Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 54001-23-33-000-2013-00186-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 54001-23-33-000-2013-00186-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 54001-23-33-000-2013-00186-01
Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales
1 de noviembre de 2023
Radicado: 54001-23-33-000-2013-00186-01 (55929)
Demandante: COTRASERMULCAV
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá D.C., primero (1) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 54001-23-33-000-2013-00186-01 (55929)
Demandante: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SERVICIOS DE
CÁCOTA DE VELAZCO -COTRASERMULCAV-
Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -INVIAS-
Temas: LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA PARA DEMANDAR LA NULIDAD DEL ACTO DE
ADJUDICACIÓN - Radica en los oferentes que participaron en la licitación pública que da origen al
acto de adjudicación acusado. COMPETENCIA DEL JUEZ EN SEGUNDA INSTANCIA - Se
circunscribe a los aspectos o temas apelados. RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – En los
eventos en que se declara la nulidad del acto de adjudicación el demandante debe acreditar que su
propuesta es la mejor y que cumple con las condiciones del pliego – Es menester comparar todos
los ofrecimientos que hicieron parte de la convocatoria. NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO -
Causal 4ª del artículo 44 de la Ley 80 de 1993 - Cuando se declaren nulos los actos administrativos
en que se fundamenta - Deber del juez de declarar de forma oficiosa la nulidad absoluta del contrato.
RESTITUCIONES MUTUAS - Eventos en los cuales hay lugar a su reconocimiento. CARGA DE LA
PRUEBA - Quien demanda tiene la carga de acreditar los supuestos de hecho que pretende hacer
valer.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la
sentencia del 30 de julio de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo de Norte
de Santander, que negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la
actora.
I. SÍNTESIS DEL CASO
El Instituto Nacional de Vías, en lo sucesivo INVIAS, adelantó la Licitación Pública
LP-DT-NSA 004-2012, con el objeto de contratar el mantenimiento rutinario a través
de microempresas en las vías a cargo del INVIAS, Dirección Territorial de Norte de
Santander, la cual comprendió dos módulos: el primero, atinente a la vía 5505
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Demandante: COTRASERMULCAV
Presidente-Pamplona-Cúcuta PR0+0000-PR31+0000 y, el segundo, referente a la
vía 5505 Presidente-Pamplona-Cúcuta PR31+0000-PR63+0000.
Al proceso de selección se presentaron los siguientes oferentes: respecto del
módulo n.º 1, la Cooperativa de Trabajo Asociado y Servicios Múltiples
Panamericana de Cácota -PANAMCACOOP-, la Cooperativa de Trabajo Asociado
Chitagá -COOTRACHITAGA- y la Cooperativa de Trabajo Asociado de Servicio
Cácota de Velazco -COTRASERMULCAV-, y frente al módulo n.º 2, la Cooperativa
de Trabajo Asociado y Servicios Múltiples Panamericana de Cácota -
PANAMCACOOP-, la Cooperativa de Trabajo Asociado Chitagá -
COOTRACHITAGA-, la Cooperativa de Trabajo Asociado de Servicio Cácota de
Velazco -COTRASERMULCAV-, la Cooperativa de Trabajo Asociado Amistad y
Desarrollo y la Cooperativa de Trabajo Asociado los Andes. En el marco de la
audiencia pública de apertura de sobre n.º 2 y establecimiento del orden de
elegibilidad llevada a cabo el 26 de julio de 2012, el comité evaluador rechazo la
propuesta presentada por la Cooperativa de Trabajo Asociado de Servicio Cácota
de Velazco -COTRASERMULCAV-, porque no aportó la información económica en
todos los formatos requeridos por la entidad.
Posteriormente, mediante Resolución n.º 179 del 27 de julio de 2012, el INVIAS
adjudicó la Licitación Pública LP-DT-NSA-004-2012, así: el módulo n.º 1 a la
Cooperativa de Trabajo Asociado Chitagá -COOTRACHITAGA-, y el módulo n.º 2
a la Cooperativa de Trabajo Asociado Amistad y Desarrollo. El 10 de agosto de 2012
el INVIAS y los oferentes adjudicatarios celebraron los respectivos contratos de
obra.
La Cooperativa de Trabajo Asociado de Servicio Cácota de Velazco -
COTRASERMULCAV- solicita que se declare la nulidad del acta de audiencia
pública de apertura de sobre n.º 2 y establecimiento del orden de elegibilidad del 26
de julio de 2012 y de la Resolución n.º 179 del 27 de julio de 2012, junto con el
consecuente restablecimiento del derecho, pues, a su juicio, el INVIAS no debió
rechazar su ofrecimiento. Además, aduce que su propuesta era la mejor y que, por
tanto, debió adjudicársele el proceso de selección -módulos n.º 1 y n.º 2-.
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Demandante: COTRASERMULCAV
II. ANTECEDENTES
1. Demanda
1.1. El 13 de febrero de 20131, la Cooperativa de Trabajo Asociado de Servicio
Cácota de Velazco -COTRASERMULCAV-, mediante apoderado judicial y en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó
demanda en contra del INVIAS.
1.2. El 2 de julio de 20132 el Tribunal Administrativo de Norte de Santander inadmitió
la demanda a efectos de que la parte actora subsanara lo atinente a la acumulación
de pretensiones, así como también la cuantía.
1.3. En la demanda subsanada3 la actora formuló las siguientes pretensiones, que
se transcriben textualmente, incluso con eventuales errores:
“PRIMERA: Que es nula la decisión administrativa contenida en el ACTA DE
AUDIENCIA PÚBLICA DE APERTURA DEL SOBRE No. 2 Y ESTABLECIMIENTO
DEL ORDEN DE ELEGIBILIDAD PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO EN
DESARROLLO DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. LP-DT-NSA-004-
2012 módulos Nos 1 y 2.
SEGUNDA: Que es nula la resolución N° 179 del 27 de junio de 2012, expedida por
el director Territorial de Norte de Santander del Instituto Nacional e Vías “INVIAS”,
mediante la cual se adjudica el contrato de que trata el proceso de convocatoria
pública N° LP-DT-NSA-004-2012 módulos Nos. 1 y 2.
TERCERA: Que a título de restablecimiento del derecho se condene al INSTITUTO
NACIONAL DE VÍAS – INVIAS – DIRECCIÓN TERRITORIAL DE NORTE DE
SANTANDER, a pagar a la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE
SERVICIOS DE CÁCOTA DE VELAZCO CTA., como reparación, el valor de los
perjuicios materiales (daño emergente y lucro cesante) causados (consistentes en
la utilidad que hubiere tenido si se le hubiere adjudicado el contrato), los cuales
ascienden aproximadamente a CIENTO NOVENTA Y TRES MILLONES
QUINIENTOS DIECISÉIS MIL QUINIENTOS TRES PESOS M/CTE.
($193.516.503), o de conformidad con lo que resulte probado en el proceso”.
1.4. Como fundamento fáctico de sus pretensiones, la parte demandante enunció
los siguientes hechos que, a continuación, la Sala sintetiza:
1 Fl. 3 a 15, C. 1.
2 Fl. 418 y 419, C. 2.
3 Fl. 423 a 437, C. 2. La demanda fue subsanada mediante memorial allegado el 19 de julio de 2013.
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Demandante: COTRASERMULCAV
1.4.1. Afirmó que mediante Resolución n.º 0144 del 14 de junio de 2014, el INVIAS
dio apertura a la Licitación Pública LP-DT-NSA 004-2012, cuyo objeto consistió en
contratar el mantenimiento rutinario de las vías a cargo del INVIAS, Dirección
Territorial de Norte de Santander, comprendida por dos módulos.
1.4.2. Agregó que, en lo que corresponde al módulo n.º 1, al proceso licitatorio se
presentaron: la Cooperativa de Trabajo Asociado de servicios de Cacota de Velazco
-COOTRASERMULCAV-, la Cooperativa de Trabajo Asociado y Servicio Múltiples
Panamericana de Cacota -PANAMCACOOP- y la Cooperativa de Trabajo Asociado
Chitaga -COOTRACHITAGA-.
1.4.3. Refirió que, en cuanto al módulo n.º 2, al proceso se presentaron: la
Cooperativa de Trabajo Asociado de servicios de Cacota de Velazco -
COOTRASERMULCAV-, la Cooperativa de Trabajo Asociado y Servicio Múltiples
Panamericana de Cacota -PANAMCACOOP-, la Cooperativa de Trabajo Asociado
Chitagá -COOTRACHITAGA-, la Cooperativa de Trabajo Asociado Amistad y
Desarrollo, y la Cooperativa de Trabajo Asociado los Andes.
1.4.4. Adujo que el comité evaluador, de conformidad con las reglas contenidas en
el pliego, estimó que su ofrecimiento cumplió con los requisitos habilitantes, vale
decir, capacidad jurídica, capacidad financiera, organización y condiciones de
experiencia.
1.4.5. Resaltó que el 26 de junio de 2012 se llevó a cabo la audiencia de apertura
de sobre n.º 2 y establecimiento del orden de elegibilidad, en el marco de la cual la
entidad púbica declaró no admisible su ofrecimiento porque su propuesta
económica no cumplió con los criterios previstos en el capítulo III del pliego de
condiciones, atinentes a su elaboración. A este respecto, recalcó que, según el
INVIAS, el formulario n.º 7 no fue allegado de forma separada, esto es: uno
correspondiente al año 2012, otro atinente al año 2013 y, finalmente, uno que
incluyera la sumatoria de los años 2012 y 2013, circunstancia que, a juicio de la
actora, no daba lugar a rechazar su ofrecimiento.
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1.4.6. Indicó que por medio de la Resolución n.º 179 del 27 de julio de 2012 el
INVIAS adjudicó la Licitación Pública LP-DT-NSA 004-2012, así: el módulo n.º 1 a
la Cooperativa de Trabajo Asociado Chitagá -COOTRACHITAGA- y el módulo n.º 2
a la Cooperativa de Trabajo Asociado Amistad y Desarrollo.
1.5. Como fundamento jurídico de la demanda, la parte actora manifestó que el acta
de audiencia pública de apertura de sobre n.º 2 y establecimiento del orden de
elegibilidad del 26 de julio de 2012 y la Resolución n.º 179 del 27 de julio de 2012
infringen los artículos 26-1,2,4 y 90 de la Constitución Política, y 23, 29, 50 y 51 de
la Ley 80 de 1993, así como el principio de la buena fe y las reglas contenidas en el
pliego de condiciones, puntualmente aquellas atinentes a las causales de rechazo.
1.5.1. A este respecto, refirió que “por ningún lado los pliegos establecen el rechazo
de las propuestas que no estén o vengan discriminadas o desglosadas año por año,
cumplimos con los requisitos exigidos y según los puntos descritos no observamos
causal de RECHAZO alguna”.
2. Contestación de la demanda
Mediante auto del 29 de julio de 20134, el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander admitió la demanda subsanada y ordenó su notificación al INVIAS, al
Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Al efecto,
cabe señalar que en el auto admisorio se concluyó que el acta de audiencia pública
de apertura de sobre n.º 2 y establecimiento del orden de elegibilidad del 26 de julio
de 2012 no podía ser objeto de estudio, pues “se configura como un acto
administrativo de trámite de la administración”, razón por la cual el Tribunal no la
tuvo como acto demandado, decisión que no fue recurrida y, por tanto, quedó en
firme.
2.1. El 6 de noviembre de 2013, el INVIAS5 contestó la demanda mediante escrito
en el que se opuso a la prosperidad de las pretensiones, al considerar que carecen
4 Fl 441 y 442, C. 2.
5 Fl. 466 a 483, C. 2.
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Demandante: COTRASERMULCAV
de fundamentos fácticos y jurídicos. En cuanto a los hechos aceptó unos y negó
otros.
2.1.1. Afirmó que la propuesta presentada por la Cooperativa de Trabajo Asociado
de servicios de Cacota de Velazco -COOTRASERMULCAV- fue rechazada “por no
cumplir los requisitos definidos en los Pliegos de Condiciones numeral 3.1 y por
modificar el Formulario No. 7 en violación del numeral 6.4 literal r del proceso LP-
DT-NSA-004-2012”.
2.1.2. A este efecto, precisó que la propuesta económica debía allegarse en 3
formularios, así: el primero con la información de la vigencia 2012, el segundo con
la información de la vigencia 2013 y el tercero con la sumatoria de los valores de las
vigencias 2012 y 2013, a lo que agregó que el demandante tan solo presentó un
formulario con un valor total, “es decir no realizó discriminación de la propuesta
económica por vigencias, tal y como lo exigía el Pliego de Condiciones en su
numeral 3.1”.
2.1.3. Refirió que de conformidad con lo establecido en el literal r del numeral 6.4.
del pliego de condiciones, constituía causal de rechazo “adicionar, modificar,
suprimir o alterar los ítems”, agregando en tal sentido que la propuesta del
demandante debía rechazarse, pues aquel modificó el formulario n.º 7 al no
discriminar la información por vigencias.
3. Audiencia inicial y audiencia de pruebas
3.1. El 18 de septiembre de 2014 se llevó a cabo la audiencia inicial6, en el marco
de la cual el Tribunal adelantó las etapas de saneamiento del proceso7, excepciones
6 Fl. 496 a 500, C. 2.
7 El Tribunal manifestó que hasta ese momento procesal no se advertía situación alguna que
invalidara el proceso, frente a lo cual las partes e intervinientes no manifestaron observación alguna.
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previas8, fijación del litigio9, conciliación judicial10, medidas cautelares11, decreto de
pruebas12 y fijó fecha para la audiencia de pruebas.
3.2. El 1 de diciembre de 2014 se desarrolló la audiencia de pruebas13, en la que se
practicaron14 aquellas que fueron decretadas en la audiencia inicial.
4. Alegatos de conclusión
Una vez finalizada la práctica de pruebas se declaró cerrada la etapa probatoria y
se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y
presentar concepto, respectivamente15.
4.1. La parte demandante16 reiteró lo manifestado en el líbelo introductorio. En este
sentido, estimó que su ofrecimiento no debió rechazarse.
4.2. El INVIAS17 reiteró lo manifestado en la contestación de la demanda. Al
respecto, indicó que la oferta del demandante no cumplió con los requisitos
8 A este efecto, el Tribunal puso de presente que la parte demandada no formuló excepciones previas
y, por tanto, continuó con el trámite de la diligencia.
9 El Tribunal, tras poner de presente los hechos y pretensiones de la demanda, así como también lo
manifestado al respecto por la parte demandada en la contestación de la demanda, consideró que
en el presente caso el litigio debería sustraerse a determinar si, “¿es contraria a derecho la decisión
contenida en el Acta de Audiencia Pública de Apertura del Sobre No. 2., y Establecimiento del Orden
de Elegibilidad para la Adjudicación del Contrato en Desarrollo del Proceso de Licitación Pública No.
LP-DT-NSA-004-2012 módulos Nos. 1 y 2, de fecha 26 de julio de 2012? […] ¿Asimismo, deberá
determinarse si, es nula la Resolución N° 179 del 27 de junio de 2012, expedida por el Director
Territorial de Norte de Santander del Instituto Nacional de Vías “INVIAS”, mediante la cual se
adjudicó el contrato de que trata el proceso de convocatoria pública N° LP-DT-NSA-004-2012
módulos Nos. 1 y 2?”.
10 Sobre este particular, el a quo concedió el uso de la palabra a las partes, quienes manifestaron
que no les asistió ánimo conciliatorio, razón por la cual la etapa se declaró fallida.
11 En la audiencia se dejó constancia que en el presente caso no se solicitó medida cautelar alguna.
12 El Tribunal tuvo como pruebas las documentales allegadas por las partes con la demanda y su
contestación. En tal sentido, tras correr traslado de las documentales aportadas por el INVIAS, se
abstuvo de decretar las pruebas documentales solicitadas por la actora, bajo el entendido de que
con la documentación aportada por la demandada se entendía satisfecha la prueba. De otra parte,
decretó el dictamen pericial solicitado por la actora, cuyo objeto consistió en determinar el
componente resarcitorio de la demanda.
13 Fl. 531 a 533, C. 2.
14 En el marco de la audiencia el Tribunal le concedió el uso de la palabra a la perito para que
explicara las conclusiones de su experticia. Acto seguido las partes formularon preguntas acerca del
dictamen.
15 Fl. 533, C. 2.
16 Fl. 543 a 547, C. 2.
17 Fl. 539 a 542, C. 2.
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establecidos en el pliego, puntualmente en lo atinente al diligenciamiento del
formulario n.º 7, de tal suerte que había lugar a su rechazo.
4.4. El Ministerio Público guardó silencio.
5. Sentencia de primera instancia
5.1. Mediante sentencia del 30 de julio de 201518, el Tribunal Administrativo de Norte
de Santander negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte
actora.
5.2. Como sustento de su decisión, el Tribunal, tras referirse a las pruebas allegadas
al expediente, puntualmente en cuanto a las reglas del proceso licitatorio y a la
oferta económica allegada por la parte demandante, encontró acreditado que la
Cooperativa de Trabajo Asociado de servicios de Cacota de Velazco -
COOTRASERMULCAV- “incumplió con una de las estipulaciones consignadas en
el pliego de condiciones, específicamente la precisada para el Sobre No. 2 en el
numeral 3.1”, comoquiera que no discriminó su ofrecimiento económico por
vigencias, como expresamente lo establecían las reglas del proceso licitatorio,
según las cuales los oferentes debían presentar un formulario atinente a la vigencia
2012, otro formulario correspondiente a la vigencia 2013 y un último formulario con
la sumatoria de las vigencias 2012 y 2013, anotando al respecto que la cooperativa
demandante tan solo allegó un formulario con la sumatoria de las vigencias 2012 y
2013.
5.3. Con todo, el Tribunal estimó que, si bien “en principio podría interpretarse que
bajo tal perspectiva, en efecto se configuró una de las causales de rechazo de las
propuestas, puesto que la Cooperativa demandante, suprimió los ítems, la
descripción, las unidades o cantidades establecidas para el Formulario No. 7”, era
menester analizar si dicha circunstancia podía considerarse una exigencia formal o
sustancial y si, por tanto, era subsanable.
18 Fl. 551 a 575, C. Ppal.
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5.4. En tal sentido, el a quo concluyó que la falencia en el ofrecimiento económico
de la parte demandante versaba sobre una exigencia formal que no afectaba la
asignación de puntaje, de tal suerte que la entidad pública demandada debió
ordenar la subsanación del ofrecimiento en lugar de proceder a su rechazo.
Sobre el particular, esto se manifestó en la sentencia:
“[…] la decisión de no admitir la propuesta presentada por la Cooperativa
“COOTRASERMULCAV” dentro del proceso de licitación pública No. LP-DT-NSA-
004-2012 modulo 1 y 2, adelantando por el Instituto Nacional de Vías Territorial
Norte de Santander, excedió las facultades otorgadas a la administración -INVIAS,
simbolizando tal exceso la transgresión de principios tales como la economía,
eficiencia, celeridad y eficacia de la actuación administrativa, habida cuenta que
conforme lo indicado en el numeral 5.3 del pliego de condiciones (fl. 57 C. Pruebas
Único), el diligenciamiento de los tres (03) formularios No. 7, no constituía un criterio,
si bien obligatorio, no uno estrictamente necesario para la comparación de las
propuestas admitidas, lo que lo convertía entonces en una omisión subsanable,
encontrándose la administración facultada para solicitar a la Cooperativa afectada
con tal decisión, enmendar la negligencia formal advertida en atención a lo dispuesto
en el numeral 2.11 (reglas de subsanabilidad) del pliego de condiciones […]
De igual modo, advierte la Sala que la inadmisibilidad de la propuesta de la
demandante, resultó irrazonable, y desproporcionada, teniendo en cuenta que el
indebido diligenciamiento del formulario No. 7, y la ausencia de la discriminación
solicitada en el Sobre No. 2 de la demandante, según los criterios de selección
observados en el numeral 5.3 del pliego de condiciones, no afectaba la situación de
asignación de puntaje, ni influía sustancialmente en la calificación de las propuestas,
ni tampoco podía situar en mejor posición al oferente demandante en esta ocasión,
respecto de las demás Cooperativas admitidas […]”.
5.5. Acto seguido, el Tribunal abordó el examen de validez de la Resolución n.º 179
del 27 de julio de 2012, frente a lo cual consideró que aunque la entidad demandada
no permitió a la actora subsanar su ofrecimiento, a su juicio, dicha circunstancia no
afectaba la validez del acto administrativo acusado, “habida cuenta que para abatir
los fundamentos sobre los cuales se rigió la elección de los mejores proponentes,
debía la cooperativa demandante dentro del presente proceso asumir la carga
probatoria y acreditar que su propuesta superaba ostensiblemente la de sus
adversarios, y en virtud de ello, formarse los supuestos necesarios para concluir
que le asistía el derecho a ser favorecida por la oferta pública N° Lp-dt-nsa-004-
2012 módulos Nos. 1 y 2, situación que no aconteció”. Por tanto, negó las
pretensiones declarativas y de condena formuladas en la demanda.
5.6. Finalmente, no habiendo prosperado las pretensiones de la demanda condenó
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Demandante: COTRASERMULCAV
en costas a la parte demandante -por concepto de agencias en derecho-, las cuales
tasó en el equivalente al 0.01% del valor de las pretensiones.
6. Recurso de apelación
6.1. El 18 de agosto de 2015 la Cooperativa de Trabajo Asociado de Servicio Cácota
de Velazco -COTRASERMULCAV- interpuso recurso de apelación19 , el cual fue
concedido el 20 de agosto de 201520 y admitido el 27 de enero de 201621.
6.2. A juicio de la recurrente, habiendo procedido de forma irregular el INVIAS al
rechazar su ofrecimiento, el a quo ha debido acceder a las pretensiones de la
demanda y, en tal sentido, declarar la nulidad del acto administrativo demandado y
el consiguiente restablecimiento del derecho.
A este respecto, reiteró lo expuesto en la demanda y recalcó que “[a]ctuó entonces
de manera precipitada la entidad, en cuanto el documento echado de menos no
tenía la Entidad suficiente para alterar las condiciones de la Propuesta, en cuanto
la información que pudiera contener se encontraba en el documento globalizado”.
Además, agregó que “[…] es evidente que a mi poderdante se le violentó el debido
proceso, pues después de haberle aceptado como ADMISIBLE la propuesta, se le
rechaza por un documento que perfectamente podía aportar o cuya información ya
hacía parte del expediente, sin alterar el equilibrio o las bases de la propuesta”.
Con fundamento en lo anterior solicitó revocar la sentencia apelada y, en su lugar,
acceder a todas las pretensiones de la demanda -declarativas y de condena-.
7. Actuación en segunda instancia
Mediante providencia del 2 de marzo de 201622, se corrió traslado a las partes y al
Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.
19 Fl. 581 a 585, C. Ppal.
20 Fl. 587, C. Ppal.
21 Fl. 595, C. Ppal.
22 Fl. 297, C. Ppal.
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Demandante: COTRASERMULCAV
7.1. La parte demandada23 solicitó confirmar la sentencia apelada. Al respecto, en
su escrito recalcó que la actora en su recurso de apelación no cuestionó el fallo de
primera instancia porque no identificó los aspectos que le fueron adversos en la
sentencia. Además, manifestó que en el proceso la demandante no desvirtuó la
presunción de legalidad del acto administrativo demandado y tampoco probó que
su oferta fuera “la más conveniente para la administración”.
7.2. La parte demandante y el Ministerio Público guardaron silencio.
III. CUESTIÓN PRELIMINAR
Encontrándose el proceso para resolver el recurso de apelación, el Consejero ponente
advirtió la configuración de la causal de nulidad saneable24 consagrada en el numeral
8 del artículo 133 del CGP, según la cual el proceso es nulo “[c]uando no se practica
en legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda a personas
determinadas, o el emplazamiento de las demás personas aunque sean
indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o de aquellas que deban
suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley así lo ordena, o no
se cita en debida forma al Ministerio Público o a cualquier otra persona o entidad
que de acuerdo con la ley debió ser citado”, comoquiera que el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander, al dictar el auto admisorio de la demanda, omitió
vincular al proceso a la Cooperativa de Trabajo Asociado Chitagá -
COOTRACHITAGA- y a la Cooperativa de Trabajo Amistad y Desarrollo, a quienes,
por medio de la Resolución n.º 179 del 27 de julio de 2012, se les adjudicaron los
módulos n.º 1 y n.º 2, respectivamente, de la Licitación Pública LP-DT-NSA-004-2012,
acto administrativo cuestionado en el asunto sub judice.
23 Fl. 598 a 610, C. Ppal.
24“ARTÍCULO 136. SANEAMIENTO DE LA NULIDAD. La nulidad se considerará saneada en los
siguientes casos:
1. Cuando la parte que podía alegarla no lo hizo oportunamente o actuó sin proponerla.
2. Cuando la parte que podía alegarla la convalidó en forma expresa antes de haber sido renovada
la actuación anulada.
3. Cuando se origine en la interrupción o suspensión del proceso y no se alegue dentro de los cinco
(5) días siguientes a la fecha en que haya cesado la causa.
4. Cuando a pesar del vicio el acto procesal cumplió su finalidad y no se violó el derecho de defensa.
PARÁGRAFO. Las nulidades por proceder contra providencia ejecutoriada del superior, revivir un
proceso legalmente concluido o pretermitir íntegramente la respectiva instancia, son insaneables”.
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Demandante: COTRASERMULCAV
En este orden, mediante auto del 16 de mayo de 202225 se dispuso a poner en
conocimiento de la Cooperativa de Trabajo Asociado Chitagá -COOTRACHITAGA-
y de la Cooperativa de Trabajo Amistad y Desarrollo la configuración de la causal de
nulidad saneable prevista en el numeral 8º del artículo 133 del CGP y se ordenó su
notificación, previniéndoles que si dentro de los tres (3) días siguientes a dicha
notificación no se alegaba la nulidad, esta quedaría saneada y el proceso continuaría
su curso.
Con el fin de dar cumplimiento a lo anterior, el 27 de julio de 202226 y el 21 de febrero
de 202327 la Secretaría de la Sección Tercera notificó personalmente a la Cooperativa
de Trabajo Asociado Chitagá -COOTRACHITAGA- y a la Cooperativa de Trabajo
Amistad y Desarrollo, respectivamente, del auto del 16 de mayo de 2022. Una vez
notificada la providencia, las cooperativas referidas guardaron silencio28.
En este orden de ideas, y teniendo en cuenta que en el caso sub examine transcurrió
el término previsto en el artículo 137 del CGP sin que la Cooperativa de Trabajo
Asociado Chitagá -COOTRACHITAGA- y la Cooperativa de Trabajo Amistad y
Desarrollo se pronunciaran sobre la causal de nulidad aludida, la misma ha quedado
saneada y, por lo tanto, la Sala entrará a proferir decisión de fondo.
IV. CONSIDERACIONES
Para resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, la Sala
analizará los siguientes aspectos: (1) jurisdicción y competencia del Consejo de
Estado para conocer el presente asunto; (2) medio de control procedente; (3)
legitimación en la causa; (4) caducidad; (5) problema jurídico; (6) solución al
problema jurídico; (6.1.) análisis de la Sala; (6.2) hechos probados y pruebas
relevantes; (6.3.) examen de validez del acto administrativo de adjudicación; (6.4.)
restablecimiento del derecho; (6.5.) nulidad absoluta de los contratos y restituciones
mutuas; y (7) costas.
25 Fl. 649 a 651, C Ppal. e índice 34 del Sistema de Gestión Judicial SAMAI.
26 Constancia secretarial visible en el índice 46 del Sistema de Gestión Judicial SAMAI.
27 Constancia secretarial visible en el índice 65 del Sistema de Gestión Judicial SAMAI.
28 Constancias secretariales visibles en los índices 45 y 65 del Sistema de Gestión Judicial SAMAI.
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Demandante: COTRASERMULCAV
1. Jurisdicción y competencia
Con fundamento en el artículo 104 del CPACA29, se advierte la facultad de la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para conocer del presente asunto, el
cual versa sobre la legalidad de la Resolución n.º 179 del 27 de julio de 2012
proferida por el INVIAS, que ostenta la calidad de entidad estatal, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 5230 del Decreto 2171 de 199231, en concordancia
con el artículo 232 de la Ley 80 de 1993, de donde se desprende claramente su
naturaleza pública.
Por su parte, el Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de
apelación interpuesto contra la sentencia del 30 de julio de 2015, proferida por el
Tribunal Administrativo de Norte de Santander, dada la vocación de doble instancia
del proceso, teniendo en cuenta que la cuantía para el año 201333 supera los 300
SMLMV, que corresponden al medio de control de nulidad y restablecimiento del
29“Artículo 104. De la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en
leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y
operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas,
o los particulares cuando ejerzan función administrativa. //Igualmente conocerá de los siguientes
procesos: (…) 2. Los relativos a los contratos, cualquiera que sea su régimen, en los que sea parte
una entidad pública o un particular en ejercicio de funciones propias del Estado.”
30“Artículo 52. Reestructuración del Fondo Vial Nacional como el Instituto Nacional de
Vías. Reestructúrase el Fondo Vial Nacional como el Instituto Nacional de Vías, establecimiento
público del orden nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa, patrimonio propio y
adscrito al Ministerio de Transporte”.
31“Por el cual se reestructura el Ministerio de Obras Públicas y Transporte como Ministerio de
Transporte y se suprimen, fusionan y reestructuran entidades de la rama ejecutiva del orden
nacional”.
32 “Artículo 2o. De la definición de entidades, servidores y servicios públicos. Para los solos efectos
de esta ley:
1o. Se denominan entidades estatales:
a) La Nación, las regiones, los departamentos, las provincias, el distrito capital y los distritos
especiales, las áreas metropolitanas, las asociaciones de municipios, los territorios indígenas y los
municipios; los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las
sociedades de economía mixta en las que el Estado tenga participación superior al cincuenta por
ciento (50%), así como las entidades descentralizadas indirectas y las demás personas jurídicas en
las que exista dicha participación pública mayoritaria, cualquiera sea la denominación que ellas
adopten, en todos los órdenes y niveles”.
33 Para el año 2013 el valor del salario mínimo legal mensual vigente era de $589.500 Información
obtenida de la página oficial del Banco de la República de Colombia
https://www.banrep.gov.co/es/salarios. Para este año, el tope correspondiente a los 300 SMLMV
equivalía a $176.850.000. En este caso, la cuantía de la demanda se estimó en un monto de
$193.516.503.
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Radicado: 54001-23-33-000-2013-00186-01 (55929)
Demandante: COTRASERMULCAV
derecho, de conformidad con lo establecido en los artículos 15034 y 152-335 del
CPACA, vigentes a la fecha de la presentación de la demanda.
2. Del medio de control procedente
El medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho es el instrumento
procesal mediante el cual toda persona que considere que se ha visto lesionada en
un derecho como consecuencia de la expedición de un acto administrativo proferido
antes de la celebración del contrato puede acudir en procura de solicitar su nulidad
y el consecuente restablecimiento del derecho, de conformidad con lo previsto en el
inciso segundo36 del artículo 141 del CPACA, en concordancia con el artículo 13837
de la misma codificación.
En el caso sub examine, el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho es adecuado, pues a través del mismo se pretende la nulidad de la
Resolución n.º 179 del 27 de julio de 2012, por medio de la cual el INVIAS adjudicó
la Licitación Pública LP-DT-NSA-004-2012, y el consecuente restablecimiento,
puntualmente la utilidad dejada de percibir.
34 “ARTÍCULO 150. COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA. El
Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de
las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de
queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto
distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de
jurisprudencia”.
35 “3. De los de nulidad y restablecimiento del derecho en que se controviertan actos administrativos
de cualquier autoridad, cuando la cuantía exceda de trescientos (300) salarios mínimos legales
mensuales vigentes, y, sin atención a la cuantía, de los actos que se expidan en ejercicio del poder
disciplinario asignado a los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación, diferentes al
Procurador General de la Nación”.
36 “ARTÍCULO 141. CONTROVERSIAS CONTRACTUALES. […] Los actos proferidos antes de la
celebración del contrato, con ocasión de la actividad contractual, podrán demandarse en los términos
de los artículos 137 y 138 de este Código, según el caso”.
37 “ARTÍCULO 138. NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. Toda persona que se crea
lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la
nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también
podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas
en el inciso segundo del artículo anterior”.
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Demandante: COTRASERMULCAV
3. Legitimación en la causa
De conformidad con lo establecido en el artículo 138 del CPACA, según el cual la
legitimación del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho radica
en toda persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma
jurídica, la Sala concluye que el oferente Cooperativa de Trabajo Asociado de
Servicio Cácota de Velazco -COTRASERMULCAV- y el INVIAS poseen el interés
jurídico que se debate en el sub examine y están legitimadas en la causa por activa
y por pasiva, respectivamente, dado que la primera participó en la Licitación Pública
LP-DT-NSA-004-2012 y considera que sus derechos se afectaron al no habérsele
adjudicado el proceso de selección, y la segunda adelantó el proceso de selección
y profirió el acto administrativo de adjudicación -Resolución n.º 179 del 27 de julio
de 2012- (hechos probados 6.2.1.1., 6.2.1.2., 6.2.1.6.).
4. Caducidad
Comoquiera que la parte demandante pretende la nulidad de la Resolución n.º 179
del 27 de julio de 2012, acto administrativo precontractual, y su consecuente
restablecimiento del derecho, la Sala abordará el examen de caducidad teniendo en
cuenta para ello el plazo preclusivo previsto en numeral 2, literal C, del artículo 164
del CPACA, aplicable al caso concreto en virtud de lo dispuesto en el artículo 40 de
la Ley 153 de 188738, según el cual el medio de control de nulidad y
38 Según el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, que fue modificado por el artículo 624 del CGP, los
términos que hubieren empezado a correr se deben regir por las normas vigentes para el momento
en que estos iniciaron a correr. Al respecto, el Consejo de Estado, Sección Tercera en auto del 24
de abril de 2017 dentro del expediente Rad.: 50602, indicó lo siguiente:
“En punto de la aplicación del artículo 40 de la Ley 153 de 1887, para la determinación de la regla
de caducidad cuando se presentan conflictos entre normas que, en principio, regulan la misma
situación, esta Corporación puntualizó […] la Sala considera que el 40 debe aplicarse para definir el
conflicto en el tiempo respecto de la aplicación de normas sobre caducidad, en tanto se trate de
términos que ya hubieren empezado a correr sin que haya iniciado el respectivo proceso. En efecto,
cuando el artículo 40 ibídem se refiere a las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de
los juicios, está haciendo mención a las normas procesales, entre otras, a las normas de caducidad
que, tal y como lo indica dicha norma, son de aplicación inmediata. Teniendo en cuenta lo anterior,
se modifica lo dicho por la Sala en la providencia del 27 de mayo de 2005, en los términos de este
proveído, de manera que, en todo contrato se entenderán incorporadas las leyes vigentes al tiempo
de su celebración salvo cuando se trate de leyes concernientes al modo de reclamar en juicio los
derechos que resultaren del mismo, entre las cuales se consideran incluidas las normas que
establecen términos de caducidad para el ejercicio de las acciones, que por ser de carácter procesal,
son de aplicación inmediata. En este orden de ideas, se tiene que la norma de caducidad aplicable
deberá ser la vigente al momento en que ya hubieren empezado a correr los términos contemplados
en normas legales anteriores, las cuales se aplicarán de manera preferente”.
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Radicado: 54001-23-33-000-2013-00186-01 (55929)
Demandante: COTRASERMULCAV
restablecimiento del derecho, tratándose de actos previos a la celebración del
contrato, caducará al cabo de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente
al de su comunicación, notificación, ejecución o publicación, según el caso.
De acuerdo con lo anterior, en el caso concreto se advierte que el derecho de
accionar se ejerció en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses contados a
partir del día siguiente al de la notificación de la Resolución n.º 179 del 27 de julio
de 2012, teniendo en cuenta: (i) que el acto administrativo referido fue notificado en
estrados el 27 de julio de 2012; (ii) que 26 de noviembre de 2012, esto es, faltando
2 días para que expirara el plazo preclusivo, se radicó la solicitud de conciliación
extrajudicial39 -que suspende el término de caducidad40-, trámite que fue declarado
fallido el 12 de febrero de 201341; y (iii) que el 13 de febrero de 2013 se radicó la
demanda42.
6. Problema Jurídico
De conformidad con lo expuesto en el recurso de apelación, corresponde a la Sala
establecer si la Resolución n.º 179 del 27 de julio de 2012, por medio de la cual el
INVIAS adjudicó la Licitación Pública LP-DT-NSA 004-2012, es nula por infringir la
Constitución y la Ley y si, como consecuencia de ello, hay lugar a reconocerle al
demandante los perjuicios solicitados en su demanda.
6.1. Solución al problema jurídico
En el recurso de apelación presentado por el oferente Cooperativa de Trabajo
Asociado de Servicio Cácota de Velazco -COTRASERMULCAV- contra la sentencia
del 30 de julio de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander, que negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte
39 Fl. 294, C. 2.
40 Ley 640 de 2001. “Artículo 21. Suspensión de la prescripción o de la caducidad. La presentación
de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho ante el conciliador suspende el término de
prescripción o de caducidad, según el caso, hasta que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta que
el acta de conciliación se haya registrado en los casos en que este trámite sea exigido por la ley o
hasta que se expidan las constancias a que se refiere el artículo 2 de la presente ley o hasta que se
venza el término de tres (3) meses a que se refiere el artículo anterior, lo que ocurra primero. Esta
suspensión operará por una sola vez y será improrrogable”.
41 Fl. 294, C. 2.
42 Fl. 3 a 15, C. 1.
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Radicado: 54001-23-33-000-2013-00186-01 (55929)
Demandante: COTRASERMULCAV
actora, la recurrente solicita que se revoque la sentencia de primera instancia y que
se acceda a las pretensiones de la demanda, esto es, que se declare la nulidad del
acto administrativo acusado y que se ordene el restablecimiento del derecho
solicitado en la demanda, bajo el entendido de que en el caso concreto quedó
demostrado que el INVIAS actuó de forma irregular al rechazar su ofrecimiento en
lugar de haber ordenado su subsanación.
Por tanto, comoquiera que solo la parte demandante presentó recurso de apelación,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 32043 y 32844 del C.G.P.45, se
resolverá el asunto sub-lite únicamente en relación con los reparos expuestos por
la recurrente, sin perjuicio de los pronunciamientos que de oficio deba realizar el
juez del contrato.
Sobre la competencia del ad quem con ocasión del recurso de apelación, cabe
resaltar que la Sala Plena de esta Sección, mediante sentencia del 9 de febrero de
201246, unificó su jurisprudencia refiriendo que el mencionado recurso se encuentra
sujeto o limitado a los argumentos planteados por el recurrente y que, por tal motivo,
toda inconformidad con lo resuelto por el a quo que no se alegue en la alzada, está
llamada a excluirse del debate de segunda instancia en virtud del principio
dispositivo y de congruencia. Así lo refirió esta Sección en aquella oportunidad:
“(…) En este orden de ideas, para la Sala Plena de la Sección Tercera resulta
claro –y alrededor de este planteamiento unifica en esta materia su
Jurisprudencia– que por regla general el marco fundamental de competencia
43 “Artículos 320: “El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión
decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el
superior revoque o reforme la decisión […]”.
44 “Artículo 328. Competencia del Superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba
adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan
apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin
limitaciones”.
45La aplicación del Código General del Proceso en el caso concreto se fundamenta en lo resuelto
por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en auto del 5 de junio de 2014, mediante el cual
se unificó la jurisprudencia para señalar que el Código General del Proceso en la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo entró a regir a partir del 1º de enero de 2014 y que “en los eventos de
remisión al Código de Procedimiento Civil, se entenderá que las normas aplicables serán las
dispuestas en la nueva legislación procesal”, sin perjuicio del régimen de transición previsto en el
artículo 624 del Código General del Proceso, que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887. Cfr.
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Auto del 25 de junio de 2014.
Rad.:49299.
46 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 9 de febrero de 2012, Rad.: 21060.
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Radicado: 54001-23-33-000-2013-00186-01 (55929)
Demandante: COTRASERMULCAV
del juez de segunda instancia lo constituyen las referencias conceptuales
y argumentativas que se aducen y esgrimen en contra de la decisión que
se hubiere adoptado en primera instancia, por lo cual, en principio, los
demás aspectos, diversos a los planteados por el recurrente, están llamados
a excluirse del debate en la instancia superior, sin perjuicio de los casos
previstos o autorizados por la Constitución Política o por la ley, toda vez que
en el recurso de apelación operan tanto el principio de congruencia de la
sentencia como el principio dispositivo, razón por la cual la jurisprudencia
nacional ha sostenido que “las pretensiones del recurrente y su voluntad de
interponer el recurso, condicionan la competencia del juez que conoce del
mismo. Lo que el procesado estime lesivo de sus derechos, constituye el
ámbito exclusivo sobre el cual debe resolver el ad quem: ‘tantum devolutum
quantum appellatum”.
En esa misma sentencia de unificación, la Sala Plena reiteró que mediante el
recurso de apelación se garantiza el derecho de impugnación contra una decisión
judicial y, por ende, es obligación del recurrente controvertir los argumentos del juez
de primera instancia con sus propias consideraciones, en aras de solicitarle al
superior que decida sobre el asunto que presenta ante la segunda instancia.
Así las cosas, se observa que la recurrente solicita que se revoque la sentencia de
primera instancia y que, en su lugar, se acceda a las pretensiones de la demanda,
bajo el entendido de que, tal y como lo expuso el Tribunal, el INVIAS desconoció las
reglas establecidas en la convocatoria porque rechazó su ofrecimiento en lugar de
solicitar su subsanación, aspecto que no fue objeto de reproche alguno en el recurso
de apelación, distinto de señalar que como consecuencia de ello debe despacharse
favorablemente el petitum de la demanda.
A partir de lo anterior, es decir, teniendo claro que en el fallo de primera instancia
se concluyó que el INVIAS, al rechazar el ofrecimiento del demandante en lugar de
ordenar su subsanación, desconoció las reglas de la convocatoria, de cara a lo
expuesto en el recurso de apelación la Sala procederá a examinar si dicha
circunstancia afecta la legalidad del acto administrativo acusado y si, en tal sentido,
hay lugar a declarar su nulidad y a reconocer el restablecimiento del derecho
solicitado en la demanda.
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Demandante: COTRASERMULCAV
Bajo esta óptica, se procederá a establecer cuáles son los hechos probados y las
pruebas adicionales que resultan relevantes para decidir la controversia sometida a
juicio.
6.2. Hechos probados y pruebas adicionales
En el caso concreto, la Sala analizará los documentos aportados al proceso en
copia, de conformidad con lo previsto en el artículo 24647 del C.G.P.
6.2.1. Hechos probados
6.2.1.1. Está probado que por medio de la Resolución n.º 144 del 14 de junio de
2012, el INVIAS ordenó la apertura de la Licitación Pública LP-DT-NSA 004-2012,
con el objeto de contratar el mantenimiento rutinario a través de microempresas en
las vías a cargo del INVIAS, Dirección Territorial de Norte de Santander, la cual
estaba comprendida por dos (2) módulos: (i) el módulo n.º 1, atinente a la vía 5505
Presidente-Pamplona-Cúcuta PR0+0000-PR31+0000, y (ii) el módulo 2 n.º
referente a la vía 5505 Presidente-Pamplona-Cúcuta PR31+0000-PR63+0000,
según da cuenta copia del acto administrativo48 y del pliego de condiciones49.
6.2.1.2. Se acreditó que al proceso licitatorio se presentaron los siguientes
oferentes: respecto del módulo n.º 1 (i) la Cooperativa de Trabajo Asociado y
Servicios Múltiples Panamericana de Cácota -PANAMCACOOP-, (ii) la Cooperativa
de Trabajo Asociado Chitagá -COOTRACHITAGA-, y (iii) la Cooperativa de Trabajo
Asociado de Servicio Cácota de Velazco -COTRASERMULCAV-; y frente al módulo
n.º 2 (i) la Cooperativa de Trabajo Asociado y Servicios Múltiples Panamericana de
Cácota -PANAMCACOOP-, (ii) la Cooperativa de Trabajo Asociado Chitagá -
47 “Artículo 246. Valor probatorio de las copias. Las copias tendrán el mismo valor probatorio del
original, salvo cuando por disposición legal sea necesaria la presentación del original o de una
determinada copia […] Sin perjuicio de la presunción de autenticidad, la parte contra quien se aduzca
copia de un documento podrá solicitar su cotejo con el original, o a falta de este con una copia
expedida con anterioridad a aquella. El cotejo se efectuará mediante exhibición dentro de la
audiencia correspondiente”.
48 Fl. 34 a 37, C. 1 y 1 a 3, C. 2.
49 Fl. 38 a 122, C. 1 y 4 a 132, C. 3.
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Radicado: 54001-23-33-000-2013-00186-01 (55929)
Demandante: COTRASERMULCAV
COOTRACHITAGA-, (iii) la Cooperativa de Trabajo Asociado de Servicio Cácota de
Velazco -COTRASERMULCAV-, (iv) la Cooperativa de Trabajo Asociado Amistad y
Desarrollo, y (v) la Cooperativa de Trabajo Asociado los Andes. Lo anterior, según
da cuenta copia del acta de la audiencia de apertura de sobres de las ofertas50.
6.2.1.3. Probado está que 12 de julio de 2012, el comité evaluador dio a conocer el
informe de evaluación en el que puso de presente que la propuesta formulada por
la Cooperativa de Trabajo Asociado de Servicio Cácota de Velazco -
COTRASERMULCAV- era admisible para ambos módulos de la licitación, porque
cumplió con los requisitos técnicos mínimos y de experiencia, así como también con
los requisitos habilitantes, esto es, la capacidad jurídica, la capacidad financiera y
la experiencia, según da cuenta copia simple del informe de evaluación51. En cuanto
a los criterios ponderables -apoyo a la industria nacional y el factor calidad-, el
comité evaluador manifestó que todos los proponentes, incluido el demandante,
obtuvieron el puntaje máximo respecto de cada uno, esto es, 100 puntos.
6.2.1.4. Está acreditado que el 24 de julio de 2012, el comité evaluador dio
respuesta a las observaciones presentadas al informe de evaluación, tal y como
consta en copia de la respuesta a las observaciones52. Según se desprende de la
respuesta ofrecida por la entidad pública, el comité evaluador estableció la siguiente
calificación definitiva de las propuestas:
REQUISITOS
CAPACIDAD CAPACIDAD EXPERIENCI EVALUACIÓN
MODULO PROPONENTE TÉCNICOS
JURÍDICA FINANCIERA A DEFINITIVA
MÍNIMOS
Cooperativa de
Trabajo Asociado y
Servicios Múltiples NO
1 NO ADMISIBLE ADMISLE HÁBIL HÁBIL
Panamericana de ADMISIBLE
Cácota
“PANAMCACOOP”
Cooperativa de
Trabajo Asociado
1 ADMISIBLE ADMISIBLE HÁBIL HÁBIL ADMISIBLE
Chitagá
“COOTRACHITAGA”
Cooperativa de
Trabajo Asociado de
Servicio Cácota de
1 ADMISIBLE ADMISIBLE HÁBIL HÁBIL ADMISIBLE
Velazco
“COTRASERMULCA
V”
Cooperativa de
NO
2 Trabajo Asociado y NO ADMISIBLE ADMISIBLE HÁBIL HÁBIL
ADMISIBLE
Servicios Múltiples
50 Fl. 123, C. 1.
51 Fl. 152 a 159, C. 3.
52 Fl. 160 a 167, C. 3.
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Radicado: 54001-23-33-000-2013-00186-01 (55929)
Demandante: COTRASERMULCAV
Panamericana de
Cácota
“PANAMCACOOP”
Cooperativa de
Trabajo Asociado
2 ADMISIBLE ADMISIBLE HÁBIL HÁBIL ADMISIBLE
Chitagá
“COOTRACHITAGA”
Cooperativa de
Trabajo Asociado de
Servicio Cácota de
2 ADMISIBLE ADMISIBLE HÁBIL HÁBIL ADMISIBLE
Velazco
“COTRASERMULCA
V”
Cooperativa de
2 Trabajo Asociado ADMISIBLE ADMISIBLE HÁBIL HÁBIL ADMISIBLE
Amistad y Desarrollo
Cooperativa de
NO
2 Trabajo Asociado los NO ADMISIBLE ADMISIBLE HÁBIL HÁBIL
ADMISIBLE
Andes
6.2.1.5. Se probó que el 26 de julio de 2012 se llevó a cabo la audiencia de apertura
de sobre n.º 2 y establecimiento del orden de elegibilidad para la adjudicación de la
Licitación Pública LP-DT-NSA-004-2012, en el marco de la cual el comité evaluador,
tras examinar el componente económico de los ofrecimientos, determinó que, en lo
que respecta al del módulo n.º 1 el oferente Cooperativa de Trabajo Asociado
Chitagá -COOTRACHITAGA- ocupó el primer lugar en orden de elegibilidad y que,
frente al del módulo n.º 2, la Cooperativa de Trabajo Asociado Amistad y Desarrollo
ocupó el primer lugar en orden de elegibilidad, tal y como consta en copia del acta
de la audiencia53 y de sus anexos54.
Según se desprende del contenido del acta, el comité evaluador mantuvo la
calificación de no admisibles de las propuestas presentadas por la Cooperativa de
Trabajo Asociado los Andes y por la Cooperativa de Trabajo Asociado y Servicios
Múltiples Panamericana de Cácota -PANAMCACOOP-.
De otra parte, de conformidad con los anexos de la evaluación económica, se
advierte que la propuesta presentada por la Cooperativa de Trabajo Asociado de
Servicio Cácota de Velazco -COTRASERMULCAV- fue “descartada”; sin embargo,
no se indican las razones que llevaron a la entidad a tomar la decisión.
6.2.1.6. Está probado que mediante Resolución n.º 179 del 27 de julio de 2012, el
INVIAS adjudicó la Licitación Pública LP-DT-NSA-004-2012 a los oferentes:
53 Fl. 22 a 25, C. 1 y 168 a 171, C. 3.
54 Fl. 172 a 181, C. 3.
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Radicado: 54001-23-33-000-2013-00186-01 (55929)
Demandante: COTRASERMULCAV
Cooperativa de Trabajo Asociado Chitagá -COOTRACHITAGA- -módulo n.º 1- y
Cooperativa de Trabajo Asociado Amistad y Desarrollo -módulo n.º 2-, según da
cuenta copia del acto administrativo55.
6.2.1.7. Se acreditó que el 10 de agosto de 2012, el INVIAS y la Cooperativa de
Trabajo Asociado Chitagá -COOTRACHITAGA- celebraron el contrato n.º 1013, con
el objeto de realizar el mantenimiento rutinario a través de microempresas en las
vías a cargo del INVIAS, Dirección Territorial de Norte de Santander, puntualmente
en la vía 5505 Presidente-Pamplona-Cúcuta PR0+0000-PR31+0000, según da
cuenta copia del acuerdo de voluntades56.
6.2.1.8. Consta que el 10 de agosto de 2012, el INVIAS y la Cooperativa de Trabajo
Asociado Amistad y Desarrollo celebraron el contrato n.º 1014, con el objeto de
realizar el mantenimiento rutinario a través de microempresas en las vías a cargo
del INVIAS, Dirección Territorial de Norte de Santander, puntualmente de la vía
5505 Presidente-Pamplona-Cúcuta PR31+0000-PR63+0000, según da cuenta
copia del negocio jurídico57.
6.2.2. Pruebas adicionales relevantes
6.2.2.1. Pruebas documentales
Además de los documentos que dan cuenta de los hechos probados que han
quedado expuestos, forman parte de las pruebas documentales del proceso, los
siguientes documentos:
6.2.2.1.1. Obra la totalidad del ofrecimiento presentado por la Cooperativa de
Trabajo Asociado de Servicio Cácota de Velazco -COTRASERMULCAV-58.
55 Fl. 30 a 33, 124 a 127 C. 1, 320 a 323, C. 2 y 184 a 187, C. 3.
56 Fl. 130 a 139, C. 1, 297 a 307, C. 2 y 188 a 197, C. 3.
57 Fl. 142 a 151, C. 1, 310 a 319, C. 2 y 200 a 209, C. 3.
58 Fl. 174 a 250, C. 1 y 251 a 292, C. 2.
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Demandante: COTRASERMULCAV
6.2.2.1.2. Reposan formularios presentados por el oferente Cooperativa de
Trabajo Asociado Chitagá -COOTRACHITAGA-, relacionados con su
personal de trabajo59.
6.2.2.1.3. Obran formularios presentados por el oferente Cooperativa de
Trabajo Asociado Amistad y Desarrollo, relacionados con su personal de
trabajo 60.
6.2.2.1.4. Reposa la propuesta económica presentada por el oferente
Cooperativa de Trabajo Asociado Chitagá -COOTRACHITAGA-61.
6.2.2.1.5. Obra la propuesta económica presentada por el oferente
Cooperativa de Trabajo Asociado y Servicios Múltiples Panamericana de
Cácota -PANAMCACOOP-62.
6.2.2.1.6. Reposa la propuesta económica presentada por el oferente
Cooperativa de Trabajo Asociado Amistad y Desarrollo63.
6.2.2.2. Dictamen pericial
Obra en el proceso el dictamen pericial rendido por la contadora pública Doris
Yazmin Pabuence Hernández64 con ocasión de la prueba decretada por el Tribunal
a solicitud de la demandante65, cuyo objeto consistió en “cuantificar el Lucro
Cesante y Daño emergente reclamado por la parte actora, que trae en causa la
adjudicación de un Concurso o Convocatoria No. LP-DT-NSA-004-2012 MOSULO
(sic) 01-02 de 212 realizada por el INVIAS Dirección Territorial de Norte de
Santander”. Al respecto, cabe señalar que en el marco de la audiencia de pruebas66
la perito dio cuenta de conclusiones de su experticia, frente a las cuales las partes,
en ejercicio de su derecho de contradicción, interrogaron a la perito. Ahora bien,
59 Fl. 215 a 255, C. 3.
60 Fl. 256 a 315, C. 3.
61 Fl. 326 a 328, C. 2.
62 Fl. 330 a 332, C. 2.
63 Fl. 337 a 339, C. 2.
64 Fl. 520 a 529, C. 2.
65 Fl. 496 a 500, C. 2.
66 Fl. 531 a 533, C. 2.
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Demandante: COTRASERMULCAV
como la prueba guarda relación con el componente resarcitorio de la demanda, será
valorado en su oportunidad, si a ello hay lugar.
6.3. Del examen de validez del acto acusado
La parte recurrente solicita que se declare la nulidad del acto administrativo acusado
y que se ordene el restablecimiento del derecho solicitado en la demanda, bajo el
entendido de que en el caso concreto quedó demostrado que el INVIAS actuó de
forma irregular al rechazar su ofrecimiento en lugar de haber ordenado su
subsanación.
En este orden, corresponde determinar si la irregularidad advertida por el Tribunal,
puntualmente en cuanto a que el INVIAS no debió rechazar el ofrecimiento del
demandante sino ordenar su subsanación, tiene la vocación de viciar de nulidad la
Resolución n.º 179 del 27 de julio de 2012. En otras palabras, la Sala se detendrá a
examinar si la falencia puesta de presente por el Tribunal constituye una
irregularidad que invalide el acto administrativo acusado.
Sobre el particular, es menester comenzar anotando que virtud del principio de
legalidad67 previsto en los artículos 6º y 121 de la Constitución Nacional, el proceso
67 Sobre el principio de legalidad esta Corporación se ha pronunciado en numerosas oportunidades
resaltando que tiene plena aplicación en materia de contratación estatal. Así, por ejemplo, en
sentencia del 3 de diciembre de 2007, esta Sección señaló:
“El principio de legalidad fundante del Estado Social de Derecho, tiene un mayúsculo valor normativo
que irradia la convivencia dentro del orden social, pues, a la vez que sujeta las situaciones y
relaciones al imperio jurídico y a la obediencia del derecho, define la órbita de responsabilidad de las
personas y, por ende, tiene connotaciones sustantivas para el ejercicio del derecho fundamental a
la libertad, habida cuenta que en tanto los administrados pueden hacer todo aquello que no les está
prohibido por el orden jurídico, las autoridades únicamente pueden hacer lo que les está legalmente
permitido y autorizado. Así, está por fuera de discusión que las actuaciones del Estado –y la
contratación lo es- se rige por el principio de legalidad, según el cual, los servidores públicos solo
pueden ejercer las funciones asignadas específicamente en la Constitución y en la ley y, en
consecuencia, son responsables, entre otras razones, por infringir tales disposiciones y por omisión
o extralimitación en el ejercicio de sus funciones, conforme a lo dispuesto en los artículos 6º, 121 y
122 de la Constitución Política.
En efecto, la Corporación ha manifestado que dicho principio, regulador de la organización estatal y
garantía de control de poder público, implica que cada funcionario detenta, le hayan sido asignadas
previamente a su ejercicio por la misma Constitución, por la ley o el reglamento y, por lo mismo,
defiende al ciudadano contra los abusos del poder del Estado, para establecer condiciones
igualitarias y equitativas entre este y los particulares, salvo en lo que de manera excepcional y con
el fin de garantizar el orden público y la prevalencia de los intereses de los asociados, la Constitución
o la ley faculten en sentido contrario47, razones que tienen plena aplicación en materia de
contratación estatal[…]”. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 3 de diciembre de
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Demandante: COTRASERMULCAV
de formación de la voluntad de la Administración en la contratación pública se
encuentra sujeto a procedimientos preestablecidos en el ordenamiento jurídico,
comprendiendo distintas etapas que tienen como finalidad garantizar la selección
de la oferta más favorable para la entidad68.
En efecto, la Ley 80 de 1993 dispone que las actuaciones contractuales de las
entidades públicas deben supeditarse al cumplimiento de las reglas y principios de
la contratación estatal encaminados a la selección de la mejor propuesta para
satisfacer el objeto del contrato a suscribir, tal como de manera uniforme y reiterada
lo ha señalado la jurisprudencia del Consejo de Estado, resaltando que la actuación
de la Administración en el marco de los procesos y mecanismos de selección está
sujeta a las normas y principios jurídicos establecidos en el Estatuto General de
Contratación de la Administración Pública y que se trata, por lo tanto, de una
actividad reglada de la Administración.
Al respecto esta Sección ha manifestado:
“[…] en materia de contratación estatal, la Ley 80 de 1993, en virtud del principio de
legalidad, consagra las normas y principios jurídicos que tienen la finalidad principal
de seleccionar objetivamente al contratista, y que, en tratándose de procesos y
mecanismos de selección implican que sea una actividad reglada de la
administración, en la que no tiene cabida la discrecionalidad absoluta, ni la
autonomía de la voluntad que se erige en postulado para el contrato, según lo
previsto en los artículos 13, 32 y 40 del citado estatuto, de conformidad con los
cuales los contratos estatales se regirán por las disposiciones comerciales y civiles
pertinentes, salvo en las materias particularmente reguladas en esa misma ley, así
como que la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines
estatales.
Por eso ha recalcado la Sala que, en virtud del principio de legalidad, de un lado, las
partes –administración y contratista- deben encauzar la formación de la voluntad
negocial dentro de las reglas de la gestión contractual pública prescritas por la ley,
teniendo el deber de respetar la ley en su sentido formal y material, como las demás
fuentes del ordenamiento jurídico, especialmente las del derecho administrativo y en
particular los reglamentos y los pliegos de condiciones; y de otro lado, que quienes
tengan interés en formalizar compromisos con la administración deben sujetarse a
esos reglamentos y condiciones especiales de contratación.
2007, Rad.: 24715; 25206; 25409; 24524; 27834; 25410; 26105; 28244; 31447(acumulados). Cfr.
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 20 de mayo de 2010, Rad.: 1992.
68 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 3 de diciembre de 2007, Rad.: 24715;
25206; 25409; 24524; 27834; 25410; 26105; 28244; 31447(acumulados). Cfr. Consejo de Estado,
Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 20 de mayo de 2010, Rad.: 1992.
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Radicado: 54001-23-33-000-2013-00186-01 (55929)
Demandante: COTRASERMULCAV
En consecuencia, el principio de legalidad es de medular aplicación en la
contratación pública dado que es presupuesto de validez de la actuación contractual
en todas sus manifestaciones (precontractual y contractual), y se concreta en el
postulado según el cual ella debe estar conforme con el ordenamiento jurídico”69.
(subrayado fuera del texto)
En similar sentido, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado ha
expuesto:
“El proceso de formación de la voluntad de la administración en la contratación
pública involucra actos administrativos, hechos, conceptos, el perfeccionamiento del
contrato, etc […] Por tanto, la administración para seleccionar la oferta más favorable
para sus intereses, contrario a lo que ocurre en el derecho común en el que prima la
autonomía de la voluntad y la libertad de formas, está sujeta a los procedimientos
preestablecidos en las leyes y reglamentos, lo que significa que en el derecho
público la preparación, adjudicación y perfeccionamiento de los contratos del Estado
es una actividad eminentemente reglada, de manera que las partes están en la
obligación de cumplir con el procedimiento fijado por el orden jurídico, bajo la estricta
observancia de los principios que garantizan el derecho a la igualdad y
libre concurrencia de los oferentes y el cumplimiento de los fines estatales
perseguidos con esta actividad.
Las actuaciones administrativas contractuales están sujetas al principio de
legalidad previsto en los artículos 6° y 121 Constitución Política como postulado
esencial del Estado Social de Derecho y de toda manifestación del poder público,
conforme al cual, es legítima la actuación de las autoridades en cuanto se desarrolle
dentro del preciso ámbito funcional definido por el legislador, proscribiendo las
actuaciones de los servidores públicos que impliquen omisión o extralimitación en el
ejercicio de las mismas; a la observancia del debido proceso, y a los principios de la
función administrativa, desarrollados legalmente por el mismo Estatuto General de
Contratación de la Administración Pública.
[…]
Como puede advertirse, se trata de un procedimiento que tiene como finalidad la
selección objetiva de un proponente, la cual se concreta en la obligación de expedir
un acto administrativo reglado, de manera que cualquier persona que repita la
evaluación debe llegar a la misma conclusión”70. (subrayado fuera del texto)
A su turno, de conformidad con artículo 24 de la Ley 80 de 1993, el principio de
transparencia se manifiesta: i) en la igualdad respecto de todos los interesados; ii)
en la publicidad de los informes, conceptos y decisiones de la Administración; iii) en
la garantía del derecho de contradicción que quienes participan en el proceso de
contratación; iv) en la obligación de la Administración de fijar de forma clara los
69 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 3 de diciembre de 2007, Rad.: 24715;
25206; 25409; 24524; 27834; 25410; 26105; 28244; 31447(acumulados).
70 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 20 de mayo de 2010, Rad.:
1992.
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Demandante: COTRASERMULCAV
requisitos objetivos necesarios para participar y darlos a conocer según las formas
establecidas en la ley para ello; v) en el señalamiento claro y preciso de las reglas
de adjudicación del contrato; vi) en la motivación expresa, precisa y detallada del
informe de evaluación, del acto de adjudicación o de la declaratoria de desierta; y,
finalmente, vi) en la escogencia objetiva del contratista idóneo que ofrezca la oferta
más favorable a la administración71. “En definitiva, el principio de transparencia,
actúa como garantía de otros principios de la contratación estatal, por ello su
finalidad es, entre otras, asegurar que se lleven a cabo procesos de selección
objetivos, que la Administración tome decisiones motivadas que se hagan públicas
y que puedan ser controvertidas por los interesados”72.
En este orden de ideas, la escogencia del contratista debe efectuarse por regla
general a través de licitación pública, procedimiento reglado a través del cual se
formula una invitación pública por parte de la Administración para que en igualdad
de oportunidades los interesados presenten sus ofertas, de las cuales, previo el
cumplimiento de las etapas que lo conforman, es seleccionada la más favorable
para los fines de la contratación, con sujeción a las bases y condiciones
establecidas por la entidad pública licitante73.
Como quedó visto, en el fallo de primera instancia el Tribunal Administrativo de
Norte de Santander concluyó que la oferta económica de la Cooperativa de Trabajo
Asociado de Servicio Cácota de Velazco -COTRASERMULCAV- presentó
inconsistencias, pues no se allegaron todos los formatos requeridos por la entidad,
circunstancia que, a su juicio, no afectaba la asignación de puntaje, de tal suerte
que el INVIAS en lugar de rechazar el ofrecimiento debió ordenar su subsanación.
A pesar de la anterior conclusión, el a quo, al examinar la legalidad de la Resolución
n.º 179 del 27 de julio de 2012, determinó que no había lugar a declarar su nulidad,
porque el consorcio demandante no probó que su ofrecimiento fuera el mejor.
A juicio de la Sala, y contrario a lo afirmado por el Tribunal en la sentencia de primera
instancia, en el presente caso emerge con claridad -y así lo ha reconocido esta
71 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 31 de enero de 2011, Rad.:17767
72 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 29 de agosto de 2013, Rad.: 39005.
73 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera.Sentencia del 3 de diciembre de 2007, Rad.: 24715;
25206; 25409; 24524; 27834; 25410; 26105; 28244; 31447(acumulados).
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Demandante: COTRASERMULCAV
Subsección en anteriores oportunidades74- que la actuación del INVIAS al rechazar
de forma injustificada el ofrecimiento formulado por la Cooperativa de Trabajo
Asociado de Servicio Cácota de Velazco “COTRASERMULCAV” en lugar de
haberle permitido subsanarlo, constituye una circunstancia que invalida la
Resolución n.º 179 del 27 de julio de 2012; con su proceder, la Administración no
solo desconoció las reglas de la convocatoria sino que lesionó el debido proceso
administrativo que rige todos los procedimientos administrativos, entre ellos, el de
selección de los contratistas75, lo que, en últimas, configura un vicio sustancial76 del
acto administrativo.
En este orden de ideas, ante la configuración de un vicio sustancial que afectó los
derechos del oferente Cooperativa de Trabajo Asociado de Servicio Cácota de
Velazco -COTRASERMULCAV-, no le queda otro camino a la Sala que declarar la
nulidad de la Resolución n.º 179 del 27 de julio de 2012 y, en tal sentido, revocar
sobre este particular la sentencia apelada.
6.4. Del restablecimiento del derecho
La parte actora solicita que, como consecuencia de la declaratoria de nulidad del
acto de adjudicación, se reconozca la utilidad dejada de percibir por la no
adjudicación de la licitación pública.
De tiempo atrás la jurisprudencia reiterada de esta Sección ha indicado que cuando
se pretende la nulidad del acto de adjudicación y como consecuencia de esta
declaratoria, el reconocimiento de la respectiva indemnización por considerar que
74 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 20 de abril de 2022. Rad.:
61395
75 Cfr. Consejo de Estado Sección Tercera. Sentencia del 12 de noviembre de 2014. Rad.: 29855.
76 Sobre los aspectos sustanciales que pueden incidir en la existencia y validez del acto
administrativo, la Sección Quinta del Consejo de Estado en sentencia del 15 de mayo de 2018
manifestó que “es posible distinguir dos clases de aspectos formales que inciden en la formación de
un acto administrativo: i) los sustanciales y ii) los accesorios. Los primeros, como su nombre lo indica,
buscan garantizar el derecho sustancial y los segundos, se prevén como una ritualidad que se exige
para el pronunciamiento de la administración. Sólo las formalidades sustanciales pueden llegar a
incidir en la existencia y validez del acto administrativo, en tanto que tienen la potencialidad de afectar
el debido proceso que pueden menoscabar un derecho o una norma que finalmente impacte en la
decisión adoptada” Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 15 de mayo de 2018.
Rad.: 08001-23-31-000-2007-00955-01. Reiterada en Consejo de Estado, Sección Primera.
Sentencia del 3 de marzo de 2022. Rad.: 11001-0324-000-2021-00200-00.
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Radicado: 54001-23-33-000-2013-00186-01 (55929)
Demandante: COTRASERMULCAV
su propuesta era la mejor, para que prosperen las pretensiones de restablecimiento
del derecho le corresponde a la parte actora no solamente probar los cargos de
ilegalidad formulados contra el acto administrativo acusado, sino también acreditar
que su propuesta es la mejor o más favorable para la administración, es decir, que
su ofrecimiento debió verse favorecido con la adjudicación77.
Descendiendo al asunto sub judice, se encuentra acreditado que a la Licitación
Pública LP-DT-NSA-004-2012 se presentaron los siguientes oferentes: (i) la
Cooperativa de Trabajo Asociado y Servicios Múltiples Panamericana de Cácota
“PANAMCACOOP”, (ii) la Cooperativa de Trabajo Asociado Chitagá
“COOTRACHITAGA”, (iii) la Cooperativa de Trabajo Asociado de Servicio Cácota
de Velazco “COTRASERMULCAV”, (iv) la Cooperativa de Trabajo Asociado
Amistad y Desarrollo y (vi) la Cooperativa de Trabajo Asociado los Andes (hecho
probado 6.2.1.2.).
En concordancia con lo anterior, se aprecia que al proceso fueron allegadas como
pruebas documentales: (i) la propuesta formulada por la Cooperativa de Trabajo
Asociado de Servicio Cácota de Velazco “COTRASERMULCAV” (prueba
documental 6.2.2.1.1.), (ii) la relación de personal presentado por la Cooperativa de
Trabajo Asociado Chitagá -COOTRACHITAGA- (prueba documental 6.2.2.1.2.), (iii)
la relación de personal presentado por la Cooperativa de Trabajo Asociado Amistad
y Desarrollo (prueba documental 6.2.2.1.3.), y (iv) las propuestas económicas de los
oferentes Cooperativa de Trabajo Asociado Chitagá -COOTRACHITAGA-,
Cooperativa de Trabajo Asociado y Servicios Múltiples Panamericana de Cácota -
PANAMCACOOP- y Cooperativa de Trabajo Asociado Amistad y Desarrollo
(pruebas documentales 6.2.2.1.4. y 6.2.2.1.5.).
Bajo el anterior contexto probatorio, la Sala -al igual que el Tribunal a quo- estima
que en el presente caso no allegaron elementos probatorios que permitan
determinar que la propuesta presentada por la actora era la más favorable para la
entidad pública demandada, pues el único ofrecimiento que fue aportado en su
integridad resulta ser el del oferente Cooperativa de Trabajo Asociado de Servicio
Cácota de Velazco -COTRASERMULCAV- (prueba documental 6.2.2.1.1.).
77 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 10 de diciembre de 2018. Rad.: 39066.
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Demandante: COTRASERMULCAV
Respecto de los ofrecimientos presentados por la Cooperativa de Trabajo Asociado
y Servicios Múltiples Panamericana de Cácota -PANAMCACOOP- y por la
Cooperativa de Trabajo Asociado Chitagá -COOTRACHITAGA-, tan solo reposan
formularios del personal y la propuesta económica (pruebas documentales
6.2.2.1.1. a 6.2.2.1.5.). Frente a la Cooperativa de Trabajo Asociado Amistad y
Desarrollo solo obra la propuesta económica (prueba documental 6.2.2.1.6.).
En tal sentido, ante la ausencia de la propuesta formulada por la Cooperativa de
Trabajo Asociado los Andes y de los demás componentes de los ofrecimientos
presentados por la Cooperativa de Trabajo Asociado y Servicios Múltiples
Panamericana de Cácota “PANAMCACOOP”, por la Cooperativa de Trabajo
Asociado Chitagá “COOTRACHITAGA” y por la Cooperativa de Trabajo Asociado
Amistad y Desarrollo -entiéndase aquellos que dan cuenta de los requisitos
habilitantes y ponderables-, resulta imposible cotejar todos los ofrecimientos que
hicieron parte del proceso licitatorio, con el fin de establecer la propuesta más
favorable, ejercicio para el cual, en criterio de la Sala, es menester evaluar
nuevamente todas las ofertas para determinar si cumplen con los requisitos
establecidos en el pliego y, posteriormente, de cara a los requisitos ponderables,
proceder a la asignación del puntaje respectivo y así determinar cuál es la mejor.
Cabe señalar que en su demanda la parte demandante solicitó como prueba
documental oficiar al INVIAS para que remitiera al proceso la totalidad de los
documentos relacionados con la Licitación Pública LP-DT-NSA-004-2012. No
obstante, en el marco de la audiencia inicial, el Tribunal le puso de presente a la
actora la documentación aportada por la entidad demandada con la contestación de
la demanda78, corriéndole traslado de los mismos. En tal sentido, y después de
examinar el contenido de las pruebas aportadas por el INVIAS, la parte demandante
manifestó entender satisfecha la prueba documental solicitada en la demanda 79.
78 Los documentos relacionados y aportados fueron los siguientes: (i) copia del documento
“formularios” publicado el 23 de mayo de 2012, correspondiente a la Licitación Pública LP-DT-NSA-
004-2012,(ii) copia de la relación de personal presentada por la Cooperativa de Trabajo Asociado
Chitagá “COOTRACHITAGA”, (iii) copia de la relación de personal presentada por Cooperativa de
Trabajo Asociado Amistad y Desarrollo, (iv) en medio magnético la aplicación de la media aritmética
del módulo n.º 1, y (v) en medio magnético la aplicación de la media aritmética de módulo n.º 2
79 Fl. 496 a 500, C. 2.
31
Radicado: 54001-23-33-000-2013-00186-01 (55929)
Demandante: COTRASERMULCAV
Según se observa, la parte actora no cumplió con la carga probatoria que le
correspondía, teniendo en cuenta que, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 167 del C.G.P., “[i]ncumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las
normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”, de donde el
restablecimiento reclamado requiere de prueba, cuya omisión por la demandante, a
quien corresponde tal onus, impide su reconocimiento.
En suma, se concluye que la parte actora no demostró que su ofrecimiento hubiese
sido el más favorable para la entidad, y aunque el juez posee claras facultades
oficiosas para decretar pruebas y con ello auscultar algunos vacíos que en materia
probatoria pudo dejar una deficiente concepción de la prueba por el extremo
procesal interesado y de esta manera buscar la verdad material, dichas facultades
deben utilizarse para esclarecer las partes oscuras que puedan quedar en el
proceso, pero no puede esgrimirse para suplir la ritualidad probatoria que
corresponde atender a las partes desequilibrando la relación jurídico procesal entre
ambos extremos, pues al juez corresponde guardar la debida neutralidad en el
transcurso del proceso, salvo que se presenten o existan condiciones excepcionales
que exijan a este hacer uso de las atribuciones oficiosas en materia probatoria, las
cuales en el caso concreto no se advierten. Por tanto, la Sala negará la pretensión
atinente al restablecimiento del derecho solicitado por la parte demandante.
6.5. De la nulidad absoluta de los contratos n.º 1013 y n.º 1014 celebrados por
el INVIAS el 10 de agosto de 2012
6.5.1. De conformidad con lo establecido en el numeral 4º del artículo 44 de la Ley
80 de 1993, “Los contratos del Estado son absolutamente nulos en los casos
previstos en el derecho común y además cuando: […] 4o. Se declaren nulos los
actos administrativos en que se fundamenten”.
A partir de lo anterior, y con ocasión de la ilegalidad de la Resolución n.º 179 del 27
de julio de 2012 (F.J. 6.3.), por medio de la cual el INVIAS adjudicó la Licitación
Pública LP-DT-NSA-004-2012 -módulos n.º 1 y n.º 2, en el presente caso se impone
declarar -de oficio- la nulidad absoluta: (i) del contrato n.º 1013 del 10 de agosto de
2012, celebrado entre el INVIAS y la Cooperativa de Trabajo Asociado Chitagá
32
Radicado: 54001-23-33-000-2013-00186-01 (55929)
Demandante: COTRASERMULCAV
“COOTRACHITAGA”, con el objeto de realizar el mantenimiento rutinario a través
de microempresas en las vías a cargo del INVIAS, correspondientes a la Dirección
Territorial de Norte de Santander, puntualmente de la vía 5505 Presidente-
Pamplona-Cúcuta PR0+0000-PR31+0000; y (ii) del contrato n.º 1014 del 10 de
agosto de 2012, suscrito entre el INVIAS y la Cooperativa de Trabajo Asociado
Amistad y Desarrollo, con el objeto de realizar el mantenimiento rutinario a través
de microempresas en las vías a cargo del INVIAS, correspondientes a la Dirección
Territorial de Norte de Santander, puntualmente de la vía 5505 Presidente-
Pamplona-Cúcuta PR31+0000-PR63+0000.
Al respecto, cabe señalar que según lo previsto en el artículo 45 de la Ley 80 de
1993 la nulidad absoluta puede y debe ser declarada de oficio cuando aparezca
plenamente demostrada y no es susceptible de ser saneada mediante ratificación.
A su vez, la posibilidad de decretar oficiosamente la nulidad, si se encuentra
plenamente demostrada y en el proceso están presentes todas las partes que
celebraron el contrato nulo, es reiterada en el inciso final del artículo 14180 del
CPACA.
Ahora bien, el artículo 2º de la Ley 50 de 1936, en la nueva redacción que le dio al
artículo 1742 del C.C., expresa que la nulidad absoluta se sanea “en todo caso” por
prescripción extraordinaria. Por consiguiente, cualquiera que sea la causa que da
origen a la nulidad absoluta, transcurrido el término de la prescripción extraordinaria
no podrá pedirse ni decretarse porque el legislador, en procura de la seguridad
jurídica, ha fijado un límite temporal a la posibilidad de cuestionar los negocios
jurídicos81-82.
80 “ARTÍCULO 141. CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: […]
El Ministerio Público o un tercero que acredite un interés directo podrán pedir que se declare la
nulidad absoluta del contrato. El juez administrativo podrá declararla de oficio cuando esté
plenamente demostrada en el proceso, siempre y cuando en él hayan intervenido las partes
contratantes o sus causahabientes”.
81 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 13 de junio de 2013,
Radicación número: 66001-23-31-000-1998-00685-01(26637). En el mismo sentido: Consejo de
Estado, Sección Tercera Subsección C. Sentencia del 15 de diciembre de 2017. Rad.:50045.
82 Sobre el saneamiento de la nulidad absoluta por prescripción extraordinaria, esta Corporación ha
señalado: “[…] En otras palabras, ni siquiera de oficio se puede anular un contrato estatal, cuando
ha trascurrido el término de prescripción extraordinaria – que antes fue de 20 años y hoy es de 10,
porque la ley sanea el vicio. Sin embargo, obsérvese que una cosa es la prescripción y otra la
caducidad, de allí que si bien esta no corre para el juez, aquella sí, y por eso el art. 1.741 sí lo vincula.
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Radicado: 54001-23-33-000-2013-00186-01 (55929)
Demandante: COTRASERMULCAV
En el asunto sub examine se tiene que la prescripción extintiva, cuyo término es de
10 años acorde con lo establecido en el artículo 6 de la Ley 791 de 2002, norma
vigente para el momento en el que se celebraron los contratos referidos (10 de
agosto de 2012), se vio interrumpida el 13 de febrero de 2013 con la presentación
de la demanda, que fue admitida el 29 de julio de 201383 y notificada a la demandada
el 16 de agosto de 201384, esto es, dentro del término dispuesto en el artículo 9485
del Código General del Proceso, de tal suerte que en el caso concreto la nulidad
absoluta no se encuentra saneada por prescripción.
Así las cosas, habiéndose establecido la nulidad absoluta de los contratos n.º 1013
y n.º 1014 celebrados por el INVIAS el 10 de agosto de 2012 y teniendo en cuenta
que en el caso concreto aquella no se encuentra saneada por prescripción, como
ha quedado visto, la Sala procederá de oficio a declararla, de conformidad con el
deber-facultad consagrado en los artículos 45 de la Ley 80 de 1993, 1742 del Código
Civil y 141 del CPACA.
6.5.2. Ahora bien, la declaratoria de nulidad absoluta de un contrato o de una de
sus cláusulas, cuando quiera que el vicio recaiga solamente sobre alguna de ellas,
genera como efectos: (i) su desaparición del mundo jurídico; (ii) la extinción de todas
// Vale la pena aclarar que el término de prescripción extraordinaria que rige el caso concreto es el
de 20 años, porque la norma que lo establece es de naturaleza sustantiva –no procesal– y porque
era la vigente al momento en que empezó a correr –o sea a la fecha de suscripción del contrato–,
de allí que por aplicación de la ley 153 de 1.887 se sabe que los plazos que han empezado a correr
se rigen por la ley vigente al momento en que lo hicieron. Este es el caso, porque la reforma a dicha
norma es de 2003, fecha para la cual venía corriendo la prescripción de 20 años. Por tanto, como no
han trascurrido los 20 años, entonces esta jurisdicción puede declarar la nulidad del contrato.”
(subrayado fuera del texto). Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 23 de junio de 2010
Rad.:18294.
83 Fl. 441 y 442, C. 2.
84 Fl. 448 y 449, C. 2.
85 “Artículo 94. La presentación de la demanda interrumpe el término para la prescripción e impide
que se produzca la caducidad siempre que el auto admisorio de aquella o el mandamiento ejecutivo
se notifique al demandado dentro del término de un (1) año contado a partir del día siguiente a la
notificación de tales providencias al demandante. Pasado este término, los mencionados efectos
solo se producirán con la notificación al demandado.
La notificación del auto admisorio de la demanda o del mandamiento ejecutivo produce el efecto del
requerimiento judicial para constituir en mora al deudor, cuando la ley lo exija para tal fin, y la
notificación de la cesión del crédito, si no se hubiere efectuado antes. Los efectos de la mora solo se
producirán a partir de la notificación.
La notificación del auto que declara abierto el proceso de sucesión a los asignatarios, también
constituye requerimiento judicial para constituir en mora de declarar si aceptan o repudian la
asignación que se les hubiere deferido”.
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Radicado: 54001-23-33-000-2013-00186-01 (55929)
Demandante: COTRASERMULCAV
las obligaciones derivadas del mismo; y (iii) retrotrae la situación de las partes al
estado en que se encontraban, como si el contrato o la cláusula no hubieran
existido86.
A su turno, de conformidad con lo previsto en el artículo 48 de la Ley 80 de 1993:
“La declaración de nulidad de un contrato de ejecución sucesiva no impedirá el
reconocimiento y pago de las prestaciones ejecutadas hasta el momento de la
declaratoria.
“Habrá lugar al reconocimiento y pago de las prestaciones ejecutadas del contrato
nulo por objeto o causa ilícita, cuando se probare que la entidad estatal se ha
beneficiado y únicamente hasta el monto del beneficio que ésta hubiere obtenido.
Se entenderá que la entidad estatal se ha beneficiado en cuanto las prestaciones
cumplidas le hubieren servido para satisfacer un interés público”
Bajo el anterior contexto, en los contratos regidos por la Ley 80 de 1993, cuando se
declare la nulidad absoluta del contrato, las partes tienen derecho a ser restituidas
por el valor equivalente a las prestaciones ejecutadas, restituciones que, no
obstante, no proceden en todos los casos como lo ha indicado esta Corporación,
por ejemplo, en aquellos en los que resulta materialmente imposible efectuarlas87.
En el presente caso, la Sala se abstendrá de reconocer restitución alguna en favor
de las partes de los contratos, esto es, del INVIAS, de la Cooperativa de Trabajo
Asociado Chitagá -COOTRACHITAGA- y de la Cooperativa de Trabajo Asociado
Amistad y Desarrollo, comoquiera que en el plenario no obra prueba alguna que
acredite su causación.
En consecuencia, la Sala revocará parcialmente la sentencia del 30 de julio de 2015,
proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, que negó las
pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte actora, por las razones
expuestas en la parte considerativa de esta providencia, esto es, al constatar que la
Resolución n.º 179 del 27 de julio de 2012, por medio de la cual el INVIAS adjudicó
la Licitación Pública LP-DT-NSA-004-2012” -módulos n.º 1 y n.º 2-, es nula y que,
en consecuencia, los contratos n.º 1013 y n.º 1014 celebrados por el INVIAS el 10
86 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 15 de diciembre de 2017. Rad.: 50.045.
87 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 16 de febrero de 2006. Rad.: No. 13414;
Sección Tercera, Sentencia del 6 de febrero de 2019. Rad.: 61720.
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Radicado: 54001-23-33-000-2013-00186-01 (55929)
Demandante: COTRASERMULCAV
de agosto de 2012, adolecen de nulidad absoluta. Por lo demás, la sentencia de
primera instancia se mantendrá incólume.
7. Condena en costas
El artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 establece que, “[…] salvo en los procesos
en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en
costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil”.
Al punto, el artículo 365 del Código General del Proceso, vigente para el momento
en el que se interpuso la demanda, establece las siguientes reglas para proceder a
la condena en costas, a saber:
“1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o
revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este
código.
[…]
2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar
a aquella.
3. En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera
instancia se condenará al recurrente en las costas de la segunda.
4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la
parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias.
5. En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de
condenar en costas o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de
su decisión.
[…]
7. Si fueren varios los litigantes favorecidos con la condena en costas, a cada uno
de ellos se les reconocerán los gastos que hubiere sufragado y se harán por
separado las liquidaciones.
8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y
en la medida de su comprobación”.
Bajo este entendido, la Sala se abstendrá de condenar en costas, pues el recurso
promovido por la parte actora prosperó de forma parcial, al punto que habrá lugar a
revocar la sentencia apelada en el sentido de declarar la nulidad del acto
administrativo demandado, así como también la nulidad absoluta de los contratos
celebrados con ocasión del mismo, pero se mantendrá la decisión de negar las
demás pretensiones de la demanda, es decir, las relativas al componente
resarcitorio o de condena.
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Radicado: 54001-23-33-000-2013-00186-01 (55929)
Demandante: COTRASERMULCAV
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
RESUELVE
REVOCAR parcialmente la sentencia del 30 de junio de 2015, proferida por el
Tribunal Administrativo de Norte de Santander, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia y, en su lugar:
PRIMERO: DECLARAR la nulidad de la Resolución n.º 179 del 27 de julio de 2012,
por medio de la cual el INVIAS adjudicó la Licitación Pública LP-DT-NSA-004-2012
-módulos n.º 1 y n.º 2-.
SEGUNDO: DECLARAR la nulidad absoluta del contrato n.º 1013 celebrado entre
el INVIAS y la Cooperativa de Trabajo Asociado Chitagá -COOTRACHITAGA- el 10
de agosto de 2012 y del contrato n.º 1014 celebrado entre el INVIAS y la
Cooperativa de Trabajo Asociado Amistad y Desarrollo el 10 de agosto de 2012.
TERCERO: Negar las demás pretensiones de la demanda.
CUARTO: No hay lugar a restituciones mutuas.
QUINTO: Sin condena en costas.
SEXTO: RECONOCER personería a la sociedad Araque Chiquillo y Asociados
S.A.S.88, identificada con Nit. n.º 901149312-2, como apoderada de la Cooperativa
de Trabajo Asociado de Servicio Cácota de Velazco -COTRASERMULCAV-, en los
términos establecidos en el escrito de sustitución de poder visible en el índice 66
del Sistema de Gestión Judicial SAMAI.
88 Según certificado de existencia y representación legal expedido el 24 de marzo de 2023, el objeto
de la sociedad consiste en “el desarrollo de las siguientes actividades: A) Presentación de Servicio
Jurídicos en todas las áreas del derecho público y privado B) cualquier actividad comercial o civil de
forma lícita y todas las demás inherentes al desarrollo del objeto social”. Cfr. Sistema de Gestión
Judicial SAMAI, índice 66.
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Radicado: 54001-23-33-000-2013-00186-01 (55929)
Demandante: COTRASERMULCAV
SÉPTIMO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría REMITIR el expediente al
Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Magistrado
Aclaración de voto
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Magistrado (E)
Salvamento de voto
VF
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