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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 54001-23-33-000-2013-00399-02

Fecha
1 de junio de 2026
Consejero ponente
Nicolás Yepes Corrales

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 54001-23-33-000-2013-00399-02

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 25 de agosto de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y, en su lugar, se dispone: SEGUNDO: DECLARAR probada de oficio la excepción de falta de legitimación en la causa por activa de los demandantes, respecto de las pretensiones relativas a i) el detrimento patrimonial por las pérdidas económicas derivadas de la destrucción de los bosques en los predios “Pinatar I” y “El Olimpo de San Lucas”, Con cuantía: Hasta el veinte por ciento (20%) del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia. […] ”. 121 Los demandantes solicitaron perjuicios totales por valor de 1.957 SMLMV. 122 “Artículo. 6º. Tarifas. Fijar las siguientes tarifas de agencias en derecho: […] III CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 3.1. ASUNTOS. […] 3.1.3. Segunda instancia. […] Con cuantía: Hasta el cinco por ciento (5%) del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia. 63 Radicado: 54001233300020130039902 (69263) Demandante: Jorge William Correa Monroy y otros de propiedad de la sociedad Reforestadora Pinatar S.A.; y ii) el detrimento patrimonial por las pérdidas económicas generadas con el desmantelamiento y saqueo de las instalaciones, equipos y herramientas destinados a la operación de dicha sociedad. TERCERO: NEGAR las pretensiones de la demanda. CUARTO: CONDENAR EN COSTAS, por ambas instancias, a la parte demandante, en favor de la SAE SAS. Para el efecto, las agencias en derecho de la primera instancia se fijan en la suma de $3’426.521 en favor de la SAE SAS, monto que deberá pagar la parte actora. Como agencias en derecho en esta instancia, se fijan en suma equivalente a $3’426.521, en favor de la SAE SAS. QUINTO: En firme esta providencia ENVÍESE el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 54001-23-33-000-2013-00399-02

Consejero ponente: Nicolás Yepes Corrales

1 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., primero (01) de junio dos mil veintiséis (2026)

Referencia: REPARACIÓN DIRECTA
Radicación: 54001233300020130039902 (69263)
DEMANDANTE: JORGE WILLIAM CORREA MONROY Y OTROS
DEMANDADO: SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S.

Tema: Responsabilidad de la DNE En Liquidación – sucesora
procesal SAE SAS por los daños causados durante su gestión
como secuestre del establecimiento de comercio
Reforestadora Pinatar S.A. y bienes inmuebles de la sociedad
del mismo nombre / diferencia entre el patrimonio social y el
patrimonio de los socios- falta de legitimación en la causa por
activa para reclamar daños respecto del patrimonio de la
sociedad / no se probó el daño alegado por pérdidas en la
utilidad neta.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la
sentencia del 25 de agosto de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de
Norte de Santander, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El 6 de octubre del 2011, la Fiscalía 18 Especializada de la Unidad Nacional para
la Extinción del Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos ordenó el
secuestro del establecimiento de comercio y los predios “Pinatar I” y “El Olimpo de
San Lucas” de propiedad de la sociedad Reforestadora Pinatar S.A., en el marco
de la investigación penal seguida contra algunos de sus socios. Asimismo,
designó como secuestre a la Dirección Nacional de Estupefacientes en
Liquidación, la cual, a su vez, nombró al abogado Leonel Medina Soto como
depositario provisional de los bienes, con el fin de que los administrara. Sin
embargo, según sus socios minoritarios, la gestión realizada por la secuestre
condujo a la pérdida de los bienes y a la ruina de la empresa.

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Radicado: 54001233300020130039902 (69263)
Demandante: Jorge William Correa Monroy y otros

La parte demandante considera que la Dirección Nacional de Estupefacientes En
Liquidación es patrimonialmente responsable de los perjuicios causados a los
socios minoritarios de la Reforestadora Pinatar S.A., consistentes en: i) el
detrimento patrimonial por las pérdidas económicas derivadas de la destrucción
de los bosques en los predios “Pinatar I” y “El Olimpo de San Lucas” de propiedad
de la sociedad, ii) el detrimento patrimonial por las pérdidas económicas
generadas por el desmantelamiento y saqueo de las instalaciones, equipos y
herramientas destinadas a la operación de dicha sociedad y; iii) el detrimento
patrimonial por las pérdidas en la utilidad neta, como consecuencia de la
explotación inadecuada del producto maderero durante la administración de la
entidad en su calidad de secuestre, al haber omitido la vigilancia sobre la gestión
del depositario provisional designado.

II. ANTECEDENTES

1. Demanda

El 6 de diciembre de 20131, Jorge William Correa Monroy, Félix Antonio Niño
Neira, Luis Antonio Castiblanco Suárez y Elvia Rosa Uribe Rincón mediante
apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de reparación directa,
presentaron demanda en contra de la Dirección Nacional de Estupefacientes En
Liquidación -en adelante DNE En Liquidación hoy Sociedad de Activos Especiales
SAE S.A.S- para que fuera declarada patrimonialmente responsable de los
perjuicios causados con la irregular y deficiente administración de los bienes de la
Reforestadora Pinatar S.A. -de la cual eran socios minoritarios- durante el
secuestro de bienes decretado en el marco de una investigación penal.

Como pretensiones de su demanda, la parte actora solicita condenar a la entidad
accionada a pagarles, por perjuicios materiales, sin especificar por qué concepto,
la cantidad de 446 SMLMV para Elvia Rosa Uribe Rincón, 260 SMLMV para Luis
Antonio Castiblanco Suárez, 239 SMLMV para Jorge William Correa Monroy y

1 Archivo “003EscritoDemanda.pdf” del expediente digital, índice 2 Samai.

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Demandante: Jorge William Correa Monroy y otros

612 SMLMV para Félix Antonio Niño Neira y; por perjuicios morales, el
equivalente a 100 SMLMV para cada uno de los demandantes.

En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que, en 1976 se puso
en marcha en Pamplona y en municipios circunvecinos el programa integrado de
Cuencas (PRIDECU), orientado a la recuperación de cuencas hidrográficas en
deterioro, impulsado por el INDERENA con apoyo financiero de la Agencia
Canadiense para el Desarrollo Internacional (ACDI). La población objetivo estuvo
conformada por pequeños y medianos productores rurales y, desde su inicio hasta
1985, se establecieron aproximadamente 3.000 hectáreas de pino patula en
Pamplona y en municipios aledaños.

Narra que, en 1996, Félix Antonio Niño Neira, ingeniero agrónomo, adquirió un
predio denominado “El Olimpo de San Lucas”, el cual ya contaba con cultivos de
pino patula en una extensión superior a 35 hectáreas.

Señala que, el 1 de octubre de 1998, algunos de los demandantes constituyeron
la sociedad anónima Reforestadora Pinatar S.A., cuyo objeto social comprendía,
entre otros, el cultivo, desarrollo, aprovechamiento y comercialización de
plantaciones forestales.

Sostiene que, el 16 de marzo de 2001, Ricardo Nieto Clavijo adquirió 33 acciones
de la sociedad Reforestadora Pinatar S.A., y en la misma fecha su hermana María
Victoria Nieto Clavijo adquirió 5 acciones. Posteriormente, en fecha
indeterminada, la señora Nieto Clavijo adquirió las 33 acciones que su hermano -
Ricardo Nieto Clavijo- tenía en la sociedad, convirtiéndose en la accionista
mayoritaria y asumiendo la administración de la empresa.

Manifiesta que, en octubre de 2005, Ricardo Nieto Clavijo fue condenado por los
delitos de concierto para delinquir y narcotráfico y, posteriormente, fue
extraditado.

Indica que, el 6 de octubre del 2011, la Fiscalía 18 Especializada de la Unidad
Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos

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Demandante: Jorge William Correa Monroy y otros

decretó el secuestro de los bienes pertenecientes a la sociedad Reforestadora
Pinatar S.A. y designó como secuestre a la DNE En Liquidación, entidad que, a su
vez, nombró al abogado Leonel Medina Soto como depositario provisional, con el
encargo de administrarlos.

Se asegura que, el 6 de febrero de 2012, la Fiscalía 18 Especializada de la
Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y contra el Lavado de
Activos precisó a los socios minoritarios de la Reforestadora Pinatar S.A., que el
embargo y secuestro recaían únicamente sobre las acciones de Ricardo Nieto
Clavijo y María Victoria Nieto Clavijo, excluyendo las de los demás socios. No
obstante, la DNE En Liquidación actuando por intermedio de su depositario
provisional, asumió la administración de la totalidad de los bienes de la sociedad
Reforestadora Pinatar S.A.

Afirma que, el 16 de julio de 2012, los socios minoritarios de la Reforestadora
Pinatar S.A. pusieron en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación una
posible gestión “depredadora” atribuida a la DNE En Liquidación, en su calidad de
secuestre y administradora de los bienes de esa sociedad.

Señala que, los socios minoritarios carecieron de información sobre los planes de
manejo forestal que orientaron la extracción maderera, los permisos ambientales,
los contratos, las facturaciones de venta o cualquier otro dato que permitiera
comprender la actividad y sus resultados; y, con mayor razón, sobre el uso de los
recursos y la partición económica a la que tenían derecho. Asimismo, se afirma
que Leonel Medina Soto nunca estableció contacto con ellos, ni los convocó a
Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria de Accionistas, ni les suministró
información acerca de la situación de la empresa. Tampoco tuvieron conocimiento
de las acciones de vigilancia que la DNE En Liquidación debía ejercer sobre la
gestión del depositario provisional.

Indica que, en fecha indeterminada, la Corporación Autónoma Regional de Norte
de Santander y Arauca -en adelante CORPONOR- formuló cargos contra la
sociedad Reforestadora Pinatar S.A. “por no contar formalmente con una
instancia de gestión ambiental dentro de la empresa, que garantice la adecuada

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Demandante: Jorge William Correa Monroy y otros

explotación, con respeto del medio ambiente, desatendiendo los requerimientos
de la autoridad ambiental”.

Sostiene que, el 24 de octubre de 2013, los socios minoritarios constataron que,
bajo la gestión de la DNE En Liquidación, fueron destruidos y desaparecieron los
bosques más antiguos de pino patula pertenecientes a la sociedad Reforestadora
Pinatar S.A., sembrados en más 3.000 hectáreas en los predios “Pinatar I” y “El
Olimpo de San Lucas”; además, se produjo el desmantelamiento y saqueo de las
instalaciones, equipos y herramientas destinados a la transformación de la
materia prima maderera.

Manifiesta que, además de los daños mencionados, la DNE En Liquidación,
durante su gestión como secuestre, realizó una explotación inadecuada del
producto maderero, caracterizada por su desperdicio y por ventas a precios
inferiores, lo que generó pérdidas económicas para los socios minoritarios, a
quienes correspondía la distribución de la utilidad neta derivada de la actividad
empresarial.

La parte demandante considera que la DNE En Liquidación es patrimonialmente
responsable de los perjuicios ocasionados a los socios minoritarios de la
Reforestadora Pinatar S.A., consistentes en: i) el detrimento patrimonial por las
pérdidas económicas derivadas de la destrucción de los bosques ubicados en los
predios “Pinatar I” y “El Olimpo de San Lucas” de propiedad de esa sociedad, ii) el
detrimento patrimonial por las pérdidas económicas generadas por el
desmantelamiento y saqueo de las instalaciones, equipos y herramientas
destinados a la operación de la empresa; y, iii) el detrimento patrimonial por las
pérdidas en la utilidad neta, como consecuencia de la explotación inadecuada del
producto maderero durante la administración de la entidad en su calidad de
secuestre, al haber omitido la vigilancia sobre la gestión del depositario provisional
designado.

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Demandante: Jorge William Correa Monroy y otros

2. Contestaciones

El 21 de febrero de 20142, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander
admitió la demanda y ordenó su notificación a la demandada y al ministerio
público.

2.1. La DNE En Liquidación3 contestó la demanda oponiéndose a sus
pretensiones, al señalar que los bienes referidos por los demandantes como de su
propiedad, correspondían en realidad a activos de la sociedad Reforestadora
Pinatar S.A., sobre la cual se ordenó el embargo de las acciones pertenecientes a
los socios Ricardo Nieto Clavijo y María Victoria Nieto Clavijo, equivalente al
69,6% del capital social, las cuales se encontraban inmersas en un proceso de
extinción de dominio, mas no las acciones de los demás socios.

Señaló que no desconocía que el depositario provisional hubiera podido incurrir en
fallas y conductas lesivas para la sociedad, pero que él tampoco habría podido
ejecutar las conductas que le endilgan -ingresar a los predios, talar los bosques,
movilizar el material y comercializarlo- sin la intervención del representante legal
inscrito. Aseguró que, en la diligencia de incautación de los bienes de la sociedad,
no se realizó inventario alguno y que la empresa no producía la cantidad de
madera mencionada por los demandantes. Propuso las excepciones de “falta de
jurisdicción y competencia”, “falta de constitución del litisconsorcio” y la
innominada.

En el mismo escrito, la DNE En Liquidación formuló llamamiento en garantía a
Leonel Medina Soto, quien se desempeñó como depositario provisional de la
sociedad Reforestadora Pinatar S.A., llamamiento que fue aceptado mediante auto
del 24 de febrero de 20154.

2 Páginas 1 a 5 del Archivo “004Autoadmiteycontestación.pdf” del expediente digital, índice 2
Samai.
3 Páginas 37 a 57 del Archivo “004Autoadmiteycontestación.pdf” del expediente digital, índice 2
Samai.
4 Páginas 91 a 93 del Archivo “006NiegaVinculaciónMinjusticia.pdf” del expediente digital, índice 2

Samai.

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Demandante: Jorge William Correa Monroy y otros

2.2. El llamado en garantía Leonel Medina Soto no compareció al proceso.

Mediante auto del 2 de septiembre de 20145, el Tribunal Administrativo de Norte
de Santander declaró a la Sociedad de Activos Especiales -en adelante SAE SAS-
como sucesora procesal de la DNE En Liquidación, con el fin que continuara su
actuación dentro del proceso.

3. Audiencia inicial

El 14 de diciembre de 20156 el Tribunal Administrativo de Norte de Santander
realizó la audiencia inicial, en la que resolvió sobre las excepciones propuestas.
Entre ellas, negó la excepción de falta de jurisdicción y competencia por
integración del litisconsorcio necesario, propuesta por la SAE SAS. Frente a esta
decisión, la demandada presentó recurso de apelación.

Mediante auto del 4 de abril de 20167, el Consejo de Estado confirmó la decisión
del a quo, al considerar que la demanda se instauró contra una entidad pública, la
DNE En Liquidación, y en ningún aparte del libelo se atribuyó responsabilidad a
los demás socios o miembros de la junta directiva de la sociedad Reforestadora
Pinatar S.A., razón por la cual no era procedente vincularlos como litisconsortes
necesarios.

El 25 de noviembre de 20168 se reanudó la audiencia inicial en la que el a quo
declaró ineficaz el llamamiento en garantía a Leonel Medina Soto, dado que
habían trascurrido más de 6 meses sin que se lograra su comparecencia al
proceso.

A continuación, declaró saneado el proceso, decretó pruebas y fijó el objeto del
litigio.

5 Páginas 25 a 30 del Archivo “005Vinculación.pdf” del expediente digital, índice 2 Samai.
6 Páginas 1 a 7 del Archivo “ED_DRIVETRIB_007AINICIALYPROV(.pdf) NroActua 2.pdf” del
expediente digital, índice 2 Samai.
7 Páginas 23 a 34 del Archivo “ED_DRIVETRIB_007AINICIALYPROV(.pdf) NroActua 2.pdf” del

expediente digital, índice 2 Samai.
8 Páginas 5 a 18 del Archivo “ED_DRIVETRIB_008AUDIENCIAINICIAL(.pdf) NroActua 2.pdf” del

expediente digital, índice 2 Samai.

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Demandante: Jorge William Correa Monroy y otros

Frente a este último punto, es decir, el objeto del litigio, señaló que se
circunscribiría a determinar si se debía “declarar administrativa y patrimonialmente
responsable a la Dirección Nacional de Estupefacientes DNE En Liquidación del
daño patrimonial sufrido por los demandantes Elvia Rosa Uribe Rincón, Luis
Antonio Castiblanco Suárez, Jorge William Correa Monroy y Félix Antonio Niño
Neira, por cuanto durante su administración como secuestre designada por la
Fiscalía General de la Nación de la sociedad Reforestadora Pinatar S.A. y sus
bienes, mediante acta del 6 de octubre de 2011, se produjo la destrucción
(desaparición, arrasamiento, despilfarro de sus bosques en los predios Pinatar I y
El Olimpo de San Lucas y el abandono y saqueo (desmantelamiento) de las
instalaciones, equipos y herramientas destinadas a la operación de la empresa,
ubicada en Pamplona, Norte de Santander. Condenar a la Dirección Nacional de
Estupefacientes DNE En Liquidación a título de reparación directa, a reconocer y
pagar los valores indemnizatorios a favor de Elvia Rosa Uribe Rincón, Luis Antonio
Castiblanco Suárez, Jorge William Correa Monroy y Félix Antonio Niño Neira”.

4. Alegatos de conclusión en primera instancia

El 7 de septiembre de 20179 se corrió traslado a las partes y al ministerio público
para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

4.1. La parte actora10 y la SAE SAS11 reiteraron los argumentos expuestos en la
demanda y en la contestación de esta que realizó la DNE En Liquidación.

4.2. El ministerio público guardó silencio.

5. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 25 de agosto de 202212 13 el Tribunal Administrativo de
Norte de Santander declaró la responsabilidad de la demandada por los daños

9 Páginas 1 a 6 del Archivo “015AudPruebas.pdf” del expediente digital, índice 2 Samai.
10 Páginas 1 a 23 del Archivo “016AlegatosC.pdf” del expediente digital, índice 2 Samai.”.
11 Páginas 12 a 16 del Archivo “015AudPruebas.pdf” del expediente digital, índice 2 Samai.

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Demandante: Jorge William Correa Monroy y otros

causados a los actores, derivados de la destrucción de los bosques de pino patula
en los predios “Pinatar I” y el “El Olimpo de San Lucas”; así como del
desmantelamiento y saqueo de las instalaciones, equipos y herramientas
destinados a la operación de la empresa Reforestadora Pinatar S.A., al constatar
que la entidad pública incurrió en falla del servicio consistente en una
administración negligente de la empresa con ocasión de la medida de secuestro.
Igualmente, pese a que en la audiencia inicial declaró ineficaz el llamamiento en
garantía propuesto por la demandada, se pronunció al respecto y descartó la
responsabilidad del llamado Leonel Medina Soto.

Al efecto, manifestó lo siguiente: “[…] la Sala puede concluir que de acuerdo a lo
que obra en el expediente, no hay prueba que valide que se realizaron las debidas
juntas ordinarias o extraordinarias para determinar el funcionamiento,
direccionamiento, administración y control del establecimiento de comercio
Reforestadora Pinatar S.A., después que la Dirección Nacional de Estupefacientes
entrara a administrar las acciones de los hermanos Clavijo Nieto […] la entidad
demandada nunca tuvo preocupación alguna por las acciones u omisiones que
estuviese realizando su depositario provisional en la empresa, o cerciorarse si
estas acciones u omisiones se encaminaban a perjudicar o menoscabar los
intereses y derechos de los accionistas minoritarios afectados por la
administración del señor depositario. […] Se encuentra demostrado que, bajo las
actuaciones aparentemente legales del depositario provisional, solicitó los
permisos correspondientes para la tala y movilización de la madera, una vez
autorizado el permiso, procedió a la explotación de la materia prima de la
Reforestadora Pinatar S.A, ubicadas en los predios denominados Pinatar I y el
Olimpo de San Lucas, además de las acciones antes descritas, la sociedad fue
saqueada y desmantelada por personas indeterminadas, aparentemente por la
falta de diligencia y supervisión de la entidad demandada hacía el depositario
provisional nombrado por la Dirección Nacional de Estupefacientes hoy Sociedad
de Activos Especiales S.A.S. De ahí que se tiene probado que el señor Leonel

12 Páginas 1 a 36 del Archivo “017Sentencia.pdf” del expediente digital, índice 2 Samai.
13 La sentencia fue aclarada mediante auto del 20 de octubre de 2022, en el sentido de establecer

que la responsabilidad y la condena recaían sobre la S.A.E., en calidad de sucesora procesal de la
DNE

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Demandante: Jorge William Correa Monroy y otros

Medina Soto realizó operaciones en calidad de administrador de la Reforestadora
Pinatar S.A, calidad que le otorgó en su momento la Dirección Nacional de
Estupefacientes, derivando aquella administración para los accionistas minoritarios
en un daño, afectando entonces los intereses y derechos de los demás socios
propietarios que conformaban a la Reforestadora Pinatar S.A, sujeta al embargo
por parte de la DNE, que también hacía parte de la empresa, daño que se
materializa entonces en la pérdida de la producción de los bosques de pino patula
de los predios ‘El Olimpo de San Lucas’ y ‘Pinatar I’, así como en el saqueo y
desmantelamiento de las instalaciones de la empresa, la que quedara en total
abandono, esto en el porcentaje de las acciones de los demandantes
correspondientes al 30.4%. […] se puede concluir que la Dirección Nacional de
Estupefacientes da cuenta del daño ocurrido en manos del designado depositario
provisional, sin embargo, actúa de forma tardía a lo ya sucedido y en
consecuencia procede a desvincular del cargo a dicho Depositario Provisional, el
señor Leonel Medina Soto. […] Para esta Sala de decisión el daño antijurídico es
imputable a la Dirección Nacional de Estupefacientes hoy Sociedad de Activos
Especiales S.A.S, bajo el régimen de imputación jurídica subjetivo de falla en el
servicio, ya que en el caso sub-examine, se puede concretar que la desaparición
de los bosques de los predios Pinatar I y el Olimpo de San Lucas fue
consecuencia de la indebida administración de los bienes que fueron objeto de
embargo, secuestro y el uso desproporcional de las funciones encomendadas en
cabeza del depositario provisional, teniendo en cuenta que la DNE debía de estar
al tanto de las actividades que este realizase, además del saqueo de la
maquinaria y herramientas de las que disponía el establecimiento de comercio
Reforestadora Pinatar S.A. para la explotación de los recursos forestales, daño
que los accionistas minoritarios no debieron soportar. […] Considera la Sala que
en el proceso no obra material probatorio suficiente como para desatar una
decisión en ese sentido, es decir, que atribuya al llamado en garantía el reembolso
de la condena impuesta, siendo necesario para tal fin acreditar la naturaleza de su
actuación y el grado de contribución efectiva en la causación del daño, en
confrontación con las obligaciones adquiridas con la Dirección Nacional de
Estupefacientes en calidad de depositario provisional”.

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Radicado: 54001233300020130039902 (69263)
Demandante: Jorge William Correa Monroy y otros

Asimismo, reconoció a título de daño emergente la suma de $34’294.220 para
Elvia Rosa Uribe Rincón, $19’938.500 para Luis Antonio Castiblanco Suarez,
$18’343.420 para Jorge William Correa Monroy y $47’054.860 para Félix Antonio
Niño Neira por concepto de la pérdida de maquinaria y equipos. En cuanto al lucro
cesante, fijó la suma de $629’635.496 para Elvia Rosa Uribe Rincón,
$366’067.149 para Luis Antonio Castiblanco Suarez, $336’781.777 para Jorge
William Correa Monroy y $863’918.472 para Félix Antonio Neira por concepto de
las utilidades dejadas de percibir por los predios “Pinatar I” y “El Olimpo de San
Lucas”, negó los perjuicios morales y condenó en costas a la parte demandada.

6. Recursos de apelación

El 2214 y 2315 de septiembre de 2022, las partes interpusieron recursos de apelación,
los cuales fueron concedidos el 8 de noviembre de 202216 y admitidos el 9 de
diciembre siguiente17.

6.1. La SAE SAS 18 sostuvo que, a diferencia de lo señalado por el a quo, la
sociedad Reforestadora Pinatar S.A. era una “sociedad de papel”, pues no se
elaboró inventario en el momento de la incautación que demostrara la existencia
de maquinaria e instalaciones susceptibles de ser desmanteladas o saqueadas, ni
se demostró que se tratara de una sociedad productiva, ya que carecía de
contabilidad.

Asimismo, sostuvo que no se acreditó la pérdida de bosques, dado que no se
estableció su existencia previa a la incautación. Destacó que el a quo incurrió en
contradicción respecto de la responsabilidad del depositario provisional, pues
fundamentó la falla del servicio de la demandada en el abuso ejercido por este y
en el desconocimiento de sus obligaciones como auxiliar designado por la DNE,
pero, al pronunciarse sobre su responsabilidad como llamado en garantía, señaló
que no existía prueba suficiente para hacerlo. Finalmente, cuestionó que el a quo

14 Archivo “019 Recurso de Apelación.pdf” del expediente digital, índice 2 Samai.
15 Archivo “021 Recurso de apelación y sustenctación.pdf” del expediente digital, índice 2 Samai.
16 Archivo “026AutoConcedeRecursoApelación.pdf” del expediente digital, índice 2 Samai.
17 Índice 4, Samai.
18 Archivo “019 Recurso de Apelación.pdf” del expediente digital, índice 2 Samai.

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Radicado: 54001233300020130039902 (69263)
Demandante: Jorge William Correa Monroy y otros

hubiera tasado los perjuicios con base en afirmaciones del perito que no podían
corroborarse, lo cual, a su juicio, no constituye prueba fehaciente de la certeza de
los perjuicios.

6.2. La parte demandante19 solicitó la indexación de los perjuicios reconocidos,
dado que el a quo tuvo en cuenta los valores señalados por el perito en 2017, sin
actualizarlos a la fecha de la sentencia. Igualmente, señaló que el tribunal
desconoció el perjuicio material por la pérdida total de la infraestructura de fábrica
e instalaciones de administración, probada con el Acta de la Asamblea General de
Accionistas del 24 de octubre de 2013, reunión que fue presidida por la funcionaria
delegada de la DNE En Liquidación. Finalmente, reclamó el reconocimiento del
perjuicio moral.

7. Trámite en segunda instancia

Comoquiera que no se solicitaron pruebas, ni se decretaron en el término de
ejecutoria del auto admisorio del recurso de apelación, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 247, numeral 5º de la Ley 1437 de 2011, modificado por el
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, no se corrió traslado para alegar de
conclusión.

7.1. El ministerio publico solicitó modificar la sentencia, en el sentido de condenar
también al llamado en garantía, dado que, si bien la primera llamada a responder
en este caso era la DNE En Liquidación hoy SAE SAS, también debía responder
el depositario provisional Leonel Medina Soto, cuya falta de diligencia y conducta
indebida originaron el daño.

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia

El Consejo de Estado es competente para desatar los recursos de apelación

19 Archivo “021 Recurso de apelación y sustenctación.pdf” del expediente digital, índice 2 Samai.

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Radicado: 54001233300020130039902 (69263)
Demandante: Jorge William Correa Monroy y otros

interpuestos contra la sentencia del 25 de agosto de 2022, proferida por el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo20, pues la cuantía, dada por la pretensión mayor de la demanda21,
supera la exigida de 500 SMLMV para que un proceso adelantado en ejercicio del
medio de control de reparación directa, tenga vocación de doble instancia ante esta
Corporación22.

2. Medio de control procedente

La pretensión de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir
la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado
proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación
estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el
artículo 14023 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

En este caso, el medio de control procedente es la reparación directa, porque se
reclama la reparación por daños derivados de la administración de los bienes de la
sociedad Reforestadora Pinatar S.A. realizada por la DNE En Liquidación, hoy

20 “Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación.

El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de
las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y
de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación […]”.
21 El artículo 157 del CPACA dispone que “[…] Para los efectos aquí contemplados, cuando en la

demanda se acumulen varias pretensiones, la cuantía se determinará por el valor de la pretensión
mayor […]”.
22 La pretensión mayor de la demanda se estima en el equivalente a 612 SMLMV, lo cual es

superior a 500 SMLMV.
23 “Artículo 140. reparación directa. En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la

persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por
la acción u omisión de los agentes del Estado.
De conformidad con el inciso anterior, el Estado responderá, entre otras, cuando la causa del daño
sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de
inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa imputable a una entidad
pública o a un particular que haya obrado siguiendo una expresa instrucción de la misma.
Las entidades públicas deberán promover la misma pretensión cuando resulten perjudicadas por la
actuación de un particular o de otra entidad pública.
En todos los casos en los que en la causación del daño estén involucrados particulares y entidades
públicas, en la sentencia se determinará la proporción por la cual debe responder cada una de
ellas, teniendo en cuenta la influencia causal del hecho o la omisión en la ocurrencia del daño”.

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Demandante: Jorge William Correa Monroy y otros

sucedida por la SAE SAS, en su calidad de depositaria (secuestre) de los bienes
afectados.

3. Vigencia del medio de control

Si bien en el proceso no se discutió la caducidad del medio de control ni ella fue
alegada en oportunidad alguna por las partes, así como tampoco la sentencia estimó
que tal fenómeno se produjo, resulta necesario verificar si la demanda se presentó
en el tiempo oportuno por cuanto se trata de un presupuesto procesal24.

Así, con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico
jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la
protección del interés general25, estableció unos plazos para poder ejercer
oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser
razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden
público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud
judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las
situaciones que se encontraban pendientes de solución.

24 Se advierte que el juez tiene la facultad para declarar de oficio o a petición de parte la caducidad

de la acción, pues es una figura concebida para salvaguardar los intereses colectivos y generales.
Precisamente, esta Corporación ha manifestado lo siguiente: “es necesario entender que la
caducidad es una figura prevista como un mecanismo de protección de los intereses colectivos y
generales, y, por tal razón, es de orden público, lo que necesariamente lleva a que tenga un
carácter de irrenunciabilidad, como se mencionó previamente, e inclusive dota al juez de la facultad
para declararla de oficio. […] Por consiguiente, el efecto extintivo de la caducidad, actúa al
verificarse el plazo, “per se, ope legis, en forma ineluctable y por disposición o mandato normativo
expreso, de ius cogens e imperativo, al margen de la autonomía, decisión o querer del titular”. Y
como se mencionó anteriormente, el juzgador puede y debe declarar de oficio o a solicitud de
parte, la caducidad de la acción, pero en todo caso, su efecto se produce por mandato legal, sin
requerir declaración alguna”. Consejo de Estado. Sentencia del 16 de diciembre de 2020. Rad.:
51252.
25 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico

procesal a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita
en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener
pronta y cumplida justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado
social de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida,
la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de
un interés general.
Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada
referencia, esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la
posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia.”

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Demandante: Jorge William Correa Monroy y otros

El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la
racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia
procesal, controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción26, ofrecer
estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que
requieran solución por los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con
ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.

Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y
garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la
salvaguarda y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su
ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente.

La caducidad, en la segunda de sus manifestaciones, tal vez la que menos se
considera en la doctrina y jurisprudencia pero que es de la esencia y naturaleza de
la figura, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su
advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio
cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores
jurídicos que discuten alguna situación, lo que implica que en tal concepción surta
efectos para ambas partes indistintamente de quien realiza la proposición judicial,
en tanto se refiere es a la situación jurídica en concreto; sin embargo, en el
anverso, la caducidad se entiende también como una limitación de carácter
irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ipso
iure27 que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del
aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o

26 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871-05 “...el derecho al acceso a

la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la
promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el
legislador (…). El término de caducidad tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el
ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una
restricción necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo
oportuno de las acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la
seguridad jurídica, para solidificar el concepto de derechos adquiridos
27 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “Para garantizar la seguridad jurídica de

los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los
eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las
partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no
hacerlo en tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su
derecho. Es así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es
decir que no admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta
inactiva del sujeto procesal llamado a interponer determinada acción judicial”.

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protección de la justicia28, cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo
concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de
accionar. Esta concepción de límite temporal de la figura en comento, sin
embargo, opera en favor del accionado y en contra del accionante que acude
tarde a hacer efectivo su derecho de acción, pues implica reconocer que el
derecho a demandar se perdió, en tanto el accionado lo puede proponer como
medio exceptivo o el juez reconocer o declarar de oficio.

El artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, señala que el medio de control de reparación directa deberá
presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al
de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el
demandante tuvo o debió tener conocimiento de este si fue en fecha posterior y
siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su
ocurrencia.

Pues bien, se observa que en la demanda se alegan varios daños causados a los
demandantes consistentes en: i) el detrimento patrimonial por las pérdidas
económicas derivadas de la destrucción de los bosques ubicados en los predios
“Pinatar I” y “El Olimpo de San Lucas” de propiedad de esa sociedad, ii) el
detrimento patrimonial por las pérdidas económicas generadas por el
desmantelamiento y saqueo de las instalaciones, equipos y herramientas destinados
a la operación de la empresa; y, iii) el detrimento patrimonial por las pérdidas en la
utilidad neta.

En primer lugar, se estima que, frente al daño consistente en el detrimento
patrimonial por las pérdidas económicas derivadas de la destrucción de los bosques
localizados en los predios “Pinatar I” y “El Olimpo de San Lucas”, propiedad de la

28 Corte Constitucional. Sentencia C-574 de 1998: “…[s]i el actor deja transcurrir los plazos fijados

por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece
inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen
entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad
representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho,
por ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de
protección, pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por
la ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno
indicado”.

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Reforestadora Pinatar S.A., el derecho de acción se ejerció en tiempo, teniendo en
cuenta: i) que el 3 de diciembre de 2012, los demandantes tuvieron conocimiento de
la tala y destrucción de los bosques en los referidos predios (hecho probado 7.1.37.);
ii) que la solicitud de conciliación extrajudicial se presentó el 30 de septiembre de
2013 ante la Procuraduría Décima Judicial II para Asuntos Administrativos de
Bogotá, la cual se declaró fallida según consta en la certificación del 3 de diciembre
de 201329; iii) que la demanda se presentó el 6 de diciembre de 2013, esto es, dentro
de los dos (2) años que otorga la ley procesal para ejercer el derecho de acción de
forma oportuna.

En segundo lugar, se estima que, en cuanto al daño consistente en el detrimento
patrimonial por las pérdidas económicas generadas por el desmantelamiento y
saqueo de las instalaciones, equipos y herramientas destinados a la operación de la
empresa, el derecho de accionar se ejerció en tiempo, teniendo en cuenta: i) que el
24 de octubre de 2013, los demandantes constataron el desmantelamiento de la
infraestructura de la empresa y la pérdida de elementos y equipos de operación
(hecho probado 7.1.41.); ii) que la solicitud de conciliación extrajudicial se presentó el
30 de septiembre de 2013 ante la Procuraduría Décima Judicial II para Asuntos
Administrativos de Bogotá, la cual se declaró fallida según consta en la certificación
del 3 de diciembre de 201330; y, iii) que la demanda se presentó el 6 de diciembre de
2013, esto es, dentro de los dos (2) años que otorga la ley procesal para ejercer el
derecho de acción de forma oportuna.

En tercer lugar, en relación con el daño consistente en el detrimento patrimonial por
las pérdidas de la utilidad neta que los demandantes dejaron de percibir, toda vez que
este se derivaría de la administración de la DNE, en su calidad de depositaria
(secuestre) del establecimiento de comercio Reforestadora Pinatar S.A. y de los
predios “Pinatar I” y “El Olimpo de San Lucas”, propiedad de dicha sociedad, la Sala
debería computar el término de caducidad desde la culminación de la actuación de la
DNE en esa calidad, tal como lo ha hecho en asuntos similares31. No obstante, dado

29 Página 351 del archivo “002.CuadernoP2.pdf” del expediente digital, índice 2 Samai.
30 Página 351 del archivo “002.CuadernoP2.pdf” del expediente digital, índice 2 Samai.
31Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C,
sentencia del 23 de febrero de 2026, exp. 71048.

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que en este proceso no obra prueba de la culminación de la acción de extinción de
dominio ni de la gestión de la DNE En Liquidación como secuestre, no es posible
determinar hasta cuando se produjo la aludida pérdida. Sin embargo, en aplicación de
los principios pro actione y pro damnato32, y con el fin de garantizar el acceso a la
administración de justicia, la Sala estudiará el fondo del asunto33.

4. Legitimación en la causa

Como quiera que se trata de un presupuesto procesal, corresponde hacer la
verificación de la legitimación en la causa de las partes que integran la litis34.

4.1. Jorge William Correa Monroy, Félix Antonio Niño Neira, Luis Antonio Castiblanco
Suárez y Elvia Rosa Uribe Rincón no se encuentran legitimados en la causa por
activa para reclamar los daños consistentes en: i) el detrimento patrimonial por las
pérdidas económicas derivadas de la destrucción de los bosques localizados en los
predios “Pinatar I” y “El Olimpo de San Lucas”, propiedad de la Reforestadora Pinatar
S.A.; y, ii) el detrimento patrimonial por las pérdidas económicas generadas por el
desmantelamiento y saqueo de las instalaciones, equipos y herramientas destinados
a la operación de la empresa, como pasa a explicarse.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 98 del Código de Comercio, la
constitución de una sociedad supone la formación de una persona jurídica distinta de
los socios individualmente considerados. Ello implica que los atributos inherentes a la
personalidad jurídica, entendida como la capacidad para ser sujeto de derechos y
obligaciones, se adquieren desde el otorgamiento de la escritura pública de
constitución en los tipos societarios previstos en el Código de Comercio, o desde la

32 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 3 de

octubre de 2016. exp. 39133.
33 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C,

sentencia del 24 de abril de 2024, exp. 68949; sentencia del 23 de septiembre de 2024, exp.
56541.
34 Frente al tema, esta Corporación ha manifestado lo siguiente: “la legitimación en la causa

corresponde a un presupuesto procesal de la acción (y no de la pretensión) y, por lo tanto, debe
analizarse de oficio y de manera previa a la decisión de fondo de la litis. En consecuencia, la
ausencia de legitimación material en la causa tanto activa como pasiva impide adentrarse en el
fondo del caso”. Consejo de Estado, Sentencia del 28 de abril de 2021. Rad.: 48436. En igual
sentido, ver sentencia del Consejo de Estado del 8 de octubre de 2020, Rad.: 1760-18. Sentencia
del 25 de julio de 2019, Rad.: 54527 y auto del 10 de septiembre de 2020, Rad.: 0736-18.

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inscripción del documento privado de constitución en el Registro Mercantil, tratándose
de la Sociedad por Acciones Simplificada regulada en la Ley 1258 de 2008 (artículo 2
ibidem).35

Al respecto, se tiene que la Sección Tercera de esta Corporación, en un caso de
características similares al sub judice, señaló que, respecto de la reclamación de
perjuicios por parte de integrantes de una sociedad, debía tenerse en cuenta la
denominada garantía de separación patrimonial:36

“[…] La limitación del riesgo del accionista o de los accionistas al monto del capital
aportado es una consecuencia económica del atributo de la personalidad jurídica, que
la ley generalmente le atribuye a las sociedades.37 Así lo dispone el Código de
Comercio frente a la sociedad en comandita, únicamente en relación con los socios
comanditarios (art. 323); la sociedad de responsabilidad limitada, salvo que en los
estatutos se estipule para todos o algunos de los socios una mayor responsabilidad o
prestaciones accesorias o garantías suplementarias (art. 353), y la sociedad por
acciones (art. 373). De manera similar, el artículo 1º de la Ley 1258 de 2008 prevé que
el socio o los socios de la sociedad por acciones simplificada solo serán responsables
hasta el monto de sus respectivos aportes. Esas disposiciones normativas que limitan
la responsabilidad del socio o de los socios a sus respectivos aportes, responden a la
denominada garantía de separación patrimonial, esto es, al hecho de que el patrimonio
de la sociedad es distinto al patrimonio de cada socio, lo cual, sin lugar a dudas,
constituye un reconocimiento de la autonomía moral de las personas jurídicas. […]”.

En ese sentido, la Corte Constitucional ha señalado los aspectos en los que se
materializa la garantía de separación patrimonial entre socios y la sociedad:38

“[…] (i) Los bienes de la sociedad no pertenecen en común a los asociados, pues
estos carecen de derecho alguno sobre el patrimonio que integra el ente moral,
correspondiéndoles exclusivamente un derecho sobre el capital social (C.Co. arts. 143,
144, 145 y 46). (ii) Los acreedores de los socios carecen de cualquier acción sobre los
bienes de la sociedad, pues tan solo tienen derecho a perseguir las participaciones del
asociado en el capital social (C.Co. art. 142), mutatis mutandi, los acreedores de las
sociedad tampoco pueden hacer efectivas sus acreencias con los bienes de los
asociados, pues el socio como sujeto individualmente considerado carece de un poder
de dirección sobre el ente social y, por lo mismo, la manifestación de voluntad de la

35 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 16 de agosto de 2018, exp. 40369.
36 Ibidem. Ver también, Subsección A, sentencia del 6 de julio de 2022, exp. 67.873.
37 “Original de la cita: En materia de derecho societario, la limitación del riesgo del socio o de los

socios al monto del capital aportado es la regla general. Esto indica que existen excepciones como
las previstas en los artículos 294 y 323 del Código de Comercio, según las cuales, en su orden, (i)
todos los socios de la sociedad colectiva responderán solidaria e ilimitadamente por las
operaciones sociales y (ii) los socios gestores o colectivos de la sociedad en comandita
comprometen solidaria e ilimitadamente su responsabilidad”.
38 Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C-865 del 7 de septiembre de 2004.

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persona jurídica, corresponde a una decisión autónoma de un sujeto capaz, cuya
finalidad es hacer efectivo el interés plurilateral de las personas que acceden a su
creación […]”.

Pues bien, está probado que el predio “Pinatar I” identificado con matrícula
inmobiliaria No. 272-31582 y el predio “El Olimpo de San Lucas” identificado con
matrícula inmobiliaria No. 272-9439, ambos ubicados en el municipio de Pamplona,
son de propiedad de la sociedad Reforestadora Pinatar S.A. (hechos probados 7.1. 3.
y 7.1.2.).

Por tales motivos, los demandantes, en su calidad de accionistas de la sociedad
Reforestadora Pinatar S.A., no se encuentran legitimados en la causa por activa para
reclamar las pérdidas derivadas de la destrucción de las plantaciones ubicadas en los
predios mencionados, toda vez que no son sus propietarios, pues estos pertenecen al
patrimonio de la sociedad comercial. A ello se suma que tampoco demostraron la
condición de poseedores ni demostraron que, bajo la modalidad de arrendamiento,
fueran tenedores de dichos bosques, pues lo cierto es que estos constituían la
materia de producción de la sociedad, lo que refuerza aún más, la tesis de que los
árboles eran parte del patrimonio de la persona jurídica y no de los socios.

Asimismo, los demandantes no se encuentran legitimados en la causa por activa para
reclamar las pérdidas derivadas del desmantelamiento y saqueo de las instalaciones,
toda vez que estas integraban los predios antes mencionados, de propiedad de la
sociedad comercial y no de los socios.

Al respecto, se observa que el perito Álvaro Janner Gelvez Cáceres, rindió dictamen
decretado con el fin de establecer “los presuntos daños ocasionados en las
instalaciones de la sociedad Reforestadora Pinatar S.A. correspondientes a los
predios ‘Pinatar I’, ‘El Olimpo de San Lucas’ y las instalaciones de la fábrica donde se
encontraban los equipos, máquinas, herramientas e instrumentos de la empresa para
el tratamiento de la madera, con el objetivo de verificar si efectivamente se dio la
desaparición y destrucción de los bosques y el abandono y desmantelamiento de las

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instalaciones de la empresa”39.

Es así como el perito, en su dictamen del 25 de julio de 201740, manifestó que “se
encontraron restos o escombros de la construcción de una bodega abierta para la
transformación de la madera, en estructura de madera y metálica y techos metálicos,
piso industrial de cemento y casa de administración y vivienda con un área
aproximada de 750 m², infraestructura cuyo deterioro se puede explicar en el saqueo
y abandono en que se encuentra”.

A estos efectos, se tiene que el artículo 232 del Código General del Proceso41 señala
que, para otorgar valor probatorio a la prueba pericial, el dictamen debe ser sólido,
claro, exhaustivo y preciso. Sumado a ello, dispone que el juez deberá analizar la
conducencia de la prueba pericial en relación con las reglas de la sana crítica, la
calidad de sus fundamentos, la idoneidad del perito y su comportamiento en la
audiencia, y las demás pruebas que obren en el proceso.

Según lo expuesto y bajo los parámetros antes mencionados, se advierte que el
dictamen pericial rendido por el abogado Álvaro Janner Gelvez Cáceres posee
eficacia probatoria, en cuanto verificó que los elementos destruidos se encontraban
dentro de los predios “Pinatar I” y “El Olimpo de San Lucas”, lo que permite
corroborar que las instalaciones desmanteladas formaban parte de los inmuebles de
propiedad de la sociedad Reforestadora Pinatar S.A. y no de los socios.

En cuanto al desmantelamiento y saqueo de los equipos y herramientas destinados
a la operación de la empresa, la demanda no precisó qué maquinaria y equipos eran
objeto de reclamación, ni acreditó su existencia con anterioridad al secuestro de los
bienes por parte de la DNE En Liquidación. Tampoco se allegaron facturas o
documentos idóneos, según el tipo de maquinaria, que demostraran la propiedad de
los demandantes y que evidenciaran que, durante la administración de la secuestre,

39 Así se decretó en la audiencia inicial del 25 de noviembre de 2016, páginas 5 a 18 del archivo

“008Audiencia inicial y otros.pdf” del expediente digital, índice 2 Samai.
40 Páginas 4 a 11 del Archivo “014.Pruebas.pdf” del expediente digital, índice 2 Samai.

41“Artículo 232. El juez apreciará el dictamen de acuerdo con las reglas de la sana crítica, teniendo
en cuenta la solidez, claridad, exhaustividad, precisión y calidad de sus fundamentos, la idoneidad
del perito y su comportamiento en la audiencia, y las demás pruebas que obren en el proceso”.

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fueron saqueados o desmantelados.

Al respecto, únicamente se observa un documento sin fecha ni firma, aportado con la
demanda, que contiene el nombre y NIT de la sociedad Reforestadora Pinatar S.A.,
en el cual se relacionan los siguientes ítems: “1. Maquinaria adquirida para el
procesamiento de machimbre (ubicada en la planta de B Aeropuerto Av. 3ª No 15-
39)”, y “2. Maquinaria adquirida para el aprovechamiento de subproductos (ubicada
en la planta de B Aeropuerto Av. 3ª No 15-39)”. En dicho documento se consigna un
costo total de “maquinaria y equipo” por $53’922.62542; sin embargo, se reitera que
se trata de un documento del cual se desconoce su autor y fecha de elaboración,
razón por lo cual carece de valor probatorio.

Por su parte, en el dictamen rendido por el perito Álvaro Janner Gelvez Cáceres, se
relacionó un “inventario de maquinaria y equipos para aserrío, secado y
predimensionamiento de madera”, un “inventario de equipos de apoyo en fábrica”, un
“inventario de maquinaria para procesamiento de machimbre” y un “inventario de
maquinaria para procesamiento de palos de paletas y pinchos”, señalando un valor
total de pérdida de dichos elementos por $398’770.00043.

No obstante, en la audiencia de contradicción del dictamen44, el perito aclaró que no
verificó las facturas de compra de la maquinaria y equipos, sino que estimó su valor
actual en el mercado, dado que dichos elementos habían sido adquiridos hacía 20
años y, aunque se depreciaban, eran de alta durabilidad y mantenían la misma
funcionalidad. Señaló que tuvo en cuenta el listado de equipos elaborado por el
gerente de la sociedad Reforestadora Pinatar S.A. en una solicitud de crédito del 24
de mayo de 2001 dirigida a Leasing Bogotá45, el listado complementario presentado
por ese gerente el 25 de mayo de 200146, así como el documento sin firma ni fecha
referido líneas atrás47. Finalmente, el perito aclaró que no allegó con el dictamen
prueba de las fuentes consultadas para determinar el valor de la maquinaria y que su

42 Páginas 311 a 313 del archivo “001.CuadernoP1.pdf” del expediente digital, índice 2 Samai.
43 Páginas 4 a 11 del Archivo “014.Pruebas.pdf” del expediente digital, índice 2 Samai.
44 Archivo “015C.AudPruebas13-00399C.wmv” del expediente digital, índice 2 Samai.
45 Páginas 238 a 240 del archivo “001.CuadernoP1.pdf” del expediente digital, índice 2 Samai.
46 Páginas 241 a 245 del archivo “001.CuadernoP1.pdf” del expediente digital, índice 2 Samai.
47 Páginas 311 a 313 del archivo “001.CuadernoP1.pdf” del expediente digital, índice 2 Samai.

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estimación se basó en la información suministrada por la parte demandante.

De ahí que, aunque la prueba pericial fue decretada y practicada válidamente en el
proceso con el fin de acreditar los daños alegados en la demanda, y que las partes
tuvieron la oportunidad de ejercer su contradicción, lo cierto es que dicha prueba
carece de eficacia probatoria para acreditar que los demandantes eran propietarios
de la maquinaria y equipos presuntamente saqueados. Ello, por cuanto no se precisó
cuáles eran exactamente los equipos o elementos que los socios poseían o de la que
eran propietarios antes del 6 de octubre de 2011, fecha en la que la DNE En
Liquidación los habría tomado bajo su administración. Además, el propio perito
reconoció que no verificó facturas de compra ni allegó con su dictamen las fuentes
consultadas para determinar el valor de la maquinaria, limitándose a los documentos
aportados por la parte demandante.

En complemento de lo anterior, se advierte que, conforme al balance general de la
sociedad Reforestadora Pinatar S.A con corte al 31 de diciembre de 2001, en el rubro
de propiedad de planta y equipos, la sociedad registraba activos por valor de
$79’146.256 (hecho probado 7.1.10.). Igualmente, de acuerdo con la Resolución No.
00631 del 2 de diciembre de 2004, mediante la cual CORPONOR ordenó el registro
de la sociedad Reforestadora Pinatar S.A. en el Registro de Operaciones Forestales,
se incluyó el listado más reciente de la maquinaria y equipos destinados a la actividad
de la sociedad. En dicho documento, CORPONOR describió la maquinaria “utilizada”
por la empresa, la cual no coincide con los aparatos relacionados por el perito (hecho
probado 7.1.14.).

De manera adicional, se advierte que no obra constancia alguna de la maquinaria y
equipos mencionados en el acta de secuestro del establecimiento de comercio
Reforestadora Pinatar S.A., levantada el 6 de octubre de 2011, en la cual no se
acreditó su propiedad ni tenencia a favor de los demandantes (hecho probado
7.1.27).

En consecuencia, el dictamen pericial no resulta idóneo para establecer la propiedad
de la maquinaria y equipos a favor de los demandantes, pues del último balance
general de la sociedad conocido en este proceso y de la Resolución de CORPONOR

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Demandante: Jorge William Correa Monroy y otros

antes citada, se establece que tales bienes eran de propiedad de la sociedad. Incluso,
desde la propia demanda se afirma que dichos elementos eran utilizados para la
operación de la empresa y así fueron registrados por CORPONOR, como
pertenecientes a la sociedad, mas no a los socios. Asimismo, no se acreditó que los
hoy accionantes hubieran alquilado maquinaria y equipos a la sociedad, ni se
comprobó su titularidad o tenencia bajo ningún título o modalidad (posesión).

Cabe agregar que el a quo, en la providencia impugnada, saltó al estudio de los
daños, del régimen de responsabilidad y de la imputación de estos, sin hacer
referencia alguna a la legitimación de los demandantes para reclamar los daños
respecto de los bosques plantados en los predios “Pinatar I” y “El Olimpo de San
Lucas” ni de las instalaciones, equipos y herramientas destinadas a la operación de la
sociedad Reforestadora Pinatar S.A., pues de su análisis se observa que se limitó a
suponer que los actores sufrieron estos daños en su calidad de socios minoritarios de
la Reforestadora Pinatar S.A., sin considerar en modo alguno que no se demostró la
propiedad de los demandantes sobre dichos bienes y sin hacer diferenciación alguno
entre el patrimonio de la sociedad -que no es demandante en este proceso- y el de
los accionantes como personas naturales, pecunios que no se pueden confundir, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 98 del Código de Comercio y la jurisprudencia de
esta Sección antes citada.

En suma, se concluye que los demandantes no se encuentran legitimados en la
causa por activa para reclamar: i) el detrimento patrimonial por las pérdidas
económicas derivadas de la destrucción de los bosques localizados en los predios
“Pinatar I” y “El Olimpo de San Lucas”, de propiedad de la Reforestadora Pinatar S.A.,
y ii) el detrimento patrimonial por las pérdidas económicas generadas por el
desmantelamiento y saqueo de las instalaciones, equipos y herramientas destinados
a la operación de dicha empresa. Lo anterior, por cuanto resulta evidente que la
sociedad propietaria de los bosques, instalaciones y equipos no figura como parte
demandante en el proceso, y quienes sí lo hicieron -los accionantes- comparecieron
en calidad de personas naturales, sin legitimación para reclamar los daños de
naturaleza patrimonial en representación de la empresa.

Por otro lado, Jorge William Correa Monroy, Félix Antonio Niño Neira, Luis Antonio

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Demandante: Jorge William Correa Monroy y otros

Castiblanco Suárez y Elvia Rosa Uribe Rincón son las personas sobre las que recae
el interés jurídico que se debate en este proceso y están legitimadas en la causa por
activa para reclamar el daño consistente en el detrimento patrimonial derivado de las
pérdidas de la utilidad neta, toda vez que acreditaron ser socios minoritarios de la
sociedad Reforestadora Pinatar S.A. (hechos probados 7.1.15. a 7.1.19.). En efecto,
como accionistas de una sociedad anónima, les asiste el derecho a percibir una parte
proporcional de las utilidades determinadas en los balances de fin de ejercicio,
conforme lo dispone el artículo 37948 del Código de Comercio.

4.2. La Sociedad de Activos Especiales SAE S.A.S. se encuentra legitimada en la
causa por pasiva, en su calidad de sucesora procesal de la DNE En Liquidación,
entidad que fue designada como secuestre del establecimiento de comercio
Reforestadora Pinatar S.A. y de otros bienes de la misma sociedad, pues a dicha
entidad los demandantes atribuyen las pérdidas en la utilidad neta que les
correspondía como socios, derivadas de la irregular administración ejercida a
través del depositario provisional que designó para dicha labor.

5. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si se encuentra acreditada la causación de un
daño antijurídico consistente en el detrimento patrimonial derivado de las pérdidas en
la utilidad neta que correspondía a los demandantes en su calidad de accionistas de
la sociedad Reforestadora Pinatar S.A. y si dicho daño es imputable a la entidad
demandada.

6. Solución del problema jurídico

Antes de resolver el problema jurídico es menester hacer unas consideraciones
generales sobre la responsabilidad del Estado.

48 “Artículo 379. Derecho de los accionistas de la sociedad anónima. Cada acción conferirá a su

propietario los siguientes derechos: […] 2) El de recibir una parte proporcional de los beneficios
sociales establecidos por los balances de fin de ejercicio, con sujeción a lo dispuesto en la ley o en
los estatutos; […]”.

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Demandante: Jorge William Correa Monroy y otros

6.1. Consideraciones generales sobre la responsabilidad del Estado

El artículo 90 de la Constitución Política de 199149 consagró dos condiciones para
declarar la responsabilidad extracontractual del Estado: i) la existencia de un daño
antijurídico y ii) la imputación de éste al Estado.

Amén de que la fórmula comúnmente conocida para describir el fenómeno lesivo
indemnizable, esto es el daño antijurídico, como el primer elemento necesario para
poder endilgar la responsabilidad extracontractual a quien cause la lesión
patrimonial objeto de la solicitud de restablecimiento, se ha dicho que es aquel que
la persona no tiene el deber jurídico de soportar. Sumado a este elemento
estructural, también se requiere de otro componente necesario e indispensable
para establecer el deber de responder por los daños que cause la Administración
con su acción u omisión y es el referido a su asignación a quien deba responder
por aquel, lo que se conoce como imputación, que no es otra cosa que la
atribución fáctica y jurídica que del daño antijurídico se hace al Estado y que lo
obliga a repararlo. Lo anterior, por supuesto, comprende los daños causados en
ejercicio de la función pública y aquellos causados con motivo de ella, de acuerdo
con los criterios o causales de imputación que se han desarrollado para ello,
principalmente por la doctrina y que han sido acogidos y aplicados por la
jurisprudencia, como ocurre con la falla del servicio, el riesgo excepcional y el
daño especial50.

Es decir, verificada la ocurrencia de un daño antijurídico y su imputación al Estado,
surge el deber de indemnizarlo plenamente, con el fin de hacer efectivo el principio
neminem laedere.

49 “Artículo 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean
imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser
condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido
consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá
repetir contra éste”.
50 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, subsección C,

sentencia de 18 de mayo de 2017, Rad.: 36.386.

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7. El caso concreto

En los recursos de apelación presentados contra la sentencia del 25 de agosto de
2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda, la accionada señaló que no se
probó que la sociedad Reforestadora Pinatar S.A. fuera una sociedad productiva,
en tanto no contaba con contabilidad. Asimismo, afirmó que el a quo incurrió en
contradicción respecto de la responsabilidad del depositario provisional, pues
declaró la falla en el servicio de la DNE En Liquidación por la gestión de aquel,
pero, a su vez, consideró que no existía prueba suficiente para declarar su
responsabilidad como llamado en garantía.

Por su parte, los actores solicitaron la indexación de los perjuicios reconocidos, y
el reconocimiento del perjuicio material por la pérdida total de la infraestructura de
la fábrica y de las instalaciones administrativas, así como del perjuicio moral. No
obstante, la Sala no estudiará la solicitud relativa al reconocimiento del daño
derivado de la pérdida de las referidas instalaciones, como se advirtió
previamente, pues los demandantes no se encuentran legitimados en la causa por
activa para reclamar dicho daño.

En ese sentido, y comoquiera que ambas partes presentaron recurso de apelación
contra la sentencia del 25 de agosto de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo
de Norte de Santander, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del
Código General del Proceso, se resolverá el sub lite sin limitación alguna51. Por ello,
a continuación, se analizará si se acreditó la causación de un daño antijurídico
consistente en el detrimento patrimonial derivado de las pérdidas en la utilidad neta
que correspondía a los demandantes en su calidad de accionistas de la sociedad

51 “Artículo 328. Competencia del Superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que
deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan
apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin
limitaciones. En la apelación de autos, el superior solo tendrá competencia para tramitar y decidir el
recurso, condenar en costas y ordenar copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la
situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar
puntos íntimamente relacionados con ella. En el trámite de la apelación no se podrán promover
incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la
audiencia”.

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Reforestadora Pinatar S.A. y si dicho daño es imputable a la entidad demandada.

Bajo esta óptica, la Sala establecerá cuáles son los hechos probados, para
posteriormente analizar si los elementos que estructuran la responsabilidad del
Estado se encuentran acreditados.

7.1. Hechos probados

Así pues, se evidencia que, de conformidad con los medios probatorios allegados
oportuna y válidamente al proceso, se demostraron los siguientes hechos:

7.1.1. Consta que mediante escritura pública No. 2290 del 1 de octubre de 1998
otorgada en la Notaría Sexta de Cúcuta, se constituyó la sociedad Reforestadora
Pinatar S.A., ubicada en el kilómetro 7 vía Pamplona – Bucaramanga, Norte de
Santander, con el objeto social de “1. cultivo, desarrollo, aprovechamiento y
comercialización de plantaciones forestales y de aquellos bienes conexos y
complementarios, derivados de su explotación, importaciones y exportaciones,
compraventa y distribución de maderas y subproductos de la madera,
manufacturas y artesanías en que participe la madera. 2. diseño, formulación,
evaluación, ejecución, asistencia e interventoría en toda clase de obras de
ingeniería, adecuación y recuperación de suelos; dirección y ejecución de
proyectos en las áreas de adecuación y recuperación de suelos y aguas;
reforestación y control de erosión, inventarios forestales, paisajismo y ornato y
viveros forestales, planificación y evaluación de proyectos de reforestación,
ordenamiento y manejo forestal, aprovechamiento e industrialización de producto
forestal y estudios de suelos, ecología y control de erosión. 3. asistencia técnica
en el diseño, formulación, operación e interventoría en actividades
agroindustriales, agroforestales, ambientales y de saneamiento básico; auditoría
ambiental a obras de desarrollo, obras de infraestructura y manejo de cuencas. 4.
apoyo en la elaboración de agropecuarios, forestales, de solicitudes cofinanciación
de los mismos y elaboración de informes de soporte. 5. estudios de la biota
silvestre, impacto ambiental, investigaciones ecológicas, evaluación de impacto
ambiental y efectos ambientales. 6. adquisición y explotación de inmuebles rurales
o de propiedad de terceros o en sociedad con terceros, establecimiento para

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asociados la obtención de subproductos de la madrea, asociados y conexos;
representaciones, agencias o franquicias de personas naturales o jurídicas en
productos y equipos relacionados con la actividad enmarcada en su objeto social”.
De ello da cuenta la copia del certificado de existencia y representación expedida
por la Cámara de Comercio de Cúcuta el 29 de noviembre de 201352 y de la
escritura pública referida53.

7.1.2. Se constató que, mediante escritura pública No. 2290 del 1 de octubre de
1998 otorgada en la Notaría Sexta de Cúcuta, la sociedad Reforestadora Pinatar
S.A. adquirió a título de compraventa el predio denominado “El Olimpo de San
Lucas” identificado con matrícula inmobiliaria No. 272-9439 ubicado en el
municipio de Pamplona. De ello da cuenta el certificado de tradición de dicho
inmueble.54

7.1.3. Se verificó que, mediante escritura pública No. 2549 del 6 de noviembre de
1998 otorgada en la Notaría Sexta de Cúcuta, la sociedad Reforestadora Pinatar
S.A. adquirió a título de compraventa el predio denominado “Pinatar I” identificado
con matrícula inmobiliaria No. 272-31582, ubicado en el municipio de Pamplona.
De ello da cuenta el certificado de tradición de dicho inmueble.55

7.1.4. Se acreditó que mediante escritura pública No. 2549 del 6 de noviembre de
1998 otorgada en la Notaría Sexta de Cúcuta, la sociedad Reforestadora Pinatar
S.A. adquirió a título de compraventa el predio denominado “Pinatar II” identificado
con matrícula inmobiliaria No. 272-31581, ubicado en el municipio de Pamplona.
De ello da cuenta el certificado de tradición de dicho inmueble.56

7.1.5. Se probó que, el 16 de abril de 1999, Jorge Enrique Moncada Pérez elaboró
el documento denominado “Resumen de informe técnico”, en el cual consignó las
cifras más significativas de sembrado correspondientes a los predios “Pinatar I”,
“Pinatar II” y “El Olimpo de San Lucas”. En dicho documento indicó que, para esa

52 Páginas 42 a 47 del Archivo “001CuadernoP1.pdf” del expediente digital, índice 2 Samai.
53 Páginas 48 a 79 del Archivo “001CuadernoP1.pdf” del expediente digital, índice 2 Samai.
54 Páginas 172 a 175 del Archivo “001CuadernoP1.pdf” del expediente digital, índice 2 Samai.
55 Páginas 170 y 171 del Archivo “001CuadernoP1.pdf” del expediente digital, índice 2 Samai.
56 Páginas 168 y 169 del Archivo “001CuadernoP1.pdf” del expediente digital, índice 2 Samai.

30

Radicado: 54001233300020130039902 (69263)
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fecha, el primero tenía 22.403 árboles sembrados en un área de 917.363 m²; el
segundo, 2.300 árboles en un área de 174.659 m² y; el tercero, 40.770 en un área
de 29,41 m². De ello da cuenta copia del referido documento.57

7.1.6. Consta que, el 20 de agosto de 2000, el perito avaluador Héctor Rodríguez
Díaz a petición de la sociedad Reforestadora Pinatar S.A., realizó el avalúo del
predio “Pinatar I”, identificado con matrícula inmobiliaria No. 272-31582 y ubicado
en el municipio de Pamplona, con el propósito de aportarlo al trámite de un crédito
que dicha sociedad solicitó al banco Agrario. En dicho documento, el perito señaló
que las 23 hectáreas del predio ocupadas por árboles maderables -pino patula,
pino radiata, eucaliptus y ciprés- tenían un valor de $345’285.000. De ello da
cuenta la copia el referido documento de fecha 4 de septiembre.58

7.1.7. Se demostró que el 27 de septiembre de 2000, Luis Antonio Castiblanco
Suárez adquirió 18 acciones ordinarias de la sociedad Reforestadora Pinatar S.A.,
cada una por valor de $1’000.000, como dan cuenta los títulos de acciones Nos.
0440 a 0457 de la misma fecha.59

7.1.8. Se acreditó que, el 19 de febrero de 2001, el perito avaluador Héctor
Rodríguez Díaz a petición de la sociedad Reforestadora Pinatar S.A., realizó el
avalúo del predio “El Olimpo de San Lucas”, identificado con matrícula inmobiliaria
No. 272-9439 y ubicado en el municipio de Pamplona, con el propósito de
aportarlo al trámite de un crédito que la referida sociedad solicitó al banco Agrario.
En dicho documento, el perito señaló que las 30 hectáreas del predio ocupadas
por 40.770 árboles maderables -pino patula, pino radiata, eucaliptus y ciprés-
tenían un valor de $300’000.000. De ello da cuenta la copia del documento de la
misma fecha.60

7.1.9. Se acreditó que el 12 de marzo de 2001, Luis Antonio Castiblanco Suárez
adquirió 6 acciones ordinarias de la sociedad Reforestadora Pinatar S.A., cada

57 Páginas 180 a 188 del Archivo “001CuadernoP1.pdf” del expediente digital, índice 2 Samai.
58 Páginas 219 a 226 del Archivo “001CuadernoP1.pdf” del expediente digital, índice 2 Samai.
59 Páginas 95 a 111 del Archivo “005Vinculación.pdf” del expediente digital, índice 2 Samai.
60 Páginas 227 a 236 del Archivo “001CuadernoP1.pdf” del expediente digital, índice 2 Samai.

31

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una por valor de $1’000.000, como dan cuenta los títulos de acciones Nos. 0458 a
0464 de la misma fecha.61

7.1.10. Se comprobó que, al 31 de diciembre de 2001, el balance general de la
sociedad Reforestadora Pinatar S.A. daba cuenta de que sus plantaciones
agrícolas y forestales ubicadas en el predio “Pinatar I” tenían un valor de
$337´706.203; en el predio “Pinatar II” de $68’697,536; y en el predio “El Olimpo
de San Lucas” de $91’080,220. Igualmente, de acuerdo con dicho documento, por
concepto de propiedad de planta y equipos, la sociedad registraba activos por
valor de $79’146.256. Así consta en la copia del citado balance general. 62

7.1.11. Consta que, para el 21 de marzo de 2002, la sociedad Reforestadora
Pinatar S.A. se encontraba vinculada al programa Expopyme de Proexport y había
desarrollado satisfactoriamente el Plan Exportador y la Capacitación que exigía el
Programa. De ello da cuenta la certificación de la misma fecha suscrita por la
directora nacional del referido programa y el presidente de Proexport.63

7.1.12. Se probó que, el 20 de mayo de 2002, el perito avaluador Héctor
Rodríguez Díaz a petición de la sociedad Reforestadora Pinatar S.A., realizó el
avalúo del predio “Pinatar I” identificado con matrícula inmobiliaria No. 272-31582
y ubicado en el municipio de Pamplona, con el propósito de aportarlo al trámite de
un crédito bancario con garantía real. En dicho documento, el perito señaló que las
23 hectáreas del predio ocupadas por árboles maderables -pino patula, pino
radiata, eucaliptus y ciprés- tenían un valor de $345’000.000. De ello da cuenta la
copia el referido documento.64

7.1.13. Se comprobó que, el 20 de mayo de 2002, el perito avaluador Héctor
Rodríguez Díaz a petición de la sociedad Reforestadora Pinatar S.A., realizó el
avalúo del predio “El Olimpo de San Lucas” identificado con matrícula inmobiliaria
No. 272-9439 y ubicado en el municipio de Pamplona, con el propósito de

61 Páginas 113 a 119 del Archivo “005Vinculación.pdf” del expediente digital, índice 2 Samai.
62 Páginas 305 a 309 del Archivo “001CuadernoP1.pdf” del expediente digital, índice 2 Samai.
63 Página 253 del Archivo “001CuadernoP1.pdf” del expediente digital, índice 2 Samai.
64 Páginas 14 a 23 del Archivo “002CuadernoP2.pdf” del expediente digital, índice 2 Samai.

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Radicado: 54001233300020130039902 (69263)
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aportarlo al trámite de un crédito bancario con garantía real. En dicho documento,
el perito señaló que las 30 hectáreas del predio ocupadas por 40.770 árboles
maderables -pino patula, pino radiata, eucaliptus y ciprés- tenían un valor de
$300’000.000. De ello da cuenta la copia del documento de la misma fecha.65

7.1.14. Se demostró que, mediante Resolución No. 00631 del 2 de diciembre de
2004, CORPONOR ordenó el registro de la sociedad Reforestadora Pinatar S.A.
en el Registro de Operaciones Forestales, y dio cuenta tanto de la actividad
desarrollada por la sociedad como de la maquinaria utilizada por la empresa
registrada, según da cuenta la copia de dicha Resolución, de cuyo contenido se
destaca lo siguiente:66

“[…] 2- CARACTERISTICAS DE LA ACTIVIDAD. La empresa se caracteriza por el
cultivo, desarrollo, aprovechamiento comercialización de plantaciones forestales y
de aquellos bienes conexos y complementarios, derivados de su explotación,
importaciones y exportaciones, compraventa y distribución de maderas y
subproductos de la madera, manufacturas y artesanías en que participe la madera.
Laboran en la empresa un promedio cuatro (4) operarios de planta (técnicos del
SENA) y nueve (9) operarios. El volumen de madera procesada es de
aproximadamente 150 M3 de madera de la especie pino patula, pino ciprés, pino
radiata y eucalipto clasifica como depósito de madera. 3-DESCRIPCION DE LA
MAQUINARIA UTILIZADA. La empresa cuenta con la siguiente maquinaria: Una (1)
máquina Wood - Mizer una máquina de corte horizontal que trabaja la madera rolliza
hasta sacar tablas de un (1) milímetro, una (1) máquina circular, un (1) cepillo
eléctrico, una aproximadamente (1) machimbradera y una (1) cepilladura. El área de
la empresa es de 2000 metros cuadrados el cual se encuentra cubierto en un 80%
con paredes en material en madera sacado de la misma explotación, distribuida en
área de oficina, espacio para la maquinaria, área del homo de secado (existen dos
(2) hornos de secado con capacidad de 55 metros cúbicos de madera), área de
secado al natural y depósito de madera. […]”.

7.1.15. Se probó que, al 17 de febrero de 2006, Jorge William Correa Monroy era
propietario de 23 acciones de la sociedad Reforestadora Pinatar S.A., equivalente
a una participación del 4.6%. De ello da cuenta copia del libro de accionistas
registrado en la Cámara de Comercio de Cúcuta.67

7.1.16. Se verificó que, al 17 de febrero de 2006, Luis Antonio Castiblanco Suárez
era propietario de 25 acciones de la sociedad Reforestadora Pinatar S.A.,

65 Páginas 24 a 37 del Archivo “002CuadernoP2.pdf” del expediente digital, índice 2 Samai.
66 Páginas 150 a 156 del Archivo “001CuadernoP1.pdf” del expediente digital, índice 2 Samai.
67 Páginas 121 a 125 del Archivo “005Vinculación.pdf” del expediente digital, índice 2 Samai.

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Radicado: 54001233300020130039902 (69263)
Demandante: Jorge William Correa Monroy y otros

equivalente a una participación del 5.0%. De ello da cuenta copia del libro de
accionistas registrado en la Cámara de Comercio de Cúcuta.68

7.1.18. Se demostró que, al 17 de febrero de 2006, Elvia Rosa Uribe Rincón era
propietario de 43 acciones de la sociedad Reforestadora Pinatar S.A., equivalente
a una participación del 8.6%. De ello da cuenta copia del libro de accionistas
registrado en la Cámara de Comercio de Cúcuta.69

7.1.19. Consta que, al 17 de febrero de 2006, Félix Antonio Niño Neira era
propietario de 59 acciones de la sociedad Reforestadora Pinatar S.A., equivalente
a una participación del 11.8%. De ello da cuenta copia del libro de accionistas
registrado en la Cámara de Comercio de Cúcuta.70

7.1.20. Se comprobó que, para el 30 de noviembre de 2006, la composición
accionaria de la sociedad Reforestadora Pinatar S.A. era la siguiente: i) Rodrigo
Trujillo, 2 acciones equivalentes al 0.4%; ii) Félix Antonio Niño Neira, 59 acciones
equivalentes al 11.8%; iii) Elvia Rosa Uribe Rincón, 43 acciones equivalentes al
8.6%; iv) Luis Antonio Castiblanco Suárez, 25 acciones equivalentes al 5.0%; v)
María Victoria Nieto Clavijo, 348 acciones equivalentes al 69.6% y; vi) Jorge
William Correa Monroy, 23 acciones equivalentes al 4.6%. De ello da cuenta el
folio del libro de accionistas de la sociedad Reforestadora Pinatar S.A.71.

7.1.21. Se probó que, el 15 de abril de 2010, una funcionaria del ICA visitó los
predios “Pinatar I”, “Pinatar II” y “El Olimpo de San Lucas” de propiedad de la
sociedad Reforestadora Pinatar S.A., en la que constató la existencia de
plantaciones de pino patula, ciprés y eucalipto, como dan cuenta el formato de
dicha visita y el informe técnico No. 045 de la misma fecha del cual se destaca lo
siguiente:72

68 Páginas 91 a 93 del Archivo “005Vinculación.pdf” del expediente digital, índice 2 Samai.
69 Páginas 39 a 43 del Archivo “005Vinculación.pdf” del expediente digital, índice 2 Samai.
70 Páginas 147 a 151 del Archivo “005Vinculación.pdf” del expediente digital, índice 2 Samai.
71 Páginas 82 a 97 del Archivo “001CuadernoP1.pdf” del expediente digital, índice 2 Samai.
72 Páginas 114 a 129 del Archivo “002CuadernoP2.pdf” del expediente digital, índice 2 Samai.

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Radicado: 54001233300020130039902 (69263)
Demandante: Jorge William Correa Monroy y otros

“[…] 3. SITUACIÓN ENCONTRADA El día 14 y 15 de abril de 2010 se llevó a cabo
la visita de verificación del predio Pinatar, ubicado en la vereda La Navarra de
municipio de Pamplona, según los datos que contiene la documentación recibida en
la solicitud el pasado 11 de noviembre de 2009, así como a partir de las
especificaciones dadas en este informe en los numerales 1° y 2°. Se encontró una
plantación de 64.97 hectáreas, dividida en tres grandes lotes: Lote Pinatar I de 24.4
Ha con las especies Pinus patula, Pinus radiata y Cupressus lusitánica de 25 años.
Lote Pinatar II con 5.07 Ha establecidas con Pinus patula. Lote El Olimpo de San
Lucas con una extensión de 35.5 ha con Pinus patula de 20 años de edad. Los tres
lotes muestran un buen estado fitosanitario, durante el recorrido de estos no se notó
ningún síntoma que pueda llevar a conclusiones de enfermedad. El predio presenta
pendientes entre el 70% y el 80% aproximadamente, encontrándose el mayor
porcentaje de la plantación en laderas de montaña. […]”

7.1.22. Consta que, mediante Resolución del 7 de septiembre de 2011, la Fiscalía
18 Especializada de la Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio
y contra el Lavado de Activos inició la acción de extinción de dominio contra
Ricardo Nieto Clavijo y otras personas, y ordenó el embargo y secuestro de los
predios “Pinatar II” identificado con matrícula inmobiliaria No. 272-31581; “Pinatar
I” identificado con matrícula inmobiliaria No. 272-31582; y “El Olimpo de San
Lucas” identificado con matrícula inmobiliaria No. 272-9439; todos ubicados en el
municipio de Pamplona, así como del establecimiento de comercio Reforestadora
Pinatar S.A., pertenecientes a la sociedad del mismo nombre, tal como consta en
la copia de dicha resolución, de la cual se destaca lo siguiente73:

“[…] En cuanto a la Reforestadora Pinatar constituida mediante escritura pública No.
2290 del 98, se evidencia de los certificados de cámara de comercio Nos. 83252 y
Nit. 807003349-6 que Maria Victoria Nieto Clavijo y Eudes Nieto Clavijo (hermanos
de Ricardo Nieto Clavijo) ejercen cargos en la junta directiva de ésta sociedad,
como también Humberto Ortiz Miranda (hijo de Ortiz Jaimes) y Humberto Ortiz
Jaimes afectado directo e igualmente en diligencia de indagatoria el señor Ricardo
manifiesta ser accionista de esta empresa, lo que indica que este bien tiene vínculo
con la actividad delictiva como quiera que fue creada para el año en que esta
organización se investiga, lo que conlleva a afirmar que se debe afectar la misma,
como igualmente los inmuebles que aparecen de la Reforestadora con M.I.
27231581 y 27231582 y 2729439, inmuebles adquiridos en el año 1.999, 2000 y
1.998 (sic) y el establecimiento de comercio creado por la misma de la misma fecha
de la creación de la sociedad y con M-I- 83253, ubicado en la avenida 10 No.4-58
Barrio Callejón de la ciudad de Cúcuta. […]”

7.1.23. Se probó que, el 13 de septiembre de 2011, se inscribió en la Oficina de
Instrumentos Públicos de Pamplona el oficio No. 13403 del 7 de septiembre de
2011, mediante el cual la Fiscalía 18 Especializada de la Unidad Nacional para la

73 Páginas 62 a 82 del Archivo “002CuadernoP2.pdf” del expediente digital, índice 2 Samai.

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Demandante: Jorge William Correa Monroy y otros

Extinción del Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos ordenó el
embargo del predio “Pinatar II”, identificado con matrícula inmobiliaria No. 272-
31581 y ubicado en el municipio de Pamplona. De ello da cuenta el certificado de
tradición de dicho inmueble.74

7.1.24. Se comprobó que, el 13 de septiembre de 2011, se inscribió en la Oficina
de Instrumentos Públicos de Pamplona el oficio No. 13403 del 7 de septiembre de
2011, por medio del cual la Fiscalía 18 Especializada de la Unidad Nacional para
la Extinción del Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos ordenó el
embargo del predio “Pinatar I”, identificado con matrícula inmobiliaria No. 272-
31582 y ubicado en el municipio de Pamplona. De ello da cuenta el certificado de
tradición de dicho inmueble.75

7.1.25. Se constató que, el 13 de septiembre de 2011, se inscribió en la Oficina de
Instrumentos Públicos de Pamplona el oficio No. 13403 del 7 de septiembre de
2011, por el cual la Fiscalía 18 Especializada de la Unidad Nacional para la
Extinción del Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos ordenó embargo
el predio “El Olimpo de San Lucas”, identificado con matrícula inmobiliaria No.
272-9439 y ubicado en el municipio de Pamplona. De ello da cuenta el certificado
de tradición de dicho inmueble.76

7.1.26. Se acreditó que, el 14 de septiembre de 2011, se inscribió en el registro
mercantil de la Cámara de Comercio de Cucuta el oficio No. 0013408 de la
Fiscalía General de la Nación, mediante el cual se decretó el embargo del
establecimiento de comercio Reforestadora Pinatar S.A., matriculado por la
sociedad del mismo nombre. De ello da cuenta la copia del certificado de
existencia y representación de la Cámara de Comercio de Cucuta del 29 de
noviembre de 201377.

74 Páginas 168 y 169 del Archivo “001CuadernoP1.pdf” del expediente digital, índice 2 Samai.
75 Páginas 170 y 171 del Archivo “001CuadernoP1.pdf” del expediente digital, índice 2 Samai.
76 Páginas 172 a 175 del Archivo “001CuadernoP1.pdf” del expediente digital, índice 2 Samai.
77 Páginas 42 a 47 del Archivo “001CuadernoP1.pdf” del expediente digital, índice 2 Samai.

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Radicado: 54001233300020130039902 (69263)
Demandante: Jorge William Correa Monroy y otros

7.1.27. Consta que, el 6 de octubre de 2011, la Fiscalía 18 Especializada de la
Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y contra el Lavado de
Activos realizó el secuestro del establecimiento de comercio Reforestadora Pinatar
S.A., como consta en el acta de la misma fecha suscrita por la fiscal 18 referida, la
funcionaria representante de la DNE En Liquidación Haydi Yanira Franco Salazar,
el depositario provisional Leonel Medina Soto y Jaime Villamizar Clavijo78, de la
cual se destaca lo siguiente:

“[…] nos hicimos presentes en la Reforestadora Pinatar S.A. en el kilómetro 7 vía
Pamplona – Bucaramanga, lugar donde funciona el establecimiento de comercio y
sociedad Reforestadora Pinatar S.A. donde fuimos atendidos por el señor Jaime
Villamizar Calvijo identificado con cédula No. […] quien manifestó ser el
administrador de los predios y la Reforestadora, respecto a dicho bien a esta
persona se le entera de la naturaleza y objeto de la presente diligencia.
Seguidamente, se procede a solicitar los siguientes documentos: inventario de los
bienes que forman parte del establecimiento de comercio, balance general,
escrituras de compraventa y/o contrato de arrendamiento del inmueble donde
funciona el mismo, Resolución de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
donde autoriza o habilita la numeración de las facturas de venta, número de la
última factura de venta utilizada, certificados de parafiscales (nómina), a lo cual se
hizo entrega de los siguientes documentos: afirma que no posee inventario, no
posee balance general, no posee escrituras ni certificado DIAN. No posee facturas
enumeradas por la DIAN, lleva el control de ventas en un formato de la
Reforestadora, no posee nómina ya que dice no funciona la sociedad y que las
nóminas son de hace 2 años. En los archivos se encontró un facturador enumerado
del 309 al 350 y copia de la 301, 304, 305, 306, 308 del año 2005 diligenciadas y la
última del 2006. Descripción del establecimiento de comercio: el establecimiento se
encuentra construido en el predio Pinatar No. I (272-31582) afectado en (sic) se
encuentra una infraestructura en metal, columnas en metal y madera, techo de zinc
con 2 habitaciones en madera, lugar de vivienda del administrador, piso en
cemento, baño en baldosa, un espacio para máquinas y hornos, la construcción
mide aproximadamente 22 x 22 m² y espacio de 480 a 500 m² con energía y agua
de nacimiento. Esta infraestructura está en buen estado. El inventario es tomado en
formato de la DNE. En consecuencia, con lo anterior se procede a declarar
legalmente secuestrado el presente establecimiento de comercio en cumplimiento
de lo previsto en el artículo 12 de la Ley 793 de 2002 en concordancia con lo
ordenado por el fiscal de conocimiento se designa como secuestre en esta diligencia
la Dirección Nacional de Estupefacientes, entidad que se encuentra representada
por Haydi Yanira Franco Salazar. […] En uso de la palabra el secuestre aquí
designado manifiesta que a su vez designa como depositario provisional al Dr.
Leonel Medina Soto […] De otro parte se le informa a los aquí designados y a quien
atiende la diligencia que de este momento en adelante se entenderá para todos los
efectos con la Dirección Nacional de Estupefacientes, entidad a disposición de quien
queda el establecimiento de comercio descrito en esta acta y quien dispondrá lo de
su cargo respecto a la administración y destinación del mismo. En consecuencia con
lo anterior se hace entrega real y material del establecimiento a la Dirección
Nacional de Estupefacientes para que proceda a levantar los inventarios respectivos

78 Páginas 38 a 114 del Archivo “002CuadernoP2.pdf” del expediente digital, índice 2 Samai.

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Radicado: 54001233300020130039902 (69263)
Demandante: Jorge William Correa Monroy y otros

en desarrollo y cumplimiento de lo previsto en numeral 6 del artículo 682 del C. P. C.
normatividad aplicable por integración de lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 793
de 2002. Se le recuerda al depositario provisional cuáles son las consecuencias
jurídicas que le sobrevendrán en el evento que se aparte de sus obligaciones, las
que conserva mientras la Dirección Nacional de Estupefacientes lo remueve de su
cargo y/o decide sobre su destinación provisional y que toda asesoría y vigilancia
del establecimiento de comercio estará bajo la dependencia del secuestre, sin que
pueda disponer del mismo, conforme a los parámetros normativos indicados en el
decreto 306 de febrero 13 de 1998, la ley 785 de 2002 y demás normas
concordantes. En el evento de consignar dineros por concepto de arrendamiento y
otros que se generen por la administración del establecimiento, se hará en la cuenta
de recaudo nacional No. 011060068 del Banco Popular y 0070020089-2 del Banco
Agrario, cuyo titular es la Dirección Nacional de Estupefacientes ubicado en la
carrera 13 No. 52-83 de Bogotá, teléfono No. 4870088 y fax: 3484317, organismo
que atenderá todo lo relacionado con el establecimiento aquí secuestrado. Lo
anterior atendiendo los parámetros normativos señalados en la Ley 793 de 2002,
Ley 785 de 2002 (Destinación y Administración de Bienes) y demás normas
concordantes. Se le hace entrega de los siguientes documentos al funcionario que
representa a la Dirección Nacional de Estupefacientes: certificado de Cámara de
Comercio. Constancia: se le hace o recibe declaración a quien nos atendió en la
diligencia”.

7.1.28. Se comprobó que, el 6 de octubre de 2011, la Fiscalía 18 Especializada de
la Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y contra el Lavado
de Activos realizó el secuestro del predio “El Olimpo de San Lucas” identificado
con matrícula inmobiliaria No. 272-9439 ubicado en el municipio de Pamplona,
como consta en el acta de la misma fecha suscrita por la fiscal 18 referida, la
funcionaria representante de la DNE En Liquidación Haydi Yanira Franco Salazar,
el depositario provisional Leonel Medina Soto y Jaime Villamizar Clavijo79, de la
cual se destaca lo siguiente:

[…] Seguidamente se procede а identificar el inmueble de la siguiente manera:
Área: 55 hectáreas. Linderos: lo que se hallan minuciosamente establecidos en la
escritura pública 22902290 del primero de octubre de 1998 de la Notaría 6ª del
Círculo de Cúcuta relacionada con el predio El Olimpo de San Lucas en el municipio
de Pamplona (folio 3) con ficha catastral 00-03-0002-0078-00 y a que se refiere el
croquis que se anexa y que (sic) posee como colindantes a Cristobal Mantilla,
Antonio María Gallardo y Emilio Villamizar por el nororiente y sur con José
Villamizar. Descripción y Anexidades: no posee construcción, alguna es bosque, sin
servicios públicos, quien atiende la diligencia, señor Jaime Villamizar afirma que no
han sido explotados y la idea era explotarlos por la sociedad Pinatar. […] Estado del
bien: bosques. Uso o destinación actual del bien: bosques con madera maderable.
En caso de afectarse bienes muebles, su identificación puntual y relación se anexa
a esta acta. A continuación, se procede a declarar legalmente secuestrado el
presente inmueble. Consecuencialmente se designa a la Dirección Nacional de
Estupefacientes como secuestre del inmueble secuestrado en cumplimiento de lo

79 Páginas 42 a 45 del Archivo “002CadernoP2.pdf” del expediente digital, índice 2 Samai.

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Radicado: 54001233300020130039902 (69263)
Demandante: Jorge William Correa Monroy y otros

previsto en el artículo 12 de la Ley 793 de 2002 modificada por la Ley 1395 de 2010
у 1453 de 2011 y 1º de la Ley 785 de 2002 en concordancia con lo ordenado por el
fiscal de conocimiento, representada en esta diligencia por Haydi Yanira Franco
Salazar. […] entidad que en ejercicio de sus funciones a su vez designa como uso
de la palabra el secuestre aquí designado manifiesta que a su vez designa como
depositario provisional a Leonel Medina Soto […] Acto seguido se le se informa a los
aquí designados cuáles son sus deberes y obligaciones y se les recuerda las
consecuencias que puede traerles el incumplimiento al cuidado debido de los bienes
que por esta acta se les entrega; quienes enterados de lo anterior, aceptan el cargo
y con sus firmas en la presente acta se entiende que quedan debidamente
posesionados. De la misma forma se les hace saber a los aquí designados y a quien
atiende la diligencia que de este momento en adelante, se entenderá para todos los
efectos relacionados con los bienes en cuestión, con la Dirección Nacional de
Estupefacientes ubicada en la Calle 53 No 13-27 de Bogotá D.C. teléfono 4870088
extensión 1602 y fax 3436480 extensión 1310; entidad a disposición de quien queda
el inmueble a partir de este instante y quien dispondrá lo de su cargo respecto a la
administración, destinación y tenencia de los mismos de acuerdo con las normas en
cita y el Decreto 306 de febrero 13 de 1998. En el evento de que se deban
consignar dineros por concepto de arrendamiento y otros que se generen por la
administración del bien, se hará en las cuentas de recaudo nacional No. 011060068
del Banco Popular o 0070020089-2 del Banco Agrario, cuyo titular es la Dirección
Nacional de Estupefacientes, de lo cual se le comunicará a esa entidad, así como
cualquier situación irregular que se presente y que tenga que ver con el bien. En
desarrollo, de las normas citadas y estando presente el doctor Haydi Yanira Franco
Salazar quien representa los intereses de la Dirección Nacional de Estupefacientes,
procede el Despacho a hacer entrega real y material del inmueble. Observaciones:
Se realizó por parte de la policía judicial registro fílmico y fotográfico: Sí. […] Se
hace entrega de los siguientes documentos al funcionario de la Dirección Nacional
de Estupefacientes: acta de secuestro, Folio de Matrícula Inmobiliaria, Ficha Predial,
Plano Cartográfico: 2290, Escritura Pública No: 2290 […]”

7.1.29. Se probó que, el 6 de octubre de 2011, la Fiscalía 18 Especializada de la
Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y contra el Lavado de
Activos realizó el secuestro del predio “Pinatar I” identificado con matrícula
inmobiliaria No. 272-31582 ubicado en el municipio de Pamplona, como consta en
el acta de la misma fecha suscrita por la fiscal 18 referida, la funcionaria
representante de la DNE En Liquidación Haydi Yanira Franco Salazar, el
depositario provisional Leonel Medina Soto y Jaime Villamizar Clavijo80, de la cual
se destaca lo siguiente:

“[…] Seguidamente se procede a identificar el inmueble de la siguiente manera:
Área: 24 hectáreas. Linderos: norte carretera de por medio (sic) con Pinatar II predio
de la sociedad y No. 272-31581, sur con predio de Gallardo, oriente predio Pinatar II
de la sociedad y occidente con Antonio Gallardo y Cristobal Mantilla. Descripción y
Anexidades: posee una construcción con casa en tapia, paredes y techo en caña y
teja de barro, puso en ladrillo, columnas en ladrillo a la vista. Posee 4 habitaciones,

80 Páginas 47 a 50 del Archivo “002CadernoP2.pdf” del expediente digital, índice 2 Samai.

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Radicado: 54001233300020130039902 (69263)
Demandante: Jorge William Correa Monroy y otros

una bodega, una cocina, un baño y sala, terraza, baño con tina en regular estado,
puertas en madera. Posee una construcción en biga de madera y otra metálica,
techo en hoja zinc y estructura metálica que sostiene el zinc, posee 2 habitaciones
en madera, un baño y piso en cemento y el piso del baño en baldosa, allí funciona el
procesamiento de madera por lo que en ella se poseen las máquinas y hornos
respectivos. La construcción planta mide aproximadamente 22 x 22m². servicios:
energía y agua de nacimiento. Estado del bien: la construcción metálica en buenas
condiciones y la casa en mal estado. Uso o destinación actual del bien: habitación
en madera en donde reside el señor Jaime Villamizar y la planta de procesamiento
de madera y la casa del predio en mal estado, deshabitada. En caso de afectarse
bienes muebles, su identificación puntual y relación se anexa a esta acta. A
continuación, se procede a declarar legalmente secuestrado el presente inmueble.
Consecuencialmente se designa a la Dirección Nacional de Estupefacientes como
secuestre del inmueble secuestrado en cumplimiento de lo previsto en el artículo 12
de la Ley 793 de 2002 modificada por la Ley 1395 de 2010 y 1453 de 2011 y 1º de
la Ley 785 de 2002 en concordancia con lo ordenado por el Fiscal de conocimiento
representada en esta diligencia por Haydi Yanira Franco Salazar […] entidad que,
en ejercicio de sus funciones, a su vez designó como depositario provisional a
Leonel Medina Soto […] Acto seguido se le se informa a los aquí designados cuáles
son sus deberes y obligaciones y se les recuerda las consecuencias que puede
traerles el incumplimiento al cuidado debido de los bienes que por esta acta se les
entrega; quienes enterados de lo anterior, aceptan el cargo y con sus firmas en la
presente acta se entiende que quedan debidamente posesionados. De la misma
forma se les hace saber a los aquí designados y a quien atiende la diligencia que de
este momento en adelante, se entenderá para todos los efectos relacionados con
los bienes en cuestión, con la Dirección Nacional de Estupefacientes ubicada en la
Calle 53 No 13-27 de Bogotá D.C. teléfono 4870088 extensión 1602 y fax 3436480
extensión 1310; entidad a disposición de quien queda el inmueble a partir de este
instante y quien dispondrá lo de su cargo respecto a la administración, destinación y
tenencia de los mismos de acuerdo con las normas en cita y el Decreto 306 de
febrero 13 de 1998. En el evento de que se deban consignar dineros por concepto
de arrendamiento y otros que se generen por la administración del bien, se hará en
las cuentas de recaudo nacional No. 011060068 del Banco Popular o 0070020089-2
del Banco Agrario, cuyo titular es la Dirección Nacional de Estupefacientes, de lo
cual se le comunicará a esa entidad, así como cualquier situación irregular que se
presente y que tenga que ver con el bien. En desarrollo, de las normas citadas y
estando presente el doctor Haydi Yanira Franco Salazar quien representa los
intereses de la Dirección Nacional de Estupefacientes, procede el Despacho a hacer
entrega real y material del inmueble. Observaciones: Se realizó por parte de la
policía judicial registro fílmico y fotográfico: No. […] Se hace entrega de los
siguientes documentos al funcionario de la Dirección Nacional de Estupefacientes:
Recibo de servicio telefónico […]”.

7.1.30. Se acreditó que, el 6 de octubre de 2011, la Fiscalía 18 Especializada de la
Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y contra el Lavado de
Activos también realizó el secuestro del predio “Pinatar II” identificado con
matrícula inmobiliaria No. 272-31581 ubicado en el municipio de Pamplona, como
consta en el acta de la misma fecha suscrita por la fiscal 18 referida, la funcionaria
representante de la DNE En Liquidación Haydi Yanira Franco Salazar, el

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Radicado: 54001233300020130039902 (69263)
Demandante: Jorge William Correa Monroy y otros

depositario provisional Leonel Medina Soto y Jaime Villamizar Clavijo81, de la cual
se destaca lo siguiente:

“[…] Seguidamente se procede a identificar el inmueble de la siguiente manera:
Área: 5,07 hectáreas. Linderos: norte con Cristobal Mantilla, sur con Pinatar I y
Antonio Gallardo, oriente con Cristobal Mantilla y occidente con Pinatar I. los
linderos especificados se encuentran en la escritura 2290. Descripción y
Anexidades: es un lote o predio cultivado con pinos con destino a la sociedad
Pinatar. Servicios: no posee. Estado del bien: bosque. Uso o destinación actual del
bien: cultivo de pino o bosque. En caso de afectarse bienes muebles, su
identificación puntual y relación se anexa a esta acta. A continuación, se procede a
declarar legalmente secuestrado, el presente inmueble. Consecuencialmente se
designa a la Dirección Nacional de Estupefacientes como secuestre del inmueble
secuestrado en cumplimiento de lo previsto en el artículo 12 de la Ley 793 de 2002
modificada por la Ley 1395 de 2010 y 1453 de 2011 y 1º de la Ley 785 de 2002 en
concordancia con lo ordenado por el Fiscal de conocimiento representada en esta
diligencia por Haydi Yanira Franco Salazar […] entidad que, en ejercicio de sus
funciones, a su vez designa como depositario provisional a Leonel Medina Soto […]
Acto seguido se le se informa a los aquí designados cuáles son sus deberes y
obligaciones y se les recuerda las consecuencias que puede traerles el
incumplimiento al cuidado debido de los bienes que por esta acta se les entrega;
quienes enterados de lo anterior, aceptan el cargo y con sus firmas en la presente
acta se entiende que quedan debidamente posesionados. De la misma forma se les
hace saber a los aquí designados y a quien atiende la diligencia que de este
momento en adelante, se entenderá para todos los efectos relacionados con los
bienes en cuestión, con la Dirección Nacional de Estupefacientes ubicada en la
Calle 53 No 13-27 de Bogotá D.C. teléfono 4870088 extensión 1602 y fax 3436480
extensión 1310; entidad a disposición de quien queda el inmueble a partir de este
instante y quien dispondrá lo de su cargo respecto a la administración, destinación y
tenencia de los mismos de acuerdo con las normas en cita y el Decreto 306 de
febrero 13 de 1998. En el evento de que se deban consignar dineros por concepto
de arrendamiento y otros que se generen por la administración del bien, se hará en
las cuentas de recaudo nacional No. 011060068 del Banco Popular o 0070020089-2
del Banco Agrario, cuyo titular es la Dirección Nacional de Estupefacientes, de lo
cual se le comunicará a esa entidad, así como cualquier situación irregular que se
presente y que tenga que ver con el bien. En desarrollo, de las normas citadas y
estando presente el doctor Haydi Yanira Franco Salazar quien representa los
intereses de la Dirección Nacional de Estupefacientes, procede el Despacho a hacer
entrega real y material del inmueble. Observaciones: Se realizó por parte de la
policía judicial registro fílmico y fotográfico: No. […] Se hace entrega de los
siguientes documentos al funcionario de la Dirección Nacional de Estupefacientes:
acta de secuestro, Folio de Matrícula Inmobiliaria, Ficha Predial, Plano Cartográfico,
Escritura Pública No: 2290 […]”.

7.1.31. Se demostró que, el 3 de febrero de 2012, la Fiscalía 18 Especializada de
la Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y contra el Lavado
de Activos comunicó a la Cámara de Comercio de Cúcuta “que el embargo,
secuestro y la consecuente suspensión del poder dispositivo, de las sociedades y

81 Páginas 51 a 54 del Archivo “002CadernoP2.pdf” del expediente digital, índice 2 Samai.

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Radicado: 54001233300020130039902 (69263)
Demandante: Jorge William Correa Monroy y otros

establecimientos de comercio denominada Reforestadora Pinatar S.A.
identificadas con las matrículas mercantiles nro. 83252 у 83253, ordenadas
mediante oficio nro. 13408 del 07 de septiembre de 2011, únicamente comprende
las acciones correspondientes al señor Ricardo Nieto Clavijo y María Victoria Nieto
Clavijo; se exceptúan las acciones de los demás socios. En consecuencia, las
acciones de los señores Ricardo Nieto Clavijo y María Victoria Nieto Clavijo que
figuren en esta sociedad quedan a partir de la fecha fuera del comercio”. De ello
da cuenta copia del oficio del 3 de febrero de 2012 suscrito por la referida fiscal.82

7.1.32. Se comprobó que, el 6 de febrero de 2012, la Fiscalía 18 Especializada de
la Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y contra el Lavado
de Activos comunicó al subdirector de bienes de la DNE En Liquidación que “el
embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo de la sociedad y
establecimiento de comercio denominada Reforestadora Pinatar S.A. […] versa
únicamente sobre las acciones que figuren bajo la titularidad de los señores
Ricardo Nieto Clavijo y María Victoria Nieto Clavijo, exceptuándose las acciones
de los demás socios. Lo anterior para los fines a que haya lugar, teniendo en
cuenta que a la fecha la DNE posee la administración de la sociedad y
establecimiento de comercio Reforestadora Pinatar S.A.”. De ello da cuenta copia
del oficio de la misma fecha suscrito por la asistente judicial de dicha Fiscalía.83

7.1.33. Se verificó que, el 6 de febrero de 2012, la Fiscalía 18 Especializada de la
Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y contra el Lavado de
Activos comunicó a Félix Antonio Niño Neira “que esta delegada mediante
resolución proveída el 16 de enero de 2012 efectuó la aclaración de la resolución
proferida el 07 de septiembre del 2011 en donde se ordenó el embargo de la
sociedad y establecimiento de comercio aquí aludida; se aclara que la presente
acción con relación a esta sociedad, versa únicamente en contra de las acciones
que estén bajo la titularidad de los señores Ricardo Nieto Clavijo y María Victoria
Nieto Clavijo, exceptuándose las acciones de los demás socios. En cumplimiento
a esta resolución, se remitieron los oficios Nos. 576 y 580 dirigidos a la Cámara de
Comercio de la Ciudad de Cúcuta y a la Dirección Nacional de Estupefacientes

82 Página 96 del Archivo “002CadernoP2.pdf” del expediente digital, índice 2 Samai.
83 Página 97 del Archivo “002CuadernoP2.pdf” del expediente digital, índice 2 Samai.

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Radicado: 54001233300020130039902 (69263)
Demandante: Jorge William Correa Monroy y otros

para efectos de la respectiva aclaración sobre la medida que versa sobre esta
sociedad”. De ello da cuenta copia del oficio de la misma fecha suscrito por la
asistente judicial de dicha Fiscalía.84

7.1.34. Consta que, el 10 de abril de 2012, una funcionaria del ICA solicitó al
depositario provisional Leonel Medina Soto sus datos de contacto, con el fin de
entregarle los resultados del análisis de muestra del pino patula y pino ciprés
realizado en los predios de la sociedad Reforestadora Pinatar S.A., así como para
continuar el monitoreo de las enfermedades reportadas en el resultado de
laboratorio. De ello da cuenta la comunicación de la misma fecha.85

7.1.35. Se acreditó que, el 28 de junio de 2012, el depositario provisional de la
sociedad Reforestadora Pinatar S.A. y sus bienes, Leonel Medina Soto, solicitó al
ICA Seccional Norte de Santander que, con el propósito de realizar la explotación
económica de los predios y del establecimiento de comercio entregados en
depósito provisional, fuera incluido como la persona autorizada para solicitar las
respectivas guías de circulación y movimiento de la madera de pino patula “que se
pueda producir en los predios a mi cargo”. De ello da cuenta el escrito de la misma
fecha.86

7.1.36. Se comprobó que, el 3 de julio de 2012, el gerente seccional del ICA, Norte
de Santander, dio “viabilidad” a la petición del 28 de junio de 2012 del depositario
provisional Leonel Medina Soto, “con la condición obligatoria de informar a este
despacho en el término de la distancia cuando termine su condición de depositario
provisional del predio Resforestadora Pinatar Ubicado km 7 vía Pamplona-
Bucaramanga”. De ello da cuenta la comunicación de la misma fecha.87

7.1.37. Consta que, el 22 de febrero de 2013, Jorge William Correa Monroy, Félix
Antonio Niño Neira, Luis Antonio Castiblanco Suárez y Elvia Rosa Uribe Rincón
solicitaron a la DNE En Liquidación revisar la gestión adelantada por el depositario

84 Página 98 del Archivo “002CuadernoP2.pdf” del expediente digital, índice 2 Samai.
85 Página 176 del Archivo “002CuadernoP2.pdf” del expediente digital, índice 2 Samai.
86 Página 134 del Archivo “002CuadernoP2.pdf” del expediente digital, índice 2 Samai.
87 Página 132 del Archivo “002CuadernoP2.pdf” del expediente digital, índice 2 Samai.

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Radicado: 54001233300020130039902 (69263)
Demandante: Jorge William Correa Monroy y otros

provisional Leonel Medina Soto, evaluar sus informes, si los hubiere, ordenar la
suspensión de la extracción de madera en los predios secuestrados de la
sociedad Reforestadora Pinatar S.A. y entregarles copia de los informes sobre la
administración de dicha sociedad, en su calidad de secuestre. De ello da cuenta
copia del escrito de la misma fecha del cual se destaca lo siguiente:88

“[…] 1. El día seis (6) del mes de octubre de 2011 los bienes de la sociedad, su
establecimiento de comercio, razón social, muebles, inmuebles, herramientas,
equipos e inventario de bosques en pino patula, fueron objeto de diligencia de
secuestro dentro del trámite iniciado de extinción del dominio por la Fiscalía 18
Especializada de la Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y
contra el Lavado de Activos, en ejecución de Resolución del 7 de septiembre de
2011 de ese despacho. […] 2. Inmediatamente fuimos enterados de tal situación, los
accionistas minoritarios de la sociedad anónima Reforestadora Pinatar S.A., nos
dirigimos a la Fiscalía Dieciocho Delegada Especializada para solicitar se aclarara la
mencionada Resolución y, de estar a derecho, proceder a la desafectación de
nuestras acciones; la anterior petición fue atendida favorablemente mediante oficio
de fecha 16 de enero de 2012, siendo exonerados de la afectación y procediendo
mediante derecho de petición a alertar a las instituciones sobre una posible
actividad depredadora de estos bosques. 3. En los últimos meses hemos conocido
que la administración a cargo de los bienes antes mencionados está prácticamente
arrasando con los bosques, procediendo a la tumba de la totalidad de los árboles de
cada lote, modalidad de explotación de bosques comerciales conocida como "tala
rasa" y procediendo a la venta de madera en "bruto", esto es, sin ningún proceso
adicional que le agregue valor, no obstante, existir en los inventarios a disposición
hornos para el secado de la madera y equipos y herramientas para segundo y tercer
proceso de la madera, o sea, para secar la madera y darle mayor estabilidad,
duración y valor, elaborar muebles de hogar y de oficina de calidad, puertas
macizas, artesanías, etc. Como expresamos en anterior escrito a la Fiscalía, no
tendría sentido el ahorro de estos viejos y maduros árboles, si no son aprovechados
en su potencial real. Nos referimos a cincuenta y cuatro hectáreas (54 Has) de
bosques comerciales en pino patula, que no habían sido aprovechadas a seis de
octubre de 2011 y que contienen unos sesenta mil (60.000) árboles,
aproximadamente ocho mil (8000 m3) de madera madura en pie, lo que equivale a
un volumen entre cuatro mil (4000 m3) y cinco mil (5000 m3) de madera del primer
proceso, es decir escuadrada o en bloque. 4. Las maderas de pino patula son
aprovechables en nuestro medio y condiciones desde los 12 a 15 años de
sembrados los árboles, pero aún aprovechados en esa edad no se considera un
buen negocio. La rentabilidad y real potencial de las maderas de Reforestadora
Pinatar realmente está en aprovechar esta materia prima (que es valiosa por la
cantidad de años de maduración de estos bosques -más de 30 años: 35 y 40 en la
mayoría de lotes-), en la fabricación y venta de productos acabados, como los arriba
mencionados. Por todo lo anterior afirmamos que se está cometiendo un exabrupto
empresarial económico; la manifiesta urgencia de arrasar los bosques es
inexplicable, como tampoco desconocimiento de esta actividad maderera y forestal
por parte de quienes han asumido responsabilidad de cuidar y explotar
adecuadamente estos recursos. 5. Es sumamente lamentable que este valioso
recurso se esté vendiendo como piezas escuadradas y como leña; los campos de
tala rasa están llenos de orillos o cortezas que evidencian el gran desperdicio de

88 Páginas 85 a 95 del Archivo “002CuadernoP2.pdf” del expediente digital, índice 2 Samai.

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cortar con motosierras, tecnología arcaica puesto que cada corte genera a lo largo
del árbol 1.5 cms de desperdicio que se convierte en aserrín y pérdida económica;
usan motosierras no obstante existir en las instalaciones un equipo Wood-Mizer en
buen estado que sólo genera una pérdida ínfima de madera, es decir, un pequeño
montoncito de aserrín. […] 6.- El día lunes 3 de diciembre pasado nos hicimos
presentes en el sitio algunos de quienes suscribimos este derecho de petición y
pudimos constatar lo que hoy podemos afirmar: se está realizando sobre los
bosques de Reforestadora Pinatar S.A., una explotación antieconómica, y
antitécnica, que puede arrojar como resultado un balance económico negativo, la
pérdida de un recurso forestal valioso y se puede constituir en un lamentable
ejemplo de depredación forestal que solo se podrá explicar en la ignorancia de unos
pésimos administradores y su afán de enriquecimiento y la ausencia de mecanismos
e instituciones de control, con grave perjuicio para las responsabilidades y el buen
nombre de la Dirección Nacional de Estupefacientes y sus altos funcionarios. El
domingo 9 de diciembre pasado realizamos las fotografías que hoy queremos
compartir con ustedes y que demuestran la implacable acción a la que están siendo
sometidos estos bosques, con gran desperdicio en su extracción y falta de criterio
empresarial en su uso o destino, generando además un daño ambiental de enormes
proporciones. 7. El Doctor Leonel Medina Soto, quien fue referido como depositario
provisional designado por la Dirección Nacional de Estupefacientes D.N.E. no
contesta al teléfono 3102000844 que nos dieron, nadie en las instalaciones de
Reforestadora Pinatar S.A., sabe o da razón de en donde vive o trabaja; […] No
tenemos conocimiento de los informes técnicos, económicos y financieros que
hayan rendido los responsables de esta explotación de los bosques, si es que lo han
hecho, como tampoco de la evaluación de tales informes por parte de la Dirección
Nacional de Estupefacientes D.N.E., o de la Fiscalía General de la Nación. Tampoco
estamos informados de planes de manejo forestal que guíen esta actividad,
permisos ambientales, contratos, facturaciones de venta o información alguna que
permita entender la actividad y sus resultados y, mucho menos, del uso de los
recursos y la participación económica a que tenemos derecho por ley como
propietarios, aún en nuestra condición de accionistas minoritarios, sumando entre
nosotros aproximadamente el treinta por ciento (30%) y habiendo sido desafectados
por la Fiscalía. […]”

7.1.38. Se constató que mediante oficio del 18 de marzo de 2013, la asesora
jurídica de la Unidad de Gestión de Sociedades de la DNE En Liquidación le
informó a Jorge William Correa Monroy, Félix Antonio Niño Neira, Luis Antonio
Castiblanco Suárez y Elvia Rosa Uribe Rincón que esa entidad realizaría una
visita a los predios y al establecimiento de comercio de propiedad de la sociedad
Reforestadora Pinatar S.A. “con el propósito de recaudar información que permita
realizar los correctivos necesarios a la situación planteada por ustedes”. De ello da
cuenta copia del oficio de la misma fecha.89

7.1.39. Se acreditó que, el 22 de marzo de 2013, el gestor de la Unidad de Gestión
de Sociedades de la DNE En Liquidación ordenó suspender las autorizaciones

89 Páginas 100 a 102 del Archivo “002CuadernoP2.pdf” del expediente digital, índice 2 Samai.

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Demandante: Jorge William Correa Monroy y otros

para la movilización de recursos madereros provenientes de los inmuebles de
propiedad de la sociedad Reforestadora Pinatar S.A., toda vez que dicha entidad,
en su calidad de secuestre de los bienes, no había autorizado al depositario
provisional Leonel Medina Soto para realizar el corte de las plantaciones. De ello
da cuenta el oficio de la misma fecha.90

7.1.40. Se comprobó que, mediante Resolución No. 170 del 8 de julio de 2013
CORPONOR formuló pliego de cargos contra la sociedad Reforestadora Pinatar
S.A. como presunta infractora de las normas ambientales por la no conformación
del Departamento de Gestión Ambiental y la ausencia de reporte en el formato
aplicable a las grandes y medianas empresas dentro del término establecido. De
ello da cuenta copia de dicha Resolución91, la cual fue notificada por aviso a la
referida sociedad el 15 de agosto de 2013 según copia del mismo.92

7.1.41. Se verificó que, el 24 de octubre de 2013, los accionistas minoritarios
Jorge William Correa Monroy, Félix Antonio Niño Neira, Luis Antonio Castiblanco
Suárez y Elvia Rosa Uribe Rincón realizaron una asamblea general de accionistas,
en la cual Eudes Javier Nieto Clavijo dejó constancia que era el representante
legal de la sociedad y que no había sido relevado en sus funciones por la
secuestre DNE En Liquidación, “a pesar de haber perdido la disposición de la
sociedad y sus bienes por orden de la Fiscalía desde el 6 de octubre de 2011”.
Igualmente, se dejó constancia del estado en el que fueron encontradas las
instalaciones y los bienes de la empresa, de la gestión adelantada por la DNE En
Liquidación a través del depositario provisional y de que no se presentaron
estados financieros correspondientes al año 2102 ni de lo corrido de 2013, como
da cuenta el acta de la misma fecha suscrita por los referidos socios y por la
apoderada de la DNE En Liquidación en los siguientes términos:93

“[…] Los accionistas de la sociedad Reforestadora Pinatar SA, deseamos dejar
constancia que nos hemos hecho presentes en las instalaciones de la empresa a fin
de llevar a cabo la reunión de Asamblea convocada por el representante legal, sin
haber encontrado allí administrador o celador alguno, tampoco operarios, solo un

90 Páginas 291 a 293 del Archivo “002CuadernoP2.pdf” del expediente digital, índice 2 Samai.
91 Páginas 347 a 350 del Archivo “002CuadernoP2.pdf” del expediente digital, índice 2 Samai.
92 Página 346 del Archivo “002CuadernoP2.pdf” del expediente digital, índice 2 Samai.
93 Páginas 158 a 162 del Archivo “001CadernoP1.pdf” del expediente digital, índice 2 Samai.

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Demandante: Jorge William Correa Monroy y otros

radio prendido a alto volumen. En vista de lo anterior, localizamos al copropietario
del predio vecino señor Fredy Gallardo quien nos dijo que en Pinatar no había nadie
desde hacía como dos meses y afirmó que los bosques del predio ‘El Olimpo de
San Lucas’ también habían sido talados, corroborando con ello lo que reflejan unas
fotografías que recientemente tomó el Técnico Forestal Jhonattan Rodríguez
contratado por parte de los accionistas minoritarios para aclarar el rumor que les
llegó sobre la tumba de árboles en ese predio, como se hizo en ‘Pinatar II’; no se
entró al ‘Olimpo de San Lucas’ por el mal estado del carreteable de acceso en este
momento. Conocido lo anterior, los accionistas nos dispusimos a verificar las
puertas de acceso de las instalaciones de la empresa, observando que no tenían
ningún tipo de seguridad lo que nos permitió acceder sin ninguna dificultad
encontrando en completo abandono las instalaciones, en desorden y suciedad; es
evidente el desvalijamiento de la casa de administración y de unas pocas máquinas
que aún quedan; no se encontraron herramientas de ninguna clase y los bosques
aledaños a las instalaciones desaparecieron quedando solo el rastro de una
improvisada explotación. Se dispuso a tomar un registro fotográfico de la situación
encontrada. A pesar del caos existente que encontramos se procedió a iniciar la
Asamblea acordada desarrollando a continuación el orden del día […]. 4.- Informe
del Secuestre. En lo que corresponde al 69.6% de las acciones de la sociedad no se
presenta ningún informe, según lo expresa a la Asamblea la Dra. Yaneth
Salamanca, en representación de la Dirección Nacional de Estupefacientes DNE En
Liquidación. Los asistentes reiteramos en la preocupación acerca de qué informes
se tenían de las actividades desarrolladas en estos dos años por el depositario
provisional y cómo se explicaba el lamentable manejo dado a los recursos de la
sociedad. La Dra. Salamanca se comprometió a que una vez llegase a Bogotá se
dirigiría a la Dirección y al Departamento Jurídico de la institución para informar
detalladamente la situación encontrada, con las novedades de la desaparición del
bosque del predio ‘El Olimpo de San Lucas’ y la visión caótica que ofrecían las
instalaciones cuando llegamos a instalarnos para la realización de la Asamblea
previamente convocada y para informarse sobre las acciones iniciadas por la
entidad en relación con las actividades del depositario provisional, teniendo en
cuenta que la entidad en el mes de marzo de este año y a través del funcionario
Mauricio Villamizar, comisionado por la Dirección, ya había oficiado a las entidades
respectivas ordenando la suspensión inmediata de los permisos de tala de árboles y
movilización de maderas de los predios de la empresa pero, al parecer, el bosque
de ‘El Olimpo de San Lucas’ o lo que quedara de esta reserva de madera en esa
fecha, fue talado con posterioridad a la venida del funcionario. No obstante, lo
anterior, los presentes deciden que acudirán a la mayor brevedad a la Fiscalía, para
poner en su conocimiento la presente situación. […] 6.- Estudio de Estados
Financieros a 31 de diciembre de 2012 y a 30 de junio de 2013. No se presentan. Al
respecto la Dra. Yaneth Salamanca, representante de la Dirección Nacional de
Estupefacientes DNE En Liquidación expuso a la Asamblea que lo concerniente al
69.6% no hay informe, pero sí hay una gestión orientada a la reconstrucción de la
contabilidad para lo cual se ha oficiado a la Administración de Impuestos
Nacionales, Oficina de Instrumentos Públicos de Pamplona, Secretaría de Hacienda
(alcaldía municipal de pamplona), Oficina de Catastro de Pamplona, copia de lo cual
presenta para anexar al acta.[…]”.

7.1.42. Consta que, para el 25 de octubre de 2013, la sociedad Reforestadora
Pinatar S.A. se encontraba inactiva y no desarrollaba actividad productiva, según

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Demandante: Jorge William Correa Monroy y otros

lo manifestó una funcionaria de la Unidad de Gestión de Sociedades de la DNE En
Liquidación en oficio de la misma fecha, del cual se destaca lo siguiente:94

“[…] 1. Cómo está la sociedad hoy. La Sociedad Reforestadora Pinatar S.A., está
inactiva y no es productiva. 2. Situación actual de la sociedad. La Dirección Nacional
de Estupefacientes solo ostenta la calidad de secuestre del 69.6% de las acciones.
En consecuencia, de conformidad con el artículo 5º de la Ley 735 de 2002, esta
entidad ejerce derechos sociales que corresponden a las acciones, cuotas o partes
de interés que hayan sido objeto de medida cautelar, manteniendo al señor Eudes
Javier Nieto Clavijo la calidad de representante legal de la misma. El citado señor
Nieto a la fecha no ha presentado informes del estado jurídico, administrativo y
financiero, de la sociedad Reforestadora Pinatar S.A. desde la fecha de incautación
octubre 6 de 2011. […] Esta Entidad en Liquidación, mediante oficio No 601 - 4519 -
2013, de fecha noviembre 20 de 2013, radicado No. 20136000971991 del 25 de
noviembre 2013 envió a la DIAN solicitud de información tributaria de la Sociedad.
La respuesta la remitieron el 9 de diciembre de 2013 con radicado No
20132051446782 indicando que: por las declaraciones de renta del año 2006, 2007,
2008, 2010 y 2012 no presentadas (omiso); por impuesto de ventas por los años
2011, 2012, 2013 no aparecen declaraciones presentadas (omiso); retención en la
fuente año 2006, 2011, 2012, 2013 no aparecen declaraciones presentadas (omiso).
Esta entidad en Liquidación mediante oficio No 601 - 4520 - 2013, de fecha
noviembre 20 de 2013, radicado No 20136000972021 del 25 de noviembre de 2013
envió a la Cámara de Comercio de Cúcuta solicitando copia de los estados
financieros de la sociedad. La respuesta de la radiación con el No 20132051444472
el 9 de diciembre de 2013 informaron no tener estados financieros de la sociedad.
Esta entidad en Liquidación mediante oficio No 601 - 3748 -- 2013 de fecha
septiembre 11 de 2013, radicado No. 20136000794011 del 18 de setiembre de
2013, se solicitó a la Oficina de Catastro de Pamplona avalúo catastral de los
predios a nombre de la empresa y la Oficina de Catastro con Radicado No.
20132051151682 del 8 de octubre de 2013 informo lo siguiente: Matricula
inmobiliaria 272-9439 (55 hectáreas Finca El Olimpo de San Lucas Vereda
Sabaneta) $2.679.000. Matricula inmobiliaria 272-31592 (24 hectáreas Finca
Pinatar, Vereda Jurado) $400.000. Matricula inmobiliaria 272-31531 (5.07. hectáreas
Finca Pinatar II Vereda Jurado $5.633.000. Con Resolución No 725 del 1 de
noviembre de 2013, el señor depositario provisional nombrado en diligencia de
incautación fue removido del cargo. Mediante oficio No 600 - 620 - 2014 de fecha
febrero 7 de 2014, radicado No. 20146000094241 del 11 de febrero de 2014 se
solicitó al depositario para que presente rendición de cuentas, a la fecha no hemos
obtenido respuesta”.

7.1.43. Se demostró que, mediante oficio del 25 de febrero de 2014, el gestor de la
Unidad de Gestión de Sociedades de la DNE En Liquidación manifestó que se
encontraba pendiente de avaluar la maquinaria extraviada del establecimiento de
comercio Reforestadora Pinatar S.A., que se había solicitado la rendición de
cuentas al depositario provisional Leonel Medina Soto, sin obtener respuesta de
su parte; que este había sido removido de su cargo, y que no se habían

94 Páginas 85 a 87 del Archivo “008Audiencia Inicial y otros.pdf” del expediente digital, índice 2

Samai.

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Demandante: Jorge William Correa Monroy y otros

presentado denuncias penales ni disciplinarias en su contra. De ello da cuenta el
oficio de la misma fecha, del cual se destaca lo siguiente:95

“[…] 4. ¿Cuáles son las demandas que se han presentado contra el representante
legal? Respuesta: Enviamos memorando No 601-509-2013 de fecha agosto 22 de
2013; radicado No 20136C0C016093, a la doctora Helena Sandoval Morales
solicitando iniciar las acciones contra el depositario Provisional Leonel Medina Soto
del 69.6% de la Sociedad Reforestadora Pinatar S.A. Indagando en la Unidad de
Gestión Jurídica con la Doctora Berenice Corles me dice que están pendientes de
un informe detallado de la maquinaria perdida y para ello se requiere una visita para
que realice un avalúo de la perdida. Con la Resolución No 0725 de 1 noviembre de
2013 se remueve el depositario provisional Leonel Medina Soto, con el oficio No.
205-2245-2013 y con Radicado No. 20132050925131 de noviembre 11 de 2013 se
le comunica de la Resolución No. 0725. Con el oficio No. 20146000094241 de
febrero 11 de 2014 se reitera al señor Medina la entrega de la rendición de cuentas.
Sin embargo, a estos requerimientos el señor no ha dado respuesta a la fecha. Con
el oficio No 600-976-2014 de fecha 18 de febrero de 2014, se envía convocatoria
para Asamblea General de Accionistas al señor Eudes Javier Nieto Clavijo -
representante legal de la sociedad Reforestadora Pinatar S.A. A este tema no
hemos tenido conocimiento por la Unidad de jurídica de haber presentado denuncia.
5. ¿Se ha presentado denuncia a la Procuraduría? Respuesta: No se ha presentado
denuncia a la Procuraduría”.

7.1.44. Se constató que, el 27 de febrero de 2014, el gestor de la Unidad de
Gestión de Sociedades de la DNE En Liquidación solicitó a Leonel Medina Soto
rendir cuentas de su gestión como depositario provisional de la sociedad
Reforestadora Pinatar S.A. De ello da cuenta el oficio de la misma fecha.96

7.1.45. Se comprobó que, el 20 de marzo de 2014, la apoderada general de la
DNE En Liquidación presentó denuncia ante la Fiscalía General de la Nación
contra Leonel Medina Soto por los posibles delitos de peculado por apropiación y
prevaricato por omisión, derivados de su gestión como depositario provisional de
la sociedad Reforestadora Pinatar S.A. De ello da cuenta la denuncia de la misma
fecha.97

7.1.46. Se acreditó que, el 26 de marzo de 2014, el gestor de la Unidad de Gestión
de Sociedades de la DNE En Liquidación solicitó nuevamente a Leonel Medina

95 Páginas 93 a 97 del Archivo “008Audiencia Inicial y otros.pdf” del expediente digital, índice 2

Samai.
96 Páginas 105 a 107 del Archivo “008Audiencia Inicial y otros.pdf” del expediente digital, índice 2

Samai.
97 Páginas 109 a 127 del Archivo “008Audiencia Inicial y otros.pdf” del expediente digital, índice 2

Samai.

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Radicado: 54001233300020130039902 (69263)
Demandante: Jorge William Correa Monroy y otros

Soto rendir cuentas de su gestión como depositario provisional de la sociedad
Reforestadora Pinatar S.A. De ello da cuenta el oficio de la misma fecha.98

7.1.47. Se comprobó que, el 3 de abril de 2014, el gestor de la Unidad de Gestión
de Sociedades de la DNE En Liquidación solicitó a la gestora de la Unidad de
Gestión Jurídicas de esa misma entidad iniciar acciones legales contra Leonel
Medina Soto, por sus acciones y omisiones respecto de la administración de los
bienes y establecimiento de comercio de la sociedad Reforestadora Pinatar S.A.
De ello da cuenta el oficio de la misma fecha.99

7.2. Análisis de los elementos de la responsabilidad del Estado

En aras de resolver el problema jurídico que se debate en el proceso, la Sala
analizará de forma ordenada cada uno de los elementos de la responsabilidad
patrimonial del Estado, ya que la configuración de dicho instituto jurídico depende
de la sumatoria condicional de los componentes que lo conforman. Por lo anterior,
se hace necesario abordar dichos elementos de la siguiente manera: i) el daño
antijurídico y; ii) posteriormente su imputación frente al Estado.

Lo anterior, más allá de consistir en una metodología sugerida por la Sala, atiende
a una lógica en la que, naturalmente, ante la ausencia del daño como elemento
esencial del instituto indemnizatorio, el análisis del subsiguiente carece de toda
utilidad, ya que aún ante su existencia, no será posible declarar responsabilidad
patrimonial de la Administración100-101.

98 Páginas 129 a 131 del Archivo “008Audiencia Inicial y otros.pdf” del expediente digital, índice 2

Samai.
99 Páginas 155 a 157 del Archivo “008Audiencia Inicial y otros.pdf” del expediente digital, índice 2

Samai.
100 Sobre este aspecto Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección

Tercera. Sentencias del 13 de agosto de 2008, Rad. 16516; 6 de junio de 2012, Rad. 24633; 5 de
marzo de 2020, Rad. 50264.
101 Frente a la existencia del daño como elemento de la responsabilidad, la Corte Suprema de

Justicia considera lo siguiente: “cabe afirmar que dentro del concepto y la configuración de la
responsabilidad civil, es el daño un elemento primordial y el único común a todas las
circunstancias, cuya trascendencia fija el ordenamiento. De ahí que no se dé responsabilidad sin
daño demostrado, y que el punto de partida de toda consideración en la materia, tanto teórica
como empírica, sea la enunciación, establecimiento y determinación de aquel, ante cuy falta resulta
inoficiosa cualquier acción indemnizatoria”. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil.
Sentencia del 4 de abril de 1968. Por su parte, el profesor Fernando Hinestrosa expresa sobre este

50

Radicado: 54001233300020130039902 (69263)
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7.2.1. El daño antijurídico

Para comenzar, debe señalarse que el daño antijurídico es la lesión injustificada a
un interés protegido por el ordenamiento. En otras palabras, es toda afectación
que no está amparada por la ley o el derecho 102, que contraría el orden legal103 o
que está desprovista de una causa que la justifique104, resultado que se produce
sin derecho al contrastar con las normas del ordenamiento y, contra derecho, al
lesionar una situación reconocida o protegida105, violando de manera directa el
principio alterum non laedere, en tanto resulta contrario al ordenamiento jurídico
dañar a otro sin repararlo por el desvalor patrimonial que sufre. En su fórmula
reducida, se dice que daño antijurídico es aquel que la persona no tiene el deber
jurídico de soportar, descripción que, aunque ilustra en términos generales el
fenómeno lesivo indemnizable, resulta insuficiente para explicarlo integralmente.

En este caso, el detrimento patrimonial derivado de las pérdidas en la utilidad neta
correspondiente a los demandantes en su calidad de accionistas de la sociedad
actora lesionaría este derecho económico fundamental de los socios que, si bien
no es absoluto, pues está sujeto a las reglas de la asamblea general de
accionistas de cada sociedad y a la existencia real de ganancias, está consagrado
en la ley106 107, de modo que un detrimento a este derecho constituiría la

particular lo siguiente: “La responsabilidad, entendida latamente como la obligación de resarcir
daños y perjuicios, parte de un dato imprescindible: el daño. La presencia de un quebranto,
independientemente del esmero en su definición y de la exigencia de actualidad o consolidación de
él, o de su certidumbre o su advenimiento más o menos probable. En ausencia de daño no hay
obligación, y el aserto, por demás obvio, pone de presente el carácter estrictamente resarcitorio de
la responsabilidad en el derecho de tradición romanista.” Hinestrosa, Fernando., “Devenir del
derecho de daños”, Revista de Derecho Privado, Universidad Externado de Colombia, n.º 32,
enero-junio de 2017, 5-26. Pág. 6.
102 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 2 de marzo de 2000. Rad.: 11945
103 Cfr. De Cupis. Adriano. Teoría General de la Responsabilidad. Traducido por Ángel Martínez

Sarrión. 2ª ed. Barcelona: Bosch Casa Editorial S.A.1975. Pág.90.
104 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 11 de noviembre de 1999, Rad.: 11499;

Sentencia del 27 de enero de 2000, Rad.: 10867.
105 Cosso. Benedetta. Responsabilitá della Pubblica Amministrazione, en obra colectiva

Responsabilitá Civile, a cargo de Pasquale Fava. Pág. 2407, Giuffrè Editore, 2009, Milán, Italia.
106 “Artículo 150. Distribución de utilidades sociales - procedimiento general. La distribución de las

utilidades sociales se hará en proporción a la parte pagada del valor nominal de las acciones,
cuotas o partes de interés de cada asociado, si en el contrato no se ha previsto válidamente otra
cosa.
Las cláusulas del contrato que priven de toda participación en las utilidades a algunos de los socios
se tendrán por no escritas, a pesar de su aceptación por parte de los socios afectados con ellas”.

51

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Demandante: Jorge William Correa Monroy y otros

afectación de un interés legítimo protegido por el ordenamiento jurídico, cuya
lesión no encontraría justificación legal.

Sin embargo, en el caso sub examine se observa que el referido daño no se
encuentra probado como pasa a explicarse.

Así, además de los medios probatorios arrimados al proceso, de los cuales ya se
hizo un recuento en los hechos probados, se observa que Javier Alexander Flórez
Medina108, ingeniero forestal y ex empleado de la sociedad Reforestadora Pinatar
S.A., declaró el 25 de noviembre de 2013 ante el Notario 5º del Círculo de Cúcuta
que, en 2003, con ocasión de su trabajo de tesis de grado sobre formulación del
plan de manejo forestal, realizó la cartografía e inventarios forestales de todos los
predios con plantaciones de pino patula, entre los cuales se encontraba el predio
“El Olimpo de San Lucas”.

Por su parte, Jorge Enrique Moncada Pérez109, ingeniero forestal, quien fue socio
fundador de la Reforestadora Pinatar S.A. y accionista hasta el año 2003, cuando
vendió sus acciones a María Victoria Nieto Clavijo, así como exempleado de la
sociedad, declaró, el 28 de noviembre de 2013, ante el Notario 5º del Círculo de
Cúcuta, que “en el tiempo de servicio profesional a esta empresa se realizaron de
manera prioritaria las siguientes actividades: a) Inventario total de los bosques
mediante conteo y medición individual a todos los árboles contenidos en los
predios ‘Pinatar’ lote de 5.5. hectáreas y lote de 24.5 hectáreas y ‘El Olimpo de
San Lucas’ de 35 hectáreas aproximadamente, establecidos con cultivos de Pino
patula y unos pocos ejemplares de ciprés, eucalipto y Pino radiata; b) Avalúo de
los predios mencionados y c) estudios varios sobre Planes de Manejo Forestal, de
mantenimiento de las plantaciones, desperdicio por uso de motosierras y de

107 Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C-707 del 6 de julio de 2005, MP: Jaime Córdoba

Triviño: “[…] El Código de Comercio protege el derecho del socio al reparto efectivo de utilidades
liquidas. En particular, es necesario advertir que la ley comercial señala que, en principio, las
sociedades deben repartir, cuando menos, el 50% de las utilidades líquidas del ejercicio (arts. 155
del C. De Co.). Sin embargo, el artículo 240 de la ley 222 de 1995, autoriza a una mayoría del 78%
de las acciones, cuotas o partes de interés representadas en la reunión de la asamblea a disminuir
el porcentaje mínimo de utilidades repartibles. Esta disposición tiende a proteger al socio
minoritario, pues exige mayorías especiales para la adopción de una decisión que compromete su
derecho a percibir dividendos o participaciones en los beneficios sociales. […]”.
108 Páginas 176 y 177 del Archivo “001CadernoP1.pdf” del expediente digital, índice 2 Samai.
109 Páginas 178 y 179 del Archivo “001CadernoP1.pdf” del expediente digital, índice 2 Samai.

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Demandante: Jorge William Correa Monroy y otros

soporte para la adecuación del proyecto a la adquisición de equipos de primero,
segundo y tercer proceso de la madera. Declaró que los inventarios realizados
arrojaron una existencia de árboles y volumen de madera en pie […], estadística
que sirvió de soporte para la presentación de estudios para la colocación de
acciones, gestión del crédito y sostenibilidad de la empresa en cuanto a
disposición de materia prima propia”. El declarante señaló que el esfuerzo de los
accionistas y empleados fue el de generar agroindustria para la rentabilidad de la
empresa, dado que el sector forestal es el sector que más generaba empleo y que
“para todo ello la empresa tenía una Junta Directiva, una gerencia, un
departamento técnico, revisor fiscal y los obreros y operarios que era necesario
incorporar para el debido aprovechamiento de los recursos forestales”.

Igualmente, Héctor Rodríguez Díaz110, quien fue perito contratado por el banco
Agrario para avaluar los predios de propiedad de la sociedad Reforestadora
Pinatar S.A. con ocasión del trámite de un crédito con garantía hipotecaria iniciado
por dicha sociedad, declaró ante el Notario 5º del Círculo de Cúcuta, que elaboró
el dictamen el 4 de septiembre de 2000 y valoró tanto los terrenos, como las
construcciones y los cultivos permanentes allí establecidos de pino patula.

Se observa que, si bien dichas declaraciones extrajudiciales pueden ser
valoradas111, habida cuenta de que la parte demandada no solicitó su ratificación,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 222 el CGP112, y aunque la
declaración de Jorge Enrique Moncada Pérez podría considerarse sospechosa, en
la medida en que fue socio y fundador de la sociedad Reforestadora Pinatar S.A.,
lo cierto es que ninguna de las referidas declaraciones resultan idóneas para
demostrar cuáles fueron las utilidades netas que los demandantes perdieron o
dejaron de recibir, en su calidad de accionistas de dicha sociedad.

110 Páginas 207 y 208 del Archivo “001CuadernoP1.pdf” del expediente digital, índice 2 Samai.
111 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 5 de marzo de 2021, exp. 62669 y Corte Constitucional, sentencia T-247 del 17 de
mayo de 2016, MP: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
112 “Artículo 222. ratificación de testimonios recibidos fuera del proceso. Solo podrán ratificarse en

un proceso las declaraciones de testigos cuando se hayan rendido en otro o en forma anticipada
sin citación o intervención de la persona contra quien se aduzcan, siempre que esta lo solicite.
Para la ratificación se repetirá el interrogatorio en la forma establecida para la recepción del
testimonio en el mismo proceso, sin permitir que el testigo lea su declaración anterior”.

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Demandante: Jorge William Correa Monroy y otros

Asimismo, se observa que, según el acta de la asamblea general de accionistas
del 24 de octubre de 2013, no se presentaron los estados financieros
correspondientes al año 2012 ni a lo corrido de 2013, ocasión en la cual la
representante de la DNE En Liquidación expuso a la Asamblea que, en lo
concerniente al 69.6%, correspondiente a las acciones de Ricardo Nieto Clavijo y
María Victoria Nieto Clavijo, objeto de embargo y secuestro, no existía informe,
pero sí una gestión orientada a la reconstrucción de la contabilidad (hecho
probado 7.1.41.). Igualmente, se comprobó que, para el 25 de octubre de 2013, la
sociedad Reforestadora Pinatar S.A. se encontraba inactiva y no desarrollaba
actividad productiva, en lo concerniente a las cuotas o partes de interés objeto de
la medida cautelar, esto es, al 69.6% de las acciones de la referida sociedad,
pertenecientes a Ricardo Nieto Clavijo y María Victoria Nieto Clavijo, como lo
informó una funcionaria de la Unidad de Gestión de Sociedades de la DNE En
Liquidación (hecho probado 7.1.42.).

De hecho, según lo informado por la funcionaria de la Unidad de Gestión de
Sociedades de la DNE En Liquidación, el 9 de diciembre de 2013 recibió
información de la DIAN, en la que se indicó que la sociedad Reforestadora Pinatar
S.A. no presentó declaraciones de renta correspondientes a los años 2006, 2007,
2008, 2010 y 2012, y que, según oficio de la misma fecha expedido por la Cámara
de Comercio de Cúcuta, no reposaban estados financieros de dicha sociedad
(hecho probado 7.1.42.).

Al respecto, cabe advertir que el embargo y secuestro de los bienes y del
establecimiento de comercio de propiedad de la sociedad Reforestadora Pinatar
S.A., recayó exclusivamente sobre el 69.6% de la participación accionaria que le
correspondía a los socios Ricardo Nieto Clavijo y María Victoria Nieto Clavijo,
cuyas acciones quedaron por fuera del comercio, pues la medida judicial no afectó
el resto de las acciones de los socios minoritarios, ni alteró la representación legal
de la sociedad, la cual continuó en cabeza de quien venía ejerciéndolas antes de
la diligencia de secuestro del 6 de octubre de 2011, como lo aclaró la Fiscalía 18
Especializada de la Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y
contra el Lavado de Activos a la Cámara de Comercio de Cúcuta, al subdirector de
bienes de la DNE En Liquidación y al hoy demandante Félix Antonio Niño Neira

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Demandante: Jorge William Correa Monroy y otros

(hechos probados 7.1.31., 7.1.32. y 7.1.33.). De hecho, el mismo Eudes Javier
Nieto Clavijo, representante legal de la sociedad Reforestadora Pinatar S.A.,
manifestó, en la última asamblea general de accionistas que obra en este proceso,
que no había sido relevado en sus funciones por la secuestre DNE En Liquidación
(hechos probados 7.1.41.).

De todo lo anterior fuerza concluir que no se probó el daño alegado por los
demandantes, consistente en el detrimento patrimonial derivado de las pérdidas
de la utilidad neta que habrían dejado de percibir, pues, si bien la última acta de la
asamblea general de accionistas allegada a este proceso da cuenta de que no se
presentaron estados financieros para su aprobación ni se repartieron dividendos a
los socios minoritarios, cuyas acciones no fueron objeto de medida cautelar
alguna, lo cierto es que tampoco se allegaron a este proceso las actas de
asamblea ni los estados financieros correspondientes de los años inmediatamente
anteriores al 2011, que permitieran demostrar que los hoy demandantes venían
recibiendo utilidades y que, con posterioridad al 6 de octubre de 2011, como
consecuencia de la gestión de la DNE En Liquidación, dejaron de percibirlas,
utilidad cuya obtención se afirmaba como esperable según los resultados que
supuestamente venía teniendo la sociedad en el desarrollo de su actividad
comercial.

En el proceso no obran los referidos documentos que permitan establecer cómo
venían desarrollándose los ejercicios contables, al menos entre los años 2009 a
2011, ni que dieran cuenta de las utilidades efectivamente percibidas por los hoy
accionantes, tales como las actas de asambleas generales de accionistas, en las
que se hubieran aprobado los estados financieros y ordenado la distribución de
dividendos, conforme lo previsto en el Código de Comercio113, junto con la

113 “Artículo 151. Distribución de utilidades - procedimiento adicional. No podrá distribuirse suma

alguna por concepto de utilidades si estas no se hallan justificadas por balances reales y
fidedignos. Las sumas distribuidas en contravención a este artículo no podrán repetirse contra los
asociados de buena fe; pero no serán repartibles las utilidades de los ejercicios siguientes,
mientras no se absorba o reponga lo distribuido en dicha forma. Tampoco podrán distribuirse
utilidades mientras no se hayan enjugado las pérdidas de ejercicios anteriores que afecten el
capital”.
“Artículo 155. Mayoría para la aprobación de distribución de utilidades. Salvo que en los estatutos
se fijare una mayoría decisoria superior, la distribución de utilidades la aprobará la asamblea o

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Demandante: Jorge William Correa Monroy y otros

correspondiente certificación bancaria o el comprobante de pago individual a cada
accionista, documentos que permitirían evidenciar, no solo la voluntad social, sino
también la capacidad económica de la empresa para repartir utilidades y el pago
efectivo de estas a cada accionista.

Asimismo, el dictamen pericial rendido por Álvaro Janner Gelvez Cáceres tampoco
permite acreditar el daño aludido, pues en este se señaló un monto de lucro
cesante de $7.321’342.984, calculado a partir de la elaboración del siguiente
cuadro:114

junta de socios con el voto favorable de un número plural de socios que representen, cuando
menos, el 78% de las acciones, cuotas o partes de interés representadas en la reunión.
Cuando no se obtenga la mayoría prevista en el inciso anterior, deberá distribuirse por los menos el
50% de las utilidades líquidas o del saldo de las mismas, si tuviere que enjugar pérdidas de
ejercicios anteriores”.
“Artículo 156. Cobro de utilidades debidas a los socios. Las sumas debidas a los asociados por
concepto de utilidades formarán parte del pasivo externo de la sociedad y podrán exigirse
judicialmente. Prestarán mérito ejecutivo el balance y la copia auténtica de las actas en que
consten los acuerdos válidamente aprobados por la asamblea o junta de socios.
Las utilidades que se repartan se pagarán en dinero efectivo dentro del año siguiente a la fecha en
que se decreten, y se compensarán con las sumas exigibles que los socios deban a la sociedad”.
114 Páginas 24 a 26 del Archivo “014.Pruebas.pdf” del expediente digital, índice 2 Samai.

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Demandante: Jorge William Correa Monroy y otros

Ahora bien, en la audiencia de contradicción del dictamen115, el perito manifestó
que tuvo en cuenta la inactividad de la empresa y el estado de abandono de sus
instalaciones desde el año 2011, cuando la sociedad Reforestadora Pinatar S.A.
quedó bajo la administración de la DNE En Liquidación, pero reconoció que no
examinó los estados financieros ni las declaraciones de renta de la sociedad
Reforestadora Pinatar S.A. para efectuar el cálculo del lucro cesante, puesto que
“se tuvo en cuenta el volumen de la madera porque eso prácticamente es lo que
determina lo que se va a producir o lo que se puede producir con la madera, no
necesariamente esas estadísticas. El daño que se causó fue con respecto a la
materia prima, entonces había que deducir cuánto se producía con esa materia
prima que se destruyó”.

Igualmente, el perito advirtió: “resulta que cuando uno va a hacer un lucro cesante
a veces, de pronto, uno realiza fórmulas aparentemente caprichosas, como, por
ejemplo, vayamos a otro tema que yo voy a decir, es que lo que va la persona a
dejar de percibir, pues toca uno tener un promedio de edad que está en las tablas
115 Archivo “015C.AudPruebas13-00399C.wmv” del expediente digital, índice 2 Samai.

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del DANE que dice que, por ejemplo, son 73 años, pero aclaro, obviamente, la
persona puede morir antes. Algunos dicen que eso es caprichoso porque no hay
prueba de que la persona va a morir a los 73 años, pero toca hacer la liquidación,
toca hacerlo con lo más lógico posible. Entonces, pues, quisiera de pronto que
tuvieras en cuenta eso. Esto es, o sea, por ejemplo, yo obviamente no vi la
maquinaria, entonces me ciño como a lo que está dentro del expediente, lo que
está relacionado y unas proyecciones que tienen que tener lógica porque ya no
están”.

Luego, el perito aclaró que no aportó, junto con su dictamen, ninguna prueba de
las averiguaciones realizadas en el mercado, con base en las cuales determinó el
precio de la madera y calculó las utilidades dejadas de percibir por los
demandantes; asimismo, insistió en que utilizó “el método comparativo del
mercado”. En tal sentido reiteró que: “yo no puedo determinar lo que se dejó de
ganar a partir de la intervención o el daño que se causó […] Pero lo otro que sí es
cierto era que sí estaba funcionando, o sea, que ellos sí estaban vendiendo. Poco
a poco iban a vender, así fuera una sola puerta, pero iban a vender todo, o en eso
al menos consistía la ingeniería forestal. Y reitero, esto a veces de pronto es algo
caprichoso, esta forma de liquidar, puede ser de pronto caprichoso, pero es la
única forma de determinar cuál fue el daño que se causó. Porque reitero, tampoco
sabemos, igual que como dije yo, puede ser que yo solicite una indemnización
porque mi papá va a dejar de percibir tantos años hasta los 73, pero puede ser
que muera antes, como sucedió con mi papá. Pero quién soy yo para decir ‘toca
hacer un cálculo’, y aquí se trata de hacer un cálculo que tenga lógica y tenga
asidero y tenga soporte como lo hice”.

Como antes se advirtió, si bien el dictamen fue decretado y practicado válidamente
y permitió la contradicción de las partes, este no cumple ni satisface las exigencias
del artículo 232 del Código General del Proceso116, pues no constituye un estudio
sólido, claro, exhaustivo y preciso que permita determinar las utilidades dejadas de
percibir por los demandantes. Ello se debe a que el perito fundó sus conclusiones

116“Artículo 232. El juez apreciará el dictamen de acuerdo con las reglas de la sana crítica, teniendo

en cuenta la solidez, claridad, exhaustividad, precisión y calidad de sus fundamentos, la idoneidad
del perito y su comportamiento en la audiencia, y las demás pruebas que obren en el proceso”.

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en los precios de la madera obtenidos de fuentes que no fueron aportadas con el
dictamen y en estimaciones sobre las eventuales ventas que habría realizado la
empresa entre los años 2011 y 2017, sin efectuar verificación alguna de los
estados financieros correspondientes a dichos periodos y, ante su inexistencia, al
menos de los ejercicios anteriores a 2011, previos a la medida de secuestro a
cargo de la DNE En Liquidación.

Es decir, el dictamen no se sustentó en información contable estructurada que
reflejara la situación económica y patrimonial, ni la rentabilidad de la empresa en
un periodo determinado, lo que impide contar con un panorama confiable para
evaluar su salud financiera, liquidez y capacidad de crecimiento o generación de
ingresos; tampoco se sustentó en estados de resultados que detallaran los
ingresos, costos y gastos de la sociedad, ni que permitieran establecer si esta
obtuvo utilidades o registró pérdidas en los años anteriores a 2011, ni sobre bases
objetivas a partir de las cuales fuera posible proyectar las utilidades que
eventualmente habrían podido generarse con posterioridad a ese año.
Se concluye entonces que el peritaje carece de solidez en sus fundamentos, y que
las manifestaciones realizadas por el perito en la audiencia ponen en entredicho
su idoneidad, al afirmar, sin soporte objetivo, que la empresa se encontraba en
funcionamiento y que, por esa razón, estaba vendiendo y vendería la totalidad de
sus productos, pese a que se desconocía su situación económica real, esto es, sin
respaldo en información contable verificable, por lo cual tales afirmaciones
carecen de sustento.

Incluso, de tomarse en cuenta dichas apreciaciones del perito de que antes del
2011 la sociedad estaba “vendiendo” de lo cual podría deducirse que percibió
unas ganancias, la mera existencia de estas tampoco implica, automáticamente,
que los socios hubieran percibido utilidades para entonces, pues esto solo se
verificaría mediante documentos contables y actas de asamblea que demostraran
el decreto y pago real de dividendos a los hoy demandantes, lo que solo ocurre
cuando se aprueban en asamblea estados financieros fidedignos y se ordena la
distribución de los beneficios económicos, como lo prevé el artículo 151 del
Código de Comercio citado ut supra.

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Esto es importante dado que, como se viene explicando, si no se probó con los
respectivos estados financieros debidamente aprobados, las actas de asamblea o
los comprobantes de pago de las utilidades que, antes de 2011, los demandantes
percibieron tales beneficios, mucho menos, por el solo hecho de que el perito
afirme que la sociedad funcionaba y que realizaba ventas, podría darse por
probado que de las ganancias obtenidas, si es que tuvo, los socios pudieron
adquirir dividendos, pues una circunstancia no deriva en la otra dado que, puede
ocurrir, que en un ejercicio, la empresa solo arroje lo suficiente para sus gastos y
sostenimiento, pero no para pagar dividendos.

Además, tampoco se demostró que el comportamiento de los resultados de la
empresa en años anteriores permitiera proyectar que los socios recibirían
utilidades después del 2011, lo que, en todo caso, carece de soporte y se queda
en el mero campo de las suposiciones que hizo el perito, sin respaldo en fuente
alguna.

Además, teniendo en cuenta que la medida de secuestro solo versó sobre las
acciones de Ricardo Nieto Clavijo y María Victoria Nieto Clavijo, que
representaban el 69.6% del total distribuidas entre los socios de la Reforestadora
Pinatar S.A., es decir, la medida judicial no afectó al resto de las acciones de los
socios minoritarios, hoy demandantes, ni alteró la representación legal de la
sociedad pues, se itera, su representante legal no fue relevado en sus funciones
por la secuestre DNE En Liquidación (hecho probado 7.1.41.), no se acreditó que
dicho representante hubiera presentado informe sobre su gestión en la que diera
cuenta de que los hoy demandantes no percibieron utilidad alguna después del
2011 y por qué razón, ni cual fue su gestión al respecto.

De todo lo anterior se observa que el argumento expuesto por la entidad
demandada en el recurso de apelación, en el sentido de que no se probó que la
sociedad Reforestadora Pinatar S.A. fuera una sociedad productiva, en razón a
que no llevaba contabilidad, se encuentra acreditado, pues las pruebas obrantes
en el proceso no dan cuenta de información idónea sobre la situación financiera de
la empresa ni de las utilidades que repartía a sus socios hasta el año 2011, mucho
menos de una utilidad esperada, cierta y estimada con soporte en cifras sólidas

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Demandante: Jorge William Correa Monroy y otros

con posterioridad a dicha fecha, que los hoy demandantes efectivamente hubieran
dejado de percibir.

De todo lo anterior se colige que los demandantes no probaron el daño
consistente en el detrimento patrimonial derivado de la pérdida de la utilidad neta,
pues ni siquiera se demostró que, con anterioridad al 6 de octubre de 2011, fecha
en la cual la DNE En Liquidación inició su gestión como secuestre del
establecimiento de comercio Reforestadora Pinatar S.A. y demás bienes de dicha
sociedad, los actores estuvieran percibiendo utilidad alguna.

Finalmente, se advierte que, en la sentencia de primera instancia, el a quo dedujo
lo daños como consecuencia de la falla en el servicio en la que habría incurrido la
DNE En Liquidación en su gestión como secuestre, sin hacer análisis alguno de
distinción entre el patrimonio de la sociedad Reforestadora Pinatar S.A. y el de sus
socios, ni de cómo se manifestó o en qué consistió cada una de las afectaciones
alegadas en la demanda respecto de los demandantes en su calidad de socios
minoritarios de la Reforestadora Pinatar S.A.

Por último, en cuanto a la aparente contradicción en torno a la responsabilidad del
depositario provisional, al concluirse que no prosperan las pretensiones de la
demanda por falta de acreditación del daño y por ausencia de legitimación
respecto de algunas de las afectaciones reclamadas, no resulta necesario emitir
un pronunciamiento adicional sobre la eventual responsabilidad del llamado en
garantía.

En suma, la Sala revocará la sentencia del 25 de agosto de 2022, proferida por el
Tribunal Administrativo de Norte de Santander y, en su lugar, declarará la falta de
legitimación en la causa por activa de los demandantes respecto de las
pretensiones relativas a i) el detrimento patrimonial por las pérdidas económicas
derivadas de la destrucción de los bosques en los predios “Pinatar I” y “El Olimpo
de San Lucas” de propiedad de la sociedad.; y ii) el detrimento patrimonial por las
pérdidas económicas generadas por el desmantelamiento y saqueo de las
instalaciones, equipos y herramientas destinados a la operación de dicha
sociedad; y negará las demás pretensiones porque no se probó el daño.

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Demandante: Jorge William Correa Monroy y otros

9. Condena en costas

De conformidad con el artículo 188117 del CPACA y con la disposición especial del
artículo 365 del CGP, numeral 4118, para el caso particular se condenará en costas
a la parte demandante por ambas instancias, habida cuenta de la revocatoria total
de la sentencia de primera instancia. La liquidación de las costas la hará de
manera concentrada el Tribunal a quo, en los términos del artículo 366 del CGP119
y tomando en consideración lo dispuesto por el artículo 365.8 ejusdem, es decir,
teniendo en cuenta para dicha liquidación las expensas que aparezcan
efectivamente probadas en el proceso.

En el presente caso, en ambas instancias se encuentra acreditada la gestión,
primero de la DNE En Liquidación y luego de su sucesora procesal la SAE SAS
que, además, presentó el recurso de apelación.

En tal sentido, la Sala estima suficiente dicha gestión para que se disponga la
fijación de agencias en derecho en la liquidación de las costas, en favor de la
demandada SAE SAS, de acuerdo con lo previsto en los artículos 365 y 366 del
CGP.

En cuanto a las agencias en derecho en primera instancia, para los procesos
contencioso-administrativos con cuantía, deben fijarse hasta el 20% del valor de
las pretensiones pedidas, de conformidad con lo previsto en el artículo 6120 del
Acuerdo 1887 de 2003, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura.

117 “Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la

sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán
por las normas del Código de Procedimiento Civil”.
118 “Artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos

en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas (...). 4. Cuando
la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será
condenada a pagar las costas de ambas instancias”
119 A cuyo tenor: “Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el

juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede
ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo
dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas (…)”.
120 “Artículo. 6º. Tarifas. Fijar las siguientes tarifas de agencias en derecho:

[…] III
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 3.1. ASUNTOS. […] 3.1.2. Primera instancia.

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En ese sentido, las agencias en derecho de dicha instancia se fijarán en la suma
de $3’426.521, en favor de la SAE SAS, con fundamento en la relación porcentual
del 0.1% de las pretensiones que fueron formuladas en este litigio, que ascienden
a la cantidad de $3.426’521.085121.

Por otra parte, frente a las agencias en derecho en segunda instancia, estas
podrán fijarse en los procesos contencioso-administrativos, en segunda instancia,
hasta el 5% del valor de las pretensiones pedidas, según lo dispuesto en el
artículo 6122 del ya referido Acuerdo.

En tal virtud, se fijan las agencias en derecho de segunda instancia en suma
equivalente a $3’426.521, en favor de la SAE SAS, que serán liquidadas por
Secretaría según los parámetros previstos en la normativa ya citada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 25 de agosto de 2022, proferida por el
Tribunal Administrativo de Norte de Santander, que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda y, en su lugar, se dispone:

SEGUNDO: DECLARAR probada de oficio la excepción de falta de legitimación
en la causa por activa de los demandantes, respecto de las pretensiones relativas
a i) el detrimento patrimonial por las pérdidas económicas derivadas de la
destrucción de los bosques en los predios “Pinatar I” y “El Olimpo de San Lucas”,

Con cuantía: Hasta el veinte por ciento (20%) del valor de las pretensiones reconocidas o negadas
en la sentencia. […] ”.
121 Los demandantes solicitaron perjuicios totales por valor de 1.957 SMLMV.
122 “Artículo. 6º. Tarifas. Fijar las siguientes tarifas de agencias en derecho:

[…] III
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 3.1. ASUNTOS. […] 3.1.3. Segunda instancia.
[…] Con cuantía: Hasta el cinco por ciento (5%) del valor de las pretensiones reconocidas o
negadas en la sentencia.

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Demandante: Jorge William Correa Monroy y otros

de propiedad de la sociedad Reforestadora Pinatar S.A.; y ii) el detrimento
patrimonial por las pérdidas económicas generadas con el desmantelamiento y
saqueo de las instalaciones, equipos y herramientas destinados a la operación de
dicha sociedad.

TERCERO: NEGAR las pretensiones de la demanda.

CUARTO: CONDENAR EN COSTAS, por ambas instancias, a la parte
demandante, en favor de la SAE SAS.

Para el efecto, las agencias en derecho de la primera instancia se fijan en la suma
de $3’426.521 en favor de la SAE SAS, monto que deberá pagar la parte actora.

Como agencias en derecho en esta instancia, se fijan en suma equivalente a
$3’426.521, en favor de la SAE SAS.

QUINTO: En firme esta providencia ENVÍESE el expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRONICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala

FIRMADO ELECTRONICAMENTE FIRMADO ELECTRONICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Magistrado Magistrada

VF/EX8

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