Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 54001-23-33-000-2015-00412-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 54001-23-33-000-2015-00412-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 54001-23-33-000-2015-00412-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
6 de marzo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., seis (6) de marzo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 54001-23-33-000-2015-00412-01 (1413-2021)
Demandante: Nohora Socorro Suescún Jaimes
Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Temas: Sustitución de pensión gracia. Demostración de convivencia
entre el causante y la compañera permanente. CONFIRMA
SENTENCIA
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el veintiuno (21) de mayo de dos mil veinte (2020) por el
Tribunal Administrativo de Norte de Santander, por medio de la cual accedió
parcialmente a las pretensiones.
ANTECEDENTES
La señora Nohora Socorro Suescún Jaimes instauró demanda1 en contra de la
UGPP en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA), con el fin de que se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
Que se declare la nulidad de las Resoluciones: (i) RDP 010042 del 26 de marzo de
2014, por medio de la cual la UGPP negó a la actora en calidad de compañera
permanente supérstite, el reconocimiento de la sustitución de la pensión gracia que
devengaba en vida su causante, el señor José Álvaro Peñaloza Burgos; y (ii) RDP
023800 del 30 de julio de 2014, con la que se confirmó la decisión inicial al resolver
el recurso de apelación.
Que se declare la nulidad parcial de la Resolución 01182 del 1.º de febrero de 2001,
mediante la cual se reconoció la pensión gracia al mencionado docente fallecido,
1 Ver el expediente digital en el índice 2 de SAMAI.
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esto en lo que tiene que ver con la liquidación, pues solo incluyó como emolumento
computable la asignación básica, mas no los demás factores percibidos por este.
Que, a título de restablecimiento del derecho, se condene a la UGPP a conceder a
la reclamante la sustitución de la mencionada dádiva que devengaba el causante, y
que esta sea reliquidada con inclusión de todos los haberes recibidos por el
educador durante el año anterior al estatus jurídico, específicamente las primas de
navidad y de vacaciones.
Que a los valores adeudados se les incorpore el ajuste de valor conforme al IPC, y
que la autoridad demandada asuma los intereses moratorios desde la fecha de
causación de la sustitución (muerte del señor Peñaloza Burgos), ello junto a la
condena en costas a que haya lugar.
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
Que la actora contrajo matrimonio católico con el señor José Álvaro Peñaloza
Burgos desde el 20 de diciembre de 1980 hasta el 17 de junio de 1992 cuando
finalizó dicho vínculo por separación de cuerpos y de bienes. Que, de dicha unión
nacieron 3 hijos actualmente mayores de edad: Isabel Milena, Juan Gabriel y Nelly
Katherine Peñaloza Suescún.
Que, en el mes de enero de 2008, la mencionada pareja volvió a unirse, esta vez
como compañeros permanentes, compartiendo lecho, techo y mesa hasta el 27 de
noviembre de 2013 cuando falleció el referido educador.
Que la extinta Cajanal EICE expidió la Resolución 1182 del 1.º de febrero de 2001,
con la que reconoció una pensión gracia al causante por haber laborado durante
más de 20 años como docente oficial al servicio del departamento de Norte de
Santander. Que en la liquidación de dicho beneficio no se tuvieron en cuenta como
factores computables las primas de navidad y de vacaciones.
Que mediante la Resolución 00172 del 4 de noviembre de 2005, el FOMAG
concedió el pago de una pensión ordinaria de jubilación al esposo de la accionante,
la cual fue sustituida a esta última en virtud de la Resolución 303 del 20 de mayo de
2014.
Que, el 29 de enero de 2014, la reclamante solicitó ante la UGPP la sustitución de
la pensión gracia concedida a su cónyuge, pero dicha autoridad negó lo propio por
medio de la Resolución RDP 010042 del 26 de marzo de 2014, al asegurar que la
información aportada en la actuación sobre la convivencia de esta pareja durante
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los últimos 5 años anteriores a la muerte del maestro no coincide con la reportada
en el Sistema de Seguridad Social en Salud.
Que interpuso recurso de apelación contra dicha decisión, la cual fue confirmada
según la Resolución RDP 023800 del 30 de julio de 2014.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
Que con los actos administrativos demandados se transgredieron los artículos: 1, 2,
3, 4, 6, 13, 23, 25, 29, 53 y 58 de la Constitución Política; así como las Leyes 91 de
1989, 44 de 1980, 71 de 1988; y los Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969, 1045
de 1978 y 2277 de 1979.
Que la accionante tiene derecho en calidad de compañera permanente del señor
Peñaloza Burgos, al pago de la sustitución pensional desde el momento de la
muerte de este último, pues aquella cumple todos los requisitos para el efecto, de
manera que la negativa en vía administrativa solo se dio por una mala interpretación
de la Ley 100 de 1993 en su artículo 163 sobre la cobertura familiar en salud, la cual
nada tiene que ver con la reclamación en este proceso, pues en ninguna norma se
exige que el beneficiario no pueda trabajar para acceder a tal derecho, más aún
porque tampoco es aplicable el mencionado régimen general si se tiene en cuenta
que el causante, por ser del magisterio, pertenecía a un marco jurídico excepcional
como lo son las Leyes 44 de 1980 y 71 de 1988.
Que, además, conforme al artículo 1.° de esta última norma, es claro que la
mencionada cónyuge supérstite es titular de la sustitución de la pensión gracia, pero
de manera reliquidada teniendo en cuenta los factores salariales percibidos por el
pensionado, junto con todos los incrementos legales respectivos.
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
El 2 de diciembre de 2015 fue admitida la demanda,2 la cual se notificó a la UGPP,
quien manifestó3 que, con el material probatorio aportado en la actuación
administrativa, para la entidad fue imposible materializar el objeto de la pensión de
sobrevivientes en cabeza de la demandante, por cuanto esta debía acreditar el
cumplimiento de los requisitos previstos por el legislador al momento de la
causación del derecho pretendido, esto es, del fallecimiento del señor José Álvaro
Peñaloza Burgos (Q.E.D.P), como lo son: la dependencia económica del causante
y la convivencia con aquel hasta su deceso, lo cual no fue debidamente demostrado.
2 Ibid.
3 Ibid.
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Propuso como excepciones las que denominó: (i) prescripción de mesadas
pensionales, y (ii) buena fe en las actuaciones de la UGPP.
El 15 de agosto de 20174 se celebró audiencia inicial en la que se señaló que no
había excepciones previas pendientes de resolver, se fijó el litigio, se indicó que no
había ánimo conciliatorio entre las partes y se decretaron las pruebas solicitadas
por las partes.
El 22 de septiembre y el 20 de octubre de 20175 se llevó a cabo la audiencia de
pruebas en la que se recaudaron y practicaron los medios de convicción, y, al
prescindir de la audiencia de juzgamiento, se corrió traslado a las partes para alegar
de conclusión y al Ministerio Público para conceptuar si a bien lo consideraba.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN6
El Tribunal Administrativo de Norte de Santander mediante sentencia del 21 de
mayo de 2020 accedió parcialmente a las pretensiones en el sentido de declarar la
nulidad de los actos censurados y ordenar a la UGPP reconocer a la actora en su
calidad de compañera permanente del causante, la sustitución de la pensión gracia
que en vida devengaba este último, ello conforme a la Ley 71 de 1988 y el Decreto
Reglamentario 1160 de 1989, con efectividad desde el 28 de noviembre de 2013.
Que en el proceso quedó demostrado como, mediante la Resolución 08669 del 4
de abril de 2002, la entonces Cajanal EICE reliquidó la pensión de jubilación gracia,
reconocida al causante en virtud de la Resolución 01182 del 1.º de febrero de 2001,
esto por inclusión de nuevos factores salariales, elevando la cuantía de la misma a
la suma de $1.032.060.
Que, adicionalmente, a través la Resolución 44323 del 31 de agosto de 2006, "por
la cual se da cumplimiento al fallo de tutela proferido por el Juzgado Primero Penal
del Circuito de Descongestión de Bogotá", la mencionada autoridad efectuó
nuevamente el reajuste pensional, pero esta vez teniendo en cuenta todos los
factores de salario certificados en el año anterior a la fecha de adquisición del status
jurídico de pensionado (4 de junio de 2000), entre los que se encontraban las primas
de navidad y de vacaciones.
Que lo propio volvió a ocurrir con la Resolución UGM 000131 del 20 de junio de
2011, pues en acatamiento de la sentencia proferida por el Juzgado Sexto
Administrativo del Circuito de Cúcuta, se materializó el último ajuste a dicha pensión,
computando la totalidad de emolumentos recibidos por el docente entre 1999 y
4 Ibid.
5 Ibid.
6 Ibid.
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2000, por lo que es claro que no puede accederse a las pretensiones reliquidatorias
de aquel derecho por carencia de objeto, ya que esta se encuentra debidamente
calculada en la actualidad.
Que, frente a la reclamación de sustitución pensional, debe tenerse en cuenta que
el señor José Álvaro Peñaloza Burgos falleció el 27 de noviembre de 2013, y, para
la fecha de adquirir el estatus pensional se encontraba afiliado al Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio, por lo que el régimen aplicable en esta
materia es el conformado por la Ley 71 de 1988 y el Decreto 1160 de 1989, vigentes
para el momento en que consolidó el derecho, pues por su calidad de educador
regido por la Ley 91 de 1989, fue excluido de las previsiones de la Ley 100 de 1993.
Que, en tal sentido, no tiene sustento la posición de la entidad demandada en los
actos acusados al estudiar el caso de la accionante al tenor del régimen general y
de la Ley 797 de 2003, pues tal marco jurídico no gobernaba la situación jurídica del
causante.
Que, a partir de todo el material probatorio, incluidas las declaraciones de los
testigos de la parte activa, se advierte con claridad que el docente fallecido y la
demandante contrajeron matrimonio católico el 20 de diciembre de 1980, pero que
el 24 de junio de 1992 se protocolizó la separación de bienes y de cuerpos decretada
mediante sentencia judicial. Que, aun así, resultó evidente que a mediados del año
2008 retomaron su relación como compañeros permanentes hasta la fecha de la
muerte del educador, ocurrida el 27 de noviembre de 2013.
Que, en tal sentido, está demostrada la convivencia de la mencionada pareja por
más de 5 años, lo que permite acceder a lo pretendido, pues este fue el único
argumento de la UGPP para negar el derecho reclamado en sede administrativa, en
la medida en que esta aseguraba que tal supuesto no estaba comprobado, lo cual
no es cierto, incluso, porque el fundamento en vía judicial para afirmar lo anterior
fue que no figuraba como beneficiaria del causante en el Sistema de Seguridad
Social en Salud, lo que implicaba que no dependía económicamente de aquel.
Que tal criterio planteado por la parte pasiva no constituye un requisito para adquirir
la sustitución pensional, tal como lo estimó el Consejo de Estado en sentencia del
19 de abril de 2018 (2566-2016), y, en todo caso, sí así lo fuera, lo cierto es que los
hijos del docente señalaron de manera coherente que este era quien se hacía cargo
de los gastos del hogar, tales como, el pago de los servicios, alimentación,
impuestos y todo lo que necesitaban.
Que, como debe reconocerse el derecho en litigio, resulta necesario pronunciarse
sobre la prescripción, respecto de la cual se advierte que no se configuró, teniendo
en cuenta que el señor Peñaloza Burgos falleció el día 27 de noviembre del año
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2013, momento en el cual la actora se hizo acreedora del derecho sustitutivo, por lo
que, de acuerdo con la parte considerativa de la Resolución RDP 010042 del 26 de
marzo de 2014, como la solicitud de reconocimiento y pago de tal beneficio tuvo
lugar el 29 de enero de 2014, y la presentación de la demanda ocurrió el 14 de julio
de 2015, se concluye que no transcurrieron más de 3 años entre la fecha de
exigibilidad y la reclamación.
RECURSO DE APELACIÓN7
La parte demandada interpuso recurso de apelación afirmando que, en el proceso
se practicaron una serie de testimonios a partir de los cuales se pudo evidenciar
que no existió coherencia en lo manifestado entre unos y otros pues, algunos
declarantes fueron enfáticos en afirmar que la demandante y el causante se
separaron de hecho, y este último al final de sus días estuvo al cuidado de sus hijos,
mas no de la supuesta compañera, tanto así que vivían en casas diferentes. Que,
además, a partir de estos dichos se corroboró que el 24 de junio de 1992 se
protocolizó la separación de bienes y de cuerpos entre dicha pareja, esto por
decisión judicial.
Que tampoco se acreditó que a la demandante luego del fallecimiento del causante
se le hubiera generado una carencia económica, social o afectiva, requisitos que en
argumentos de las altas cortes son indispensables para acceder al derecho de la
sustitución pensional. Que, al respecto, se observa que ningún testigo pudo afirmar
a ciencia cierta que entre la reclamante y el docente hubiese una convivencia
continua, pues no fueron concretos en las fechas para identificar los extremos de
esa presunta unión, lo cual genera duda sobre el particular que impide reconocer lo
pretendido.
Que, para entidades como la UGPP es necesario verificar de oficio el cumplimiento
de los requisitos para la adquisición del derecho de sustitución y la legalidad de los
documentos que sirvieron de soporte para obtenerlo, pues se trata del pago de una
prestación periódica a cargo del tesoro público, al punto de que, cuando existen
motivos de los cuales se pueda suponer que no es viable acceder a una dádiva
como la que se encuentra en litigio, esta debe negarse.
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
El 27 de mayo de 20218 se admitió el recurso de apelación. El 15 de julio de 20219
se prescindió de la celebración de la audiencia de juzgamiento, se corrió traslado a
las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para conceptuar.
7
Ibid.
8 Ver índice 4 de SAMAI.
9 Ver índice 9 de SAMAI.
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Radicado: 54001-23-33-000-2015-00412-01 (1413-2021)
La parte demandada10 presentó alegaciones finales reiterando los argumentos
expuestos en su recurso de apelación.
La parte demandante y el Ministerio Público se abstuvieron de intervenir en esta
etapa.
Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
El problema que debe resolver la Subsección es determinar si la demandante
acreditó las exigencias legales para ser considerada beneficiaria del causante, a fin
de que le sea concedida la sustitución de la pensión gracia que este último tenía
reconocida en vida.
Marco normativo y jurisprudencial
De la sustitución pensional y su aplicación para el caso de la pensión gracia
en el marco de la sentencia de unificación SUJ-029-CE-S2 del 11 de agosto de
2022
En cuanto a la normativa que prevé la sustitución pensional de manera general, esta
Subsección en diferentes oportunidades11 ha considerado que las disposiciones
aplicables serán las vigentes al momento del fallecimiento del causante.
Ahora, ante la inexistencia de regulación específica sobre esta materia para la
pensión gracia, se ha acudido a las normas que regulan la institución de manera
general, sin perder de vista la naturaleza jurídica distinta de esta prestación.
Pues bien, en lo relacionado con este tipo de controversias, se resalta que, en la
sentencia SUJ-029-CE-S2 del 11 de agosto de 2022 dictada por la Sección
Segunda del Consejo de Estado12 se realizó un análisis frente a las disposiciones
que regulan la sustitución de la pensión gracia, las cuales, por analogía, se
concluyó que también hacen referencia a las vigentes para la fecha del fallecimiento
del docente pensionado.
En ese mismo fallo se partió de la premisa según la cual la disposición aplicable al
asunto analizado era la contenida en la Ley 100 de 1993, por lo que se fijó como
10 Ver índice 14 de SAMAI.
11 Ver, entre otrassentencias: Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 10 de
noviembre de 2005. Exp. 25000-23-25-000-1998-05092-01(3496-04). C.P. Ana Margarita Olaya Forero y
Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 2 de octubre de 2008. Exp. 2638-2014.
C.P. Luis Rafael Vergara Quintero.
12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia SUJ-029-CE-S2 del
11 de agosto de 2022. Exp. 23001-23-33-000-2014-00444-01 (1655-2017).
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regla jurisprudencial la siguiente: «[…] En el caso de estar vigente el artículo 47 de la
Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, se exige al cónyuge
o al compañero acreditar no menos de 5 años de convivencia con el docente o el
pensionado. […]»13 (Cursiva de la Sala).
Aun así, deberá entenderse según la línea argumentativa de dicha sentencia que,
pese a la aplicación del mencionado sistema general, en ningún caso se permitirá
reconocer la pensión gracia sustitutiva con fundamento en el numeral 2.º del artículo
46 de la Ley 100 de 1993 (modificado por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003) 14,
esto es, a la luz de la acreditación de 50 semanas de cotización, sino únicamente
en cumplimiento de 20 años de servicios, pues esta debe haberse consolidado en
cabeza del titular para poder trasladar su exigibilidad.
Ahora, sobre este punto en el asunto particular, la Sala destaca que el tribunal de
primera instancia accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda,
específicamente en lo relacionado con la sustitución pensional, pero ordenando que
esta se otorgara en aplicación del régimen de la Ley 71 de 1988 y el Decreto 1160
de 1989, ello por considerar que la normativa que regía la situación del causante
era la prevista en materia pensional para el momento en que adquirió el derecho
principal, es decir, la consagrada para los docentes oficiales vinculados al FOMAG
en virtud de la Ley 91 de 1989 que remitía a las disposiciones anteriores a las de la
Ley 100 de 1993.
Sin embargo, tal postura contradice la regla jurisprudencial enunciada
anteriormente, la cual se basa en establecer el marco regulatorio en función de las
normas vigentes al momento de la muerte del titular de la pensión gracia, mas no al
de la fecha de consolidación del estatus jurídico como pensionado, y menos cuando
esta dádiva no tiene un sustento jurídico en las normas ordinarias, sino en unas
especiales.
Aclarado lo anterior, y, en atención a que el deceso del señor José Álvaro Peñaloza
Burgos (causante de la pensión) se produjo el 27 de noviembre de 2013,15 resulta
evidente que la norma en vigor para esa fecha era la Ley 100 de 1993, la cual, en
lo pertinente fue modificada por la Ley 797 de 2003 bajo una serie de presupuestos
que, contrario a lo estimado por el juez de origen sobre la observancia de la Ley 71
de 1988, serán los verdaderamente verificables para resolver la situación jurídica de
la demandante. Dichos preceptos consagran lo siguiente:
13 Dicho pronunciamiento judicial contempló sus efectos de manera retrospectiva según el ordinal segundo de
su parte resolutiva, ello a fin de que las reglas se extendieran a todas las situaciones pendientes de definición
jurídica que no hayan sido objeto de consolidación del fenómeno de cosa juzgada. Por tal razón, claramente su
estudio y sometimiento para resolver el presente asunto es pertinente y necesario, puesto que este litigio se
encuentra pendiente de un fallo de segunda instancia.
14
“Los miembros del grupo familiar del afiliado al sistema que fallezca, siempre y cuando éste hubiere cotizado
cincuenta semanas dentro de los tres últimos años inmediatamente anteriores al fallecimiento”.
15 Ver registro civil de defunción en el expediente digital del índice 2 de SAMAI.
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Radicado: 54001-23-33-000-2015-00412-01 (1413-2021)
«Artículo 47. Beneficiarios de la Pensión de Sobrevivientes. Son beneficiarios de la
pensión de sobrevivientes:
a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o
supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del
causante, tenga 30 o más años de edad. En caso de que la pensión de sobrevivencia
se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero
permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el
causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5)
años continuos con anterioridad a su muerte; […]». (Negrilla y cursiva
intencional).
Como se deriva de lo expuesto, el requisito analizado lo que busca es evitar que,
con base en vínculos adquiridos a último momento, o a través de una unión
esporádica e inestable que no tenga el carácter de permanencia, se origine el
derecho a sustituir en forma vitalicia una prestación, y mucho menos en este caso,
una dádiva.16
Por tal motivo, la exigibilidad de una convivencia permanente y estable, al menos
durante 5 años, ha sido una constante que va más allá de la simple cohabitación en
una misma residencia compartiendo lecho y mesa.
Es por esa razón que, además de los supuestos de hecho aludidos, también se
debe acreditar por parte de la reclamante supérstite una serie de elementos
objetivos y subjetivos que permitan evidenciar la intención de convivir con su
causante, es decir, de mantener una comunión de vida con propósitos alineados
hacia un mismo objetivo, el cual no es otro que el de conformar una familia.
Dichos componentes se corroboran con: el apoyo mutuo y constante, la
comprensión, la vocación de estabilidad, el correlativo respeto, y el soporte
económico, emocional y espiritual;17 elementos que superan la sola existencia de
un vínculo matrimonial, una sociedad conyugal, o una unión marital de hecho
formalmente reconocidas y vigentes.18
Resolución del caso concreto
16 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A. sentencia del 9 de noviembre de 2017, Exp. 25000-23-
42-000-201-305201-01 (0286-2015). C.P. William Hernández Gómez.. En dicha providencia se destacó que:
«[…] el legislador lo previó como un mecanismo de protección, ello para salvaguardar a los beneficiarios
legítimos de quienes pretenden solo buscar provecho económico. De igual forma, debe acreditarse la vocación
de estabilidad y permanencia, de manera que no se tienen en cuenta aquellas relaciones casuales,
circunstanciales, incidentales, ocasionales, esporádicas o accidentales que haya podido tener en vida el
fallecido pensionado. […]» (Cursiva fuera de texto).
17 Esta posición acerca de los elementos de la convivencia ya fue expuesta por esta corporación,
específicamente por la Sección Segunda, Subsección “B” en sentencia del 4 de mayo de 2023, dictada en el
proceso con radicado 47001-23-33-000-2016-00471-02 (2430-2022), cuando se aseguró lo siguiente: «[…]
resulta necesario reiterar que el referido requisito de convivencia fue acreditado con las características de auxilio
o apoyo mutuo, comprensión y vida en común, con vocación de estabilidad y permanencia, que en últimas,
conforme con la jurisprudencia, son los factores que legitiman el derecho reclamado […]»
18
Al respecto ver providencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 24 de
octubre de 2012. Radicación número: 25000-23-25-000-2010-00860-01 (2475-11).
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Radicado: 54001-23-33-000-2015-00412-01 (1413-2021)
Para el efecto, según el acápite anterior se recuerda que, todo beneficiario que se
crea con derecho a reclamar el traspaso de titularidad de un derecho pensional
consolidado, necesariamente deberá demostrar la convivencia con el pensionado,
pero no solo con la acreditación de un vínculo marital formal o informal, y la
cohabitación en un mismo lugar de residencia, sino también con todos los elementos
que conlleva crear un lazo de unión familiar con vocación de estabilidad.
Pues bien, la demandante indicó que esta unión de vida continua se dio en calidad
de compañeros permanentes desde el año 2008 hasta el 27 de noviembre de 2013
cuando murió el causante, puntualmente, luego de que hubiesen estado casados
entre el 20 de diciembre de 1980 y el 17 de junio de 1992, fecha en la que se decretó
judicialmente la separación de bienes y de cuerpos entre ambos.19
Con el fin de demostrar lo anterior, la accionante solicitó la práctica de una serie de
testimonios, entre estos, de los señores: Daniel Caicedo Miranda, Luz Marina Luna
Díaz y Ángela Rosa Bayona Romero (amigos y conocidos de la pareja de quienes
también obran las declaraciones extrajudiciales rendidas ante la Notaría Única de
Los Patios el 13 de abril de 2015);20 y, Juan Gabriel Peñaloza Suescún, Isabel
Milena Peñaloza Suescún y Nery Katherine Peñaloza Suescún (hijos).21
La Sala encuentra que cada uno de los testigos concuerda de manera precisa en
las fechas relevantes para determinar la temporalidad de los hechos de la demanda.
Al respecto, estos señalaron unánimemente que los señores José Álvaro Peñaloza
Burgos y Nohora Socorro Suescún Jaimes contrajeron matrimonio católico en el año
1980 y que tuvieron una separación de bienes y de cuerpos en el año 1992.
Adicionalmente, afirmaron que, a pesar de dicha ruptura, la pareja continuó
compartiendo momentos familiares como cumpleaños, festividades, grados y
demás actividades en común, ello incluso a sabiendas de que ambos residían en
lugares diferentes con sus hijos, específicamente el causante en Cúcuta y la
accionante en el municipio de Los Patios en casa de su madre.
También fue un hecho relevante, del que no existe contradicción entre los
declarantes, que, específicamente en el mes de junio del año 2008, el referido
educador y la actual demandante decidieron rehacer su vida, unidos como
compañeros permanentes junto a su entonces hija menor (hoy la señora Nery
Katherine Peñaloza Suescún), residiendo en el municipio de Los Patios (Norte de
Santander), en el barrio Videlso, manzana 17, lote 220-1, ello hasta el día de la
muerte del señor Peñaloza Burgos ocurrida el 27 de noviembre de 2013.
19 Ver acta de matrimonio obrante en el expediente digital del índice 2 de SAMAI, en el que se observa la
mencionada fecha de las nupcias y la anotación de que la separación en comento ocurrió mediante sentencia
del Juzgado Tercero Administrativo dictada el 17 de junio de 1992.
20
Ibid.
21 Los testimonios fueron practicados en audiencia de pruebas celebrada el 22 de septiembre de 2017, cuya
grabación se encuentra visible en el expediente digital del índice 2 de SAMAI.
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Sobre este planteamiento, todos los declarantes manifestaron de manera
contundente que el proceso de reconciliación de dicha pareja implicó una nueva
relación con lazos de apoyo mutuo, de soporte económico brindado por el maestro
oficial, y de vocación de estabilidad y singularidad, pues sostuvieron que nunca
conocieron de terceras personas que hubiesen estado involucradas
sentimentalmente con los aludidos compañeros, ni durante el tiempo de su
separación, ni cuando volvieron a hacer vida marital.
Ahora, la entidad demandada en su recurso de apelación aseguró que las pruebas
testimoniales en comento no fueron idóneas para determinar la convivencia entre el
causante y la actora, pues los deponentes no fueron exactos en las fechas de la
supuesta unión, y, al contrario, ratificaron que cada uno vivía en casas distintas, lo
que impide establecer la permanencia y apoyo de la señora Suescún Jaimes
durante los últimos 5 años anteriores a la muerte del docente.
Al respecto, encuentra la Subsección que, si bien los señores Daniel Caicedo
Miranda, Luz Marina Luna Díaz y Ángela Rosa Bayona Romero tuvieron ciertas
contradicciones en sus manifestaciones en punto a la permanencia de los hijos con
sus respectivos padres de manera separada en residencias diferentes, ya que no
lograron indicar con precisión y de manera uniforme tal hecho, lo cierto es que esta
inconsistencia solo se advierte con relación al tiempo durante el cual la pareja
estuvo separada, es decir, entre 1992 y 2008, período que no interesa para el litigio,
pues no es el relevante para verificar el requisito de la convivencia necesaria a fin
de acceder al derecho en litigio.
De hecho, esta falta de certeza sobre la ubicación exacta de cada uno de los
compañeros con sus hijos a lo largo del mencionado lapso podría tener justificación
en que los mencionados testigos acudieron en calidad de amigos y conocidos de la
demandante, pero precisando que su conocimiento de los hechos fue
exclusivamente por motivos de la vecindad, mas no por hacer parte de la familia ni
compartir permanentemente con estos, lo que da a entender la razón por la cual no
demuestran claridad absoluta frente al interregno en mención.
Lo que sí resulta contundente en palabras de estos mismos declarantes, es que
desde el mes de junio de 2008, el señor Peñaloza Burgos y la señora Suescún
Jaimes volvieron compartir sus vidas con el objetivo de conformar una familia, lo
cual ratificaron con total precisión sus hijos cuando en sus declaraciones indicaron
que al momento de su reencuentro comenzaron a vivir en una sola casa comprada
por el causante en el barrio Videlso del municipio de Las Palmas, haciendo viajes
juntos, compartiendo todos los eventos y apoyándose mutuamente, en especial,
durante el desarrollo de la enfermedad que aquel padecía por un cuadro clínico de
diabetes y fallas renales que requería un tratamiento de diálisis, tal como lo expuso
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el señor Juan Gabriel Peñaloza Suescún al asegurar que su madre y su hermana
Nery Katherine fueron las personas que estuvieron con él hasta el día de su deceso.
Como se observa, entre junio de 2008 y noviembre de 2013 (5 años y 5 meses), los
testimonios practicados dan cuenta inequívoca de que la reclamante y su
compañero fallecido convivieron en términos de estabilidad, singularidad y
permanencia, pues sus dichos son contundentes y precisos en estos puntos, incluso
a pesar de que fueron sus propios hijos los que manifestaron estos detalles de la
relación, lo cual para esta Sala no genera motivo de duda respecto de la credibilidad
de sus afirmaciones, ya que al valorar tales pruebas se observa que cada uno se
expresó de manera espontánea, libre, abierta y natural, sin ningún tipo de actitudes
o palabras que dieran a entender que sus relatos estaban esquematizados o
preparados.
Además, es de destacar que la parte demandada en ningún momento los tachó por
una eventual falsedad o imparcialidad, lo que permite tenerlos en cuenta dentro de
este proceso como medios probatorios que ofrecen plena convicción frente a los
hechos que pretenden demostrar, más aún si se observa que, desde la perspectiva
de la sana crítica, las personas que de verdad pudieron conocer con mayor certeza
cómo y desde cuándo se consolidó la relación entre el educador fallecido y la actora,
son precisamente los señores Juan Gabriel, Isabel Milena y Nery Katherine
Peñaloza Suescún.
Al margen de lo expuesto, la UGPP en su impugnación también adujo que, así se
hubiese demostrado la convivencia de la pareja referida, debía analizarse el hecho
de que de ninguno de los testigos se desprendió que ante la muerte del maestro
oficial titular de la pensión gracia, la accionante hubiese quedado en una situación
de carencia económica, lo cual, en su entender, constituye un requisito que
jurisprudencialmente se ha adoptado para poder acceder al derecho en litigio.
Contrario a este planteamiento, debe resaltarse que, según el marco jurídico y
jurisprudencial aplicable a este caso, la única exigencia para la demandante en
calidad de compañera permanente solicitante, a fin de que pueda ser considerada
como beneficiaria del causante, según el artículo 47, literal a) de la Ley 100 de 1993
(modificada por la Ley 797 de 2003), es que acreditara haber convivido con este
durante al menos 5 años anteriores a su muerte, ello sin que cobrara relevancia
alguna el hecho de la dependencia económica.
Por tanto, resultaría falsa la motivación de los actos administrativos demandados e
inadecuada fundamentación de los argumentos de defensa en sede judicial
relacionados con esta supuesta exigencia jurisprudencial que no es procedente.
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Con todo, se concluye que, la accionante demostró adecuadamente que la
accionante y su causante vivieron juntos por más de 5 años antes del 27 de
noviembre de 2013 (fecha de fallecimiento del titular de la pensión gracia),
procurando volver a crear una familia singular y permanente basada en el apoyo
mutuo, la vocación de estabilidad y el soporte emocional, resulta necesario
confirmar la sentencia de primera instancia que accedió a las pretensiones de la
demanda, pero modificando el ordinal tercero en el sentido de que la regulación
aplicable no era la Ley 71 de 1988 y el Decreto 1160 de 1989, sino la Ley 100 de
1993, modificada por la Ley 797 de 2003), tal como se explicó en el acápite del
marco normativo.
Lo propio se hará frente al estudio de la prescripción, pues efectivamente teniendo
en cuenta la fecha de exigibilidad del deceso del causante (27 de noviembre de
2013), y, en el entendido de que la petición de reconocimiento de la sustitución
pensional fue formulada por la actora ante la UGPP el 29 de enero de 2014 y la
demanda se radicó el 14 de julio de 2015, es evidente que no transcurrieron más de
3 años entre la consolidación del derecho en litigio y el ejercicio de las acciones
para solicitar lo propio.
Condena en costas en segunda instancia
Sobre este punto, es importante aclarar que teniendo en cuenta el cambio
introducido por el legislador en el artículo 47 de la Ley 2080 de 202122 en el que se
indica que dicha declaración es viable, siempre y cuando se acredite que la parte
vencida obró con manifiesta carencia de fundamento legal, la Subsección A
considera que en el presente caso, aplicando el criterio anunciado, y observando
los argumentos esbozados por la parte recurrente en sus distintas intervenciones,
no se presenta tal supuesto, por el contrario, en el escrito de alzada manifestó
argumentos razonables en defensa jurídica de sus intereses, de manera que no se
impondrá condena en costas en esta instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: MODIFICAR EL ORDINAL TERCERO de la sentencia apelada que
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, el cual quedará de la
siguiente forma:
22
ARTÍCULO 47. Adiciónese el siguiente inciso al artículo 188 de la Ley 1437 de 2011: En todo caso, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con
manifiesta carencia de fundamento legal.
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«[…] TERCERO: A título de restablecimiento del derecho, ORDÉNESE a la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social -UGPP-, reconocer y pagar a la señora Nohora Socorro Suescún
Jaimes, identificada con la C.C. No. 60.300.321 expedida en Cúcuta (Norte de
Santander), la sustitución de la pensión gracia reconocida y reliquidada en vida al
señor José Álvaro Peñaloza Burgos, ello en su calidad de compañera permanente
de este último, conforme a las previsiones de la Ley 100 de 1993 (modificada por la
Ley 797 de 2003), con efectividad a partir del 28 de noviembre de 2013, junto con
los reajustes legales e indexación correspondiente de acuerdo con el artículo 187
del CPACA. […]»
SEGUNDO: CONFIRMAR en todo lo demás la providencia recurrida.
TERCERO: ABSTENERSE de condenar en costas en esta instancia a la parte
apelante.
CUARTO: RECONOCER PERSONERÍA como mandataria general de la UGPP a
la abogada Marcela Patricia Ceballos Osorio con tarjeta profesional 214.303, ello
conforme al poder general conferido mediante escritura pública que se observa en
el índice 30 de SAMAI.
QUINTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
LOS MAGISTRADOS,
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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