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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 54001-23-33-000-2013-00415-02

Fecha
27 de febrero de 2025
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 54001-23-33-000-2013-00415-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el diecisiete (17) de enero de dos mil diecinueve (2019) por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, por medio de la cual se accedió parcialmente a las pretensiones. Segundo. Sin condena en costas en esta instancia. Tercero. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones pertinentes en el aplicativo SAMAI. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 54001-23-33-000-2013-00415-02

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

27 de febrero de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D. C., veintisiete (27) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 54001-23-33-000-2013-00415-02 (2471-2019)
Demandante: Nelson González Ramírez
Demandado: La Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Ejército Nacional

Tema: Control judicial integral del acto administrativo sancionatorio
disciplinario. Nulidad del acto administrativo. Violación del debido
proceso por configuración del defecto procedimental absoluto.
CONFIRMA SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala los recursos de apelación interpuestos por las partes, en contra de
la sentencia proferida el diecisiete (17) de enero de dos mil diecinueve (2019) por el
Tribunal Administrativo de Norte de Santander, por medio de la cual se accedió
parcialmente a las pretensiones.

ANTECEDENTES

El señor Nelson González Ramírez instauró demanda en contra de La Nación-
Ministerio de Defensa Nacional-Ejército Nacional, en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin que
se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

Que se declare la nulidad de la orden administrativa de personal del comando del
Ejército nro. 1650 del 30 de octubre de 2009, mediante la cual se retiró del servicio
activo al demandante por inasistencia al mismo; y la nulidad de la decisión del 19
de diciembre de 2012, por medio de la cual se le declaró disciplinariamente
responsable y se le impuso la sanción de separación absoluta de las fuerzas
militares.

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A título de restablecimiento del derecho, solicitó el reintegro al cargo y el pago de
los salarios y prestaciones sociales dejados de devengar desde la fecha de retiro y
hasta cuando sea efectivamente reintegrado.

Que se declare la inexistencia de solución de continuidad en la prestación de los
servicios y que se reconozcan los ascensos a los que hubiere tenido derecho
durante el tiempo que estuvo retirado del servicio, de conformidad con el estatuto
laboral.

Que se ordene el cumplimiento de la sentencia dentro del término establecido en el
artículo 192 de la Ley 1437 de 2011.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que mediante orden administrativa de personal del comando del Ejército No. 1650
del 30 de octubre de 2009, fue retirado del servicio por haberse configurado la
causal del artículo 12 del Decreto 1793 de 2000, esto es, por inasistencia.

Que, mediante auto del 31 de julio de 2009, se abrió investigación disciplinaria en
su contra y, en el trámite del proceso disciplinario, nombró a la abogada Susana
González de Herreño como su defensora.

Que, pese a ello, la entidad demandada le nombró un defensor de oficio el 16 de
octubre de 2012, sin que él hubiese revocado el poder de la abogada Susana
González de Herreño.

Que el 19 de diciembre de 2012, una vez nombrado el defensor de oficio, el Ejército
Nacional le notificó a este la decisión disciplinaria de primera instancia y no a la
abogada que él había nombrado.

Que el defensor de oficio no interpuso recurso de apelación contra la decisión
disciplinaria de primera instancia y, que, por esto, dicho acto administrativo quedó
en firme.

Que, ante las irregularidades presentadas en el proceso disciplinario, interpuso
acción de tutela, en la que el Tribunal Administrativo de Norte de Santander amparó
sus derechos e indicó que el término de caducidad para acudir al medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho empezaría a computarse a partir del 7 de
junio de 2013.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

Constitución Política: preámbulo y artículos 1°, 2°, 4°, 6°, 13, 25, 29, 53, 209 y 229;
Ley 836 de 2003: artículos 2°; 4°; 102; 103; 124, numerales 3° y 5°; 127; 132; 160,

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numerales 2° y 3°; 164; y 188; Decreto 1793 del 2000: artículos 12 y 20; Ley 1437
de 2011: artículo 138; Sentencias T-585 de 2011 y C-289 de 2012.

Que los actos administrativos deben declararse nulos porque desconocieron los
principios constitucionales de legalidad de la falta y de la sanción disciplinaria;
publicidad; defensa, contradicción y controversia de la prueba; doble instancia;
inocencia; imparcialidad; non bis in ídem; cosa juzgada y non reformatio in pejus.

Que la orden administrativa de personal del comando del Ejército, como acto
preparatorio que dispuso su retiro del servicio activo de las fuerzas militares,
desconoció la presunción de inocencia, el derecho a la defensa, el debido proceso
y el derecho de contradicción. Que fueron expedidos de manera irregular.

Que la entidad demandada cercenó su derecho de acceder a la administración de
justicia de manera eficaz y pronta, toda vez que le notificó la decisión sancionatoria
a un defensor de oficio que no conocía y que tampoco había contratado.

Que no pudo ejercer su derecho a la doble instancia porque la decisión disciplinaria
de primera instancia no le fue notificada a él ni a su abogada contractual, sino a un
defensor de oficio que fue nombrado, arbitrariamente, por la entidad demandada.

Que se violaron sus derechos como sujeto investigado, consagrados en el artículo
124 de la Ley 836 de 2003, entre ellos, el derecho a impugnar las providencias,
cuando hubiere lugar a ello.

Que se desconocieron las normas relativas a las notificaciones, porque la decisión
sancionatoria se le notificó a un defensor de oficio que, arbitrariamente, nombró la
entidad demandada, revocando el poder que otorgó a su abogada contractual, de
manera indirecta y sin su consentimiento.

Que el auto de cargos fue modificado, en clara violación de lo preceptuado en el
artículo 188 de la Ley 836 de 2003.

Que a la fecha en que fue retirado del servicio, no se había demostrado culpabilidad
disciplinaria en su contra, lo cual ocurrió 3 años después del retiro definitivo.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

El 3 de abril de 2014, se admitió la demanda1, notificándose a la entidad demandada
quien se opuso a las pretensiones indicando, respecto a la de nulidad de la orden
administrativa de personal del Comando, que el fallo de tutela que profirió el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander se refirió exclusivamente al procedimiento
disciplinario que concluyó con la decisión de primera instancia del 19 de diciembre
de 2012 y, al no estar frente a un acto complejo, no era procedente dicha solicitud.

1 Véase el folio 83 del cuaderno principal Nro. 1

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Que frente a la orden administrativa de personal operó la figura de la caducidad,
porque el fallo de tutela no incluyó dicho acto administrativo.

Que, respecto a la decisión disciplinaria de primera instancia, no debe accederse a
la pretensión de nulidad, porque el procedimiento fue debidamente tramitado y no
contiene errores sustanciales que conlleven a su anulación2.

Se celebró audiencia inicial el 8 de octubre de 2014, en la que se declaró probada
la excepción de caducidad en relación con la orden administrativa del personal del
Comando del Ejército N° 1650, en el sentido de que la decisión de tutela protegió
los derechos del demandante, reviviendo el término de caducidad a partir del 7 de
junio de 2013, pero solo para efectos de demandar únicamente lo relacionado con
la sanción disciplinaria, no lo que tiene que ver con el retiro del servicio.

Esta decisión fue apelada por el demandante3; y, mediante auto del 20 de abril de
2017, esta Sala de decisión la confirmó4.

El 21 de marzo de 2018 se dio continuación a la audiencia inicial, en la que se fijó
el litigio5 y, tras agotar el período probatorio y dar traslado para que se alegara de
conclusión, se dictó sentencia, que fue apelada en el plazo oportuno por ambas
partes.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

El Tribunal Administrativo de Norte de Santander, mediante sentencia del diecisiete
(17) de enero de dos mil diecinueve (2019)6, accedió parcialmente a las
pretensiones tras considerar que, en cumplimiento de los presupuestos
establecidos por la Corte Constitucional para la configuración de la figura del defecto
procedimental absoluto como causal de nulidad, se evidenciaron múltiples
irregularidades dentro de la investigación nro. 014-2010 que vulneraron los
derechos fundamentales del demandante, desde que avocó conocimiento dicho
despacho disciplinario.

Que cuando el Batallón de Ingenieros asumió el conocimiento de la investigación
disciplinaria y fijó el edicto emplazatorio, previo a declarar al disciplinado como
persona ausente, debió cerciorarse de que las citaciones para notificación personal
se hubieren enviado al señor González Ramírez y a su apoderada, lo cual no ocurrió
y que, a pesar de que la entidad recibió un memorial de la abogada indicando que
no era posible acudir a notificarse personalmente por encontrarse incapacitada, no
emitió pronunciamiento, luego de lo cual expidió la decisión disciplinaria de primera
instancia, cuando procesalmente ya contaba en la actuación con elementos para
concluir que la notificación de los actos previos no se había surtido adecuadamente.

2 Véanse los folios 49-61del cuaderno principal Nro. 1.
3 Véanse los folios 116-119 del cuaderno principal Nro. 1.
4 Véanse los folios 128-136 del cuaderno principal Nro. 1.
5 Véanse los folios 174-177 del cuaderno principal Nro. 1.
6 Véanse folios 291 a 300 del cuaderno principal Nro. 2

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Que la separación absoluta del servicio no se ejecutó con ocasión de la decisión
disciplinaria, dado que el retiro se había consolidado con anterioridad, mediante la
orden administrativa de personal, por lo que no accedió a la pretensión de reintegro.

Que la sanción disciplinaria impuesta tenía como única función emplear la potestad
sancionadora de la administración para asegurar la realización de los fines del
Estado, a través de la aplicación del castigo correspondiente al demandante, por el
incumplimiento de las normas jurídicas que exigen el íntegro comportamiento de los
servidores públicos.

Que la entidad demandada vulneró los derechos fundamentales al debido proceso,
defensa y administración de justicia; y ordenó al Ejército Nacional suprimir los
antecedentes administrativos registrados en la hoja de vida del accionante.

RECURSOS DE APELACIÓN

La parte demandada7 interpuso recurso de apelación en el que indicó que el
procedimiento disciplinario que se surtió contra el demandante se encontraba en
curso cuando se profirió la orden administrativa de personal del comando del
Ejército.

Que la decisión disciplinaria en nada incide en la causal objetiva que conllevó al
retiro del demandante, pues la sanción que se impuso correspondió a un elemento
subjetivo de la culpabilidad.

Que las pretensiones debieron desestimarse, en la medida que no se probaron las
causales de violación indicadas por el demandante y, por lo tanto, que el acto
administrativo enjuiciado goza de presunción de legalidad.

La parte demandante8 interpuso recurso de apelación por no compartir la negativa
de acceder a la pretensión de reintegro porque su desvinculación sí se dio a causa
de la investigación disciplinaria, toda vez que en la orden administrativa de personal
no se dio fundamento fáctico ni legal que sustentara la decisión, lo cual sí vino a
hacer la decisión disciplinaria del 19 de diciembre de 2012.

Que, al decretarse la nulidad del acto administrativo contenido en la decisión
disciplinaria de primera instancia, la consecuencia de dicha declaratoria debía ser
que fuese reintegrado al cargo que desempeñaba al momento de su desvinculación,
así como el reconocimiento de los sueldos y las prestaciones sociales a las que
hubiere lugar.

Que debe accederse a tal pretensión y condenar en costas a la parte vencida.

7 Véanse los folios 305-308 del cuaderno principal Nro. 2.
8 Véanse los folios 302-304 del cuaderno principal Nro. 2.

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TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

Mediante auto del 19 de septiembre de 20199 se admitieron los recursos de
apelación y por auto del 5 de diciembre del mismo año10, se dio traslado por el
término de 10 días para la presentación de los alegatos de conclusión y, se corrió
el mismo término para que el Ministerio Público presentara concepto.

La parte demandante11 alegó de conclusión reiterando, en general, los argumentos
expuestos en el recurso de apelación.

La parte demandada12 alegó de conclusión manifestando que a la orden
administrativa de personal no puede realizársele ningún tipo de control judicial,
teniendo en cuenta que frente a ella se declaró probada la excepción de caducidad.

Que no es posible acceder a la pretensión de reintegro, porque la decisión de
retirarlo del servicio se dio de manera independiente a la decisión disciplinaria cuya
nulidad se declaró.

El Ministerio Público13 rindió concepto en el que manifestó que el acto
administrativo de retiro fue anterior a la decisión disciplinaria cuya nulidad se declaró
y, por ende, no depende causalmente ni precede procesalmente a esta, por tratarse
de actos separados y diferentes en cuanto a su naturaleza jurídica.

Que el Tribunal Administrativo de Norte de Santander erró al indicar que la
separación absoluta del servicio es una facultad discrecional que tienen el jefe de
desarrollo humano y el director de personal del Ejército Nacional, porque el
verdadero fundamento está en la competencia legal que tiene el ente público, de
conformidad con la Ley 578 de 2000.

Que el demandante no controvirtió, en el momento procesal que había para ello, la
orden administrativa de personal del comando del Ejército No. 1650 del 30 de
octubre de 2009. Que aun cuando manifestó que dicha actuación no le fue notificada
personalmente, esto se saneó cuando interpuso la acción de tutela,
materializándose así la notificación por conducta concluyente y donde empezó a
correr el término de caducidad para el respectivo medio de control.

Que el Consejo de Estado, para analizar la legalidad o ilegalidad de la decisión
disciplinaria del 19 de diciembre de 2012, debe estudiar cuál de las partes está en
mejor posición de probar los envíos y constancias de recibido de correspondencia
que demuestren que los actos administrativos y demás actuaciones
procedimentales fueron remitidos, demostrando la efectiva notificación al
disciplinado.

9 Véase folio 342 del cuaderno principal Nro. 2.
10 Véase folio 348 del cuaderno principal Nro. 2.
11 Véanse los folios 349-351 del cuaderno principal Nro. 2.
12 Véanse los folios 356-358 del cuaderno principal Nro. 2.
13 Véanse los folios 360-365 del cuaderno principal Nro. 2.

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Que se solicita confirmar la providencia impugnada por medio de la cual se
acogieron parcialmente las pretensiones.

Se resolverá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES DE LA SALA

La Sala deberá determinar si la decisión sancionatoria expedida el 19 de diciembre
de 2012 por la Trigésima Brigada del Batallón de Ingenieros Nro. 30 se encuentra
viciada de nulidad porque, como se concluyó en la sentencia apelada, en el
procedimiento para su expedición se incurrió en un defecto procedimental absoluto;
o, si como sostiene la demandada, no se configuró ninguna causal que afecte su
presunción de legalidad.

De salir avante este punto, se analizará la procedencia o no de ordenar el reintegro
del demandante, pues este en su escrito señaló que los motivos para separarlo de
su cargo se consolidaron en la decisión disciplinaria, pese a que la Orden
Administrativa de Personal fue anterior a esta.

Con este fin, la sentencia se referirá al marco normativo y jurisprudencial del control
judicial de los actos administrativos sancionatorios disciplinarios, a la nulidad del
acto administrativo por configuración del defecto procedimental absoluto como
causal de violación del debido proceso y abordará el caso concreto.

Marco normativo aplicable al análisis de la actuación disciplinaria

La actividad administrativa disciplinaria se caracteriza porque comprende una
función especializada, la cual contiene un componente preventivo y correctivo que
busca garantizar, por un lado, la efectividad de los principios de moralidad, eficacia,
economía y celeridad; y, por otro, el buen desempeño y gestión transparente de la
función pública.

De ahí que la actuación administrativa disciplinaria esté regida por normas y
procedimientos propios, en la que los principios que informan el derecho al debido
proceso y a la defensa cobran significativa importancia. Sin embargo, no ha sido
pacífica la posición de la jurisprudencia respecto al alcance del control jurisdiccional
de esta clase de actos, tal como pasa a exponerse.

Una primera posición jurisprudencial se inclinó por sostener que el control del juez
de lo contencioso administrativo estaba limitado a los derechos que invocaba el
demandante, lo que se denominó como «intangibilidad relativa» de los actos
sancionatorios, en la medida que el alcance de dicho control era restrictivo porque
se consideraba que las decisiones tomadas en virtud de la acción disciplinaria
tenían cierto grado de autonomía valorativa de los hechos y de las normas

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disciplinarias14.

Luego, la jurisprudencia adoptó la posición en la que incluso en los casos en que la
demanda no cumpliera con el requisito de señalar las normas violadas y el concepto
de violación, si el juez advertía la trasgresión de un derecho fundamental de
aplicación inmediata, oficiosamente, debía proveer la tutela judicial efectiva, lo que
se denominó como «intangibilidad relativa explícita y deferencia especial»15.

Al existir diversas posturas jurisprudenciales sobre la materia, en el 2016 se unificó
jurisprudencia respecto al control judicial de las decisiones adoptadas por los
titulares de la acción disciplinaria, manifestando que se adoptaría la perspectiva del
«control judicial integral» por cuanto «(…) la actividad del juez de lo contencioso
administrativo supera el denominado control de legalidad, para en su lugar hacer un
juicio sustancial sobre el acto administrativo sancionador, el cual se realiza a la luz
del ordenamiento constitucional y legal, orientado por el prisma de los derechos
fundamentales»16, y se indicó además que:

i) La competencia del juez administrativo es plena, sin «deferencia especial»
respecto de las decisiones adoptadas por los titulares de la acción
disciplinaria.
ii) La presunción de legalidad del acto administrativo sancionatorio es similar a
la de cualquier acto administrativo.
iii) La existencia de un procedimiento disciplinario extensamente regulado por la
ley, de ningún modo restringe el control judicial.
iv) La interpretación normativa y la valoración probatoria hecha en sede
disciplinaria, es controlable judicialmente en el marco que impone la
Constitución y la ley.
v) Las irregularidades del trámite procesal serán valoradas por el juez de lo
contencioso administrativo, bajo el amparo de la independencia e
imparcialidad que lo caracteriza.
vi) El juez de lo contencioso administrativo no sólo es de control de la legalidad,
sino también garante de los derechos.
vii) El control judicial integral involucra todos los principios que rigen la acción
disciplinaria.
viii) El juez de lo contencioso administrativo es garante de la tutela judicial
efectiva.

Nulidad del acto administrativo por violación del debido proceso: el defecto
procedimental absoluto

El artículo 29 de la Constitución Política dispone que el debido proceso se aplica

14 Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia del 29 de mayo de 1992. Exp. 834. C.P. Diego Younes

Moreno.
15 Véanse: Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 30 de marzo de 2011. Exp.

2060-2010. C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila; y Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B.
Sentencia del 09 de febrero de 2012. Exp. 2038-09. C.P. Bertha Lucia Ramírez de Páez.
16 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 09 de agosto de 2016. Exp.

1210-11. C.P. William Hernández Gómez.

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tanto a las actuaciones judiciales como a las de carácter administrativo, e implica
que nadie puede ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se
le imputa, ante el juez competente y con observancia de las formas propias de cada
juicio.

Atendiendo a lo anterior, bajo esta causal de nulidad se examinan elementos
formales y sustanciales en la formación del acto administrativo que repercuten en la
garantía que consagra el artículo 29 constitucional. Su respeto tiene que ver,
entonces, con la concreción de por lo menos estos elementos: (i) que la actuación
se adelante por el competente, (ii) permitiendo la participación activa de todos los
interesados; (iii) que estos sean escuchados durante el trámite; (iv) que no existan
dilaciones injustificadas; (v) que los interesados puedan aportar, solicitar y
controvertir pruebas; (iv) que las decisiones que se profieran se notifiquen en debida
forma y (vi) que se dé el trámite oportuno cuando las decisiones sean impugnadas17.

La Corte Constitucional en la Sentencia T-076 de 201818 determinó que, tanto de
las providencias judiciales, como de los actos administrativos, puede predicarse la
vulneración sustancial del derecho al debido proceso, la cual se materializa en los
distintos defectos identificados por la jurisprudencia constitucional:

«“Defecto orgánico, que se estructura cuando la autoridad administrativa que
profiere el acto objeto de reproche constitucional carecía absolutamente de
competencia para expedirlo (…).

Defecto procedimental absoluto, el cual se predica de la actuación
administrativa, cuando ha sido tramitada completamente al margen del
procedimiento establecido por el ordenamiento jurídico (…).

Defecto fáctico, que se demuestra cuando la autoridad administrativa ha
adoptado la decisión bajo el absoluto desconocimiento de los hechos
demostrados dentro de la actuación. (…)

Defecto material o sustantivo, el cual concurre cuando la autoridad
administrativa profiere el acto a partir de la aplicación de normas inexistentes,
inconstitucionales, declaradas ilegales por la jurisdicción contenciosa o
abiertamente inaplicables para el caso concreto. La jurisprudencia también ha
contemplado que la interpretación irrazonable de las reglas jurídicas es una
causal de estructuración de defecto sustantivo, evento en el que se exige una
radical oposición entre la comprensión comúnmente aceptada del precepto y su
aplicación por parte de la autoridad administrativa, situación que encuadra en
lo que la doctrina define como interpretación contra legem.

Error inducido o vía de hecho por consecuencia, defecto que se predica cuando
la autoridad administrativa adopta una decisión contraria a los derechos
fundamentales de las partes interesadas, debido a la actuación engañosa por
parte de un tercero.

Falta de motivación, que corresponde a los actos administrativos que no hacen
expresas las razones fácticas y jurídicas que le sirven de soporte. (…)

17 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 3 de julio de 2014. Radicado 05001-23-31-000-2000-

02324-01. C.P. Guillermo Vargas Ayala.
18 M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

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Radicado: 54001-23-33-000-2013-00415-02 (2471-2019)

Desconocimiento del precedente constitucional vinculante, defecto que ocurre
cuando la autoridad administrativa obra, de forma injustificada, en contravía del
contenido y alcance de los derechos fundamentales que ha realizado, con
efectos obligatorios, la Corte Constitucional.

Violación directa de la Constitución, lo que se predica del acto administrativo
que desconoce, de forma específica, normas de la Carta Política (…)’19»20.

De los expuestos, interesa al caso concreto el defecto procedimental absoluto, que
tiene lugar cuando, como se indicó en la providencia citada, la actuación
administrativa se adelanta completamente al margen del procedimiento establecido
por el ordenamiento jurídico. En términos de la Corte Constitucional, se trata de un
vicio de carácter calificado en la medida en que requiere, para su configuración,
que:

«(…) (i) no exista ningún motivo constitucionalmente válido o relevante que
permitiera sobreseer el procedimiento aplicable; (ii) las consecuencias de ese
desconocimiento involucren una afectación verificable de las garantías
constitucionales, en especial del derecho al debido proceso; y (iii) que el defecto
observado no haya sido solucionado a través de los remedios previstos por la
ley para subsanar errores en el procedimiento»21.

Resulta fundamental, entonces, evaluar el procedimiento que adelantó o debió
adelantar la autoridad administrativa, pues solo cuando se permite al administrado
el ejercicio del derecho de defensa, cumpliendo con las formas propias de la
actuación correspondiente y con la debida y oportuna notificación de las decisiones
adoptadas, el acto que de ello resulte habrá superado el examen de legalidad
formal, o, en otras palabras, en lo procedimental, no se encontrará viciado. Por el
contrario:

«(…) está viciado todo proceso en el que se pretermiten eventos o etapas
señaladas en la ley para asegurar el ejercicio de todas las garantías que se le
reconocen a los sujetos procesales de forma tal que, por ejemplo, (i.) puedan
ejercer el derecho a una defensa técnica22 , que supone la posibilidad de contar
con la asesoría de un abogado –en los eventos en los que sea necesario -,
ejercer el derecho de contradicción y presentar y solicitar las pruebas que
considere pertinentes para sustentar su posición; (ii.) se les comunique de la
iniciación del proceso y se permita su participación en el mismo23 y (iii.) se les
notifiquen todas las providencias proferidas por el juez, que de acuerdo con la

19 Ver Sentencia T-076 de 2011. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
20 Corte Constitucional. Sentencia T-076 de 2018. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
21 Corte Constitucional. Sentencia T-076 de 2011. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Reiterada en la Sentencia T-

682 de 2015. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
22 Cfr. sentencia T-984 de 2000. La Corte afirmó en aquella oportunidad que en materia penal, el procedimiento

«debe ser llevado a cabo, en principio, por los jueces penales dentro de los procesos en los que se manifiesten
deficiencias en la defensa técnica de los sindicados, pues si mediante tales procedimientos, en sede de tutela,
lo que se pretende es restablecer derechos conculcados, al aplicarlo dentro del proceso penal, se previenen
eventuales vulneraciones de sus derechos fundamentales».
23Cfr. sentencia T-654 de 1998. Se concedió la tutela porque se probó que, pese a que el indagado había

manifestado claramente el lugar en el que podía ser informado sobre cualquier decisión judicial y que, por
carencia de medios económicos, no contaba con un defensor de confianza ni le había sido nombrado defensor
de oficio, el juzgado no le informó sobre la expedición del cierre de investigación ni le nombró un defensor de
oficio. Lo anterior, sumado a la casi absoluta falta de defensa técnica, y la no práctica de las pruebas solicitas
por el sindicado llevaron a la Corte a considerar que se constituía una verdadera vía de hecho.

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ley, deben serles notificadas24»25.

Análisis del caso concreto

Del análisis del expediente de la actuación disciplinaria, se destaca:

• Que el 14 de julio de 2009 el encargado del personal del Batallón de
Contraguerrillas Nro. 46 informó que el señor Nelson Gonzáles Ramírez no se
había presentado a laborar desde el 11 de junio del mismo año hasta la fecha
de remisión de la novedad; que fue contactado a su celular y manifestó que no
volvería más a la Institución, ante lo cual se le recomendó que se presentara y
solicitara la baja por su voluntad, sin que lo hubiese hecho26.

• Que, por lo anterior, el 31 de julio de 2009 se ordenó la apertura de una
investigación disciplinaria27.

• Que, encontrándose en trámite la investigación disciplinaria, ante la orden de
desactivar el Batallón de Contraguerrillas Nro. 46, en providencia del 24 de mayo
de 2010 se remitió el expediente 011-2009 al Comando de la Trigésima Brigada
del Ejército Nacional28, el cual avocó conocimiento el 25 del mismo mes y año,
con el radicado 014-201029.

• Que el 3 de junio de 2010 se formuló cargo disciplinario al señor Nelson
González Ramírez por haber incurrido en la falta gravísima consagrada en el
artículo 58 numeral 25 del Título III Capítulo Único del Régimen Disciplinario de
las Fuerzas Militares (Ley 836 de 2003): «[i]nasistir al servicio de acuerdo con el
tiempo previsto en el Código Penal Militar para el delito de abandono del servicio
o acumular igual tiempo en un lapso de treinta (30) días calendario»30.

• Que el 25 de junio de 2010 la señora Susana González de Herreño, en calidad
de apoderada del investigado, se notificó de la decisión de cargos31 y,
posteriormente, presentó escrito de descargos32.

• Que el disciplinado rindió versión libre en compañía de su apoderada el 10 de

24Cfr. sentencia T-639 de 1996. Se concedió la tutela por encontrar que el juzgado decretó clausurada la
investigación, sin adelantar diligencia alguna tendiente a lograr la comparecencia del procesado, a pesar de que
tenía a su disposición la dirección donde podía ser localizado. En ese caso, al accionante no se le notificó
siquiera de la apertura de investigación en su contra.
25 Corte Constitucional. Sentencia SU-159 de 2002. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. Reiterada en la

Sentencia T-682 de 2015. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
26 Véase folio 3 del cuaderno de antecedentes administrativos y folio 1 del cuaderno de pruebas Nro. 1.
27 Véanse folios 4-5 del cuaderno de antecedentes administrativos y folios 3-4 del cuaderno de pruebas Nro. 1.
28 Véase folio 131 del cuaderno de antecedentes administrativos y folio 33 del cuaderno de pruebas Nro. 2.
29 Véase folio 132 del cuaderno de antecedentes administrativos y folio 24 del cuaderno de pruebas Nro. 2.
30 Véanse folios 133 a 144 del cuaderno de antecedentes administrativos y folios 35 a 46 del cuaderno de

pruebas Nro. 2.
31 Véase folio 157 del cuaderno de antecedentes administrativos y folio 57 del cuaderno de pruebas Nro. 2.
32 Véanse folios 159 a 162 del cuaderno de antecedentes administrativos y folios 59 a 62 del cuaderno de

pruebas Nro. 2.

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agosto de 201033.

• Que el 30 de agosto de 2010 se corrió traslado para presentar alegatos de
conclusión34 y, según constancia del 22 de septiembre del mismo año, la
apoderada del disciplinado radicó un escrito con este propósito35.

• Que el 4 de marzo de 2011 la Trigésima Brigada del Ejército remitió la
investigación disciplinaria al Batallón de Ingenieros Nro. 30, por ser este quien
asumió las funciones del suprimido Batallón de Contraguerrillas Nro. 46 36. El
Batallón de Ingenieros, por su parte, provocó un conflicto de competencias 37,
que fue dirimido el 31 de mayo de 2011, asignándose al Batallón de Ingenieros
Nro. 30 la competencia para continuar el trámite disciplinario en contra del señor
Nelson González Ramírez38. En la providencia que resolvió el conflicto se
dispuso que, una vez avocado el conocimiento por parte del Batallón, la decisión
debía comunicarse a los sujetos procesales.

• El 25 de septiembre de 2012 se citó al disciplinado y a su apoderada para
notificarse39, actuación que se repitió el 1 de octubre del mismo año40, para,
posteriormente, fijar un edicto entre el 8 y el 10 de octubre de 201241, siguiendo
los términos de notificación del artículo 128 de la Ley 836 de 200342.

• Que en auto del 16 de octubre de 2012 el Batallón de Ingenieros Nro. 30 declaró
persona ausente al disciplinado y le nombró un defensor de oficio43, luego de lo
cual, el 3 de diciembre de 2012 se profirió un nuevo pliego de cargos44, en
idéntico sentido al calendado del 3 de junio de 2010, que se notificó al defensor
designado de manera oficiosa ese mismo día45.

• Que el 19 de diciembre de 2012 se expidió decisión disciplinaria de primera
instancia, en la que se resolvió sancionar al señor Nelson González Ramírez con

33 Véanse folios 188 a 190 del cuaderno de antecedentes administrativos y folios 91 a 93 del cuaderno de

pruebas Nro. 2.
34 Véase folio 197 del cuaderno de antecedentes administrativos y folio 101 del cuaderno de pruebas Nro. 2.
35 Véanse folios 201 a 209 del cuaderno de antecedentes administrativos y folios 6 a 14 del cuaderno de pruebas

Nro. 3.
36 Véanse folios 303 al 310 del cuaderno de antecedentes administrativos y folios18 a 25 del cuaderno de

pruebas Nro. 3.
37 Véanse folios 314 a 320 del cuaderno de antecedentes administrativos y folios 30 a 36 del cuaderno de

pruebas Nro. 3.
38 Véanse folios 323 a 329 del cuaderno de antecedentes administrativos y folios 39 a 45 del cuaderno de

pruebas Nro. 3.
39 Véanse folios 332 y 333 del cuaderno de antecedentes administrativos y folios 48 y 49 del cuaderno de

pruebas Nro. 3.
40
Véanse folios 336 a 338 del cuaderno de antecedentes administrativos y folios 52 a 54 del cuaderno de
pruebas Nro. 3.
41 Véase folio 339 del cuaderno de antecedentes administrativos y folio 55 del cuaderno de pruebas Nro. 3.
42 Ley 836 de 2003 (derogada por el artículo 252 de la Ley 1862 de 2017. «Artículo 128. Notificación por edicto.

Tiene lugar cuando a pesar de las diligencias pertinentes no se pudiere realizar la notificación personal. Si
vencido el término de ocho (8) días a partir del envío de la citación, el citado no comparece, se fijará un edicto
en la ayudantía respectiva por el término de tres (3) días para notificar la providencia. (…)».
43 Véanse folios 340-341 del cuaderno de antecedentes administrativos y folios 56-57 del cuaderno de pruebas

Nro. 3.
44 Véanse folios 346 a 357 del cuaderno de antecedentes administrativos y folios 63 a 74 del cuaderno de

pruebas Nro. 3.
45 Véase folio 358 del cuaderno de antecedentes administrativos y folio 75 del cuaderno de pruebas Nro. 3.

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separación absoluta de las fuerzas militares46. Este acto se notificó
personalmente al defensor de oficio el mismo día47.

Analizadas las diferentes actuaciones, encuentra la Sala que, en respuesta a la
citación para notificación del 1 de octubre de 2012, la apoderada del señor Nelson
González Ramírez, remitió una comunicación en la que informaba que le resultaba
imposible comparecer, porque “(…) el 18 de octubre sufrí un accidente, por lo cual
fui intervenida quirúrgicamente el día 19 de octubre del presente año, dicho
procedimiento requiere de un mes de reposo mínimo. Tan pronto esté en mejores
condiciones de salud me trasladaré a esa ciudad para cumplir con dicha
diligencia”48.

Adicionalmente, en el expediente no reposa constancia de que el investigado
hubiese recibido la citación para notificación, pues el único soporte de remisión del
oficio respectivo da cuenta de que esta se devolvió el 13 de noviembre de 2012
porque no existía la dirección de destino49.

Pese a no estar claro que el investigado y/o su defensora hubiesen recibido la
referida citación, la autoridad disciplinaria procedió a fijar un edicto y,
posteriormente, a declarar al demandante persona ausente, nombrándole un
defensor de oficio, sin tener en cuenta que, como se podía validar en las
actuaciones previas, este ya contaba con una apoderada de confianza, quien había
ejercido su defensa técnica.

Llama la atención de la Sala que, además, el 3 de diciembre de 2012 se formulara
un nuevo pliego de cargos, aun cuando ni de la decisión de la Trigésima Brigada de
remitir por competencia la investigación al Batallón de Ingenieros Nro. 30, ni del
pronunciamiento de este al provocar el conflicto de competencias, ni de la decisión
mediante la cual se asignó la competencia al último, se sigue que se declarara la
nulidad del pliego de cargos del 3 de junio de 2010. Más aún: luego de la nueva
decisión de cargos no se corrió traslado para presentar alegatos de conclusión y,
en adelante, las diligencias de notificación se llevaron a cabo con el defensor
designado de manera oficiosa.

Cabe destacar que, ante esta situación, la apoderada del señor González Ramírez
instauró una acción de tutela, relatando que solo tuvo conocimiento de la decisión
disciplinaria el 7 de junio de 2013, cuando se desplazó a la sede de la entidad
demandada y pudo obtener copia de la decisión50. Para entonces, el auto del 19 de
diciembre de 2012 se encontraba ejecutoriado, pues en su contra no se interpuso
ningún recurso e, inclusive, había caducado el término para cuestionar su legalidad

46 Véanse folios 359 a 369 del cuaderno de antecedentes administrativos y folios 76 a 86 del cuaderno de

pruebas Nro. 3.
47 Véase folio 370 del cuaderno de antecedentes administrativos y folio 87 del cuaderno de pruebas Nro. 3.
48 Véase folio 335 del cuaderno de antecedentes administrativos y folio 51 del cuaderno de pruebas Nro. 3.

Según la guía de Servientrega, obrante a folio 334 del cuaderno de antecedentes administrativos y 50 del
cuaderno de pruebas Nro. 3, la comunicación es del 26 de octubre de 2012.
49 Véase folio 61 del cuaderno de pruebas Nro. 3.
50 Según el relato de la sentencia de tutela de segunda instancia. Véase folio 54 del cuaderno principal Nro. 1.

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ante el juez de lo contencioso administrativo.

Advirtiendo la anterior situación, en sentencia del 13 de agosto de 2013 fueron
amparados los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia del señor Nelson González Ramírez y disponiendo que
«(…) solo para efectos de las eventuales acciones ante la jurisdicción contenciosa
administrativa, se tendrá el 7 de junio de 2013 como punto de partida para
contabilizar el término para ejercer el medio de control pertinente»51.

En esos términos, la Sala comparte los argumentos con base en los cuales el
Tribunal Administrativo de Norte de Santander declaró la nulidad de la decisión del
19 de diciembre de 2012, pues la demandada no solo cercenó el ejercicio del
derecho a la defensa del señor González Ramírez en lo que corresponde a la
posibilidad de apelar la sanción 19 de diciembre de 2012, situación que motivó el
amparo constitucional; sino que en las actuaciones previas se desconocieron
etapas del procedimiento que, en últimas, solo hicieron más gravosa la situación del
disciplinado:

• La diligencia de comunicación que se intentó en cumplimiento de la decisión de
asignar la competencia al Batallón de Ingenieros Nro. 30 no se llevó a cabo como
lo indica el artículo 127 de la Ley 836 de 2003, pues, aunque se libraron los
correspondientes oficios, no se acreditó que el disciplinado o su defensora los
recibieran.

• En consecuencia, el edicto del 8 al 10 de octubre de 2012 se fijó sin que se
acreditase la imposibilidad de agotar la notificación personal, incumpliendo con
el presupuesto del artículo 128 de la Ley 836 de 2003.

• Además, no existe claridad acerca de la providencia que se pretendía poner en
conocimiento del interesado, pues en la citación del 25 de septiembre de 2012
se solicitó a la defensora comparecer «(…) con el fin de ser notificada
personalmente sobre el auto que revoca el fallo de segunda instancia de fecha
31 de mayo de 2011 que se adelanta en contra SLP GONZALEZ RAMIREZ
NELSON»52; mientras que en la comunicación del 1 de octubre de 2012 se le
citó para «(…) escucharlo en diligencia de carácter penal dentro de la
investigación bajo el radicado No. 014/2010 debe presentarse en las oficinas
jurídicas de la unidad táctica, que se instruye en contra del SLP. GONZALES
(sic) RAMIREZ NELSON por el presunto delito de ABANDONO DEL
SERVICIO»53 (las subrayas en ambos casos son de la Sala).

• Por su parte, el edicto del 8 al 10 de octubre de 2013 se fijó con el propósito de
llamar, citar y emplazar al investigado para notificarle «(…) el fallo de revocatoria
de fecha 31 de mayo de 2011 dentro de la investigación disciplinaria No. 014/10
que se adelanta en su contra, por la presunta falta gravísima, contenida en el

51 Véase folio 54 del cuaderno principal Nro. 1.
52 Véase folio 332 del cuaderno de antecedentes administrativos y folio 48 del cuaderno de pruebas Nro. 3.
53 Véase folio 336 del cuaderno de antecedentes administrativos y folio 52 del cuaderno de pruebas Nro. 3.

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artículo 58, numeral 25 de la Ley 836 de 2003 y se continué(sic) con el
procedimiento previsto»54 (subrayas de la Sala).

A pesar de la falta de claridad en el procedimiento, no solo se profirió nuevo pliego
de cargos, sino que se desató la primera instancia disciplinaria, sin que de su
contenido la Sala encuentre alguna referencia a la manifestación de la apoderada
del disciplinado, ni sobre el trámite de citación para notificación; inclusive, sin
referencias a la providencia del 31 de marzo de 2011, que no revocó decisión
alguna, sino que dirimió un conflicto de competencias, como ya se expuso.

De esta forma, concurren los presupuestos que conforme a la jurisprudencia
configuran un defecto procedimental absoluto, pues, no existe justificación
constitucional ni legal para desatender las ritualidades propias del régimen
disciplinario aplicable al demandante, esta falta de aplicación de las reglas
procedimentales repercutió en el ejercicio del derecho de defensa y la demandada
no subsanó el defecto a través de los remedios contemplados por el ordenamiento
jurídico para la corrección de errores de procedimiento, por lo que la decisión del
Tribunal en este sentido resulta procedente.

Ahora, en relación con el recurso de apelación formulado por el demandante, la Sala
advierte que la discusión sobre la Orden Administrativa de Personal Nro. 1650 del
30 de octubre de 2009 fue dirimida en la audiencia inicial del 8 de octubre de 2014,
al declarar probada la excepción de caducidad del medio de control, considerando
que se trata de un acto independiente del auto del 19 de diciembre de 2012; decisión
que se confirmó por esta Corporación en auto del 20 de abril de 2017.

De allí que, como se indicó en la sentencia apelada, no sea procedente ordenar el
reintegro del demandante, pues en últimas, la decisión disciplinaria tuvo por
cometido aplicar la sanción correspondiente a la falta cometida, pero ello no
repercutió en la situación laboral del señor Nelson González Ramírez, quien había
sido retirado del servicio con anterioridad.

En ese orden, la Sala confirmará la sentencia apelada.

De la condena en costas en segunda instancia

Sobre este punto, es importante aclarar que teniendo en cuenta el cambio
introducido por el legislador en el artículo 47 de la Ley 2080 de 202155 en el que se
indica que dicha declaración es viable, siempre y cuando se acredite que la parte
vencida obró con manifiesta carencia de fundamento legal, la Subsección A
considera que, en el presente caso, aplicando el criterio anunciado y observando
los argumentos de la parte vencida en sus distintas intervenciones, no se presenta
tal supuesto; por el contrario, en el recurso de apelación expuso consideraciones

54 Véase folio 339 del cuaderno de antecedentes administrativos y folio 55 del cuaderno de pruebas Nro. 3.
55 Ley 2080 de 2021. «Artículo 47. Adiciónese el siguiente inciso al artículo 188 de la Ley 1437 de 2011: En todo

caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda
con manifiesta carencia de fundamento legal».

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razonables en defensa de sus intereses, de manera que no se impondrá condena
en costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por la autoridad de la ley,

FALLA

Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el diecisiete (17) de enero de dos mil
diecinueve (2019) por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, por medio
de la cual se accedió parcialmente a las pretensiones.

Segundo. Sin condena en costas en esta instancia.

Tercero. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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