Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 54001-23-33-000-2015-00007-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 54001-23-33-000-2015-00007-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 54001-23-33-000-2015-00007-02
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
28 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá D. C., veintiocho (28) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 54001-23-33-000-2015-00007-02 (5684-2024)
Demandante: Fanny Patricia Niño Hernández
Demandado: Universidad de Pamplona
Tema: Comisión de estudio
Sentencia de segunda instancia
________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la
sentencia proferida el 16 de julio de 2020 por el Tribunal Administrativo de Norte
de Santander, mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. Fanny Patricia Niño Hernández presentó demanda en ejercicio del medio de
control de controversias contractuales previsto en el artículo 141 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo1, adecuado al de
nulidad y restablecimiento del derecho dispuesto en el artículo 138 del CPACA a
través del auto del 13 de febrero de 20252, en orden a que se declarara la nulidad
de las resoluciones 4 del 16 de junio de 2014 y 7 del 8 de septiembre de 2014,
proferidas por el director de la Oficina Jurídica de la Universidad de Pamplona,
1 En adelante CPACA.
2 Por medio del auto del 13 de febrero de 2025, visible a índice 25 de Samai, a través del cual se
avocó conocimiento por la remisión ordenada por la Sección Tercera de esta corporación en auto
del 28 de agosto de 2024.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 54001-23-33-000-2015-00007-02 (5684-2024)
Demandante: Fanny Patricia Niño Hernández
por medio de las cuales se declaró el incumplimiento del contrato de
«contraprestación de servicios de un docente ocasional en comisión de estudios en el
exterior» suscrito el 12 de diciembre de 2005 entre ella y el ente universitario.
2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó: i) la declaración de que cumplió con el referido contrato y que no
adeudaba suma alguna al ente universitario y que, por el contrario, la institución
fue la que incumplió; ii) la terminación, resolución y liquidación del contrato,
teniendo en cuenta la duración de la contraprestación de servicios y el valor de
los salarios, primas y demás emolumentos que debió percibir durante el tiempo
pactado; y que se tenga en cuenta para la liquidación el salario percibido por un
docente vinculado a la Universidad de Pamplona de igual categoría a la suya; iii)
el pago de los perjuicios morales en cuantía de 100 salarios mínimos legales
mensuales vigentes; iv) el pago de los perjuicios materiales, en la modalidad de
lucro cesante, en cuantía de $383’349.218 por concepto de salarios, primas,
vacaciones, reconocimientos, bonificaciones y/o demás emolumentos, así como
las cesantías definitivas con aplicación del régimen de liquidación retroactiva
teniendo en cuenta el último salario devengado de acuerdo con lo establecido en
la Ley 91 de 1989; v) el pago a la seguridad social que dejó de percibir por el
incumplimiento contractual de la Universidad de Pamplona; vi) el cumplimiento de
la sentencia en los términos de los artículos 192 y siguientes del CPACA; y iii) la
condena en costas a la parte demandada.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:
3.1. El 12 de diciembre de 2005, Fanny Patricia Niño Hernández suscribió un
contrato con la Universidad de Pamplona denominado « contraprestación de
servicios de una docente ocasional en comisión de estudios en el exterior».
3.2. El 17 de marzo de 2009, el ente universitario negó la solicitud de prórroga de
la comisión de estudios bajo el argumento de que «[a]tendiendo las medidas de
choque ordenadas por el Honorable Consejo Superior Universitario en su sesión del día
12 de marzo, según consta en el Acta N°05 y que tiene como finalidad la búsqueda del
punto de equilibrio que la Universidad requiere alcanzar en sus procesos administrativos
y presupuestales; sin lo cual no se puede garantizar su supervivencia, lamentamos
informarle que su solicitud de prórroga de la comisión de estudios ha sido negada» (sic).
Lo anterior, pese a que, de acuerdo con la cláusula novena del contrato, la
prórroga estaba condicionada a lo previsto en el Acuerdo 064 del 10 de agosto de
2004, el cual solo supeditó su aprobación a que se realizara la solicitud.
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Demandante: Fanny Patricia Niño Hernández
3.3. A pesar de que, con la negativa de la prórroga de la comisión la entidad
suprimió la ayuda económica, continuó con sus estudios. Sin embargo, la
Universidad de Pamplona, mediante la Resolución 0165 de 2010, declaró el
incumplimiento del contrato.
3.4. El 3 de junio de 2010, su madre, en calidad de codeudora solidaria, presentó
recurso contra la anterior decisión, con fundamento en que la universidad no tenía
competencia para declarar el incumplimiento y que, en todo caso, Fanny Patricia
Niño Hernández no había abandonado sus estudios. Por el contrario, culminó su
tesis de grado, la cual se encontraba en depósito en la escuela de posgrados para
sustentación en septiembre de ese año. Ante la situación generada, logró
sustentar la tesis en julio de 2010 y, el 17 de agosto de ese año se vinculó a la
universidad para cumplir con la contraprestación del servicio, en los términos del
contrato suscrito.
3.5. La cláusula segunda del mencionado contrato estableció «[e]l contratista se
obliga: a. Prestar sus servicios como docente de la UNIVERSIDAD DE PAMPLONA por
un tiempo equivalente a tres veces el tiempo de la comisión de estudios que por el
presente contrato se le concede. Lapso que comienza el 20 de febrero de 2009» y para
entender su alcance se debió acudir a la décima que aludió «DURACION: La
duración del presente contrato será de TRES (3) años de estudio y NUEVE (9) años de
contraprestación de servicios».
3.6. Una vez se vinculó a la universidad para cumplir con la obligación de
contraprestar el servicio en los términos del contrato suscrito en 2005, es decir,
por un período de 9 años, el ente universitario cambió unilateralmente las
condiciones pactadas y le hizo firmar sucesivos contratos adicionales así: i) del
17 de agosto de 2010 al 17 de diciembre de 2010; ii) del 14 de febrero de 2011 al
17 de junio de 2011; iii) del 14 de agosto de 2011 al 7 de marzo de 2012; iv) del
11 de enero de 2012 al 07 de marzo de 2012; y v) del 17 de abril de 2012 al 31
de julio de 2013. Lo que le hizo imposible económicamente cumplir con las
obligaciones inicialmente pactadas.
3.7. En el año 2012 fue nombrada en periodo de prueba tras superar un concurso
de méritos «lo cual involucró [su] vinculación a la UNIVERSIDAD DE PAMPLONA por
el espacio de un año». No obstante, obtuvo una calificación desfavorable. Contra
tal evaluación interpuso los recursos procedentes y, durante el trámite de su
resolución, la Oficina de Talento Humano le informó que se le habían programado
vacaciones del 2 al 16 de julio de 2013. Sin embargo, el día en el que iniciaba a
gozar de estas, fue notificada por la Secretaría General de la universidad de que
«se ha decidido no renovar su nombramiento».
3.8. Pese a lo anterior, con fundamento en el contrato que le obligaba a
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Demandante: Fanny Patricia Niño Hernández
contraprestar los servicios docentes en la Universidad de Pamplona por 9 años,
una vez finalizó el período de vacaciones, se incorporó a sus labores en la sede
ubicada en el municipio de Villa del Rosario, firmó las listas de asistencia y,
además, el director del programa de Derecho en esa época le ordenó atender el
consultorio jurídico y ser jurado en tesis de grado, sin que se le facilitaran horarios,
ni se le permitiera dictar clases «hasta que no existiera contrato», pese a que
manifestó haber suscrito un contrato en el año 2005.
3.9. «El 26 de agosto de 2013, es decir, un mes y medio después de iniciar el semestre
académico el director de la sede villa del Rosario, me comunica que tengo horarios en 6
asignaturas diferentes, con la indicación que faltaban cargar más asignaturas y que para
poderlas impartir debía firmar un contrato con una duración de 3 meses y 24 días con
vigencia a partir del 1° de septiembre» (sic), ello, sin atención a su especialidad y a
la falta de necesidad de suscribir un nuevo contrato, pues estaba vigente el de
contraprestación.
3.10. «El 5 de septiembre de 2013, recibí[ó] un correo electrónico del director del programa
de Derecho Villa del Rosario, en el que transmite una lista elaborada por el jefe de la
Oficina de la Gestión del Talento Humano en la que [se] encontraba relacionada como
hora cátedra, y en la que el decano ordenaba que debía insistir que firmara […] el contrato
y que […] impidiera asistir a clases» (sic). Durante el mes de agosto no percibió
salario y, de los 5 meses que faltaban para finalizar el año, le ofrecieron laborar
solo 3 meses y 24 días.
3.11. La situación afectaba su condición económica puesto que le era «muy oneroso
en el tiempo poder cumplir con [las] obligaciones» por lo que decidió buscar otro
trabajo, toda vez que al suscribir el contrato de 2005 con la Universidad de
Pamplona las condiciones ofrecían una estabilidad laboral por 12 años (3 de
estudios y 9 de contraprestación) y no «mendicidad por periodos semestrales».
3.12. Con fundamento en la Ley 30 de 1992 que establece que los contratos que
celebran las instituciones de educación superior para el cumplimiento de sus
funciones se rigen por el derecho privado, hizo uso de la «excepción a contrato no
cumplido», toda vez que la universidad la requirió para que celebraran un contrato
por 3 meses y 24 días pese a que no debía suscribir uno adicional, pues ya había
suscrito el de «contraprestación de servicios de una docente ocasional en comisión de
estudios en el exterior» en el año 2005.
3.13. El 27 de enero de 2014 la universidad le notificó de un cobro persuasivo por
incumplimiento contractual. El 17 de febrero de ese año, respondió al trámite
iniciado en su contra y argumentó que el incumplimiento se había presentado por
parte del ente universitario. Asimismo, solicitó «la adecuación del contrato al Decreto
Presidencial N° 3555 de 2007 que fija las condiciones de los contratos de comisión de
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estudio», el cual permite «contraprestar [el servicio] en cualquier entidad del Estado
distinta a la contractual», puesto que para ese momento estaba vinculada en la
Universidad Francisco de Paula Santander3, de naturaleza pública. La anterior
solicitud, la presentó en 2 ocasiones.
3.14. La Universidad de Pamplona profirió la Resolución 04 de junio 16 de 2014, a
través de la cual declaró el incumplimiento del contrato suscrito en el año 2005,
como consecuencia, liquidó los valores contractuales y ordenó el pago de
$62.809.622.
3.15. Contra
la anterior decisión interpuso recurso de reposición, el cual fue
resuelto mediante la «Resolución 7 del 8 de septiembre de 2014 (después de operar el
silencio administrativo art. 86 del CP[A]CA teniendo en cuenta que el recurso se presentó
el día 7 de julio de 2014)» en el sentido de no reponer la decisión inicial bajo
«consideraciones referidas al incumplimiento del contrato, pero no se pronunció frente al
tema central del recurso cual era "la falta de competencia" de la Universidad de Pamplona
para proferir la Resolución 04 de 16 de junio de 2014 en la que se declara el
incumplimiento contractual de mi parte, ni sobre la aplicación del Decreto Presidencial
3555 de 2007» (sic).
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4. Como tales se señalaron los artículos 2, 13, 16, 25, 29, 48, 53, 58 y 228 de la
Constitución Política; y las leyes 57 y 153 de 1887, 91 de 1989, 4ª de 1992, 344
de 1996, y el Decreto 2277 de 1979.
5. En cuanto al concepto de violación, expuso lo siguiente4:
5.1. LaUniversidad de Pamplona carecía de competencia para proferir las
resoluciones 4 del 16 de junio de 2014 y 7 del 8 de septiembre de 2014, por medio
de las cuales declaró unilateralmente el incumplimiento del contrato de
«contraprestación de servicios de un docente ocasional en comisión de estudios en el
exterior» celebrado el 12 de diciembre de 2005 en aplicación de la Ley 80 de 1993,
porque ni de esa norma «ni del contenido del contrato se desprende que las partes
hayan acordado expresamente conferir tal facultad a la [a]dministración». Tampoco
estaba facultado para ello en virtud de la Ley 1150 de 2007, ya que esta solo
permite su «aplicación retroactiva en aquellos casos en los que se expresamente se
estableció tal competencia».
3 En lo que sigue UFPS
4Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», archivos «1ED_001DEMANDA(.PDF)
NroActua 2», «8ED_008ACTUACIONESJZADTVOPAMPLONA(.PDF) NroActua 2» y
«10ED_010SUBSANACIONDEMANDA(.PDF) NroActua 2».
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Demandante: Fanny Patricia Niño Hernández
5.2. Si bien la administración contaba con la facultad de modificar las condiciones
contractuales en ejercicio del ius variandi, este no era absoluto, pues debió
ejercerse en armonía con el principio de pacta sunt servanda, según el cual lo
pactado es ley para las partes. En ese sentido, no le era permitido a la universidad
modificar unilateralmente la duración del contrato ni exigir la suscripción de unos
nuevos para su ejecución y, en todo caso, cualquier variación debió adoptarse
mediante acto motivado, lo que no ocurrió.
5.3. Por lo demás, de acuerdo con el artículo 33 de la Ley 30 de 1992, los contratos
para el cumplimiento de funciones que celebren las universidades estatales y
oficiales se rigen por las normas de derecho privado, por lo que les impide
modificar unilateralmente sus condiciones y pactar cláusulas exorbitantes.
5.4. Con todo, el ente universitario incumplió con el contrato al interpretarlo a su
manera y cambiar su duración, pues no la vinculó por los 9 años de
contraprestación acordados, sino que lo hizo por lapsos interrumpidos, a través
de distintos contratos y le estableció más obligaciones de las pactadas. Con
fundamento en ello, podía suspender el cumplimiento de sus obligaciones ante el
incumplimiento del ente (excepción de contrato no cumplido), e incluso dar por
terminado el contrato y reclamar la correspondiente indemnización.
1.2. Contestación de la demanda
6. LaUniversidad de Pamplona se opuso a las súplicas de la demanda por
considerar que carecía de fundamentos fácticos y jurídicos, bajo las siguientes
consideraciones5:
6.1. La entidad actuó en derecho, porque la solicitud de prórroga se presentó sin
la constancia del director del doctorado exigida por el Acuerdo 064 de 2004 y que
su otorgamiento contravenía el equilibrio presupuestal de la institución. Aunado a
lo anterior, la demandante no obtuvo el título de doctora dentro del término
previsto para la comisión, circunstancia determinante para la expedición de la
Resolución 0165 de abril de 2010. En el procedimiento para la expedición de ese
acto se le garantizaron sus derechos y, posteriormente, fue revocado
directamente al constatarse que el título fue recibido en julio de 2010.
6.2. De otra parte, una vez vinculada la actora, la universidad, con el propósito de
garantizar la contraprestación, le solicitó la suscripción de contratos para su
cumplimiento; no obstante, la demandante se negó a celebrarlos. Asimismo, la
negativa de la renovación de su nombramiento obedeció a la calificación
5 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», archivo
«14ED_013CONTESTACIONDEMANDA(.PDF) NroActua 2».
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Demandante: Fanny Patricia Niño Hernández
desfavorable obtenida durante el periodo de prueba al no cumplir con los
estándares exigidos por la institución, procedimiento ajeno al asunto en discusión.
Finalmente, ante el incumplimiento de las obligaciones asumidas, la Universidad
de Pamplona inició un cobro persuasivo.
6.3. En virtud de la autonomía universitaria, las universidades estatales se rigen en
materia contractual por normas de derecho privado. En desarrollo de este
principio, gozan de un régimen contractual especial de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 57, 93 y 94 de la Ley 30 de 1992, razón por la cual no
están sometidas a la Ley 80 de 1993. En consecuencia, esta última no fue la
norma aplicada, por lo que carece de fundamento el argumento según el cual el
ente universitario no tenía competencia para proferir las resoluciones que
declararon unilateralmente el incumplimiento.
6.4. Los contratos celebrados por universidades estatales u oficiales constituyen
contratos estatales especiales, sujetos a un régimen especial por expresa
disposición legal y en aplicación de la autonomía universitaria. Por ello, se insistió,
en que no se había configurado la vulneración de la Ley 80 de 1993, comoquiera
que esa no fue la norma que reguló la situación jurídica objeto de controversia.
6.5. La demandante reconoció que se había negado a suscribir el contrato
mediante el cual se pretendía materializar la contraprestación derivada del
contrato de contraprestación de servicios suscrito en el año 2005. Igualmente,
afirmó que se encontraba vinculada a la UFPS, frente a la cual pretendió que se
le tuviera como cumplimiento de la contraprestación. No obstante, esa pretensión
era improcedente, puesto que la obligación surgió del contrato celebrado con la
Universidad de Pamplona, entidad que goza de autonomía administrativa y
presupuestal diferente de la de la UFPS. Además, en ese contrato no se pactó la
posibilidad de cumplir con las obligaciones mediante la prestación del servicio en
una institución distinta, aunque esta tuviese naturaleza pública.
6.6. En ese contexto, la expedición de los actos demandados se produjo como
consecuencia del incumplimiento de las obligaciones derivadas en el contrato de
contraprestación, pues para la fecha de su expedición, la demandante no se
encontraba vinculada a la Universidad de Pamplona, por tal motivo se inició el
cobro persuasivo. Actuaciones que se fundamentaron en la Resolución 813 del
22 de abril de 20[13]6, aplicable al caso, y no la Ley 80 de 1993.
1.3. La sentencia apelada
6 Reglamento interno de recaudo de cartera expedido por el Consejo Superior de la Universidad
de Pamplona.
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Demandante: Fanny Patricia Niño Hernández
7. El Tribunal Administrativo de Norte de Santander, en sentencia proferida el 16
de julio de 2020, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y se
abstuvo de condenar en costas, en los siguientes términos:
«PRIMERO: DECLÁRESE la nulidad de los actos administrativos demandados
contenidos en la Resolución No. 04 del 16 de junio de 2014 "por medio del cual se
declara el incumplimiento del contrato de contraprestación de servicios de una docente
en comisión de estudios en el exterior" y la Resolución No. 07 del 8 de septiembre de
2014 "por la cual se resuelve el recurso de reposición contra la Resolución No. 04 del
15 de junio de 2014", por lo expuesto en la parte motiva de la sentencia.
SEGUNDO: ORDÉNESE a título de restablecimiento del derecho, que la
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA declaré la inexistencia de sumas adeudadas por la
señora FANNY PATRICIA NIÑO HERNÁNDEZ, derivadas del contrato de
contraprestación de servicios de una docente en comisión de estudios en el exterior
suscrito, conforme a las consideraciones expuestas.
TERCERO: NIÉGUENSE las demás pretensiones de la demanda, de conformidad con
lo expuesto en la parte considerativa.
CUARTO: ABSTENERSE de efectuar condena en costas en esta instancia, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva.» (sic).
8. Para tal efecto, luego de realizar un recuento legal y jurisprudencial aplicable al
asunto, fundamentó su decisión en lo siguiente7:
8.1. El contrato de contraprestación de servicios docente en comisión en el exterior
celebrado por una universidad pública se rige por un régimen especial de
contratación, principalmente de derecho privado, por lo que, no le es aplicable la
Ley 80 de 1993. Sin embargo, lo anterior no altera su naturaleza pública. Así pues,
aunque las universidades gozan de autonomía contractual, no están facultadas
para ejercer potestades del régimen estatal, como declarar unilateralmente el
incumplimiento o incluir cláusulas exorbitantes cuando no están aplicando tal
régimen.
8.2. Las resoluciones acusadas se expidieron sin competencia funcional, pues
fueron suscritas por el director de la oficina jurídica de la Universidad de
Pamplona, quien no contaba con delegación expresa para esos fines. El
fundamento jurídico invocado para la expedición de las resoluciones, esto es, la
Ley 1066 de 2006, relativa a la normalización de la cartera pública, y la Resolución
813 de 20[13], que establece el reglamento interno de cartera, no le confieren al
director de la oficina jurídica facultades para expedir actos administrativos
relacionados con la terminación unilateral de contratos celebrados por el ente
7 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», archivo «32ED_031SENTENCIA(.PDF)
NroActua 2».
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Demandante: Fanny Patricia Niño Hernández
universitario. En cambio, tal competencia le corresponde al rector, en su condición
de representante legal de la institución y en atención a que fue quien suscribió el
contrato de contraprestación del servicio.
8.3. Era procedente declarar «la inexistencia de cualquier monto a cancelar derivado
del contrato de contraprestación de servicios docentes por comisión en el exterior, al
evidenciarse que la actora vio truncado el cumplimiento contractual, por la no garantía de
vinculación continua con la institución demandada» (sic).
8.4. No se acreditaron perjuicios morales, ni materiales. Además, la demandante
ha mantenido una vinculación con la UFPS.
8.5. La condena en costas era improcedente, pues no se demostró su causación,
en consideración a lo previsto en el artículo 188 del CPACA y 365 del CGP.
1.4. Los recursos de apelación
9. La Universidad de Pamplona interpuso recurso de apelación y señaló que8:
9.1. Envirtud de la autonomía universitaria prevista en el artículo 69 de la
Constitución Política, las universidades estatales, como entes autónomos
universitarios, gozan de un régimen contractual especial de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 57, 93 y 94 de la Ley 30 de 1992, vigente a la fecha de
suscripción del contrato de «contraprestación de servicios de una docente ocasional
en comisión de estudios en el exterior» y declarado exequible por la Corte
Constitucional en la sentencia C -547 de 1994.
9.2. Con fundamento en lo anterior, el estatuto de contratación de la Universidad
de Pamplona en su artículo 13, parágrafo, dispone «[l]a Universidad de Pamplona,
discrecionalmente y cuando lo considere necesario, podrá pactar en sus contratos, las
cláusulas excepcionales al derecho común de terminación, interpretación y modificación
unilaterales, de sometimiento a las leyes nacionales, de caducidad y multas» (sic).
9.3. Como consecuencia, los actos contractuales que celebren las universidades
estatales u oficiales son «contratos estatales especiales», por cuanto están sujetos
a un régimen especial por expresa disposición legal y, por lo tanto, sí estaba
facultada para declarar unilateralmente el incumplimiento del contrato estatal
(comisión de estudios).
9.4. En esa medida, los actos acusados fueron el resultado del incumplimiento de
8 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», archivo
«33ED_032RECURSOAPELACIONDEMANDADO(.PDF) NroActua 2».
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Demandante: Fanny Patricia Niño Hernández
la demandante frente a las obligaciones contenidas en el contrato de
contraprestación, pues para la fecha de su expedición se tuvo en cuenta que
aquella no se encontraba vinculada a la institución, lo que dio origen al inicio de
la etapa de cobro persuasivo, según lo establece el Capítulo Ill, numeral 3.2.1, de
la Resolución 813 del 22 de abril de 2008.
9.5. Para la expedición de las resoluciones demandadas se tuvieron en cuenta la
Resolución 813 del 22 de abril de 2008 y las cláusulas del contrato de
contraprestación, las cuales obligaban a la demandante a mantenerse vinculada
a la universidad para cumplir con la prestación del servicio. Estas eran las normas
aplicables al caso, lo que desvirtuó la «supuesta incompetencia», sustentada en la
violación de la Ley 80 de 1993, normativa que no era, ni fue aplicada.
10. Fanny Patricia Niño Hernández interpuso recurso de apelación contra los
ordinales 2 y 3 de la decisión, con fundamento en que9:
10.1. Desconocieron las consecuencias jurídicas de la nulidad de los actos, porque,
aunque se reconoció la falta de competencia de la universidad para expedirlos,
no se declaró que «actualmente no adeuda suma de dinero». Lo anterior en razón a
que, si la universidad no tenía competencia para declarar el incumplimiento
contractual, tampoco la tenía para declarar la existencia de una deuda derivada
de ese contrato; en consecuencia, la pretensión de la demanda consistía en que
se declarara que ella no adeudaba dinero a favor de la universidad, no a título de
restablecimiento, sino porque la universidad le imputó una obligación con base en
un acto ilegal.
10.2. No hubo pronunciamiento frente a la totalidad de las pretensiones, pues, a
pesar de que se llegó a la conclusión de que hubo incumplimiento de las
obligaciones contractuales por parte de la universidad, en el resuelve de la
decisión no se incluyó consecuencia alguna por esa causa.
10.3. Aunque en el fallo se hizo referencia a un incumplimiento parcial, sin valorar
las reiteradas faltas a las obligaciones por parte de la institución, en cuanto a la
que encontró acreditada, esto es la omisión de vinculación continua pese a que
el contrato previó una duración de 9 años, se omitió resolverse sobre la excepción
«non adimpleti contractus»10 y no se tuvieron en cuenta las pruebas que
demostraban que el incumplimiento de la universidad le causó perjuicios, pues
era contratada por pocos meses en el año, lo que hacía oneroso el cumplimiento
de sus obligaciones y, además, la dejaba cesante y sin seguridad social por varios
9 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», archivo
«34ED_033RECURSOAPELACIONDEMANDANTE(.PDF) NroActua 2».
10 Excepción de contrato no cumplido
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Demandante: Fanny Patricia Niño Hernández
periodos.
10.4. Hubo una interpretación errada de los daños, toda vez que se incorporó a la
institución el 17 de agosto de 2010 para cumplir con la finalidad de prestar sus
servicios por 9 años, es decir, hasta el 17 de agosto de 2019, pero por el
incumplimiento de la universidad, no lo pudo hacer. En consecuencia, solicitó «a
título de lucro cesante el equivalente al objeto primario del contrato, que es el pago por
la prestación del servicio docente, para ello en el libelo de la demanda acápite
ESTIMACION RAZONADA Y JURAMENTADA DE LA CUANTIA, se hizo una relación del
daño, que no resulta especulativo ni falto a la realidad, por cuanto el salario de las
personas que prestan sus servicios a las universidades públicas se rigen por el Decreto
1279 de junio 19 de 2020, que no requiere de prueba por cuanto es una norma nacional.
Además, en la audiencia de pruebas de 5 de octubre de 2017, se decretó por parte del
señor magistrado prueba solicitada por la demandante y conducente a que la universidad
de pamplona certificara el salario que percibía una persona de [su] categoría (…), que
incluso establece unos valores superiores a los solicitados». Cálculo que dio como
resultado un total de $383.49.218 de patrimonio que dejó de percibir por el
incumplimiento de la universidad en las condiciones de modo, tiempo y lugar del
contrato de comisión de estudios en el exterior y frente a lo que el tribunal no se
pronunció.
10.5. Se desconocieron las expectativas legítimas que los contratos generan en las
partes, así como la realidad de la actividad docente, en la que es posible que
laboren en varias instituciones para mejorar sus ingresos, ello, al señalarse que
no sufrió un detrimento patrimonial por el hecho de desempeñarse en otro empleo.
1.5. Pronunciamientos en segunda instancia
11. Las partes no se pronunciaron en esta oportunidad11.
1.6. Concepto del Ministerio Público
12. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no emitió concepto 12.
2. Consideraciones
2.1. Los problemas jurídicos
11 Se corrió traslado para alegar según el auto del 18 de junio de 2021, sin embargo, las partes no
se pronunciaron en esta oportunidad de acuerdo con la constancia secretarial del 1° de septiembre
de 2021, a índice 14 de Samai.
12 De conformidad con la constancia secretarial del 1° de septiembre de 2021, a índice 14 de
Samai.
11
Radicado: 54001-23-33-000-2015-00007-02 (5684-2024)
Demandante: Fanny Patricia Niño Hernández
13. Con fundamento en los argumentos expuestos en el escrito de apelación 13, los
problemas jurídicos consisten en determinar:
13.1. ¿sila Universidad de Pamplona estaba facultada para declarar que la
demandante había incumplido con las obligaciones del contrato de
contraprestación por comisión de estudios que suscribió con la entidad y, como
consecuencia de ello, disponer que le correspondía restituir el dinero invertido por
tal comisión?
13.2. ¿sila sentencia de primera instancia omitió declarar las consecuencias
jurídicas derivadas de la nulidad de los actos administrativos demandados,
específicamente de la obligación de pago a cargo de la demandante y si era
procedente el reconocimiento de los perjuicios causados?
14. Para resolver los problemas jurídicos se estudiarán los siguientes temas: (i)
autonomía universitaria y la naturaleza jurídica de la Universidad de Pamplona;
(ii) regulación sobre la comisión de estudios. Normativa aplicable a la Universidad
de Pamplona; (iii) naturaleza jurídica del contrato o convenio de contraprestación
por comisión de estudios; y (iv) caso concreto.
2.2. Marco normativo y jurisprudencial
2.2.1. Autonomía universitaria y la naturaleza jurídica de la Universidad de
Pamplona
15. La Constitución Política en el artículo 69 reguló la autonomía universitaria en
virtud de la cual «[l]as universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus
propios estatutos, de acuerdo con la ley». La norma ordenó al legislador expedir el
régimen especial que las reglara en concordancia con la estructura del Estado
fijada en el artículo 113 Constitucional que, junto con las tres ramas del poder
público, lo conforman los órganos autónomos e independientes como lo son estas
instituciones.
16. Si bien las universidades son entes autónomos no son entidades que se
encuentren apartadas del régimen constitucional y legal que rigen al Estado en su
conjunto. La autonomía que detentan no es absoluta y puede ser limitada por el
legislador siempre que no impida su ejercicio14.
13 Que delimita el marco de la competencia del juez de segunda instancia, pues así lo establece
el artículo 328 de la Ley 1564 de 2012.
14 En ese sentido se pronunció la Corte Constitucional en la sentencia C-220 de 1997 y el Consejo
de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, el 26 de marzo de 2014, Radicado. 11001-03-06-
000-2014-00026 00.
12
Radicado: 54001-23-33-000-2015-00007-02 (5684-2024)
Demandante: Fanny Patricia Niño Hernández
17. En ese sentido, la jurisprudencia de la Corte Constitucional señaló que « la
autonomía universitaria no es absoluta, puesto que corresponde al Estado regular y
ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su
calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y
física de los educandos; y a la ley establecer las condiciones requeridas para la creación
y gestión de los centros educativos, y dictar las disposiciones con arreglo a las cuales las
universidades pueden darse sus directivas y regirse por sus estatutos»15.
18. El legislador expidió la Ley 30 de 1992 en atención al anterior criterio y a la
competencia asignada por el artículo 69 Constitucional. Con la ley organizó el
servicio público de educación superior y regló el ejercicio de la autonomía
universitaria de la siguiente manera:
Artículo 28. La autonomía universitaria consagrada en la Constitución Política de
Colombia y de conformidad con la presente Ley, reconoce a las universidades el
derecho a darse y modificar sus estatutos, designar sus autoridades académicas y
administrativas, crear, organizar y desarrollar sus programas académicos, definir y
organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y culturales,
otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a sus profesores, admitir a sus
alumnos y adoptar sus correspondientes regímenes y establecer, arbitrar y aplicar sus
recursos para el cumplimiento de su misión social y de su función institucional.
Artículo 29. La autonomía de las instituciones universitarias o escuelas tecnológicas
y de las instituciones técnicas profesionales estará determinada por su campo de
acción y de acuerdo con la presente Ley en los siguientes aspectos:
a) Darse y modificar sus estatutos.
b) Designar sus autoridades académicas y administrativas.
c) Crear, desarrollar sus programas académicos, lo mismo que expedir los
correspondientes títulos.
d) Definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas,
culturales y de extensión.
e) Seleccionar y vincular a sus docentes, lo mismo que a sus alumnos.
f) Adoptar el régimen de alumnos y docentes.
g) Arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de su
función institucional.
Parágrafo. Para el desarrollo de lo contemplado en los literales a) y e) se requiere
notificación al Ministro de Educación Nacional, a través del Instituto Colombiano para
el Fomento de la Educación Superior (ICFES).
19. El artículo 57 ibidem especificó que «[e]l carácter especial del régimen de las
universidades estatales u oficiales, comprenderá la organización y elección de directivas,
del personal docente y administrativo, el sistema de las universidades estatales u
oficiales, el régimen financiero, el régimen de contratación y control fiscal y su propia
seguridad social en salud, de acuerdo con la presente ley».
15 Corte Constitucional sentencia C-547 de 1994.
13
Radicado: 54001-23-33-000-2015-00007-02 (5684-2024)
Demandante: Fanny Patricia Niño Hernández
20. En tal sentido, las universidades públicas gozan de autonomía para emitir sus
reglamentos internos, con amplio margen de autodeterminación, cuyo límite es el
ordenamiento jurídico. Además, en materia salarial, se rigen por la Ley 4ª de1992
y, en el ámbito contractual, por normas especiales sobre cada tipo de
contratación.
21. De acuerdo con lo anterior, la jurisprudencia ha señalado que este precepto
constitucional (artículo 69) «consiste en la libertad de acción de los centros educativos
superiores, de tal modo que las restricciones son excepcionales y deben estar previstas
en la ley»16 puesto que con el fin de lograr los objetivos de estas instituciones
académicas es necesario que estén habilitadas para expedir sus reglamentos en
atención a su capacidad de autorregulación y autodeterminación, lo que les
permitirá actuar con suficiente independencia e imparcialidad para satisfacer
principios como la libertad de cátedra y de pensamiento «dentro de un clima libre
de interferencias del poder público tanto en el campo netamente académico como en la
orientación ideológica, o en el manejo administrativo o financiero del ente educativo»17,
esto es, que la actividad académica se realice sin ninguna interferencia externa
que pueda comprometer su imparcialidad.
22. Empero, esta prerrogativa no es absoluta e ilimitada, y debe ser ejercida con
respeto de la Constitución, la ley, el orden público, el interés general y el bien
común18, tal y como se definió en la sentencia SU-261 de 2021, en la que además
se dijo lo siguiente:
«La Corte ha determinado que la autonomía universitaria se concreta en tres
dimensiones19: una académica, una financiera y una política. En estos aspectos, la
jurisprudencia ha reconocido que las instituciones de educación superior tienen la
potestad de autoorganización (darse sus propias directivas) y de autorregulación
(regirse por sus propios estatutos)20. Dichas prerrogativas aseguran y protegen la
independencia de las instituciones de educación superior y, a su vez, mantienen una
correlación relevante con otros derechos constitucionales, “que en ocasiones la
complementan y en otras la limitan”21. Así, la autonomía universitaria es inescindible
del derecho al libre desarrollo de la personalidad, del derecho a la educación y a
escoger libremente profesión u oficio y de las libertades de cátedra, de enseñanza, de
aprendizaje y de investigación22».
16 Sentencia T-492 de 1992, citada en la Sentencia C-560 de 2000.
17 Ibidem.
18 Al respecto, la Sentencia SU-261 de 2021 citó las siguientes Sentencias: T-672 de 1998, C-517
de 1999, C-829 de 2002, C-918 de 2002, C-121 de 2003, T-1228 de 2004, C-452 de 2006, T-758
de 2008, C-568 de 2010, C-491 de 2016, C-535 de 2017 y T-089 de 2019
19 Sentencias C-926 de 2005 y SU-115 de 2019.
20 Sentencias C-337 de 1996, C-535 de 2017 y SU-115 de 2019.
21 Sentencias T-310 de 1999, T-580 de 2019 y T-106 de 2019.
22 Sentencia T-106 de 2019.
14
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Demandante: Fanny Patricia Niño Hernández
23. Ahora bien, de conformidad con el artículo 1 del Acuerdo 027 del 25 de abril
de 200223, la Universidad de Pamplona es un ente universitario autónomo, del
orden departamental, con régimen especial y vinculada al Ministerio de Educación
Nacional en lo que se refiere a las políticas y planeación del sector educativo, con
personería jurídica, autonomía académica, administrativa y financiera, patrimonio
independiente. Reconocida como universidad por el Decreto 1550 del 13 de
agosto de 1971.
2.2.2. Regulación sobre la comisión de estudios y normativa aplicable a la
Universidad de Pamplona
24. De forma general, de conformidad con el artículo 75 del Decreto 1950 de
197324, la comisión era entendida como el ejercicio temporal y transitorio de
funciones, ya fuera en desarrollo de las propias del empleo público en un lugar
diferente al de la sede habitual de trabajo, o en el ejercicio de actividades oficiales
que no se corresponden con las propias del cargo. Asimismo, tal disposición
determinaba como modalidades de comisión i) la de servicio; ii) la de estudio; iii)
la que se otorga para desempeñar un cargo de libre nombramiento y remoción y;
iv) la que tiene como finalidad atender invitaciones de gobiernos extranjeros, de
organismos internacionales o de instituciones privadas.
25. En cuanto a la comisión de estudios, según el artículo 84 ejusdem, su propósito
era que el empleado público pudiera «recibir capacitación, adiestramiento o
perfeccionamiento en el ejercicio de las funciones propias del empleo de que se es titular,
o en relación con los servicios a cargo de que se es titular, o en relación con los servicios
a cargo del organismo donde se halle vinculado el empleado».
26. De otro lado, es importante indicar que, conforme con lo dispuesto en el artículo
90 ejusdem, debía entenderse que el comisionado se encontraba en servicio
activo durante el tiempo de la comisión de estudios y tan pronto esta finalizara
debía reincorporarse a sus funciones.
27. Por su parte, la comisión de estudios en el exterior, para la fecha en que le fue
concedida a la demandante, estaba regulada por el Decreto 1050 de 1997 25, la
cual fue objeto de modificaciones a través del Decreto 3555 de 200726, que aludía:
23 Por el cual se actualiza el Acuerdo No.042 del 17 de junio de 1999, Estatuto General de la
Universidad de Pamplona
24 Por el cual se reglamentan los Decretos- Leyes 2400 y 3074 de 1968 y otras normas sobre
administración del personal civil. Derogado por el Decreto 1083 de 2015
25 Por el cual se dictan disposiciones sobre comisiones en el exterior. Derogado por el
Decreto 1083 de 2015.
26 Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1050 de 1997. Derogado por el Decreto 1083 de
2015.
15
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Demandante: Fanny Patricia Niño Hernández
Artículo 7°. De la Comisión de estudios. Se podrá conferir comisión de estudios en
el exterior al servidor público que tenga por lo menos un (1) año continuo de servicio
en la respectiva entidad, y para tal efecto, además de las autorizaciones de la Junta,
Consejo Directivo o Superior respectivo, cuando a ello haya lugar, deberán cumplirse
los siguientes requisitos, sin excepción:
Convenio mediante el cual el comisionado se compromete a prestar sus servicios a la
entidad que otorga la comisión o a cualquier otra entidad del Estado, por el doble del
tiempo de duración de la comisión y Póliza de Garantía de cumplimiento por el término
señalado en el aparte anterior y un (1) mes más, y por el ciento por ciento (100%) del
valor total de los gastos en que haya incurrido la entidad con ocasión de la comisión
de estudios y los sueldos que el funcionario pueda devengar durante el transcurso de
su permanencia en el exterior.
El plazo de la comisión de estudios no podrá ser mayor de doce (12) meses,
prorrogable por un término igual hasta por dos (2) veces, siempre que se trate de
obtener título académico y previa comprobación del buen rendimiento del
comisionado, debidamente acreditada con los certificados del respectivo Centro
Académico.
Cuando se trate de obtener título académico de especialización científica o médica la
prórroga a que se refiere el presente artículo podrá otorgarse hasta por tres (3) veces,
bajo las mismas condiciones contempladas en el inciso anterior.
En todo caso, si vencido el término de la comisión de estudios, el servidor público no
se reintegra al servicio deberá devolver el valor total de las sumas giradas por la
entidad otorgante al Tesoro Nacional, junto con sus respectivos intereses liquidados a
la tasa de interés bancario, sin perjuicio de las demás acciones previstas, cuando se
hubiere otorgado beca a través del Icetex.
Si el empleado Comisionado se retira del servicio antes de dar cumplimiento a la
totalidad del tiempo estipulado en el convenio, deberá reintegrar la parte de las sumas
pagadas por la Entidad, correspondiente al tiempo de servicio que le falte por prestar,
incluidos los intereses a que haya lugar».
28. Ahora bien, las anteriores normas fueron derogadas por el Decreto 1083 de
2015, que sobre el particular prevé:
«Artículo 2.2.5.5.21 Comisión. El empleado se encuentra en comisión cuando cumple
misiones, adelanta estudios, atiende determinadas actividades especiales en sede
diferente a la habitual o desempeña otro empleo, previa autorización del jefe del
organismo. La comisión puede otorgarse al interior del país o al exterior.
Artículo 2.2.5.5.22 Clases de comisión. Las comisiones pueden ser:
(…)
2. Para adelantar estudios (…)».
29. De forma particular, La Universidad de Pamplona, por medio de Acuerdo 130
de 200227 capítulo XI relativo a las situaciones administrativas, reglamentó las
comisiones que podían otorgárseles a sus docentes, de la siguiente manera:
«ARTÍCULO 62. El docente de dedicación exclusiva, tiempo completo o medio tiempo,
27 Por el cual se expide el Estatuto del Profesor Universitario de la Universidad de Pamplona
16
Radicado: 54001-23-33-000-2015-00007-02 (5684-2024)
Demandante: Fanny Patricia Niño Hernández
puede encontrarse en:
(…)
d. Comisión
(…)
PARÁGRAFO.- Las situaciones administrativas del personal docente se regirán por
las disposiciones generales de ley.
DE LAS COMISIONES ARTÍCULO 73.- El docente de carrera se encuentra en
comisión, cuando por disposición del Consejo Superior Universitario de la Universidad
de Pamplona, ejerce temporalmente las funciones propias de su cargo en lugares
diferentes a la sede habitual de su trabajo, o atendiendo por un período definido
actividades oficiales de docencia, de administración, de representación o en comisión
de estudios.
ARTÍCULO 74. Las comisiones pueden ser:
(…)
b. De estudio, para adelantar estudios de postgrado y/o perfeccionamiento académico,
dentro o fuera del país. Esta comisión está sujeta a los planes de desarrollo académico
de la institución, a los acuerdos reglamentarios, a las exigencias contractuales legales,
y sólo será concedida por el Consejo Superior Universitario.
(…)»
30. Asimismo, en el artículo 76 ejusdem se reguló lo relativo a los requisitos
exigidos a los docentes para conceder la comisión de estudio, entre ellos, la
suscripción del contrato de contraprestación de servicio con la institución y su
contenido, esto es la identificación de las partes, el objeto del contrato, la
institución en donde se cursarán los estudios, el tiempo de la comisión y su
contraprestación, las obligaciones de las partes, la garantía de cumplimiento, las
causales de terminación, entre otras. Igualmente, en el parágrafo 1 del
mencionado artículo se indicó:
«Si antes del vencimiento del presente contrato se prevé la necesidad de que el
comisionado tuviera que tomarse un tiempo adicional, deberá solicitar autorización al
Consejo Superior con una antelación no inferior a treinta (30) días, acompañada de la
constancia del director del Doctorado, en la que certifique que se requiere la prórroga
que en ningún caso podrá ser superior a un (1) año a juicio del Consejo Superior. Una
vez autorizada la prórroga, el comisionado deberá prorrogar las garantías y,
consecuencialmente, se aumentará en el mismo lapso el tiempo de contraprestación
de servicios» (sic).
31. En esas condiciones, la comisión de estudios para los docentes de la
Universidad de Pamplona está reglamentada en el Acuerdo 130 de 2002 del
Consejo Superior Universitario y una vez concedida, el beneficiario se
compromete, entre otras actuaciones, a suscribir un contrato de contraprestación
y otorgar una garantía de cumplimiento sobre el monto de la comisión. Así como,
en caso de terminación de la comisión por causa imputable al comisionado, o
incumplimiento de su parte, quedará obligado a restituir a la universidad, los
dineros invertidos, así: a) el 100% de lo invertido por cualquier concepto si la
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Radicado: 54001-23-33-000-2015-00007-02 (5684-2024)
Demandante: Fanny Patricia Niño Hernández
terminación o incumplimiento se presenta durante el término de la comisión y b)
proporcionalmente al tiempo que falte de la contraprestación, en caso de que el
incumplimiento o terminación se presente durante el tiempo de la
contraprestación.
32. Ahora bien, en el caso particular de la demandante y en relación con las
comisiones de estudios para docentes ocasionales de tiempo completo, la
universidad expidió el Acuerdo 074 de 2001, en atención a que el gobierno había
fijado estándares mínimos de calidad para las universidades que ofrecían
programas de posgrados, en los que, se unificaron los requisitos y procedimientos
para los programas de doctorado y maestría. No obstante, la universidad no
contaba con el talento humano suficiente para cumplirlos.
33. En atención a tal situación, y como política transitoria para superar el déficit
académico y mantener competitividad institucional, el Consejo Superior
Universitario expidió el Acuerdo 056 del 2001, mediante el cual adoptó la política
transitoria de capacitación para adelantar estudios de doctorado en algunas
universidades de España, de conformidad con los convenios que para tal efecto
suscribiera el rector de la institución. Según el orden de prelación de cupos,
inicialmente la medida se adelantó a favor de los docentes de tiempo completo;
sin embargo, la demanda no cubrió la totalidad de los cupos, lo que generó la
necesidad de vincular, como docentes ocasionales de tiempo completo, a los
profesionales admitidos, con el fin de que pudieran beneficiarse de la comisión.
34. En desarrollo de lo anterior, la universidad expidió el Acuerdo 074 de 2001,
mediante el cual dispuso que serían destinatarios de la capacitación mediante
estudios de doctorado en el exterior «[l]os servidores públicos que se venían
desempeñando como docentes hora cátedra y empleados públicos de la Universidad de
Pamplona, que hayan sido vinculados como Docentes Ocasionales de Tiempo
Completo», lo que implicó la vinculación de este personal como beneficiarios de la
comisión de estudios.
35. Posteriormente, a través del Acuerdo 064 del 200428 reglamentó la prórroga de
la comisión de estudios para los docentes ocasionales que cursaran estudios
doctorales en España, en los siguientes términos:
«ARTÍCULO PRIMERO.- A los Profesores de Tiempo Completo Ocasional, que
adelantan estudios en Universidades que asuman los costos de manutención
generados por la prórroga de su Comisión de Estudios y que dando cumplimiento a
su Contrato presenten la solicitud de autorización al Consejo Superior con una
antelación no inferior a 30 días, acompañada de la Constancia del Director del
28 Por medio del cual se reglamenta la prórroga de la Comisión de Estudios para los docentes
ocasionales que cursan estudios doctorales en España
18
Radicado: 54001-23-33-000-2015-00007-02 (5684-2024)
Demandante: Fanny Patricia Niño Hernández
Doctorado, en la que certifique que se requiere la prórroga; se les ampliará la Comisión
hasta por el término de un (1) año, sin que reciban reconocimiento económico de la
Universidad de Pamplona»
2.2.3. Naturaleza jurídica del contrato o convenio de contraprestación por
comisión de estudios
36. Tal y como se expuso en el aparte anterior, las comisiones de estudio
constituyen una modalidad de situación administrativa derivada de la relación
laboral existente entre el servidor público y la entidad estatal a la que se encuentra
vinculado. En tal sentido, su otorgamiento presupone la existencia del vínculo
laboral, por ello, los acuerdos o contratos suscritos con ocasión de la comisión no
tienen un origen en la autonomía negocial propia de la contratación estatal, sino
en la relación de empleo que existe entre el servidor y la entidad pública.
37. Es así como la regulación de la comisión de estudios, prevista inicialmente en
el Decreto 1950 de 1973 y desarrollada posteriormente por otras disposiciones
especiales, o propias como en el caso de la Universidad de Pamplona, evidencian
que hacen parte del régimen del derecho laboral y de las situaciones
administrativas de los servidores públicos. En consecuencia, las obligaciones que
surgen para las partes, tales como el deber institucional de financiar o autorizar la
formación académica y, correlativamente, la obligación del servidor de terminar
los estudios y prestar sus servicios a la entidad durante un tiempo determinado,
se enmarcan en los derechos y deberes derivados de la relación laboral.
38. La jurisprudencia del Consejo de Estado29 ha establecido que los contratos
celebrados para el desarrollo de la comisión de estudios no tienen la naturaleza
de contratos estatales regidos por la Ley 80 de 1993, sino que « tiene su génesis
en la vinculación laboral del comisionado al empleo público del que es titular, luego el
régimen al que debe someterse es el especial propio de la relación legal y reglamentaria
de los empleados públicos o de la relación contractual laboral para los trabajadores
oficiales. Se trata pues de un acuerdo de voluntades entre la Administración pública y el
servidor al que se le confiere la comisión con el único objetivo de regular una situación
administrativa, lo que hace incuestionable que lo que en ellos se define es el desarrollo y
ejecución de relaciones laborales de derecho público» (sic).
39. En tal medida, el contrato de contraprestación por comisión de estudios no es
un negocio jurídico autónomo e independiente de la relación laboral, sino derivada
de ella, mediante el cual se establecen obligaciones reciprocas relacionados con
el fortalecimiento académico del servidor y la prestación futura de los servicios de
29 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 26 de octubre de 2017,
Radicación: 25000-23-26-000-2005-01411-01(3207-15).
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Radicado: 54001-23-33-000-2015-00007-02 (5684-2024)
Demandante: Fanny Patricia Niño Hernández
este en favor de la entidad que la otorgó.
2.3. Lo probado dentro del proceso
40. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente30:
40.1. El 12 de diciembre de 2005 Fanny Patricia Niño Hernández suscribió con la
Universidad de Pamplona el contrato de «contraprestación de servicios de un docente
ocasional en comisión de estudios en el exterior» con una duración de 3 años de
estudio y 9 años de contraprestación31.
40.2. Sin fecha de radicación, la demandante solicitó una prórroga de la comisión
de estudios por el término de 1 año, con fundamento en el Acuerdo 064 de 2004.
Lo anterior, comoquiera que, en el lapso de 3 años otorgados, los cuales vencían
el «20 de febrero del año en curso», no le había sido posible culminar los estudios
de doctorado32.
40.3. El 17 de marzo de 2009, la secretaria general de la universidad resolvió la
solicitud en los siguientes términos «[a]tendiendo las medidas de choque ordenadas
por el Honorable Consejo Superior Universitario en su sesión del día 12 de marzo, según
consta en el Acta No.05 y que tienen como finalidad la búsqueda del punto de equilibrio
que la Universidad requiere alcanzar en sus procesos administrativos y presupuestales;
sin lo cual no se puede garantizar su supervivencia, lamentamos informarle que su
solicitud de prórroga de la Comisión de Estudios ha sido negada» (sic)33.
40.4. Contra la Resolución 0165 del 27 de abril de 2010, por medio de la cual se
declaró el incumplimiento del contrato de contraprestación de servicios como
docente ocasional de tiempo completo, presentó recurso de reposición, con base
en que la universidad se extralimitó en sus funciones al carecer de competencia
para adoptar tal decisión, comoquiera que la Ley 80 de 1993 no lo permitía.
Asimismo, alegó que fue la institución la que incumplió con sus obligaciones al
negarle la prórroga, pese a que había sido solicitada de conformidad con lo
previsto en el Acuerdo 064 de 200434.
40.5. A través de la Resolución 0402 del 17 de noviembre de 2010, la rectora de la
universidad revocó la Resolución 0165 del 27 de abril de 2010, toda vez que «la
docente comisionada ha acreditado la obtención del título de Doctor en Derecho -
30 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL».
31 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», archivo «1ED_001DEMANDA(.PDF)
NroActua 2», Anexo a páginas 17 a 21
32 Ibidem, Anexo b, página 22.
33 Ibidem, Anexo c, página 23.
34 Ibidem, Anexo d, páginas 24 a 33.
20
Radicado: 54001-23-33-000-2015-00007-02 (5684-2024)
Demandante: Fanny Patricia Niño Hernández
Comercial: y de la Contratación en la Universidad de Barcelona (España), a partir del 19
de julio de 2010, como consta en certificación enviada por Karin Johanna Fajardo
Martínez, Directora de la Oficina de Gestión de Talento Humano de la Universidad de
Pamplona, el soporte de dicha aseveración se encuentra en la oficina de Talento
Humano, archivado en su hoja de vida, por lo cual desde el 17 de agosto de 2010 se
encuentra contraprestando sus servicios» (sic)35.
40.6. Se aportaron al expediente: i) las listas de asistencia a la Universidad de
Pamplona del mes de agosto de 2013 en la que se encuentra la demandante 36;
ii) la designación como jurada de calificación de trabajo de grado de investigación
monográfico el 9 de agosto de 2013 en la sede del consultorio jurídico del campus
universitario de Villa del Rosario37; iii) correos electrónicos del 5 de septiembre de
2013 en los que se le relaciona como «docente hora catedra sin legalizar contrato» y
en los que se le da a conocer «último reporte, recibido en la fecha (5 de septiembre),
que indica la situación de cada uno de Ustedes. Se les ruega el favor de seguir las
instrucciones acá dadas para que cada uno, de manera personal, realice las gestiones
que culminen exitosamente con su vinculación lo antes posible»; «[p]or favor, insistir a
los docentes que firmen e impedir que asistan a clases, hasta la firma»; y «[p]or medio
de la presente me permito poner en conocimiento el listado de las personas solicitadas
que no han firmado contrato de HORA CÁTEDRA razón por la cual no poseen vinculación
alguna con la Universidad de Pamplona y que de ninguna manera pueden desarrollar
función alguna con esta casa de estudios, en el evento en que algún funcionario permita
el desarrollo de actividades sin que las personas relacionadas hayan legalizado su
vinculación será él el responsable de los inconvenientes e implicaciones de orden
disciplinario y fiscal a que haya lugar. Personal sin legalizar contrato: (…) catedra Fanny
Patricia Niño Hernández» (sic)38; y iv) la solicitud de prestación de apoyo entre el
12 y el 16 de agosto de 201339.
40.7. El director de la Oficina de Gestión de Talento Humano de la Universidad de
Pamplona suscribió el oficio del 29 de agosto de 2013 dirigido al fondo de
pensiones y cesantías Porvenir, en el que indicó que la demandante había
prestado sus servicios a la entidad hasta el 31 de julio de 2013 y que autorizaba
el retiro de las cesantías por terminación de la relación laboral40. Asimismo,
expidió los certificados del 27 de junio de 201341 y del 4 de septiembre de 201342
en los que hizo constar que se desempeñó: i) del 20 de febrero al 16 de diciembre
de 2006, como docente ocasional de tiempo completo en comisión; ii) del 15 de
35 Ibidem, Anexo e, páginas 34 y 35.
36 Ibidem, páginas 36 a 53.
37 Ibidem, Anexo g, página 55.
38 Ibidem, Anexo h, páginas 56 y 57.
39 Ibidem, Anexo i, página 58.
40 Ibidem, Anexo j, página 59.
41 Ibidem, Anexo k, páginas 60 a 62.
42 Ibidem, Anexo l, página 63.
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Radicado: 54001-23-33-000-2015-00007-02 (5684-2024)
Demandante: Fanny Patricia Niño Hernández
enero al 14 de diciembre de 2007, como docente ocasional de tiempo completo
en comisión; iii) del 15 de enero al 14 de diciembre de 2008, como docente
ocasional de tiempo completo en comisión; iv) del 16 de enero al 19 de febrero de
2009, como docente ocasional de tiempo completo en comisión; v) del 9 de
febrero al 13 de junio de 2009 como docente de hora catedra; vi) del 17 de agosto
al 17 de diciembre de 2010, como docente ocasional de tiempo completo; vii) del
14 de febrero al 17 de junio de 2011, como docente ocasional de tiempo completo;
viii) del 16 de agosto al 16 de diciembre de 2011, como docente ocasional de
tiempo completo, viii) del 11 de enero al 7 de marzo de 2012, como docente
ocasional de tiempo completo; ix) del 17 de abril al 31 de julio de 2013, como
docente de tiempo completo.
40.8. Mediante la Resolución 0795 del 2 de septiembre de 2013, la UFPS nombró
en periodo de prueba por el término de 1 año a la demandante como docente de
tiempo completo43
40.9. Mediante el oficio del 27 de enero de 2014, el director de la Oficina Jurídica
de la Universidad de Pamplona a través de cobro persuasivo le indicó que debía
pagar la deuda que había adquirido por concepto del contrato de contraprestación
de servicios que celebró con la institución el «29 de septiembre de 2006» en suma
de $62.809.62244.
40.10. El 6 de febrero de 2014, solicitó a la mencionada universidad la adecuación
del contrato de contraprestación del servicio como docente ocasional en comisión
de estudios en el exterior a lo establecido en el Decreto 3555 de 2007 y la
suspensión del cobro persuasivo45. El «24 de febrero de 2014» se negó la petición
con fundamento en que46:
«la comisión de estudios concedida es una primera situación administrativa en la que
se hallaba la Docente vinculada para esta época como Tiempo Completo Ocasional y
para el caso concreto fue aprobada por el Consejo Superior Universitario para realizar
estudios de Doctorado en Derecho Comercial en la Universidad Autónoma de
Barcelona. (…). La segunda situación administrativa es diferente, haber sido
nombrada en periodo de prueba en el Programa de Derecho - Facultad de Artes y
Humanidades y por no haber obtenido evaluación satisfactoria, garantizando el debido
proceso se (…) le resolvió los recursos no accediendo a sus solicitudes y finalmente
el Sr. Rector mediante la Resolución N. 491 de 31 de Julio de 2009 resolvió No
Renovar su Nombramiento como Docente.
Teniendo presente que, la Dra. FANNY PATRICIA NIÑO HERNANDEZ es del Plan
Doctorando la Oficina Jurídica recomendó asignarle responsabilidad académica para
que pudiera continuar con la etapa de la contraprestación. por esta que el director del
43 Ibidem, Anexo v, páginas 113 y 114.
44 Ibidem, Anexo n, páginas 70 y 71. Liquidación obrante en las páginas 72 y 73.
45 Ibidem, Anexo o, páginas 74 a 77.
46 Ibidem, Anexo p, páginas 78 a 81.
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Radicado: 54001-23-33-000-2015-00007-02 (5684-2024)
Demandante: Fanny Patricia Niño Hernández
Programa de Derecho - Villa del Rosario Certifica que la Dra., en mención estuvo
vinculada en la Sede Villa del Rosario en el primer período académico de 2013 y en
el período intersemestral.
Por otra parte, la Universidad de Pamplona cumplió con la obligación de solicitar la
vinculación de la Docente, pero como puede observarse en el correo electrónico
enviado el día 5 de Septiembre de 2013 por la Oficina de Gestión del Talento Humano
al Decano de la Facultad de Artes y Humanidades informando el listado de docentes
que no se acercaron a firmar el contrato de HORA CATEDRA, entre otros FANNY
PATRICIA NINO HERNANDEZ, sin embargo fue usted quien no aceptó la asignación
de responsabilidad académica ni como Docente Tiempo Completo Ocasional ni Hora
Cátedra.
En relación, con la solicitud de ajustar la comisión de estudios al Decreto 3555 de
2007, no es posible acceder a la misma por los siguientes argumentos:
Para la época de la comisión de estudios la vinculación de la Dra. NIÑO HERNANDEZ
era Docente Tiempo Completo Ocasional
Las normas internas de la Universidad priman sobre las normas nacionales.
Usted aceptó las condiciones y obligaciones del Contrato en el momento en que lo
firmó y de conformidad con lo establecido en el Código Civil» (sic).
40.11. El 4 de marzo de 2014 solicitó la revocatoria directa de la decisión del «24
de febrero de 2014» y la adecuación del contrato de contraprestación del servicio
como docente ocasional en comisión de estudios en el exterior a lo establecido
en el decreto 3555 de 200747.
40.12. El 30 de abril de 2014, la universidad indicó que no era procedente la
revocatoria directa, pues había emitido la decisión en cumplimiento de las
obligaciones, toda vez que la demandante no había cumplido con la prestación
del servicio y, en tanto no superó el periodo de prueba, se le había dado prioridad
en la vinculación por ser docente del plan doctorando en etapa de
contraprestación, razón por la que se le asignó carga académica, pero que no
aceptó. En relación con la adecuación del contrato manifestó que «la norma
mencionada se está aplicando a su caso concreto por las siguientes razones:1. El término
de duración pactado en el contrato de contraprestación de servicios es de tres (3) años
de estudio y nueve (9) años de contraprestación. 2. Obtuvo el título de Doctora el 19 de
Julio de 2010. 3. Inicio el período de tiempo de contraprestación desde la fecha de
presentación del título de Doctora en Derecho Comercial y de la Contratación obtenido
en la Universidad Autónoma de Barcelona, a partir del 19 de Julio de 2010» (sic)48.
40.13. El director de la oficina jurídica de la Universidad de Pamplona expidió la
Resolución 04 del 16 de junio de 2014, por medio de la cual se declaró el
incumplimiento del contrato de contraprestación de servicios, por cuanto a la
fecha de la expedición del acto la demandante no estaba vinculada al ente.
Teniendo en cuenta la liquidación expedida por la Oficina de Gestión de Talento
Humano el tiempo prestado fue de 976 días y el pendiente de 2264 días, por lo
47 Ibidem, Anexo q, páginas 82 a 88.
48 Ibidem, Anexo r, páginas 89 a 91.
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Demandante: Fanny Patricia Niño Hernández
que, estaba obligada a restituir la suma de $62.809.622 por el incumplimiento, de
conformidad con la cláusula segunda, numeral 12, literal b) del contrato de
contraprestación y en concordancia con la Resolución 813 del 22 de abril de 2008.
En ese sentido, resolvió49:
«ARTICULO PRIMERO: Declarar que la Docente FANNY PATRICIA NIÑO
HERNANDEZ Incumplió las obligaciones, derivadas del contrato de contraprestación
de servicios suscrito entre éste y la Universidad de Pamplona el día 12 de diciembre
de 2005.
ARTICULO SEGUNDO: Declarar que como consecuencia del referido incumplimiento,
la Dra. FANNY PATRICIA NIÑO HERNANDEZ está obligada a restituir a la
Universidad la suma de $16.521 Dólares y 10890,41 Euros, que convertidos al precio
actual del dólar y del euro equivale a la suma de sesenta y dos millones ochocientos
nueve mil seiscientos veintidós pesos con cincuenta y nueve centavos
($62.809.622,50), según consta en la liquidación efectuada por la Oficina de Gestión
del Talento Humano, obligación que deberá cumplir dentro del término improrrogable
de ocho (8) días a partir de la Ejecutoria de esta Resolución.
ARTICULO TERCERO: Declarar que el incumplimiento provino de la Dra. FANNY
PATRICIA NIÑO HERNANDEZ y la Compañía de Seguros Cóndor S.A. con la
expedición de la Póliza de Seguros N. NC169107 está obligada a cancelar a la
Universidad de Pamplona el 40% del valor del contrato, esto es la suma de veinticinco
millones ciento veintitrés mil ochocientos cuarenta y nueve pesos con treinta y seis
centavos (25.123.849,036) dentro del término improrrogable de ocho (8) días a partir
de la Ejecutoria de esta Resolución.
ARTICULO CUARTO: Declarar que las Sras. LUZ FANNY HERNANDEZ DE NIÑO y
NOHORA LUZ BOTIA RODRIGUEZ están obligadas en forma solidaria con la Docente
Comisionada, al pago de las sumas relacionadas en este Acto Administrativo» (sic)
40.14. Contra la anterior decisión presentó recurso de reposición 50, el cual fue
resuelto a través de la Resolución 7 del 8 de septiembre de 2014 en el sentido de
no reponer la decisión inicial51.
40.15. Por medio de la Resolución 12 del 28 de octubre de 2014, el director de la
Oficina Jurídica de la universidad ordenó librar orden de pago por vía
administrativa coactiva a favor de la institución por valor de $62.809.622
correspondiente al contrato de contraprestación e intereses de mora causados.
40.16. Mediante la Resolución 15 del 18 de diciembre de 2015, el director de la
Oficina Jurídica de la universidad requirió a Fanny Patricia Niño Hernández para
que allegara el auto admisorio de la presente demanda, mediante la cual solicitó
la nulidad de las resoluciones que constituyen el título ejecutivo que dio lugar a la
apertura del proceso de cobro coactivo. Asimismo, indicó que, una vez cumplido
lo anterior, se suspendería el procedimiento hasta que la jurisdicción emitiera una
49 Ibidem, Anexo s, páginas 92 a 95.
50 Ibidem, Anexo t, páginas 96 a 108.
51 Ibidem, Anexo u, páginas 109 a 111.
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Demandante: Fanny Patricia Niño Hernández
decisión52.
40.17. Se anexó el reporte de semanas cotizadas en pensiones53.
40.18. En la audiencia inicial celebrada el 5 de octubre de 2017, se decretó como
prueba que la Oficina de Talento Humano remitiera una certificación del salario
percibido por un docente de la universidad, del grado y categoría de la
demandante, para los años 2013, 2014 y 201554. Esa certificación fue allegada y
en ella se estableció la asignación de puntuación salarial de acuerdo con los
criterios institucionales; con base en ello, se calcularon la asignación salarial y las
prestaciones sociales correspondientes a los años solicitados55.
2.3. Caso concreto
41. El tribunal accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, toda vez
que declaró la nulidad de las resoluciones acusadas, pero negó las pretensiones
relativas al restablecimiento del derecho. La decisión se basó en que las
universidades públicas, aunque contratan bajo un régimen especial de derecho
privado, no tienen competencia para incluir en los negocios jurídicos celebrados
en tal virtud, cláusulas exorbitantes propias del régimen de contratación estatal.
42. Asimismo, encontró que las resoluciones acusadas fueron expedidas por un
funcionario sin competencia, ya que esa facultad correspondía al rector, en
calidad de representante legal de la institución y quien había suscrito el contrato
de contraprestación y no del director de la Oficina Jurídica de la universidad. Lo
anterior, toda vez que las disposiciones señaladas como sustento jurídico para
declarar unilateralmente el incumplimiento del contrato y el propio instrumento
jurídico no otorgaban esa facultad, así como tampoco se había incluido
expresamente tal delegación en los actos demandados.
43. Las partes interpusieron recurso de apelación. La demandada estimó que las
universidades estatales, en virtud de su autonomía, cuentan con un régimen
contractual especial que les permite pactar cláusulas excepcionales y celebrar
«contratos estatales especiales». En ese marco, estaba facultada para declarar
unilateralmente el incumplimiento del contrato.
52 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», archivo
«16ED_015MEMORIALDEMANDANTE(.PDF) NroActua 2»
53 Actualizado al 22 de septiembre de 2014. Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL»,
archivo «1ED_001DEMANDA(.PDF) NroActua 2», Anexo m, páginas 64 a 69.
54 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», archivo
24ED_023ACTAAUDINICIAL(.PDF) NroActua 2, páginas 10 a 20.
55 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», archivo 26ED_025PRUEBAS(.PDF)
NroActua 2, páginas 8 a 12.
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Demandante: Fanny Patricia Niño Hernández
44. Además, los actos demandados se originaron en el incumplimiento de la
demandante, quien no tenía su vínculo vigente con la institución al momento en
el que se expidieron, lo que había dado lugar al inicio del cobro persuasivo de la
obligación, de conformidad con la normativa interna aplicable. En esa medida, las
decisiones se fundaron en el estatuto contractual de la universidad, en las
cláusulas del contrato y en la Resolución 813 del 22 de abril de 20[13], por lo que
no era procedente alegar la falta de competencia con base en la Ley 80 de 1993,
como adujo la actora, comoquiera que esta no había sido el fundamento jurídico
para declarar el incumplimiento.
45. Por su parte, la actora manifestó que la sentencia había desconocido las
consecuencias de haberse declarado la nulidad de los actos demandados, pues,
aunque reconoció la falta de competencia de la universidad, no determinó que,
por esa razón, no adeudaba suma alguna al ente universitario. Asimismo, sostuvo
que no se habían resuelto todas las pretensiones, porque se había omitido un
pronunciamiento en torno al incumplimiento de la universidad y la excepción de
contrato no cumplido, y no se habían valorado las pruebas que daban cuenta de
los perjuicios ocasionados.
46. Además, hubo una indebida valoración de los daños, en particular, del lucro
cesante derivado de la imposibilidad de ejecutar el contrato en las condiciones
pactadas, así como el desconocimiento de las expectativas legítimas al afirmarse
que no hubo detrimento patrimonial por laborar en otro empleo, sin consideración
a las particularidades de los docentes.
47. Ahora bien, de acuerdo con el marco expuesto, los acuerdos institucionales
muestran que la universidad creó una estrategia transitoria para el fortalecimiento
académico y la competitividad que implicó incorporar profesionales como
docentes ocasionales de tiempo completo, precisamente para que accedieran a
la comisión de estudios y posteriormente prestaran servicios a la entidad.
48. En ese contexto, el contrato de contraprestación no constituye un contrato
estatal regido por la Ley 80 de 1993, toda vez que este acuerdo no nace de la
autonomía de la voluntad propia de la contratación estatal, sino del desarrollo de
una situación administrativa derivada de la relación laboral existente entre el
servidor y el ente universitario.
49. Es así como de las consideraciones del contrato de contraprestación suscrito
entre Fanny Patricia Niño Hernández y la Universidad de Pamplona se advierte
que, comoquiera que aquella había sido admitida para para cursar estudios de
doctorado en «derecho comercial y de la contratación» en la Universidad
Autónoma de Barcelona, (España) y «c) Que el CONTRATISTA ha sido vinculado
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Demandante: Fanny Patricia Niño Hernández
como docente de la UNIVERSIDAD DE PAMPLONA de tiempo completo ocasional
adscrito a la Facultad de Artes y Humanidades» (sic), se le concedía la comisión de
estudios.
50. Por consiguiente, queda claro que esta situación administrativa se le concedió
a fin de adelantar el doctorado en «derecho comercial y de la contratación» y con
ocasión de esta se suscribió el «contrato de comisión de estudios para cursar
doctorado en «derecho comercial y de la contratación» en la Universidad Autónoma de
Barcelona, (España)», del que resulta pertinente destacar las siguientes cláusulas:
«OBJETO: La UNIVERSIDAD DE PAMPLONA dentro del programa de capacitación y
formación del personal y las disposiciones internas pertinentes, confiere a FANNY
PATRICIA NIÑO HERNANDEZ, una Comisión de Estudios de Tiempo Completo
Ocasional para que curse estudios de DOCTORADO EN "DERECHO COMERCIAL Y
DE LA CONTRATACION",- EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BARCELONA,
(ESPAÑA), por el término de TRES (3) años contados a partir del 20 de Febrero de
2006, hasta el 19 de Febrero de 2009 (tiempo de estudio).
SEGUNDA. OBLIGACIONES DE COMISIONADO: El contratista se obliga a: (…)
9.Obtener el título que lo acredite como doctor. 10. Prestar sus servicios como docente
en la UNIVERSIDAD DE PAMPLONA, por un tiempo equivalente a tres veces el
tiempo de la Comisión de Estudios que por el presente contrato se le concede, lapso
que comienza el 20 de Febrero de 2009.
(…)
TERCERA: OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD CONTRATANTE: La vinculación del
Docente como Ocasional de Tiempo Completo le da derecho a a) Recibir Una
remuneración mensual de QUINIENTOS DOLARES AMERICANOS (U.S. 500),
durante todo el tiempo de la Comisión. b) Las prestaciones de ley.
(…)
DECIMA. DURACION: La duración del presente contrato será de TRES (3) años de
estudio y NUEVE (9) años de contraprestación de servicios» (sic).
51. Así las cosas, las obligaciones pactadas en el anterior contrato son de
contenido laboral, tanto el deber de la universidad de financiar el estudio o,
específicamente, pagar la remuneración mensual y sus prestaciones durante el
tiempo de la comisión como la obligación de la beneficiaria de culminar sus
estudios y prestar los servicios posteriormente a la entidad, los cuales, se insiste
corresponden a derechos y deberes de una relación laboral.
52. Asimismo, se puede concluir que de este acuerdo de voluntades nació para la
demandante la obligación de retribuir la situación administrativa objeto de estudio
mediante la prestación de sus servicios a la universidad por un término igual al
triple de la comisión. De manera que, si esta se concedió por 3 años, Fanny
Patricia Niño Hernández debió ejercer las funciones de su empleo como docente
ocasional de tiempo completo durante 9 años, a fin de satisfacer plenamente la
obligación asumida.
53. No obstante, se observa que, al finalizar la comisión, la demandante inició el
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Demandante: Fanny Patricia Niño Hernández
cumplimiento de la obligación laboral derivada de la contraprestación el 17 de
agosto de 2010. Asimismo, de acuerdo con las resoluciones acusadas, que se
sustentaron en la liquidación expedida por la Oficina de Gestión de Talento
Humano, el tiempo de contraprestación correspondía a 3240 días, de los cuales
prestó 976, y quedaron pendientes 2264 días. Ello, porque para la fecha de
expedición de la Resolución 4, el 16 de junio de 2014 la demandante no estaba
vinculada con la entidad y no volvió a prestar sus servicios a esta, circunstancia
que no fue controvertida en el proceso y que, además, se corrobora con el hecho
de que el 2 de septiembre de 2013 fue nombrada en periodo de prueba, por el
término de 1 año, como docente de la UFPS.
54. Contrario a lo anterior, lo aducido por Fanny Patricia Niñó Hernández se
circunscribió a la carga onerosa que le representaba la vinculación mediante
periodos discontinuos. Sin embargo, del contenido del contrato no se advierte que
la vinculación de la demandante con la universidad debía efectuarse de forma
ininterrumpida. Por el contrario, esta vinculación se realizó como docente
ocasional, categoría que, según el artículo 74 de la Ley 30 de 1992 corresponde
a «aquellos que con dedicación de tiempo completo o de medio tiempo, sean requeridos
transitoriamente por la entidad para un período inferior a un año».
55. En conclusión, fue precisamente del incumplimiento de las obligaciones
laborales que surgió la facultad de la universidad para exigir el pago
correspondiente por la no prestación del servicio, conforme con lo pactado en la
cláusula segunda, numeral 12, literal b) del contrato de contraprestación, según
el cual «en caso de que el incumplimiento o terminación se presente durante el tiempo
de la contraprestación, LA CONTRATISTA quedará obligado a restituir el doble de los
dineros invertidos por la Universidad, por todo concepto, durante el tiempo de la Comisión
de Estudios, proporcionalmente al tiempo que falte de la contraprestación» (sic). valor
que, en todo caso, de no haberse pagado a la fecha, habrá de ser traída a valor
presente.
56. Por lo anteriormente analizado, en el presente asunto no se está ante la nulidad
de un contrato estatal, razón por la cual no hay lugar a pronunciarse en torno a la
facultad de la universidad para declarar unilateralmente el incumplimiento
contractual en los términos previstos en la Ley 80 de 1993, o en las disposiciones
de derecho privado.
57. Lo anterior, pues tal y como se indicó, el contrato de contraprestación tiene
naturaleza laboral y la comisión de estudios constituyó un acuerdo de voluntades
derivado de la relación del empleo, en el cual se pactaron obligaciones de
contenido laboral. En ese sentido, la universidad sí se encontraba facultada para
establecer el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato y, como
consecuencia, disponer la restitución de los recursos invertidos con ocasión de la
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Demandante: Fanny Patricia Niño Hernández
comisión, tal y como lo hizo a través de los actos acusados.
58. Contrario a lo manifestado por el a quo, la facultad de la universidad para exigir
el cumplimiento de la obligación pecuniaria sí encuentra sustento en la Ley 1066
de 200656 según la cual las entidades públicas que de manera permanente
tengan a su cargo el ejercicio de las actividades y funciones administrativas o la
prestación de servicios del Estado y que dentro de estas tengan que recaudar
rentas o caudales públicos del nivel nacional o territorial tienen la obligación,
entre otras, de «establecer mediante normatividad de carácter general, por parte de la
máxima autoridad o representante legal de la entidad pública, el Reglamento Interno del
Recaudo de Cartera» (artículo 2). En cumplimiento de esa disposición, la
Universidad de Pamplona a través de la Resolución 813 del 22 de abril de 2013
estableció su Reglamento Interno de Recaudo de Cartera y asignó a la Oficina
Asesora Jurídica la responsabilidad del procedimiento de cobro coactivo.
59. Es así como, el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la relación
laboral podía dar lugar a diversas consecuencias jurídicas, como, por ejemplo,
disciplinarias, sin embargo, en el presente asunto las partes pactaron
consecuencias de carácter pecuniario, cuya efectividad la universidad se
encontraba facultada para exigir, razón por la que queda resuelto el primer
problema jurídico y no hay lugar a estudiar el segundo.
60. Por las razones expuestas, se revocará la sentencia del 16 de julio de 2020
proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, toda vez que no
se encuentra vicio alguno respecto las resoluciones 4 del 16 de junio de 2014 y 7
del 8 de septiembre de 2014, proferidas por el director de la Oficina Jurídica de la
Universidad de Pamplona, por medio de las cuales se declaró el incumplimiento
del contrato de «contraprestación de servicios de un docente ocasional en comisión de
estudios en el exterior» suscrito el 12 de diciembre de 2005 entre ella y el ente
universitario.
2.4. Costas
61. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y
ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
56 por la cual se dictan normas para la normalización de la cartera pública y se dictan otras
disposiciones.
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Demandante: Fanny Patricia Niño Hernández
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento
legal».
62. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma
enunciada, no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda
el litigio y solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas
generales del procedimiento para su liquidación y ejecución.
63. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde
al juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación
subjetiva respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa
imposición de la medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar
paso a una aplicación razonable de la norma57.
64. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones
temerarias, dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes
etapas del procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si
se causaron dichas costas.
65. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el
transcurso del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas.
3. Conclusión
66. Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que la universidad sí se
encontraba facultada para establecer el incumplimiento de las obligaciones
derivadas de la relación laboral y, como consecuencia, disponer la restitución de
los recursos invertidos con ocasión de la comisión.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. Revocar la sentencia del 16 de julio de 2020 proferida por el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander, mediante la cual se accedió parcialmente
57 En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).
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Demandante: Fanny Patricia Niño Hernández
a las pretensiones de la demanda presentada por Fanny Patricia Niñó Hernández
contra la Universidad de Pamplona y, en su lugar:
Segundo. Negar las pretensiones de la demanda.
Tercero. No condenar en costas.
Cuarto. Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en
el aplicativo Samai.
Quinto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclaración de voto
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.
MAG
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