Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 54001-23-33-000-2016-00071-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 54001-23-33-000-2016-00071-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 54001-23-33-000-2016-00071-02
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
25 de abril de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., veinticinco (25) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 54001-23-33-000-2016-00071-02 (5559-2022)
Demandante: Raúl Alberto López Maldonado
Demandado: Policía Nacional
Temas: Sanción disciplinaria de destitución e inhabilidad general por 15
años a miembro de la Policía Nacional, por recibir directamente
dádivas para sí por omitir funciones / Notificación de la sanción
disciplinaria / Diferencia entre el derecho penal y el disciplinario
Sentencia de segunda instancia
__________________________________________________________________
Asunto
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por Raúl Alberto López
Maldonado contra la sentencia proferida el 22 de julio de 2022 por el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander que negó las pretensiones de la demanda.
I. Antecedentes
1. Demanda y subsanación
1.1. Las pretensiones
Raúl Alberto López Maldonado presentó demanda en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho1, para que se declarara la nulidad de (i)
los actos administrativos disciplinarios de primera y segunda instancia del 25 de
noviembre de 2014 y del 20 de marzo de 2015 por medio de los cuales la Inspección
Delegada Región 5 de Policía y la Inspección General de la Policía,
respectivamente, lo sancionaron con destitución e inhabilidad general por 15 años,
y (ii) la Resolución 1359 del 19 de junio de 2015 expedida por el Ministerio de
Defensa Nacional que hizo efectiva la sanción.
A título de restablecimiento del derecho solicitó que se condenara a la entidad
demandada al reintegró en el servicio activo sin solución de continuidad al grado
superior al que ejercía antes de la destitución y al pago de los salarios y demás
1
Previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, CPACA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 54001-23-33-000-2016-00071-02 (5559-2022)
Demandante: Raúl Alberto López Maldonado
emolumentos a que hubiere lugar de forma actualizada desde el momento de la
destitución y hasta la fecha del reintegro.
1.2. Fundamentos fácticos
Los hechos relevantes del caso son los siguientes:
• Raúl Alberto López Maldonado ingresó a la escuela de la Policía Nacional como
cadete y alférez el 17 de enero del 2000, e hizo carrera hasta ascender a capitán a
través de la Resolución 4490 del 1 de diciembre de 2010.
• A través de oficio S-2014 039158-/MEBUC COMAN 29, el coronel Gonzalo Carrero
Pérez, comandante de policía metropolitana de Cúcuta, remitió a la Inspección
Delegada Región 5 de la Policía el informe ejecutivo de la novedad ocurrida el 8 de
agosto de 2014 con el capitán Raúl Alberto López Maldonado y el subintendente
Helver Valderrama Mojica, quienes presuntamente el 8 de agosto de 2014 a las
11:50 pm se desplazaban en un vehículo policial de placa BNA 014 por la frontera
hacia los «galpones del escobal» y abordaron un camión que transportaba purina de
contrabando de propiedad de quien dijo llamarse Alexander Gélvez al que le
realizaron una exigencia de $5.000.0000 para no incautarle la mercancía, quien al
parecer les entrega un adelanto de $1.900.000 y les da su número de teléfono para
acordar la entrega del dinero restante a la mañana siguiente en otro lugar. Sin
embargo, el ciudadano informó lo sucedido a una patrulla policial que se encontraba
en el sector haciendo labores de vigilancia, quienes a su vez les comunicaron a
unidades de policía judicial y de inteligencia. En un operativo a la mañana siguiente,
dichas unidades inspeccionaron el vehículo policial de los implicados e incautaron
la suma de $1.900.000 y posteriormente recibieron la denuncia presentada por
Alexander Gélvez.
• Con fundamento en el anterior informe, la Inspección Delegada Región 5 de la
Policía dio apertura a la indagación preliminar P REGI5-2014-52 el 9 de agosto de
2014 en contra del demandante y del subintendente Helver Valderrama Mojica, y
decretó la práctica de pruebas documentales y testimoniales.
• Mediante auto del 24 de octubre de 2014, dicha autoridad disciplinaria abrió
investigación bajo el radicado REGI5-2014-35 y formuló cargos en contra del
investigado por haber incurrido a título de dolo en las faltas gravísimas de los
numerales 3 y 4 del artículo 34 de la Ley 1015 de 2006 que aluden a «solicitar o
recibir directa o indirectamente dádivas o cualquier otro beneficio, para sí o para un
tercero, con el fin de ejecutar, omitir o extralimitarse en el ejercicio de sus funciones» y
«permitir, facilitar, suministrar información o utilizar los medios de la Institución, para
cualquier fin ilegal o contravencional».
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Demandante: Raúl Alberto López Maldonado
• El inspector delegado celebró audiencia el 7, 11, 19 y 25 de noviembre de 2014,
última fecha en la que el mencionado funcionario emitió decisión disciplinaria de
primera instancia que declaró disciplinariamente responsable de la conducta
investigada a Raúl Alberto López Maldonado y en consecuencia, ordenó su
destitución e inhabilidad por el término de 15 años.
• Contra la anterior decisión el disciplinado interpuso recurso de apelación, el cual
fue resuelto el 20 de marzo de 2015 por la Inspección General de Policía Nacional,
que confirmó en su integralidad la sanción, providencia que cobró ejecutoria el 26
de marzo del 2015.
• Por medio de la Resolución 1359 del 19 de junio de 2015, el Ministerio de Defensa
Nacional hizo efectiva la sanción disciplinaria de destitución e inhabilidad, por lo que
dispuso el retiro del demandante del servicio activo de la Policía Nacional y ordenó
realizar las anotaciones de la sanción en los registros y antecedes disciplinarios en
el sistema de registro de antecedentes disciplinarios e inhabilidades de la Policía
Nacional y de la Procuraduría General de la Nación.
1.3. Normas violadas y concepto de violación
Como tales se señalaron los artículos 4, 6, 59, 122, 125, 130 y 209 de la Constitución
Política.
En el concepto de violación2 el demandante sostuvo lo siguiente:
• Los actos administrativos acusados se expidieron con violación al debido proceso
por cuanto las pruebas recaudadas no fueron idóneas para sustentar la comisión de
las faltas disciplinarias endilgadas, además, no se cumplió el trámite legal para su
producción y fueron dudosas y contradictorias entre sí, especialmente, las
declaraciones y las «minutas de población».
• El quejoso no compareció al proceso para ampliar su versión de los hechos y
contradecir su dicho.
• Al expedirse la Resolución 1359 del 2015 la decisión no estaba ejecutoriada por la
falta de notificación del acto administrativo de segunda instancia y, por lo tanto, se
impidió la interposición del recurso de aclaración y/o complementación.
• La falta de notificación de la decisión de segunda instancia constituye una falencia
que no se subsana con la notificación al apoderado, quien no es un sujeto procesal
2
Índice 2 expediente digital, archivo «ED_CORREORADI_004RV_5400123330002(.pdf) NroActua
2», carpeta 54001233300020160007100 EXPEDIENTE TRIBUNAL, documentos 001Demanda.pdf
y 009Subsanación.pdf
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Demandante: Raúl Alberto López Maldonado
en el procedimiento disciplinario, ni con la notificación de la Resolución 1359 de
2015 por medio de la cual se hizo efectiva la sanción.
• La sanción disciplinaria se fundamentó en hechos inexactos e imparciales que
dieron lugar a una imputación objetiva de la responsabilidad, porque se inició y
adelantó un proceso con falencias probatorias y de trámite y sin consideración a la
hoja de vida, menciones honoríficas y cursos de actualización.
• También se evidencia la desviación de poder con la extensión del auto que abrió
investigación, la celeridad del procedimiento para adoptar la decisión y el traslado
al Chocó.
2. Contestación de la demanda
La entidad se opuso a las pretensiones de la demanda en los siguientes términos3:
Al disciplinado se le respetaron todas las garantías procesales desde la etapa
preliminar hasta la decisión de segunda instancia, porque tuvo la oportunidad de
ejercer su derecho de defensa y contradicción pues rindió versión libre, presentó
descargos y alegatos, estuvo representado por un abogado en las dos instancias
disciplinarias a quien se le notificaron todas las actuaciones surtidas, y tuvo la
oportunidad de participar en la práctica de pruebas, controvertir las existentes y
solicitar la ampliación de estas, de igual modo, presentó recursos, pudo formular
nulidades y se le expidió copia de las piezas procesales al momento de su
vinculación.
La inexistencia de prueba contundente que permitiera acreditar la comisión de la
falta disciplinaria no fue un reproche manifestado en el curso de la actuación
disciplinaria, por lo que no puede ser de recibo que se alegue en esta sede como
fundamento de violación al debido proceso pues, en todo caso, las actuaciones
fueron realizadas por la autoridad disciplinaria competente, con plena observancia
de lo previsto en la Ley 734 de 2002, estuvieron revestidas de legalidad, legitimidad,
transparencia y obediencia de las garantías fundamentales establecidas en la
Constitución lo que, además, en conjunto con el análisis de las pruebas y las
circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos, otorgaron la certeza para
declarar la responsabilidad del disciplinado.
El decreto y práctica de pruebas en la etapa de indagación preliminar sin presencia
del sujeto activo de la conducta no desconoce el derecho de defensa y
3
Índice 2 expediente digital, archivo «ED_CORREORADI_004RV_5400123330002(.pdf) NroActua
2», carpeta 54001233300020160007100 EXPEDIENTE TRIBUNAL, documento
013ContestaciónDemanda.pdf
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Demandante: Raúl Alberto López Maldonado
contradicción, el cual no se agota solo con estar presente en su práctica sino que
además se ejerce con la solicitud de ampliación de las declaraciones, la
contestación, los descaros, la presentación de nulidades e interposición de
recursos, en consecuencia, al no haber existido manifestación alguna sobre el
particular en el curso de la actuación se entiende que el disciplinado convalido toda
y cada una de las diligencias practicadas en su trámite.
3. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Norte de Santander en la sentencia del 22 de julio de
2022, negó las pretensiones de la demanda, sin condena en costas. Para tal efecto,
se pronunció en estos términos4:
• La autoridad disciplinaria no violó el debido proceso del disciplinado, porque las
pruebas recaudadas en el curso de la actuación se obtuvieron legalmente y se
valoraron de conformidad con la sana crítica, al investigado se le garantizó en todo
momento el derecho de defensa y contradicción, tuvo la oportunidad de controvertir
cada una de las pruebas recolectadas y producidas. Específicamente, en cuanto a
los testimonios el apoderado del disciplinado interrogó a todos y cada uno de
policías que rindieron declaración sin que se desvirtuara con alguna prueba lo dicho
por estos. Igualmente, explicó ampliamente las razones por las cuáles se declaró
disciplinariamente responsable al demandante de la conducta investigada y se le
impuso la sanción, así como, la valoración probatoria que para el efecto llevó a cabo.
• En el trámite de instancia se expuso que la entidad demandada no llamó a rendir
descargos al patrullero Diego Armando Peña, a quien, según el disciplinado, le
prestó un dinero que posteriormente le fue incautado el día de los hechos, en primer
lugar, contra el citado patrullero no se inició investigación alguna para que fuera
llamado a rendir descargos y, en segundo lugar, no hubo solicitud probatoria por
parte del interesado para que éste rindiera declaración, pues solo en los alegatos
de conclusión de primera instancia se mencionó tal hecho sin que se realizara
solicitud probatoria en tal sentido.
• Tampoco se le vulneró el derecho al debido proceso por la falta de notificación de
la decisión de segunda instancia en la actuación disciplinaria por cuanto, el 10 de
agosto de 2014 en la etapa de indagación preliminar, la autoridad disciplinaria
práctico diligencia en la que recibió la declaración del subteniente Jesús Enrique
Rodríguez a la cual asistió Raúl Alberto López y le confirió poder al abogado José
Daniel Arce Betancur, con fundamento en ello, al apoderado le fueron notificadas
4
Índice 2 expediente digital, archivo «ED_CORREORADI_004RV_5400123330002(.pdf) NroActua
2», carpeta 54001233300020160007100 EXPEDIENTE TRIBUNAL, documento
030SentenciaNyR.pdf
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Demandante: Raúl Alberto López Maldonado
todas las actuaciones incluida la decisión de segunda instancia del 25 de marzo de
2015, por lo tanto, al disciplinado se le garantizó el derecho de defensa toda vez
que fue él quien decidió actuar a través de apoderado para que ejerciera su defensa
y este a su vez, contó con las mismas facultades del investigado, porque presentó
descargos, solicitó pruebas, rindió alegatos de conclusión e interpuso recursos.
• Contra la decisión disciplinaria de segunda instancia no procede ningún recurso y
las solicitudes de aclaración y/o complementación que se hubieran podido presentar
no habrían tenido la incidencia para cambiar la decisión adoptada por el operador
disciplinario.
• El inicio de la acción disciplinaria no cambió de haberse originado producto de una
queja a de oficio, por el contrario, la indagación preliminar tuvo lugar con la denuncia
presentada por quien dijo llamarse Alexander Gélvez Rozo y si bien es cierto, no
fue posible la comparecencia del citado a fin de que ampliara la versión de los
hechos al haber suministrado datos de identificación y ubicación falsos, también lo
es que el artículo 69 de la Ley 734 de 2002 señala que es procedente iniciar y
adelantar la acción disciplinaria de oficio o por queja formulada por cualquier
persona, por lo que una vez conocido los hechos, corroborados con pruebas
documentales y testimoniales, le resultaba valido al operador disciplinado dar curso
al proceso de investigación hasta adoptar la correspondiente decisión.
• El traslado del demandante al Chocó se dio como consecuencia de la necesidad
del servicio sin que se hubiese acreditado una circunstancia diferente o aportado
una prueba que demostrara lo contrario. La celeridad del procedimiento disciplinario
y la extensión del auto no constituye una violación al debido proceso y no es posible
considerar que por las menciones o anotaciones en la hoja de vida de un miembro
de la policía no se pueda hacer uso de la facultad sancionatoria cuando existan
elementos de prueba que acrediten la comisión de una falta disciplinaria.
• La decisión disciplinaria sí cobró ejecutoria y resultó legal y valida la expedición de
la resolución que ejecutó la sanción impuesta al disciplinado, porque el acto
administrativo de segunda instancia fue notificado el 25 de marzo de 2015 a su
apoderado, quien gozaba de las mismas facultades a él otorgadas sin que a la luz
de la ley disciplinaria resultara obligatoria la notificación de la decisión tanto al
disciplinado como a su apoderado.
4. El recurso de apelación
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Radicado: 54001-23-33-000-2016-00071-02 (5559-2022)
Demandante: Raúl Alberto López Maldonado
La parte demandante interpuso el recurso de apelación5 contra la sentencia de
primera instancia con fundamento en los siguientes argumentos:
Se dio aplicación a la sanción disciplinaria sin que estuviera en firme y debidamente
notificada la decisión de destitución e inhabilidad pues a diferencia de lo expresado
en la sentencia de primera instancia tal irregularidad conlleva una limitación de
derechos políticos y la notificación personal es un deber de la Policía Nacional, el
cual no se podía suplir con la notificación al apoderado, ni con la notificación de la
Resolución 1359 del 19 de junio 2015, debido a que el artículo 91 de la ley 734 de
2002 prevé que al investigado se le debe notificar personalmente todas las
actuaciones, como consecuencia de lo anterior, la indebida ejecutoria de la decisión
la hace carecer de cualquier tipo de eficacia y hasta tanto no se notificara la sanción
no se podía expedir la resolución de ejecución.
A pesar de que el tribunal de instancia se refirió a la condena impuesta en el proceso
penal por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta en sentencia del 26 de
marzo de 2016 con el objetivo de otorgar veracidad a los actos administrativos
disciplinados acusados y que en el proceso disciplinario existe libertad probatoria,
no era posible desconocer la ausencia de la ratificación de la denuncia por
concusión realizada por Alexander Gélvez Rozo y tampoco que, aunque, el proceso
disciplinario se circunscribió a las pruebas testimoniales de Jesús Enrique
Rodríguez y Nelson Peñaranda quienes declararon que la presunta falta se realizó
con base en una denuncia anónima donde al parecer se estaba cobrando a
Alexander Gélvez Rozo una suma para que no se le incautara una mercancía de
contrabando en el proceso penal dicho ciudadano no existe y nunca compareció
para ratificar la denuncia que permitiera hacer los señalamientos en la actuación
disciplinaria, luego era importante conocer en ambos procesos penal y disciplinario
la verdadera ilicitud sustancial. Por lo tanto, se debe declarar la nulidad de los actos
hasta que quede en firme el proceso penal, esto, sin que haya más recursos en
trámite.
5. Pronunciamiento en segunda instancia
De conformidad con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de
pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar6.
6. Concepto del Ministerio Público
5
Índice 2 expediente digital, archivo «ED_CORREORADI_004RV_5400123330002(.pdf) NroActua
2», carpeta 54001233300020160007100 EXPEDIENTE TRIBUNAL, documento 031RecursoA-
AutoConcedeRecurso.pdf
6
Índice 5 de Samai.
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Demandante: Raúl Alberto López Maldonado
El procurador delegado ante el Consejo de Estado guardó silencio7.
II. Consideraciones
1. Los problemas jurídicos
Se circunscriben a los siguientes: ¿la autoridad demanda incurrió en una falta de
notificación del acto administrativo disciplinario de segunda instancia al
disciplinado? ¿con ello se afectó el derecho al debido proceso y la ejecutoria de la
sanción? ¿la autoridad disciplinaria desconoció la falta de ratificación de la denuncia
que dio origen al proceso de judicialización y a la vez al procedimiento disciplinario
para adelantar y emitir decisión disciplinaria?
2. Marco Normativo
2. 1. Régimen disciplinario de la Policía Nacional
En virtud de las funciones específicas que cumplen los miembros de la fuerza
pública (fuerzas militares y Policía Nacional), el constituyente en los artículos 217,
inciso tercero, y 218, inciso segundo, de la Constitución Política, facultó al legislador
para determinar los regímenes disciplinarios especiales de tales servidores.
En desarrollo de lo anterior, la Ley 1015 de 2006 fijó el régimen disciplinario de la
Policía Nacional y en el artículo 23 dispuso que son destinatarios: «(…) el personal
uniformado escalafonado y los Auxiliares de Policía que estén prestando servicio militar en
la Policía Nacional; aunque se encuentren retirados, siempre que la falta se haya cometido
en servicio activo»; el artículo 58 prevé que el procedimiento aplicable a los sujetos
pasivos del régimen disciplinario de la institución será el establecido en la Ley 734
de 2002, o la norma que la modifique.
Por consiguiente, las autoridades disciplinarias, en las actuaciones que adelanten
contra los destinatarios de la Ley 1015 de 2006, deben aplicar esta normativa en lo
concerniente a la parte sustancial y el Código Disciplinario Único (CDU) o Ley 734
de 2002 en el campo procedimental.
2.2. Debido proceso en el procedimiento disciplinario
Los artículos 29 de la Constitución Política y 6 de la Ley 734 de 2002 establecen la
garantía del debido proceso, que comprende un conjunto de principios materiales y
formales de obligatorio acatamiento por parte de las autoridades disciplinarias, en
cuanto constituyen derechos de los sujetos disciplinables que se traducen, entre
7
Notificación y constancia secretarial a índice 8 y 11 de Samai, respectivamente.
8
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Demandante: Raúl Alberto López Maldonado
otras cosas, en la posibilidad de defenderse, designar defensor, presentar y
controvertir pruebas e impugnar las decisiones que los afecten; cuando ello no
ocurre el sancionado puede acudir ante el juez de lo contencioso administrativo en
demanda de nulidad de las decisiones adoptadas por los funcionarios
administrativos, si se evidencia una violación del debido proceso.
2.3. Independencia entre el derecho disciplinario y el penal
La jurisprudencia ha señalado como regla general, que los principios del derecho
penal deben aplicarse a todas las formas de actividad sancionadora del Estado8. En
lo que al derecho disciplinario se refiere, se ha establecido que no es posible que
estos se incluyan totalmente en tanto las finalidades y objetivos del derecho penal
son distintos.
Así, el derecho disciplinario busca la protección de la organización y funcionamiento
del Estado con el fin de proteger el interés público y garantizar la correcta gestión
de la administración con parámetros éticos. En palabras de la Corte Constitucional:
«(…) La ley disciplinaria tiene como finalidad específica la prevención y buena marcha de
la gestión pública, así como la garantía del cumplimiento de los fines y funciones del Estado
en relación con las conductas de los servidores públicos que los afecten o pongan en peligro
(…)». Entretanto, la función del derecho penal es distinta toda vez que «(…) protege
el orden social en abstracto y su ejercicio persigue fines retributivos, preventivos y
resocializadores(…)9».
De esta manera, la normativa que rige el derecho disciplinario busca el adecuado
cumplimiento de las obligaciones funcionales por parte del servidor público o el
particular que cumple funciones públicas «[d]e allí que el derecho disciplinario valore la
inobservancia de normas positivas en cuanto ella implique el quebrantamiento del deber
funcional, esto es, el desconocimiento de la función social que le incumbe al servidor público
o al particular que cumple funciones públicas (…)»10.
Además de la diferencia en la finalidad entre el derecho penal y el disciplinario existe
otra relacionada con la tipicidad en uno y otro. En efecto, en el primero la descripción
de los hechos punibles es detallada, y el fallador no cuenta con un margen de
valoración e individualización de la conducta punible más allá de las condiciones
que indica la norma.
Por el contrario, el régimen disciplinario se caracteriza porque los comportamientos
constitutivos de falta disciplinaria están consignados en tipos abiertos, esto es «(…)
descripciones incompletas de las conductas sancionadas, o en disposiciones que no prevén
8
Sentencia C-1161 de 2000, magistrado ponente Alejandro Martínez Caballero.
9
Sentencia T-146 de 1993.
10
Ver Sentencia C-373 de 2002 magistrado ponente Jaime Córdoba Triviño.
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Demandante: Raúl Alberto López Maldonado
la sanción correspondiente, pero que en todo caso pueden ser complementadas por otras
normas a las cuales remiten las primeras (…)11».
Por tal razón, la autoridad disciplinaria debe remitirse, para completar el tipo
disciplinario, a las disposiciones que contienen prohibiciones, mandatos y deberes
para los servidores públicos, toda vez que para el legislador es imposible realizar
un listado detallado de las actuaciones donde se incluyan todas aquellas que están
prohibidas a estos.
En ese orden, la autoridad disciplinaria, a diferencia de la penal, cuenta con un
amplio margen de interpretación y valoración de la falta imputada, ante la diversidad
de comportamientos que van en detrimento de la función pública y la remisión que
se hace a otras normas del ordenamiento jurídico. Sobre el particular la Corte
Constitucional expresó:
«[l]a prohibición de la conducta delictiva involucra un conjunto de patrones que
establecen una precisión tipológica en la que se describen de manera detallada los
elementos conformantes del tipo, de manera que, sujeto activo, conducta, intención,
sujeto pasivo y circunstancias llevan en el procedimiento penal a una exhaustiva
delimitación legal de las conductas; mientras que en la definición de las faltas
disciplinarias, entran en juego, elementos propios de la función pública que interesan por
sobre todo a contenidos político-institucionales, que sitúan al superior jerárquico en
condiciones de evaluar con mayor flexibilidad, y de acuerdo con criterios que permiten
un más amplio margen de apreciación (…)».
Conforme a lo expuesto, al operador disciplinario no le corresponde ni está obligado
a verificar de manera específica si en el caso que analiza se estructuró el tipo penal
con todo el contenido que exige la norma punitiva, y le es suficiente determinar que
el servidor público investigado incurrió objetivamente en una actuación tipificada
como delito, sancionable a título de dolo. Al respecto esta corporación ha
explicado12:
«[d]e lo esbozado, para la Sala es trasparente que la entidad demandada en su rol de
autoridad disciplinaria interna, no le correspondía -para asumir la decisión tomada-
esperar que existiera una previa decisión judicial, que calificara el tipo de ilícito penal, ni
mucho menos que condenara al disciplinado en razón del mismo; mucho menos que el
operador disciplinario tuviera la carga de establecer de manera expedita el tipo penal en
concreto en que incurría el actor y si se cumplían todas y cada una de las exigencias del
mismo; simplemente le correspondía, como en efecto lo hizo en el caso materia de
controversia, constatar que con ocasión de su cargo y abusando del mismo, el hoy
demandante realizó objetivamente una descripción típica consagrada en la ley como
delito, sancionable a título de dolo (…)».
11
Sentencia C-404 de 2001.
12
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B.
Consejera ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez. Bogotá, D. C. 9 de julio de dos 2015. Radicación:
11001-03-25-000-2012-00189-00(0777-12). Actor: José Libardo Moreno Rodríguez. Demandado:
Nación-Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional.
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Radicado: 54001-23-33-000-2016-00071-02 (5559-2022)
Demandante: Raúl Alberto López Maldonado
Así las cosas, en consideración a las diferencias en la naturaleza, principios,
características y finalidad entre el derecho disciplinario y el derecho penal, no es
necesaria la previa decisión de este último para que se defina la responsabilidad en
el primero.
3. Caso en concreto
3.1. En relación con la falta de notificación del acto administrativo disciplinario
de segunda instancia al disciplinado
De conformidad con el reparo relacionado en el primer problema jurídico la Sala
estima pertinente señalar el trámite adelantado en el procedimiento disciplinario:
-A través de oficio S-2014 039158-/MEBUC COMAN 2913, el coronel Gonzalo
Carrero Pérez, comandante de policía metropolitana de Cúcuta14, remitió a la
Inspección delegada región cinco de Policía el informe ejecutivo de la novedad
ocurrida el 8 de agosto de 2014 con el capitán Raúl Alberto López Maldonado y el
subintendente Helver Valderrama Mojica, quienes presuntamente el 8 de agosto de
2014 a las 11:50 pm se desplazaban en un vehículo policial de placa BNA 014 por
la frontera hacia los galpones del Escobal y abordaron un camión que transportaba
purina de contrabando de propiedad de quien dijo llamarse Alexander Gélvez al que
le realizaron una exigencia de $5.000.0000 para no incautarle la mercancía y al
parecer éste les entrega un adelanto de $1.900.000 y acordaron la entrega del
dinero restante a la mañana siguiente en otro lugar. El ciudadano informó lo
sucedido a una patrulla policial que se encontraba en el sector haciendo labores de
vigilancia, quienes a su vez le las unidades de policía judicial y de inteligencia; a la
mañana siguiente dichas unidades abordaron el vehículo policial a bordo de los
implicados e incautaron la suma de $1.900.000 y posteriormente recepcionaron la
denuncia presentada por Alexander Geles15.
• Con fundamento en el anterior informe, la Inspección delegada región cinco de
13
Índice 2 expediente digital, archivo «ED_CORREORADI_004RV_5400123330002(.pdf) NroActua
2», carpeta 54001233300020160007100 EXPEDIENTE TRIBUNAL, documento 018Pruebas.pdf,
página 45
14
A quien a su vez le fue dado a conocer el informe mediante oficio S- 2014-039154/SIJIN SEJIN 29
por el jefe sección de investigación criminal MEBUC, mayor Gabino Humberto Gamboa Correa,
Ibídem página 44
15
Con el informe se allegaron, entre otros, los siguientes documentos de policía judicial: informe –
FPJ-3 suscrito por Jorge Mario de los Ríos Triana de la sección de investigación criminal
Cundinamarca DIJIN dirigido a seccional de fiscalías de Cúcuta, unidad de reacción inmediata; único
de noticia criminal –FPJ-2 suscrito por Alexander Gélvez y Jorge Mario de los Ríos Triana; Acta de
incautación; entrevista –FPJ-14 de Jesús Enrique Rodríguez y de Nelson Peñaranda de la Policía
Nacional que en compañía con miembros de la SIJIN realizaron el procedimiento policial; Formato
de investigador de campo –FPJ-11 donde consta la diligencia de inspección de vehículo.
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Radicado: 54001-23-33-000-2016-00071-02 (5559-2022)
Demandante: Raúl Alberto López Maldonado
Policía dio apertura a la indagación preliminar P REGI5-2014-52 el 9 de agosto de
2014 en contra del demandante y del subintendente Helver Valderrama Mojica y
decretó la práctica de pruebas documentales y testimoniales16. Decisión notificada
al demandante el 9 de agosto de 201417.
• En cumplimiento del anterior auto, la autoridad disciplinaria recibió pruebas
documentas y practicó las siguientes diligencias de declaración: i) el 10 de agosto
de 2014 al subintendente Jesús Enrique Rodríguez; diligencia en la que Raúl Alberto
López designó al abogado José Daniel Arce Betancourt como su apoderado en
procedimiento disciplinario18; ii) el 11 del mes y año a los patrulleros Nelson Chanel
Peñaranda y Edwin Jaferson Montenegro Vega19. Las anteriores declaraciones se
rindieron con la presencia del investigado y su apoderado quien interrogó a los
policiales.
• Por medio de memorial del 21 de agosto de 2014, José Daniel Arce, apoderado
del disciplinado, solicitó se escuchara en versión libre a Raúl Alberto López
Maldonado20.
• En auto del 21 de agosto de la anualidad, el inspector delegado profirió auto de
decreto de práctica de pruebas documentales y testimoniales21 comunicado al
investigado por correo electrónico22.
• El 22 de agosto de 2014, Raúl Alberto López Maldonado y Helver Valderrama
Mojica, investigados, rindieron versión libre con la presencia del apoderado José
Daniel Arce23. En la fecha, el Inspector delegado escuchó las declaraciones del
teniente Fabián León Hernández y tanto al investigado como a su apoderado se les
concedió el uso de la palabra para interrogarlo y del Patrullero Jorge Mario de los
Ríos Triana a quien el apoderado de la defensa interrogó24.
• El 10 de septiembre de 2014, los patrulleros Jorge armando Vivas Trujillo y German
David Narváez presentaron su declaración y en la diligencia estuvo presente el
apoderado del investigado25.
16
Ibidem, páginas de la 46 a la 51
17
Ibidem, página 55
18
Ibidem, páginas de la 58 a la 63
19
Ibidem, páginas de la 127 a la 138
20
Ibidem, página 159
21
Ibidem, páginas de la 160 a la 163
22
Ibidem, página 164
23
Ibidem, páginas de la 167 a la 169 y de la 171 a la 174, respectivamente.
24
Ibidem, páginas de la 176 a la 185
25
Ibidem, páginas de la 202 a la 207
12
Radicado: 54001-23-33-000-2016-00071-02 (5559-2022)
Demandante: Raúl Alberto López Maldonado
• Mediante memorial sin fecha, el defensor del investigado solicitó la expedición de
copias del procedimiento disciplinario26.
• El 10 de septiembre de 2014, el inspector delegado decretó la práctica de pruebas
testimoniales27 comunicado a la defensa vía correo electrónico28.
• En atención al anterior auto, dicho funcionario practicó diligencias de declaración
el 12 de septiembre del 2014 y escuchó al mayor Carlos Giovanni Ramírez, al
patrullero Arley Ramírez Medina y al patrullero Davison Wilmer Uribe, en esta
oportunidad el apoderado del investigado ejerció el derecho de defensa y
contradicción29.
• El 3 de octubre, la Inspección delegada región cinco puso en conocimiento de José
Daniel Arce, defensor del investigado, material probatorio relacionado con
grabaciones de la sala de radio de la Policía Nacional30.
• Por memorial presentado el 6 de octubre de 2014, el precitado apoderado solicitó
la terminación y archivo de la investigación por desistimiento tácito debido a la
imposibilidad de ubicar al denunciante, Alexander Gélvez, al haber suministrado
datos de identificación y ubicación falsos y por haberse presentado falencias en la
investigación por parte del personal de la SIPOL y la SIJIN31. Dicha solicitud fue
resuelta desfavorablemente por el inspector delegado de la Región Cinco de Policía
en auto del 24 de octubre de la anualidad bajo el argumento de que aun existiendo
un desistimiento tácito o expreso por mandato del parágrafo único del artículo 29 de
la Ley 734 de 2002 esta figura no se constituye una causal de extinción de la acción
disciplinaria la cual procede de manera oficiosa, así como tampoco las
irregularidades que se pudieron presentar en el procedimiento de judicialización
penal pues la acción disciplinaria tiene naturaleza especial, es autónoma e
independiente32. El apoderado fue notificado de la decisión el 28 de octubre33
• Mediante auto del 24 de octubre de 2014, la Inspección Delegada Regional Cinco
abrió investigación disciplinaria bajo el radicado REGI5-2014-35 y formuló cargos
en contra del investigado por haber incurrido a título de dolo en las faltas gravísimas
de los numerales 4 del artículo 34 de la Ley 1015 de 2006 que alude «Solicitar o
recibir directa o indirectamente dádivas o cualquier otro beneficio, para sí o para
un tercero, con el fin de ejecutar, omitir o extralimitarse en el ejercicio de sus
26
Ibidem, página 208
27
Ibidem, páginas de la 209 a la 211
28
Ibidem, páginas 216 y 217
29
Ibidem, páginas de la 218 a la 225
30
Ibidem, página 242
31
Ibidem, páginas de la 243 a la 245
32
Ibidem, páginas 246 y 247
33
Ibidem, página 248
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Radicado: 54001-23-33-000-2016-00071-02 (5559-2022)
Demandante: Raúl Alberto López Maldonado
funciones.» y 3 ejusdem que señala «Permitir, facilitar, suministrar información o
utilizar los medios de la Institución, para cualquier fin ilegal o
contravencional»34. Auto notificado personalmente el 29 de octubre de la anualidad
a José Daniel Arce, defensor del investigado35.
• La Inspección Delegada Región Cinco celebró la audiencia: i) el 7 de noviembre
de 2014 los investigados se ratificaron en su versión libre, el apoderado solicitó la
práctica de pruebas a lo cual el instructor del proceso accedió unas y negó otras
contra la decisión se interpuso recurso de reposición y apelación36; ii) continuó el 11
del mes y año a la que no compareció Raúl López, sin embargo, su apoderado
estuvo presente, en su curso se escuchó la declaración del intendente Rodrigo
Torres y se recibió prueba documental solicitada por la defensa dirigida a la Fiscalía
General de la Nación para que expidiera copia del estudio link realizado al celular
marca Samsung color negro IMEI 354364/05/151171/7 con 2 Sim Card incautados
a los investigados, se allegó respuesta suscrita por Lino Carrillo Duarte, Fiscal
Tercero de la administración pública de la ciudad de Cúcuta, mediante oficio en el
que se adjuntó copia simple del informe de investigación de campo de fecha 27 de
octubre del año en curso, realizado por parte del técnico Rafael Darío Cristancho
Peñaranda y el cual hace referencia a un estudio link realizado a las llamadas
entrantes y salientes de una SIMCARD CLARO que se obtuvo dentro de uno de los
celulares incautados y que hace parte de la noticia criminal
540016106079201482558, prueba de la que se corrió traslado a los sujetos
procesales37; iii) se reanudó el 19 de noviembre con la presencia de los presuntos
sujetos activos de la conducta y su apoderado, quien presentó alegatos de
conclusión38 y Iv) el 25 de noviembre la autoridad disciplinaria emitió decisión de
primera instancia que declaró disciplinariamente responsable de la conducta
investigada a Raúl Alberto López Maldonado y en consecuencia ordenó su
destitución e inhabilidad por el término de 15 años, en esta fecha no estuvo presente
el disciplinado pero estuvo representado por su defensor quien sustentó el recurso
de apelación contra la decisión de no reponer la negativa de la práctica de pruebas
y de la decisión de primera instancia39.
• El 19 de febrero de 2015, la Inspección General de Policía Nacional profirió auto
en el que se ordenó correr traslado a los sujetos procesales para alegar en segunda
instancia40 comunicado al apoderado del disciplinado por estado41 y a través de
34
Ibidem, páginas de la 249 a la 423
35
Ibidem, página 426
36
Ibidem, páginas 427 a la 433
37
Ibidem, páginas 436 a la 440
38
Ibidem, páginas 441 a la 449
39
Ibidem, páginas de la 450 a la 654
40
Ibidem, página 656
41
Ibidem, página 659
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Radicado: 54001-23-33-000-2016-00071-02 (5559-2022)
Demandante: Raúl Alberto López Maldonado
correo electrónico el 23 del mes y años42, sin embargo, según constancia secretarial
del 26 de febrero no se presentó escrito de alegatos43.
• El 20 de marzo de 2015, el inspector general de Policía (e) confirmó en segunda
instancia en su integralidad la negativa de pruebas y de la decisión de
responsabilidad44. El proceso fue remitido a la autoridad de primera instancia quien
dio a conocer al apoderado del disciplinado la decisión en diligencia de notificación
personal del 25 de marzo de la anualidad45 y según constancia suscrita por el
inspector delegado región 5 cobró ejecutoria el 26 de marzo del 201546
• Por medio de la Resolución 1359 del 19 de junio de 2015, el Ministerio de Defensa
Nacional hizo efectiva la sanción disciplinaria de destitución e inhabilidad y como
consecuencia retiró al demandante del servicio activo de la Policía Nacional y
ordenó realizar las anotaciones de la sanción en su hoja de vida, asimismo, remitir
la resolución a la Dirección de Talento Humano de la Policía Nacional y a la División
de registro de la Procuraduría General de la Nación para lo de su competencia47. El
anterior acto de ejecución fue notificado personalmente al demandante el 9 de julio
de 201548.
Del recuento de las actuaciones citadas en precedencia la Sala advierte que, al
demandante le fue garantizado su derecho al debido proceso en todas las etapas
del procedimiento desde la indagación preliminar, la investigación y el juzgamiento
por cuanto:
El auto de indagación preliminar le fue notificado personalmente y a partir del día
siguiente, cuando se empezaron a recibir las pruebas decretas en dicha etapa, Raúl
Alberto López designó al abogado José Daniel Arce para que ejerciera su defensa,
a quien se le notificaron todas y cada una de las actuaciones surtidas en el
procedimiento.
En lo concerniente a la notificación de las decisiones que en el marco del
procedimiento disciplinario se adoptan se tiene que en la Ley 734 de 2002 las
notificaciones personales que deben practicarse son las de las decisiones de
apertura de indagación preliminar, investigación, pliego de cargos y el acto
sancionatorio –artículo 101- sin que la norma especifique que deba surtirse al
investigado o a su apoderado.
42
Ibidem, páginas 657 y 658
43
Ibidem, página 660
44
Ibidem, páginas de la 667 a la 683
45
Ibidem, página 685
46
Ibidem, página 686
47
Ibidem, páginas 703 y 704
48
Ibidem, página 707
15
Radicado: 54001-23-33-000-2016-00071-02 (5559-2022)
Demandante: Raúl Alberto López Maldonado
Pues bien, a partir de una lectura integral de la norma la calidad de investigado «se
adquiere a partir del momento de la apertura de investigación o de la orden de vinculación»
-artículo 91- que en el sub lite fue con la vinculación del demandante a la indagación
preliminar, quien a partir de ese momento como sujeto procesal ejerció los derechos
que se le deben garantizar a todo investigado, entre ellos, a designar defensor –
numeral 2 del artículo 92- quien a su vez adquiere la calidad de sujeto procesal para
intervenir en la actuación disciplinaria –artículo 8949- y ostenta las mismas
facultades del investigado de conformidad con el artículo 93 que en su literalidad
alude: «Estudiantes de consultorios jurídicos y facultades del defensor. Los
estudiantes de los Consultorios Jurídicos, podrán actuar cómo defensores de oficio en los
procesos disciplinarios, según los términos previstos en la Ley 583 de 2000. Cómo sujeto
procesal, el defensor tiene las mismas facultades del investigado; cuando existan criterios
contradictorios prevalecerá el del primero». (sic)
En ejercicio de las facultades otorgadas al defensor en el curso del procedimiento
disciplinario, José Daniel Arce, solicitó y controvirtió las pruebas e intervino en su
práctica, pues como se observa estuvo presente en todas las diligencias de
declaraciones e interrogó a los declarantes, se le pusieron en conocimiento las
pruebas recaudadas en la indagación preliminar, en audiencia solicitó la práctica de
una prueba dirigida a la Fiscalía y de esta se le corrió traslado una vez fue allegada
a la investigación, interpuso recursos contra la negativa de la práctica otras y contra
la decisión de primera instancia; asimismo, presentó solicitudes de copias del
expediente y de terminación y archivo de la investigación. Por su parte el ahora
demandante presentó versión libre e interrogó a uno de los declarantes, estuvo
presente en algunas de las fechas en las que se celebró la audiencia, no obstante,
en ambas instancias y en todas las diligencias estuvo representado por el defensor
que designó.
En relación con la notificación del auto que abrió investigación, que formuló pliego
de cargos y las decisiones disciplinarias la Ley 734 de 2002 prevé:
«Artículo 155. Notificación de la iniciación de la investigación. Iniciada la
investigación disciplinaria se notificará al investigado y se dejará constancia en el
expediente respectivo. En la comunicación se debe informar al investigado que tiene
derecho a designar defensor.
(…)
49
«Artículo 89. Sujetos procesales en la actuación disciplinaria. Podrán intervenir en la
actuación disciplinaria, cómo sujetos procesales, el investigado y su defensor, el Ministerio Público,
cuando la actuación se adelante en el Consejo Superior o Seccional de la Judicatura o en el
Congreso de la República contra los funcionarios a que se refiere el artículo 174 de la Constitución
Política.
En ejercicio del poder de supervigilancia administrativa y cuando no se ejerza el poder preferente
por la Procuraduría General de la Nación, esta podrá intervenir en calidad de sujeto procesal.»
16
Radicado: 54001-23-33-000-2016-00071-02 (5559-2022)
Demandante: Raúl Alberto López Maldonado
Artículo 165. Notificación del pliego de cargos y oportunidad de variación. El pliego
de cargos se notificará personalmente al procesado o a su apoderado si lo tuviere.
Nota: (Texto subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante
Sentencia C-328 de 2003, únicamente de los cargos analizados.)
Para el efecto inmediatamente se librará comunicación y se surtirá con el primero que
se presente.
(…)
Artículo 201. Notificaciones. Se notificarán por estado los autos susceptibles de
recursos y por edicto la sentencia.
Se notificarán personalmente al disciplinado y/o su defensor el pliego de cargos y la
sentencia. Si no fuere posible la notificación personal del pliego de cargos al investigado,
vencidos los términos previstos en esta ley, se le designara defensor de oficio con quién
se surtirá la notificación y continuara el trámite de la actuación. (…)».
En relación con la notificación de las actuaciones antes transcritas se tiene que en
el asunto de estudio dichas notificaciones se surtieron al defensor. Ahora bien, es
cierto que respecto del auto que inició o abrió investigación la norma señala que se
debe realizar al investigado también lo es que no puede dársele una lectura aislada
a esta disposición del resto de la Ley 734, en efecto por regla general la calidad de
investigado se adquiere con la apertura de la investigación y a partir de dicho
momento se pueden ejercer los derechos en tal calidad como designar defensor,
sin perjuicio de que se deba garantizar el derecho de defensa y contradicción de lo
surtido en la indagación preliminar, luego, si dicha calidad se adquiere con
anterioridad como se indicó en precedencia y ocurrió en el caso de autos es a partir
de ese momento que se adquiere la calidad de investigado y sujeto procesal con las
facultades que de ello se derivan, entonces al emitirse el auto del 24 de octubre de
2014 que abrió investigación disciplinaria el defensor ya era un sujeto procesal con
quien se podía surtir la notificación.
En cuanto al pliego de cargos y de las decisiones disciplinarias las disposiciones
trascritas señalan que se notificaran «al procesado o a su apoderado si lo tuviere» «al
disciplinado y/o su defensor» lo que implica que es posible elegir entre uno u otro o
ambos para surtir la notificación; Para el caso, la decisión de primera instancia se
adoptó en audiencia de conformidad con el trámite del procedimiento verbal por lo
que se notificó en estrado al apoderado del disciplinado, último que no asistió a la
audiencia y, la segunda instancia se notificó personalmente al apoderado lo que es
acorde con las disposiciones transcritas y no desconoce el derecho de defensa y
contradicción del demandante quien decidió actuar en el procedimiento a través de
un defensor.
17
Radicado: 54001-23-33-000-2016-00071-02 (5559-2022)
Demandante: Raúl Alberto López Maldonado
Finalmente, en cuanto a la ejecutoria de la decisión de segunda instancia la Ley 734
en su artículo 119 dispone:
«Ejecutoria de las decisiones. Las decisiones disciplinarias contra las que proceden
recursos quedaran en firme tres días después de la última notificación. Las que se dicten
en audiencia o diligencia, al finalizar esta o la sesión donde se haya tomado la decisión,
si no fueren impugnadas.
Las decisiones que resuelvan los recursos de apelación y queja, así cómo aquellas
contra las cuáles no procede recurso alguno, quedaran en firme el día que sean suscritas
por el funcionario competente.
Nota: (Inciso declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-
1076 de 2002, siempre y cuando se entienda que los efectos jurídicos se surten a partir
de la notificación de las providencias.)» (sic)
Entonces, en materia disciplinaria se aplica la regla según la cual las decisiones de
segunda instancia mediante las cuales se resuelven los recursos de apelación y
queja quedan ejecutoriadas no solo con la simple suscripción del funcionario
competente sino con su notificación.
En consecuencia, al emitirse la Resolución 1359 del 19 de junio de 2015 «[p]or la
cual se hace efectiva una sanción impuesta, en cumplimiento de un fallo disciplinario, y se
retira del servicio activo a un Oficial de la Policía Nacional» la decisión del 20 de marzo
de 2015 estaba ejecutoriada pues fue notificada al defensor del demandante el 25
de marzo de la anualidad y cobró ejecutoria al día siguiente, esto es, el 26 de marzo
de 2015 según constancia expedida por el inspector delegado, sin que la Sala
irregularidad procesal sustancial alguna en dicho trámite, ni en el curso de todo el
procedimiento pues las notificaciones surtieron su finalidad que fue dar a conocer al
interesado las actuaciones para que tuviera la oportunidad de ejercer su derecho de
defensa y contradicción como en efecto ocurrió.
3.2. En relación con la falta de ratificación de la denuncia que dio origen al
proceso de judicialización y a la vez al procedimiento disciplinario para
adelantar y emitir decisión disciplinaria
De acuerdo con lo expuesto en el marco normativo en relación con la diferencia
entre el derecho disciplinario y el penal, la Sala evidencia que:
El procedimiento disciplinario adelantado en contra del demandante se inició con
fundamento al informe ejecutivo de novedad remitido a la Inspección delegada
regional cinco por el comandante de Policía Metropolitana de Cúcuta, coronel
Gonzalo Carrero Pérez, a quien a su vez le fue dado a conocer por el jefe sección
de investigación criminal MEBUC, mayor Gabino Humberto Gamboa Correa. Con el
informe se allegaron, entre otros documentos de policía judicial, el informe –FPJ-3
18
Radicado: 54001-23-33-000-2016-00071-02 (5559-2022)
Demandante: Raúl Alberto López Maldonado
suscrito por Jorge Mario de los Ríos Triana, miembro de la sección de investigación
criminal Cundinamarca DIJIN, dirigido a la seccional de fiscalías de Cúcuta - unidad
de reacción inmediata en el que se relatan los hechos relatados por el denunciante
y los ocurridos con posterioridad en el procedimiento en el que participaron
miembros de la SIPOL y de la SIJIN; el formato único de noticia criminal –FPJ-2
suscrito por Alexander Gélvez y Jorge Mario de los Ríos Triana; el acta de
incautación; entrevista –FPJ-14 de Jesús Enrique Rodríguez y de Nelson
Peñaranda de la SIPOL y el formato de investigador de campo –FPJ-11 donde
consta la diligencia de inspección del vehículo policial.
Luego, el comandante de Policía Metropolitana de Cúcuta remitió a la citada
Inspección el informe ejecutivo en cumplimiento de su obligación de dar a conocer
a la autoridad competente un presunto hecho constitutivo de falta disciplinaria –
artículo 70 de la Ley 734 de 200250-.
En efecto, si bien las conductas constitutivas de las faltas disciplinarias endilgadas
se conocieron con ocasión de la denuncia presentada por Alexander Gélvez, a quien
pese a varios intentos51 para que compareciera al procedimiento disciplinario no lo
hizo, también lo es que la ratificación o no de la denuncia en el procedimiento de
judicialización penal, no determinaba el ejercicio de la acción disciplinaria, que no
solo tuvo como prueba el informe ejecutivo y los documentos que le sirvieron de
soporte, sino además las pruebas testimoniales y documentales practicadas en la
curso de la actuación disciplinaria que otorgaron certeza de la existencia de la falta
y de la responsabilidad de Raúl Alberto López.
En consecuencia y como lo advirtió el a quo, una vez conocidos los hechos que dan
lugar a la presunta comisión de una falta disciplinaria en virtud del principio de
oficiosidad correspondía al operador disciplinado iniciar y adelantar la investigación,
pues se insiste, la presunta conducta fue conocida a través de medios que le
otorgaron credibilidad a dicha autoridad, basada no solo en la denuncia de quien
adujo llamarse Alexander Gélvez sino de otros documentos que sirvieron de soporte
al informe ejecutivo y del material probatorio recaudado tanto en la indagación
50
Artículo 70. Obligatoriedad de la acción disciplinaria. El servidor público que tenga
conocimiento de un hecho constitutivo de posible falta disciplinaria, si fuere competente, iniciara
inmediatamente la acción correspondiente. Si no lo fuere, pondrá el hecho en conocimiento de la
autoridad competente, adjuntando las pruebas que tuviere.
Si los hechos materia de la investigación disciplinaria pudieren constituir delitos investigables de
oficio, deberán ser puestos en conocimiento de la autoridad competente, enviándole las pruebas de
la posible conducta delictiva.
51
Ibidem, página 73 en la que obra constancia secretarial de comunicación vía telefónica del 10 de
agosto de 2014 para solicitar comparezca a rendir versión de los hechos; página 74 oficio S-
2014/INSGE –REGI5 29.10 del 10 de agosto de 2014 citación a la dirección suministrada en la
denuncia; de la misma fecha constancia secretarial de intento de comunicación en el que la llamada
se va a buzón de mensajes; oficio del 11 de agosto de la anualidad informando que establecida
comunicación con Alexander este manifestó que no asistiría a la diligencia.
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Demandante: Raúl Alberto López Maldonado
preliminar como en el curso de la investigación y que finalmente en la etapa de
juzgamiento resultó en la declaración de responsabilidad del disciplinado.
Luego, no es cierto como lo aduce el demandante, que no hubo certeza de la ilicitud
de la conducta, porque el operador disciplinario efectuó un juicio basado en la
infracción del deber funcional del servidor público sin justificación alguna de la que
se consolidó la antijuridicidad de la conducta, al margen del juicio de imputación
realizado en el proceso penal, y del que concluyó que con la falta cometida infringió
la norma disciplinaria, Ley 1015 de 2006, por cuanto con pleno conocimiento que
cuando se ejerce el rol funcional no le es permitido a los agentes del Estado
desconocer el ordenamiento jurídico, es decir, contrariar las órdenes impartidas en
forma permanente o transitoria por el mando institucional, cual es la de acatar las
deposiciones legales y no extralimitarse en el ejercicio de las funciones u omitirlas,
lo hizo y con ello incurrió en las faltas investigadas en detrimento de su función
pública y del ordenamiento jurídico.
Así pues, se encontraron demostrados los supuestos fácticos que dieron lugar a la
actuación en contra del actor, la responsabilidad disciplinaria de la conducta y la
correspondiente sanción, en la medida que la autoridad disciplinante contó con
suficientes elementos de convicción en el procedimiento disciplinario para
determinar que el actor efectivamente incurrió en la falta reprochada,
comportamiento con el cual además desconoció los deberes y prohibiciones de los
servidores públicos y afectó su deber funcional y que resultaron suficientes para
demostrar la existencia de los elementos estructurales de la falta disciplinaria.
Al margen de lo anterior, aunque no es necesaria previa decisión del proceso penal
para que se defina la responsabilidad en el procedimiento disciplinario, por estar
relacionado con el argumento del demandante cabe agregar que no es cierto que
en el proceso penal se hubiera determinado que el ciudadano denunciante no
existiera lo que se pudo comprobar fue que dio un nombre diferente y que su
identificación correspondía a Héctor Gélvez Roso, es más, en la segunda instancia
en la que se condenó al demandante se incorporó al proceso una declaración
rendida por este en la que corroboró los hechos de la denuncia52.
4. Costas
Por último, en cuanto a la condena en costas la Sala precisa que la norma que prevé
su condena en la jurisdicción de lo contencioso-administrativo es el artículo 188 del
CPACA que dispuso: «[s]alvo en los procesos en que se ventile un interés público, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán
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por las normas del Código de Procedimiento Civil. En todo caso, la sentencia dispondrá
sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con
manifiesta carencia de fundamento legal».
Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada, no
presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y solo,
en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales del
procedimiento para su liquidación y ejecución. Por ello, a diferencia de lo que
acontece en otras jurisdicciones, corresponde al juez de lo contencioso-
administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva respecto de la conducta
procesal asumida por las partes, previa imposición de la medida, que limitan el
arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una aplicación razonable de la
norma. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones
temerarias, dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes
etapas del procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si
se causaron dichas costas.
En el caso concreto, esta Sala no condenará en costas a la parte vencida, en
atención a que en el trámite no se allegaron pruebas de que se hayan causado, ni
que la parte vencida actuase con temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o
circunstancia irregular en el transcurso del trámite procesal de las dos instancias,
por lo que se abstendrá de condenar en costas.
5. Conclusión
Los cargos de apelación no tienen vocación de prosperar, toda vez que, como se
expuso en precedencia, si bien el acto administrativo sancionatorio de segunda
instancia no fue notificado al disciplinado si fue notificado al abogado designado por
este para su defensa, quien actuó en el curso de todo el procedimiento disciplinario
y como sujeto procesal tenía las mismas facultades que el investigado, además, por
virtud de las disposiciones de la Ley 734 de 2002 es procedente surtir la notificación
al investigado o a su apoderado o a ambos, como consecuencia, al expedirse la
resolución por medio de la cual se hizo efectiva la sanción la decisión sancionatoria
estaba debidamente ejecutoriada y, la autoridad disciplinaria no incurrió en
irregularidad procesal sustancial alguna al iniciar y adelantar la acción disciplinaria
sin atención a que en el proceso penal se hubiese ratificado la denuncia interpuesta
por quien adujo llamarse Alexander Gélvez Roso, pues en la actuación disciplinaria
se recaudaron pruebas que otorgaron credibilidad a los hechos puestos en
conocimiento de la autoridad para abrir investigación y posteriormente declarar
responsable al demandante.
21
Radicado: 54001-23-33-000-2016-00071-02 (5559-2022)
Demandante: Raúl Alberto López Maldonado
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Confirmar la sentencia proferida el 22 de julio de 2022 por el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander que negó las pretensiones de la demanda, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Segundo. No condenar en costas en esta instancia.
Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo
Samai.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada samai. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del cpaca.
MAG
22
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