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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 54001-23-33-000-2015-00424-01

Fecha
19 de agosto de 2026
Consejero ponente
Nicolás Yepes Corrales

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 54001-23-33-000-2015-00424-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 3 de agosto de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, la cual quedará así: “PRIMERO: Declarar administrativamente responsable al INPEC y a la USPEC por la afectación al derecho fundamental a la dignidad humana de las personas privadas de la libertad en el Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Cúcuta. SEGUNDO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda. TERCERO: CONDENAR en costas al INPEC y a la USPEC, las cuales serán liquidadas de manera concentrada por el Tribunal a quo, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia y tomando en consideración lo dispuesto en los artículos 365.8 y 366 del Código General del Proceso. CUARTO: NEGAR las agencias en derecho por la segunda instancia”. SEGUNDO: SE RECONOCE personería judicial a Jennyfer Jully Díaz Ramírez, identificada con la cédula de ciudadanía No. 53.080.375 y portadora de la tarjeta profesional No. 248.629 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, como apoderada de la ANDJE, conforme al poder a esta otorgada151 y a lo dispuesto en los artículos 75 del CGP y 5º de la Ley 2213 de 2022. TERCERO: NO SE RECONOCE personería judicial a los abogados Ana Belén Fonseca Oyuela, identificada con cédula de ciudadanía No. 39.536.090 y portadora de la tarjeta profesional No. 78.248 del Consejo Superior de la Judicatura y Jesús Fernando López González, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.019.093.619 y portador de la tarjeta profesional No. 349.081 del Consejo Superior de la Judicatura como apoderados principal y suplente, respectivamente, del Ministerio de Justicia y del Derecho, comoquiera que no allegaron el manual de 151 Índice 54, Samai. 72 Radicado: 54001233300020150042401 (70451) Demandante: Ronald Antonio Lindarte Pardo y otro funciones de dicha entidad152, tal como fue requerido por el Despacho mediante autos del 10 de abril153, 29 de mayo154 y 26 de julio de 2026155. CUARTO: En firme esta providencia ENVÍESE el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 54001-23-33-000-2015-00424-01

Consejero ponente: Nicolás Yepes Corrales

19 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., diecinueve (19) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: REPARACIÓN DE PERJUICIOS CAUSADOS A UN GRUPO
Radicación: 54001233300020150042401 (70451)
Demandante: RONALD ANTONIO LINDARTE PARDO Y OTRO
Demandado: INPEC Y OTROS

Tema: Hacinamiento carcelario. Afectación a la dignidad humana de las
personas privadas de la libertad en el Complejo Carcelario y
Penitenciario Metropolitano de Cúcuta. Estado de cosas
inconstitucional en el sistema penitenciario y carcelario. Se
acreditó un daño imputable al INPEC. Daño a los derechos
constitucional y/o convencionalmente protegidos. Límites del
recurso de apelación. Principio de non reformatio in pejus.
Condena en costas en el trámite de segunda instancia.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación presentado por el INPEC y la ANDJE contra
la sentencia del 3 de agosto de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo del
Norte de Santander, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Se narra en la demanda que en el año 2015, las condiciones de reclusión de las
personas privadas de la libertad en el Complejo Carcelario y Penitenciario
Metropolitano de Cúcuta resultaban violatorias del derecho fundamental a la
dignidad humana, dado el alto nivel de hacinamiento y las deficiencias en la
alimentación, higiene, salubridad y atención médica brindada a los reclusos.

El grupo de demandantes, conformado por “todos los internos de la cárcel modelo
de la ciudad de Cúcuta”1, considera que la Nación – Ministerio de Justicia y del
Derecho (en adelante “Ministerio de Justicia y del Derecho”), el Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario (en adelante “INPEC”) y la Unidad de Servicios

1 Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Cúcuta.

2

Radicado: 54001233300020150042401 (70451)
Demandante: Ronald Antonio Lindarte Pardo y otro

Penitenciarios y Carcelarios (en adelante “USPEC”)2 son administrativamente
responsables por el daño consistente en la afectación al derecho fundamental a la
dignidad humana de las personas privadas de la libertad en el Complejo Carcelario
y Penitenciario Metropolitano de Cúcuta, pues, a su juicio, los reclusos “viven
actualmente en condiciones indignas para un ser humano, producto del
hacinamiento, malas condiciones de higiene, mala alimentación, falta de atención
médica oportuna y de calidad”.

II. ANTECEDENTES

1. Demanda

El 6 de octubre de 20153, Ramón Gonzalo Chía Ayala y Ronald Antonio Lindarte
Pardo, en nombre propio y en representación del grupo de “todos los internos de la
cárcel modelo de la ciudad de Cúcuta”, mediante apoderado judicial y en ejercicio
del medio de control de reparación de perjuicios causados a un grupo, presentaron
demanda en contra de la Nación - Ministerio de Justicia y del Derecho y el INPEC,
para que se les declare patrimonialmente responsables por la afectación al derecho
fundamental a la dignidad humana de las personas privadas de la libertad en el
Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Cúcuta (en adelante
“Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Cúcuta” o “cárcel modelo”),
pues, a su juicio, los reclusos “viven actualmente en condiciones indignas para un
ser humano, producto del hacinamiento, malas condiciones de higiene, mala
alimentación, falta de atención médica oportuna y de calidad”.

Las pretensiones de condena formuladas en el escrito de la demanda fueron las
siguientes:

2 Al respecto se advierte que, si bien la demanda no se dirigió contra la USPEC, mediante auto del

2 de mayo de 2017, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander resolvió vincular al proceso a
dicha entidad en calidad de litisconsorte necesario (Fl. 91 y 92, C.P.).
3 Fl. 1 a 20, C.P.

3

Radicado: 54001233300020150042401 (70451)
Demandante: Ronald Antonio Lindarte Pardo y otro

i) En primera medida, el extremo activo solicita condenar a las entidades
demandadas a adoptar las siguientes medidas para mejorar las condiciones de
reclusión del Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Cúcuta:

“a. Destinar los dineros necesarios para la construcción de un nuevo pabellón en la
cárcel modelo de la ciudad de Cúcuta, en el cual puedan albergar a los internos que
sobrepasan la capacidad normal de la mencionada cárcel.

b. Realizar todas las labores encaminadas a proteger y garantizar las condiciones
mínimas de salubridad e higiene de los internos que se encuentran recluidos en la
cárcel modelo de la ciudad de Cúcuta.

c. Contratar más personal médico y más personal asistencial para atender con mayor
rapidez y eficacia a los internos que se encuentran recluidos en la cárcel modelo de
la ciudad de Cúcuta”.

ii) En segundo lugar, la parte actora solicita condenar a las accionadas a pagarle,
por concepto de afectación a bienes y derechos constitucional y
convencionalmente amparados, la suma de 100 SMLMV para cada una de las
víctimas directas.

En apoyo de las pretensiones, el grupo demandante afirma que el Complejo
Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Cúcuta tenía una capacidad para
albergar 1.270 internos.

Señala que, a la fecha de presentación de la demanda, en el citado centro
penitenciario se encontraban recluidas 4.183 personas, lo cual representaba un
nivel de hacinamiento de más del 300%.

Sostiene que, a raíz del alto nivel de hacinamiento en el Complejo Carcelario y
Penitenciario Metropolitano de Cúcuta, las personas allí privadas de la libertad
debían dormir sentadas en baños, escaleras o pasillos.

Manifiesta que los internos no recibían una alimentación suficiente y adecuada, por
lo que realizaban “huelgas de hambre” para expresar su inconformidad al respecto.

4

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Demandante: Ronald Antonio Lindarte Pardo y otro

Expresa que la atención médica brindada a los reclusos era inadecuada e
inoportuna, pues el centro penitenciario no contaba con la infraestructura adecuada,
el personal médico suficiente ni con los medicamentos requeridos para atender
adecuadamente a todos los internos.

El grupo demandante considera que las demandadas son administrativamente
responsables por la afectación al derecho fundamental a la dignidad humana de las
personas privadas de la libertad en el Complejo Carcelario y Penitenciario
Metropolitano de Cúcuta, pues, a su juicio, los reclusos “viven actualmente en
condiciones indignas para un ser humano, producto del hacinamiento, malas
condiciones de higiene, mala alimentación, falta de atención médica oportuna y de
calidad”.

Textualmente, se expuso en el escrito de la demanda: “Que la Nación Colombiana
• Ministerio de Justicia y del Derecho - Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario
• INPEC, son administrativa, patrimonial y solidariamente responsables de los
perjuicios inmateriales y demás perjuicios que aunque no se hayan solicitado
expresamente resulten probados, como consecuencia de la violación flagrante a la
dignidad humana, debido a las precarias condiciones salubridad y hacinamiento que
se vive actualmente en la cárcel Modelo de la ciudad de Cúcuta (Norte de
Santander)”.

2. Contestaciones

El 7 de marzo de 20164, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander admitió la
demanda y ordenó su notificación a los demandados, a la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado, a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio Público.

2.1. El Ministerio de Justicia y del Derecho5 se opuso a las pretensiones de la
demanda, argumentando que no era la entidad competente para adoptar medidas
relacionadas con la prestación del servicio de salud, infraestructura y administración
de los centros penitenciarios y carcelarios. Propuso las excepciones de “falta de

4 Fl. 32 y 33, C.P.
5 Fl. 45 a 55, C.P.

5

Radicado: 54001233300020150042401 (70451)
Demandante: Ronald Antonio Lindarte Pardo y otro

legitimación material en la causa por pasiva”, “inexistencia de incumplimiento de las
obligaciones a su cargo ni vulneración de derechos e intereses colectivos”,
“ausencia de nexo causal” e “improcedencia de imputación de responsabilidad por
falla relativa del servicio”.

2.2. La USPEC6-7 contestó de forma extemporánea8 y el INPEC guardó silencio.

3. Intervención de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado

El 12 de noviembre de 20199, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado
(en adelante la “ANDJE”) intervino en el proceso y solicitó que se negaran las
pretensiones de la demanda, toda vez que no se probó la causación del daño
antijurídico, el nexo de causalidad ni la falla del servicio. En sustento, explicó que,
si bien la Corte Constitucional había declarado el estado de cosas inconstitucional
en el sistema penitenciario y carcelario, tal circunstancia por sí sola no acreditaba
la existencia de un daño antijurídico, directo, cierto y personal. Asimismo, sostuvo
que en el caso concreto se configuró la fuerza mayor como causal eximente de
responsabilidad y que, de encontrarse acreditada la falla del servicio, “esta tendría
a lo sumo carácter de relativa”.

4. Alegatos de conclusión en primera instancia

El 21 de noviembre de 201910 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público
para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

4.1. La parte demandante11 reiteró los argumentos expuestos en la demanda.

6 Fl. 96 a 130, C.P.
7 El 15 de septiembre de 2016, el Ministerio de Justicia y del Derecho solicitó la vinculación al proceso

de la USPEC, en calidad de litisconsorte necesario (Fl. 77 a 80, C.P.). En consecuencia, mediante
auto del 2 de mayo de 2017, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander resolvió vincular a
dicha entidad (Fl. 91 y 92, C.P.).
8 Según da cuenta el respectivo informe secretarial (Fl. 95, C.P) y el auto del 27 de julio de 2017 (Fl.

266 y 267, C.2).
9 Fl. 401 a 426, C.3.
10 Fl. 450, C.3.
11 Fl. 453 a 455, C.3.

6

Radicado: 54001233300020150042401 (70451)
Demandante: Ronald Antonio Lindarte Pardo y otro

4.2. El INPEC12 sostuvo que sus funciones se limitaban a ejercer la vigilancia,
custodia, atención y tratamiento de las personas privadas de la libertad. De esta
forma, argumentó que la gestión, ampliación, dotación y construcción de los centros
carcelarios correspondía a la USPEC. Añadió que en el Complejo Carcelario y
Penitenciario Metropolitano de Cúcuta se venían desarrollando adecuaciones y
obras para mejorar las condiciones de reclusión de los internos.

4.3. La ANDJE13 presentó el escrito de alegatos de conclusión de forma
extemporánea. Por su parte, el Ministerio de Justicia y del Derecho, la USPEC y el
Ministerio Público guardaron silencio.

5. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 3 de agosto de 202314, el Tribunal Administrativo de Norte
de Santander accedió parcialmente a las pretensiones. Señaló que no se acreditó
el daño alegado “respecto a las condiciones insalubres y falta de personal médico”.
No obstante, si encontró acreditado el “daño en virtud del hacinamiento carcelario”.
En consecuencia, argumentó que como consecuencia del hacinamiento carcelario
se vulneró el derecho fundamental a la dignidad humana de los reclusos del
Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Cúcuta, lo cual, a su vez,
constituía una afectación a bienes constitucional y convencionalmente protegidos.
Seguidamente, adujo que el daño resultaba imputable al INPEC, dado que dicha
entidad era la encargada de la infraestructura, bienes y servicios de los centros
carcelarios, de conformidad con el numeral 16 del artículo 2 del Decreto 4151 de
2011.

Finalmente, el tribunal a quo se abstuvo de imponer condena alguna contra el
INPEC, al considerar que las medidas ordenadas por la Corte Constitucional

12 Fl. 456 a 462, C.3.
13 Fl. 463 a 480, C.3.
14 Fl. 485 a 502, C.3.

7

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Demandante: Ronald Antonio Lindarte Pardo y otro

mediante sentencia T-762 de 201515, resultaban aptas para disminuir gradualmente
el hacinamiento carcelario. Asimismo, no condenó en costas.

En efecto, el a quo señaló que:

“Así las cosas y en cuanto al daño alegado respecto a las condiciones insalubres y
falta de personal médico, para la Sala, tal circunstancia no logra acreditarse ni
desprenderse de los elementos probatorios incorporados al presente asunto, dado
que, tanto del libelo introductorio como de los testimonios recepcionados se
despliegan simples afirmaciones, que no son soportadas con pruebas de la ocurrencia
de daños específicos; […]

No obstante lo anterior, y en lo que a las condiciones de hacinamiento corresponde,
se encuentra plenamente acreditado que la Cárcel Modelo de Cúcuta cuenta con
capacidad para albergar 2530 personas, empero, para el año 2015, la población
carcelaria oscilaba las 4183 personas, es decir, un sobrecupo de 1653 internos, razón
suficiente para encontrar probada tal situación que se constituye como generadora
del alegado daño. […]

Del pronunciamiento citado, logra desprenderse que la trasgresión a la dignidad
humana con ocasión del hacinamiento carcelario, se enmarca dentro de los preceptos
que comprenden los daños a los bienes constitucional y convencionalmente
protegidos, puesto que, dicho daño puede predicarse de manera individual y
autónoma respecto a los demás integrantes del grupo y aunado a ello, es un derecho
de índole fundamental reconocido por la Constitución Nacional. […]

Así las cosas, bajo tales preceptos, considera la Sala que los daños a los derechos
constitucional y convencionalmente protegidos, sufridos por los internos de la Cárcel
Modelo de Cúcuta con ocasión a la problemática estructural del hacinamiento
carcelario y trasgresión a la dignidad humana, han de ser imputados al Estado en
representación del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC, acorde a las
funciones en materia de infraestructura, bienes y servicios que contempla el numeral
16 del artículo 2 del Decreto 4150 (sic) de 2011 […].

Al efecto, aunque dentro del sub examine se reúnen los elementos para la declaratoria
de responsabilidad del Estado producto de la vulneración de los derechos
constitucional y convencionalmente protegidos, con ocasión del agravio a la dignidad
humana de los internos de la Cárcel Modelo de Cúcuta, debe resaltar la Sala, que,
con ocasión de la declaratoria del Estado de Cosas Inconstitucional en el Sistema
Penitenciario y Carcelario del país producto de la situación de hacinamiento, mediante
Sentencia T-722 de 2015, la Corte Constitucional efectuó sendos requerimientos a
múltiples autoridades del sector legislativo, ejecutivo y judicial, con la finalidad de
orientar las medidas de protección de los derechos de las personas privadas de la
libertad […].

De lo anterior, la Sala considera que las órdenes impartidas por la Honorable Corte
Constitucional se constituyen como medidas aptas para que, de manera gradual y
progresiva, logre cesarse el hacinamiento penitenciario, las múltiples problemáticas

15 Se advierte que la sentencia correcta de la Corte Constitucional es la T-762 de 2015, sin embargo,

el Tribunal Administrativo de Norte de Santander cita equivocadamente en el texto de la sentencia
de primera instancia la sentencia T-722 de 2015 que no trata de hacinamiento carcelario.

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Demandante: Ronald Antonio Lindarte Pardo y otro

sociales que afligen a la población privada de la libertad y, por ende, el Estado de
Cosas Inconstitucional del Sistema Penitenciario y Carcelario. […]

En virtud de todo lo expuesto, la Sala acoge el criterio de la decisión antes citada,
declarándose responsable administrativamente al Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario - INPEC, no obstante se abstendrá de imponer condena alguna conforme
así lo dispusieran las altas Cortes al tiempo de estudiar la sentencia ya referenciada
(Sentencia T-722 de 2015)”.

6. Recursos de apelación

El 24 de agosto de 202316-17, el INPEC y la ANDJE interpusieron recurso de
apelación, los cuales fueron concedidos el 18 de septiembre de 202318 y admitidos
el 6 de octubre siguiente19.

6.1. El INPEC20 sostuvo que no se encontraba legitimado en la causa por pasiva,
por cuanto no era la entidad encargada de la construcción, gestión, dotación y
mantenimiento de la infraestructura penitenciaria, ni de gestionar la prestación del
servicio de salud en los establecimientos carcelarios. Reiteró que dichas funciones
eran competencia de la USPEC, quienes permitieron la “negligencia, la omisión y a
su vez dilatando muchos procesos que el instituto ha vendió (sic) desarrollando”.
Señaló que no cuenta con la facultad para solucionar, por sí solo, la problemática
del hacinamiento carcelario, pues para superar tal fenómeno se requiere la
participación coordinada de diversas entidades del Estado. Asimismo, argumentó
que no dispone de las facultades legales ni del presupuesto requerido para adecuar
los centros de reclusión, dado que sus funciones se limitan a la vigilancia, custodia,
atención y tratamiento de las personas privadas de la libertad.

6.2. La ANDJE21 sostuvo que el medio de control de reparación de perjuicios
causados a un grupo era improcedente, toda vez que no se logró conformar o
identificar el grupo de por lo menos 20 personas afectadas por una causa común.
Seguidamente, señaló que no se probó el daño consistente en la afectación al
derecho fundamental a la dignidad humana del grupo accionante, toda vez que

16 Fl. 541 a 543, C.3.
17 Fl. 517 a 523, C.3.
18 “007AutoConcedeR.pdf”, índice 2, Samai.
19 Índice 4, Samai.
20 Fl. 541 a 543, C.3.
21 Fl. 517 a 523, C.3.

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Demandante: Ronald Antonio Lindarte Pardo y otro

dicha vulneración no se deriva automáticamente de la existencia objetiva del
hacinamiento carcelario. Al respecto, explicó que, si bien el centro carcelario de
Cúcuta presentaba una situación de hacinamiento, ello no implicaba la vulneración
al derecho a la dignidad humana de los reclusos, dado que las condiciones de
reclusión eran decentes, pues los internos tenían acceso a atención médica
oportuna y adecuada, a servicios públicos básicos, a visitas y a actividades de
recreación. En tal sentido, argumentó que no se probó que las personas privadas
de la libertad en el Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Cúcuta
hubieran sufrido algún trato denigrante o inhumano como consecuencia del
hacinamiento. Asimismo, indicó que las entidades demandadas adoptaron medidas
para disminuir el hacinamiento en el precitado centro penitenciario, el cual se redujo
en un 16% entre los años 2015 y el 2017, dando cumplimiento así a la regla de
equilibrio decreciente establecida por la Corte Constitucional en las sentencias T-
388 de 2013 y T-762 de 2015.

7. Trámite en segunda instancia

Comoquiera que no se solicitaron pruebas, ni se decretaron en el término de
ejecutoria del auto admisorio del recurso de apelación, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 247, numeral 5º de la Ley 1437 de 2011, modificado por el
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, no se corrió traslado para alegar de conclusión.

7.1. El Ministerio Público conceptuó que debían negarse las pretensiones de la
demanda, toda vez que no se acreditó el daño consistente en la afectación al
derecho fundamental a la dignidad humana, como consecuencia del hacinamiento
carcelario. En sustento, indicó que la vulneración a la dignidad humana de los
reclusos del Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Cúcuta no se
acredita con la sola constatación del hacinamiento. Asimismo, indicó que el informe
suscrito por la Defensoría del Pueblo en el año 2017, a partir del cual el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander tuvo por probado el hacinamiento, carece de
pertinencia probatoria, pues no corresponde al período en que ocurrieron los hechos
objeto de la demanda.

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Radicado: 54001233300020150042401 (70451)
Demandante: Ronald Antonio Lindarte Pardo y otro

III. CONSIDERACIONES

1. Cuestión previa – normatividad aplicable

Mediante auto de unificación del 6 de agosto de 202022, la Sala Plena de la Sección
Tercera dispuso que la integración normativa de la pretensión de reparación de
perjuicios causados a un grupo debe realizarse con la Ley 1437 de 2011 23, y en
consecuencia, la remisión prevista en el artículo 6824 de la Ley 472 de 199825 solo
resulta viable en aquellos eventos en los cuales no existan normas contenidas en el
CPACA que regulen de manera expresa la materia y que tengan relación con el
medio de control específico.

Al efecto, comoquiera que el 6 de octubre de 201526, los demandantes ejercieron el
derecho de acción bajo la pretensión de reparación de perjuicios causados a un
grupo, al presente asunto le resultan aplicables las disposiciones contenidas en la
Ley 472 de 1998 y el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, toda vez que, de acuerdo con la jurisprudencia uniforme y pacífica
de esta Corporación, este último estatuto modificó la Ley 472 de 1998 en lo atinente
a las normas que regulan la pretensión, la caducidad y la competencia27.

2. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de los recursos de apelación interpuestos
por el INPEC y la ANDJE contra la sentencia del 3 de agosto de 2023, proferida por
el Tribunal Administrativo del Norte de Santander, que accedió parcialmente a las

22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Auto del 6 de agosto

de 2020, Rad. 64778.
23 Por el cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

Administrativo.
24 Artículo 68. Aspectos no regulados. “En lo que no contraríe lo dispuesto en las normas del presente

título, se aplicarán a las acciones de grupo las normas del Código de Procedimiento Civil”.
25 Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el

ejercicio de acciones populares y de grupo, y se dictan otras disposiciones.
26 Fl. 1 a 20, C.P.
27 Ver entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera.

Providencias del 10 de febrero de 2016, Exp. 2015-00934, del 31 de enero de 2013, Exp. 2012-
00034, del 18 de mayo de 2017, Exp. 2016-00131, del 18 de julio de 2017, Exp. 2013-00583, del 2
de julio de 2021, Exp. 2018-00153 y del 9 de diciembre de 2025, Rad. 67211.

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Radicado: 54001233300020150042401 (70451)
Demandante: Ronald Antonio Lindarte Pardo y otro

pretensiones de la demanda, en virtud de lo establecido en los artículos 50 28 de la
Ley 472 de 1998 y, 15029 y 152.1630 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo.

Asimismo, el conocimiento del presente asunto corresponde a la Sección Tercera
del Consejo de Estado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.12.12 31
del Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019, expedido por la Sala Plena de la
Corporación.

3. Medio de control procedente - Condiciones uniformes del grupo respecto
de la causa lesiva cuya reparación se pretende

El medio de control de reparación de perjuicios causados a un grupo –antes acción
de grupo- se encuentra consagrado en el inciso 2º del artículo 88 de la Constitución
Política, con la finalidad de que un número plural de personas demanden la
reparación de daños ocasionados por una misma acción u omisión por parte del
Estado. En desarrollo de dicha disposición constitucional, la Ley 472 de 1998 reguló
dichas acciones y en el artículo 3º las definió como aquellas que son "interpuestas
por un número plural o un conjunto de personas que reúnen condiciones uniformes
respecto de una misma causa que originó perjuicios individuales para dichas
personas".

28 “Artículo 50. Jurisdicción. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conocerá de los
procesos que se susciten con ocasión del ejercicio de las acciones de grupo originadas en la
actividad de las entidades públicas y de las personas privadas que desempeñen funciones
administrativas. La jurisdicción civil ordinaria conocerá de los demás procesos que se susciten con
ocasión del ejercicio de las acciones de grupo”.
29 “Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de

radicación. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda
instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales
administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación […]”.
30 “Artículo 152. Los Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes

asuntos: […] 16. De los relativos a la protección de derechos e intereses colectivos, reparación de
daños causados a un grupo y de cumplimiento, contra las autoridades del orden nacional o las
personas privadas que dentro de ese mismo ámbito desempeñen funciones administrativas”.
31 “Acuerdo 080 de 2019. Artículo 13.12. 12. Las acciones de grupo de competencia del Consejo de

Estado”.

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Radicado: 54001233300020150042401 (70451)
Demandante: Ronald Antonio Lindarte Pardo y otro

En consonancia con lo anterior, los artículos 332 y 4633 de la Ley 472 de 1998
establecen los requisitos de procedencia del medio de control de reparación de
perjuicios causados a un grupo –antes acción de grupo-. Para el efecto, prescriben
que éstas deberán ser presentadas por un número plural de personas que no podrá
ser inferior a 20, que reúnan condiciones uniformes respecto de una causa común
que generó los perjuicios individuales. Sin embargo, la jurisprudencia del Consejo
de Estado y de la Corte Constitucional ha admitido un número inferior de
demandantes, siempre que se señalen los criterios que permitan identificar la
vocación grupal de las pretensiones, es decir, que la causa del daño haya podido
perjudicar al menos a 20 personas. Sobre este punto, la Corte Constitucional señaló
en la sentencia C 116 de 200834:

“[…] Explicó la Corte en la Sentencia C-898 de 2005, acorde con la
jurisprudencia del Consejo de Estado, que la interpretación que debe darse al
inciso tercero (3°) del artículo 46 de la Ley 472 de 1998, es la de que, la
exigencia de que el grupo debe estar integrado al menos por veinte
personas, no puede entenderse como un obstáculo para la presentación
de la demanda, en cuanto no se requiere la concurrencia de todos ellos
para tal acto, toda vez que, de conformidad con el artículo 48 del mismo
ordenamiento, en la acción de grupo el actor o quien actúa como demandante,
representa a las demás personas que hayan sido afectadas por los hechos
lesivos. Por ello, lo que resulta exigible al actor al momento de presentar la
demanda, a la luz del numeral cuarto (4°) del artículo 52 del mismo
ordenamiento, es el deber de señalar en ella la identidad de por lo menos veinte
de los miembros del grupo afectado o, en todo caso, señalar los criterios que
permitan su identificación por parte del juez. Sobre este particular, la Corte
sostuvo en el referido fallo:

‘Así mismo que en relación con el número mínimo de 20 personas, el Consejo
de Estado, luego de dicha decisión de constitucionalidad ha precisado que el
número mínimo aludido no puede entenderse tampoco como una limitante para
la presentación de la demanda pues no es indispensable la concurrencia de
todos ellos al momento de dicha presentación, toda vez que, de conformidad
con lo dispuesto por el parágrafo del artículo 48 de la Ley 472 de 1998, ‘[e]n la
acción de grupo el actor o quien actúe como demandante, representa a las
demás personas que hayan sido afectadas individualmente por los hechos
vulnerantes, sin necesidad de que cada uno de los interesados ejerza por
separado su propia acción, ni haya otorgado poder’. El Consejo de Estado ha
advertido que si bien la acción puede ser interpuesta por una persona esta
debe actuar en relación con el daño causado a un grupo no inferior de 20

32 "Artículo 3. Acciones de grupo. Son aquellas acciones interpuestas por un número plural o un
conjunto de personas que reúnen condiciones uniformes respecto de una misma causa que originó
perjuicios individuales para dichas personas. (...)"
33 "Artículo 46. Procedencia de las acciones de grupo. Las acciones de grupo son aquellas acciones

interpuestas por un número plural o un conjunto de personas que reúnen condiciones uniformes
respecto de una misma causa que originó perjuicios individuales para dichas personas. (...)"
34 Corte Constitucional, sentencia C-116 del 13 de febrero de 2008.

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Radicado: 54001233300020150042401 (70451)
Demandante: Ronald Antonio Lindarte Pardo y otro

personas y que la demanda debe, en todo caso establecer los criterios que
permitan la identificación del grupo afectado.’

De esta manera, en la Sentencia C-898 de 2005, la Corte concretó el alcance
de la exigencia contenida en el inciso tercero (3°) del artículo 46 de la Ley 472
de 1998, en el sentido de precisar que no se requiere conformar un grupo
para demandar en acción de grupo, pues cualquier persona puede
instaurarla en nombre y representación del colectivo afectado con el
mismo daño, debiendo sí proporcionar en la demanda el nombre de por lo
menos veinte de los integrantes del mismo grupo, o en su defecto, señalar
los criterios para identificarlos y definirlos[…]”35. (Se resalta)

A su turno, el artículo 145 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, reguló el medio de control de los perjuicios causados a
un grupo, en los siguientes términos:

“[…] Cualquier persona perteneciente a un número plural o a un conjunto de personas
que reúnan condiciones uniformes respecto de una misma causa que les originó
perjuicios individuales, puede solicitar en nombre del conjunto la declaratoria de
responsabilidad patrimonial del Estado y el reconocimiento y pago de indemnización
de los perjuicios causados al grupo, en los términos preceptuados por la norma
especial que regula la materia (...)”

Sobre la exigencia referente al número de integrantes del grupo, la Corte
Constitucional36 sostuvo que ello no puede entenderse como un obstáculo para
presentar la demanda, toda vez que no se requiere que las 20 personas acudan
ante el juez, sino que quien actúa señale la identidad de los demás integrantes o, al
menos, indique los criterios que permitan su identificación por parte del juez.

Ahora bien, en lo relativo a la exigencia de que existan condiciones uniformes
respecto de una causa común contenida en los artículos 3 y 46 de la Ley 472 de
1998 ya citados, la Corte Constitucional ha señalado que dicho requisito exige al
juez analizar la causa común desde una perspectiva jurídica más que fáctica y
verificar la existencia de una relación de identidad entre los diversos hechos lesivos
que pueden generar un daño común al interés del grupo37. Así, para el tribunal
constitucional, "[…] una exigencia de uniformidad estricta desde el punto de vista

35 Esta postura ha sido acogida por el Consejo de Estado, entre otras más, en las siguientes
providencias: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Auto del
10 de febrero de 2005, Exp. 2001 – 00213 -01 y, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera. Subsección C, sentencias del 9 de diciembre de 2025, Rad. 67211
y del 23 de febrero de 2026, Rad. 69319.
36 Corte Constitucional, sentencia C-898 de 2005.
37 Sentencia C-569 de 2004.

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Radicado: 54001233300020150042401 (70451)
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fáctico, que confundiera la idea de causa jurídica común con la existencia de un solo
hecho que ocasiona el perjuicio, haría fracasar la protección del interés de grupo
por la vía del resarcimiento de los perjuicios individuales sufridos por sus miembros,
pues una tal uniformidad es excepcional, desde una perspectiva puramente fáctica".

En este orden de ideas, la Sección Tercera de la Corporación sostuvo que para que
el medio de control de reparación de perjuicios causados a un grupo – antes acción
de grupo - sea procedente, debe verificarse la posibilidad de que la misma admita
una decisión unitaria de la controversia, lo que exige la existencia de aspectos de
hecho o de derecho que sean comunes entre los miembros del grupo 38. Ello no
significa que las situaciones particulares de los integrantes del grupo sean idénticas,
sino que exista un común denominador que se extienda a todos ellos y que se derive
del hecho lesivo del demandado.

Con todo, en una reciente decisión de la Subsección A de la Sección Tercera de
esta Corporación se concluyó que el grupo está debidamente constituido "si el
conjunto de personas que hacen parte del mismo tienen condiciones uniformes
respecto del hecho generador del daño y no de los demás elementos que conforman
la responsabilidad; por ende, si bien la causa generadora debe ser la misma para
todos los integrantes del grupo, el daño causado y las reparaciones concretas a
favor de cada uno de ellos pueden ser disímiles" 39. De esta manera, le
corresponderá al juez en cada caso valorar la existencia de una causa común que,
al ser compartida por todos los miembros del grupo, permita su resolución en una
misma providencia40.

38 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 16 de abril de 2007, radicado: 25000-23-25-

000-2002-00025-02.
39 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, auto del 12 de julio de 2019, radicación:

66001-23-31-000-2017-00654-01(AG).
40 Sobre este punto, es pertinente señalar que la ley colombiana carece de cualquier dispositivo que

incorpore argumentos pragmáticos o casuísticos, como los que caracterizan las denominadas class
actions en el derecho norteamericano, reguladas por la Regla No. 23 - Rule 23 – de las Federal
Rules of Civil Procedure. A diferencia de ese sistema, en Colombia no existe referencia alguna a lo
que un sector de la doctrina ha denominado el litisconsorcio pragmático, criterio que en el modelo
estadounidense permite al juez evaluar con amplitud la procedencia de la acción grupal. Por el
contrario, la norma colombiana – Ley 472 de 1998 – define el contenido de la acción a partir de su
pretensión, que requiere una naturaleza indemnizatoria y, condiciona su procedencia a la existencia
de un daño sufrido por un grupo determinado de personas. No existe, pues, un catálogo fáctico –
casuístico en Colombia que permita al juez aplicar criterios amplios de calificación o certificación de
la acción. Guayacán Ortíz, Juan Carlos. Las acciones populares y de grupo frente a las acciones

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Radicado: 54001233300020150042401 (70451)
Demandante: Ronald Antonio Lindarte Pardo y otro

Ahora bien, en el caso concreto se plantea como causa común generadora del daño
el hacinamiento en el Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Cúcuta,
situación que, según se alega en la demanda, ocasionó la afectación al derecho
fundamental a la dignidad humana de las personas privadas de la libertad en dicho
centro de reclusión. De esta forma, en el libelo introductorio se indicaron los
siguientes criterios para identificar el grupo accionante:

“Aunque solo dos personas me otorgaron poder, el grupo lo conforman, todos los
internos de la cárcel modelo de la ciudad de Cúcuta (Norte de Santander), como
consecuencia de la violación flagrante a la dignidad humana, debido a las precarias
condiciones salubridad y hacinamiento que se vive actualmente en la cárcel Modelo
de la ciudad de Cúcuta (Norte de Santander).

De acuerdo a un derecho de petición de fecha 08 de septiembre del año 2015,
presentado al director de la cárcel modelo de la ciudad de Cúcuta, el mencionado
establecimiento penitenciario tiene capacidad para albergar 2530 reclusos y
actualmente se encuentran 4183 personas recluidas en esa institución, situación que
atenta contra la dignidad humana de todos los internos que actualmente se
encuentran recluidos en la cárcel modelo de Cúcuta”.

Pues bien, en cuanto a las condiciones uniformes, aunque la demanda no discrimina
la afectación individual a la dignidad humana de cada miembro del grupo ni precisa
las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que cada demandante vio afectado
dicho derecho, se observa que la circunstancia uniforme, desde el punto de vista
jurídico, consiste en el hacinamiento del Complejo Carcelario y Penitenciario
Metropolitano de Cúcuta, para el momento en que se presentó la demanda, esto es,
el 6 de octubre de 2015.

Así lo consideró en un asunto similar la Subsección A de esta Sección, cuando
señaló41:

“[…] El hecho común generador de los daños reclamados no tiene que ser entendido
de manera esencialmente natural sino desde una óptica jurídica, porque es posible
que se presenten varios eventos ligados en tal forma que legalmente sean uno mismo,
reconociéndose, además, que en el estudio de la causa común el aspecto fáctico es
relevante, pero también el fundamento de derecho aplicable a la situación fáctica en
la que se encuentra el grupo respecto del orden jurídico. […]. Siguiendo las directrices

colectivas. Elementos para la integración del derecho latinoamericano. Universidad Externado de
Colombia 2015.
41 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,

sentencia del 3 de octubre de 2019, exp. 70001233300020140018601.

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Radicado: 54001233300020150042401 (70451)
Demandante: Ronald Antonio Lindarte Pardo y otro

de la Corte Constitucional sobre el medio de control en cuestión, la Sala observa que
no puede evaluarse el presente asunto desde una óptica fáctica pura, puesto que ello
inexorablemente impediría la construcción de una relación de identidad entre las
diversas omisiones planteadas en la demanda, las cuales, por la circunstancia de
converger en la política penitenciaria dentro de un mismo establecimiento, obligan al
juez a darle una mayor relevancia al fundamento jurídico que a ellas subyace.
Evidentemente, desde una óptica fáctica estricta, podría pensarse que, dado que se
trata de omisiones distintas, no se predicaría un carácter uniforme respecto de ellas,
pese a que, además de que convergen en el marco competencial de sistemas
interrelacionados, como lo son el SNPC y el SGSSS, se circunscriben a los internos
de un mismo reclusorio, el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y
Carcelario de Sincelejo (La Vega). De allí que la valoración de las condiciones
uniformes que tienen las omisiones antedichas respecto de los daños reclamados en
la demanda deba realizarse, en palabras de la Corte Constitucional, atendiendo la
naturaleza de los intereses protegidos y la concepción solidarista de la Constitución
Política.[…] la pluralidad de omisiones que reprocha la demanda se encuentran
ligadas de forma tal que sí se satisface el requisito legal de las condiciones de
uniformidad, no solo porque repercuten directamente en la dignidad humana de todos
los individuos privados de la libertad en el Establecimiento Penitenciario de Mediana
Seguridad y Carcelario de Sincelejo (La Vega) sino también porque aquellas se
identifican con las problemáticas estructurales y sub-problemáticas identificadas por
dicho tribunal en ese específico reclusorio. Así las cosas, la Sala evidencia, de una
parte, que se encuentra de por medio el derecho fundamental a la dignidad humana
de los internos, el cual es de eficacia directa y de la mayor relevancia en virtud de la
‘relación de especial sujeción’ entre las personas privadas de la libertad y el Estado
y, de otro lado, que el reconocimiento general de la dignidad humana compromete el
fundamento mismo político del Estado, situaciones ambas que satisfacen la
valoración de las condiciones uniformes de acuerdo con los términos expresados por
la Corte Constitucional. En síntesis, la pluralidad de omisiones planteadas en el medio
de control para la reparación de los perjuicios causados a un grupo, valoradas con
base en los intereses protegidos y la concepción solidarista de la Constitución Política,
justifican que sí se prediquen unas condiciones de uniformidad frente a los daños
reclamados en la demanda. […]”.

En otra oportunidad, en un asunto similar, la Subsección B de esta Corporación
expuso lo siguiente:

“La Sala entiende que para todas las afectadas, la causa del daño operó de manera
uniforme. En los términos indicados por la Corte Constitucional, el hacinamiento fue
la causa jurídica común de los daños padecidos por las internas, aunque implique
múltiples omisiones de distintas entidades. […] En definitiva, está suficientemente
acreditada la sobrepoblación extrema de la cárcel del Cunduy y las demás
condiciones que vienen con ella, que hacen del hacinamiento un hecho complejo que
ha servido de causa común de los daños por los que se ejerció esta acción de
grupo”42.

Así las cosas, para acreditar el requisito de existencia de condiciones uniformes
frente a la causa común del daño, la parte actora aportó las siguientes pruebas:

42Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B,
sentencia del 20 de noviembre de 2020, exp. 18001233300020130021601.

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Radicado: 54001233300020150042401 (70451)
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• Certificación del 1 de octubre de 2015 suscrita por el Asesor Jurídico del
Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Cúcuta, mediante la cual
se hace constar que, desde el 12 de abril de 2014 y hasta la fecha de expedición
de dicho documento, Ramón Gonzalo Chía Ayala se encontraba recluido en el
citado centro penitenciario, “por el delito de concierto para delinquir”43.

• Certificación del 1 de octubre de 2015 suscrita por el Asesor Jurídico del
Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Cúcuta, mediante la cual
se hace constar que, desde el 10 de abril de 2014 y hasta la fecha de expedición
de dicho escrito, Ronald Antonio Lindarte Pardo permanecía recluido en el citado
centro de reclusión, “por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego
y municiones de uso privativo”44.

• Oficio No. 422-AJUR-COCUC del 21 de septiembre de 2015, mediante el cual el
Coordinador Jurídico del Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de
Cúcuta informó a Yovany Sanguino Mier – apoderado del grupo accionante- que
dicho centro penitenciario presentaba una sobreocupación de 1.653 reclusos45.
Justamente, en dicho documento se lee lo siguiente:

“1. La capacidad de internos para la que fue construida nuestro complejo fue de
NORTE 1262, sur hombres 892, MUJERES 376 para un total de 2530 internos.

2. Actualmente se encuentran 4183 personas recluidas en Complejo Metropolitano
de Cúcuta.

3. Según lo manifestado por el Ingeniero EDILBERTO TARAZONA, encargado de
obras civiles de la penitenciaria menciona que si no existiera hacinamiento
deberían dormir por celda según la estructura Norte entre 2 a 1 interno y en la
estructura sur 4 internos por celda.

4. En la estructura sur se encuentran durmiendo 04 internos por celda, referente a
la estructura norte no está parametrizado.

5. En los diferentes pasillos de la Estructura Norte se observa internos que debido
a la situación de hacinamiento deben dormir en los pasillos de algunos pabellones.

43 Fl. 23, C.P.
44 Fl. 24, C.P.
45 Fl. 26, C.P.

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6. En el complejo carcelario metropolitano de Cúcuta actualmente atienden a la
población reclusa 08 médicos pertenecientes a Caprecom”.

Bajo el anterior contexto, y una vez valorados los documentos allegados al proceso,
se evidencia que en el presente asunto actúan como demandantes Ramón Gonzalo
Chía Ayala y Ronald Antonio Lindarte Pardo, en su condición de personas privadas
de la libertad en el Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Cúcuta, y
que las personas que para la fecha de presentación de la demanda -6 de octubre
de 2015- se encontraban recluidas en el citado centro penitenciario, tienen vocación
para integrar el grupo demandante, en la medida en que se acreditó la existencia
de condiciones uniformes respecto de la causa común generadora del daño,
concretada en el hacinamiento en el Complejo Carcelario y Penitenciario
Metropolitano de Cúcuta.

Por otro lado, cabe precisar que, si bien al plenario no se aportó un listado con las
4.183 personas que, según se indicó en el libelo introductorio, se encontraban
privadas de la libertad en el Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de
Cúcuta al momento de presentación de la demanda, ni ellas tampoco acudieron en
su totalidad ante el juez, advierte la Sala que ello no afecta la dimensión grupal en
el asunto. En efecto, contrario a lo manifestado por la ANDJE en el recurso de
apelación y tal como se indicó en precedencia, lo requerido en el medio de control
de reparación de perjuicios causados a un grupo es que quien actúa señale los
criterios que permitan su identificación por parte del juez, como sucede en el asunto
de la referencia, en el que, como se anotó anteriormente, se circunscribe a las
personas reclusas en el precitado centro penitenciario para el momento de
presentación de la demanda, esto es, el 6 de octubre de 2015.

Justamente, se reitera que para la debida conformación del grupo no es necesario
que las 20 personas comparezcan ante el juez, sino es suficiente que quienes
actúen como demandantes señalen la identidad de los demás integrantes o, al
menos, indiquen los criterios que permitan su identificación por parte del juez. De
esta forma, en el libelo introductorio se señalaron los criterios para identificar los
integrantes del grupo demandante, el cual está conformado por las personas
reclusas en el Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Cúcuta al
momento de presentación de la demanda. Asimismo, se acreditó la existencia de

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condiciones uniformes respecto de la causa común generadora del daño,
concretada en el hacinamiento en el citado establecimiento carcelario.

Según lo expuesto, el grupo está conformado por las personas privadas de la
libertad en el Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Cúcuta al
momento de presentación de la demanda, que aducen de manera uniforme haber
sufrido una afectación al derecho fundamental a la dignidad humana, como
consecuencia del hacinamiento en dicho centro de reclusión. Ello satisface los
requisitos legales exigidos para la procedencia del medio de control de reparación
de perjuicios causados a un grupo.

4. Vigencia del medio de control

Si bien en el proceso no se discutió la caducidad de la acción ni ella fue alegada en
oportunidad alguna por las partes ni la sentencia estimó que tal fenómeno se
produjo, resulta necesario verificar si la demanda se presentó en tiempo por cuanto
se trata de un presupuesto procesal46.

Así, con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico
jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la
protección del interés general47, estableció unos plazos para poder ejercer

46 Se advierte que el juez tiene la facultad para declarar de oficio o a petición de parte la caducidad

de la acción, pues es una figura concebida para salvaguardar los intereses colectivos y generales.
Precisamente, esta Corporación ha manifestado lo siguiente: “es necesario entender que la
caducidad es una figura prevista como un mecanismo de protección de los intereses colectivos y
generales, y, por tal razón, es de orden público, lo que necesariamente lleva a que tenga un carácter
de irrenunciabilidad, como se mencionó previamente, e inclusive dota al juez de la facultad para
declararla de oficio. […] Por consiguiente, el efecto extintivo de la caducidad actúa al verificarse el
plazo, “per se, ope legis, en forma ineluctable y por disposición o mandato normativo expreso, de ius
cogens e imperativo, al margen de la autonomía, decisión o querer del titular”. Y como se mencionó
anteriormente, el juzgador puede y debe declarar de oficio o a solicitud de parte, la caducidad de la
acción, pero en todo caso, su efecto se produce por mandato legal, sin requerir declaración alguna”.
Consejo de Estado. Sentencia del 16 de diciembre de 2020. Rad.: 51252.
47 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico procesal

a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo
el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida
justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener
seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no
concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general.
Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia,
esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser
declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia.”

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oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser
razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden
público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud
judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de
las situaciones que se encontraban pendientes de solución.

El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la
racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal,
controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción48, ofrecer estabilidad del
derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por
los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad,
solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.

Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y
garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda
y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide
que estas puedan ser discutidas indefinidamente.

La caducidad, en la segunda de sus manifestaciones, tal vez la que menos se
considera en la doctrina y jurisprudencia pero que es de la esencia y naturaleza de
la figura, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su
advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio
cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores
jurídicos que discuten alguna situación, lo que implica que en tal concepción surta
efectos para ambas partes indistintamente de quien realiza la proposición judicial,
en tanto se refiere es a la situación jurídica en concreto. Sin embargo, en el anverso,
la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al

48 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871-05 “...el derecho al acceso a

la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la
promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el
legislador (…). El término de caducidad tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el
ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción
necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las
acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para
solidificar el concepto de derechos adquiridos.

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ejercicio del derecho de acción, como especie de sanción ipso iure49 que opera por
la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer
algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia 50, cuya
consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal,
significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar.

El literal h) del numeral 2º del artículo 164 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo prescribe que, el medio de control
de reparación de perjuicios causados a un grupo deberá presentarse dentro del
término de dos (2) años, contados a partir de “la fecha en que se causó el daño”.

Pues bien, en el sub examine se estima que el medio de control de reparación de
perjuicios a un grupo fue ejercido oportunamente, esto es, dentro del término
procesal de dos (2) años previsto por el legislador para el vencimiento de la
pretensión, teniendo en cuenta que: i) para el 21 de septiembre de 2015, se
encontraban recluidas 4.183 personas en el Complejo Carcelario y Penitenciario
Metropolitano de Cúcuta, pese a que su capacidad máxima era de 2.530 internos,
circunstancia que evidencia el nivel de hacinamiento existente en dicho centro
penitenciario (hecho probado 8.1.10) y, ii) la demanda se presentó el 6 de octubre
de 201551.

49 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “Para garantizar la seguridad jurídica de

los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los
eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes
tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en
tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. Es
así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es decir que no
admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta inactiva del sujeto
procesal llamado a interponer determinada acción judicial”.
50 Corte Constitucional. Sentencia C-574 de 1998: “…[s]i el actor deja transcurrir los plazos fijados

por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece
inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen
entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad
representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho, por
ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección,
pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce
sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado”.
51 Fl. 1 a 20, C.P.

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5. Legitimación en la causa

Como quiera que se trata de un presupuesto procesal, corresponde hacer la
verificación de la legitimación en la causa de las partes que integran la litis52.

Ahora bien, en relación con la legitimación en la causa por activa en aquellos
asuntos tramitados bajo el medio de control de reparación de perjuicios causados a
un grupo –antes acción de grupo-, es pertinente señalar que la Sección Tercera de
esta Corporación ha señalado que “la concepción de la legitimación en la causa en
el marco de la acción constitucional de grupo, se centró en la interpretación del
contenido normativo de los artículos 46 y 47 de la Ley 472 de 1998 y al respecto
concluyó que este presupuesto se conecta con la exigencia de que existan
condiciones uniformes respecto de la causa que generó el daño […]”53.

5.1. La Sala advierte que Ramón Gonzalo Chía Ayala y Ronald Antonio Lindarte
Pardo otorgaron poder al abogado Yovany Sanguino Mier para que en su nombre y
representación “inicie, adelante y lleve hasta su culminación una demanda
administrativa de acción de grupo”, no obstante, se evidencia que los demás
integrantes del grupo no otorgaron poder al mencionado abogado ni tampoco los
señores Chía Ayala y Lindarte Pardo eran sus mandatarios, de acuerdo con los
artículos 5454 y 7455 del CGP.

52 Frente al tema, esta Corporación ha manifestado lo siguiente: “la legitimación en la causa
corresponde a un presupuesto procesal de la acción (y no de la pretensión) y, por lo tanto, debe
analizarse de oficio y de manera previa a la decisión de fondo de la litis. En consecuencia, la ausencia
de legitimación material en la causa tanto activa como pasiva impide adentrarse en el fondo del
caso”. Consejo de Estado, Sentencia del 28 de abril de 2021. Rad.: 48436. En igual sentido, ver
sentencia del Consejo de Estado del 8 de octubre de 2020, Rad.: 1760-18. Sentencia del 25 de julio
de 2019, Rad.: 54527 y auto del 10 de septiembre de 2020, Rad.: 0736-18.
53 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencias del 2 de

febrero de 2001, Rad. AG 071 y del 31 de julio de 2020, Exp. 2013 – 00488. Esta posición fue
recientemente acogida por la Subsección C de la Sección, en la sentencia del 16 de febrero de 2026,
exp. 69982.
54 “Artículo 54. COMPARECENCIA AL PROCESO. Las personas que puedan disponer de sus

derechos tienen capacidad para comparecer por sí mismas al proceso. Las demás deberán
comparecer por intermedio de sus representantes o debidamente autorizadas por estos con sujeción
a las normas sustanciales (...).”
55 “Artículo 74. PODERES: Los poderes generales para toda clase de procesos solo podrán

conferirse por escritura pública. El poder especial para uno o varios procesos podrá conferirse por
documento privado. En los poderes especiales los asuntos deberán estar determinados y claramente
identificados. El poder especial puede conferirse verbalmente en audiencia o diligencia o por
memorial dirigido al juez del conocimiento. El poder especial para efectos judiciales deberá ser

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En efecto, con la demanda no se allegó ningún documento que diera cuenta de que
Ramón Gonzalo Chía Ayala y Ronald Antonio Lindarte Pardo pudieran, en nombre
y representación de las personas privadas de la libertad en el Complejo Carcelario
y Penitenciario Metropolitano de Cúcuta para la fecha de presentación de la
demanda, otorgar poder a un abogado para presentar la demanda de la referencia.

Así las cosas, es preciso concluir que, en este caso, la demanda se presentó con
unos demandantes específicos, esto es, Ramón Gonzalo Chía Ayala y Ronald
Antonio Lindarte Pardo, quienes están legitimados en la causa por activa, en su
condición de personas privadas de la libertad en el Complejo Carcelario y
Penitenciario Metropolitano de Cúcuta (hechos probados 8.1.1 y 8.1.2). No
obstante, el grupo demandante estaría conformado, para efectos de legitimación
procesal, por la totalidad de las personas que, para la fecha de presentación de la
demanda, esto es, el 6 de octubre de 2015, se encontraban reclusas en el Complejo
Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Cúcuta. En suma, el grupo demandante
son las personas sobre quienes recae el interés jurídico que se debate en este
proceso y están legitimados en la causa por activa.

5.2. La Nación está legitimada en la causa por pasiva y se encuentra debidamente
representada por el Ministerio de Justicia y del Derecho, en tanto dicha entidad,
como parte del Sistema Nacional Penitenciario y Carcelario, le corresponde formular
y adoptar la política pública criminal y de asuntos penitenciarios, efectuar el
seguimiento y evaluación del impacto de las normas y directrices que regulan la
operación y funcionamiento del Sistema Penitenciario y Carcelario, y poner a
consideración del Consejo Superior de Política Criminal y Penitenciaria proyectos

presentado personalmente por el poderdante ante juez, oficina judicial de apoyo o notario. Las
sustituciones de poder se presumen auténticas. Los poderes podrán extenderse en el exterior, ante
cónsul colombiano o el funcionario que la ley local autorice para ello; en ese último caso, su
autenticación se hará en la forma establecida en el artículo 251. Cuando quien otorga el poder fuere
una sociedad, si el cónsul que lo autentica o ante quien se otorga hace constar que tuvo a la vista
las pruebas de la existencia de aquella y que quien lo confiere es su representante, se tendrán por
establecidas estas circunstancias. De la misma manera se procederá́ cuando quien confiera el poder
sea apoderado de una persona. Se podrá conferir poder especial por mensaje de datos con firma
digital. Los poderes podrán ser aceptados expresamente o por su ejercicio”.

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de ley en materia penal y penitenciaria, de conformidad con el artículo 1556 de la
Ley 65 de 199357 y los artículos 1658 y 1859 del Decreto 2897 de 201160.

56 “Artículo 15. Sistema Nacional Penitenciario y Carcelario. El Sistema Nacional Penitenciario y
Carcelario está integrado por el Ministerio de Justicia y del Derecho; el Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario (Inpec) y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec),
como, adscritos al Ministerio de Justicia y del Derecho con personería jurídica, patrimonio
independiente y autonomía administrativa; por todos los centros de reclusión que funcionan en el
país; por la Escuela Penitenciaria Nacional; por el Ministerio de Salud y Protección Social; por el
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y por las demás entidades públicas que ejerzan
funciones relacionadas con el sistema.
57 "Por la cual se expide el Código Penitenciario y Carcelario".
58 “Artículo 16. Viceministerio de Política Criminal y Justicia Restaurativa. Son funciones del

Viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, además de las establecidas en el artículo
62 de la Ley 489 de 1998, las siguientes: 1. Asesorar y apoyar al Ministro en la formulación y
adopción de la política pública criminal y de asuntos penales, penitenciarios, lucha contra las drogas
y justicia transicional. […]”.
59 “Artículo 18. Funciones de la Dirección de Política Criminal y Penitenciaria. Son funciones de la

Dirección de Política Criminal y Penitenciaria, las siguientes: 1. Proponer los lineamientos para la
formulación de las políticas e iniciativas de Estado en materia criminal y penitenciaria, prevención
del delito, acciones contra la criminalidad organizada, y demás aspectos relacionados, en
coordinación con las entidades correspondientes, y en especial con el Ministerio del Interior, el
Ministerio de Defensa Nacional, la Fiscalía General de la Nación y el Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar, con enfoque diferencial y especializado. 2. Elaborar los estudios y presentar las
propuestas sustantivas y de procedimiento en materia de política criminal, carcelaria y penitenciaria
y del tratamiento normativo de la libertad individual. 3. Realizar estudios sobre los factores que
inciden en la comisión de conductas punibles, analizando y compilando las estadísticas de los
diferentes organismos estatales que registran los índices de criminalidad, los cuales servirán de
insumo para la formulación de la política en esta materia. 4. Llevar a cabo el seguimiento y evaluación
de los sistemas penales en general, dando especial importancia al sistema de responsabilidad penal
para adolescentes en todos sus aspectos, en coordinación con las entidades competentes. 5.
Efectuar el seguimiento y evaluación del impacto de las normas y directrices que regulan la operación
y funcionamiento del Sistema Penitenciario y Carcelario y los relativos a las medidas privativas de la
libertad para los adolescentes, atendiendo la finalidad del mismo. 6. Servir de enlace permanente
del Ministerio en sus relaciones con las autoridades penitenciarias nacionales y territoriales y con las
demás autoridades y entidades gubernamentales que participen en el proceso de ejecución de la
pena y de las sanciones impuestas en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. 7.
Ejercer la Secretaría Técnica y Administrativa del Consejo Superior de Política Criminal. 8. Apoyar
al Ministro en las propuestas al Consejo de Política Criminal en los criterios para la formulación y
adopción de la política criminal y penitenciaria a mediano y largo plazo, y lo relativo al sistema de
responsabilidad penal para adolescentes. 9. Promover la revisión anual de las condiciones de
reclusión y de resocialización del sistema penitenciario, de los centros de privación de la libertad de
los adolescentes y proponer las recomendaciones orientadas al cumplimiento de la finalidad de estos
sistemas. 10. Participar con las autoridades competentes en la elaboración de recomendaciones
sobre la estructura de la justicia penal con enfoque diferencial y especializado. 11. Proyectar
conceptos destinados a la Fiscalía General de la Nación sobre los delitos para los que se pueda
aplicar el principio de oportunidad. 12. Expedir conceptos sobre los Actos Legislativos y los proyectos
de ley que modifiquen el Código Penal, de Procedimiento Penal y de Infancia y la Adolescencia en
lo relativo al sistema de responsabilidad penal para adolescentes, en coordinación con la Dirección
de Desarrollo del Derecho y del Ordenamiento Jurídico y la Oficina Asesora Jurídica, sin perjuicio de
las competencias asignadas a la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República. 13. Poner a
consideración del Consejo Superior de Política Criminal y Penitenciaria, los proyectos de ley que
modifiquen o adicionen el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, el Código Penitenciario
y Carcelario, el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes y demás normas afines, con
el objetivo de que dicho organismo formule las sugerencias y observaciones a que haya lugar. 14.
Proponer al Ministro los proyectos de ley o de actos legislativos en materia penal y penitenciaria, en
coordinación con las demás direcciones y oficinas relacionadas con el tema objeto de los
proyectos. 15. Atender las peticiones y consultas relacionadas con asuntos de su competencia. 16.

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5.3. La USPEC se encuentra legitimada en la causa por pasiva, pues fue creada por
el artículo 261 del Decreto 4150 de 201162 como una entidad con personería jurídica
que, según el artículo 4 ibidem63, está encargada de gestionar y operar el suministro
de bienes y la prestación de los servicios, la infraestructura y brindar el apoyo
logístico y administrativo requeridos para el adecuado funcionamiento de los
servicios penitenciarios y carcelarios a cargo del INPEC.

5.4. El INPEC se encuentra legitimado en la causa por pasiva, pues, de conformidad
con el artículo 164 del Decreto 4151 de 201165, es la entidad encargada de ejercer
la vigilancia, custodia, atención y tratamiento de las personas privadas de la libertad.
Asimismo, de conformidad con el artículo 1666 de la Ley 65 de 199367, dicha entidad

Apoyar el desarrollo y sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional, y la observancia
de sus recomendaciones en el ámbito de su competencia. 17. Efectuar el análisis normativo y
jurisprudencial de los temas relacionados con la Política Criminal y Penitenciaria y el Sistema de
Responsabilidad Penal para Adolescentes con el fin de adoptar las recomendaciones a que hubiere
lugar en esta materia, en coordinación con las entidades competentes. 18. Las demás funciones
asignadas que correspondan a la naturaleza de la dependencia”.
60 “Por el cual se determinan los objetivos, la estructura orgánica, las funciones del Ministerio de

Justicia y del Derecho y se integra el Sector Administrativo de Justicia y del Derecho”.
61 “Artículo 2. Creación y naturaleza jurídica. Créase una Unidad Administrativa Especial denominada

Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - SPC, con personería jurídica, autonomía
administrativa y financiera, adscrita al Ministerio de Justicia y del Derecho, cuyos objetivos y
funciones serán los escindidos”.
62 “Por el cual se crea la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - SPC, se determina su

objeto y estructura”.
63 “Artículo 4°. Objeto. La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - SPC, tiene como objeto

gestionar y operar el suministro de bienes y la prestación de los servicios, la infraestructura y brindar
el apoyo logístico y administrativo requeridos para el adecuado funcionamiento de los servicios
penitenciarios y carcelarios a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC.”
64 “Artículo 1°. Objeto. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, tiene como objeto

ejercer la vigilancia, custodia, atención y tratamiento de las personas privadas de la libertad; la
vigilancia y seguimiento del mecanismo de seguridad electrónica y de la ejecución del trabajo social
no remunerado, impuestas como consecuencia de una decisión judicial, de conformidad con las
políticas establecidas por el Gobierno Nacional y el ordenamiento jurídico, en el marco de la
promoción, respeto y protección de los derechos humanos”.
65 “Por el cual se modifica la estructura del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, y se

dictan otras disposiciones”.
66 “Artículo 16. Establecimientos de reclusión nacionales. Los establecimientos de reclusión del orden

nacional serán creados, fusionados, suprimidos, dirigidos y vigilados por el Inpec. El Inpec, en
coordinación con la Uspec, determinará los lugares donde funcionarán dichos establecimientos.
Cuando se requiera hacer traslado de condenados el Director del Inpec queda facultado para hacerlo
dando previo aviso a las autoridades competentes. Se faculta al Ministerio de Hacienda y Crédito
Público asignar los recursos suficientes a la Uspec para la creación, organización y mantenimiento
de los establecimientos de reclusión. Parágrafo 1o. Todos los nuevos centros de reclusión contarán
con un perímetro de aislamiento de por lo menos 200 metros de distancia de cualquier desarrollo
urbano. Parágrafo 2o. Todos los establecimientos de reclusión deberán contar con las condiciones
ambientales, sanitarias y de infraestructura adecuadas para un tratamiento penitenciario digno”.
67 "Por la cual se expide el Código Penitenciario y Carcelario".

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Demandante: Ronald Antonio Lindarte Pardo y otro

es la encargada de crear, fusionar, suprimir, dirigir y vigilar los establecimientos de
reclusión del orden nacional68.

Así las cosas, se advierte que, contrario a lo argumentado por el INPEC en el
recurso de apelación, dicha entidad sí se encuentra legitimada en la causa por
pasiva, al ser la responsable de los establecimientos penitenciarios del orden
nacional, tales como el Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de
Cúcuta. Por demás, cabe advertir que, el hacinamiento constituye una problemática
de carácter estructural en el que intervienen distintas entidades, cada una en el
ámbito de su competencia. De esta forma, si bien el INPEC no tiene a su cargo la
gestión y operación del suministro de bienes, prestación de servicios ni la
infraestructura de los centros penitenciarios, sí es responsable de los
establecimientos de reclusión del orden nacional. Asimismo, los establecimientos
de reclusión, los cuales hacen parte de la estructura del INPEC69, tiene asignadas
funciones para garantizar los derechos de las personas privadas de la libertad70.

6. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si, conforme a los cargos formulados en los
recursos de apelación, los demandantes acreditaron la afectación al derecho
fundamental a la dignidad humana de las personas privadas de la libertad en el
Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Cúcuta, con ocasión del
hacinamiento en dicho centro de reclusión, y en caso afirmativo, si este es imputable
al INPEC y/o a la USPEC.

68 El Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Cúcuta es un establecimiento de reclusión

del orden nacional, según da cuenta el Oficio No 422-COCUC-DIR del 16 de octubre de 2018,
suscrito por el director de dicho centro penitenciario y dirigido al Tribunal Administrativo del Norte de
Santander. Fl. 350 a 351, 387, C.2.
69 Artículo 7. Decreto 4151 de 2011. “Estructura. La estructura del Instituto Nacional Penitenciario y

Carcelario, INPEC, será la siguiente: […] 7.1. Establecimientos de Reclusión”.
70 Artículo 30. Decreto 4151 de 2011. “Establecimientos de reclusión. Son funciones de los

Establecimientos de Reclusión, las siguientes: 1. Ejecutar las medidas de custodia y vigilancia a las
personas privadas de la libertad al interior de los establecimientos de reclusión velando por su
integridad, seguridad, el respeto de sus derechos y el cumplimiento de las medidas impuestas por
autoridad judicial. 2. Ejecutar los proyectos y programas de atención integral, rehabilitación y
tratamiento penitenciario, procurando la protección a la dignidad humana, las garantías
constitucionales y los derechos humanos de la población privada de la libertad […]”.

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No se estudiará el cargo efectuado en la demanda respecto a la indebida prestación
del servicio médico y las condiciones de salubridad del citado centro penitenciario,
pues el Tribunal Administrativo de Norte de Santander no los tuvo por probados y la
parte demandada no cuestionó dicho aspecto en los recursos de apelación.

En similar sentido, no se estudiará la eventual responsabilidad que podría asistir al
Ministerio de Justicia y del Derecho, porque en la sentencia del 3 de agosto de 2023
el Tribunal Administrativo del Norte de Santander absolvió a dicha entidad y la
parte recurrente no formuló reparo sobre la eventual responsabilidad de aquella. Es
decir, en la medida en que existe una decisión respecto de la precitada entidad que
no fue cuestionada, su situación jurídica está consolidada71, de donde entonces, la
Sala sólo se referirá a la situación del INPEC y la USPEC.

7. Solución del problema jurídico

Antes de resolver el problema jurídico es menester hacer unas consideraciones
generales sobre i) la responsabilidad del Estado; ii) el régimen de responsabilidad
por los daños ocasionados a las personas que se encuentran recluidas en
establecimiento carcelario y iii) la declaración del estado de cosas inconstitucional
en materia carcelaria, en cuanto al hacinamiento.

7.1. Consideraciones generales sobre la responsabilidad del Estado

El artículo 90 de la Constitución Política de 199172 consagró dos condiciones para
declarar la responsabilidad extracontractual del Estado: i) la existencia de un daño
antijurídico y ii) la imputación de éste al Estado.

Amén de que la fórmula comúnmente conocida para describir el fenómeno lesivo
indemnizable, esto es el daño antijurídico, como el primer elemento necesario para

71 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C.
Sentencia del 14 de julio de 2025, Rad. 55619.
72 “Artículo 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean

imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser
condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia
de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste”.

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poder endilgar la responsabilidad a quien cause la lesión patrimonial objeto de la
solicitud de restablecimiento, se ha dicho que es aquel que la persona no tiene el
deber jurídico de soportar. Sumado a este elemento estructural, también se requiere
de otro componente necesario para establecer la responsabilidad y es el referido a
su atestación a quien deba responder por aquel, lo que se conoce como imputación,
que no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño antijurídico se
hace al Estado y que lo obliga a repararlo. Lo anterior, por supuesto, comprende los
daños causados en ejercicio de la función pública y aquellos causados con motivo
de ella, de acuerdo con los títulos de imputación que se han desarrollado para ello,
principalmente por la doctrina y que han sido acogidos y aplicados por la
jurisprudencia, como ocurre, con la falla del servicio, el riesgo excepcional y el daño
especial.

Es decir, verificada la ocurrencia de un daño antijurídico y su imputación al Estado,
surge el deber de indemnizarlo plenamente, con el fin de hacer efectivo el principio
neminem laedere.

7.2. Régimen de responsabilidad por los daños ocasionados a personas
que se encuentran recluidas en establecimiento carcelario73

En punto de la responsabilidad patrimonial del Estado en los casos de lesión o
muerte de personas que se encuentran recluidas en establecimiento carcelario, la
jurisprudencia consolidada de la Sección Tercera del Consejo de Estado 74 y
de la Corte Constitucional75 han sostenido que el régimen de responsabilidad

73 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 9 de

abril de 2025, rad. 68050.
74 Ver, por ejemplo, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,

sentencia del 14 de julio de 2005, rad. 15389; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 25 de agosto de 2011, rad. 22063;
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C,
sentencia del 12 de agosto de 2013, rad. 31087; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 9 de julio de 2014, exp. 33605; Sección
Tercera, sentencia de 26 de mayo de 2010, exp. 18800. Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A, sentencia del 19 de abril de 2018, rad. 41766. Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C, sentencia del 11 de marzo de 2019, rad. 41766.
75 Sobre el contenido y alcance de las relaciones de especial sujeción la Corte Constitucional ha

señalado: “La jurisprudencia constitucional ha sostenido que entre el Estado y las personas que se
encuentran privadas de la libertad surge un vínculo de “especial relación de sujeción”, dentro del cual
las autoridades penitenciarias y carcelarias pueden limitar y restringir el ejercicio de ciertos derechos

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Demandante: Ronald Antonio Lindarte Pardo y otro

patrimonial del Estado aplicable, en principio, es de corte objetivo. Ello, teniendo en
cuenta que estas personas se encuentran bajo una relación especial de sujeción
frente al Estado76.

Con todo, aunque es pacifica la postura en virtud de la cual se ha admitido analizar
los daños ocasionados a personas que se encuentran recluidas en establecimiento
carcelario desde la óptica de la responsabilidad objetiva, es menester precisar que,
en todo caso, para su atribución es necesario establecer el respectivo nexo causal
entre la conducta imputable a la entidad demandada y el efecto adverso que de
ella se deriva, el cual debe estar debidamente acreditado, porque el origen de la
responsabilidad gravita en la atribución del daño.

Entonces, para que la pretensión de responsabilidad extracontractual pueda tener
vocación de prosperidad en atención a este régimen que prescinde de la falla
(negligencia), el extremo activo debe acreditar, además del daño cuyo resarcimiento
persigue, que tal resultado tuvo por causa directa y adecuada aquella actividad
imputable a la demandada y de la que sobrevino la consecuencia lesiva, de lo
cual se desprende que ausente la prueba de la relación de causalidad, las
pretensiones estarían destinadas al fracaso.

No obstante lo anterior, la jurisprudencia de esta Corporación77 también ha
sostenido, que en los casos en lo que se acredite que la lesión o muerte del recluso
tuvo lugar por acción u omisión de las autoridades, denotando una falla del servicio,
el juez aplicará el régimen subjetivo de responsabilidad patrimonial del Estado,
toda vez que, ante la presencia de la falla del servicio, este título de imputación tiene
aplicación preferente sobre los títulos objetivos78.

de los internos, siempre y cuando dichas medidas estén dentro de los criterios de razonabilidad,
utilidad, necesidad y proporcionalidad. Sentencia T-266 de 2013. En el mismo sentido ver, entre
otras, sentencias T-596 de 1992, T-222 de 1993, T-065 de 1995, T-705 de 1996, T-153 de 1998, T-
966 de 2000, T-687 de 2003, T-175 de 2012, T-232 de 2017, T-143 de 2017.
76 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 11 de agosto de 2010, exp. 18886.
77 Sección Tercera, sentencia de 26 de mayo de 2010, exp. 18800, Consejo de Estado, Sección

Tercera, Subsección A, sentencia del 19 de abril de 2018, rad. 41766. Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección C, sentencia de 13 de noviembre de 2018, rad. 46120; Consejo de Estado,
Sección Tercera, sentencia de 2 de agosto de 2018, rad. 46495; Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección C, sentencia del 11 de marzo de 2019, rad. 41766, Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección C, sentencia del 29 de marzo de 2019, rad. 43863.
78 Consejo de Estado, Sala Plena, Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2014, exp. 28832.

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Al respecto, frente a los deberes de custodia y vigilancia, se destaca que el Estado
asume la obligación de brindarles a los reclusos la protección que requieran, puesto
que aquellos soportan la reducción o eliminación de las posibilidades de ejercer su
propia defensa frente a las agresiones de que puedan ser víctimas al interior del
establecimiento carcelario, razón por la cual la Administración debe cumplir con la
custodia y vigilancia de los internos, con el fin de garantizar su seguridad. Es así,
que cuando el Estado falta a estos deberes, puede resultar responsable a título de
falla del servicio de los daños que aquellos puedan sufrir.

En todo caso, la postura reiterada de la Sección Tercera del Consejo de Estado79 ha
sostenido que en los casos de lesiones o muerte de reclusos el Estado podrá
exonerarse de responsabilidad, siempre y cuando se encuentre acreditada una
causal eximente de responsabilidad, como podría ser el hecho exclusivo de la
víctima, para lo cual se requiere que haya una actuación u omisión por parte de
quien sufrió un daño, que dicha actuación sea determinante en la producción del
daño y que esta sea imprevisible, irresistible y exterior a la actividad de la entidad
demandada, con independencia de su calificación dolosa o culposa 80. O en su
defecto, el hecho de un tercero, el cual supone la actuación exclusiva y
determinante de una persona ajena al juicio de responsabilidad en la realización del
injusto81. Esta Sección82 ha señalado que el hecho exclusivo y determinante del
tercero se configura siempre y cuando se demuestre que el daño se causa por una
actuación de un agente externo a la relación que existe entre la víctima o sujeto del
daño y aquel a quien pretende atribuírsele, y que esa actuación, causa eficiente del
hecho lesivo, es completamente ajena al servicio de manera que el agente estatal
no se encuentra vinculado en manera alguna con la afectación cuyo
resarcimiento se pretende. Asimismo, indicó que para que opere la exclusión de
responsabilidad por una causa extraña, se requiere que dicha conducta

79 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 2 de mayo de 2007, exp. 24972, reiterada en sentencia de la misma subsección del 23
de mayo de 2012, exp. 24325.
80 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia de 11 de mayo de 2017, Exp.

40590.
81 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 23 de octubre de 2020, Rad. 49574.
82 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 18 de febrero de 2010, Rad. 17179.

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imprevisible, imprevisible y externo sea la causa adecuada y/o determinante del
hecho lesivo83.

Empero, es menester precisar que cuando se trata de lesiones o muertes causadas
entre los mismos reclusos, en principio no tendrá cabida la causal eximente de
responsabilidad consistente en el hecho de un tercero, pues se reitera el
Estado se encuentra en la obligación de garantizar por completo la seguridad,
integridad y vida de las personas privadas de la libertad. De hecho, en este tipo de
eventos, ni siquiera es posible analizar una concurrencia de culpas, en tanto el
carácter particular de la relación especial de sujeción implica que el Estado debe
proteger a los reclusos de atentados contra su vida e integridad personal cometidos
por el personal de custodia o por terceros ajenos a la administración e, incluso, por
otros detenidos.

En ese orden de ideas, resulta dable concluir que para que el eximente tenga plenos
efectos liberadores de responsabilidad, resulta necesario que la causa extraña sea
la causa exclusiva y determinante del daño. En consecuencia, en cada caso
particular, en el cual se invoque la existencia de una causa extraña por parte de la
Administración, se deberán analizar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en
que se produjo el daño, para así establecer si el Estado contribuyó causalmente a
la generación del mismo.

7.3. Sobre la declaración del estado de cosas inconstitucional en materia
carcelaria, en cuanto al hacinamiento

La sentencia T-762 de 2015 constituye un referente jurisprudencial en materia de
protección de los derechos de las personas privadas de la libertad. En dicha
providencia, la Corte Constitucional reiteró la existencia del Estado de Cosas
Inconstitucional (ECI) en el sistema penitenciario y carcelario, declarado en las
sentencias T-153 de 1998 y T-388 de 2013, y concluyó que el hacinamiento
carcelario ha propiciado la vulneración masiva y generalizada de derechos

83 Ibídem.

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fundamentales, entre ellos la vida en condiciones dignas, la salud, el acceso al agua
potable y la resocialización de las personas privadas de la libertad.

Para arribar a esa conclusión, la Corte acumuló diversas acciones de tutela
promovidas por personas recluidas en distintos establecimientos penitenciarios del
país, entre ellos el Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Cúcuta. En
dichas acciones, los accionantes denunciaron, entre otros aspectos, las condiciones
indignas de reclusión, el hacinamiento crítico, las deficiencias de la infraestructura
penitenciaria y la prestación insuficiente o inexistente de los servicios de salud
intramurales y extramurales. A partir del correspondiente análisis, la providencia dio
continuidad a la línea jurisprudencial trazada en las sentencias estructurales T-153
de 1998 y T-388 de 2013, con el propósito de fortalecer las medidas orientadas a
superar la crisis que afecta al sistema penitenciario y carcelario.

En el mismo fallo, la Corte profundizó en la doctrina de la relación de especial
sujeción existente entre el Estado y las personas privadas de la libertad, de la cual
derivó dos reglas constitucionales. De una parte, precisó que derechos como la vida,
la dignidad humana y la salud permanecen incólumes y, por tanto, deben ser
garantizados plenamente por el Estado, aun cuando otros, como la libertad personal
y la libertad de locomoción, se encuentren legítimamente restringidos. De otra,
señaló que, al asumir el control sobre la vida de las personas privadas de la libertad,
el Estado adquiere la posición de garante respecto de la satisfacción de sus
condiciones básicas de existencia.

Asimismo, estableció que el hacinamiento carcelario y penitenciario obedece a
múltiples causas asociadas al manejo histórico de la política criminal del
Estado. Indicó que esa situación ha ocasionado la vulneración sistemática de los
derechos fundamentales de la población privada de la libertad, en tanto les impide
acceder a condiciones mínimas de dignidad para dormir, alimentarse, satisfacer sus
necesidades fisiológicas, recibir visitas conyugales e íntimas y participar en
actividades de recreación, formación y resocialización, entre otras.

Con fundamento en ese diagnóstico, impartió órdenes de carácter general y
particular dirigidas a distintas entidades del Estado, entre ellas el INPEC, la USPEC

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y el Ministerio de Justicia y del Derecho, encaminadas a adoptar las medidas
necesarias para superar el ECI que afecta al sistema penitenciario y carcelario.

8. El caso concreto

En el recurso de apelación presentado contra la sentencia del 3 de agosto de 2023,
proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda, el INPEC sostuvo que no se
encontraba legitimado en la causa por pasiva, por cuando no era la entidad
encargada de la construcción y mantenimiento de la infraestructura penitenciaria, ni
de gestionar la atención en salud de las personas privadas de la libertad, pues
dichas funciones corresponden a la USPEC. Asimismo, argumentó que no cuenta
con la capacidad para erradicar, por sí mismo, el hacinamiento carcelario, pues para
solucionar dicha problemática es necesario la intervención mancomunada de
diversas entidades del Estado.

Por su parte, la ANDJE sostuvo que el medio de control era improcedente, pues no
se conformó el grupo de por lo menos 20 personas afectadas por una causa común.
De igual forma, señaló que no se probó el daño consistente en la afectación al
derecho fundamental a la dignidad humana del grupo accionante, pues dicha
vulneración no se configura automáticamente con la existencia del hacinamiento.
En ese sentido, argumentó que, pese al hacinamiento en el Complejo Carcelario y
Penitenciario Metropolitano de Cúcuta, las condiciones de reclusión eran decentes.
Finalmente, adujo que las accionadas habían adoptado medidas para disminuir el
hacinamiento en el citado establecimiento de reclusión, el cual se redujo en un 16%
entre los años 2015 y el 2017.

En este sentido, y comoquiera que solo la parte demandada y la ANDJE84

84 Código General del Proceso. “Artículo 610. Intervención de la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado. En los procesos que se tramiten ante cualquier jurisdicción, la Agencia Nacional
de Defensa Jurídica del Estado, podrá actuar en cualquier estado del proceso, en los siguientes
eventos: 1. Como interviniente, en los asuntos donde sea parte una entidad pública o donde se
considere necesario defender los intereses patrimoniales del Estado. 2. Como apoderada judicial de
entidades públicas, facultada, incluso, para demandar. Parágrafo 1°. Cuando la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado actúe como interviniente, tendrá las mismas facultades atribuidas
legalmente a la entidad o entidades públicas vinculadas como parte en el respectivo proceso […]”.

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presentaron recurso de apelación contra el fallo del proferido el 3 de agosto de 2023
por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 32885 del Código General del Proceso, únicamente habrá
lugar a resolver los cargos formulados contra la decisión recurrida.

Según lo expuesto, se analizará si los demandantes acreditaron la afectación al
derecho fundamental a la dignidad humana de las personas privadas de la libertad
en el Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Cúcuta, con ocasión del
hacinamiento en dicho centro de reclusión, y en caso afirmativo, si este es imputable
al INPEC y/o a la USPEC.

Como se advirtió anteriormente, no se estudiará el cargo efectuado en la demanda
respecto a la indebida prestación del servicio médico y las condiciones de salubridad
del citado centro penitenciario, pues el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander no los tuvo por probados y la parte demandada no cuestionó dicho
aspecto en los recursos de apelación.

De igual forma, no se estudiará la eventual responsabilidad que podría asistir al
Ministerio de Justicia y del Derecho, porque en la sentencia del 3 de agosto de 2023
el Tribunal Administrativo del Norte de Santander absolvió a dicha entidad, y la
parte recurrente no formuló reparo sobre la eventual responsabilidad de aquella, lo
cual denota su conformidad con lo resuelto por el a quo.

Bajo esta óptica, la Sala establecerá cuáles son los hechos probados, para
posteriormente analizar si los elementos que estructuran la responsabilidad del
Estado se encuentran acreditados.

85 Artículo 328. “Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba
adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan
apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin
limitaciones. (…) El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que
en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella
(…)”.

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8.1. Hechos probados86

Antes de enunciar cuáles son los hechos probados, es menester poner de presente
que los recortes de prensa arrimados al plenario serán valorados según los criterios
expuestos por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en sentencia de 29
de mayo de 2012, esto es, que servirán solo como indicador para la Sala, quien, a
partir de ello, en concurrencia con otras pruebas regular y oportunamente allegadas
al proceso, podría llegar a constatar la certeza de los hechos87.

Asimismo, es menester poner de presente que a las fotografías y videos aportados
por las partes se les dará el valor correspondiente, según criterio uniforme de esta
Sala88, conforme al artículo 244 del Código General del Proceso, esto es, teniendo

86 La Sala considera que se debe dar mérito probatorio a las copias simples aportadas al proceso,

conforme al precedente jurisprudencial de la Sala Plena de la Sección Tercera, que estableció que
es posible apreciar las copias si las mismas han obrado a lo largo del plenario y han sido sometidas
a los principios de contradicción y de defensa de las partes, conforme a los principios de lealtad
procesal y buena fe que deben conducir toda la actuación judicial. Consejo de Estado, Sala Plena
de la Sección Tercera, Sentencia del 28 de agosto de 2013, Rad. 25022.
87 En relación con la valoración de los recortes de prensa o periódicos y su valor probatorio la

jurisprudencia de la Sala Plena puntualizó: “Conforme el artículo 175 del Código de Procedimiento
Civil y a lo que ha sostenido la doctrina procesal, la publicación periodística que realice cualquiera
de los medios de comunicación puede ser considerada prueba documental. Sin embargo, en
principio solo representa valor secundario de acreditación del hecho en tanto por sí sola, únicamente
demuestra el registro mediático de los hechos. Carece de la entidad suficiente para probar en sí
misma la existencia y veracidad de la situación que narra y/o describe. Su eficacia como plena prueba
depende de su conexidad y su coincidencia con otros elementos probatorios que obren en el
expediente. Por tanto, individual e independientemente considerada no puede constituir el único
sustento de la decisión del juez. En la jurisprudencia de esta Corporación existen precedentes que
concuerdan con esta posición. Se ha estimado que las publicaciones periodísticas “…son
indicadores sólo de la percepción del hecho por parte de la persona que escribió la noticia”, y que si
bien “…son susceptibles de ser apreciadas como medio probatorio, en cuanto a la existencia de la
noticia y de su inserción en medio representativo (periódico, televisión, Internet, etc.) no dan fe de la
veracidad y certidumbre de la información que contienen”. Lo anterior equivale a que cualquier
género periodístico que relate un hecho (reportajes, noticias, crónicas, etc.), en el campo probatorio
puede servir solo como indicador para el juez, quien, a partir de ello, en concurrencia con otras
pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso, podría llegar a constatar la certeza de los
hechos. Consecuentemente, a las noticias o informaciones que obtengan los medios de
comunicación y que publiquen como reportaje de una declaración, no pueden considerarse por sí
solas con el carácter de testimonio sobre la materia que es motivo del respectivo proceso. En relación
con este último punto el Consejo de Estado ha indicado que “…las informaciones publicadas en
diarios no pueden considerarse dentro de un proceso como prueba testimonial porque carecen de
los requisitos esenciales que identifican este medio de prueba, en particular porque no son
suministradas ante un funcionario judicial, no son rendidos bajo la solemnidad del juramento, ni el
comunicador da cuenta de la razón de la ciencia de su dicho…” por cuanto es sabido que el periodista
“…tiene el derecho de reservarse sus fuentes”. Consejo de Estado. Sala Plena Contenciosa
Administrativa. Sentencia del 29 de mayo de 2012. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia
del 22 de febrero de 2018. Rad.: 1635-17.
88 Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 28 de agosto

de 2014, Rad. 28.832.

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en cuenta las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que fueron tomadas,
de manera que permitan dar certeza de los hechos que pretenden acreditar. Sin
embargo, dadas las condiciones en que el material fotográfico y fílmico fue arrimado
al plenario, no ofrece certeza de la persona que los realizó ni tampoco de las
circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se obtuvieron, pues carecen de
georreferenciación y de otros datos que indiquen el momento, lugar y tiempo en que
se realizaron y si corresponden al día y lugar que se expone en la demanda.

Así las cosas, debe precisarse que las fotografías y vídeos que fueron allegados al
proceso sólo dan cuenta del registro de varias imágenes, sobre las cuales no es
posible determinar su origen, ni el lugar, ni la época en que fueron tomadas, y al
carecer de reconocimiento o ratificación89, no pueden ser cotejadas con otros
medios probatorios allegados y valorados en el presente proceso 90, por lo que no
podrán ser valoradas para resolver el presente asunto litigioso.

Ahora bien, se evidencia que, de conformidad con los medios probatorios allegados
oportuna y válidamente al proceso, se demostraron los siguientes hechos:

8.1.1. Se acreditó que, desde el 10 de abril de 2014 y hasta la fecha de expedición
de la correspondiente certificación, Ronald Antonio Lindarte Pardo se encontraba
recluido en el Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Cúcuta, “por el
delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones de uso
privativo”. De ello da cuenta la certificación expedida el 1 de octubre de 2015 por el
Asesor Jurídico de dicho establecimiento carcelario91.

8.1.2. Se demostró que, desde el 12 de abril de 2014 y hasta la fecha de expedición
de la correspondiente certificación, Ramón Gonzalo Chía Ayala se encontraba
privado de la libertad en el Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de
Cúcuta, “por el delito de concierto para delinquir”. De ello da cuenta la certificación

89 Al respecto, la sentencia: “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección

Tercera, sentencia del 13 de junio de 2013, Exp. 27353”, señala que la fotografía puede ser
reconocida por el testigo y su autenticidad se puede lograr a través de la confesión de la parte
contraria o de testigos al instante en que ocurrieron los hechos que se pretenden acreditar.
90 Ibídem.
91 Fl. 24, C.P.

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expedida el 1 de octubre de 2015 por el Asesor Jurídico de dicho establecimiento
penitenciario92.

8.1.3. Consta que, mediante sentencia de tutela del 9 de septiembre de 2014, el
Juzgado Tercero Civil del Circuito de Oralidad de Cúcuta ordenó al INPEC y al
Director del Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de dicha ciudad que
se abstuvieran de remitir reclusos de otras partes del país al citado centro
penitenciario, dado el alto nivel de hacinamiento que aquel presentaba. Asimismo,
el juez constitucional ordenó a la USPEC y al Ministerio de Hacienda adelantar las
gestiones para la creación de nuevos cupos para albergar las personas privadas de
la libertad. De ello da cuenta copia de la respectiva providencia93.

8.1.4. Se probó que los días 12, 20 y 21 de mayo de 2015 el Procurador Regional y
el Coordinador de Procuradores Judiciales de Norte de Santander realizaron una
visita al Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Cúcuta, con el
objetivo de verificar el cumplimiento de las órdenes impartidas por la Corte
Constitucional mediante Sentencia T-388 de 2013. Durante la diligencia, los
funcionarios del Ministerio Público constataron que, pese al nivel de hacinamiento,
las condiciones del centro de reclusión presentaban una mejoría frente aquellas
cuando se declaró el estado de cosas inconstitucional. De ello da cuenta copia del
Oficio No. 1110280000 del 3 de agosto de 2015, suscrito por la Procuradora
Delegada para el Ministerio Público en Asuntos Penales y dirigido a la Directora de
Política Criminal y Penitenciaria del Ministerio de Justicia y del Derecho94. De dicho
escrito se destacan los siguientes hallazgos:

“El informe de la visita realizada al Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano
de Cúcuta ‘COCUC’, elaborado por los Procuradores 90 y 283 Judiciales Penales de
Cúcuta, comisionados como Agentes Especiales para apoyar la visita llevada a cabo
los días 12, 20 y 21 de mayo de 2015, tuvo como propósito dar cumplimiento a las
órdenes impartidas por la Corte Constitucional mediante Sentencia T-388 de 2013,
así como, verificar el cumplimiento de aquellas órdenes dirigidas a las autoridades
penitenciarias y carcelarias de carácter urgente y por tanto de inmediato
cumplimiento.

92 Fl. 23, C.P.
93 Fl. 352 a 366, C.2.
94Archivo denominado “parte 4”, pág. 1 a 9, carpeta “ALOJAMIENTO”, carpeta “INFORME
SEGUIMIENTO”, CD, Fl. 325, C.2.

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De acuerdo a lo establecido en el numeral 9.2.1.3 Decisiones a Tomar y Órdenes a
Impartir, de la referida sentencia, la Sala de Revisión advierte que la situación del
Complejo Carcelario es de hacinamiento, las condiciones a las que se encuentran
sometidos los internos son propias de un estado de cosas contrario al constitucional
vigente, estado en el cual se violan y amenazan los derechos fundamentales a la
dignidad humana, a no ser sometido a tratos crueles, inhumanos y degradantes, al
agua, a la salubridad, a la salud, a la integridad personal y, en tal medida, la propia
vida.

Ahora bien, de las órdenes impartidas en la referida sentencia en su numeral 9.2.1.3.8
y la confrontación realizada con los resultados obtenidos en la visita practicada a este
establecimiento carcelario, se pudo establecer que se han realizado mejoras
sustanciales tendientes al cambio afirmativo de las condiciones de los internos del
establecimiento Carcelario, que garantizan el goce efectivo de derechos
fundamentales protegidos por el ordenamiento constitucional.

Respecto de la capacidad instalada del agua, en la visita técnica realizada el día 20 y
21 de mayo de 2015 por parte de los Agentes del Ministerio Público, se constató que
los tanques de almacenamiento cuentan con las condiciones adecuadas,
debidamente cubiertos y construidos en materiales comúnmente aceptados, con el
mecanismo indicado para suministrar el líquido al penal, infiriéndose que la red
cumple con el propósito de distribuir el servicio.

Con relación a la potabilidad del agua, el informe estableció que a pesar de que el
Establecimiento Carcelario no cuenta con planta de tratamiento, el servicio del agua
que se consume en el penal es suministrado por (AGUAS-KPITAL CÚCUTA. S.A.
E.S.P.) Empresa que provee el líquido a toda la ciudad de Cúcuta.

El sector dispuesto para suministrar la alimentación a los internos se encontraba
clausurado desde el año 2014, sin embargo, el contratista Unión Temporal
SERVIALlMENTAR 2014 por disposición de la nueva dirección reacondicionó el lugar
para que estuviera nuevamente en funcionamiento.

Llama la atención de los Agentes comisionados, el concepto rendido por la Secretaria
de Salud Municipal con relación al análisis de laboratorio realizado a los alimentos
suministrados a la población del penal, en ellos se determinó la presencia de
microorganismos que no cumplen con la norma, arrojando resultados negativos,
situación que no contrasta con el concepto de la USPEC, entidad que el día 16 de
abril de 2015 realizó una visita higiénica sanitaria en la que se expidió concepto
‘favorable’.

Las conclusiones de la visita en términos generales son positivas, se
evidencian acciones tendientes al acatamiento de las órdenes impartidas en la
Sentencia T-388 de 2013, sin desconocer el hecho de que la falta de
optimización de acciones por parte del Estado colombiano orientadas al
mejoramiento efectivo de las condiciones de la población en estado de
privación de la libertad, conlleva al incumplimiento de las reglas mínimas de
tratamiento que consecuentemente atentan contra las prerrogativas
fundamentales de dicha población. Los Agentes Especiales refieren la urgente
mejoría que debe presentarse en la provisión de colchonetas e implementos
necesarios para el descanso nocturno, en la prestación del servicio de salud y
evidentemente en las condiciones de hacinamiento que dificultan el
cumplimiento del fin resocializador de la pena”. (se resalta)

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8.1.5. Se acreditó que los días 2, 3, 4 y 5 de junio de 2015, una comisión de la
Defensoría Delegada para la Política Criminal llevó a cabo una visita de inspección
en el Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Cúcuta, en cumplimiento
de la sentencia T-388 de 2013. Durante la diligencia, la comisión constató que las
condiciones de reclusión no eran adecuadas, dado el alto nivel de hacinamiento, así
como a problemas en la infraestructura del centro penitenciario. De ello da cuenta
copia del respectivo informe suscrito por el Defensor del Pueblo Regional de Norte
de Santander95, de cuyo contenido se destacan los siguientes hallazgos:

“Patios 1 a los 8 hallazgos:

Los patios 1 al 8 presentan la misma estructura, diseñada de dos plantas, 6 celdas,
con 8 planchas para el descanso de los internos, por lo que debido al hacinamiento
que presenta el establecimiento deben acomodarse en los pisos.

La capacidad de estos patios es de 48 internos, pero hay en cada uno
aproximadamente de 120 a 130 internos.

El primer piso de estas estructuras consta de una zona común donde permanecen los
internos la mayor parte del tiempo, con escasos comedores (verificar) y zona de
baños con 3 sanitarios, 1 tanque, 2 orinal (sic), 3 duchas, 1 lavadero. En el segundo
piso, se encuentra otra zona de baños con 3 inodoros, 2 orinales y 1 lavamanos. La
Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC, intervino las áreas de baños
en el año 2014, y se hallan en buen estado.

Debido a que el suministro de agua no es constante los internos depositan el
líquido en canecas. Algunos de los patios presentan inundaciones debido a que
los sifones se tapan constantemente, al parecer el sistema de alcantarillado no
es adecuado. Muchos internos llevan años con las mismas colchonetas que les
fueron entregadas cuando ingresaron al establecimiento.

Los internos del sector norte a diferencia del sector sur, que es una estructura de
mediana y mínima seguridad, presentan un régimen distinto. A estos internos se
les permite el ingreso a celdas en el día, visitas cada ocho días, ingreso de
ventiladores y comida por sus familiares.

Según lo informado por funcionarios del INPEC, la Unidad de Servicios Penitenciarios
-USPEC-, instaló toma corriente en todos los patios, pero los internos han tenido
que hacer derivaciones por el aumento de población, lo cual puede
desencadenar alguna tragedia teniendo en cuenta que en los internos han
construido cambuches improvisados en madera [ANEXO]. […]

Patio 23.

Este patio tiene una estructura de 5 pisos con dos pasillos en cada uno. Cuentan con
jardín, donde se ubica un tanque subterráneo para el depósito de agua el cual fue
deshabilitado desde el mes de octubre del año 2014, con el fin de que el suministro
de este líquido llegara directo a los pabellones sin necesidad de hacer bombeos. El

95 Fl. 202 a 228, Cuaderno “Defensoría del pueblo”.

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problema que se presenta es que el tanque deshabilitado se encuentra rebosado de
agua que se convierte en un foco de infecciones.

[…] En este sector existen unos cuantos comedores que no son suficientes para
los 315 internos allí recluidos. El suministro de agua en este patio es permanente.
[…] Todas las celdas cuentan un lavamanos, duchas y sanitarias.
Del segundo piso hacia arriba todos los internos son condenados. Hay muchas
celdas que presentan filtraciones de agua y los internos deben poner bolsas
para evitar la caída de agua en las colchonetas y demás elementos.

Los internos manifiestan dificultades por el no ingreso de los pastores cristianos, al
parecer llevan más de dos meses sin poderse congregar.

Patio 17 exfuncionarios

La capacidad de este patio es para 36 internos, actualmente se halla un número
de 81. Evidentemente es un patio con un alto índice de hacinamiento donde los
internos deben dormir en el piso. Las condiciones de reclusión no son, en nada,
las adecuadas.

La red eléctrica se halla en pésimas condiciones y según refirieron los internos,
constantemente se presentan descargas eléctricas que ocasionan cortos. Gran
parte del sector permanece oscuro por no contar con luz. Por otra parte, señalan que
las directivas del establecimiento no realizan la entrega de kit de aseo. La zona de
baños consta de 7 inodoros, una ducha y lavamanos.

Patio 18

La estructura de este patio es de dos pisos, con 68 celdas para recluir a 334 internos,
cuando la capacidad por celda es para 4 internos. En el primer piso hay una zona de
baños con 4 duchas, 3 sanitarios y 2 orinales, esta estructura presenta graves
filtraciones de agua.

En la zona de baños del segundo piso hay 3 duchas funcionando, 2 sanitarios, los
orinales se encuentran dañados, así como los grifos de los lavaderos. Este patio
presenta constantemente filtraciones de agua en techos y paredes, lo que torna
no adecuadas las condiciones en que habitan los internos.

Patio 19

Este patio es utilizado para aislar a los internos que presentan problemas de
tuberculosis, llamado también área de aislamiento respiratorio [ANEXO]. No cuenta,
con una infraestructura adecuada para la reclusión de internos y las
condiciones de higiene son deficientes.

Patios 24A y 24 B

La infraestructura de estos patios presenta un gran número de filtraciones de
aguas negras en techo y paredes, a las cuales están expuestas los internos lo
que genera afecciones en su salud como brotes en la piel. Así mismo, los baños
presentan daños en su estructura y no son suficientes para la gran población
de internos que alberga cada patio.

ZONA SUR

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Esta zona cuenta con dos sectores, uno para mujeres y otro para hombres. Es una
estructura entregada en el año 2009. Presenta varias dificultades teniendo en
cuenta que no cuenta con espacio suficiente para albergar la población allí
recluida, sin lavaderos ni un espacio adecuado para extender la ropa que lavan
los internos.

Tampoco cuenta con ventanas suficientes teniendo en cuenta que la
temperatura en esa región supera los 30°y a los internos se les tiene prohibido
el ingreso de ventiladores, al parecer, porque la estructura no cuenta con
tomacorrientes, situación está que torna insoportable la reclusión de las personas,
especialmente cuando los internos son encerrados en celdas a las cuatro de la tarde,
teniendo en cuenta que el establecimiento presenta hacinamiento.

ZONA SUR MUJERES […]

Hallazgos:

Cada celda cuenta con cuatro planchas en concreto para el descanso de las
internas, allí son recluidas hasta 5 de ellas debido al alto índice de población
carcelaria.

A esta población no se les autoriza el ingreso de ventiladores, al parecer porque la
estructura no lo permite, exponiéndose a elevadas temperaturas de calor, lo que torna
insoportable las condiciones de reclusión.

En la zona común del primer piso se halla un área de baños con 4 lavaderos, 3
sanitarios y 6 duchas. En el segundo piso hay un espacio que cuenta con tres duchas,
algunas de ellas sin funcionar. Este pabellón no cuenta con tendederos para la ropa
que lavan las internas por esta razón utilizan las barandas y demás sitios para secarla.
Tampoco cuentan con comedores suficientes para recibir en adecuadas condiciones
los alimentos, allí es donde permanecen la mayor parte del día.

Las internas deben lavar la ropa en el horario de 4 a 6 de la tarde en sus celdas
porque señalan que durante el día no hay suficiente suministro de agua. La
dificultad de lavar en las celdas es que estas no cuentan con sifones para el
desagüe de agua, por los que se forman inundaciones en las celdas, lo que
impide que algunas internas que duermen en el piso puedan descansar.

Las internas de este pabellón manifiestan inconformidad por la no entrega de
elementos de aseo para las áreas del establecimiento como baños, duchas,
celdas. Se constató que muchas de las colchonetas entregadas a las internas
se hallan desgastadas y con mal olor, Así mismo, se evidenció que algunas
internas no cuentan con estas para su descanso. […]

Manifiestan las internas que las condiciones de reclusión son precarias
teniendo en cuenta que se presentan temperaturas muy altas y no les permiten
el ingreso de ventiladores.

Según refirieron las internas de estos pabellones, el suministro de agua no es
constante, se presenta de 4 a 6 a.m. y p.m. En algunas ocasiones el suministro se
da en el día, pero solo para las duchas y no para los inodoros, por lo que en el patio
común donde deben permanecer gran parte del día, los olores nauseabundos se
tornan insoportables. también señalan que el suministro de agua en celdas es de 4
a 6 p.m., es decir, que durante la noche no cuentan con este líquido en caso de
utilizarse el inodoro. […]

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Unidad de tratamiento Especial UTE

En estas celdas son recluidas las internas que son sancionadas con alguna medida
impuesta por la dirección del establecimiento. En el momento de la visita se
constató que tres internas se encontraban recluidas en estas celdas como
sanción de medida in continente (sic) de cinco días, se hallaron en ropa íntima,
sin colchoneta, sin sábanas y sin útiles de aseo, según manifestaron las
internas, hace tres días se encontraban allí. […] El personal uniformado que se
encontraba custodiando a las internas informó que esta medida se tomaba para evitar
que las internas intentaran un suicidio. […]

ESTRUCTURA SUR HOMBRES […]
TORRE 3

En esta estructura se halla ubicada la Unidad de Medidas Especiales UME, Unidad
de Tratamiento Especial UTE. […] Los internos de este pasillo manifestaron que
el personal del cuerpo de custodia y vigilancia ejerce tratos inhumanos y
degradantes como obligarlos a bajarse los pantalones y hacer cuclillas o de lo
contrario son golpeados. Los internos tienen derecho a realizar llamadas una vez a
la semana por lo cual se trasladan esposados de pies y manos, de su celda hasta el
ingreso del pasillo a la UTE [VER ANEXO]. De igual manera manifiestan que son
incitados a autolesionarse o suicidarse. […]

Es evidente que los internos que se hallan en la Unidad de Tratamiento especial
han permanecido durante largos periodos en estos espacios, que no cumplen
con las condiciones mínimas para garantizar el derecho fundamental a la vida
digna, salud e integridad personal. Sumado a esto, se constató la reclusión de
personas con patologías mentales las cuales no deben permanecer en la Unidad
de Tratamiento Especial -UTE-, lo que se traduce un trato cruel, inhumano y
degradante.

Las condiciones en las que se hallan estos internos son tan indignas que
muchos de ellos han optado por autolesionarse con el fin de que se les traslade
a otro establecimiento o para recibir algún tipo de atención ya sea de salud o
de otra índole. Así mismo, en esta Unidad de Tratamiento Especial ya se han
presentado muertes de internos producto de incendios generados por ellos por su
situación de aislamiento que a todas luces se torna en tratos crueles e inhumanos.
Por otra parte, estos internos manifestaron que en el día solo se les suministra dos
veces agua por un lapso de tan solo quince minutos. La UTE cuenta con un espacio
para que los internos reciban el sol que no es suficiente para todos los que se
hallan allí alojados. […]”. (se resalta)

8.1.6. Se constató que los días 6 y 7 de julio de 2015, funcionarios de los Ministerios
de Salud y Protección Social y de Justicia y del Derecho, del INPEC, de la USPEC,
de la Procuraduría General de la Nación, del Instituto Departamental de Salud de
Norte de Santander y de la Defensoría del Pueblo realizaron una visita
interinstitucional al Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Cúcuta,
con el propósito de verificar las condiciones de salud e higiene de dicho centro
penitenciario, en cumplimiento de lo ordenado por la Corte Constitucional en la

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sentencia T-388 de 2013. Durante la visita, se constató que el establecimiento de
reclusión presenta un nivel de hacinamiento del 67,6%, así como distintas
problemáticas en materia de sanidad y salubridad. De ello da cuenta copia del acta
denominada “Brigadas de verificación de condiciones de reclusión Ministerio de
Justicia y del Derecho Sentencia T-388 de 2013” suscrita por la Comisión de
Seguimiento a las Condiciones de Reclusión del Ministerio de Justicia y del
Derecho96, de cuyo contenido se destaca:

“El COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO METROPOLITANO DE CÚCUTA
• "COCUC", perteneciente a la Regional Oriente del INPEC, está diseñado para
albergar 2530 internos, contando en la actualidad con 4241 internos, por lo cual
tiene un porcentaje de hacinamiento de 67.6%, según consolidad del lNPEC del 8
de agosto de 2015. […]

En la zona sur los internos e internas denuncian existencia de chinches y
ácaros, según se informa porque no se realizan fumigaciones, adicionalmente, que
el servicio de agua solo se suministra dos veces al día de 4 a 6 a.m. y de 4 a 6 p.m.
Los internos e internas manifiestan que el establecimiento no suministra el kit de aseo,
por su parte el Establecimiento manifiesta que se les hace entregan de tres kits
personales al año (archivo actas de entrega), como lo indica la norma.

El establecimiento cuenta a la fecha con un solo médico de medio tiempo, por el
momento no cuentan con psicólogo(s). Las internas manifiestan que los horarios
de alimentación no se cumplen: el desayuno es a las 6:00 a.m., el almuerzo a
las 10:00 a.m. y la cena a las 3:00 p.m.

El complejo penitenciario no cuenta con los implementos de aseo necesarios para
realizar el aseo, no hay traperos, ni escobas, lo anterior por falta de presupuesto, el
asignado al año no es suficiente para satisfacer las necesidades del Establecimiento.
[…] En la Unidad de Medida Especial, solicitan el cambio de colchonetas, las
internas manifiestan que hace cuatro años no se cambian. […]

Hacinamiento
En el sector norte del Establecimiento se encuentran 3.112 internos (1.097
sindicados y 2.015 condenados) y en el sector sur se encuentran 1.242, para un
total de 4.354, pese a que el Complejo tiene una capacidad para 2.530 internos.
Lo anterior, evidencia hacinamiento en el penal. En el patio 16 existe un área de
locativos que está siendo rehabilitada en desarrollo del contrato 399/14, que se nos
informa por el Ingeniero de la USPEC inició hace un mes y se encuentra en etapa de
ejecución, va a generar 120 cupos y su entrega está prevista para finales de
septiembre de 2015. […]”. (se resalta)

8.1.7. Se acreditó que el 12 de agosto de 2015, los reclusos del patio 24B del
Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Cúcuta instauraron una

96Archivo denominado “parte 4”, pág. 13 a 26, carpeta “ALOJAMIENTO”, carpeta “INFORME
SEGUIMIENTO”, CD, Fl. 325, C.2.

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acción tutela contra la Presidencia de la República, el Ministerio de Justicia y del
Derecho, el INPEC y otras entidades, solicitando el amparo a sus derechos
fundamentales a la vida digna, integridad física y dignidad humana. De ello da
cuenta copia de la sentencia de tutela No. 2015-00564 proferida el 15 de octubre de
2015 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura97.

8.1.8. Se constató que, mediante sentencia de tutela del 28 de agosto de 2015, la
Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de
Santander y Arauca negó el amparo constitucional solicitado por los reclusos del
Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Cúcuta, argumentando que
“el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Cúcuta, dentro del radicado 2014 - 00133,
emitió sentencia de tutela, por iniciativa del Defensor Regional del Pueblo y la
Personería Municipal de Cúcuta ordenando al Establecimiento Carcelario de dicha
ciudad, abstenerse de recibir nuevos internas y por consiguiente no era posible
pronunciarse nuevamente sobre hechos que ya habían sido decididos por otra
jurisdicción”. De ello da cuenta copia de la sentencia de Tutela No. 2015-00564
proferida el 15 de octubre de 2015 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del
Consejo Superior de la Judicatura98.

8.1.9. Se probó que el 8 de septiembre de 2015, Yovany Sanguino Mier -apoderado
del grupo accionante– solicitó al Director del Complejo Carcelario y Penitenciario
Metropolitano de Cúcuta información sobre el nivel de hacinamiento de dicho
establecimiento y el personal médico disponible para atender a los internos. De ello
da cuenta copia de dicho escrito99.

8.1.10. Se verificó que, mediante Oficio No. 422-AJUR-COCUC del 21 de
septiembre de 2015, el Coordinador Jurídico del Complejo Carcelario y Penitenciario
Metropolitano de Cúcuta informó al señor Sanguino Mier que el citado centro
penitenciario tenía una sobreocupación de 1.653 reclusos. De ello da cuenta del
respectivo documento100, de cuyo contenido se destaca lo siguiente:

97 Archivo denominado “parte 5”, pág. 25 a 55, carpeta “ALOJAMIENTO”, carpeta “INFORME
SEGUIMIENTO”, CD, Fl. 325, C.2.
98 Ibídem.
99 Fl. 25, C.P.
100 Fl. 25, C.P.

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“1. La capacidad de internos para la que fue construida nuestro complejo fue de
NORTE 1262, sur hombres 892, MUJERES 376 para un total de 2530 internos.

2. Actualmente se encuentran 4183 personas recluidas en Complejo
Metropolitano de Cúcuta.

3. Según lo manifestado por el Ingeniero EDILBERTO TARAZONA, encargado de
obras civiles de la penitenciaria menciona que si no existiera hacinamiento deberían
dormir por celda según la estructura Norte entre 2 a 1 interno y en la estructura sur 4
internos por celda.

4. En la estructura sur se encuentran durmiendo 04 internos por celda, referente a la
estructura norte no está parametrizado.

5. En los diferentes pasillos de la Estructura Norte se observa internos que
debido a la situación de hacinamiento deben dormir en los pasillos de algunos
pabellones.

6. En el complejo carcelario metropolitano de Cúcuta actualmente atienden a la
población reclusa 08 médicos pertenecientes a Caprecom”.

8.1.11. Consta que, mediante sentencia del 15 de octubre de 2015, la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura revocó el fallo de
tutela de primera instancia proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del
Consejo Sección de la Judicatura de Norte de Santander y Arauca y resolvió
amparar los derechos fundamentales invocados por los internos del patio 24B del
Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Cúcuta. De ello da cuenta
copia de dicha providencia101, de cuya parte considerativa se destaca:

“[…] la Sala no puede dejar de lado, que pese a las órdenes emitidas por la
Administración de Justicia en diferentes pronunciamientos y oportunidades, la
problemática descrita en los acápites anteriores, lejos de mejorar, ha empeorado,
pues, para el caso que nos ocupa, no sólo en los establecimientos destinados para el
cumplimiento de las penas privativas de la libertad, persisten situaciones que vulneran
permanentemente los derechos fundamentales de los allí recluidos.

En el plenario queda identificado con el acervo probatorio allegado en el expediente
que el Complejo carcelario de Cúcuta tiene una capacidad de 102 (sic) personas
privadas de la libertad y que actualmente tiene un hacinamiento que supera el
doble del porcentaje allí establecido, ocasionando así los accionantes tal y
como lo han señalado, problemas y la falta de condiciones para una
permanencia digna, ausencia de instalaciones sanitarias, servicio médico entre
otras ha afectado al interior del pabellón los derechos fundamentales incoados.
[…]

Archivo denominado “parte 5”, pág. 25 a 55, carpeta “ALOJAMIENTO”, carpeta “INFORME
101

SEGUIMIENTO”, CD, Fl. 325, C.

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No se requiere una disertación extensa para concluir que las anteriores disposiciones,
en su totalidad, resultan en este caso quebrantadas de manera cínica y abierta, al
igual que las normas de menor rango, dictadas con el fin de garantizar el ejercicio de
los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad, destacando de
ellas, el Estatuto de las Penas (Ley 599 de 200 en sus articulas 1 0 (Dignidad
Humana) y 4° (Funciones de la Pena) -Principios rectores), el Código de
Procedimiento Penal (Artículo 1° de la ley 600 de 2000 y artículo 1° de la ley 906 de
2004) y el Código Penitenciario y Carcelario (En su artículo 5°, 142, 143,144 Y 145,
entre otros). […]

Bajo las anteriores consideraciones, la Sala encuentra plenamente probados los
hechos que demuestran la vulneración de los derechos fundamentales de los reclusos
como consecuencia del hacinamiento, que si bien es cierto una de las soluciones es
el cierre temporal pretendido por los accionantes no es la única medida aplicable a
como el pretende, debiéndose por lo tanta exigir que las autoridades competentes en
la materia den cumplimiento, de acuerdo a las competencias y funciones respectivas,
a la Sentencia T-388 de 2013, con la finalidad intima de propender en todo momento
y lugar por el respeto a la dignidad de las persona […]” (se resalta)

8.1.12. Se probó que, mediante Oficio No. OFI16-0009416-DCP-3200 del 18 de abril
de 2016, la Directora de Política Criminal y Penitenciaria del Ministerio de Justicia y
del Derecho informó a Jairo Antonio Posada, recluso del Patio 24B del Complejo
Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Cúcuta, sobre las acciones adelantadas
por dicha cartera ministerial para dar cumplimiento al fallo de tutela del 15 de octubre
de 2015. Asimismo, le explicó que “se ha reducido la población interna en el
establecimiento, pasando de 4311 internos en julio de 2015 a 4092 a 15 de
noviembre de 2015, es decir, una reducción de 219 personas como resultado de
esfuerzos de la oficina jurídica tendientes a promover la libertad de los allí recluidos”.
De ello da cuenta copia de dicho documento102.

8.1.13. Consta que entre los meses de agosto y diciembre de 2016, el Complejo
Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Cúcuta implementó diversas acciones
orientadas al mejoramiento de las condiciones de reclusión de las personas allí
privadas de la libertad, con el objetivo de dar cumplimiento a las ordenes impartidas
por la Corte Constitucional mediante la sentencia T-388 de 2013. De ello dan cuenta
las actas de seguimiento suscritas mensualmente por el director del citado centro
penitenciario103, de cuyo contenido se destaca el siguiente listado de las acciones
adoptadas:

102 Fl. 93 y 94, Cuaderno “Defensoría del pueblo”.
103 Carpeta “T 762 CÚCUTA”, carpeta “INFORME CÚCUTA JURIDICA”, CD, Fl. 325, C.2.

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“Servicio de acueducto el suministro de agua potable en calidad y frecuencia
requerida por los internos […].

1.5. Realizar proyectar o gestionar según corresponda y de manera inmediata la
adecuación funcionamiento de la infraestructura de los ERON objeto para que el
sistema sanitario tuberías de desagüe baños y duchas estén condiciones adecuadas
de calidad y cantidad para atender el número de personas recluidas. […]

1.7. Requerir o controlar según corresponda que el servicio médico esté disponible
de manera continua con medicinas equipos y personal idóneo para la atención de
salud. […]

Implementar una brigada jurídica en cada establecimiento que permita a las
autoridades judiciales correspondientes de acuerdo con sus competencias tomar
decisiones para conceder libertades. […]

1.10. Crear espacios de trabajo estudio y desarrollo de actividades lúdicas y
recreativas […]”.

8.1.14. Se constató que, mediante Oficio No. OFI17-0014119-DCP-3200 del 15 de
mayo de 2017, la Directora de Política Criminal y Penitenciaria del Ministerio de
Justicia y del Derecho presentó a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Superior de la Judicatura un informe sobre el cumplimiento del fallo de tutela del 15
de octubre de 2015. En dicho documento, señaló que el INPEC había adoptado
medidas para mejorar las condiciones de reclusión en el Complejo Carcelario y
Penitenciario Metropolitano de Cúcuta, en materia de alimentación, hacinamiento,
infraestructura, servicios públicos, atención en salud, entre otros. De ello da cuenta
de dicho oficio104, de cuyo contenido se destaca:

“El Complejo Carcelario de Cúcuta ha sido uno de los establecimientos que
efectivamente ha logrado cumplir con la regla de equilibrio, recibiendo un número
de internos igual o inferior a los que salieron el día inmediatamente anterior. Para
mostrar el avance de este establecimiento sólo basta mostrar la comparación del
hacinamiento de 2015 con el año en curso. De acuerdo con los informes
estadísticos del INPEC, en marzo de 2015, fecha cercana a la notificación de la
sentencia, el Complejo contaba con una población de 4.445 internos, con un
hacinamiento del 75,3%. Para marzo de 2017 el Complejo podía albergar 2548
cupos carcelarios, albergando una población de 3800 internos, con un
hacinamiento del 49,1 %, lo que representa una reducción del hacinamiento del
25%. De esta forma, este Complejo se constituye en uno de los establecimientos que
ha logrado cumplir con la regla de equilibrio decreciente.

Por último, de acuerdo con los hallazgos de la Procuraduría General de la Nación en
los anexos del informe presentado a la H. Corte Constitucional en Sentencia T-762
de 2015, el hacinamiento restante del establecimiento todavía se concentra en

Archivo denominado “parte 5”, pág. 57 a 71, carpeta “ALOJAMIENTO”, carpeta “INFORME
104

SEGUIMIENTO”, CD, Fl. 325, C.2.

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el sector norte del establecimiento, por lo que se siguen tomando medidas para
deshacinar el sector norte en la medida que el flujo de internos y la regla de
equilibrio lo permite”.

8.1.15. Se acreditó que, mediante memorando No. MEM17-0006710-DCP-3200 del
29 de agosto de 2017, la Directora de Política Criminal y Penitenciaria del Ministerio
de Justicia y del Derecho rindió informe ante el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander sobre las acciones adoptadas por dicha cartera ministerial en materia de
reestructuración de la política criminal por el “hacinamiento carcelario, posibles
soluciones dadas a los internos, asesoría y coordinación sobre rehabilitación,
organización y manejo de la infraestructura carcelaria en la ciudad de Cúcuta”, en
cumplimiento de las ordenes impartidas por la Corte Constitucional mediante
sentencia T-762 de 2015. De ello da cuenta dicho escrito105.

8.1.16. Se probó que, entre los meses de enero y junio de 2017, el Complejo
Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Cúcuta presentaba niveles de
hacinamiento que oscilaban entre el 49% y el 52%. Asimismo, se constató que, si
bien se aseguraba al 100% la prestación de los servicios públicos a los reclusos, en
ocasiones el hacinamiento ocasionaba que colapsara el sistema de prestación de
dichos servicios. De ello da cuenta copia de los informes suscritos mensualmente
por el Defensor del Pueblo Regional de Norte de Santander106, de cuyo contenido
se destaca la siguiente información:

“El número de reclusos para el mes de enero, así:
Capacidad Existentes Sindicados Condenados Hacinamiento %
2.530 3.852 1.635 2.117 1.322 52

[…] El número de reclusos para el mes de febrero, así:
Capacidad Existentes Sindicados Condenados Hacinamiento %
2.530 3.809 1.139 2.670 1.279 51

[…] El número de reclusos para el mes de marzo, así:
Capacidad Existentes Sindicados Condenados Hacinamiento %
2.530 3.782 1.132 2.650 1.279 49

“El número de reclusos para el mes de abril, así:
Capacidad Existentes Sindicados Condenados Hacinamiento %
2.530 3.796 1.171 2.625 1.266 50

105 Fl. 304 a 310, C.2.
106 Fl. 114 a 201, Cuaderno “Defensoría del pueblo”.

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[…] El número de reclusos para el mes de mayo así:
Capacidad Existentes Sindicados Condenados Hacinamiento %
2.530 3.772 1.186 2.586 1.243 49%

[…] El número de reclusos para el mes de junio, así: 269 mujeres y 3.513 hombres
discriminados así:
Capacidad Existentes Sindicados Condenados Hacinamiento %
2.530 3.782 1.210 2.572 1.252 49”

8.1.17. Se probó que, entre los meses de enero y septiembre de 2018, la Dirección
del Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Cúcuta, en “cumplimiento
de la orden impartida mediante la Sentencia T-762 de 2015”, entregó múltiples
juegos de sábanas y kits de aseo y de cuidado personal a las personas privadas de
la libertad en dicho centro carcelario. De ello da cuenta copia de las certificaciones
expedidas por la directora del centro penitenciario107.

8.1.18. Se acreditó que, mediante Oficio No. E-2018-001377 del 1 de febrero de
2018, la Directora de Infraestructura de la USPEC informó al Director de Gestión
Corporativa del INPEC que, “en el marco de las Sentencias 388 de 2013 y 762 de
2015”, se adelantarían obras de adecuación, mantenimiento y mejoramiento de las
instalaciones del Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Cúcuta. De
ello da cuenta copia del respectivo escrito108.

8.1.19. Consta que, mediante Oficio No. 422-COCUC-DIR del 16 de octubre de
2018, el Director del Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Cúcuta
informó al Tribunal Administrativo del Norte de Santander que en ciertos sectores
de dicho centro penitenciario se presentaban niveles de hacinamiento entre el 38%
y el 90.21%. Asimismo, indicó que a los reclusos se les garantizaba el acceso a
agua potable, alimentación, servicios de salud, espacios de trabajo, estudio y
recreación, entre otras. No obstante, señaló que en ciertos patios no se cumplían
los estándares mínimos de reclusión, dado el alto nivel de hacinamiento. De ello da
cuenta el respectivo Oficio109, de cuyo contenido se destaca:

“El Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Cúcuta (COCUC) es un
establecimiento de reclusión de orden nacional cuya administración está a cargo del

107 Fl. 367 a 375, C.2.
108 Fl. 381 y 383, C.2.
109 Fl. 350 a 351, 387, C.2.

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INPEC y a donde son remitidas personas capturadas dentro de la jurisdicción de los
circuitos judiciales de Cúcuta y Los Patios, integrados por 16 municipios que como es
de conocimiento público sufre (sic) graves alteración (sic) del orden como
consecuencia de su ubicación geográfica en zona de frontera, se reitera que solo las
personas privadas de la libertad capturadas dentro de la jurisdicción de los circuitos
judiciales aquí nombrados, hacen parte de la población privada de la libertad (PPL)
del COCUC, debido al cumplimiento de fallo T 133/2014 del cual se anexa copia
emitido por (sic) Juzgado Tercero Civil Del Circuito De Oralidad de Cúcuta […]. Orden
que se cumple por parte de la dirección general INPEC y que ha permitido la
disminución de PPL que para el momento de emitir el fallo era de 4.425 PPL.

Cumple además el COCUC con lo ordenado por la honorable Corte
Constitucional en los fallos T 388/2013 y T 762/2015 que establece el estado de
cosas inconstitucionales (ECI) dentro del Sistema Penitenciario Colombiano,
cumplimiento que propende la satisfacción de las condiciones mínimas de las
personas privadas de la libertad, como lo son acceso a agua potable, baterías
sanitarias, mínimos vitales (kits de aseo, colchonetas, ropa de cama) espacios
de recreación, trabajo y estudio.

2. La capacidad para albergar PPL en el COCUC (se incluye infraestructura de
primera y tercera generación) está determinada en un total de:

TOTAL CUPOS HOMBRES 2275
TOTAL CUPOS MUJERES 376
TOTAL CUPOS PPL COCUC 2651

El total de PPL, al día 16/10/2018 es de:
TOTAL HOMBRES: 3.368
TOTAL MUJERES: 297
TOTAL PPL COCUC: 3.665 Hacinamiento 38%

El COCUC está integrado por una infraestructura de primera generación que data del
año 1990 con capacidad para:

TOTAL HOMBRES: 1.359
TOTAL MUJERES: 0

En la actualidad están recluidos en este sector un total de:
TOTAL HOMBRES: 2.585 hacinamiento 90.21%

Como conclusión de los anteriores datos es evidente que el alto índice de
hacinamiento en el que se encuentran los 2.585 PPL en la infraestructura de
primera generación, vulnera las condiciones mínimas de habitabilidad, pues los
espacios físicos (dormitorios, celdas, baterías sanitarias, espacios deportivos,
talleres y aulas) deben ser compartidos por más personas, sin embargo se hace
claridad que la atención en cubrimiento del servicio de salud, alimentación,
mínimos vitales y oferta de plan ocupacional está dirigida a la totalidad de PPL
actual, como evidencia de lo anterior se anexa al presente copia de certificación de
entrega masiva de kits de aseo realizadas en el mes de agosto, copia del plan
ocupacional ofertado a la PPL COCUC actividades a través de las cuales se lleva a
cabo la redención de pena, copia de certificación de entrega parcial de mínimos
vitales a la PPL provenientes de las salas de reflexión, cumpliendo así con el
requerimiento de dotar con estos elementos a quienes ingresas al COCUC.

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El servicio de salud en (sic) establecimiento es prestado por FIDUPREVISORA a
través de obligación contractual suscrita con la UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS (USPEC) este servicio presenta continuas observaciones por
parte de la PPL, que se incrementan por el alto índice de hacinamiento,
requerimientos a través de sentencias de tutela que son atendidas por parte del
personal de FIDEUPREVISORA y por la oficina de salud COCUC.

El servicio de alimentación es prestado por la Unión Temporal Alimentando
América, también tiene vinculo contractual con la USPEC a través de la bolsa
mercantil de Colombia, este servicio también es continuamente objetado por la PPL
radicando su mayor inconveniente en el tema de infraestructura, pues el área de
preparación de alimentos de la infraestructura de la primera generación fue diseñada
para prestar el servicio a 900 PPL, sin embargo esta administración como las
anteriores han solicitado y priorizado los recursos para intervenir esta infraestructura,
como evidencia se anexa copia oficio E-2018001377 en el que la dirección de
infraestructura de la USPEC informa que ejecutará recursos para el mejoramiento del
área del rancho, se hace claridad que es la USPEC la encargada de ejecutar los
presupuestos de mejoramiento de la infraestructura carcelaria en el país.

De igual manera con el fin de garantizar condiciones mínimas de reclusión en el oficio
E-2018001377 USPEC, está proyectado luego de priorizar recursos dentro del ítem
de adecuación mantenimiento general patio 18 y 24 la construcción de nueva (sic)
celdas que generaran más cupos.

3. La infraestructura de tercera generación que data del año 2010 tiene la siguiente
capacidad:
TOTAL HOMBRES: 916
TOTAL MUJERES: 376

Ocupación actual:
TOTAL HOMBRES: 783 en este sector no hay hacinamiento y los 133 cupos
disponibles corresponden a la unidad de tratamiento especial, comunidad
terapéutica y mínima seguridad.

Este sector cuenta con un área de sanidad, educativa, talleres y de preparación de
alimentación al servicio de la PPL que hoy lo ocupa lo que permite optimizar las tareas
de tratamiento penitenciario.

TOTAL MUJERES: 297 en este sector no hay hacinamiento y se cuenta con
disponibilidad de 79 cupos.

Este sector cuenta con un área de sanidad, educativa, talleres y de preparación de
alimentación al servicio de la PPL que hoy lo ocupa lo que permite optimizar las tareas
de tratamiento penitenciario.

Por último es pertinente poner en conocimiento de su despacho que esta dirección a
convocado la mesa técnica de seguimiento penitenciario del departamento, la cual
está integrada por el señor Gobernador y los alcaldes de los municipios que integran
el circuito judicial de Cúcuta, en donde se ha solicitado el cumplimiento de lo
establecido en la Ley 65 de 1993, en referencia a la responsabilidad que recae sobre
los entes territoriales, para con las personas contra quienes se emiten medidas de
aseguramiento por parte de autoridad judicial, pues la conclusión final es que la
manera de garantizar condiciones mínimas de reclusión solo es posible en espacios
sin hacinamiento, razón por la cual es fundamental la construcción de
establecimientos de orden Metropolitano, Municipal y Departamental”. (se resalta)

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8.2. Análisis de los elementos de la responsabilidad del Estado

En aras de resolver los cargos invocados en los recursos de apelación, la Sala
analizará de forma ordenada cada uno de los elementos de la responsabilidad
patrimonial del Estado, ya que la configuración de dicho instituto jurídico depende
de la sumatoria condicional de los componentes que lo conforman. Por lo anterior,
se hace necesario abordar dichos elementos de la siguiente manera: i) el daño
antijurídico y ii) su imputación frente al Estado.

Lo anterior, más allá de consistir en una metodología sugerida por la Sala, atiende
a una lógica en la que, naturalmente, ante la ausencia del daño como elemento
esencial del instituto indemnizatorio, el análisis del subsiguiente carece de toda
utilidad, ya que aún ante su existencia, no será posible declarar responsabilidad
patrimonial de la Administración110-111.

8.2.1. El daño antijurídico

Para comenzar, debe señalarse que el daño antijurídico es la lesión injustificada a
un interés protegido por el ordenamiento. En otras palabras, es toda afectación que
no está amparada por la ley o el derecho112, que contraría el orden legal113 o que

110 Sobre este aspecto Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera.

Sentencias del 13 de agosto de 2008, Rad. 16516; 6 de junio de 2012, Rad. 24633; 5 de marzo de
2020, Rad. 50264.
111 Frente a la existencia del daño como elemento de la responsabilidad, la Corte Suprema de Justicia

considera lo siguiente: “cabe afirmar que, dentro del concepto y la configuración de la
responsabilidad civil, es el daño un elemento primordial y el único común a todas las circunstancias,
cuya trascendencia fija el ordenamiento. De ahí que no se dé responsabilidad sin daño demostrado,
y que el punto de partida de toda consideración en la materia, tanto teórica como empírica, sea la
enunciación, establecimiento y determinación de aquel, ante cuy falta resulta inoficiosa cualquier
acción indemnizatoria”. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 4 de abril
de 1968. Por su parte, el profesor Fernando Hinestrosa expresa sobre este particular lo siguiente:
“La responsabilidad, entendida latamente como la obligación de resarcir daños y perjuicios, parte de
un dato imprescindible: el daño. La presencia de un quebranto, independientemente del esmero en
su definición y de la exigencia de actualidad o consolidación de él, o de su certidumbre o su
advenimiento más o menos probable. En ausencia de daño no hay obligación, y el aserto, por demás
obvio, pone de presente el carácter estrictamente resarcitorio de la responsabilidad en el derecho de
tradición romanista.” Hinestrosa, Fernando., “Devenir del derecho de daños”, Revista de Derecho
Privado, Universidad Externado de Colombia, n.º 32, enero-junio de 2017, 5-26. Pág. 6.
112 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 2 de marzo de 2000. Rad.: 11945.
113 Cfr. De Cupis. Adriano. Teoría General de la Responsabilidad. Traducido por Ángel Martínez

Sarrión. 2ª ed. Barcelona: Bosch Casa Editorial S.A.1975. Pág.90.

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está desprovista de una causa que la justifique114, resultado que se produce sin
derecho al contrastar con las normas del ordenamiento y, contra derecho, al lesionar
una situación reconocida o protegida115, violando de manera directa el principio
alterum non laedere, en tanto resulta contrario al ordenamiento jurídico dañar a otro
sin repararlo por el desvalor patrimonial que sufre. En su fórmula reducida, se dice
que daño antijurídico es aquel que la persona no tiene el deber jurídico de soportar,
descripción que, aunque ilustra en términos generales el fenómeno lesivo
indemnizable, resulta insuficiente para explicarlo integralmente.

En atención a los cargos formulados por el INPEC y la ANDJE en los recursos de
apelación, corresponde a la Sala determinar si, en el caso en concreto, se acreditó
el daño reclamado por el grupo demandante, consistente en la vulneración al
derecho fundamental a la dignidad humana, que, presuntamente, sufrieron las
personas privadas de la libertad en el Complejo Carcelario y Penitenciario
Metropolitano de Cúcuta, como consecuencia del nivel de hacinamiento en dicho
centro carcelario.

Al respecto, se observa que además de los medios de prueba obrantes en el
expediente, de los cuales ya se hizo un recuento en el capítulo de hechos probados,
en el proceso se recibió el testimonio de Eduardo Rondón Delgado116, quien
manifestó encontrarse privado de la libertad en el Complejo Carcelario y
Penitenciario Metropolitano de Cúcuta desde el 7 de julio de 2014. Señaló que en
dicho centro penitenciario se presentaba una “situación muy difícil” por el alto nivel
de hacinamiento, lo cual ocasionaba que los reclusos tuvieran que dormir
“incómodamente” en los pasillos, escaleras y baños. Explicó que dichos espacios
se encontraban “repletos”, por lo que los internos no podían acceder a los baños
para hacer sus necesidades fisiológicas ni tampoco contaban con espacio para
colgar hamacas para poder dormir más cómodamente. Indicó que la alimentación
que les suministraban era “pésima”, pues los alimentos en ocasiones se
encontraban crudos o podridos, es decir, en condiciones no aptas para el consumo.

114 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 11 de noviembre de 1999, Rad.: 11499;

Sentencia del 27 de enero de 2000, Rad.: 10867.
115 Cosso. Benedetta. Responsabilitá della Pubblica Amministrazione, en obra colectiva

Responsabilitá Civile, a cargo de Pasquale Fava. Pág. 2407, Giuffrè Editore, 2009, Milán, Italia.
116 Fl. 338 y 339, C.2. CD, Fl. 345, C.2.

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Añadió que la comida que les entregaban a los reclusos era “como para animales”.

Asimismo, el testigo manifestó que la prestación del servicio de salud era deficiente,
pues no se realizaban brigadas de salud, así como tampoco había personal médico
ni medicamentos disponibles para atender a los reclusos. No obstante, lo anterior,
el señor Rondón Delgado manifestó que en tres ocasiones acudió al área de
sanidad del citado centro penitenciario, donde la atención fue “super bien”.
Finalmente, respecto de las condiciones de limpieza del establecimiento de
reclusión, el testigo manifestó que los internos realizaban jornadas de aseo general,
por lo que los pasillos se encontraban limpios.

A su turno, el testigo Jefferson Ospina Echeverry117 indicó que se encontraba
retenido en el Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Cúcuta hacía
cuatro años y medio118. Relató que la situación en dicho establecimiento se
encontraba “todo bien”. Sin embargo, manifestó que las condiciones de reclusión en
las que se encontraba y la alimentación que le suministraban no era “como las que
uno quiere, pero no se puede hacer tampoco nada más”. Explicó que había internos
que dormían en los pasillos del centro penitenciario, dado el nivel de hacinamiento.
Finalmente, señaló que la prestación del servicio médico no era oportuna y que no
se contaba con los medicamentos que los internos necesitaban.

Por su parte, Luis Felipe Casadiegos119 declaró que se encontraba recluido en el
Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Cúcuta desde el mes de julio
de 2013. Señaló que muchos internos debían dormir en los pasillos del
establecimiento de reclusión, dado el nivel de hacinamiento. Explicó que algunos
reclusos disponían de colchonetas para dormir, mientras que otros no contaban con
dicha posibilidad, por lo que debían dormir sobre el piso directamente.

Asimismo, el testigo aclaró que él se encontraba en el patio No. 18 del centro
penitenciario, el cual era espacioso, por lo que no había reclusos durmiendo en los

117 Fl. 338 y 339, C.2. CD, Fl. 345, C.2.
118 La audiencia de pruebas se llevó a cabo el 13 de octubre de 2017, a partir de lo cual se infiere

que el testigo se encontraba recluido en el Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de
Cúcuta desde el año 2013.
119 Fl. 338 y 339, C.2. CD, Fl. 345, C.2.

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baños. No obstante, relató que en otros patios de menor tamaño sí había reclusos
que debían dormían en los baños, donde permanecían “bastante amontonados”.
Manifestó que la alimentación era “normal” y que había un “fiscal de alimentos”
encargado de revisar el estado de la comida que se les suministraba a los internos.
De esta forma, los alimentos eran devueltos en caso de que se encontraran crudos
o en mal estado. De igual forma, el señor Casadiegos relató que la prestación del
servicio médico dentro del centro penitenciario no era adecuada, pues no tenían
acceso a médicos especialistas.

Finalmente, Yeiser Trespalacios Miranda120 sostuvo que llevaba 4 años121 recluido
en el Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Cúcuta. Señaló que
durante el tiempo en que estuvo recluido dormía en un pasillo y que el personal del
INPEC nunca le suministró una colchoneta. Explicó que, recientemente, unos
amigos le habían regalado una colchoneta, pero que antes dormía sobre una
sábana. Manifestó que, al tener que dormir en el pasillo, algunos reclusos lo pisaban
y no tenía acceso a un baño, por lo que debía “aguantarse” durante la noche o hacer
sus necesidades en un pote. Asimismo, el testigo relató que la alimentación que les
suministraban era buena y que había un personal encargado de revisar que aquella
se encontrara en óptimas condiciones para el consumo de los internos. Indicó que
la atención en salud era inoportuna, pues el personal médico se demoraba días en
atender a los reclusos. Explicó que él sufría de diabetes, por lo que recibía un control
médico mensual.

Al respecto, se estima que, en la medida en que los testigos Eduardo Rondón
Delgado, Jefferson Ospina Echeverry, Luis Felipe Casadiegos y Yeiser Trespalacios
Miranda manifestaron estar recluidos en el Complejo Carcelario y Penitenciario
Metropolitano de Cúcuta y, por tanto, tendrían un interés en las resultas del caso
sub examine como posibles interesados en acogerse al grupo, a sus declaraciones,
en los términos del artículo 211122 del CGP, debe dárseles el tratamiento de ser

120 Fl. 338 y 339, C.2. CD, Fl. 345, C.2.
121 La audiencia de pruebas se llevó a cabo el 13 de octubre de 2017, a partir de lo cual se infiere

que el testigo se encontraba recluido en el Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de
Cúcuta desde el año 2013.
122 “Imparcialidad del testigo. Cualquiera de las partes podrá tachar el testimonio de las personas

que se encuentren en circunstancias que afecten su credibilidad o imparcialidad, en razón de

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sospechosas, dado que el referido interés puede afectar su credibilidad e
imparcialidad. En este sentido, el citado artículo 211 señala que el juez apreciará
los testimonios sospechosos de acuerdo con las circunstancias de cada caso y no
puede desecharlos de plano123.

Sobre el particular, se considera que el dicho de estas personas tiene valor
probatorio, pues sus declaraciones se realizaron bajo la gravedad de juramento,
provienen de individuos que tuvieron conocimiento directo de la problemática que
se alega afectó al grupo demandante. Además, sus respuestas fueron completas y
se ciñeron a lo preguntado por las partes y el a quo, sin que se observe en su relato
ánimo de tergiversar o faltar a la verdad de lo acontecido. De hecho, sus narraciones
sobre el nivel de hacinamiento del Complejo Carcelario y Penitenciario
Metropolitano de Cúcuta guardan relación y coherencia con los demás elementos
probatorios aportados al expediente.

Precisado lo anterior, se observa que los referidos testimonios coincidieron en
afirmar que en el precitado establecimiento de reclusión existía un alto índice de
hacinamiento, el cual variaba dependiendo del tamaño del patio. Así, y como
consecuencia de dicha situación, muchos internos debían dormir en los pasillos y
baños. Asimismo, fueron contestes en afirmar que algunos reclusos no tenían
acceso a colchonetas, por lo que debían dormir en sábanas o directamente sobre
el piso. De igual forma, relataron que durante las noches los internos no tenían
acceso a los baños, por lo que debían hacer sus necesidades en potes.

parentesco, dependencias, sentimientos o interés en relación con las partes o sus apoderados,
antecedentes personales u otras causas.
La tacha deberá formularse con expresión de las razones en que se funda. El juez analizará el
testimonio en el momento de fallar de acuerdo con las circunstancias de cada caso” (se subraya).
123 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 24 de septiembre de 2021.

Rad. 65987: “Si bien en el ordenamiento jurídico colombiano son sospechosas para declarar las
personas que en concepto del juez se encuentren en circunstancias que afecten su credibilidad o
imparcialidad, en razón de parentesco, dependencias, sentimientos o interés en relación con las
partes o sus apoderados, antecedentes personales u otras causas, el Consejo de Estado ha
establecido que no pueden descartarse de plano sus versiones, sino que deben valorarse de manera
más rigurosa, de cara a las demás pruebas obrantes en el expediente y a las circunstancias de cada
caso, todo ello basado en la sana crítica . Así las cosas, las declaraciones de las personas que tienen
alguna relación con las partes del asunto, serán valoradas, tras confrontarlas con las demás pruebas
aportadas al proceso.”.

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Pues bien, se advierte que, contrario a lo manifestado por la ANDJE en el recurso
de apelación, el daño ocasionado por la transgresión del derecho fundamental a la
dignidad humana de las personas privadas de la libertad en el Complejo Carcelario
y Penitenciario Metropolitano de Cúcuta, como consecuencia del hacinamiento en
dicho centro penitenciario, se encuentra plenamente acreditado y reviste carácter
antijurídico.

En efecto, de lo probado en el proceso se constató que, para el 21 de septiembre
de 2015, en el precitado establecimiento de reclusión existía un índice de
hacinamiento del 65,3%. Justamente, dicho centro penitenciario tenía una
capacidad para albergar 2.530 internos, no obstante, para dicha fecha se
encontraban 4.183 personas privadas de la libertad en el Complejo Carcelario y
Penitenciario Metropolitano de Cúcuta, esto es, 1.653 personas de sobreocupación
(hecho probado 8.1.10).

Asimismo, respecto al impacto cualitativo del hacinamiento, se encuentra
plenamente acreditado que las condiciones de reclusión en el citado establecimiento
penitenciario no eran adecuadas y resultaban violatorias del derecho fundamental
a la dignidad humana de los reclusos.

En efecto, a través de las diferentes visitas que realizaron funcionarios de la
Defensoría del Pueblo, de los Ministerios de Salud y Protección Social y de Justicia
y del Derecho, del INPEC, de la USPEC, de la Procuraduría General de la Nación y
del Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander al Complejo Carcelario
y Penitenciario Metropolitano de Cúcuta se pudo constatar que los internos no
contaban con condiciones de reclusión dignas, en lo que respecta al alojamiento,
infraestructura, salubridad, prestación de servicios públicos, acceso a sanitarios,
etc. (hechos probados 8.1.4 a 8.1.6).

Justamente, se acreditó que, a raíz del hacinamiento, muchos internos debían
dormir en el piso. Algunos de ellos contaban con colchonetas, las cuales se
encontraban viejas, desgastadas y con mal olor, mientras que otros ni siquiera
tenían acceso a dichos implementos, por lo que debían dormir en sábanas o
directamente sobre el suelo (hechos probados 8.1.4 a 8.1.6).

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Asimismo, se probó que el espacio de comedores no era suficiente para la cantidad
de personas privadas de la libertad que se encontraban en el Complejo Carcelario
y Penitenciario Metropolitano de Cúcuta. En similar sentido, se acreditó que los
internos no contaban con un espacio adecuado para lavar y extender su ropa, por
lo que algunos debían hacerlo en las celdas, las cuales no contaban con sifones
para el drenaje del agua, o en los patios donde los sifones se tapaban
constantemente (hechos probados 8.1.4 a 8.1.6).

De igual forma, se constató que el suministro de agua y el acceso a sanitarios eran
restringidos e insuficientes para atender los requerimientos básicos de los reclusos,
quienes debían hacer sus necesidades fisiológicas en canecas, lo cual generaba
olores nauseabundos e intolerables para la población carcelaria (hechos probados
8.1.4 a 8.1.6).

Del mismo modo, se acreditó que las instalaciones del Complejo Carcelario y
Penitenciario Metropolitano de Cúcuta presentaban filtraciones de agua en techos
y paredes, así como fallas en la red eléctrica que ocasionaban constantes
descargas y cortos circuitos en distintos patios del centro de reclusión.
Adicionalmente, se probó que el centro penitenciario no contaba con una ventilación
adecuada, lo cual tornaba “insoportable” la reclusión, dadas las altas temperaturas
de la ciudad de Cúcuta y el hacinamiento imperante, sin que se permitiera a los
internos ingresar ventiladores (hechos probados 8.1.4 a 8.1.6).

Por demás, cabe resaltar que la Corte Constitucional, al declarar la existencia del
estado de cosas inconstitucional en el sistema penitenciario y carcelario, estableció
que el hacinamiento ha generado la vulneración masiva y generalizada de los
derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad, entre ellos, la vida
en condiciones dignas, la salud, el acceso al agua potable, la resocialización de las
personas privadas de la libertad y a una reclusión libre de hacinamiento124.

124 Corte Constitucional, sentencia T-762 de 2015.

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Bajo el anterior contexto, la Corte Constitucional, en aras de superar el estado de
cosas inconstitucional, estableció los parámetros mínimos para la satisfacción de
los derechos a la dignidad humana y la igualdad de las personas privadas de la
libertad, en lo que respecta al espacio para el descanso nocturno, de conformidad
a los criterios fijados por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos y el Comité Internacional de la Cruz Roja. Justamente,
la Corte estableció que cada recluso debe contar con un suministro mínimo de
implementos para dormir, tales como una cama individual – o colchoneta mientras
se dota de cama al interno-, almohada, un juego de sábanas y cobijas. Asimismo,
se debe asegurar que los reclusos tengan el espacio suficiente para dormir
acostados, circular sin obstáculos dentro de su celda o dormitorio y guardar sus
artículos personales.

De igual forma, la Corte estableció que el espacio para el alojamiento de los reclusos
no puede consistir en áreas cuyo uso principal no sea el hospedaje de los internos.
En consecuencia, no puede ser considerado como zona de habitación las capillas,
pasillos o áreas de estudio, entre otras. Asimismo, se les debe asegurar a las
personas privadas de la libertad las condiciones de higiene, salubridad, alimentación
y agua potable dignas, lo cual implica que tengan acceso a instalaciones sanitarias
higiénicas y suficientes, que aseguren su privacidad y dignidad.

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al adoptar los
“Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de
Libertad en las Américas”125, dispuso que los reclusos deben contar con espacio
suficiente, exposición diaria a la luz natural y ventilación adecuada. Asimismo, se
les deben proporcionar los elementos necesarios para el descanso nocturno, tales
como camas y sábanas. También, se les debe asegurar el acceso a instalaciones

125 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Relatoría sobre los Derechos de las Personas

Privadas de la Libertad, Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas
de Libertad en las Américas. “Principio XII: Albergue, condiciones de higiene y vestido. 1. Albergue.
Las personas privadas de libertad deberán disponer de espacio suficiente, exposición diaria a la luz
natural, ventilación y calefacción apropiadas, según las condiciones climáticas del lugar de privación
de libertad. Se les proporcionará una cama individual, ropa de cama apropiada, y las demás
condiciones indispensables para el descanso nocturno. Las instalaciones deberán tomar en cuenta
las necesidades especiales de las personas enfermas, las portadoras de discapacidad, los niños y
niñas, las mujeres embarazadas o madres lactantes, y los adultos mayores, entre otras”.

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sanitarias higiénicas y suficientes, que aseguren su privacidad y dignidad, así como
a productos de higiene personal.

De esta forma, la Corte Constitucional estableció que las condiciones de
hacinamiento constituyen un trato cruel, inhumano y degradante contra las personas
privadas de la libertad, con lo cual se les vulnera su derecho a la dignidad
humana126. En similar sentido, la Subsección B de esta Corporación127 explicó que
las “condiciones de hacinamiento […] constituyen, en sí mismas, un trato cruel,
inhumano y degradante absolutamente prohibido e injustificable en ninguna
circunstancia. Ese tratamiento genera un daño a la integridad y dignidad de las
internas”.

De esta forma, se advierte que las condiciones de reclusión del Complejo Carcelario
y Penitenciario Metropolitano de Cúcuta no cumplían con los estándares mínimos
establecidos por la Corte Constitucional para garantizar la dignidad humana de los
reclusos. En efecto, se reitera que el centro penitenciario presentaba un índice de
hacinamiento del 65.3%, por lo que muchos internos debían dormir en el piso,
debían hacer sus necesidades en potes, no tenían acceso constante a sanitarios ni
agua potable, no había una ventilación adecuada, etc. (hechos probados 8.1.4,
8.1.5, 8.1.6 y 8.1.10).

Bajo el anterior contexto, se concluye que, contrario a lo argumentado por la ANDJE
en el recurso de apelación, en el caso sub examine se encuentra plenamente
acreditada la afectación al derecho fundamental a la dignidad humana de los
miembros del grupo demandante, como consecuencia del hacinamiento en el
Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Cúcuta.

Más aún, cabe resaltar que, en la sentencia T-762 de 2015, la Corte Constitucional
acumuló diversas acciones de tutela promovidas por personas recluidas en distintos
establecimientos penitenciarios del país, entre ellos el Complejo Carcelario y
Penitenciario Metropolitano de Cúcuta. En el escrito de amparo, los allí accionantes

126 Corte Constitucional, sentencia SU-122 de 2022.
127Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B,
sentencia del 20 de noviembre de 2020, exp. 18001233300020130021601.

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argumentaron que el hacinamiento carcelario, el cual era del 104,7% al momento
de interposición de la tutela, vulneraba los derechos fundamentales de los internos
y generaba problemas de salubridad e higiene. En consecuencia, la Corte confirmó
la sentencia de tutela proferida por el Juzgado 2º de Familia del Circuito de Cúcuta,
mediante el cual amparó el derecho a la dignidad humana de los reclusos.

En definitiva, en el presente caso se encuentra probado el daño antijurídico derivado
de la transgresión del derecho fundamental a la dignidad humana, toda vez que el
hacinamiento al que fueron sometidos los demandantes implicó una afectación
grave y directa de tal prerrogativa iusfundamental, sin amparo legal ni causa legítima
que lo justificara. En efecto, la dignidad humana y la vida digna son derechos
inherentes e inalienables de la persona y se constituyen en un presupuesto esencial
para la realización de los demás derechos, de conformidad con los artículos 1128,
2129 y 11130 de la Constitución Política, de donde la vulneración de tales postulados
y los daños que con ello se generen resultan antijurídicos.

Justamente, con ocasión del hacinamiento carcelario, las personas privadas de la
libertad en el Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Cúcuta fueron
sometidas a condiciones de reclusión que no satisfacían los estándares mínimos de
trato humano y condiciones dignas de reclusión. Dicha afectación constituye un
resultado contrario al ordenamiento jurídico que vulnera el principio alterum non
laedere y, por ende, el menoscabo no estaba llamado a ser soportado jurídicamente
por las víctimas, en su condición de personas privadas de la libertad.

128 Artículo 1º. “Colombia en un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria,

descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa, pluralista,
fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la
integran y en la prevalencia del interés general”.
129 Artículo 2º. “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad

general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida
económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional,
mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.
Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en
Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”.
130 Artículo 11. “El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte”.

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8.2.2. La imputación

Para determinar si hay lugar a imputar el daño antijurídico acreditado en el plenario,
esto es, la transgresión al derecho fundamental a la dignidad humana, debido al
hacinamiento en el Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Cúcuta,
es menester establecer si este le es atribuible fáctica y jurídicamente al INPEC y/o
a la USPEC.

Para el Tribunal de primera instancia, el daño antijuridico era imputable al INPEC,
por ser la entidad encargada de determinar las necesidades en materia de
infraestructura, bienes y servicios en el sistema carcelario y penitenciario, de
conformidad con el numeral 16 del artículo 2 del Decreto 4151 de 2011131.

No obstante, en el recurso de apelación, el INPEC argumentó que no era la entidad
encargada de la construcción, gestión, dotación y mantenimiento de la
infraestructura penitenciaria, ni de gestionar la prestación del servicio de salud en
los establecimientos carcelarios. Reiteró que dichas funciones eran competencia de
la USPEC, quienes permitieron la “negligencia, la omisión y a su vez dilatando
muchos procesos que el instituto ha vendió (sic) desarrollando”. Señaló que no
cuenta con la facultad para solucionar, por sí solo, la problemática del hacinamiento
carcelario, pues para superar tal fenómeno se requiere la participación coordinada
de diversas entidades del Estado. Asimismo, argumentó que no dispone de las
facultades legales ni del presupuesto requerido para adecuar los centros de
reclusión, dado que sus funciones se limitan a la vigilancia, custodia, atención y
tratamiento de las personas privadas de la libertad.

A su turno, la ANDJE indicó que las entidades demandadas adoptaron medidas para
disminuir el hacinamiento en el precitado centro penitenciario, el cual se redujo en
un 16% entre los años 2015 y el 2017, dando cumplimiento así a la regla de
equilibrio decreciente establecida por la Corte Constitucional en las sentencias T-
388 de 2013 y T-762 de 2015.

131 “Artículo 2°. Funciones. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, tendrá las
siguientes funciones: […] 16. Determinar las necesidades en materia de infraestructura, bienes y
servicios para cumplir con sus objetivos y funciones, y requerir su suministro a la Unidad de Servicios
Penitenciarios y Carcelarios, SPC”.

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Pues bien, la Corte Constitucional estableció que la violación sistemática de los
derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad se deriva de
distintas problemáticas estructurales132. Así, la Corte identificó los siguientes
desafíos sistemáticos en materia penitenciaria: i) “La Desarticulación de la política
criminal y el Estado de Cosas Inconstitucional”; ii) “Hacinamiento y otras causas de
violación masiva de derechos”; iii) “Reclusión conjunta de personas sindicadas y
condenadas. Falta de articulación de las entidades territoriales y el Ministerio de
Justicia y del Derecho”; iv) “Sistema de salud del sector penitenciario y carcelario
del país”; y v) “Las condiciones de salubridad e higiene son indignas en la mayoría
de los establecimientos penitenciarios, y esto constituye un trato cruel e inhumano
propiciado por el Estado”. Asimismo, frente al hacinamiento carcelario y
penitenciario, el alto tribunal estableció que sus causas son múltiples y están
íntimamente relacionadas con el manejo histórico de la política criminal en
Colombia.

De igual forma, se advierte que entre el Estado y las personas privadas de la libertad
se configura una relación especial de sujeción, en virtud del cual surge la obligación
en cabeza de la Administración de garantizar los derechos de los reclusos 133. Al
respecto, la Corte Constitucional ha clasificado los derechos fundamentales de las
personas privadas de la libertad, en consideración a cuáles de ellos pueden ser
suspendidos o restringidos como consecuencia de la pena impuesta y cuales no
pueden limitarse ni suspenderse en ninguna circunstancia, en tanto son intrínsecos
a la naturaleza humana. Por ejemplo, la vida e integridad personal, la dignidad, la
igualdad, la salud y el derecho de petición, entre otros. De lo anterior se deriva la
obligación de las accionadas de garantizar plenamente el derecho fundamental a la
dignidad humana de las personas privadas de la libertad en el Complejo Carcelario
y Penitenciario Metropolitano de Cúcuta.

132 Corte Constitucional, sentencia T-762 de 2015.
133 Corte Constitucional, sentencia T-560 de 2016.

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Asimismo, es importante resaltar que el artículo 5 de la Ley 65 de 1993134,
modificado por la Ley 1709 de 2014135, dispone que “en los establecimientos de
reclusión prevalecerá el respeto a la dignidad humana, a las garantías
constitucionales y a los Derechos Humanos universalmente reconocidos. Se
prohíbe toda forma de violencia síquica, física o moral. […] Lo carencia de recursos
no podrá justificar que las condiciones de reclusión vulneren los derechos
fundamentales de las personas privadas de la libertad”.

Igualmente, la normativa internacional, en particular el numeral 2 del artículo 5 de la
Convención Americana de Derechos Humanos establece que “Nadie debe ser
sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda
persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad
inherente al ser humano”. En similar sentido, el Pacto Internacional de Derecho
Civiles y Políticos dispone que “toda persona privada de libertad será tratada
humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano” 136.

Ahora bien, esta Corporación137 ha establecido que, ante una falla del servicio de
carácter estructural o sistemática, tal como la que ocurre en el sistema penitenciario
y carcelario, se debe identificar el principal centro de imputación. Así, este
corresponderá a la entidad directamente responsable por la omisión que ocasionó
el daño alegado. En ese orden de ideas, en el sistema carcelario y penitenciario
intervienen múltiples entidades, entre ellas el INPEC, la USPEC y el Ministerio de
Justicia y del Derecho. Dichas entidades participan en las distintas etapas de la
política criminal, que comprenden su formulación y diseño, la adopción de
decisiones judiciales y la ejecución de las penas y el cumplimiento de las medidas
de aseguramiento138.

134 “Por la cual se expide el Código Penitenciario y Carcelario”.
135 “Por medio de la cual se reforman algunos artículos de la Ley 65 de 1993, de la Ley 599 de 2000,

de la Ley 55 de 1985 y se dictan otras disposiciones”.
136 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
137 Ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B,

sentencia del 20 de noviembre de 2020, exp. 18001233300020130021601; y Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 3 de octubre
de 2019, exp. 70001233300020140018601.
138 Corte Constitucional, sentencia T-762 de 2015.

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Radicado: 54001233300020150042401 (70451)
Demandante: Ronald Antonio Lindarte Pardo y otro

Al efecto, se recuerda que, conforme a los cargos formulados en los recursos de
apelación, la Sala solamente se pronunciara sobre la responsabilidad que podría
asistir al INPEC y a la USPEC.

Pues bien, el INPEC hace parte del Sistema Nacional Penitenciario y Carcelario139,
y tiene a su cargo la vigilancia, custodia, atención y tratamiento de las personas
privadas de la libertad140. De igual forma, dicha entidad es la encargada de crear,
fusionar, suprimir, dirigir y vigilar los establecimientos de reclusión del orden
nacional141, como es el caso del Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano
de Cúcuta142. Asimismo, los establecimientos de reclusión hacen parte de la
estructura del INPEC143 y les corresponde garantizar los derechos de las personas
privadas de la libertad144.

139 Ley 65 de 1993. “Artículo 15. Sistema Nacional Penitenciario y Carcelario. El Sistema Nacional

Penitenciario y Carcelario está integrado por el Ministerio de Justicia y del Derecho; el Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios
(Uspec), como, adscritos al Ministerio de Justicia y del Derecho con personería jurídica, patrimonio
independiente y autonomía administrativa; por todos los centros de reclusión que funcionan en el
país; por la Escuela Penitenciaria Nacional; por el Ministerio de Salud y Protección Social; por el
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y por las demás entidades públicas que ejerzan
funciones relacionadas con el sistema”.
140 Decreto 4151 de 2011. “Artículo 1°. Objeto. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario,

INPEC, tiene como objeto ejercer la vigilancia, custodia, atención y tratamiento de las personas
privadas de la libertad; la vigilancia y seguimiento del mecanismo de seguridad electrónica y de la
ejecución del trabajo social no remunerado, impuestas como consecuencia de una decisión judicial,
de conformidad con las políticas establecidas por el Gobierno Nacional y el ordenamiento jurídico,
en el marco de la promoción, respeto y protección de los derechos humanos”.
141 Ley 65 de 1993. “Artículo 16. Establecimientos de reclusión nacionales. Los establecimientos de

reclusión del orden nacional serán creados, fusionados, suprimidos, dirigidos y vigilados por el Inpec.
El Inpec, en coordinación con la Uspec, determinará los lugares donde funcionarán dichos
establecimientos. Cuando se requiera hacer traslado de condenados el Director del Inpec queda
facultado para hacerlo dando previo aviso a las autoridades competentes. Se faculta al Ministerio de
Hacienda y Crédito Público asignar los recursos suficientes a la Uspec para la creación, organización
y mantenimiento de los establecimientos de reclusión. Parágrafo 1o. Todos los nuevos centros de
reclusión contarán con un perímetro de aislamiento de por lo menos 200 metros de distancia de
cualquier desarrollo urbano. Parágrafo 2o. Todos los establecimientos de reclusión deberán contar
con las condiciones ambientales, sanitarias y de infraestructura adecuadas para un tratamiento
penitenciario digno”.
142 El Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Cúcuta es un establecimiento de

reclusión del orden nacional, según da cuenta el Oficio No 422-COCUC-DIR del 16 de octubre de
2018, suscrito por el director de dicho centro penitenciario y dirigido al Tribunal Administrativo del
Norte de Santander. Fl. 350 a 351, 387, C.2.
143 Artículo 7. Decreto 4151 de 2011. “Estructura. La estructura del Instituto Nacional Penitenciario y

Carcelario, INPEC, será la siguiente: […] 7.1. Establecimientos de Reclusión”.
144 Artículo 30. Decreto 4151 de 2011. “Establecimientos de reclusión. Son funciones de los

Establecimientos de Reclusión, las siguientes: 1. Ejecutar las medidas de custodia y vigilancia a las
personas privadas de la libertad al interior de los establecimientos de reclusión velando por su
integridad, seguridad, el respeto de sus derechos y el cumplimiento de las medidas impuestas por
autoridad judicial. 2. Ejecutar los proyectos y programas de atención integral, rehabilitación y
tratamiento penitenciario, procurando la protección a la dignidad humana, las garantías
constitucionales y los derechos humanos de la población privada de la libertad […]”.

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Demandante: Ronald Antonio Lindarte Pardo y otro

Por su parte, la USPEC, quien también hace parte del Sistema Nacional
Penitenciario y Carcelario145, es la entidad encargada de gestionar y operar el
suministro de bienes y la prestación de los servicios, la infraestructura y brindar el
apoyo logístico y administrativo requeridos para el adecuado funcionamiento de los
servicios penitenciarios y carcelarios a cargo del INPEC146.

Así las cosas, la Sala considera que está probada la omisión en que incurrieron el
INPEC y la USPEC al no garantizar el derecho fundamental a la dignidad humana
de las personas privadas de la libertad en el Complejo Carcelario y Penitenciario
Metropolitano de Cúcuta, como consecuencia del hacinamiento en dicho
penitenciario, en su condición de entidades directamente responsables de la gestión
de los servicios penitenciarios y de la infraestructura carcelaria, respectivamente,
de conformidad con los artículos 5, 15 y 16 de la Ley 65 de 1993, los artículos 1, 2,
4, 7 y 30 del Decreto 4151 de 2011, el artículo 5 de la Convención Americana de
Derechos Humanos y el artículo 10 del Pacto Internacional de Derecho Civiles y
Políticos.

Por demás, cabe precisar que, tal como lo consideró esta Corporación147 en un
asunto de similares características al caso sub examine, si bien el manejo de la
crisis carcelaria involucra la intervención de distintas entidades e instancias, lo cierto
es que “el colapso del sistema puede impedir a una entidad cumplir a cabalidad sus
obligaciones en todos los frentes, por lo que habrá que reconocer su crisis que,
desde toda perspectiva, es ajena a las víctimas e inepta para excusar su

145 Ley 65 de 1993. “Artículo 15. Sistema Nacional Penitenciario y Carcelario. El Sistema Nacional

Penitenciario y Carcelario está integrado por el Ministerio de Justicia y del Derecho; el Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios
(Uspec), como, adscritos al Ministerio de Justicia y del Derecho con personería jurídica, patrimonio
independiente y autonomía administrativa; por todos los centros de reclusión que funcionan en el
país; por la Escuela Penitenciaria Nacional; por el Ministerio de Salud y Protección Social; por el
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y por las demás entidades públicas que ejerzan
funciones relacionadas con el sistema”.
146 Decreto 4150 de 2011. “Artículo 4°. Objeto. La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios -

SPC, tiene como objeto gestionar y operar el suministro de bienes y la prestación de los servicios, la
infraestructura y brindar el apoyo logístico y administrativo requeridos para el adecuado
funcionamiento de los servicios penitenciarios y carcelarios a cargo del Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario - INPEC.”
147 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B,

sentencia del 20 de noviembre de 2020, exp. 18001233300020130021601.

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Radicado: 54001233300020150042401 (70451)
Demandante: Ronald Antonio Lindarte Pardo y otro

responsabilidad frente a ellas”. De esta forma, se advierte que la existencia de fallas
estructurales en el sistema penitenciario y carcelario no exonera de responsabilidad
a las entidades demandadas, quienes tenían la obligación de garantizar el derecho
a la dignidad humana los reclusos del Complejo Carcelario y Penitenciario
Metropolitano de Cúcuta.

De igual forma, la disminución del 16% en el índice de hacinamiento del Complejo
Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Cúcuta, con posterioridad a los hechos
objeto de la demanda, no desvirtúa la existencia de la falla del servicio. En efecto,
pese a la reducción del índice del hacinamiento para el año 2017, lo cierto es aquel
aún se mantenía en un nivel elevado e inaceptable del 49%, circunstancia que no
exonera de responsabilidad a las entidades demandadas por la omisión en
garantizar el derecho a la dignidad humana (hechos probados 8.1.10 y 8.1.16).

Según lo expuesto, se concluye que el daño alegado es imputable al INPEC y a la
USPEC a título de falla del servicio, al devenir de una actuación de la Administración
contraria a derecho.

9. Liquidación de perjuicios

En la demanda se solicitó condenar a las entidades demandas a pagar, por
concepto de afectación a bienes y derechos constitucional y convencionalmente
amparados, la suma de 100 SMLMV “para cada uno de los internos” del centro
penitenciario. Asimismo, el extremo activo solicitó condenar a las accionadas a
adoptar las siguientes medidas para mejorar las condiciones de reclusión del
Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Cúcuta:

“a. Destinar los dineros necesarios para la construcción de un nuevo pabellón en la
cárcel modelo de la ciudad de Cúcuta, en el cual puedan albergar a los internos que
sobrepasan la capacidad normal de la mencionada cárcel.

b. Realizar todas las labores encaminadas a proteger y garantizar las condiciones
mínimas de salubridad e higiene de los internos que se encuentran recluidos en la
cárcel modelo de la ciudad de Cúcuta.

c. Contratar más personal médico y más personal asistencial para atender con mayor
rapidez y eficacia a los internos que se encuentran recluidos en la cárcel modelo de
la ciudad de Cúcuta”.

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Demandante: Ronald Antonio Lindarte Pardo y otro

Por su parte, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander encontró acreditado
el perjuicio por la afectación relevante a bienes o derechos convencional y
constitucionalmente amparados. No obstante, el a quo se abstuvo de imponer
condena pecuniaria alguna contra el INPEC, al constatar lo siguiente:

“Al efecto, aunque dentro del sub examine se reúnen los elementos para la
declaratoria de responsabilidad del Estado producto de la vulneración de los derechos
constitucional y convencionalmente protegidos, con ocasión del agravio a la dignidad
humana de los internos de la Cárcel Modelo de Cúcuta, debe resaltar la Sala, que,
con ocasión de la declaratoria del Estado de Cosas Inconstitucional en el Sistema
Penitenciario y Carcelario del país producto de la situación de hacinamiento, mediante
Sentencia T-722 de 2015, la Corte Constitucional efectuó sendos requerimientos a
múltiples autoridades del sector legislativo, ejecutivo y judicial, con la finalidad de
orientar las medidas de protección de los derechos de las personas privadas de la
libertad […].

De lo anterior, la Sala considera que las órdenes impartidas por la Honorable Corte
Constitucional se constituyen como medidas aptas para que, de manera gradual y
progresiva, logre cesarse el hacinamiento penitenciario, las múltiples problemáticas
sociales que afligen a la población privada de la libertad y, por ende, el Estado de
Cosas Inconstitucional del Sistema Penitenciario y Carcelario. […]

En virtud de todo lo expuesto, la Sala acoge el criterio de la decisión antes citada,
declarándose responsable administrativamente al Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario - INPEC, no obstante se abstendrá de imponer condena alguna conforme
así lo dispusieran las altas Cortes al tiempo de estudiar la sentencia ya referenciada
(Sentencia T-722 de 2015)”. (se subraya)

La Sala confirmará esta decisión de no imponer una condena pecuniaria contra el
INPEC, toda vez que estuvo ajustada a derecho, no fue objeto de los recursos de
apelación y que no puede hacerse más gravosa la situación de la parte demandada
que obra como única apelante, en atención al principio de
la non reformatio in pejus148.

En efecto, la Sala comparte la decisión del Tribunal Administrativo de Norte de
Santander de abstenerse de ordenar al INPEC adoptar medidas para disminuir el
hacinamiento carcelario, toda vez que la Corte Constitucional, al declarar el estado
de cosas inconstitucional en materia carcelaria emitió órdenes dirigidas,
precisamente, a superar dicha problemática.

148 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencias de 30

de octubre de 2020, Rad.: 4354-18 y 22 de abril de 2021, Rad.: 1998-19.

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Radicado: 54001233300020150042401 (70451)
Demandante: Ronald Antonio Lindarte Pardo y otro

Justamente, en la sentencia T-388 de 2013, mediante la cual, se declaró la
existencia de un ECI en el Sistema Penitenciario y Carcelario colombiano, decisión
que posteriormente fue reiterada y desarrollada en la sentencia T-762 de 2015, el
juez constitucional impartió órdenes estructurales dirigidas, precisamente, a
garantizar condiciones dignas de reclusión, asegurar el suministro de los elementos
básicos para la satisfacción de las necesidades de la población privada de la
libertad, adoptar medidas orientadas a superar el hacinamiento y establecer
mecanismos de seguimiento para verificar el efectivo cumplimiento de tales
mandatos.

Si bien la jurisdicción de lo contencioso administrativo está facultada para adoptar
medidas de reparación integral dirigidas al restablecimiento de bienes e intereses
constitucional y convencionalmente protegidos, dicha potestad debe ejercerse de
manera armónica con las decisiones previamente adoptadas por otras autoridades
judiciales competentes, especialmente cuando estas han impartido órdenes
estructurales encaminadas a superar la misma situación de vulneración.

En ese contexto, reproducir en esta sentencia las mismas órdenes ya impartidas
por la Corte Constitucional no aporta un mecanismo adicional de protección del
derecho comprometido, ni incrementa la eficacia de las medidas de reparación
integral, sino que genera una innecesaria duplicidad de mandatos judiciales
respecto de obligaciones que ya se encuentran vigentes, son exigibles y están
sometidas a un esquema específico de seguimiento y verificación por parte del juez
constitucional.

En virtud de lo anterior, en la parte resolutiva de este proveído se modificará la
sentencia del 3 de agosto de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Norte
de Santander, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, en el
sentido de declarar la responsabilidad del INPEC y la USPEC.

10. Condena en costas

El artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 establece que, “[…] salvo en los procesos
en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en

70

Radicado: 54001233300020150042401 (70451)
Demandante: Ronald Antonio Lindarte Pardo y otro

costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil”.

Al punto, el artículo 365 del Código General del Proceso, vigente para el momento
en el que se interpuso la demanda, establece las siguientes reglas para proceder a
la condena en costas, a saber:

“1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o
revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este
código. […]. 2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación
que dio lugar a aquella. 3. En la providencia del superior que confirme en todas sus
partes la de primera instancia se condenará al recurrente en las costas de la
segunda. 4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del
inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias. 5.
En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de
condenar en costas o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de
su decisión […]. 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que
se causaron y en la medida de su comprobación”.

De conformidad con las normas anteriormente transcritas, en la parte resolutiva se
condenará en costas al INPEC y a la USPEC, por ser la parte vencida en el proceso.

La liquidación de las costas la hará de manera concentrada el a quo, en los términos
del artículo 366 del Código General del Proceso, tomando en consideración lo
dispuesto por el artículo 365.8 ejusdem, es decir, teniendo en cuenta para dicha
liquidación las expensas que aparezcan efectivamente probadas en el proceso.

En relación con las agencias en derecho149 en segunda instancia, se entienden
causadas debido a la naturaleza, calidad, la cuantía del proceso y la actuación
desplegada por la parte vencedora150.

En este sentido, se advierte que en segunda instancia la parte vencedora no
desplegó actuación alguna, en consecuencia, no habrá lugar al pago de agencias
en derecho a cargo del extremo activo.

149 Cfr. Art. 365 y ss. CGP.
150 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 5 de marzo de 2021. Rad.: 51034

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Radicado: 54001233300020150042401 (70451)
Demandante: Ronald Antonio Lindarte Pardo y otro

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 3 de agosto de 2023, proferida por el
Tribunal Administrativo de Norte de Santander, que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda, la cual quedará así:

“PRIMERO: Declarar administrativamente responsable al INPEC y a la USPEC por la
afectación al derecho fundamental a la dignidad humana de las personas privadas de
la libertad en el Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Cúcuta.

SEGUNDO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

TERCERO: CONDENAR en costas al INPEC y a la USPEC, las cuales serán
liquidadas de manera concentrada por el Tribunal a quo, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia y tomando en consideración lo
dispuesto en los artículos 365.8 y 366 del Código General del Proceso.

CUARTO: NEGAR las agencias en derecho por la segunda instancia”.

SEGUNDO: SE RECONOCE personería judicial a Jennyfer Jully Díaz Ramírez,
identificada con la cédula de ciudadanía No. 53.080.375 y portadora de la tarjeta
profesional No. 248.629 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, como
apoderada de la ANDJE, conforme al poder a esta otorgada151 y a lo dispuesto en
los artículos 75 del CGP y 5º de la Ley 2213 de 2022.

TERCERO: NO SE RECONOCE personería judicial a los abogados Ana Belén
Fonseca Oyuela, identificada con cédula de ciudadanía No. 39.536.090 y portadora
de la tarjeta profesional No. 78.248 del Consejo Superior de la Judicatura y Jesús
Fernando López González, identificado con cédula de ciudadanía No.
1.019.093.619 y portador de la tarjeta profesional No. 349.081 del Consejo Superior
de la Judicatura como apoderados principal y suplente, respectivamente, del
Ministerio de Justicia y del Derecho, comoquiera que no allegaron el manual de

151 Índice 54, Samai.

72

Radicado: 54001233300020150042401 (70451)
Demandante: Ronald Antonio Lindarte Pardo y otro

funciones de dicha entidad152, tal como fue requerido por el Despacho mediante
autos del 10 de abril153, 29 de mayo154 y 26 de julio de 2026155.

CUARTO: En firme esta providencia ENVÍESE el expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Magistrado Magistrada
Aclaración de voto

VF

152 Índice 62, Samai.
153 Índice 44, Samai.
154 Índice 51, Samai.
155 Índice 59, Samai.

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