Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 54001-23-33-000-2015-00312-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 54001-23-33-000-2015-00312-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 54001-23-33-000-2015-00312-02
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
30 de mayo de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D. C., treinta (30) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 54001-23-33-000-2015-00312-02 (3372-2021)
Demandante: Iván Andrés Alvarado Velandia
Demandado: La Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional
Tema: Servicio de disponibilidad. Principio de proporcionalidad aplicable a
la sanción disciplinaria. CONFIRMA SENTENCIA.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la
sentencia proferida el veintinueve (29) de abril de dos mil veintiuno (2021) por el
Tribunal Administrativo de Norte de Santander, por medio de la cual se negaron las
pretensiones.
ANTECEDENTES
El señor Iván Andrés Alvarado Velandia instauró demanda contra La Nación-Ministerio
de Defensa Nacional-Policía Nacional, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin de que se
acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
Que se declare la nulidad del fallo disciplinario del 20 de febrero de 2013, proferido
por la Inspección Delegada Regional de Policía No. 5 de San José de Cúcuta,
mediante el cual se declaró responsable disciplinariamente al demandante y se le
impuso sanción de destitución e inhabilidad general por el término de 12 años y 6
meses; la nulidad del fallo disciplinario del 9 de abril de 2014, proferido por la
Inspección General de la Policía Nacional que confirmó la decisión de primera
instancia.
A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene el reintegro al cargo
asignado en el Departamento de Policía de Nariño u otro de igual o superior categoría
y grado que ostenten sus compañeros de curso y antigüedad; el reconocimiento y
pago de todos los sueldos y prestaciones sociales dejados de devengar, desde la
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fecha de retiro hasta el día en que se efectúe el reintegro sin solución de continuidad
más los emolumentos, mejoras, intereses moratorios e indexación a que hubiere lugar.
Que, para todos los efectos salariales y prestacionales, se entienda como
efectivamente laborado el tiempo transcurrido entre el retiro y el reintegro.
HECHOS
La demanda se fundamenta en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
Que por información que se dio a conocer mediante el Oficio No. S-2012-357 DICAR-
REGION5 del 29 de octubre de 2012, se abrió investigación disciplinaria contra el
demandante porque ese día retiró de las instalaciones policiales el vehículo de siglas
20-498 bajo el influjo de bebidas embriagantes.
Que para el momento en que ocurrieron los hechos, el actor se encontraba disponible
para el servicio adscrito al Escuadrón Móvil de Carabineros del departamento de
policía de San José de Cúcuta.
Que el proceso disciplinario culminó con la sanción que hoy se demanda, al haberse
comprobado que el actor incurrió en las faltas disciplinarias contempladas en los
numeral 9° y 26, del artículo 34; y en el numeral 10°, del artículo 35 de la Ley 1015 de
2006.
Que los actos administrativos demandados son susceptibles de declararse nulos
porque adolecen de falsa motivación, fueron expedidos irregularmente y con infracción
de las normas en que debían fundarse.
TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
La demanda fue presentada, inicialmente, ante los juzgados administrativos del
circuito de Cúcuta. El 30 de julio de 2015, el Juzgado Sexto Administrativo declaró la
falta de competencia para conocer el asunto y la remitió al Tribunal Administrativo de
Norte de Santander 1, quien, mediante auto del 20 de agosto de 2015, la rechazó por
caducidad del medio de control 2.
El demandante apeló la anterior decisión y, por auto del 30 de noviembre de 2017, el
Consejo de Estado determinó que en el caso no había operado el fenómeno de la
caducidad3.
El Tribunal Administrativo de Norte de Santander, por auto del 22 de marzo de 2018,
admitió la demanda 4. Se notificó a la entidad demandada, quien se opuso a las
1
Véase el archivo No. 005 del expediente digital.
2
Véase el archivo No. 009 del expediente digital.
3
Véase el archivo No. 016 del expediente digital.
4
Véase el archivo No. 019 del expediente digital.
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pretensiones, al argumentar que los actos administrativos demandados fueron
expedidos por los funcionarios competentes, amparados en la normativa especial
aplicable al caso concreto y, por lo tanto, gozan de la presunción de acierto y legalidad,
propia de los actos de dicha naturaleza 5.
Se celebró audiencia inicial el 5 de febrero de 2019, en la que se fijó el litigio y, tras
agotar el período probatorio y dar traslado a las partes para que alegaran de
conclusión, se dictó sentencia, la cual fue apelada en el plazo oportuno por el
demandante.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN
El Tribunal Administrativo de Norte de Santander, mediante sentencia proferida el
veintinueve (29) de abril de dos mil veintiuno (2021), negó las pretensiones tras
estimar que los cargos de nulidad no se probaron.
Que el cargo de falsa motivación no se probó porque la decisión que tomó el ente
sancionador estuvo acorde con la realidad fáctica y probatoria de la investigación
disciplinaria que dejó en evidencia que el demandante estaba en disponibilidad el 28
y 29 de octubre de 2012; que el 28 de octubre, en horas de la noche, comenzó a
ingerir bebidas embriagantes, lo cual continuó el 29 de octubre en horas de la
madrugada; que alrededor de las 4:20 de la mañana del 29 de octubre de 2012, el
demandante sustrajo una patrulla de las instalaciones de la Policía, cuyo hallazgo fue
reportado dos horas después por un ciudadano que llamó a la línea 123.
Que el cargo de infracción de las normas en que debían fundarse los actos
demandados no se acreditó ya que el operador disciplinario sí analizó los hechos y
las pruebas a la luz de la sana crítica, efectuando, además, el correspondiente análisis
jurídico de los cargos, descargos y alegaciones del disciplinado.
Que el cargo de expedición irregular del acto no se probó porque la conducta
endilgada al demandante fue la de incumplir, sin justa causa, las órdenes relativas al
servicio, el desatender la orden de disponibilidad y dedicarse a actividades que no le
permitían estar apto para el servicio; más no la de conducir un vehículo bajo influjo de
bebidas embriagantes.
RECURSO DE APELACIÓN
La parte demandante interpuso recurso de apelación en el que expresó que ningún
servicio le fue requerido por parte de sus superiores durante su disponibilidad en los
días que ocurrieron los hechos, por lo que nunca se negó a prestarlos.
Que solo puede tipificarse como falta disciplinaria, haber ingerido bebidas alcohólicas
durante su disponibilidad de servicio y, que tal conducta, no guarda proporción con la
5
Véase el archivo No. 023 del expediente digital.
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sanción impuesta, máxime cuando fue la primera y única falta que en 7 años de
servicio cometió el demandante.
Que estaba en semana de inducción y, por ende, el vehículo que condujo estaba
asignado para sus desplazamientos personales y no para misiones específicas de
servicio y que lo hizo fue para recoger prendas necesarias para su comparecencia al
servicio y no para desplazarse a sitios de diversión o de expendio de comidas rápidas.
Que la sanción impuesta fue desproporcionada porque no se corresponde con la
gravedad de la falta ni con la graduación que prevé la ley.
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
Mediante auto del 8 de octubre de 2021 se admitió el recurso de apelación, en el que
se indicó que el Ministerio Púbico podría emitir concepto hasta antes de que el proceso
ingresara al despacho para sentencia.
Las partes guardaron silencio en esta etapa procesal.
El Ministerio Público, en su concepto6, expresó que la actuación disciplinaria, así
como los actos sancionatorios enjuiciados en nulidad, se ajustaron en debida forma al
orden jurídico superior y a las garantías fundamentales, pues no hay duda de la
imputación fáctica realizada en el proceso disciplinario ni su incidencia disciplinaria.
Que el accionante incurrió en desconocimiento del deber de disponibilidad que le
asistía, en la medida en que estaba alicorado así no se hubiese establecido en el
proceso el nivel de licor en su cuerpo lo cual contraviene el deber ser institucional y el
mismo deber funcional.
Que hizo uso inadecuado de un vehículo oficial, sin justificación alguna y en estado
de alicoramiento voluntario, de modo que la imputación no se observa inadecuada, y
deberá confirmarse la sentencia de primera instancia.
Se resolverá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Deberá la Sala determinar si los actos administrativos demandados desconocen el
principio de proporcionalidad de la sanción e infringen el debido proceso por no
haberse tenido en cuenta, según el actor, la afectación al servicio respecto al turno de
disponibilidad en que se encontraba.
Marco normativo aplicable al análisis de la actuación disciplinaria
La actividad administrativa disciplinaria se caracteriza porque comprende una función
6
Véase el índice 09 de SAMAI.
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especializada, la cual contiene un componente preventivo y correctivo que busca
garantizar, por un lado, la efectividad de los principios de moralidad, eficacia,
economía y celeridad; y, por otro, el buen desempeño y gestión transparente de la
función pública.
De ahí que la actuación administrativa disciplinaria esté regida por normas y
procedimientos propios, en la que los principios que informan el derecho al debido
proceso y a la defensa cobran significativa importancia. Sin embargo, no ha sido
pacífica la posición de la jurisprudencia respecto del alcance del control jurisdiccional
de esta clase de actos, tal como pasa a exponerse.
Una primera posición jurisprudencial se inclinó por sostener que el control del juez de
lo contencioso administrativo estaba limitado a los derechos que invocaba el
demandante, lo que se denominó como “intangibilidad relativa” de los actos
sancionatorios, en la medida que el alcance de dicho control era restrictivo porque se
consideraba que las decisiones tomadas en virtud de la acción disciplinaria tenían
cierto grado de autonomía valorativa de los hechos y de las normas disciplinarias 7.
Luego, la jurisprudencia adoptó la posición en la que incluso en los casos en que la
demanda no cumpliera con el requisito de señalar las normas violadas y el concepto
de violación, si el juez advertía la trasgresión de un derecho fundamental de aplicación
inmediata, oficiosamente, debía proveer la tutela judicial efectiva, lo que se denominó
como “intangibilidad relativa explícita y deferencia especial” 8.
Al existir diversas posturas jurisprudenciales sobre la materia, en el 2016 se unificó
jurisprudencia respecto al control judicial de las decisiones adoptadas por los titulares
de la acción disciplinaria, manifestando que se adoptaría la perspectiva del “control
judicial integral” por cuanto “[…] la actividad del juez de lo contencioso administrativo
supera el denominado control de legalidad, para en su lugar hacer un juicio sustancial
sobre el acto administrativo sancionador, el cual se realiza a la luz del ordenamiento
constitucional y legal, orientado por el prisma de los derechos fundamentales” 9, y se
indicó además que:
i) La competencia del juez administrativo es plena, sin “deferencia especial”
respecto de las decisiones adoptadas por los titulares de la acción
disciplinaria.
ii) La presunción de legalidad del acto administrativo sancionatorio es similar
a la de cualquier acto administrativo.
iii) La existencia de un procedimiento disciplinario extensamente regulado por
7
CONSEJO DE ESTADO. Sección Segunda. Sentencia del 29 de mayo de 1992. Exp. 834. C.P.
Diego Younes Moreno.
8
Véanse: CONSEJO DE ESTADO. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 30 de marzo de
2011. Exp. 2060-2010. C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila; y CONSEJO DE ESTADO. Sección
Segunda. Subsección B. Sentencia del 09 de febrero de 2012. Exp. 2038-09. C.P. Bertha Lucia Ramírez
de Páez.
9
CONSEJO DE ESTADO. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 09 de agosto de
2016. Exp. 1210-11. C.P. William Hernández Gómez.
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la ley, de ningún modo restringe el control judicial.
iv) La interpretación normativa y la valoración probatoria hecha en sede
disciplinaria, es controlable judicialmente en el marco que impone la
Constitución y la ley.
v) Las irregularidades del trámite procesal serán valoradas por el juez de lo
contencioso administrativo, bajo el amparo de la independencia e
imparcialidad que lo caracteriza.
vi) El juez de lo contencioso administrativo no sólo es de control de la legalidad,
sino también garante de los derechos.
vii) El control judicial integral involucra todos los principios que rigen la acción
disciplinaria.
viii) El juez de lo contencioso administrativo es garante de la tutela judicial
efectiva.
Entonces, teniendo en cuenta que el examen de legalidad de la actividad
administrativa disciplinaria no es un juicio de corrección sino de validez, el estudio
integral de los actos disciplinarios cuestionados en esta controversia se hará dentro
del marco planteado en la sentencia previamente comentada.
Resolución al caso concreto
Teniendo en cuenta el recurso de apelación, se deberá analizar si el no haber sido
requerido por sus superiores mientras estuvo en disponibilidad le resta importancia y
gravedad al hecho de que el demandante hubiera estado ingiriendo licor en dicho
lapso; a su vez, se analizará si esta actuación debió haber sido la única falta que se
le pudo haber endilgado y si es proporcional a la sanción impuesta.
Así, se tiene que el 29 de octubre de 2012, mediante Oficio No. S-2012 357/DICAR -
REGION 5 29, suscrito por el teniente coronel Fabian Misael Cristancho Guerrero, se
informó que ese mismo día, siendo las 04:20 horas, el actor salió de las instalaciones
de la Policía Metropolitana conduciendo la patrulla de siglas 20-498 y que por llamada
que hizo un ciudadano a la línea 123, se encontró la misma abandonada; que al señor
Alvarado Velandia se le realizó una prueba de alcoholemia, la cual arrojó como
resultado “0.16 grados primer grado”. Misma información que reposa en la minuta de
guardia de dicha fecha y que fue corroborada por diferentes testigos.
El demandante, en su declaración, indicó que era consciente que no tenía permiso
para conducir los vehículos policiales que se otorgan por parte de los comandos; y
que tenía orden de los agentes Castellanos y Cristancho de permanecer disponible
ante cualquier llamado para el día en que ocurrieron los hechos, ya que se encontraba
en disponibilidad 10.
Sobre el turno de disponibilidad, se destaca que por la naturaleza de la actividad que
cumplen ciertas instituciones o en razón de las responsabilidades en cabeza de
10
Véanse los folios 136-145 del expediente disciplinario.
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quienes ejercen determinados empleos, la previsión de los períodos de jornada laboral
y de lapsos de descanso, no impide que se establezca la permanente disposición del
trabajador, entendida como:
“[…] la obligación de prestar sus servicios cuando estos sean demandados por
las autoridades competentes dentro de la entidad a la que pertenecen, aun en
días y horas que no hacen parte de su jornada normal, en razón de ser ello
indispensable por la prevalencia del interés general y para el cumplimiento del
objeto propio de aquella.
La disponibilidad consiste no en la renuncia al descanso ni a la
predeterminación de jornadas máximas de trabajo -posibilidades estas que son
inalienables de todo trabajador e irrenunciables, según lo dispone el artículo 53
constitucional-, sino en el compromiso de acudir a prestar los servicios que
sean indispensables cuando así lo exijan las circunstancias […]”11.
Así, de conformidad con la actividad de la Policía Nacional, aunque estén establecidos
los períodos de jornada laboral y descanso, el funcionario de policía debe estar en
permanente alerta para prestar sus servicios cuando estos sean demandados por su
superior, aún en días y en horas que no hacen parte de su turno normal, porque debe
prevalecer el interés general para el cumplimiento del objeto que le es propio.
A juicio de esta Sala de subsección, el actuar del demandante sí afectó el servicio,
porque contrario a lo afirmado por este, aun cuando ninguna labor le fue requerida por
parte de sus superiores durante su disponibilidad, el que haya estado ingiriendo
bebidas embriagantes, cuando debía permanecer en condiciones óptimas como lo
requería el servicio y además haber sustraído un vehículo oficial y conducido en
estado de embriaguez, fueron circunstancias que comprometen la posible prestación
del servicio ante un eventual llamado; y además afectan de manera grave, la imagen
institucional pues su actuar debía enmarcarse dentro de la legalidad.
Ahora, revisado el proceso disciplinario que se surtió en contra del demandante se
observa que hubo protección al debido proceso, pues se le aplicó la sanción prevista
legalmente para el tipo de falta que cometió y fue acorde con el análisis de culpabilidad
que hizo el operador disciplinario, a saber:
FALTA FORMULADA AL CLASIFICACIÓN LEGAL DE SANCIONES LEGALMENTE
DEMANDANTE LA FALTA CONSAGRADAS
Realizar una conducta descrita Falta gravísima -Destitución e Inhabilidad
en la ley como delito, a título de General por un término entre diez
dolo, cuando se cometa en (10) y veinte (20) años, para las
razón, con ocasión o como faltas gravísimas dolosas o
consecuencia de la función o realizadas con culpa gravísima
cargo (numeral 9°, del artículo
34 de la Ley 1015 de 2006) -Suspensión e Inhabilidad
Especial entre seis (6) y doce (12)
meses, sin derecho a
remuneración, para las faltas
gravísimas realizadas con culpa
grave o graves dolosas
11
CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-024 de 1998. M.P. Hernando Herrera Vergara.
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Consumir o estar bajo el efecto Falta gravísima -Destitución e Inhabilidad
de bebidas embriagantes o General por un término entre diez
sustancias que produzcan (10) y veinte (20) años, para las
dependencia física o psíquica, faltas gravísimas dolosas o
durante el servicio (numeral realizadas con culpa gravísima
26, del artículo 34 de la Ley
1015 de 2006) -Suspensión e Inhabilidad
Especial entre seis (6) y doce (12)
meses, sin derecho a
remuneración, para las faltas
gravísimas realizadas con culpa
grave o graves dolosas
Incumplir, modificar, Falta grave -Suspensión e Inhabilidad
desautorizar, eludir, ejecutar Especial entre un (1) mes y ciento
con negligencia o tardanza, o setenta y nueve (179) días, sin
introducir cambios, sin causa derecho a remuneración, para las
justificada, a las órdenes o faltas graves realizadas con culpa
instrucciones relativas al gravísima
servicio (numeral 10°, del
artículo 35 de la Ley 1015 de -Multa entre diez (10) y ciento
2006) ochenta (180) días, para las faltas
graves realizadas con culpa
grave o leves dolosas
En gracia de discusión, si la conducta del demandante solo se encuadrara en ingerir
bebidas alcohólicas durante su disponibilidad de servicio (numeral 26, del artículo 34
de la Ley 1015 de 2006), tal y como se indicó en el recurso de apelación, de igual
manera, la sanción sería la de destitución e inhabilidad general por un término entre
diez (10) y veinte (20) años, de conformidad con el numeral 1°, del artículo 39 de la
Ley 1015 de 2006.
Finalmente, obsérvese que siendo la destitución e inhabilidad general la sanción más
grave, en atención al principio de proporcionalidad, el operador disciplinario graduó la
misma acogiendo los criterios legales de los que trata el artículo 40 de la Ley 1015 de
2006, para lo cual tuvo en cuenta que el actor ya había sido sancionado
disciplinariamente dentro de los 5 años anteriores a la comisión de la conducta que se
investiga; que tenía 39 felicitaciones en su hoja de vida, que el demandante no confesó
la falta antes de la formulación de cargos; y que el demandante eludió la
responsabilidad o la endilgó a un tercero sin ningún fundamento.
Por consiguiente, se confirmará la sentencia de primera instancia al no encontrarse
desvirtuada la legalidad de los actos administrativos demandados.
De la condena en costas en esta instancia
Sobre la condena en costas, es importante aclarar que la jurisprudencia de la
Subsección A del Consejo de Estado venía aplicando el criterio objetivo valorativo
consagrado en el art. 188 de la Ley 1437 de 2011, según el cual en toda sentencia el
juez procederá a su reconocimiento cuando encuentre demostrado en el proceso que
estas se causaron, sin que en esa valoración fuera relevante analizar si las partes
actuaron de manera temeraria, mal intencionada o de mala fe, o si se encuentra
comprobadas o causadas; no obstante, dicho criterio fue variado con la adición
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introducida por el art. 47 de la Ley 2080 de 2021, en el que indica que la condena en
costas es viable, siempre y cuando se acredite que la parte vencida obró con
manifiesta carencia de fundamento legal.
Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la
Subsección A aclara que adoptará una nueva postura en la cual, en las sentencias
proferidas a la luz de la nueva normativa se deberá analizar la conducta realizada por
las partes en el proceso, entre ello, si se presentó o no, carencia de fundamentación
jurídica conforme a lo señalado en el inciso 2.º del art. 188 de la Ley 1437 de 2011.
Por ello, en el presente asunto, se procederá a analizar dicha situación a la luz de la
normativa vigente, así:
En el presente caso, aplicando el criterio anunciado, se observa que los fundamentos
expuestos por la parte vencida no revisten una carencia de fundamentación legal que
dé lugar a la condena en costas. Contrario a ello, la parte vencida, en sus escritos,
indicó razones en defensa jurídica de sus intereses, por tal razón al no encontrarse
acreditado tal presupuesto normativo no se condenará en costas en esta instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por la autoridad de la ley,
FALLA
Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el veintinueve (29) de abril de dos mil
veintiuno (2021) por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, por medio de
la cual se negaron las pretensiones.
Segundo. Sin condena en costas en esta instancia.
Tercero. DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Ausente con permiso
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