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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 54001-23-33-000-2013-00214-01

Fecha
15 de diciembre de 2021
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 54001-23-33-000-2013-00214-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: MODIFICAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander el 23 de octubre de 2014 en los aspectos relacionados con el reconocimiento de perjuicios morales y lucro cesante deprecados en la demanda, los cuales serán denegados. SEGUNDO: En los demás aspectos relacionados con el presente litigio, estése a lo decidido en la sentencia proferida el sentencia del 5 de marzo de 2021. TERCERO: Una vez en firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 54001-23-33-000-2013-00214-01

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

15 de diciembre de 2021

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá, D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintiuno (2021)

Radicación: 540012333000201300214 01 (52.977)
Demandante: María Esperanza Mariño Osorio y otra
Demandados: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
Referencia: Acción de reparación directa

Temas: PERJUICIOS MORALES – las sentencias de unificación establecen
presunciones de aflicción que pueden ser desvirtuadas mediante pruebas /
LUCRO CESANTE – procedente para indemnizar daños ciertos más no perjuicios
eventuales

Procede la Sala a dictar providencia complementaria de reemplazo de segunda
instancia, en cumplimiento de la sentencia de tutela proferida el 18 de noviembre
de 2021 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado.

Se resolverá el recurso de apelación interpuesto por las partes contra la sentencia
que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, en estricto
cumplimiento a lo resuelto en la referida sentencia de tutela en la que ordenó
decidir sobre las indemnizaciones por perjuicios morales y por lucro cesante.

I. SENTENCIA IMPUGNADA

1. Corresponde a la proferida el 23 de octubre de 20141, mediante la cual el
Tribunal Administrativo de Norte de Santander accedió a las pretensiones de la
demanda en los siguientes términos (se trascribe literalmente, incluso con posibles
errores):

“PRIMERO: DECLÁRESE a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL – POLICIA NACIONAL administrativa y patrimonialmente
responsable por los perjuicios ocasionados a la niña MARÍA CAMILA
YUSTI MARIÑO, con motivo de la muerte del PT ARÓN HERNEY YUSTI
SAAVEDRA, en hechos ocurridos el 18 de marzo de 2011 en el
corregimiento de las Mercedes, municipio de Sardinata (N. de S.),

1 Folios 333-353 del cuaderno del Consejo de Estado.

Radicación: 54001-23-33-000-2013-00214-01(52977)
Actor: María Esperanza Mariño Osorio y otra
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa –Policía
Nacional.
Referencia: Acción de Reparación Directa

conforme al análisis realizado en la parte considerativa de la presente
providencia.

SEGUNDO: CONDÉNASE a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL – POLICIA NACIONAL, reconocer y pagar por concepto de
PERJUICIOS MORALES, a la niña MARIA CAMILA YUSTI MARIÑO, el
equivalente a CIEN (100) salarios mínimos legales vigentes, vigentes a la
fecha de ejecutoria de la presente providencia.

TERCERO: CONDÉNASE a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL – POLICIA NACIONAL, reconocer y pagar por concepto de
PERJUICIO A LA VIDA DE RELACIÓN, hoy PERJUICIO A LA SALUD,
para la niña MARIA CAMILA YUSTI MARIÑO, el equivalente a
CINCUENTA (50) salarios mínimos legales vigentes, vigentes a la fecha de
ejecutoria de la presente providencia.

CUARTO: CONDÉNASE a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL – POLICIA NACIONAL, reconocer y pagar por concepto de
PERJUICIOS MATERIALES, en la modalidad de lucro cesante
(consolidado y futuro), para la niña MARIA CAMILA YUSTI MARIÑO, la
suma de CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CUATRO
MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS ($133´704.825).

QUINTO: DENIÉGUENSE las demás pretensiones de la demanda.

SEXTO: DESE cumplimiento a la sentencia en los términos y condiciones
establecidos en los artículos 187, 188, 189 y 192 del CPACA.

SÉPTIMO: CONDÉNESE EN COSTAS a la NACION – MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL – POLICIA NACIONAL. Por secretaría, DESE el
trámite previsto en el artículo 366 del CGP.

OCTAVO: DEVUÉLVASE a la parte actora el valor consignado como
gastos ordinarios del proceso o su remanente, si lo hubiere.

NOVENO: Una vez en firme la presente providencia, ARCHÍVESE el
expediente previas las anotaciones secretariales de rigor”.

2. El anterior proveído decidió la demanda de reparación directa instaurada el 26
de abril de 20132, en contra del Ministerio de Defensa – Policía Nacional, cuyas
pretensiones y fundamentos de hecho y derecho son, los siguientes:

Pretensiones

3. Mediante escrito presentado el 26 de abril de 2013, la señora María
Esperanza Mariño Osorio, actuando en nombre propio y en representación de su
menor hija María Camila Yusti Mariño interpuso demanda en ejercicio de la acción
de reparación directa en contra de la Nación -Ministerio de Defensa- Policía

2 Presentaron solicitud de conciliación el 13 de marzo de 2013 y se celebró la debida audiencia el 26 de abril

siguiente (folios 25-27 del cuaderno 1). La demanda fue admitida por el Tribunal Administrativo del Cesar,
mediante auto del 28 de octubre de 2010, providencia que fue debidamente notificada a la demandada (Folios
63 y 66 del cuaderno 1).

2

Radicación: 54001-23-33-000-2013-00214-01(52977)
Actor: María Esperanza Mariño Osorio y otra
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa –Policía
Nacional.
Referencia: Acción de Reparación Directa

Nacional, con el fin de que se le declare patrimonialmente por la muerte del señor
Arón Herney Yusti Saavedra, ocurrida el 18 de marzo de 2011, en el corregimiento
de Las Mercedes, municipio de Sardinata, Norte de Santander.

4. Como consecuencia de la anterior declaración, solicitaron que se
condenara a la demandada a pagar, por perjuicios morales 200 SMLMV para
cada una de las demandantes, 200 SMLMV para la hija de la víctima directa por
daño a la vida de relación; por perjuicios materiales, en la modalidad de
“indemnización consolidada la suma de dinero que resulte de multiplicar el
salario devengado por el señor Arón Herney Yusti Saavedra, para el día 18 de
marzo de 2011, en su condición de Patrullero de la Policía Nacional, más un
30% por factor prestacional hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia que
apruebe la conciliación” y, por “indemnización futura la suma de dinero que
resulte de multiplicar el salario devengado por el señor Arón Herney Yusti
Saavedra para el 18 de marzo de 2011, en su condición de Patrullero de la
Policía Nacional, a partir de la fecha de ejecutoria de la sentencia que apruebe
la conciliación y hasta que cumpla la menor 25 años de edad, más un 30% por
factor prestacional”.

Hechos

5. Como fundamento fáctico de la demanda se narró, en síntesis, que el 18 de
marzo de 2011, en momentos en que el señor Arón Herney Yusti Saavedra se
desempeñaba como patrullero adscrito a la Policía Nacional en el corregimiento
de Las Mercedes, municipio de Sardinata (Norte de Santander), la estación de
policía a la que pertenecía fue atacada por un grupo guerrillero, lo que ocasionó el
derrumbe de uno de los muros que le causó la muerte por aplastamiento a él y a
otros dos de sus compañeros.

6. Afirmó que el corregimiento de las Mercedes por su cercanía con la zona del
Catatumbo tradicionalmente ha sido utilizado como corredor de movilidad de
grupos guerrilleros, lo que evidenciaba la alta probabilidad de un ataque a los
agentes del Estado en cualquier momento y que, para el día de los hechos, se
tenía información de una eventual toma guerrillera sin que se hubieran adoptado
medidas efectivas para proteger a los miembros de la fuerza pública.

7. Agregó que, además de que los policías fueron expuestos las precauciones
necesarias, la construcción donde funcionaba la estación de policía no contaba
con el diseño apropiado para proteger al personal uniformado ya que se trataba
de un inmueble construido por particulares con fines comerciales o de vivienda
con paredes de bareque y techo de zinc.

Fundamentos de Derecho

3

Radicación: 54001-23-33-000-2013-00214-01(52977)
Actor: María Esperanza Mariño Osorio y otra
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa –Policía
Nacional.
Referencia: Acción de Reparación Directa

8. En relación con los hechos descritos, sostuvo que la Policía Nacional debe
responder, a título de falla del servicio, por la muerte del patrullero Arón Herney
Yusti Saavedra, dado que su muerte se produjo por el aplastamiento producido
por un muro que se derrumbó en la casa donde funcionaba la estación, al ser
atacada por un grupo guerrillero.

La defensa

9. El Ministerio de Defensa – Policía Nacional se opuso a las pretensiones
formuladas, para tal efecto, señaló que el daño no le era imputable, por cuanto
proviene del hecho exclusivo de un tercero, aunado a que se trató de la
concreción del riesgo inherente a la actividad que de forma voluntaria asumió el
referido agente de policía, contingencia que fue cubierta a título de indemnización
prestacional a favor de la demandante3.

Alegatos de conclusión de primera instancia

10. La parte actora insistió en que el patrullero Yusti Saavedra murió como causa
del derrumbamiento de la estación de policía que debía protegerlo del ataque
guerrillero, pero que por su endeble estructura no lo hizo y contribuyó en el fatal
desenlace4.

11. Por su parte, la entidad demandada reiteró los argumentos de la contestación
de demanda, mientras que el Ministerio Público guardó silencio5.

La sentencia recurrida

12. La sentencia declaró la responsabilidad de la demandada en los términos
transcritos al inicio de esta sentencia. Para arribar a esa determinación, el a quo
expuso que, si bien la muerte del señor Yusti Saavedra se produjo por el ataque
terrorista de grupos guerrilleros a la estación de Policía de Las Mercedes, lo cierto
era que, para la época de los hechos, dicho corregimiento tenía injerencia delictiva
de estructuras de las FARC y el ELN, lo que sin duda lo convertía en zona roja; sin
embargo, no se adoptaron las medidas de protección efectivas para proteger al
personal castrense.

13. En ese sentido, advirtió sobre antecedentes de ataques terroristas a la
mencionada estación y aunque se habían tomado medidas de seguridad en el
sentido de aumentar las unidades policiales y contar con una cantidad
considerable de armamento de guerra, lo cierto es que la estación estaba

3 Folios 68-77 del cuaderno 1.
4 Folios 263-278 del cuaderno 1.
5 Folios 280-293 del cuaderno 1.

4

Radicación: 54001-23-33-000-2013-00214-01(52977)
Actor: María Esperanza Mariño Osorio y otra
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa –Policía
Nacional.
Referencia: Acción de Reparación Directa

construida en paredes de bareque y techo de zinc, lo que evidenció que los
uniformados fueron sometidos a un riesgo mayor al que debían soportar.

14. Así las cosas, concluyó que el daño antijurídico causado al patrullero Yusti
Saavedra resulta atribuible a la Policía Nacional a título de falla del servicio.

15. Condenó a pagar a favor de María Camila Yusti Mariño, hija del occiso, la
suma de 100 SMLMV por perjuicios morales, 50 SMLMV por perjuicios a la vida de
relación y $133´704.825 por perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante
consolidado y futuro.

II. LOS RECURSOS DE APELACIÓN

Síntesis de los recursos

16. La entidad demandada solicitó la revocatoria del fallo de primera instancia por
considerar que el ataque subversivo no era previsible y, además, no hubo
desprotección del Estado, en el entendido que se reforzó la seguridad de la
estación proporcionando material de guerra suficiente y se brindó apoyo aéreo,
con lo cual lograron un total de 17 policías ilesos. A lo cual agregó que la muerte
del patrullero Yusti Saavedra se dio como consecuencia del riesgo propio e
inherente al servicio que de forma voluntaria aceptó.

17. En cuanto a la condena determinada por el a quo, dijo que no hay lugar a
reconocer perjuicios materiales o morales a María Camila Yusti Mariño, habida
cuenta que ella nunca tuvo relación alguna con su padre, tanto así que fue
registrada con el apellido de éste después de un proceso de filiación que se inició
post mortem. Con respecto al daño a la salud, expuso que solo procede su
reconocimiento a favor de la víctima directa y no hay lugar a extenderlo a las
víctimas indirectas. Finalmente, adujo que por la muerte del señor Yusti Saavedra
ya hubo un reconocimiento prestacional equivalente a una pensión de
sobreviviente establecida mediante Resolución 097 del 29 de enero de 2004 y
que, por compensación por muerte recibió la suma de $79’258.356. Por tanto,
resultaba improcedente una indemnización adicional por el mismo hecho.

18. A su turno, la parte actora manifestó su inconformidad en lo que respecta al
monto de la condena reconocida para el resarcimiento del daño a la vida en
relación; para tal efecto, adujo que 50 SMLMV no representa siquiera una
compensación material del daño irreparable en su formación psicosocial y por ello
solicita que se reconozca la suma pretendida en la demanda.

19. Frente a los descuentos del daño material, solicitó que se descontara
únicamente el 25% y no el 50% de lo devengado como gastos de manutención
del occiso.

5

Radicación: 54001-23-33-000-2013-00214-01(52977)
Actor: María Esperanza Mariño Osorio y otra
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa –Policía
Nacional.
Referencia: Acción de Reparación Directa

20. Finalmente, dijo que el 0.1% de las pretensiones aceptadas no representa las
costas reales del proceso.

Alegatos de conclusión de segunda instancia

21. La entidad demandada reiteró los argumentos expuestos en la contestación
de la demanda e insistió en que no incurrió en ninguna falla del servicio por acción
u omisión de protección por parte de la Policía Nacional, pues el daño se produjo
por el hecho exclusivo y delictivo de un tercero6.

22. La parte demandante reiteró íntegramente los argumentos expuestos en el
recurso de apelación7, mientras que el Ministerio Público guardó silencio8.

La acción de tutela y su definición

23. Mediante sentencia del 5 de marzo de 2021, esta Subsección del Consejo de
Estado modificó la decisión de primera instancia en el sentido de declarar la
configuración de una concausa entre la falla del servicio imputable a la
demandada y el hecho exclusivo de un tercero, al tiempo que negó los perjuicios
reclamados a favor de la hija de la víctima directa, quien fue reconocida de forma
póstuma.

24. En contra de la anterior decisión, la señora María Esperanza Mariño Osorio
presentó una acción de tutela, que fue decidida el pasado 18 de noviembre de
2021 del año en curso9, por la Sección Cuarta de esta Corporación, la cual
resolvió:

“1.- Amparar los derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso de
María Camila Yusti Mariño.

2.- Dejar parcialmente sin efecto la sentencia del 5 de marzo de 2021, dictada
por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, en cuanto denegó
el reconocimiento de perjuicios morales y de lucro cesante a María Camila
Yusti Mariño.

3.- Ordenar al Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, que, en el
término de 20 días, dicte sentencia complementaria, en la que deberá
decidir nuevamente sobre las indemnizaciones por perjuicios morales y
por lucro cesante a María Camila.

4.- Denegar las demás pretensiones de la demanda de tutela, por las razones
expuestas en esta providencia.

6 Folios 356-370 del cuaderno del Consejo de Estado.
7 Folios 384-386 del cuaderno del Consejo de Estado.
8 Folio 389 del cuaderno del Consejo de Estado.
9 El cual fue notificado al Despacho el 24 de noviembre siguiente.

6

Radicación: 54001-23-33-000-2013-00214-01(52977)
Actor: María Esperanza Mariño Osorio y otra
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa –Policía
Nacional.
Referencia: Acción de Reparación Directa

5.- Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.

6.- Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

7.- Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional
para lo de su cargo” (negrillas adicionales).

25. Para arribar a la anterior decisión, se consideró: (i) dar por verificado el
cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción; (ii)
estimar que el juez de cierre desconoció sus propia jurisprudencia de unificación
que en criterio del juez de tutela dice que “… para el reconocimiento de perjuicios
morales bastaba con demostrar el estado civil…”, por lo que no resultaba
procedente exigir la prueba de una relación afectiva y, (iii) haber definido la
indemnización por lucro cesante bajo normas relativas a derechos herenciales,
habiendo condicionado su reconocimiento a la prueba de la existencia de una
relación de dependencia económica entre la menor de edad y la víctima directa.

26. Mediante auto del 30 de noviembre del año en curso se solicitó el préstamo
del expediente de reparación directa al Tribunal Administrativo de Norte de
Santander y, el 7 de los corrientes, la Secretaría de la Sección Tercera remitió el
expediente al Despacho, con el fin de dar cumplimiento al referido fallo de tutela.

27. Así las cosas, procede la Sala a dictar sentencia complementaria de
reemplazo.

III. C O N S I D E R A C I O N E S

Objeto del presente pronunciamiento

28. Según se dejó indicado, mediante fallo de tutela del 18 de noviembre de 2021
del año en curso10, la Sección Cuarta de esta Corporación resolvió “dejar
parcialmente sin efectos”, la sentencia proferida el 5 de marzo de 2021 y, en
consecuencia, dispuso que se profiera una providencia complementaria, en la que
se decida nuevamente “sobre las indemnizaciones por perjuicios morales y por
lucro cesante a María Camila”.

Así, las cosas, el objeto del presente pronunciamiento se circunscribe a lo
dispuesto en el aludido fallo de tutela, lo anterior en el marco de los reparos
formulados a tales aspectos en los recursos interpuestos por las partes.

Indemnización de perjuicios a favor de la menor María Camila Yusti Mariño

10 El cual fue notificado al Despacho el 24 de noviembre siguiente.

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Radicación: 54001-23-33-000-2013-00214-01(52977)
Actor: María Esperanza Mariño Osorio y otra
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa –Policía
Nacional.
Referencia: Acción de Reparación Directa

29. Habida cuenta que el fallo de tutela del 18 de noviembre de los corrientes
dispuso que la decisión primigenia de esta Sección desconoció sus propia
jurisprudencia de unificación, pues en criterio del juez de tutela “… para el
reconocimiento de perjuicios morales bastaba con demostrar el estado civil…”, de
ahí que no resultaba procedente exigir la prueba de una relación afectiva, la Sala
considera necesario efectuar unas precisiones acerca de las razones por las que,
atendiendo el criterio fijado por el citado juez, para el presente asunto, se considera
necesario acudir al apartamiento del precedente contenido en las sentencias de
unificación del 28 de agosto del 2014.

30. Ciertamente, según lo consagrado en los artículos 234, 237 y 241 de la
Constitución Política, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, como
tribunales de cierre de las jurisdicciones ordinaria y contencioso administrativo, al
igual que la Corte Constitucional, tienen el deber de unificar la jurisprudencia al
interior de sus jurisdicciones, de tal manera que los pronunciamientos por ellas
emitidos se conviertan en precedente judicial de obligatorio cumplimiento. No
obstante, ello no conlleva necesariamente a que en todos los casos los jueces
deban acogerse al precedente judicial. Así, pues, la Corte ha considerado que el
acatamiento del precedente no debe suponer la petrificación del derecho, pues
existen ciertos eventos en los que la autoridad puede desligarse del mismo,
siempre que argumente de manera rigurosa y clara las razones por las cuales
procede de ese modo11.

El apartamiento judicial del precedente es una prerrogativa constitucional,
expresada en la potestad de los jueces de distanciarse de la jurisprudencia de los
órganos jurisdiccionales de cierre como expresión de la autonomía judicial de la
que están dotadas las autoridades judiciales12.

31. Sin perjuicio de lo anterior, según lo establecido por la Corte Constitucional,
una vez identificada la jurisprudencia aplicable al caso, la autoridad judicial sólo
puede apartarse de la misma mediante un proceso expreso de contra-
argumentación que explique las razones del apartamiento, bien por: (i) ausencia
de identidad fáctica, que impide aplicar el precedente al caso concreto; (ii)
desacuerdo con las interpretaciones normativas realizadas en la decisión
precedente; (iii) discrepancia con la regla de derecho que constituye la línea
jurisprudencial13.

Por lo cual y a pesar de la regla general de obligatoriedad del precedente judicial,
siempre que el juez exprese contundentemente las razones válidas que lo
llevaron a apartarse del precedente constitucional, su decisión será legítima y
acorde a las disposiciones legales y constitucionales.

11 Corte Constitucional. Sentencia SU354 del 25 de mayo de 2017. M.P. Iván Humberto Escrucería Mayolo.
12 Corte Constitucional. Sentencia T-794 del 20 de octubre de 2011. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
13 Corte Constitucional. Sentencia C-634 del 24 de agosto de 2011. MP. Luis Ernesto Vargas Silva.

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Radicación: 54001-23-33-000-2013-00214-01(52977)
Actor: María Esperanza Mariño Osorio y otra
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa –Policía
Nacional.
Referencia: Acción de Reparación Directa

32. Con igual orientación la Corte Constitucional ha establecido las condiciones
que debe cumplir la carga argumentativa exigida al juez de instancia para
apartarse del precedente del tribunal de cierre; así ha expuesto, lo siguiente:

“Resulta válido que las autoridades judiciales, merced de la autonomía
que les reconoce la Carta Política, puedan en eventos concretos apartarse
del precedente, pero en cualquier caso esa opción argumentativa está
sometida a estrictos requisitos, entre otros (i) hacer explícitas las razones
por las cuales se aparte de la jurisprudencia en vigor sobre la materia
objeto de escrutinio judicial; y (ii) demostrar suficientemente que la
interpretación alternativa que se ofrece desarrolla de mejor manera los
derechos, principios y valores constitucionales. Sin embargo, debe
resaltarse que la opción en comento en ningún modo habilita a las
autoridades judiciales para, en el ejercicio distorsionado de su autonomía,
opten por desconocer el precedente, tanto de carácter vertical como
horizontal, ante la identidad de supuestos jurídicos y fácticos relevantes,
sin cumplir con los requisitos antes mencionados. Por lo tanto, resultarán
inadmisibles, por ser contrarias a los principios de igualdad, legalidad y
seguridad jurídica, posturas que nieguen la fuerza vinculante prima
facie del precedente, fundamenten el cambio de jurisprudencia en un
simple arrepentimiento o cambio de parecer, o sustenten esa decisión en
el particular entendimiento que el juez o tribunal tengan de las reglas
formales de derecho aplicables al caso”14.

33. En ese orden de ideas, la jurisprudencia ha precisado que el juez (singular o
colegiado) sólo puede apartarse de la regla de decisión contenida en un caso
anterior cuando demuestre y cumpla los siguientes requisitos: (i) Debe hacer
referencia al precedente que abandona, lo que significa que no puede omitirlo o
simplemente pasarlo inadvertido como si nunca hubiera existido (principio de
transparencia) y; (ii) En segundo lugar, debe ofrecer una carga argumentativa
seria, mediante la cual explique de manera suficiente y razonada los motivos por
los cuales considera que es necesario apartarse de sus propias decisiones o de
las adoptadas por un juez de igual o superior jerarquía (principio de razón
suficiente).

34. Así las cosas, atendiendo a lo indicado, se advierte que, para el presente
asunto, existen razones claras, probatorias y razonadas para conducir al
apartamiento del precedente establecido en las sentencias de unificación del 28
de agosto de 2014 en materia de perjuicios morales, dado que no hay identidad
fáctica, lo que de contera, impide aplicar el precedente al caso concreto,
reclamando la necesidad de prueba de la aflicción y no la presunción del mismo,
tal como pasa a explicarse.

Perjuicios morales

14 Sentencia C-634 del 24 de agosto de 2011. MP. Luis Ernesto Vargas Silva.

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Radicación: 54001-23-33-000-2013-00214-01(52977)
Actor: María Esperanza Mariño Osorio y otra
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa –Policía
Nacional.
Referencia: Acción de Reparación Directa

35. El tribunal reconoció a favor de María Camila Yusti Mariño la suma de 100
SMLMV por perjuicios morales, 50 SMLMV por perjuicio a la salud y $133´704.825
por perjuicio materiales, decisión que fue apelada por ambas partes; la actora con la
intención de que le fueran reconocidos montos superiores y el demandado con el
ánimo de que se niegue todo tipo de perjuicio bajo el entendido que la que dice ser
hija no tuvo nunca relación con su padre en vida.

36. Ahora bien, en materia de perjuicios morales, la jurisprudencia reiterada de
esta Corporación ha señalado que la valoración de dichos perjuicios debe ser
hecha por el juzgador, en cada caso concreto, según su prudente juicio,
teniendo en cuenta que lo esperable y comprensible es que los seres humanos
sientan tristeza, depresión, angustia, miedo y otras afectaciones de los
sentimientos, cuando un ser querido muere. Bajo tal premisa, las sentencias de
unificación del 28 de agosto de 2014 establecieron unas presunciones de
aflicción, para ser observadas por el juez administrativo al momento de decretar o
reconocer tales perjuicios, presunciones que admiten prueba en contrario15.

37. En ese sentido, la presunción exime a quien la alega de la actividad
probatoria. Basta con acreditar el supuesto del hecho indicador establecido por la
norma para que opere la presunción. En el caso de las presunciones iuris tantum
(como las establecidas en las sentencias de unificación) lo que se deduce a partir
del hecho indicador del hecho presumido no necesita ser mostrado. Sin embargo,
resulta procedente desvirtuar el hecho indicador y, en consecuencia, se admite,
por tanto, la actividad orientada a destruir el hecho a partir del cual se configura
la presunción.

38. En perspectiva de lo que fueron las bases de las sentencias de unificación
referidas, cabe resaltar que, para fijar tales presunciones, el Consejo de Estado
tuvo en cuenta la regla general del Derecho Civil respecto a que toda víctima,
directa o indirecta, debe probar el daño, independientemente del tipo que sea
(patrimonial o extrapatrimonial). Así pues, para el caso de muerte de personas, las
víctimas indirectas (quienes acuden a reclamar perjuicios como consecuencia de
la muerte de la víctima directa) deben probar los perjuicios patrimoniales, que es la
regla general, mientras que, en relación con los perjuicios morales, la
jurisprudencia estableció la "presunción de aflicción" entre los parientes de la
víctima directa, entendiendo por "parientes" aquellos que van hasta el segundo
grado de consanguinidad y primero civil, ya sean ascendientes, descendientes o
colaterales, lo cual no sucede con las demás víctimas indirectas (llamadas
"damnificados" por la jurisprudencia). En este último caso, debe probarse dicha
calidad.

15La presunción de derecho, tal como coinciden en definirla importantes tratadistas de derecho procesal
(Carnelutti, Azula Camacho, Devis Echandía) consiste en: "un juicio lógico, en virtud del cual se considera
como cierto o probable un hecho con fundamento en las máximas de la experiencia que indican cual es el
modo normal como suceden las cosas y los hechos y por ello se consideran como ciertos y probables" Corte
Constitucional, sentencia C-388 de 2000, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

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Radicación: 54001-23-33-000-2013-00214-01(52977)
Actor: María Esperanza Mariño Osorio y otra
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa –Policía
Nacional.
Referencia: Acción de Reparación Directa

39. Respecto de la presunción del daño moral para los niveles 1 (relaciones
afectivas conyugales y paternos filiales) y 2 (relación afectiva del 2° de
consanguinidad o civil -abuelos, nietos o hermanos), debe resaltarse que se trata
de una presunción de hombre y, en esa medida, tiene como fin únicamente el de
servir de guía al momento de valorar las pruebas, mas no dar por probado el
hecho. En relación con las víctimas indirectas que están legitimadas para reclamar
la indemnización del daño moral -que no están amparadas por la presunción de
aflicción (niveles 3, 4 y 5 o damnificados), rige la regla general sobre la carga de
probar el daño y, adicionalmente, deben probar la condición de damnificados.

40. De acuerdo con lo anterior, se advierte que, en materia de perjuicios
morales, la Administración pública demandada está habilitada para probar en
contrario "demostrando la inexistencia o debilidad de la relación familiar en que se
sustentan"16; asimismo, no sobra advertir que el juez no solo puede, sino que
debe valorar las pruebas aportadas al proceso que desvirtúan esa presunción
establecida en las reglas jurisprudenciales.

41. Adicionalmente, cabe resaltar que las denominadas tablas de indemnización
de perjuicios morales fijadas en las sentencias de unificación por la Sección
Tercera del Consejo de Estado no pueden ni deben ser consideradas como
barreras inamovibles, ya que en ese sentido constituirían una violación a los
principios de justicia y reparación integral establecidos en la Ley 446 de 199817 y
en los instrumentos internacionales de protección a los DH. Esos criterios
indemnizatorios deben ser tomados como guías indicadoras susceptibles de ser
adaptadas a la realidad probatoria concreta de cada caso analizado por el juez
administrativo y, por esa misma razón, se acepta que dichas presunciones son
guías y ayudas probatorias respecto de algunos hechos, pero que, en todo caso,
de llegar a existir prueba distinta o en contrario, debe prevalecer ésta última regla.

42. Precisado lo anterior, para el caso concreto, se tiene probado que al
momento de la muerte del señor Arón Herney Yusti Saavedra (víctima directa) y la
niña María Camila Yusti Mariño no tenía relación alguna, pues ni siquiera la menor
tenía la calidad de hija del referido señor, incluso, no milita prueba de que el hoy
occiso conocía de su existencia18, condición filial que adquirió en época posterior,
cuando fue registrada con el apellido de aquél el 25 de septiembre de 2013, tras la
culminación de un proceso de filiación que la madre de ella inició, también con
posterioridad a la muerte de aquél, ocurrida el 18 de marzo de 2011. Es decir, la
16 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia 23 de agosto de 2012, exp. 24.392, M.P. Hernán Andrade

Rincón, y sentencia del 30 de enero de 2013, exp. 25.087, M.P. Ruth Stella Correa Palacio.
17 A cuyo tenor: “Artículo 16. Valoración de daños. Dentro de cualquier proceso que se surta ante la

Administración de Justicia, la valoración de daños irrogados a las personas y a las cosas atenderá los
principios de reparación integral y equidad y observará los criterios técnicos actuariales”.
18
En virtud del proceso de filiación extramatrimonial adelantado por María Esperanza Mariño
Osorio en representación de la menor María Camila Mariño Osorio, el 25 de septiembre de 2013,
el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de San Gil declaró que la citada niña es hija
extramatrimonial del fallecido Arón Herney Yusti Saavedra, quien murió el 18 de marzo de 2011.

11

Radicación: 54001-23-33-000-2013-00214-01(52977)
Actor: María Esperanza Mariño Osorio y otra
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa –Policía
Nacional.
Referencia: Acción de Reparación Directa

citada menor sólo fue declarada como hija del occiso dos años y medio después
de la muerte de aquél y sin que se hubiera allegado prueba alguna que permitiera
establecer algún tipo de cercanía, vínculo o afecto entre ellos.

44. Así las cosas, la Sala advierte que los supuestos de hecho analizados son
distintos a los que sustentaron las sentencias de unificación, por lo que
razonadamente se aparta del precedente establecido en las ya citadas sentencias
de unificación, habida cuenta que, en este caso, como se advirtió, existen razones
probatorias claras que desvirtúan la presunción de aflicción moral que habría
sufrido la hija póstuma del señor Arón Herney Yusti Saavedra. Ciertamente, en el
sub examine, no se aportó ninguna prueba respecto a que, para el momento de la
muerte del señor Arón Herney Yusti Saavedra (víctima directa) conocía de la
existencia de la niña María Camila Yusti Mariño, tampoco se aportó prueba de la
relación de trato o afecto, pues ni siquiera la menor tenía la calidad de hija del
referido señor, condición filial que adquirió en época posterior, cuando fue
registrada con el apellido de aquél el 25 de septiembre de 2013, tras la
culminación de un proceso de filiación que la madre de ella inició con posterioridad
a la muerte de aquél, ocurrida el 18 de marzo de 2011. Es decir, la citada menor
sólo fue declarada como hija del occiso dos años y medio después de la muerte
de aquél y sin que se hubiera allegado prueba alguna que permitiera establecer
algún tipo de cercanía, vínculo de afecto o trato entre ellos. Por lo tanto, ese
supuesto de hecho hace que no se pueda dar aplicación a las sentencias de
unificación, pues las mismas están concebidas para casos en los cuales tanto
padre como sus familiares cercanos conocieran su existencia para el momento de
su muerte. En consecuencia, al no estar probado ese supuesto de hecho que
ampara la presunción de dolor, correspondía a la parte probarlo, hecho que no
acaeció en este caso.

43. En ese orden de ideas, para este caso, la sola aportación del respectivo
registro civil de nacimiento no basta para presumir el daño moral que la hija sufrió
por la muerte de quien dos años y medio después vendría a ser su padre, pues su
condición filial, de parentesco, no existía para la época del óbito, por lo que, en
consecuencia, le correspondía a la parte actora acreditar la relación de cercanía,
afecto, trato personal, afectivo o familiar que había entre ellos, para poder inferir
la aflicción causada por su fallecimiento.

44. Así las cosas, la Sala advierte que se cumplen los supuestos establecidos
para que opere el apartamiento del precedente en materia de perjuicios
inmateriales en cuanto hace a las sentencias de unificación del 28 de agosto de
2014, puesto que no hay identidad fáctica entre los supuestos establecidos en las
sentencias de unificación y el presente asunto, circunstancia que impide aplicar el
citado precedente al presente asunto, pues como se analizó, no obra prueba de
que la demandante tuvo una relación con el agente, previa o anterior a la fecha de
su fallecimiento, y en la medida que sólo vino a ser reconocida como hija del
aquél, luego de dos años y medio después de su deceso, de ahí que ese hecho
12

Radicación: 54001-23-33-000-2013-00214-01(52977)
Actor: María Esperanza Mariño Osorio y otra
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa –Policía
Nacional.
Referencia: Acción de Reparación Directa

probado desvirtúe la presunción de aflicción establecida en las referidas
sentencias de unificación, amén de que la parte actora no allegó elemento de
prueba acerca de la aflicción moral respecto de la que depreca una indemnización.

Resalta la Sala la circunstancia según la cual en el expediente no se aportó un
solo elemento de prueba que permitiera evidenciar la relación filial (padre-hija)
para la época en que se produjo el deceso de éste y con anterioridad al mismo.
Así, a partir de las reglas de la experiencia, entendidas como las enseñanzas
adquiridas por el uso, la práctica o el diario vivir19, no resultaba posible dar paso a
la presunción de dolor y aflicción, por cuanto la presunción de aflicción que opera
frente a los familiares, no estaba llamada a ser aplicada en este caso, pues a
partir de la sola prueba que se trajo a juicio en relación con la declaración de
paternidad (filiación) post mortem del señor Yusti Saavedra, no es posible inferir
una relación afectiva entre ellos, carga que ostentaba la parte actora y que no fue
cumplida.

45. En pretérita síntesis, ante la falta de prueba, no solo no hay lugar a no aplicar
la presunción de aflicción por parentesco establecida en las sentencias de
unificación, sino que, al no obrar prueba alguna, de naturaleza directa o indirecta,
que acredite la tristeza, angustia, congoja y, en general, la afectación por la
muerte de un ser querido, la conclusión no puede ser otra, sino la de negar la
pretensión de indemnización de perjuicios morales deprecada a favor de la
referida demandante.

46. Resalta la Sala que con el anterior razonamiento se satisface las reglas del
apartamiento del precedente establecido en las sentencias de unificación sobre
perjuicios morales, en tanto en las mismas se estableció una presunción de
aflicción -que admite prueba en contrario- y, para el caso concreto, dicha
presunción resultó desvirtuada al probarse que la muerte del padre acaeció luego
de dos años de su fallecimiento, de ahí que, al no allegarse ningún otro elemento
de prueba sobre tal padecimiento moral por la referida menor, soportada en
prueba sobre la relación filial para la apoca de la muerte, se impone concluir que
no procede el reconocimiento del perjuicio moral deprecado para ella.

47. Un razonamiento en sentido contrario equivaldría a desconocer el mandato
contenido en las reglas del derecho, en tanto cualquier prueba legalmente
allegada al proceso, en contra de una presunción, no solo puede, sino que debe

19“Las reglas de la sana crítica son, ante todo, las reglas del correcto entendimiento humano. En ellas
interfieren las reglas de la lógica, con las reglas de la experiencia del juez. Unas y otras contribuyen de igual
manera a que el magistrado pueda analizar la prueba (ya sea de testigos, peritos, de inspección judicial, de
confesión en los casos en que no es lisa y llana) con arreglo a la sana razón y a un conocimiento
experimental de las cosas.
“El juez que debe decidir con arreglo a la sana crítica, no es libre de razonar a voluntad, discrecionalmente,
arbitrariamente. Esta manera de actuar no sería sana crítica, sino libre convicción. La sana crítica es la unión
de la lógica y de la experiencia, sin excesivas abstracciones de orden intelectual, pero también sin olvidar
esos preceptos que los filósofos llaman de higiene mental, tendientes a asegurar el más certero y eficaz
razonamiento”. Sentencia C-202 de 2005. MP. Jaime Araújo Rentería.

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Radicación: 54001-23-33-000-2013-00214-01(52977)
Actor: María Esperanza Mariño Osorio y otra
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa –Policía
Nacional.
Referencia: Acción de Reparación Directa

ser valorada por el juez, de ahí que se impone concluir que mediante esta
decisión se confirma la regla general, en cuanto a que de haber prueba en
contrario, las presunciones allí establecidas no entran a operar. Amén de que se
da aplicación irrestricta y directa al mandato establecido en el artículo 177 del C.
de P. C., según el cual “incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las
normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”.

48. Con fundamento en las razones expuestas se impone negar el
reconocimiento de perjuicios morales pretendido.

Perjuicios materiales

Lucro cesante

49. Las partes también apelaron la condena por concepto de lucro cesante, pues
consideraron por un lado que a la menor María Camila Yusti Mariño beneficiaria del
señor Yusti Saavedra la Policía Nacional le otorgó un reconocimiento prestacional,
equivalente a una pensión de sobreviviente, motivo por el cual no debían recibir
una doble indemnización y adicionalmente una compensación por muerte
equivalente a $79’258.356; y por el otro, la parte actora señaló que el
reconocimiento por este rubro debía ser mayor.

50. Al proceso se allegaron copias del respectivo acto administrativo en el que
consta dicho reconocimiento prestacional20. Sobre el particular, advierte la Sala que,
de conformidad con la jurisprudencia reiterada21 y unificada22 de esta Sección, el
perjuicio material a indemnizar, en la modalidad de lucro cesante, debe ser cierto y
no debe implicar un enriquecimiento injustificado para el beneficiario, pues la
reparación integral implica que se debe indemnizar el daño y nada más que el
daño.

53. Así, pues, advierte la Sala que en el presente caso este perjuicio no se
encuentra configurado, entendido como tal la ganancia o provecho que deja de
reportarse a consecuencia de la concreción del daño antijurídico, pues, como se
indicó en precedencia, la menor María Camila Yusti Mariño fue pensionada en su
condición de hija póstuma por la Policía Nacional.

20 Folio 202 del cuaderno 1.
21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencias de: i) 4 de
diciembre de 2006, radicación: 13168, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; del 12 de febrero de 2014, radicación:
31583, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, y del de 29 de mayo de 2014, C.P. Hernán Andrade Rincón,
radicación: 35930, entre otras.
22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de

2014, M.P. Hernán Andrade Rincón (E), radicación: 36.149.

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Radicación: 54001-23-33-000-2013-00214-01(52977)
Actor: María Esperanza Mariño Osorio y otra
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa –Policía
Nacional.
Referencia: Acción de Reparación Directa

54. Así las cosas, se impone negar este perjuicio, pues, de lo contrario, se
configuraría una doble erogación a cargo del Estado, por la misma causa y, por
tanto, un enriquecimiento sin justa causa favor del demandante23.

IV. PARTE RESOLUTIVA

55. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

V. RESUELVE

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Norte de Santander el 23 de octubre de 2014 en los aspectos relacionados con
el reconocimiento de perjuicios morales y lucro cesante deprecados en la
demanda, los cuales serán denegados.

SEGUNDO: En los demás aspectos relacionados con el presente litigio, estése a
lo decidido en la sentencia proferida el sentencia del 5 de marzo de 2021.

TERCERO: Una vez en firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al
Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Con salvamento parcial de voto

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y
que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera que el

23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del

23 de octubre de 2020, expediente 61.325 y sentencia del 16 de septiembre de 2015, C.P.: Carlos Alberto
Zambrano Barrera, exp. 31.709.

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Radicación: 54001-23-33-000-2013-00214-01(52977)
Actor: María Esperanza Mariño Osorio y otra
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa –Policía
Nacional.
Referencia: Acción de Reparación Directa

certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el
enlace http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

VF

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