Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 54001-23-33-000-2015-00489-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 54001-23-33-000-2015-00489-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 54001-23-33-000-2015-00489-01
Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto
13 de abril de 2023
Radicado: 54001-23-33-000-2015-00489-01 (26410)
Demandante: COMERCIAL NOVAPEL LTDA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Bogotá D.C., trece (13) de abril de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 54001-23-33-000-2015-00489-01 (26410)
Demandante: COMERCIAL NOVAPEL LTDA
Demandado: DIAN
Tema: Sanción por «no poderse aprehender mercancía» que no se pone a
disposición de la autoridad aduanera. Caducidad. Tipicidad de la
infracción. Valoración probatoria. Favorabilidad
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia del 18 de junio de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander, que negó las súplicas de la demanda, sin condenar en costas.
ANTECEDENTES
COMERCIAL NOVAPEL LTDA1, importó en el año 2011, las mercancías descritas en
las Declaraciones 07477400039319 del 27 de julio, 07771290019361 del 29 de julio y
07477280154538 del 01 de septiembre de ese año, bajo el régimen de importación
ordinaria y de manera anticipada, en los términos de la Resolución 7408 de 2010.
Por Resolución 010109 del 22 de septiembre de 2011, las subdirecciones de Gestión
de Fiscalización Tributaria y Aduanera ordenaron registrar establecimientos y oficinas
de la importadora en la ciudad de Cali, lo que tuvo lugar el 27 de septiembre de 2011,
junto con la inspección aduanera de fiscalización para aprehensión, reconocimiento y
avalúo de mercancías importadas (Acta de hechos 836), en las que se verificaron las
declaraciones y documentos de soporte de las mismas y se tomaron muestras de
dichas mercancías para determinar su composición y subpartida arancelaria2.
Tales diligencias se informaron a la División de Gestión de Fiscalización Aduanera de
la Dirección Seccional de Aduanas de Cali, quien solicitó apoyo técnico para analizar
la composición fisicoquímica de las muestras de mercancía tomadas, y trasladó a la
División de Gestión de Fiscalización de la Dirección Seccional de Aduanas de Cúcuta
los documentos recaudados, para iniciar la correspondiente acción de fiscalización3.
1
Expediente digital. Certificado de existencia y representación legal, fls. 44-46, c. de p.
2
Fls. 253 y sgts
3
https://etbcsjmy.sharepoint.com/:f:/g/personal/stectadminnstecd_cendoj_ramajudicial_gov_co/EqpD0Vu4z9tHi3BhhbSEud4B4Z
Ed370tRNNNDJI63-ci0g?e=q99Y8S
Fls. 219 y sgts
1
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Demandante: COMERCIAL NOVAPEL LTDA
Previa apertura de investigación por presunta infracción aduanera4 y con el apoyo
técnico de la Coordinación del Servicio de Arancel de la Subdirección de Gestión
Técnica Aduanera5, la División de Gestión de Operación Aduanera de la Dirección
Seccional de Aduanas de Cali concluyó que las declaraciones de importación
presentaban un error en la clasificación arancelaria de las mercancías importadas, en
tanto las mismas pertenecían a la subpartida arancelaria 3921.13.00.00.
Por Requerimiento Ordinario 0084 del 8 de julio de 2014, la Dirección Seccional de
Cúcuta solicitó a la importadora que pusiera a disposición las mercancías descritas en
las declaraciones de importación para fines de aprehensión, con fundamento en la
causal 1.6 del artículo 502 del Decreto 2685 de 1999, en el entendido de que no
correspondían a lo declarado y diferían en la subpartida arancelaria.
Previa apertura de expediente administrativo6 para tramitar procedimiento
sancionatorio respecto de dichas declaraciones de importación7, la División de
Gestión de Fiscalización de la citada dirección seccional expidió el Requerimiento
Especial Aduanero 04-50-00-163 del 12 de diciembre de 2014, que ordenó el archivo
definitivo de las diligencias adelantadas contra tales declaraciones y propuso
sancionar a la importadora con multa de $333.348.790, equivalente al 200% del valor
en aduana de la mercancía que no fue puesta a disposición de la autoridad aduanera,
de acuerdo con el artículo 503 del Decreto 2685 de 19998.
Por Resolución 0668-000329 del 18 de febrero de 20159, la División de Gestión de
Liquidación de la Dirección Seccional de Aduanas de Cúcuta impuso a la demandante
la sanción propuesta por el requerimiento especial10.
Tal decisión fue confirmada por la Subdirectora de Gestión de Recursos Jurídicos de
la Dirección de Gestión Jurídica de la DIAN, mediante Resolución 004964 del 28 de
mayo de 2015, en sede del recurso de reconsideración interpuesto11.
DEMANDA
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, Comercial
Novapel Ltda., solicitó la nulidad de las Resoluciones 668-000329 del 18 de febrero de
2015 y 004964 del 28 de mayo del mismo año. A título de restablecimiento del derecho
pidió que «se mantenga en firme la legalidad de la mercancía importada».
Estimó como normas violadas, las siguientes:
• Artículos 29 y 83 de la Constitución Política;
• Artículos 131, 231, 232 [1], 470 [par. 2], 478, 503 y 513 del Decreto 2685 de
1999;
• Artículos 3 [4, 5, 8, 10] y 42 de la Ley 1437 de 2011 y,
4
Expediente 2014201405250 del 14 de abril de 2014.
5
Oficio 100227342-0495 del 15 de junio de 2012
6
Expediente AA20142014-05250
7
Auto 01345250 del 5 de diciembre de 2014
8
Notificado el 16 de diciembre de 2014, según guía 3000200350496 de Inter rapidísimo
9
Notificada el 20 de febrero de 2015, según guía certificación 3000200529329
10
Fls. 159-170
11
Fls. 145 a 157
2
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• Artículo 176 del Código General del Proceso12.
Sobre el concepto de violación expuso, en síntesis, lo siguiente:
Los tres años para sancionar a la importadora por conductas verificadas en la diligencia
de registro practicada en su sede de Cali, comenzaron a correr desde la visita del 27
de septiembre de 2011 y vencieron el 27 de septiembre de 2014; no obstante, el
requerimiento especial aduanero, que pidió poner a disposición las mercancías por
errores en la clasificación arancelaria, se notificó el 15 de diciembre de ese año.
Dicho requerimiento debió expedirse desde la práctica de la diligencia de registro o
dentro de los tres años siguientes a la aceptación de las declaraciones de importación,
a lo cual se suma que el requerimiento ordinario del 8 de julio de 2014, no puede revivir
términos de una acción que caducó por la inacción del Estado.
La aplicación del artículo 503 del EA requiere estar incurso en causal de aprehensión;
si la mercancía es objeto de toma de muestras durante control posterior y si por análisis
merceológico realizado luego del levante se establece que no fueron declaradas, debe
procederse a la legalización de la misma con el pago del rescate a que haya lugar.
El análisis merceológico, sustento de la cadena de custodia de las pruebas por tres
años, no fue puesto de presente al importador a pesar de que éste lo solicitó y el
requerimiento especial aduanero tampoco lo hizo pero, al responder dicho acto se
advirtió la inexistencia de causales de aprehensión, porque en la diligencia de registro
quedó constancia de la efectiva declaración de la mercancía que autorizó
implícitamente su consumo, lejos de pensarse que años después la Administración
pidiera ponerla a disposición para aprehenderla, con fundamento en la clasificación
arancelaria emitida por la División de Arancel.
La demandada no tuvo en cuenta la normativa sobre «ampliación de márgenes» para
establecer si las mercancías estaban o no declaradas, ni el concepto de «mercancía
diferente» para determinar si las mismas no estaban amparadas. Uno y otro daban
cuenta de que la composición de la mercancía no cambió su naturaleza ni era
diferente, independientemente de las inexactitudes en los reportes de clasificación
arancelaria por deficiencias en las muestras tomadas de mercancía y el uso de otras
palabras u orden al momento de declarar, aspectos que no se tuvieron en cuenta para
que la demandada aplicara el principio de favorabilidad.
No existe causa eficiente para ordenar una nueva puesta a disposición de mercancías
después de tres años de haberlas declarado, so pretexto de existir una causal de
aprehensión fundamentada en un extraño análisis sobre diferencias de gramaje en la
mercancía importada y/o en los porcentajes de composición, no obstante que la
Resolución 388 de 2008 del Ministerio de Comercio Exterior no los exigía para la
descripción mínima de la misma.
Esa puesta a disposición pasa por alto el «Acta de hechos 836 del 27 de septiembre de 2011»,
según la cual el importador demostró la introducción legal de la mercancía al territorio
aduanero nacional con la presentación de los documentos soporte de dicha operación,
y que los funcionarios de la DIAN hicieron un análisis integral sin aprehender la
12
Índice 2 Samai, 1_ED_DEMANDA_001DEMANDA201500( .PDF) NroActua 2, P. 19
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mercancía, concluyendo que las declaraciones de importación amparaban mercancía
física en bodega. Por lo anterior, la DIAN violó las normas de rescate y mercancía no
declarada, pues después de obtenidos los resultados del laboratorio tenía que requerir
a la demandante para presentar las declaraciones de legalización sin pago de rescate,
con el fin de corregir los errores de la descripción.
La mercancía ingresó al país por un lugar habilitado, se declaró anticipadamente, fue
objeto de levante, se presentó ante la autoridad aduanera con el pago de los tributos
aduaneros antes de salir de puerto, y se puso a disposición de la DIAN en zona
secundaria, quien dio fe de que correspondía con lo declarado.
La demandada no entregó a la sociedad los apoyos técnicos y/o pruebas que
demeritaron la coincidencia entre las mercancías importadas y su descripción,
impidiendo el derecho de contradicción. Si bien las diferencias advertidas sobre la
clasificación arancelaria implican una mayor tributación que es objeto de fiscalización,
no configura una causal de aprehensión.
El acta de la diligencia de registro no se trasladó a la demandante y en la actuación
administrativa no se permitió practicar pruebas contrastables con las ya existentes
sobre muestras de las mercancías verificadas en 2011, ni se valoró el estudio
merceológico practicado por una experta en el tema y aportado a la actuación, según
el cual, la mercancía estaba debidamente descrita y clasificada.
La DIAN inició actuaciones de seguimiento y control contra la demandante para
determinar la introducción legal de las mercancías al país, que sirven de materia prima
para la fabricación de calzado y bolsos, sin permitirle acceder a los apoyos técnicos
que dicha entidad dijo haber recibido de laboratorios de Cali y Bogotá, ni cotejarlos con
las muestras practicadas a 27 productos analizados en la diligencia de registro en la
que la autoridad aduanera admitió un 92% de mercancías perfectamente declaradas,
y un 8% de diferencias entre las descripciones declaradas y las indicadas en el apoyo
técnico, correspondiente a dos declaraciones sobre las que presumió mala fe.
A pesar de que la resolución de registro provino de la subdirección de fiscalización de
la DIAN, para ejecutarse en las Direcciones Seccionales de Cali, Barranquilla y Cúcuta,
cada una de éstas tuvo sus propios apoyos con diferentes resultados, pues para un
mismo producto fueron discordantes e indujeron a error al importador quien soportó
variados criterios, así como el peso de tener que demostrar la realización de sus
importaciones en forma ajustada a derecho y la presunción de mala fe con la que
actúan los funcionarios aprehensores frente a mercancías descritas de la misma
manera, aunque con palabras sinónimas.
Esas diferencias conllevaron la doble imposición de sanción respecto de una misma
mercancía, con violación al debido proceso y al principio de coordinación, en cuanto la
sanción demandada se aplicó respecto de mercancías decomisadas en 2011.
Los funcionarios de la División de Gestión de Fiscalización desconocieron las pruebas
practicadas por funcionarios de control y aprehensión, que verificaron la mercancía y
las respectivas declaraciones anticipadas de importación. Bajo el enfoque del error de
transcripción derivado de un análisis fisicoquímico superficial sobre muestras
manipuladas, carentes de los registros de la cadena de custodia, la DIAN se opuso a
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sus propios actos, pretendiendo que la mercancía se pusiera una vez más a su
disposición para aprehensión y decomiso, omitiendo la valoración de pruebas bajo las
reglas de la sana critica, para basar su decisión en un oficio sin detalle respecto de
muestras mal rotuladas. Si los elementos de la descripción de mercancía no coincidían
con la clasificación arancelaria aplicable, lo procedente era formular liquidación oficial
de corrección por error en la subpartida declarada.
Los actos acusados son producto de una extralimitación de funciones que condujo a
sostener, sin motivación, que la mercancía no estaba amparada, sin analizar las
pruebas existentes, con contradicciones internas y conceptos sesgados, para
sancionar al importador con multa por una supuesta causal de aprehensión, en lugar
de ejercer el poder sancionador a través de la liquidación oficial mencionada.
La fiscalización a mercancías de procedencia extranjera no busca neutralizar errores
o diferencias terminológicas con los apoyos técnicos de la DIAN, ni propiciar la
aprehensión de la mercancía declarada por errores de descripción después de cuatro
años de haberse inspeccionado, porque ello implica desconocer parámetros de la ley
de aduanas, relativos a, que la mercancía estaba amparada en declaraciones de
importación, los tributos aduaneros exigibles se pagaron, no hubo contrabando o
conductas fraudulentas que debieran neutralizarse, con la aprehensión no se
neutralizaba lavado de activos porque el control realizado era aduanero y no cambiario,
ni existieron riesgos ambientales o a la salud o a la proliferación de armas de
destrucción masiva; y tampoco se garantizaba la seguridad en fronteras, pues la
mercancía ingresó por el Puerto de Barranquilla.
CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
La DIAN se opuso a las pretensiones de la demanda13, con fundamento en lo siguiente:
La sanción discutida se impuso con alcance subsidiario, porque la importadora no puso
la mercancía solicitada a disposición de la autoridad aduanera y resultaba imposible
aplicar las medidas de aprehensión y decomiso.
La decisión se basó en diferentes pruebas, que incluyen la respuesta a la consulta
elevada a la subdirección de gestión técnica aduanera sobre clasificación arancelaria
de la mercancía y los resultados del análisis físico químico hecho conforme a las
normas aduaneras vigentes, que permitían establecer la clase de mercancía
importada, según su composición, advirtiendo diferencias con la subpartida declarada
para la misma. Lo relevante eran esas diferencias y no las actividades de los
funcionarios que analizaron la documentación recaudada en el registro realizado.
En la diligencia de control no se practicaron pruebas para determinar la clase de
mercancía importada y su puesta a disposición solo se pidió con el requerimiento
ordinario porque antes del mismo no se había establecido que era una mercancía
diferente, lo cual se concluyó con el análisis técnico de la mercancía. En la diligencia
de inspección sólo se tomaron muestras para enviarlas al laboratorio.
13
Índice 2, 12_ED_CONTESTACI_012CONTESTACI ONDE(.PDF) NroActua 2
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La sanción se impuso a la sociedad por incurrir en una causal de aprehensión y no
poner a disposición la mercancía requerida; el término de caducidad se analiza
respecto de la acción y no de la sanción, sin que hubiere operado la prescripción de
la facultad sancionatoria, pues los tres años para proferir el requerimiento especial
aduanero se contaban desde el momento en que debió poner a disposición la
mercancía, según el requerimiento ordinario del 8 de julio de 2014. Los términos de
firmeza de las declaraciones de importación se consideran para expedir liquidaciones
oficiales por errores en las declaraciones de importación y no para los procedimientos
que versan sobre causales de aprehensión
La nacionalización de mercancías implica la satisfacción plena de los requisitos
establecidos en la legislación aduanera. La indebida clasificación arancelaria implica
que la mercancía presentada no corresponde con la declarada y configura la causal
de aprehensión prevista en el numeral 1.6 del artículo 502 del Decreto 2685 de 1999.
La no aprehensión de la mercancía por funcionarios delegados en la diligencia de
registro y control que permitió su ingreso al territorio aduanero nacional no extingue el
requisito de la correcta clasificación arancelaria; se advirtió al importador que la
mercancía que quedaba a libre disposición estaba sujeta a análisis de composición
físico químico por parte de la autoridad aduanera.
Los actos acusados se profirieron bajo el procedimiento establecido en los artículos
507 a 520 del Decreto 2685 de 1999, y los cuestionamientos de la demandante sobre
la valoración de la DIAN del acervo probatorio no son idóneos para cuestionar su
legalidad. La sanción se aplicó conforme a la ley, respecto de los responsables de los
hechos en esta descritos, a la luz del principio de tipicidad y cumple los presupuestos
del artículo 503 ib., pues la mercancía declarada estaba incursa en causal de
aprehensión por no corresponder con la analizada por la autoridad competente, y no
pudo aprehenderse, pues la declarante no la puso a disposición de la Administración.
El incumplimiento de la obligación supone negligencia del obligado y la carga de la
prueba de la Administración recae en la ocurrencia de la infracción aduanera y el
incumplimiento de los requisitos de ley. Al no haberse subsanado la situación irregular
de la mercancía, detectada en ejercicio de las facultades de investigación y control
posterior, la autoridad aduanera podía disponer su aprehensión y decomiso en
cualquier tiempo, comenzando por solicitar su puesta a disposición.
TRÁMITES DE PRIMERA INSTANCIA
El 2 de mayo de 2017 el Tribunal Administrativo de Norte de Santander celebró la
audiencia inicial de que trata el artículo 180 del CPACA, concretando la fijación del
litigio en determinar si los actos demandados se ajustan a derecho o transgreden las
normas que se invocan como violadas. Asimismo decretó las pruebas documentales
anexadas a la demanda y a la contestación y corrió traslado a las partes para alegar
de conclusión14.
14
Acta de Audiencia Inicial del 2 de mayo de 2017, índice 2, 16_ED_ACTAAUDIE_016ACTAAUDIENC IA(.PDF) NroActua 2
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SENTENCIA APELADA
El Tribunal Administrativo de Norte de Santander negó las pretensiones de la
demanda, sin condenar en costas15, por lo siguiente:
La DIAN puede adelantar los procedimientos y controles necesarios para asegurar el
cumplimiento efectivo de las normas aduaneras, en torno al desarrollo de operaciones
de comercio exterior, o mediante fiscalización posterior para verificar la introducción y
permanencia legal de mercancías y bienes en el territorio aduanero nacional o la
ocurrencia de conductas infractoras del régimen aduanero, dentro del término de
caducidad previsto para el efecto, que no opera frente a medidas de aprehensión y
decomiso de las mercancías.
Aceptada la declaración de importación y realizado el pago de tributos aduaneros, la
DIAN puede autorizar el levante automático de la mercancía, la inspección documental
o la inspección física de la misma.
El término de firmeza de la declaración de importación limita la potestad sancionadora
cuando se advierte la comisión de infracciones aduaneras, pero no la facultad de
verificación y control sobre la legal introducción y permanencia de mercancía en el
territorio aduanero nacional.
La actuación sancionatoria por no poner a disposición la mercancía importada caducó
el 8 de julio de 2017, tres años después de expedirse el requerimiento ordinario que
solicitó dicha puesta a disposición. Dicha omisión configura el supuesto jurídico de la
sanción enjuiciada, impuesta en el término de caducidad de la facultad sancionatoria.
La demandante conoció el resultado de las pruebas físico químicas practicadas a las
muestras tomadas en la diligencia de registro del 27 de septiembre de 2011, porque
la DIAN le permitió acceder al expediente en el que obraba el resultado de las mismas,
al cual pudo referirse en las objeciones al requerimiento especial aduanero.
El artículo 231 del Decreto 2685 de 1999, regula una situación distinta a la ocurrida
con las mercancías de la demandante, por cuenta de las facultades de control
posterior autorizadas a la DIAN, y en virtud de las cuales se practicó la diligencia de
registro, en la cual se detectó un error en la sub partida arancelaria de las mercancías
importadas, con base en el análisis de composición físico químico de las mismas,
independientemente de que entre los documentos soporte de las declaraciones de
importación no se hubieran advertido tales inconsistencias.
La actuación de los funcionarios que practicaron dicha diligencia se circunscribió a la
confrontación de los documentos soporte de las declaraciones de importación con los
bienes introducidos al país, labor diferente a la desarrollada posteriormente por la
Administración en la prueba pericial decretada en la diligencia, cuya practica conoció
la demandante.
Las pruebas de la demandante no demuestran que la variación en la sub partida
arancelaria ocurriera por el uso de sinónimos, para los términos utilizados por la
15
Índice 2, 22_ED_SENTENCIA_024SENTENCIAPR IME(.PDF) NroActua 2
Fls. 561 a 593, c. p. 1
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Resolución 0388 de 2008 del Ministerio de Comercio Exterior, y en el expediente no
reposa ninguna resolución que ordenara el decomiso de mercancías del que la actora
predica la doble imposición de la sanción. Tampoco se acreditó falta de análisis del
acervo probatorio al momento de imponerse la sanción demandada, ni indebida
rotulación de las muestras de la mercancía importada o error en la conclusión de que
ésta no se encontraba amparada, y no se agotó la carga de demostrar la vulneración
de la cadena de custodia de la operación de comercio exterior.
RECURSO DE APELACIÓN
La parte demandante apeló la sentencia16. Al efecto, reiteró los argumentos de la
demanda en cuanto a que:
El término de firmeza de la declaración de importación se interrumpe con la
notificación del requerimiento especial aduanero, que ocurrió el 15 de diciembre de
2014, cuando estaban en firme; además, se dio después de tres años de la visita en
la que se conocieron las condiciones de las importaciones y la aceptación de sus
respectivas declaraciones. Ese periodo trienal no se cuenta desde el requerimiento
ordinario como lo sugiere la Administración.
No se tipifica la infracción, y la causal de aprehensión, fundamentada en diferencias
en el gramaje y/o en los porcentajes de composición de la mercancía importada, no
constituye causa eficiente para que la DIAN ordenara que tal mercancía se pusiera a
su disposición, después de tres años de haberse declarado y de que las materias
primas fueran consumidas, lo que hace imposible la contradicción de los documentos
considerados para expedir los actos demandados, incluyendo los apoyos técnicos y
análisis de los que no se le corrió traslado, lo cual conlleva la violación de los derechos
de defensa y contradicción. Se deben valorar las pruebas practicadas en septiembre
de 2011, para ordenar el decomiso.
NOVAPEL siguió los conductos legales para importar pieles, pagó los tributos exigidos
al momento de la nacionalización de mercancías y atendió las visitas realizadas en el
año 2011, permitiendo la toma de muestras de las mercancías importadas. La violación
de los artículos 231 y 232-1 del EA es objeto de estudio, porque si bien la demandante
podía optar por el rescate de mercancías no amparadas, presentando declaración de
legalización y cancelando los tributos aduaneros y gastos de almacenamiento que se
hubieren causado, al analizar integralmente la mercancía la DIAN pudo cerciorarse de
que las declaraciones investigadas no amparaban mercancías diferentes a las
inspeccionadas en las visitas de inspección, para control y verificación.
El acto confirmatorio de la resolución sanción se profirió en vigencia del Decreto 993
del 15 de mayo del 2015, que definió el término «mercancía diferente» y los márgenes
para establecer cuándo no está amparada la mercancía. Como esa norma eliminó la
sanción del 200 % para las mercancías objeto de toma de muestras durante un control
simultaneo o posterior, se debe aplicar favorabilidad y revocar la sanción.
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Índice 2 23_ED_MEMORIALR_025RECURSODEAP EL(.PDF) NroActua 2
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TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
Admitido el recurso de apelación17 y estando en la etapa prevista por los numerales 4
a 6 del artículo 247 del CPACA, la DIAN solicitó desestimar los argumentos de
apelación, confirmar la sentencia de primera instancia y condenar en costas a la
demandante18, porque la resolución sanción se profirió a la luz del ordenamiento
jurídico aduanero y se notificó en debida forma, permitiendo que la demandante
interpusiera los recursos de ley.
Reiteró que el cómputo del término de caducidad de la potestad sancionatoria en
materia aduanera inicia cuando la DIAN conoce el hecho sanable; que la infracción
sancionada se tipificó y gozó de causa eficiente, porque mercancías no amparadas en
declaraciones de importación no fueron puestas a disposición de la autoridad
aduanera, frente a esa falta de amparo de mercancías por diferencias con las muestras
analizadas, la importadora pudo obtener su legalización pagando el rescate
correspondiente, que el principio de favorabilidad exige dicha legalización, y que la
demandante conoció y controvirtió las pruebas incorporadas a la actuación.
El Ministerio Público no intervino.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Se discute la legalidad de las resoluciones que sancionaron a la demandante con multa
equivalente al 200 % del valor en aduana de las mercancías que no puso a disposición
de la Dirección Seccional de Cúcuta para efectos de aprehensión19.
En términos del recurso de apelación interpuesto por la demandante, como apelante
única, corresponde analizar: i) la caducidad de la potestad sancionatoria aduanera en
la actuación enjuiciada, de cara a la firmeza de las declaraciones de importación que
introdujeron las mercancías cuestionadas al territorio aduanero nacional; ii) la
tipificación de la falta sancionada en el marco legal y probatorio aplicable y, iii) si opera
el principio de favorabilidad en la sanción impuesta.
Caducidad de la potestad administrativa sancionatoria en materia aduanera
El artículo 478 del Decreto 2685 de 199920, establece que la acción administrativa
sancionatoria caduca en el término de tres años contados a partir de la comisión del
hecho u omisión constitutivo de infracción administrativa aduanera, salvo cuando ese
momento no se pueda establecer, en cuyo caso se toma la fecha en que las
autoridades aduaneras conocen del mismo. Y precisa que, tratándose de hechos con
ejecución sucesiva o permanente, el inicio del término corresponde al momento en que
ocurre el último hecho u omisión.
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Índice 4 Samai
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Índice 11 Samai
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Índice 11 Samai
20
“La acción administrativa sancionatoria prevista en este Decreto, caduca en el término de tres (3) años contados a partir de la
comisión del hecho u omisión constitutivo de infracción administrativa aduanera. Cuando no fuere posible determinar la fecha de
ocurrencia del hecho, se tomará como tal la fecha en que las autoridades aduaneras hubieren tenido conocimiento del mismo.
Cuando se trate de hechos de ejecución sucesiva o permanente, el término de caducidad se contará a partir de la ocurrencia del
último hecho u omisión. La acción administrativa sancionatoria prevista en el artículo 482-1 del presente Decreto caduca en el
término de tres años contados a partir del vencimiento del plazo de la importación temporal señalado en la declaración.”
9
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Por su parte, el artículo 131 ib, dispone la firmeza de la declaración de importación
después de tres años de haberse presentado o aceptado, salvo cuando se notifica
requerimiento especial y, en caso de que dicha declaración se haya corregido o
modificado, el término de firmeza se cuenta desde la fecha de presentación y
aceptación de la declaración de corrección o de la modificación de la declaración21.
A la luz del Estatuto Aduanero, la potestad administrativa sancionatoria puede
ejercerse por resolución independiente, o dentro de los procesos de determinación
oficial. Sobre el conteo del término de caducidad en uno y otro caso, la Sala ha dicho
que «el término de caducidad de tres años con que cuenta la administración para imponer sanciones
en materia aduanera bajo el régimen dispuesto en el Decreto 2685 de 1999 corre de manera
independiente al término de firmeza de las declaraciones aduaneras», y «la potestad sancionatoria
solo se entiende plenamente ejercida por la administración con el acto oficial que la impone, por
lo que el término de caducidad para su imposición corre a partir del momento de la comisión del hecho,
y se interrumpe con la notificación de la liquidación oficial de revisión de valor, cuando se impone en
ese acto»22.
Ahora bien, la sanción discutida fue impuesta por resolución independiente con
fundamento en el artículo 503 del EA23, equivalente al 200 % del valor en aduana de
la mercancía que no se puede aprehender por «haber sido consumida, destruida,
transformada o porque no se haya puesto a disposición de la autoridad aduanera», sin perjuicio
de la situación irregular en la que se encuentra la mercancía y, por tanto, de la facultad
de la autoridad aduanera para disponer en cualquier tiempo su aprehensión y
decomiso.
Frente a las sanciones previstas en el artículo 503 ib, a partir de una de las causales
de aprehensión de mercancía enumeradas en el artículo 502 ib, esta Corporación ha
sostenido que el inicio del conteo del término establecido en el artículo 478 ejusdem se
da al momento de identificarse la causal24 constitutiva de la infracción aduanera que
concreta la irregularidad sancionable.
21
“La Declaración de Importación quedará en firme transcurridos tres (3) años contados a partir de la fecha de su presentación y
aceptación, salvo que se haya notificado Requerimiento Especial Aduanero. Cuando se ha corregido o modificado la Declaración
de Importación inicial, el término previsto en el inciso anterior se contará a partir de la fecha de presentación y aceptación de la
Declaración de Corrección o de la modificación de la Declaración.”
22
Sentencia del 27 de octubre de 2022, Exp. 25552, CP. Milton Chaves García, citada en sentencias de la misma fecha, exps.
23563, 25874 y 23546, CP. Stella Jeannette Carvajal Basto. Dicha sentencia rectificó el criterio inicial de la Sentencia del 22 de
octubre de 2020, exp. 22059, CP. Milton Chaves García, según el cual el término de caducidad para el ejercicio de la potestad
sancionadora no podía computarse de manera independiente al término de firmeza de las declaraciones de importación, porque
éste último era el límite temporal para la modificación del valor en aduanas de las mercancías, y para la imposición de sanciones
mediante liquidación oficial. En su lugar, retomó la postura de la sentencia del 29 de septiembre de 2011, exp. 17970, C.P. Martha
Teresa Briceño de Valencia, según la cual cuando la sanción se imponee en una liquidación oficial, el término de caducidad solo
se interrumpe con la notificación de esta última, y no con la expedición del requerimiento especial, para así sostener que el término
para ejercer la potestad sancionatoria no se encontraba condicionado por el artículo 478 del EA, dada la diferenciación entre el
acto sancionatorio en sentido estricto y el acto modificatorio de las obligaciones aduaneras.
23
“Cuando no sea posible aprehender la mercancía por haber sido consumida, destruida, transformada o porque no se haya
puesto a disposición de la autoridad aduanera, procederá la aplicación de una sanción equivalente al doscientos por ciento (200%)
del valor en aduana de la misma, que se impondrá al importador o declarante, según sea el caso. También se podrá imponer la
sanción prevista en el inciso anterior, al propietario, tenedor o poseedor, o a quien se haya beneficiado de la operación, o a quien
tuvo derecho o disposición sobre las mercancías, o a quien de alguna manera intervino en dicha operación, salvo que se trate de
un adquirente con factura de compraventa de los bienes expedida con todos los requisitos legales. Si se trata de un comerciante,
la operación deberá estar debidamente registrada en su contabilidad. En aquellos casos en que no se cuente con elementos
suficientes para determinar el valor en aduana de la mercancía que no se haya podido aprehender, para el cálculo de la sanción
mencionada se tomará como base el valor comercial, disminuido en el monto de los elementos extraños al valor en aduana, tales
como el porcentaje de los tributos aduaneros que correspondan a dicha clase de mercancía. La imposición de la sanción prevista
en este artículo no subsana la situación irregular en que se encuentre la mercancía, y en consecuencia, la autoridad aduanera
podrá disponer en cualquier tiempo su aprehensión y decomiso.”
24
Consejo de Estado, Sección Primera, Sentencia del 6 de noviembre de 2020, exp. 13001-33-31-004-2012-00238-01C. P. Dr.
Roberto Augusto Serrato Valdés,
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Para la Sala, la omisión de «no ponerse a disposición de la autoridad aduanera la mercancía
solicitada», sancionada por los actos acusados, se configuraba a partir del momento en
que vencía el término otorgado por el Requerimiento Ordinario 0084 del 8 de julio de
201425, para que la importadora pusiera las mercancías descritas en las Declaraciones
de Importación 07477280154538 del 1 de septiembre de 2011, 07771290019361 del
29 de julio de 2011 y 07477400039319 del 27 de julio de 2011, a disposición de la
División de Gestión de Fiscalización de la Dirección Seccional de Aduanas de Cúcuta,
para fines de aprehensión por la causal de «no corresponder con la descripción declarada»,
prevista en el numeral 1.6 del artículo 502 del EA26.
Según los ordinales primero y segundo del requerimiento señalado, dicho término era
de 15 días calendario contados desde la notificación del mismo, realizada el 8 de julio
de 2014, fecha del sello postal que figura en la página 8 de aquél. Sin embargo, el 22
de julio siguiente, previa petición de copias del 14 de julio, la importadora solicitó
ampliación de términos para responder el requerimiento ordinario, porque la mercancía
solicitada estaba distribuida en 7 bodegas a nivel nacional y se estaba inventariando.
En respuesta del 25 de julio de 2014, la Dirección Seccional de Aduanas de Cúcuta
indicó que el artículo 261 de la Ley 223 de 1995, establece un plazo de 15 días para
responder los requerimientos ordinarios o solicitudes de información, y aceptó
extender el conferido para la entrega de la mercancía, hasta el 15 de agosto de 2014,
fecha en la que la importadora respondió el requerimiento ordinario solicitando que se
archivara la investigación en trámite y que se desistiera de la solicitud de colocar a
disposición las mercancías, por varias razones sustanciales27.
El 5 de diciembre del mismo año se abrió expediente administrativo para determinar la
posible comisión de la falta sancionable, y el 12 de diciembre de 2014, se expidió el
Requerimiento Especial Aduanero que propuso imponer la sanción establecida en el
artículo 503 del EA, notificando tal propuesta el 16 de diciembre de 2014, según
certificado de entrega de la empresa de mensajería Inter Rapidísimo28.
Por lo anterior no se configura la caducidad de la facultad sancionatoria ejercida en la
Resolución 0668-000329 del 18 de febrero de 2015, e interrumpida con la notificación
de dicho acto, el 20 de febrero siguiente, según certificación 3000200529329 de la
empresa Inter Rapidísimo, porque en esa fecha aún transcurrían los tres años
conferidos por el artículo 478 del EA para sancionar infracciones aduaneras como la
ocurrida en el año 2014, cuando la actora omitió poner la mercancía solicitada por el
requerimiento ordinario del 8 de julio de ese año, a disposición de la Administración
dentro del término conferido para hacerlo.
Dicha irregularidad es autónoma de la investigación dispuesta por el Auto de Apertura
Preliminar 78-2012 del 13 de agosto de 2012, expedido por la misma Dirección
25
Fls. 6-13, c.a.
26
“CAUSALES DE APREHENSIÓN Y DECOMISO DE MERCANCÍAS. Dará lugar a la aprehensión y decomiso de mercancías la
ocurrencia de cualquiera de los siguientes eventos:
1. En el régimen de importación (…)
1.6. Cuando la mercancía no se encuentre amparada en una Planilla de Envío, Factura de Nacionalización o Declaración de
Importación, o no corresponda con la descripción declarada, o se encuentre una cantidad superior a la señalada en la
Declaración de Importación, o se haya incurrido en errores u omisiones en su descripción, salvo que estos últimos se hayan
subsanado en la forma prevista en los numerales 4 y 7 del artículo 128 y en los parágrafos primero y segundo del artículo 231 del
presente decreto, en cuyo caso no habrá lugar a la aprehensión.
27
Fls. 470 y sgts, c. de p.
28
Fl. 10 antecedentes
11
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Seccional «para determinar la ocurrencia de posibles infracciones administrativas aduaneras y dentro
de ellas ordenar y practicar todas las diligencias y pruebas pertinentes, conducentes y necesarias para
esclarecer los hechos materia de investigación», en consideración a los informes respecto de
la diligencia de registro practicada y remitidos por la División de Fiscalización de la
Dirección Seccional de Aduanas de Cali a la División de Gestión de Fiscalización de
la Dirección Seccional de Aduanas de Cúcuta, para efecto de la competencia
sancionatoria que le asistía en el domicilio del presunto infractor (Cúcuta)29.
A la luz de las previsiones legales de los artículos 232-1 del EA, vigente para la época
de los hechos30, sobre mercancía no declarada a la autoridad aduanera, y 1.6 del
artículo 502 ib31, sobre causales de aprehensión, la Dirección Seccional de Cúcuta
estaba legitimada para disponer las medidas o diligencias dirigidas a esclarecer los
hechos materia de la «investigación sancionatoria», independientemente de los
relacionados con la situación jurídica de las mercancías importadas, derivadas de la
diligencia de registro y la visita de inspección aduanera de fiscalización realizadas el
27 de septiembre de 2011 «dentro del procedimiento de aprehensión, reconocimiento y avalúo de
mercancías», con incidencia directa en la clasificación arancelaria de las mismas, a partir
de un análisis físico químico de composición, que dista de la descripción hecha en las
declaraciones de importación 07477280154538 del 1 de septiembre de 2011,
07771290019361 del 29 de julio de 2011 y 07477400039319 del 27 de julio de 2011.
Dada la autonomía de la investigación sancionatoria adelantada por la Dirección
Seccional de Cúcuta, los ordinales primero (último párrafo) y segundo del Requerimiento
Ordinario 0084 del 8 de julio de 2014, previnieron expresamente a la importadora sobre
la imposición de la sanción equivalente al 200 % del valor en aduana de la mercancía,
establecida en el artículo 503 del Decreto 2685 de 1999, en caso de que venciera el
término otorgado por el requerimiento y la mercancía no se hubiere puesto a
disposición de la autoridad aduanera. No procede el cargo de apelación.
Causa de la sanción impuesta – Tipicidad de la infracción sancionada
Aduce la apelante que la sanción impuesta carece de causa eficiente, porque la orden
de poner las mercancías a disposición por causales de aprehensión fundamentadas
en la composición de aquéllas, se dictó luego de tres años de haberlas importado, al
término de los cuales no podía controvertir las pruebas en las que se fundamentaron
29
Oficio 188238211-4041 del 13 de octubre de 2011
30
Es decir, con la adición del Decreto 1232 de 2001 y antes de la modificación introducida por el artículo 8 del Decreto 993 de
2015.“Se entenderá que la mercancía no ha sido declarada a la autoridad aduanera cuando: a) No se encuentre amparada por
una Declaración de Importación; b) No corresponda con la descripción declarada; c) En la Declaración de Importación se haya
incurrido en errores u omisiones en la descripción de la mercancía, o d) La cantidad encontrada sea superior a la señalada en la
Declaración de Importación.
Sin perjuicio de lo establecido en los numerales 4 y 7 del artículo 128 del presente decreto, siempre que se configure cualquiera
de los eventos señalados en el presente artículo, procederá la aprehensión y decomiso de las mercancías. Cuando la cantidad
encontrada sea superior a la señalada en la declaración, la aprehensión procederá sólo respecto de las mercancías encontradas
en exceso.
Sin perjuicio de lo previsto en los literales b) y c) del presente artículo, cuando habiéndose incurrido en errores u omisiones en la
descripción de la mercancía en la Declaración de Importación, la autoridad aduanera pueda establecer, con fundamento en el
análisis integral de la información consignada en la Declaración de Importación y en los documentos soporte de la misma, que la
mercancía corresponde a la inicialmente declarada, y los errores u omisiones no conlleven que la Declaración de Importación
pueda amparar mercancías diferentes, no habrá lugar a su aprehensión, pudiéndose subsanar los errores u omisiones a través
de la presentación de una Declaración de Legalización sin el pago de rescate”.
31
Modificado por el artículo 6 del Decreto 1446 de 2011. “Cuando la mercancía no se encuentre amparada en una planilla de
envío, factura de nacionalización o declaración de importación, o no corresponda con la descripción declarada, o se encuentre
una cantidad superior a la declarada, o se haya incurrido en errores u omisiones en su descripción, que impidan la identificación
o individualización de la misma, o no se pueda establecer su correspondencia con la inicialmente declarada, salvo que estos
errores u omisiones se hayan subsanado en la forma prevista en el numeral 4 del artículo 128 y en los parágrafos 1o y 2o del
artículo 231 del presente decreto, en cuyo caso no habrá lugar a la aprehensión.”
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los actos demandados. Reclama una nueva valoración de las pruebas practicadas en
septiembre de 2011, destacando la colaboración que prestó para la toma de muestras
de las mercancías en las visitas que atendió durante ese año con fines de registro e
inspección, así como el pago de tributos aduaneros al momento de nacionalizarlas.
Para resolver, se observa:
La potestad sancionadora manifiesta el ius puniendi del Estado, a través de medidas
coercitivas por parte de las autoridades administrativas dirigidas a preservar y/o
restaurar el ordenamiento jurídico32 y adoptadas en el marco de principios
constitucionales garantes del debido proceso aplicable a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas, entre ellos, el de tipicidad o taxatividad que, en genuina
expresión del de legalidad, asigna la descripción clara, completa e inequívoca de los
hechos punibles e infracciones administrativas al legislador.
Por cuenta de dicho principio, las normas que establecen sanciones deben ser
precisas en cuanto a los elementos esenciales del tipo infractor, describiendo con
exactitud la conducta sancionada, para así contar con criterios reguladores en la
valoración normativa de la falta (grado de culpabilidad del agente; gravedad o levedad de su
conducta, y graduación de la respectiva sanción según la intensidad del comportamiento) , los montos
máximos y mínimos de la sanción y los criterios de proporcionalidad para imponerla;
sin lugar a descripciones vagas e indefinidas que sujeten la efectividad de la aquélla
a decisiones arbitrarias de la autoridad administrativa sancionadora33.
En el caso concreto, la Resolución 0668-000329 del 18 de febrero de 2015, cuyo
epígrafe distingue el concepto de «Resolución cuando no es posible aprehender la
mercancía Art. 503 Dcto 2685/99», impuso sanción respecto de las mercancías descritas
en las Declaraciones de Importación 07477280154538 del 1 de septiembre de 2011,
07771290019361 del 29 de julio de 2011 y 07477400039319 del 27 de julio de 2011,
inmersas en la causal de aprehensión 1.6 del artículo 502 del Decreto 2685 de
1999, por «no corresponder con la descripción declarada», y porque no fueron puestas
a disposición de la Administración para fines de aprehensión, conforme a lo
solicitado en el Requerimiento Ordinario 0084 del 8 de julio de 2014.
En ese sentido, precisó que la mercancía descrita se encontraba en estado de
ilegalidad dentro del territorio aduanero, puesto que no se encontraba amparada en
una declaración de importación «ya que su descripción no corresponde a la declarada, toda
vez que según el reporte enviado por el Grupo de Arancel, Origen y Laboratorio de la Dirección
Seccional de Aduanas de Bogotá, las muestras tomadas en la visita de inspección no
32
Según la Sentencia C-762 de 2009, “El derecho sancionador es una categoría jurídica amplia y compleja, por la cual el Estado
puede ejercer un derecho de sanción o ius puniendi, destinado a reprimir conductas que se consideran contrarias al Derecho, es
decir, a los derechos y libertades u otros bienes jurídicos protegidos. Dentro de sus manifestaciones, se han distinguido de un
lado el derecho penal delictivo, que por lo mismo que está encaminado a proteger bienes jurídicos más preciados para el
ordenamiento admite la punición más severa, y de otro, los que representan en general poderes del Derecho administrativo
sancionador, como es el caso del contravencional, del disciplinario y del correccional, en el que el derecho disciplinario procura
asegurar el cumplimiento de deberes y obligaciones por parte de servidores públicos o profesionales de determinadas profesiones
como médicos, abogados o contadores. Entre los diversos tipos de derecho sancionador existen diferencias: es así como en el
derecho penal no sólo se afecta un derecho tan fundamental como la libertad, sino que además sus mandatos se dirigen a todas
las personas, por lo cual es natural que en ese campo se apliquen con máximo rigor las garantías del debido proceso y admite
una punición más severa. En cambio, otros derechos sancionadores no sólo no afectan la libertad física, pues se imponen otro
tipo de sanciones, sino que además sus normas operan en ámbitos específicos, ya que se aplican a personas que están sometidas
a una sujeción especial, por lo que las sanciones aplicables son de diferente entidad.
33
Corte Constitucional, C-441 de 2021, M. P. Jorge Enrique Ibáñez
13
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corresponden a lo declarado» y su subpartida arancelaria también era diferente, de
acuerdo al Informe Técnico de la Subdirección Técnica Aduanera. (pág. 14)
Y, bajo la anterior premisa, consideró frente a las objeciones formuladas por Comercial
Novapel Ltda, al responder el requerimiento especial aduanero que precedió a la
resolución sanción (págs. 15-16) que:
«A lo anteriormente manifestado por el Representante Legal, este Despacho debe decir:
No solo se tuvo en cuenta el Oficio 100227343-0056 del 24 de febrero de 2012, también el Oficio
100227342-0495 del 15 de junio de 2012, que es la respuesta a la consulta elevada a la
Subdirección de Gestión Técnica Aduanera sobre la clasificación arancelaria de la mercancía,
sino que además con los resultados del análisis fisicoquímico que es la prueba pertinente
para establecer la clase de mercancía, se hizo un análisis comparativo de la descripción
de la mercancía contenida en la declaración contra el informe técnico, lo que dio como
resultado que en el caso de las tres declaraciones de importación investigadas, la
mercancía es diferente y también la subpartida arancelaria.
El análisis mencionado en el punto anterior es el que debía hacerse y no el sugerido por el
representante legal, porque el tema importante era que la mercancía no correspondía a la
declarada y o las actividades realizadas por los funcionarios de la DIAN.
La División de Gestión de Fiscalización sí hizo un análisis del acervo probatorio para proferir el
Requerimiento Especial Aduanero (…) pues todas las pruebas especialmente la principal que
es el análisis fisicoquímico de la mercancía llevaron a la conclusión que dicha mercancía
no correspondía a la descrita en la declaración, por tanto no estaba amparada y por ello la
solicitó; al no haber sido puesta a disposición, dictó dicho requerimiento.
Los funcionarios de la DIAN Cúcuta no se extralimitaron al desconocer el acervo probatorio pues
la única prueba para determinar la clase de mercancía importada era el Análisis de
Laboratorio y como se estableció que dicha mercancía era diferente a la declarada, fue que
se dijo que no se encontraba amparada (…)
La DIAN en ningún momento había solicitado poner a disposición la mercancía, sólo lo hizo con
el Requerimiento Ordinario No. 084 del 8 de julio de 2014 y no lo había hecho antes pues no
se había establecido que era una mercancía diferente (…)
La solicitud de la DIAN de poner a disposición la mercancía se hace cuando según el D.
2685 artículo 232-1, lit. b) No corresponda con la descripción declarada, por lo que procederá
la aprehensión y para ello se solicitó ponerla a disposición cuando se estableció que la declarada
era diferente a la amparada en las declaraciones de importación (…)»
Para oponerse a esa fundamentación, el concepto de violación de la demanda reparó
en varios aspectos de la descripción de la mercancía para predicar la «inexistencia de
causa eficiente» que condujeran a poner a disposición de la autoridad aduanera las
mercancías importadas, objeto del requerimiento ordinario 0084 del 8 de julio de 2014,
en el marco argumentativo de las páginas 12 a 14 de la demanda, y, en relación directa
con el mismo, los cuestionamientos probatorios hechos a través de los numerales 8 y
siguientes del cargo sobre «Violación del principio de buena fe» de las páginas 19 a 22, como
también en los razonamientos del cargo de «falsa motivación» de las páginas 25 a 29,
con los que la importadora pretendió atacar la eficiencia de los análisis de laboratorio
para determinar la naturaleza de la mercancía y, por esa vía, descender a la
formulación jurídica de que la actuación administrativa se había enfocado en la
clasificación arancelaria de la mercancía, «la cual», según afirma, «a pesar de no coincidir
con la declarada, no significa que la mercancía no está declarada o que no coincide», con la
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conclusión de que no era lo mismo decir que la mercancía no estaba declarada a decir
que la clasificación mercancía no correspondía.
Ahora bien, para la Sala, el tipo sancionatorio previsto en el referido artículo 503, opera
frente al presupuesto objetivo de «no poderse aprehender la mercancía», por las
específicas circunstancias de «haber sido consumida, destruida, transformada o porque no se
haya puesto a disposición de la autoridad aduanera», causales autónomas que imposibilitan
la medida de aprehensión en la que deben intervenir los sujetos de la sanción, en tanto
responsables de la obligación aduanera34 que, según el artículo 87 del EA, nace por la
introducción de la mercancía de procedencia extranjera al territorio aduanero nacional
y comprende la presentación de la declaración de importación y el pago de los tributos
aduaneros y de las sanciones a que haya lugar, al igual que la obligación de «obtener y
conservar los documentos que soportan la operación, presentarlos cuando los requieran las autoridades
aduaneras, atender las solicitudes de información y pruebas y en general, cumplir con las exigencias,
requisitos y condiciones establecidas en las normas correspondientes».
Claramente, al elemento objetivo del tipo «no poderse aprehender la mercancía» resulta
ínsita la concurrencia de una causal de aprehensión que no pueda hacerse efectiva,
ante la cual el legislador aduanero anticipó el nacimiento de las ya enunciadas
infracciones sancionadas por el artículo 503, entre ellas, el hecho instantáneo de «no
ponerse a disposición la mercancía» para continuar el procedimiento administrativo dirigido
a verificar la legalidad de los documentos de importación y a definir la situación jurídica
de aquélla, de modo que la negativa del importador a entregarla materializa la
infracción35.
Así y por vía de la subsunción normativa, el hecho probado de que la solicitud del
requerimiento ordinario de «puesta a disposición de una mercancía incursa en causal de
aprehensión» no sea debidamente atendida, es una causa eficiente de la sanción
discutida, en cuanto configura el elemento material de la infracción castigada (no
poderse aprehender la mercancía por no haberse puesto a disposición de la autoridad aduanera) .
Bajo tales premisas y entendiendo que la causal de aprehensión motivante de la
solicitud de puesta a disposición de la mercancía importada por la demandante es la
de «no corresponder con la descripción declarada», que junto con otros supuestos se
establece en el numeral 1.6 del artículo 502 del Decreto 2685 de 199936, y que la
misma se fundamentó en un material probatorio que tanto en sede administrativa como
jurisdiccional la actora acusa de inexistente e insuficiente para el requerimiento de
puesta a disposición de la mercancía, la Sala desciende al análisis integral de la
documentación aportada al expediente digital que pasa a detallarse:
➢ El 22 de septiembre de 2011, las Subdirectoras de Gestión de Fiscalización
Tributaria y Aduanera ordenaron realizar la diligencia de registro prevista en el
34
“Son responsables de las obligaciones aduaneras, el importador, el exportador, el propietario, el poseedor o el tenedor de la
mercancía. Así mismo, son responsables de las obligaciones que se deriven por su intervención, el transportador, el agente de
carga internacional, el depositario, intermediario y el declarante” (Decreto 2685 de 1999, art. 3º).
35
La Sentencia del 20 de junio de 2012, exp. 2008-00171, C. P. María Elizabeth García González, señaló: “La Administración, en
el caso particular, procedió a aplicar la sanción, una vez corroborado que los documentos soporte presentados no corresponden
con la operación de comercio exterior declarada, (…) y ante la imposibilidad de aprehender la mercancía, por no haber sido puesta
a su disposición. Así las cosas, la Sala encuentra acertada la sanción aplicada por la DIAN ante la imposibilidad de aprehender
la mercancía que se encontraba en situación de ilegalidad en el territorio aduanero…” (Subrayado fuera de texto)
36
“1.6. Cuando la mercancía no se encuentre amparada en una Declaración de Importación, o no corresponda con la
descripción declarada, o se encuentre una cantidad superior a la señalada en la Declaración de Importación, o se haya incurrido
en errores u omisiones en su descripción (…)”
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artículo 779-1 del ET37, en los establecimientos de comercio y oficinas de la
sociedad importadora en la Ciudad de Cali.
➢ El 27 de septiembre los funcionarios comisionados de dichas subdirecciones
practicaron la diligencia, en cuya acta se hicieron constar las verificaciones
realizadas y la relación de pruebas documentales que se llevarían a dicha
División. En la misma fecha se levantó el Acta de Hechos 836 contentiva de la
visita de inspección de fiscalización para control y verificación de las
mercancías de procedencia extranjera importadas (cuero sintético presentado en
rollos y láminas de caucho), dentro de la actuación de aprehensión, reconocimiento
y avalúo de aquéllas, en la que otros funcionarios igualmente comisionados
revisaron el inventario físico de las mismas junto con las declaraciones de
importación y sus documentos soporte, anunciando el legal ingreso al territorio
aduanero nacional, y tomaron muestras de la mercancía más representativa
para verificar su composición y la subpartida arancelaria a la que pertenecían,
según Memorando 0529 del 8 de septiembre de 2008 de la Dirección Técnica
Aduanera. Todo ello se informó a la División de Gestión de Fiscalización
Aduanera de la Dirección Seccional de Aduanas de Cali38, el 29 de septiembre.
➢ Las muestras tomadas fueron analizadas por la Coordinación de los Servicios
de Laboratorio de Aduanas de la Subdirección de Gestión Técnica Aduanera39,
en respuesta al apoyo técnico que la División de Gestión de Fiscalización de la
Dirección Seccional de Aduanas de Cali solicitó a la División de Gestión de
Operación Aduanera, el 5 de octubre de 2011.
➢ El 13 de octubre de 2011 la División de Gestión de Fiscalización de Cali remitió
a la División de Gestión de Fiscalización de la Dirección Seccional de Aduanas
de Cúcuta el informe de las diligencias de registro ordenadas por las
subdirecciones de Gestión de Fiscalización Tributaria y Aduanera a la
importadora, junto con la documentación relacionada en 138 folios.
➢ El 25 de octubre de 2011, la División de Gestión de Fiscalización de la Dirección
Seccional de Aduanas de Cúcuta pidió a su homóloga de la Dirección Seccional
de Cali que le describiera la irregularidad cometida por la declarante para iniciar
la acción de fiscalización a la que hubiere lugar quien, a su vez, le trasladó el
análisis físico químico de las muestras de mercancía tomadas en las diligencias
de inspección y registro, junto con informes y documentos soporte40.
➢ Por Auto de Apertura Preliminar 78-2012 del 13 de agosto de 2012 la División
de Gestión de Fiscalización ordenó adelantar investigación a la demandante
para determinar la ocurrencia de posibles infracciones administrativas
aduaneras, y realizar todas las diligencias, ordenando y practicando las demás
pruebas pertinentes, conducentes y necesarias para esclarecer los hechos
investigados. El 13 de febrero de 2013 se reasignó dicha investigación.
➢ Entre múltiples diligencias, oficios, correos electrónicos y cruces de información
relacionadas con la investigación, el 25 de septiembre de 2013, la Dirección
37
Resolución 010109 del 22 de septiembre de 2011, fl. 262
38
Fl. 251 a 261
39
Reporte del 24 de febrero de 2012, fls. 236 y sgts
40
Fls. 222-219, 441-452
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Seccional de Cúcuta recibió respuesta de la Subdirección de Gestión Técnica
Aduanera del nivel central, sobre la clasificación arancelaria aplicable a las
mercancías importadas, de acuerdo con el análisis fisicoquímico practicado a
muestras de las mismas, ubicadas en su gran mayoría en la subpartida
3921.13.00.00, una en la 4304.00.00.00 y otras dos en la 6005.32.00.00 y
5903.20.00.00, distintas de las subpartidas declaradas41.
➢ Ante esos hallazgos, la Dirección Seccional de Aduanas de Cúcuta expidió el
Requerimiento Ordinario 0084 del 8 de julio de 2014, por el cual solicitó a la
demandante colocar la mercancía de las declaraciones 07477400039319 del
27 de julio de 2010, 07771290019361 del 29 de julio de 2011 y
07477280154538 del 1 de septiembre de 2011, a disposición de la autoridad
aduanera «por no corresponder a lo declarado (subpartida 6001920000) y diferir de la
subpartida arancelaria establecida en el reporte del grupo de Arancel, Origen y Laboratorio de
la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá», según cotejos visibles en los folios 462
a 463 del cuaderno de pruebas, pidiendo que, para entregar la mercancía al
depósito habilitado se informara la fecha y hora en que se realizaría el
correspondiente proceso de aprehensión. Al tiempo, precisó que, respecto de
las declaraciones de importación 07477310040546 del 13 de julio de 2010,
07477400044724 del 22 de septiembre de 2011, 07477270244826 del 9 de
marzo de 2011 y 07771280039921 del 11 de marzo del mismo año, existía
correspondencia entre el análisis y la clasificación arancelaria declarada.
➢ El 14 de julio de 2014, la demandante solicitó copia del expediente
correspondiente al requerimiento ordinario referido y el 21 de julio solicitó
ampliación de términos para responderlo, señalando que «En este momento nos
encontramos analizando la situación, ya que la mercancía que ustedes solicitan poner a
disposición se encuentra distribuida en (7) SIETE bodegas a nivel nacional y nos encontramos
inventariándola para conocer la cantidad de ella que aún está en nuestro poder».
Considerada tal petición, la Jefe de Investigaciones Aduaneras amplió el plazo
hasta el 15 de agosto de 2014, día en el que se recibió la respuesta al
requerimiento ordinario, pidiéndose archivar la investigación adelantada y
desistir de la solicitud de colocar a disposición las mercancías por manejos
incorrectos de las pruebas practicadas, violaciones al debido proceso y a los
derechos de defensa y contradicción, inducciones a error para las
clasificaciones arancelarias declaradas y descripciones genéricas de las
mercancías en los análisis fisicoquímicos considerados42.
➢ Con ocasión de dicha respuesta, la Dirección Seccional de Aduanas de Cúcuta
gestionó diferentes verificaciones, entre ellas, sobre el apoyo técnico de
laboratorio del 30 de septiembre de 2011, contentivo del análisis fisicoquímico
de unas muestras de las mercancías importadas, enviado por la Dirección
Seccional de Aduanas de Barranquilla el 10 de noviembre de 2014, y sobre los
soportes de fichas, toma de muestras, rótulos y apoyo técnico del 1 de marzo
de 2012, remitidos por la Dirección Seccional de Aduanas de Cali el 11 de
noviembre de 201443.
41
Fls. 429 a 434, c. de p.
42
Fls. 470-486 c. de p.
43
Fls. 505, 506, 583 c. de p.
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➢ El primero de diciembre de 2014, se suscribe informe de auditoría44 en el que
se hace una valoración pormenorizada de las pruebas practicadas, con cuadros
comparativos detallados sobre la descripción de las declaraciones de
importación de cara a los informes técnicos, análisis de laboratorio y
clasificación arancelaria; ratificándose que al vencimiento de la ampliación del
término conferido para colocar la mercancía a disposición de la autoridad
aduanera, no se había cumplido esa solicitud, constituyéndose la infracción
aduanera prevista en el artículo 503 del EA. En consecuencia, se solicitó abrir
expediente para proferir el respectivo acto sancionatorio.
➢ El 5 de diciembre de 2014, la División de Gestión de Fiscalización dictó auto de
apertura de investigación a solicitud de la Dirección Seccional de Cúcuta por el
Concepto «art. 503 del Decreto 2685 de 1999», dentro de la cual se dictó
requerimiento especial aduanero del 12 de diciembre de 2014, bajo el concepto
«cuando no sea posible aprehender la mercancía (Art. 503)», que propuso imponer la
sanción acusada. Al responder dicho requerimiento, la importadora solicitó
tener como pruebas las obrantes en el expediente y el concepto emitido por
perito respecto a la toma de muestras y la contaminación de las mismas por
mal manejo y manipulación45; y el 8 de enero de 2015 pidió solicitar a la DIAN
de Barranquilla enviar la muestra con la que se hizo el análisis fisicoquímico
amparado en unas declaraciones de mercancías coincidentes con la de la
declaración 07477400039319 del 27 de julio de 2011, y que se enviara al
laboratorio del SENA las muestras tomadas por la DIAN – Cali, para un nuevo
análisis fisicoquímico.
➢ El 20 de enero de 2015, el Grupo de Investigaciones Aduaneras de la Dirección
Seccional de Aduanas de Cúcuta denegó por innecesarias las pruebas
solicitadas, en la medida en que el requerimiento especial se basaba en el
acervo probatorio existente en el expediente administrativo; la recolección,
análisis y clasificación arancelaria de las muestras ya la habían realizado las
autoridades competentes, y la prueba de análisis fisicoquímicos, por parte de
la Dirección Seccional de Barranquilla, ya se había practicado y reposaba en la
investigación adelantada, lo que también le restaba procedencia a un nuevo
análisis fisicoquímico por parte del SENA. La importadora no interpuso el
recurso de reposición procedente contra dicha decisión denegatoria46.
El recuento probatorio señalado corrobora la tipificación de la infracción sancionada
en los actos demandados, porque confirma la omisión de la importadora en cuanto a
la puesta a disposición de la mercancía solicitada por el Requerimiento Ordinario 0084
del 8 de julio de 2014, la cual, de acuerdo con las pruebas técnicas especializadas y
sus resultados fisicoquímicos, «no correspondía con la declarada», configurando uno de los
tipos autónomos de aprehensión previstos en el artículo 1.6. del artículo 502 del EA,
que, por su propia naturaleza, conlleva el efecto colateral de afectar las subpartidas
inicialmente declaradas para una mercancía diferente a la que detectaron los apoyos
y análisis practicados por los laboratorios oficiales.
44
Fls. 537-566 c. de p.
45
Fls. 611-647 y 681-694, c. de p.
46
Fls. 1-4, c. de p.
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En efecto, a partir de dichos apoyos y análisis se establecieron diferencias en la
descripción de las mercancías y en las subpartidas arancelarias declaradas al
momento de la importación que, a la postre, configuraron la causal de aprehensión
prevista en el mencionado numeral 1.6, según la cual, hay lugar a la aprehensión y
decomiso de las mercancías, cuando éstas no estén «amparadas en una planilla de envío,
factura de nacionalización o declaración de importación, o no correspondían con la descripción
declarada, o se encuentre una cantidad superior a la declarada, o se haya incurrido en errores u
omisiones en su descripción, que impidan la identificación o individualización de la misma, o no se
pueda establecer su correspondencia con la inicialmente declarada, salvo que estos errores u
omisiones se hayan subsanado en la forma prevista en el numeral 4 del artículo 12847 y en los parágrafos
1o y 2o del artículo 231 del presente decreto48, en cuyo caso no habrá lugar a la aprehensión», es
decir, mediante la solicitud del levante de la mercancía con declaración de legalización
posterior a la diligencia de inspección aduanera en la que se adviertan descripciones
parciales o incompletas de la mercancía, que los subsane, sin pago por concepto de
rescate.
Por lo demás, las causas de no ponerse a disposición la mercancía requerida no se
encuentran justificadas en el contexto probatorio traído a colación, porque además de
que la solicitud de ampliación del término para responder el requerimiento ordinario
puso de presente la existencia de la mercancía solicitada -sujeta a un análisis cuantitativo
por encontrarse en siete bodegas a nivel nacional y ser objeto de inventario-, lo finalmente ocurrido
es que aquélla no se puso a disposición bajo la insistencia de revaloraciones
probatorias a los apoyos y análisis fisicoquímicos que las autoridades técnicas
realizaron sobre las muestras físicas inspeccionadas por las Direcciones Seccionales
de Aduanas de Cali y Barranquilla, a los que la importadora demandante accedió en
el curso de la investigación, contando con la oportunidad de oponerse a los mismos a
través de las respuestas al Requerimiento Ordinario 0084 y al Requerimiento Especial
04-50-00-163 y del recurso de reconsideración contra la resolución sanción,
manteniéndose incólume el derecho de contradicción.
Ante esta judicatura tampoco se demostraron hechos certeros e irrefutables que
hubieran impedido a la demandante poner a disposición las mercancías, quien, por lo
demás, no recurrió el acto motivado por el cual la DIAN negó los medios probatorios
que solicitó con ocasión de la respuesta al requerimiento especial, de acuerdo con el
artículo 511 del EA.
Mas allá de ello, considera la Sala que la actuación aduanera se desarrolló bajo
criterios de eficiencia por parte de las Direcciones Seccionales de Aduanas implicadas
en la investigación, respecto de las mercancías importadas en ejercicio de la
competencia que les asignó el legislador para verificar la exactitud de las
47
“La autorización de levante procede cuando ocurra uno de los siguientes eventos: (…) 1.6 Cuando practicada inspección
aduanera, se detecten errores u omisiones en la serie, marca, o se advierta descripción parcial o incompleta de la mercancía,
siempre y cuando no conlleve a que se trate de mercancía diferente y el declarante dentro de los cinco (5) días siguientes a la
práctica de dicha diligencia, solicite el levante de la mercancía con declaración de legalización que los subsane, sin pago por
concepto de rescate”
48
PARÁGRAFO 1o. Cuando se presente descripción parcial o incompleta, errores u omisiones parciales en el serial, referencia,
modelo, marca; en la declaración de importación, que no conlleven a que se trate de mercancía diferente o sobrantes, se podrá
presentar declaración de legalización de manera voluntaria, sin pago de rescate, dentro de los treinta (30) días calendario
siguientes al levante de la mercancía, siempre y cuando tales diferencias no generen la violación de una restricción legal o
administrativa o el menor pago de tributos aduaneros. Para todos los efectos legales, dicha mercancía se considera declarada.
PARÁGRAFO 2o. Cuando con posterioridad al levante de la mercancía, se presente voluntariamente declaración de legalización
con el objeto de subsanar descripción parcial o incompleta, errores u omisiones parciales en el serial, referencia, modelo, marca,
que generen la violación de una restricción legal o administrativa o el pago de unos menores tributos, se cancelará por concepto
de rescate, el diez por ciento (10%) del valor en aduana de la mercancía, sin perjuicio del pago de los tributos aduaneros a que
hubiere lugar y siempre que con la legalización se acredite el cumplimiento de los correspondientes requisitos.
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declaraciones, documentos soporte u otros informes que permitan establecer la
ocurrencia de hechos determinantes de un menor monto de la obligación tributaria
aduanera o la inobservancia de procedimientos aplicables (EA, Arts. 469, 470-c), y para
asegurar el efectivo cumplimiento de la normativa especial, mediante la fiscalización
simultanea o posterior dirigida a verificar el cumplimiento de las obligaciones
aduaneras.
Lo anterior, en el marco de la Resolución 0007 del 4 de noviembre de 2008, que asignó
la competencia sancionatoria por la comisión de infracciones aduaneras o la
expedición de liquidaciones oficiales a la Dirección Seccional de Aduanas o de
Impuestos y Aduanas en el domicilio del presunto infractor; de los lineamientos de la
Orden Administrativa 0003 del 5 de abril de 2010, sobre documentación mínima para
iniciar la acción de fiscalización frente a fuentes de información derivada de
investigaciones y/o traslados de casos de otras dependencias o instituciones, e incluso
de la potestad de análisis integral dirigida a establecer si la descripción parcial o
incompleta de la mercancía conducen a que se trate de otra diferente a la inicialmente
declarada y que, por tanto, no pueda hacerse la legalización sin el pago de rescate.
Es importante anotar que la jurisprudencia sobre la materia precisó que, frente a la
puesta a disposición de las mercancías no existen eximentes de responsabilidad por
razón del levante de las mismas o por el hecho de haber quedado a libre disposición
del importador, pues el legislador incluyó el consumo, transformación o destrucción
de mercancías dentro de los eventos que hacen imposible la aprehensión, y la medida
cautelar consistente en la retención de las aquéllas respecto de las cuales se configura
alguno de los eventos previstos en el artículo 502 ibidem49.
Se añade que, en el régimen de importación, la obligación aduanera originada en la
introducción de la mercancía de procedencia extranjera al territorio nacional,
comprende la presentación de la declaración de importación, el pago de los tributos
aduaneros y de las sanciones a que haya lugar, al igual que la obtención y
conservación de los documentos que soportan la operación para presentarlos a las
autoridades aduaneras que los requieran, conservando su original por un período de
cinco años a partir de la presentación y aceptación de la declaración, y la atención a
las solicitudes de información y pruebas en general (EA, Arts. 87, 121).
En este orden de ideas, la Sala concluye que la demandada podía exigir la puesta a
disposición de las mercancías importadas e imponer la sanción legal correspondiente
ante el incumplimiento de esa exigencia, puesto que la falta de correspondencia
entre la mercancía inspeccionada y la descripción que de la misma se hizo en
las declaraciones de importación, constituyen una causal de aprehensión que
no pudo hacerse efectiva porque dicha mercancía no se puso a disposición. No
prospera el cargo de apelación.
Favorabilidad - Sanción
El artículo 520 del EA obliga a la autoridad aduanera a aplicar las normas que
favorezcan al interesado, si se expiden antes de emitirse el acto que decide de fondo
49
Sentencia del 9 de marzo de 2017, exp. 08001 23 31 000 2010 00781 01, C. P. Carlos Enrique Moreno rubio.
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sobre la imposición de una sanción, aunque no se hayan mencionado en el
requerimiento especial aduanero. En estos términos, el legislador ordenó la aplicación
del principio de favorabilidad en materia sancionatoria aduanera.
El artículo 12 del Decreto 993 de 2015, que modifica al Decreto 2685 de 1999, adicionó
el artículo 503 ib, para establecer que la sanción por no ser posible la aprehensión «no
aplicará para las mercancías que fueron objeto de toma de muestra durante el control
simultáneo o posterior y con base en el resultado de los análisis merceológicos reportados
con posterioridad al levante, se establezca que se trata de mercancías no declaradas. Estas
podrán ser objeto de legalización con el pago de rescate a que haya lugar aún después de haber
sido consumidas, destruidas o transformadas. En caso contrario procederá la sanción
correspondiente al doscientos por ciento (200%) del valor en aduana de las mismas.”
Siguiendo la literalidad de la norma transcrita, el beneficio conferido por la misma
consiste en la exoneración de la sanción cuando las mercancías objeto de toma de
muestra durante el control simultáneo o posterior, y que con base en el resultado de
los análisis merceológicos reportados con posterioridad al levante tengan la
connotación de mercancías no declaradas, hayan sido legalizadas con el pago del
rescate correspondiente, incluso después de haberse consumido, destruido o
transformado.
Tal disposición favorable que, por virtud del mandato del artículo 520 del EA, aplicaría
a la sanción impuesta, en tanto el acto confirmatorio de la misma y con el cual quedó
en firme data del 28 de mayo de 2015, fecha posterior a la entrada en vigencia del
referido Decreto 993 de 201550; sin embargo, no se probó el presupuesto material de
«legalización de las mercancías importadas con el pago del respectivo rescate», al que la adición
normativa supeditó la inaplicación de la sanción por imposibilidad de aprehensión, lo
hace inviable la aplicación de favorabilidad.
Por lo demás, la presentación de la declaración de legalización junto con el pago del
respectivo rescate, no obstruye la facultad de perseguir la mercancía al hallarse
respecto de ella una situación de ilegalidad que amerita su paso a órdenes del Estado.
En consecuencia, la Sala confirmará la sentencia apelada por no haberse desvirtuado
la presunción de legalidad que ampara a los actos demandados.
Finalmente y a la luz de lo previsto en lo previsto en los artículos 188 del CPACA y 365
del CGP51, la Sala negará la condena en costas en esta instancia (agencias en derecho y
gastos del proceso), solicitada por la demandada al pronunciarse sobre el recurso de
apelación interpuesto, comoquiera que no se encuentran probadas en el proceso.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
50
Publicado en diario Oficial 49512 del 15 de mayo de 2015
51
C.G.P. «Art. 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia en
la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien
se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto.
Además, en los casos especiales previstos en este código. 5). En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá
abstenerse de condenar en costas (…) 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la
medida de su comprobación».
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FALLA
1.- CONFIRMAR la sentencia del 18 de junio de 2021, proferida por el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander.
2.- Sin condena en costas en esta instancia.
Notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN
22
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