad mediante la Resolución 564 de 2010.
La caducidad administrativa en el contrato estatal
6.2. La presente controversia gira en torno a un eventual incumplimiento de un contrato de obra suscrito el 11 de septiembre de 2008 entre un establecimiento público al Ministerio de Defensa Nacional, como lo es el Fondo Rotatorio de la Policía Nacional. La normativa rectora de esta relación jurídica es, por lo tanto, el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (Ley 80 de 1993), de acuerdo con lo establecido en los artículos 1º, 2.a) y 32.1 de dicho estatuto.
Ahora bien, la declaración de caducidad es una facultad excepcional, de carácter sancionatorio, que la Administración ejerce en el marco de la ejecución de contratos, como el de obra, contemplados en el artículo 14 de la Ley 80 de 1993[], cuando —según el artículo 18 ejusdem— se presente un incumplimiento grave del contratista, que conduzca de forma inminente a la parálisis de la ejecución contractual, por lo que la entidad contratante asume, por sí o mediante un tercero, la ejecución de lo contratado.
De acuerdo con la jurisprudencia administrativa, la Sala ha precisado que en el ejercicio de esta potestad administrativa debe ponderarse, dentro de un marco de razonabilidad y proporcionalidad, la gravedad de la amenaza que se cierne sobre la continuidad del servicio, teniendo en cuenta el objeto contratado, los antecedentes de su ejecución y el margen de acción de la Administración para el restablecimiento del servicio.
No obstante, con los cargos de la alzada en esta instancia, que circunscriben la competencia del ad quem, se rebate únicamente la imputación del incumplimiento del Contrato de Obra 167 de 2008 al Consorcio Grimar, como primer supuesto de la caducidad administrativa declarada con la Resolución 564 de 2010, porque —aduce— este habría sido ocasionado por el Fondo Rotatorio de la Policía Nacional, al haber identificado erróneamente el predio en el que se ejecutaría el contrato.
El incumplimiento grave imputable al contratista
6.3. Ahora bien, se presenta un incumplimiento cuando las prestaciones derivadas de un contrato no son atendidas oportunamente o son atendidas de forma defectuosa-, conforme al postulado de la buena fe. El incumplimiento le es imputable a título de culpa al deudor moroso, como el que no ha cumplido la obligación dentro del tiempo estipulado, quien puede eximirse de la imputación con la demostración del caso fortuito, sin perjuicio de lo pactado, conforme a los artículos 1604, 1608 y 1610 y 1733 del Código Civil, aplicables de acuerdo con el artículo 13 de la Ley 80 de 1993[].
La imputación del incumplimiento pende, a su vez, del tipo de obligaciones pactadas. De un contrato pueden desprenderse obligaciones de medio o de resultado, dependiendo de si su obtención se entiende comprendida, o no, en el objeto contractual. En este orden de ideas, al deudor de las obligaciones de medio le corresponde desplegar todos sus esfuerzos y diligencia posibles para procurar obtener el resultado determinado por su actividad, mientras el deudor de las obligaciones de resultado debe conseguir lo estipulado. No consiste así la prestación, en las obligaciones de resultado, en actuar diligentemente, sino en producir un fin determinado. En otras palabras, “[c]uando la obligación es de medio el deudor se exonera de responsabilidad probando diligencia y cuidado, en tanto que cuando la obligación es de resultado, éste deberá probar una causa extraña”.
6.4. En este caso, la Corporación Grimar y el Fondo Rotatorio de la Policía Nacional pactaron, de forma expresa, que el Contrato 167 de 2008 era de resultado bajo la modalidad llave en mano, por lo que su objeto incluía prestaciones mixtas y se cumplía con la entrega del producto final de la obra-; como también de resultado era la obligación de asumir a su costo todos los riesgos derivados del cumplimiento de sus obligaciones, por lo que la Corporación Grimar manifestó haber estudiado cuidadosamente el proyecto que ejecutaría, así como la naturaleza, localización, composición y conformación del inmueble en el que se construiría, además de la situación, calidad y transporte de los materiales.
6.5. Pues bien, conforme a lo declarado por el supervisor del Contrato 167 de 2008[], que se constata con prueba documental, la Policía Nacional le entregó a la Corporación Grimar la Escritura 55 de 1968, para la ejecución del contrato, que comprendía todo el proceso de diseño y construcción de la estación de policía de San Calixto (Norte de Santander). Las obras, sin embargo, no fueron ejecutadas en el terreno correspondiente a esa escritura, por lo que finalmente fue cedido el predio en el que se construyó, por medio las Escritura 2337 de 2011[]. Se produjo, pues, un error en la ubicación de las obras, sobre el que el Fondo Rotatorio y la Corporación Grimar se hicieron imputaciones mutuas durante la ejecución del Contrato 167 de 2008[].
No se acreditó, sin embargo, que el terreno correspondiera al observado en la visita de obra que se produjo el 3 de julio de 2008[], que era la oportunidad para que, en el proceso de contratación directa núm. 001-2008 se inspeccionara el área en el que la obra sería ejecutada, pese a que, conforme a los documentos precontractuales, debía levantarse acta de la visita y entregar copia a los asistentes. Así constaba en el pliego de condiciones y lo mencionado por el comité técnico al responder las observaciones planteadas en la licitación. Por lo tanto, pese a que se demostró que, en efecto, el Contrato 167 de 2008 se ejecutó en un lugar erróneo, no acreditó la demandante, que se hubiera presentado un error en la visita. Por ende, al no comprobarse este error, el daño cuya reparación se pretende no es atribuible al Fondo Rotatorio, como lo afirmó en sustento de la alzada.
6.6. La Sala observa que el Contrato 167 de 2008 comprendía todo el proceso de diseño y construcción de la estación de policía de San Calixto (Norte de Santander), a cuya culminación estaba obligada la Corporación Grimar, que asumió expresamente la entrega de la edificación llave en mano, así como los riesgos derivados del proyecto como una obligación de resultado, sin que, por tanto, bastara el empleo de su diligencia para liberarse de la obligación de entregar la edificación y de garantizar la seguridad del ente contratante. Hizo constar además, la contratista, que había estudiado cuidadosamente el proyecto, así como la localización, composición y conformación del inmueble, y asumió la realización del replanteo de la obra, además de los sobrecostos a los que pudiera haber lugar por los errores que en ello se presentaran. Siendo así, no cabría afirmar que el ente contratante tuviera la obligación de realizar entrega material del predio en el que se ejecutaría la obra contratada, como lo afirma en la apelación.
6.7. Ahora bien, el 1º de octubre de 2008, una semana después de que iniciara la ejecución del Contrato 167 de 2008, en el primer comité de obra, se solicitó a la Corporación Grimar la presentación de permisos de demolición, actas de vecindades y certificación de linderos, necesarios para localizar con precisión el terreno, lo que la contratista conocía, ya que había entregado tales documentos al inicio de un contrato análogo, que desarrollaba en un municipio cercano. Luego, cuando había pasado casi un mes desde el comienzo de la ejecución del Contrato 167 de 2008[], percibió el contratista que se presentaba una diferencia en el área del lote, que, en lugar de los 575 m2 indicados por el Fondo Rotatorio y los 456 m2 mencionados en la Escritura 55 de 1968[], tenía 238,60 m2.
El lote en el que laboraba la Corporación Grimar tenía así un área correspondiente a la mitad de lo previsto, aproximadamente, lo que podría haberse percibido mediante observación, en la visita de obra realizada en el proceso licitatorio y, de no ser así, podría notarse con los documentos solicitados desde un primer momento, cuya importancia conocía la actora. En todo caso, esta diferencia se habría evidenciado, con un estudio cuidadoso de la localización, composición y conformación del inmueble, como el que la Corporación Grimar declaró haber hecho, al asumir los riesgos del Contrato 167 de 2008[], que permitiría adoptar las medidas necesarias para aclarar la situación del lote, desde el comienzo del período de ejecución.
Posteriormente, cerca al vencimiento del plazo de dos (2) meses para la presentación del paquete conformado por levantamiento topográfico, junto a los diseños arquitectónicos y técnicos de la estación, la Corporación Grimar no había plasmado las medidas del lote dentro de la localización topográfica, ni implantado aún el proyecto arquitectónico en el plano topográfico y, a una semana de cumplirse el plazo, se llamó la atención a la contratista, por no haber entregado un levantamiento topográfico que permitiera la implantación, y porque lo entregado no se ajustaba a lo requerido.
Un levantamiento topográfico del predio y un diseño arquitectónico, como los requeridos en el Contrato 167 de 2009, con información sobre el contorno de mínimo 100 m de radio y una correlación urbanística y tipológica del edificio con el entorno inmediato, habría permitido una caracterización clara del predio en el que se construiría la estación de policía, con lo que se hubiera facilitado la aclaración procedente.
Así pues, al no haber recabado la documentación sobre el terreno en el que sería ejecutado el Contrato 167 de 2008, ni verificado oportunamente la amplia diferencia que en su área se presentaba, ni entregado oportuna y cabalmente el levantamiento topográfico y diseño de la estación de policía de San Calixto, las omisiones del contratista resultaron determinantes para que la definición oportuna y clara del lugar de ejecución no haya resultado posible, en este caso. Por lo tanto —contrario a lo afirmado por la actora— el incumplimiento es imputable a la Corporación Grimar, a la que le correspondía realizar un estudio cuidadoso de la localización, composición y conformación del inmueble, y entregar oportunamente el levantamiento topográfico, junto con el diseño y los estudios técnicos del proyecto.
6.8. En ese estado de avance de la ejecución del Contrato 167 de 2008, el levantamiento topográfico no permitía la implantación de los diseños, que estaban incompletos, como también lo estaban los estudios técnicos. Tras haberse cumplido el plazo inicial para la entrega del paquete técnico que comprendía el levantamiento topográfico, el diseño arquitectónico y los planos y estudios técnicos, la solicitud de licencia de construcción vino a ser radicada tan solo el 4 de diciembre de 2009; circunstancia esta relevante para las resultas de este proceso, pues su trámite, conforme al pliego de condiciones y al contrato, formaba parte de los diseños, cuyo plazo de entrega ya se había cumplido.
Al tratarse de un contrato llave en mano y, como tal, de resultado, cuyo objeto consistía en el diseño y construcción de la estación de Policía de San Calixto, resulta claro que el trámite de la licencia de construcción tenía por objeto su obtención para dar paso a las obras. Esto formaba parte de la fase de diseños, conforme a lo previsto en el pliego de condiciones y el Contrato 167 de 2008[], ya que la Corporación Grimar no se obligó a poner todo su empeño y diligencia para la consecución del objeto, sino a su obtención objetiva. Al haberse estipulado, adicionalmente, que la contratista asumiría los riesgos del cumplimiento de las obligaciones contractuales, para la Sala es claro que las consecuencias de la falta de licencia de construcción le son imputables a la Corporación Grimar, por lo que un análisis de este punto, como el propuesto en la apelación, únicamente redundaría en su contra.
Al respecto, la Sala observa que, con oficio del mismo día en el que la Corporación Grimar radicó la solicitud de la licencia de construcción —es decir, del 4 de diciembre de 2009—, la Secretaría de Planeación de San Calixto manifestó que, para permitir el inicio de las obras, debía acudir un trabajador social de la empresa que socializara el proyecto en la comunidad y obtuviera su concepto favorable, siendo ello, a partir de entonces, parte del trámite de la licencia de construcción que le correspondía a la contratista, dentro de un contrato de resultado, como el suscrito. Sin embargo, solo consta que el 13 de mayo de 2009, cuando habían transcurrido 5 meses y 10 días desde que la Secretaría de Planeación manifestara la necesidad de que el proyecto fuera socializado, cuando tal socialización se produjo, con lo que se permitió el acceso de los materiales.
Además, pese que el trámite de la licencia de construcción le correspondía a la Corporación Grimar y que ello —según lo afirma— le impedía el cumplimiento de sus obligaciones, las gestiones para el impulso de la solicitud fueron hechas únicamente por la interventoría, que en octubre y noviembre de 2009 solicitó información reiterada sobre el estado del trámite, a lo que la Secretaría de Planeación de San Calixto respondió que la obra seguía siendo ejecutada por la contratista, con base en sus propios diseños y que no contaba con el personal para la aprobación de la licencia. Reiteró la interventoría lo solicitado a la Secretaría de Planeación de San Calixto en enero de 2010[] y en febrero de ese año buscó gestionar una reunión con el Alcalde de dicho municipio. No se observa, sin embargo, que la Corporación Grimar haya adelantado gestiones en procura de su expedición, lo que llegó a desconcertar a la interventora, ya que aquella era la primera interesada en su aprobación. El comportamiento de dicha corporación se revela claramente descomedido, conforme a lo razonado anteriormente.
Al haber presentado así, la Corporación Grimar, la solicitud de licencia de construcción de la estación de policía de San Calixto sin contar con unos diseños y estudios técnicos definitivos, no haber realizado oportunamente la socialización indicada por la Secretaría de Planeación, ni haber realizado gestiones para impulsar la licencia, como las que sí realizó la interventora, concluye la Sala que la actora no puso siquiera su empeño y diligencia para su obtención.
6.9. Prosiguiendo, ahora, con el recuento de la ejecución del Contrato 167 de 2008, observa la Sala que el 29 de diciembre de 2008, cuando habían pasado veinticinco (25) días desde la radicación de la solicitud de la licencia de construcción, fue suscrita el acta final de estudios técnicos, sin que en ella constara más que la aprobación de tal acta y el precio correspondiente.
Esto, sin embargo, no supuso el comienzo de la ejecución de las obras. Desde los primeros días de marzo del 2009, la Corporación Grimar manifestó que no se producían avances en razón a la situación de orden público del lugar, lo que impedía el transporte de materiales, a lo que el Fondo Rotatorio y la interventora del Contrato 167 de 2008 le manifestaron reiteradamente, durante marzo y abril de 2009, el apoyo que el comando departamental de la Policía Nacional le brindaría, para lo cual la contratista debía coordinar la logística del transporte, además de pedirle reiteradamente, durante esos meses, que nombrara un director de obra, y que entregara una reprogramación ajustada a los avances reales, así como comprobantes de los pagos realizados con el pago anticipado, y advertirle los impagos a contratistas y trabajadores.
La Corporación Grimar, sin embargo, se limitó a aducir, durante diciembre de 2008, que la situación de orden público constituía un hecho de fuerza mayor —lo que quedó desvirtuado en la primera instancia de este proceso, sin que fuera objeto del recurso— y a argüir que la visita de obra sólo tenía por objeto la verificación de aspectos jurídicos, en contra de lo dispuesto en el pliego de condiciones, de conformidad con el cual aquella tenía por objeto la verificación de las condiciones sociales y económicas locales de trabajo, así como las posibles dificultades que se pudieran presentar.
Si bien, a partir de la socialización del proyecto, la Corporación Grimar tuvo acceso al territorio del municipio San Calixto, lo cierto es que durante mayo de 2009 tan solo hizo presencia con dos (2) trabajadores que realizaron actividades preliminares de cerramiento, limpieza y descapote. Además, la contratista seguía presentando inconsistencias en los planos, incumplimiento en la entrega de diseños, desestimaba el apoyo de seguridad para el transporte brindado por Policía Nacional y no presentaba comprobantes de los gastos cancelados con el pago anticipado; actos de incumplimiento que motivaron la imposición de multa contractual, mediante la Resolución 378 del 10 de junio de 2008[].
6.10. No pasa por alto la Sala la demora de la interventora en dar trámite a la solicitud de aclaración de los linderos del predio en el que se construiría la estación de policía de San Calixto que, pese a haberse requerido en el comité de obra del 22 de octubre de 2008[], solo fue tramitada el 21 de mayo de 2009[], por lo que la respuesta fue emitida el 24 de junio de 2009[]. Esta aclaración, sin embargo, como se verá, no trajo consigo un avance representativo de la ejecución del contrato, que permitiera afirmar que los retrasos obedecían a la falta de claridad sobre el terreno, como lo aduce la recurrente.
El mismo día en que fueron aclarados los linderos, 24 de junio de 2009, y que concluyó el término inicial de 9 meses para la ejecución de Contrato 167 de 2008, fue suscrito el Contrato Adicional 1, con el que su plazo fue prorrogado por cuatro (4) meses. Durante el mes siguiente, sin embargo, el proyecto permaneció sin director ni residente de obra, acudiendo únicamente dos (2) obreros que trabajaron en la remoción de escombros. Esto llevó a que se produjera un incumplimiento de los trabajos reprogramados. Finalmente, cuando ya se presentaba un atraso en la reprogramación, se realizó el replanteó el 29 de julio de 2009, aunque para esa fecha aún no estaban disponibles los planos definitivos de la cimentación.
Un pequeño grupo de trabajadores de la Corporación Grimar —en el que ya se encontraban el ingeniero residente, el maestro de obra, dos oficiales y un ayudante— hizo presencia el 1º de agosto de 2009. Sin embargo, durante las semanas siguientes, continuaron únicamente los trabajos de cerramiento, persistiendo así la contratista en el incumplimiento de lo reprogramado, ya que no contaba con planos estructurales ni diseños definitivos, lo que a su vez llevó a que las obras fueran suspendidas, para cuya entrega la Corporación Grimar solicitó 15 días más de plazo el 19 de agosto de 2009[], que la Secretaría de Planeación le concedió.
Luego del 15 de agosto de 2009, el arquitecto residente de obra dejó sus labores, porque no se había formalizado su relación laboral y la semana siguiente se presentó sin que su situación hubiera sido formalizada. El mes de agosto de 2009, concluyó, así, sin que hubieran sido elaborados los diseños ni se presentara el personal técnico que dirigiera los trabajos. En ese lapso, la administración municipal había afirmado que los trabajos debían suspenderse, pero, a su vez, autorizó la continuación de los trabajos que se realizaban en el terreno.
En septiembre de 2009, la ejecución del Contrato 167 de 2008 fue mínima durante las tres (3) primeras semanas, sin que el proyecto contara aún con estudio topográfico y plano arquitectónico. En las dos últimas semanas de ese mes, se presentó un repunte en el ritmo de ejecución, con avances de 9,38% y del 14,08%, debido a que las labores se extendieron hasta las 21:30 horas, pese a que el residente de obra no hacía presencia permanente. No obstante, el atraso acumulado para el 2 de octubre del 2009 era del -30,86%[].
Los avances se detuvieron en octubre de 2009, limitándose a un +1,19% durante la primera semana, pese a que el replanteó se ajustó finalmente a los planos, sin que, en las siguientes semanas, se definieran las modificaciones al diseño requeridas por la interventoría, ni hiciera presencia permanente el residente de obra ni se pagara oportunamente el salario ni los aportes a la seguridad social de los trabajadores, con lo que, a finales de octubre de 2009, el avance acumulado de ejecución era del 25,22%, con un atraso cercano al -37,38%[].
En ese estado, en el que el atraso acumulado era mayor que lo ejecutado, sin presencia técnica en la obra y con incumplimiento de las obligaciones laborales, la Corporación Grimar solicitó más pagos anticipados al Fondo Rotatorio, el 3 de noviembre de 2009, aduciendo que el trabajo en varios frentes permitiría concluir la obra en un tiempo breve. Y luego, el 26 de noviembre de 2009, pidió una prórroga, manifestando que con una estrategia de acopio de materiales había conseguido su transporte y que el retraso en la expedición de licencias había conllevado un atraso de las obras.
Ahora bien, durante las primeras dos (2) semanas de noviembre de 2009, se produjo un avance considerable, que llegó a acumular un 34,29%, pese a que hubiera podido avanzar rápidamente con un incremento de dos (2) o tres (3) cuadrillas. El avance continuó durante las dos (2) siguientes semanas, hasta acumular un 44,86% de ejecución, no obstante que la contratista persistía en la mora en el pago de las obligaciones laborales y no disponía de personal técnico en obra. Durante ese mes, se realizaron cambios en los diseños relativos al material de entrepisos, la acometida hidráulica y evacuación de obras residuales.
El 30 de noviembre de 2009, la interventora del Contrato 167 de 2008 dio su visto bueno a la segunda prórroga y la modificación de la forma de pago, pedidas por la Corporación Grimar para avanzar rápidamente mediante el trabajo en varios frentes —como se mencionó—, lo que dio lugar a que ese día fuera suscrito el Contrato Adicional 2, con el que se produjo una extensión al plazo de ejecución de tres (3) meses más y una modificación en la forma de pago.
En el mes de diciembre, se dio un avance con el que, al llegar hasta un total acumulado del 52,67%, la ejecución alcanzó a superar lo reprogramado en tres (3) oportunidades, con un +3,70%, el 14 de diciembre de 2009[]. Sin embargo, las actividades fueron suspendidas por el contratista desde esa fecha, hasta el 18 de enero de 2010, produciéndose un avance hasta alcanzar un total del 55,48%; finalmente, el 29 de enero de 2010, a pesar de que persistía el incumplimiento en la entrega de las modificaciones a los diseños y la ausencia de residente de obra, así como los atrasos que dieron lugar a la solicitud de sanciones adicionales por el supervisor del contrato.
Durante los primeros días de la febrero de 2010, la interventora intentó, sin éxito, que se celebrara una reunión con el Alcalde y el secretario de planeación de San Calixto. El 10 de febrero de 2010, cuando faltaban dieciocho (18) días para que concluyera el plazo del Contrato 167 de 2008, el avance de la obra era del 58,41%, con un atraso del -25,20% que, no obstante, podría disminuirse con el suministro oportuno de materiales y trabajos a doble turno.
No se produjo, sin embargo, el repunte requerido, por lo que, al presentarse un avance acumulado el 61,69% con un atraso del -34,04%, con respecto a lo reprogramado en tres (3) oportunidades, el 22 de febrero de 2010 se evidenció que la obra no concluiría en el plazo prorrogado ya en dos (2) ocasiones, que se encontraba próximo a vencerse. La Corporación Grimar solicitó, entonces, una nueva prórroga que, pese a las solicitudes internas de imposición de sanciones, fue concedida con la suscripción del Contrato Adicional 3, que extendió el plazo hasta el 30 de abril de 2010[], además de ajustarse nuevamente la forma de pago, con el Acta Modificatoria 1[].
El 15 de marzo de 2010, se verificó un avance acumulado de ejecución del Contrato 167 de 2008 del 70,05%[]; avance que, sin embargo, resultó insuficiente, ante lo cual, el 23 de abril de 2010, la Corporación Grimar pidió una nueva prórroga, que fue concedida nuevamente con el Contrato Adicional 4[], mediante el cual el plazo se reprogramó para el 31 de julio de 2010.
En ese estado de ejecución del Contrato 176 de 2008, se produjo la audiencia del 1º de julio de 2010, en la que el representante de la Corporación Grimar adujo que el incumplimiento se debía a la falta de claridad sobre el terreno y los incrementos en precios de suministros, mientras la interventoría afirmó que obedecía a falencias administrativas, técnicas y financieras; y el 15 de julio fue declarada la caducidad administrativa, mediante Resolución 564 de 2010[].
6.11. De conformidad con lo anterior, la Sala encuentra que la falta de claridad sobre los linderos del predio en el que se ejecutaba el Contrato 167 de 2008, además de no ser imputable al Fondo Rotatorio, no ocasionó el retraso en su ejecución, ya que, después de que la ubicación y linderos fueran precisados, los atrasos continuaron, pese a que, con trabajos en doble jornada y con mayor número de operarios, hubiera sido posible darle cumplimiento, y el ente contratante accedió a las cuatro (4) solicitudes de prórrogas y dos (2) modificaciones en los pagos solicitados por Corporación Grimar. Además, ante las contradictorias manifestaciones de la administración municipal, la Corporación Grimar prosiguió el avance de las obras, pese a no contar con la licencia preceptiva, por lo que tampoco cabe afirmar que su ausencia haya determinado el incumplimiento.
6.12. Por lo tanto, no cabe imputarle al Fondo Rotatorio de la Policía Nacional el error que se presentó en la ubicación del terreno en el que habría de ejecutarse el Contrato 167 de 2008, ni la ausencia de licencia de construcción. Pero, ante todo, tal error no fue la causa de los retrasos en su ejecución. En consecuencia, la sentencia desestimatoria de primera instancia será confirmada.
VII. No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia, en el caso concreto, actuación temeraria por parte del demandante, condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se proceda de esta forma.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia desestimatoria proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, el cinco (5) de marzo de dos mil catorce (2014), por las razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: SIN CONDENA en costas.
TERCERO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Presidente
GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE
Magistrado
Salvo voto
NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrado
Folio 9 (anverso) del cuaderno 1. Certificado de existencia y representación legal de entidad sin ánimo de lucro a folios 10 a 11 del cuaderno 1. Folios 118 y 119 del cuaderno 1. Folios 122 a 125 del cuaderno 1. Folios 138 a 140 del cuaderno 1. Folios 152, y 176 a 180 del cuaderno 1. Folios 153 a 175 del cuaderno 1. Folios 299 y 300 del cuaderno 1. Folio 301 del cuaderno 1. Folios 303 a 306 del cuaderno 2. Auto del 18 de julio de 2013, folios 312 y 313 del cuaderno 2. Acta a folios 322 a 329, y CD a folio 331 del cuaderno 2. Acta y CD a folios 486 a 488 del cuaderno 2. Folios 492 a 506 del cuaderno 2. Folios 521 a 527 del cuaderno 2. Folios 687 a 703 del cuaderno principal. Folios 708 a 711 del cuaderno 1. Auto del 24 de abril de 2014, folio 714 del cuaderno principal. Auto del 4 de junio de 2014, folio 721 del cuaderno principal. Auto del 9 de julio de 2014, folio 728 del cuaderno principal. Folio 734 a 740 del cuaderno principal. Folio 742 del cuaderno principal. CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO. “Artículo 328. Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. […]”
LEY 80 DE 1993. Artículo 75. “Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores, el juez competente para conocer de las controversias derivadas de los contratos estatales y de los procesos de ejecución o cumplimiento será el de la jurisdicción contencioso administrativa. […]”. CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVO. “Artículo 104. De la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa. || Igualmente conocerá de los siguientes procesos: […] 2. Los relativos a los contratos, cualquiera que sea su régimen, en los que sea parte una entidad pública o un particular en ejercicio de funciones propias del Estado”. DECRETO 2353 DE 1971. “Artículo 1º. Los Fondos Rotatorios del Ejército, de la Armada Nacional, de la Fuerza Aérea y de la Policía Nacional creados por los decretos números 2361 de 1954, 180 de 1942 y la Ley 84 de 1947, son establecimientos públicos, esto es, organismos dotados de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente y tienen por objeto desarrollar la política y los planes que en materia de abastecimientos y servicios adopte el Gobierno respecto de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional. || Artículo 2º. [Modificado por el artículo 1 del Decreto 2067 de 1984]. Para efectos de la tutela administrativa, los Fondos Rotatorios de las Fuerzas militares y de la Policía Nacional están adscritos al Ministerio de Defensa Nacional y su domicilio es la ciudad de Bogotá, D.C., pero podrán establecer dependencias en otras secciones del país”. CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVO. “Artículo 150. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación […]”. En la demanda y su reforma (f. 2 y 123, c. 1) la cuantía de la mayor pretensión fue estimada en $2.000’000.000, suma superior a los 500 SMMLV exigidos por el artículo 152.5 del CPACA para que este proceso tuviera vocación de segunda instancia, lo que en el año 2012 equivalía a $283’350.000, según el Decreto 4919 de 2011. CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVO. “Artículo 152.
Los Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: […] 5. De los relativos a los contratos, cualquiera que sea su régimen, en que sea parte una entidad pública en sus distintos órdenes o un particular en ejercicio de funciones propias del Estado, y de los contratos celebrados por cualquier entidad prestadora de servicios públicos domiciliarios en los cuales se incluyan cláusulas exorbitantes, cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes”. Folio 328 del cuaderno 3, aptado. 2.3.5. Copia simple a folio 73 del cuaderno 1.
“Artículo 164. La demanda deberá ser presentada: […] 2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad: […] j) En las relativas a contratos el término para demandar será de dos (2) años que se contarán a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento”. Constancia suscrita por el Procurador 23 Judicial II a folio 126 del cuaderno 1. Folio 9 (anverso) del cuaderno 1. Copia auténtica a folios 1 a 26 del cuaderno 6. CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO. “Artículo 244. Documento auténtico. Es auténtico un documento cuando existe certeza sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito, firmado, o cuando exista certeza respecto de la persona a quien se atribuya el documento. || Los documentos públicos y los privados emanados de las partes o de terceros, en original o en copia, elaborados, firmados o manuscritos, y los que contengan la reproducción de la voz o de la imagen, se presumen auténticos, mientras no hayan sido tachados de falso o desconocidos, según el caso. […] La parte que aporte al proceso un documento, en original o en copia, reconoce con ello su autenticidad y no podrá impugnarlo, excepto cuando al presentarlo alegue su falsedad. Los documentos en forma de mensaje de datos se presumen auténticos. […] Artículo 246. Valor probatorio de las copias. Las copias tendrán el mismo valor probatorio del original, salvo cuando por disposición legal sea necesaria la presentación del original o de una determinada copia. […] Artículo 257. Alcance probatorio. Los documentos públicos hacen fe de su otorgamiento, de su fecha y de las declaraciones que en ellos haga el funcionario que los autoriza. […] Artículo 260. Alcance probatorio de los documentos privados. Los documentos privados tienen el mismo valor que los públicos, tanto entre quienes los suscribieron o crearon y sus causahabientes como respecto de terceros”. CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO. “Artículo 250. Indivisibilidad y alcance probatorio del documento. La prueba que resulte de los documentos públicos y privados es indivisible y comprende aun lo meramente enunciativo, siempre que tenga relación directa con lo dispositivo del acto o contrato. […] Artículo 257. […] Las declaraciones que hagan los interesados en escritura pública tendrán entre estos y sus causahabientes el alcance probatorio señalado en el artículo 250; respecto de terceros se apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica”. Copia auténtica a folios 376 a 378 del cuaderno 3. Copia auténtica a folios 55 a 91 del cuaderno 7. Copia auténtica de las constancias a folios 22 a 43 del cuaderno 7. Copia auténtica a folio 92 del cuaderno 7. Copia auténtica a folios 1 a 26 del cuaderno 6. Mayúsculas del texto original trascrito. Copia auténtica a folio 33 del cuaderno 6. Copia simple del acta a folios 38 y 39 del cuaderno 1. Copia simple a folios 40 a 42 del cuaderno 1. Copia auténtica del acta a folio 9 a 10 del cuaderno 7. Copia auténtica del acta a folios 4 y 5 del cuaderno 7. Copia auténtica a folios 2 y 3 del cuaderno 7. Copia auténtica a folio 399 del cuaderno 3. Copia auténtica a folios 400, 413 y 417 del cuaderno 3. Copia auténtica a folio 35 del cuaderno 6. Copia auténtica del acta a folios 20 y 21 del cuaderno 7. Copia auténtica a folio 36 del cuaderno 6. Copia auténtica del acta a folios 18 y 19 del cuaderno 7.
Copia auténtica a folios 37 y 38 del cuaderno 6. Copia auténtica a folios 40 (reverso) y 41 del cuaderno 6. Copia auténtica a folios 39 y 40 del cuaderno 6. Copia auténtica a folios 42 y 43 del cuaderno 6. Copia auténtica a folios 44 y 45 del cuaderno 6. Folios 46 y 47 del cuaderno 6. Copia auténtica del acta a folios 16 y 17 del cuaderno 7. Copia auténtica a folios 48 y 49 del cuaderno 6. Copia auténtica a folio 50 del cuaderno 6. Copia auténtica a folio 51 del cuaderno 6. Copia auténtica a folio 52 de cuaderno 6. Copia auténtica a folios 53 y 54 del cuaderno 6. Copia auténtica a folio 56 del cuaderno 6. Copia a folios 57 a 61 del cuaderno 1. Copia simple a folio 56 del cuaderno 1. Copia auténtica a folios 58 a 72 del cuaderno 6. Copia auténtica del acta a folios 25 y 26 del cuaderno 9. Copia auténtica a folio 83 del cuaderno 6. Copia auténtica a folio 84 del cuaderno 6. Folios 34 y 35 (anverso) del cuaderno 9. Copia auténtica a folio 29 del cuaderno 9 (anverso). Copia auténtica del acta a folios 85 y 86 del cuaderno 6. Copia auténtica a folios 35 (reverso) a 37 (anverso) del cuaderno 9,
Copia auténtica a folios 37 (reverso) y 38 del cuaderno 9. Copia auténtica a folios 39 a 41 del cuaderno 9. Copia auténtica a folio 401 del cuaderno 3. Copia auténtica a folio 402 del cuaderno 3. Copia auténtica a folio 32 (anverso) del cuaderno 9. Copia auténtica a folio 403 del cuaderno 3. Copia auténtica a folios 42 a 44 (anverso) del cuaderno 9. Copia auténtica a folio 404 del cuaderno 3. Copia auténtica a folios 87 y 88 del cuaderno 6. Folios 49 a 51 (anverso) del cuaderno 9. Copia auténtica a folios 8 a 29 del cuaderno 9. Copia auténtica a folios 14 (reverso) a 15 del cuaderno 8, y 51 (reverso) a 52 del cuaderno 9. Copia auténtica a folio 88 del cuaderno 6. Copia auténtica a folios 126 a 127 (anverso) del cuaderno 8. Copia auténtica a folio 120 del cuaderno 8. Copia auténtica a folios 1 a 4 (anverso) del cuaderno 9. Copia auténtica a folios 4 (reverso) a 7 del cuaderno 9. Copia auténtica a folio 126 del cuaderno 9. Copia auténtica a folios 131 (reverso) a 135 del cuaderno 9. Copia auténtica a folio 136 del cuaderno 9. Copia auténtica a folio 407 del cuaderno 3. Copia auténtica del acta a folios 13 a 14 del cuaderno 7. Copia auténtica del acta a folios 16 a 23 del cuaderno 9. Copia auténtica a folios 139 (reverso) a 143 del cuaderno 9. Copia auténtica a folio 92 del cuaderno 6. Copia auténtica a folios 86 (reverso) a 88 (anverso) del cuaderno 9. Copia auténtica a folios 408 y 414 del cuaderno 3. Copia auténtica a folios 88 (reverso) a 92 del cuaderno 9. Copia auténtica a folios 93 a 97 del cuaderno 9. Copia auténtica a folio 93 del cuaderno 6. Copia auténtica a folios 97 (reverso) a 103 (anverso) del cuaderno 9. Copia auténtica a folios 96 y 97 del cuaderno 6. Copia auténtica a folios 98 del cuaderno 6. Copia auténtica a folios 59 a
Copia auténtica a folios 105 a 109 del cuaderno 6; 1 a 13, y 73 a 72 del cuaderno 8. Copia auténtica a folio 409 del cuaderno 3. Copia auténtica a folio 110 del cuaderno 6. Copia auténtica a folio 410 del cuaderno 3. Copia auténtica a folio 32 (reverso) del cuaderno 8. Esta es una transcripción literal, las mayúsculas, erratas o errores forman parte del texto original. Copia auténtica a folio 38 (reverso) del cuaderno 8. Esta es una transcripción literal, las mayúsculas, erratas o errores forman parte del texto original. Copia auténtica a folio 114 del cuaderno 6. Copia auténtica a folios 115 a 118 del cuaderno 6. Copia auténtica a folio 119 del cuaderno 6. Copia auténtica a folio 120 del cuaderno 6. Copia auténtica a folios 121 y 122 del cuaderno 6. Copia auténtica a folios 123 y 124 del cuaderno 6. Copia auténtica a folios 53 (reverso) a 58 del cuaderno 9. Copia simple a folios 130 del cuaderno 6. Copia auténtica a folio 132 del cuaderno 6. Copia auténtica del acta a folios 128 y 129 del cuaderno 6. Copia simple a folios 62 a 72 del cuaderno 1. Copia simple a folio 73 del cuaderno 1.
Copia auténtica a folios 411 y 415 del cuaderno 3. Copia auténtica a folios 343 a 369 del cuaderno 3. Acta y CD a folios 469 a 474 del cuaderno 3. Acta y CD a folios 469 a 474 del cuaderno 3. Acta y CD a folios 469 a 475 del cuaderno 3. Acápite III. Hecho 5.1.5. DECRETO 1894 DE 1969. “Artículo 1°. Los Fondos Rotatorios del […] y de la Policía Nacional creados por los Decretos números 2361 de 1954 y 180 de 1942 y Ley 84 de 1947, y reorganizados por el Decreto Legislativo número 015 de 1957, son establecimientos públicos, esto es, organismos dotados de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente y tienen por objeto desarrollar la política y los planes que en materia de abastecimientos y servicios adopte el Gobierno respecto de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional. || Artículo 2°. Los Fondos Rotatorios de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional están adscritos al Ministerio de Defensa Nacional y tienen su domicilio en la ciudad de Bogotá, D. E., pero podrán establecer unidades o dependencias en otras secciones del país”. LEY 80 DE 1993. “Artículo 1o. La presente ley tiene por objeto disponer las reglas y principios que rigen los contratos de las entidades estatales. || Artículo 2o. Para los solos efectos de esta ley: || 1o. Se denominan entidades estatales: || a) a) La Nación, las regiones, los departamentos, las provincias, el distrito capital y los distritos especiales, las áreas metropolitanas, las asociaciones de municipios, los territorios indígenas y los municipios; los establecimientos públicos, […]. […] Artículo 32. Son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título enunciativo, se definen a continuación: || 1o. Contrato de obra. […]”. CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencias del 27 de noviembre de 2003, exp. 14431; del 19 de agosto de 2004, exp. 10652; del 20 de noviembre de 2008, exp. 17031; del 9 de febrero de 2011, exp. 17558; del 25 de agosto de 2011, exp. 16435; del 29 de julio de 2013, exp. 21642: y del 6 de diciembre de 2013, exp. 27593, entre otras.
“Artículo 14. […] 2o. Pactarán las cláusulas excepcionales al derecho común de terminación, interpretación y modificación unilaterales, de sometimiento a las leyes nacionales y de caducidad en los contratos que tengan por objeto el ejercicio de una actividad que constituya monopolio estatal, la prestación de servicios públicos o la explotación y concesión de bienes del Estado, así como en los contratos de obra. En los contratos de explotación y concesión de bienes del Estado se incluirá la cláusula de reversión. || Las entidades estatales podrán pactar estas cláusulas en los contratos de suministro y de prestación de servicios. || En los casos previstos en este numeral, las cláusulas excepcionales se entienden pactadas aun cuando no se consignen expresamente. || Parágrafo. En los contratos que se celebren con personas públicas internacionales, o de cooperación, ayuda o asistencia; en los interadministrativos; en los de empréstito, donación y arrendamiento y en los contratos que tengan por objeto actividades comerciales o industriales de las entidades estatales que no correspondan a las señaladas en el numeral 2o. de este artículo, o que tengan por objeto el desarrollo directo de actividades científicas o tecnológicas, así como en los contratos de seguro tomados por las entidades estatales, se prescindirá de la utilización de las cláusulas o estipulaciones excepcionales”.
“Artículo 18.
La caducidad es la estipulación en virtud de la cual si se presenta alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización, la entidad por medio de acto administrativo debidamente motivado lo dará por terminado y ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre. || En caso de que la entidad decida abstenerse de declarar la caducidad, adoptará las medidas de control e intervención necesarias, que garanticen la ejecución del objeto contratado. La declaratoria de caducidad no impedirá que la entidad contratante tome posesión de la obra o continúe inmediatamente la ejecución del objeto contratado, bien sea a través del garante o de otro contratista, a quien a su vez se le podrá declarar la caducidad, cuando a ello hubiere lugar. || Si se declara la caducidad no habrá lugar a indemnización para el contratista, quien se hará acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en esta ley. || La declaratoria de caducidad será constitutiva del siniestro de incumplimiento”. CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencias del 21 de febrero de 1986, exp. 4550; del 20 de noviembre de 2008, exp. 17031; del 12 de julio de 2012 exp. 15024. CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 29 de noviembre de 2019, exp. 15068. CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencias del 24 de agosto de 2000, exp. 12082; del 1º de marzo de 2006, exp. 15898; del 25 de febrero de 2009, exp. 16103; del 15 de mayo de 2011, exp. 18553; y del 22 de mayo de 2013, exp. 22090, entre otras. CÓDIGO CIVIL. “Artículo 1613. La indemnización de perjuicios comprende el daño emergente y lucro cesante, ya provenga de no haberse cumplido la obligación, o de haberse cumplido imperfectamente, o de haberse retardado el cumplimiento. || Exceptúanse los casos en que la ley la limita expresamente al daño emergente” (subrayado añadido). CÓDIGO CIVIL. “Artículo 1603. Los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan no solo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por ley pertenecen a ella”.
“Artículo 1604. El deudor no es responsable sino de la culpa lata en los contratos que por su naturaleza solo son útiles al acreedor; es responsable de la leve en los contratos que se hacen para beneficio recíproco de las partes; y de la levísima en los contratos en que el deudor es el único que reporta beneficio. || El deudor no es responsable del caso fortuito, a menos que se haya constituido en mora (siendo el caso fortuito de aquellos que no hubieran dañado a la cosa debida, si hubiese sido entregado al acreedor), o que el caso fortuito haya sobrevenido por su culpa. || La prueba de la diligencia o cuidado incumbe al que ha debido emplearlo; la prueba del caso fortuito al que lo alega. || Todo lo cual, sin embargo, se entiende sin perjuicio de las disposiciones especiales de las leyes, y de las estipulaciones expresas de las partes. […] Artículo 1608. El deudor está en mora: || 1o.) Cuando no ha cumplido la obligación dentro del término estipulado; salvo que la ley, en casos especiales, exija que se requiera al deudor para constituirlo en mora. […] Artículo 1610. Si la obligación es de hacer, y el deudor se constituye en mora, podrá pedir el acreedor, junto con la indemnización de la mora, cualquiera de estas tres cosas, a elección suya: || 1a.) Que se apremie al deudor para la ejecución del hecho convenido. || 2a.) Que se le autorice a él mismo para hacerlo ejecutar por un tercero a expensas del deudor. || 3a.) Que el deudor le indemnice de los perjuicios resultantes de la infracción del contrato. […] Artículo 1733. El deudor es obligado a probar el caso fortuito que alega. […]”.
“Artículo 13.
Los contratos que celebren las entidades a que se refiere el artículo 2o. del presente estatuto se regirán por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, salvo en las materias particularmente reguladas en esta ley. […]”. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil, sentencias del 31 de mayo de 1938, Gaceta Judicial, tomo XLVI, núm. 1936, pp. 566 – 574. CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 25 de marzo de 2015, exp. 34426. CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia del 24 de junio de 1998, exp. 10530. Hechos 5.1.2 y 5.1.5. Hecho 5.1.5.1.
“Es posible que la necesidad del servicio que lleva a la administración a iniciar el proceso precontractual contemple prestaciones mixtas a cargo del concurrente, que puedan tipificar diferentes tipos de contratos. || El objeto de un proceso de selección puede corresponder al suministro de equipos de alta tecnología, con la instalación y construcción de obras para el efecto, y prestaciones de servicio de mantenimiento de los bienes, soporte sobre la infraestructura informática y capacitación a los funcionarios de la entidad. Los contratos ‘llave en mano’ donde se pacta un resultado, para entregar el objeto contratado en pleno funcionamiento, pueden incorporar prestaciones de suministro de bienes, construcción de obras y prestación de servicios. || Estos procesos de selección podrán adelantarse con pluralidad de objetos, siempre y cuando las prestaciones se encuentren directamente vinculadas entre sí, resulten complementarias o deban ser tratadas como inescindibles o en forma integral”. CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 9 de marzo de 2016, exp. 36312. Hecho 5.1.5.8. Hecho 5.1.5.6. Apartados 5.5.4 y 5.5.5. Hechos 5.3.34 y 5.3.98
Hecho 5.3.99. Hechos 5.3.4 y 5.3.83. Hecho 5.1.3. Hecho 5.1.2. Hechos 5.1.2 y 5.1.3. Apartado 2.13 (iii). Apartado 2.13 (ii). Hechos 5.1.5, 5.1.5.1 y 5.1.5.8. Apartados 6.3 y 6.4. Hecho 5.1.5.7. Apartado 2.13 (i). Hecho 5.1.7. Hecho 5.1.8. Hecho 5.1.2. Hechos 5.1.5.7 y 5.1.5.8. Hechos 5.1.9 y 5.1.10. Hecho 5.1.11. Hechos 5.1.5.2 y 5.1.5.3. Hecho 5.1.5.7. Hechos 5.1.2, 5.1.5, 5.1.5.2, 5.1.5.3, 5.1.5.6, 5.1.5.8, 5.1.55; y apartados 5.2.4 y 5.2.5. Hecho 5.1.12. Hecho 5.1.2. Hecho 5.1.5.1. Apartado 6.4. Hecho 5.1.2. Hecho 5.1.2.3. Apartado 6.3. Hechos 5.1.5.6 y 5.1.5.8. Apartado 2.13 (v). Hecho 5.1.13. Hechos 5.1.5.1 y 5.1.5.8. Hecho 5.1.27. Hechos 5.1.61 y 5.1.67
Hechos 5.1.62 y 5.1.68. Hecho 5.1.77. Hechos 5.1.79, 5.1.80 y 5.1.81. Hecho 5.1.83. Hecho 5.1.14. Hechos 5.1.15 a 5.1.26. Ibídem. Apartados 2.12 y 2.13. Hecho 5.1.21. Hecho 5.1.2. Hechos 5.1.28, 5.1.29 y 5.1.32. Hecho 5.1.8. Hechos 5.1.30 y 5.1.31. Hecho 5.1.33. Hecho 5.1.5.4. Hechos 5.1.37, 5.1.38 y 5.1.39. Hecho 5.1.40. Hechos 5.1.42, 5.1.43 y 5.1.44. Hecho 5.1.45. Hecho 5.1.46. Hecho 5.1.48. Hecho 5.1.44. Hecho 5.1.49. Hechos 5.1.51, 5.1.52 y 5.1.53. Hechos 5.1.48 y 5.1.50. Hechos 5.1.54, 5.1.55 y 5.1.56. Hechos 5.1.57 y 5.1.58. Ibídem. Hechos 5.1.59, 5.1.60, 5.1.61, 5.1.64, 5.1.65 y 5.1.66. Hecho 5.1.67. Hechos 5.1.72. Hechos 5.1.68 y 5.1.70. Hechos 5.1.71, 5.1.72 y 5.1.73. Hecho 5.1.76. Hecho 5.1.74. Hecho 5.1.75. Hecho 5.1.77. Hechos 5.1.77 y 5.1.79. Hechos 5.1.80, 5.1.81 y 5.1.82. Hecho 5.1.83. Hecho 5.1.85 y 5.1.87. Hechos 5.1.86, 5.1.88 y 5.1.89. Hecho 5.1.91. Hecho 5.1.92. Hecho 5.1.93. Hechos 5.1.94 y 5.1.95. Hecho 5.1.96. Hecho 5.1.97. Cfr. N.P.P. 234
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