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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 54001-23-33-000-2016-00161-01

Fecha
3 de julio de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 54001-23-33-000-2016-00161-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

3 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., tres (3) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 54001-23-33-000-2016-00161-01 (3493-2022)
Demandante: Martha Eugenia Zapata Contreras
Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones

Tema: reliquidación de la pensión de invalidez. Subtema 1: Decreto 758 de 1990.
Subtema 2: acumulación de tiempos públicos y de cotizaciones al ISS para acreditar
semanas bajo el Acuerdo 049 de 1990.

Sentencia de segunda instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida
por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, el 28 de noviembre de 2019,
que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

1. Síntesis del caso

La señora Martha Eugenia Zapata Contreras demandó el acto ficto negativo
configurado por la falta de respuesta a la petición del 6 de marzo de 2014, así como
la nulidad parcial de las Resoluciones Nos. 05952 de 1990 y 4514 de 2009. Pretendió
la reliquidación de la pensión de invalidez por gran invalidez, con inclusión de los
tiempos servidos al Departamento de Norte de Santander y de las cotizaciones
efectuadas al ISS por cuenta de la Universidad de Pamplona.

El Tribunal Administrativo de Norte de Santander accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda, al considerar que la pensión de invalidez debía
reliquidarse con la totalidad de tiempos acreditados, equivalentes a 1.040 semanas, y
declaró la prescripción de las diferencias causadas con anterioridad al 6 de marzo de
2011.

Radicación: 54001-23-33-000-2016-00161-01 (3493-2022)
Demandante: Martha Eugenia Zapata Contreras
Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado revocará la decisión
de primera instancia, al concluir que la conversión de la pensión de invalidez en
pensión de vejez se ajustó al régimen aplicable. Además, precisará que las eventuales
diferencias derivadas de la reliquidación de la pensión de invalidez se encuentran
afectadas por la prescripción.

2. Antecedentes

2.1. La demanda

1. Martha Eugenia Zapata Contreras, mediante apoderado, presentó demanda en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho el 20 de abril
de 2016 contra la Administradora Colombiana de Pensiones (en adelante
Colpensiones), con las siguientes pretensiones1:

2. Se declare la nulidad del acto administrativo ficto negativo configurado por la
falta de respuesta a la petición presentada el 6 de marzo de 2014, mediante la cual la
demandante reiteró la solicitud de reliquidación de la pensión de invalidez que le fue
reconocida.

3. Asimismo, solicitó la nulidad parcial de: i) la Resolución No. 05952 del 20 de
noviembre de 1990, mediante la cual el Instituto de Seguros Sociales le reconoció
pensión de invalidez a partir del 14 de julio de 1990, en cuantía de $112.546; y ii) la
Resolución No. 4514 del 22 de mayo de 2009, por medio de la cual se reliquidó dicha
prestación con fundamento en la variación de las semanas cotizadas registradas en
su historia laboral.

4. A título de restablecimiento del derecho, pidió que se ordenará a Colpensiones
reliquidar la pensión de invalidez, con inclusión del bono pensional correspondiente a
los tiempos laborados al servicio del Departamento de Norte de Santander, esto es,
157,14 semanas, así como las 882,86 semanas cotizadas al ISS, hoy Colpensiones,
para un total de 1.040 semanas.

5. También reclamó que la reliquidación se efectuara con base en el último salario
devengado en la Universidad de Pamplona, equivalente a $254.730, y con inclusión
de todos los factores salariales percibidos durante el último año de servicios, tales
como prima de servicios, prima de vacaciones, prima de navidad, prima técnica y
bonificación por servicios, conforme a lo dispuesto en la sentencia de unificación del
19 de noviembre de 2015, proferida por el Consejo de Estado.

6. Además, que se aplicara el porcentaje correspondiente a la pensión de
invalidez por gran invalidez previsto en el Decreto 758 de 1990, esto es, el 57% del
salario mensual de base, más los incrementos del 3% por cada 50 semanas
adicionales a las primeras 500, para un porcentaje total del 87%.

1 Samai, índice 2. Expediente digital (OneDrive), archivo “001Demanda”, pretensiones visibles – pp. 3 a 4.

2

Radicación: 54001-23-33-000-2016-00161-01 (3493-2022)
Demandante: Martha Eugenia Zapata Contreras
Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones

7. Finalmente, exigió el pago de las diferencias pensionales causadas desde el
14 de julio de 1990 y hasta la fecha en que se realice el pago efectivo, debidamente
indexadas; la aplicación de la suspensión de la prescripción por tratarse de una
persona incapaz; la condena en costas; y el cumplimiento de la sentencia en los
términos del artículo 192 del CPACA.

2.1.1. Hechos

8. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así:

9. Martha Eugenia Zapata Contreras nació el 13 de mayo de 1945.

10. La demandante prestó sus servicios a la Secretaría de Educación
Departamental de Norte de Santander y, posteriormente, a la Universidad de
Pamplona.

11. Según afirmó, durante esos periodos acumuló 157,14 semanas de cotización
ante el Fondo Territorial de Pensiones de Norte de Santander y 882,86 semanas ante
el Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones, para un total de 1.040 semanas.

12. Mediante dictamen médico laboral por enfermedad común, se estructuró a favor
de la demandante una incapacidad permanente total por gran invalidez, a partir del 21
de junio de 1990.

13. Por Resolución No. 05952 del 20 de noviembre de 1990, el Instituto de Seguros
Sociales (en adelante ISS) le reconoció pensión de invalidez a partir del 14 de julio de
1990.

14. Posteriormente, mediante Resolución No. 4514 del 22 de mayo de 2009, el ISS
reliquidó la prestación, al advertir una variación en el número de semanas cotizadas.

15. La parte actora sostuvo que dicha reliquidación no incluyó la totalidad de
semanas cotizadas ni todos los factores salariales devengados durante su último año
de servicios.

16. El 24 de septiembre de 2012, la demandante presentó escrito radicado bajo el
No. 2013680037215, mediante el cual solicitó la revisión de su situación pensional.
Luego, el 6 de marzo de 2014, reiteró la solicitud de reliquidación de la pensión de
invalidez y afirmó que la entidad no emitió respuesta de fondo.

17. La demandante argumentó que, por su edad y condición de invalidez, es sujeto
de especial protección constitucional y que no resulta procedente aplicar la
prescripción frente a las diferencias pensionales reclamadas.

18. Finalmente, indicó que, a partir del 13 de mayo de 2000, fecha en la cual

3

Radicación: 54001-23-33-000-2016-00161-01 (3493-2022)
Demandante: Martha Eugenia Zapata Contreras
Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones

cumplió 55 años de edad, la pensión de invalidez reconocida por enfermedad común
y gran invalidez se convirtió en vitalicia.

2.1.2. Normas violadas y concepto de violación

19. En la demanda se invocaron como normas vulneradas los artículos 1, 2, 4, 13
inciso segundo y 53 de la Constitución Política; los artículos 1, 2, 4, 13, 2530 inciso
segundo del Código Civil; y el Decreto 758 de 1990, por medio del cual se aprobó el
Acuerdo 049 de 1990 del Consejo Nacional de Seguros Sociales Obligatorios, en
particular, los artículos 5 numeral 1 literal c y 20 numeral 3.

20. Al explicar el concepto de violación, la parte demandante sostuvo que los actos
acusados desconocieron sus derechos fundamentales a la igualdad, a la seguridad
social y a la protección especial de las personas en situación de invalidez, al no
reliquidar la pensión con la totalidad de tiempos laborados y cotizados.

21. Afirmó que Colpensiones debió incluir las 157,14 semanas correspondientes a
los servicios prestados al Departamento de Norte de Santander, las cuales, sumadas
a las 882,86 semanas cotizadas al ISS, hoy Colpensiones, arrojaban un total de 1.040
semanas para efectos de la liquidación pensional.

22. Señaló que la prestación no debió calcularse con base en 843 ni en 872
semanas, ni sobre un salario base de $154.172,12, sino con fundamento en el último
salario devengado en la Universidad de Pamplona, esto es, $254.730.

23. Indicó que la reliquidación también debía incluir todos los factores salariales
devengados durante el último año de servicios, entre ellos, las primas de servicios,
vacaciones, navidad, técnica y la bonificación por servicios.

24. Agregó que, por tratarse de una pensión de invalidez por gran invalidez,
resultaba aplicable el Decreto 758 de 1990, según el cual la cuantía básica
corresponde al 57% del salario mensual de base, con aumentos del 3% por cada 50
semanas adicionales a las primeras 500, para un porcentaje final del 87%.

25. Por último, sostuvo que no era procedente aplicar la prescripción de las
diferencias reclamadas, en razón de su condición de persona incapaz y sujeto de
especial protección constitucional. Con fundamento en ello, solicitó la nulidad de los
actos acusados y el consecuente restablecimiento del derecho.

2.2. Contestación de la demanda

26. Colpensiones contestó la demanda y se opuso a las pretensiones, en los
siguientes términos2:

2
Samai, índice 2. Expediente digital (OneDrive), archivo “006ContestacionDemanda”, pretensiones visibles – pp.
14 a 76.

4

Radicación: 54001-23-33-000-2016-00161-01 (3493-2022)
Demandante: Martha Eugenia Zapata Contreras
Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones

27. En relación con los hechos, aceptó que la demandante laboró para las
entidades indicadas en la demanda y que fue valorada por el entonces ISS, con
ocasión de la incapacidad permanente total por gran invalidez que le fue dictaminada.

28. No obstante, afirmó que no era procedente reliquidar la pensión de invalidez
en los términos solicitados, pues dicha prestación fue reconocida mediante Resolución
No. 05952 del 20 de noviembre de 1990, con fundamento en el Decreto 758 de 1990,
norma que, según indicó, no permite sumar tiempos laborados en entidades públicas
que no fueron cotizados al ISS, ni incluir factores salariales sobre los cuales no se
efectuaron aportes al sistema pensional.

29. Señaló que, si bien mediante Resolución No. 4514 del 22 de mayo de 2009 se
reliquidó su pensión de invalidez, ello se hizo con sujeción a los parámetros aplicables
a dicha prestación y a las semanas efectivamente acreditadas ante el ISS.

30. Afirmó que no se configuró el acto administrativo ficto alegado, toda vez que la
solicitud de la parte actora fue resuelta en sede administrativa. En ese sentido, indicó
que mediante Resolución No. VPB 11205 del 12 de julio de 2014 se modificó la
situación pensional de la demandante y se reconoció una pensión de vejez, con
fundamento en la Ley 71 de 1988, cuyo ingreso base de liquidación fue determinado
conforme a los parámetros aplicables de la Ley 100 de 1993.

31. Agregó que los tiempos laborados al servicio del Departamento de Norte de
Santander podían tener incidencia frente a la pensión de vejez por aportes, pero no
para la reliquidación de la pensión de invalidez reconocida bajo el Acuerdo 049 de
1990, aprobado por el Decreto 758 de ese mismo año.

32. También indicó que no era viable tomar como base el último salario devengado
en la Universidad de Pamplona ni incluir todos los factores salariales reclamados, pues
el salario mensual de base de la pensión de invalidez debía calcularse conforme a las
reglas previstas en el Decreto 758 de 1990.

33. Finalmente, propuso las excepciones de indebida conformación del
contradictorio, falta de legitimación en la causa por pasiva, prescripción, inexistencia
de la obligación, carencia del derecho reclamado, buena fe, falta de título y causa, y
la genérica.

2.3. Sentencia de primera instancia

34. El Tribunal Administrativo de Norte de Santander, mediante sentencia del 28
de noviembre de 2019, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, sin
condena en costas3, en los siguientes términos:

PRIMERO: DECLARAR la nulidad del acto administrativo ficto o presunto proferido por
la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES “COLPENSIONES” que negó

3 Samai, índice 2. Expediente digital (OneDrive), archivo “016SentenciaNyR”.

5

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Demandante: Martha Eugenia Zapata Contreras
Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones

la solicitud de reliquidación de la Pensión de Invalidez reconocida a la señora MARTHA
EUGENIA ZAPATA CONTRERAS, y la nulidad parcial de los actos administrativos
contenidos en: la Resolución No. 05952 del 20 de noviembre de 1990, proferida por el
INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES “ISS”, hoy “COLPENSIONES”, por medio de
la cual se concedió la Pensión de Invalidez a la accionante a partir del 14 de julio de
1990, por cuantía equivalente a $112.546; y la Resolución No. 4514 del 22 de mayo
de 2009, proferida por el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES “ISS”, hoy
“COLPENSIONES”, por medio de la cual se resolvió reliquidar la Pensión de Invalidez
de la actora.

SEGUNDO: Como consecuencia se ORDENA a la ADMINISTRADORA
COLOMBIANA DE PENSIONES “COLPENSIONES”, reliquidar la pensión de invalidez
de la señora MARTHA EUGENIA ZAPATA CONTRERAS, incrementando sus
semanas de cotización a 1.040 y aplicando los porcentajes previstos en el parágrafo 2
del artículo 20 del Decreto 758 de 1990 y la fórmula para su reliquidación consagrada
en el parágrafo 1 del artículo 20 ibidem.

Para ello la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES “COLPENSIONES”,
primero efectuará la reliquidación ordenada con ocasión de este proceso a partir del
06 de marzo de 2011 y hasta la fecha de ejecutoria de este fallo, y luego pagará la
diferencia que resulte entre el mayor valor que arroje la nueva liquidación y el pago
que efectivamente haya realizado, conforme lo dispuesto en el siguiente numeral.

TERCERO: A título de restablecimiento del derecho, CONDENAR a la
ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES “COLPENSIONES”, a PAGAR
a la señora Martha Eugenia Zapata Contreras, la diferencia que resulte entre el mayor
valor que arroje en el ajuste dispuesto en el anterior numeral y el pago efectuado por
la entidad, pago que se hará efectivo desde el 06 de marzo de 2011, inclusive hasta la
ejecutoria de esta sentencia y en adelante teniendo en cuenta que las diferencias
deben ser utilizadas como base para la liquidación de las mesadas posteriores.

Las sumas que resulte deber la accionada como consecuencia de esta providencia,
deberán ser ajustadas al valor presente, como lo dispone el artículo 187 del Código
del Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y de acuerdo con
la fórmula sentada para estos eventos por el H. Consejo de Estado.

CUARTO: DECLARAR probada la excepción de prescripción alegada por la
ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES “COLPENSIONES”, conforme a
lo señalado en la motivación. En consecuencia declarar la prescripción de las
diferencias de mayor valor de las mesadas reajustadas, causadas hasta el 05 de marzo
de 2011, inclusive, de conformidad con lo dispuesto en la parte motiva.

QUINTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda, de acuerdo con lo expuesto
en la parte motiva de la presente providencia.

SEXTO: ABSTENERSE DE IMPONER condena en costas, por lo indicado
previamente.

[…]

6

Radicación: 54001-23-33-000-2016-00161-01 (3493-2022)
Demandante: Martha Eugenia Zapata Contreras
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35. Para el Tribunal, el problema jurídico consistía en determinar si se encontraban
viciados de nulidad el acto administrativo ficto que negó la solicitud de reliquidación
de la pensión de invalidez y las Resoluciones Nos. 05952 del 20 de noviembre de
1990 y 4514 del 22 de mayo de 2009, o si, por el contrario, dichos actos debían
mantener su presunción de legalidad.

36. Como fundamento de su decisión, consideró que se encontraba acreditado que
a la demandante le fue reconocida pensión de invalidez mediante Resolución No.
05952 del 20 de noviembre de 1990, a partir del 14 de julio de ese año, con base en
843 semanas cotizadas. Asimismo, tuvo por probado que, mediante Resolución No.
4514 del 22 de mayo de 2009, el ISS reliquidó la prestación, al incrementar las
semanas reconocidas de 843 a 872.

37. Señaló que la normativa aplicable al caso era el Acuerdo 049 de 1990,
aprobado por el Decreto 758 de 1990, toda vez que la fecha de estructuración de la
pérdida de capacidad laboral de la demandante fue el 21 de junio de 1990, época para
la cual dicho régimen se encontraba vigente.

38. A partir del material probatorio, el Tribunal encontró demostrado que la
demandante laboró al servicio de la Secretaría de Educación Departamental de Norte
de Santander por un tiempo equivalente a 157 semanas y, posteriormente, en la
Universidad de Pamplona, periodo por el cual cotizó 882,86 semanas al ISS.

39. En ese sentido, consideró que Colpensiones no podía desconocer las 157
semanas correspondientes a los servicios prestados a la Secretaría de Educación
Departamental de Norte de Santander, pues aquellas se encontraban acreditadas y
debían ser reconocidas mediante bono pensional. Por ello, concluyó que la pensión
de invalidez debía reliquidarse con fundamento en 1.040 semanas.

40. No obstante, negó la pretensión relativa a que la prestación fuera reliquidada
con base en el último salario devengado en la Universidad de Pamplona y con
inclusión de todos los factores salariales percibidos al momento del retiro. Al respecto,
sostuvo que el cálculo de la pensión debía realizarse conforme a las reglas previstas
en el Decreto 758 de 1990.

41. Agregó que, incluso si se analizaba el asunto bajo las reglas del régimen de
transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, no resultaba procedente
acceder a la inclusión de todos los factores salariales reclamados, dado que el ingreso
base de liquidación debía determinarse con observancia de los factores sobre los
cuales se efectuaron las cotizaciones.

42. Finalmente, declaró probada la excepción de prescripción respecto de las
diferencias pensionales causadas con anterioridad al 6 de marzo de 2011, al
considerar que la demandante presentó la solicitud de reliquidación el 6 de marzo de
2014 y que, por tanto, solo procedía el pago de las diferencias causadas dentro de los
tres años anteriores a dicha reclamación.

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Radicación: 54001-23-33-000-2016-00161-01 (3493-2022)
Demandante: Martha Eugenia Zapata Contreras
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2.4. Recurso de apelación

43. Colpensiones interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia y solicitó que fuera revocada para, en su lugar, negar las pretensiones de la
demanda4.

44. Como fundamento de su inconformidad, adujo que la demandante pretende la
nulidad de los actos que negaron la reliquidación de su pensión de invalidez, pese a
que las decisiones administrativas se ajustaron a la normativa vigente y al precedente
jurisprudencial aplicable.

45. Refirió que el reconocimiento y la liquidación de una pensión, ya sea de vejez
o de invalidez, deben efectuarse conforme a las normas vigentes al momento de
causación del derecho, pues son estas las que determinan los requisitos, el ingreso
base de liquidación y los factores que deben tenerse en cuenta para establecer la
mesada pensional.

46. Agregó que el derecho a la reliquidación pensional está condicionado a la
verificación de la legislación aplicable para la fecha en que se causó la prestación, de
modo que no es viable reconocer sumas que carezcan de sustento legal o que
desconozcan la forma en que debe calcularse el ingreso base de liquidación.

47. Consideró que, para resolver el asunto, debían aplicarse las reglas fijadas por
el Consejo de Estado en la sentencia del 28 de agosto de 2018, relativas a la
reliquidación de las pensiones de los servidores públicos.

48. Finalmente, insistió en que los actos administrativos cuestionados se
encuentran amparados por la presunción de legalidad, pues fueron debidamente
motivados a partir de la documentación obrante en la entidad, la normativa vigente y
los criterios jurisprudenciales aplicables.

2.5. Trámite procesal en segunda instancia

49. Mediante auto del 26 de octubre de 20225, el despacho ponente admitió el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandada conforme a lo previsto en el
numeral 3 del artículo 247 del CPACA.

50. A su vez, a través de auto del 22 de junio de 20236, corrió traslado a las partes
para alegar de conclusión y al Ministerio Público para rendir concepto, de conformidad
con el numeral 4 del artículo 247 del CPACA.

51. La parte actora solicitó que se accediera a las pretensiones de la demanda.

4 Samai, índice 2. Expediente digital (OneDrive), archivo “017RecursoApelación”.
5
Samai, índice 8.
6 Samai, índice 17.

8

Radicación: 54001-23-33-000-2016-00161-01 (3493-2022)
Demandante: Martha Eugenia Zapata Contreras
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Para ello, reiteró que la demandante es sujeto de especial protección constitucional,
debido a su condición de gran invalidez y a su edad, y que la pensión debía
reliquidarse conforme al régimen aplicable a los empleados públicos, con base en el
100% de lo devengado en diciembre de 1990, de conformidad con el Decreto 3135 de
1968. Destacó que no operó la prescripción, debido a la incapacidad de la demandante
y, subsidiariamente, porque esta se habría interrumpido con la solicitud de revocatoria
directa y reajuste pensional7.

52. La parte demandada solicitó revocar la sentencia de primera instancia y, en su
lugar, negar las pretensiones de la demanda. Reiteró que la pensión de invalidez debe
liquidarse conforme a la normativa aplicable y con base en las semanas efectivamente
cotizadas al ISS, sin que sea procedente computar periodos cotizados a otros fondos,
cajas o tiempos laborados como empleada pública. Además, que el ingreso base de
liquidación debía determinarse con los factores sobre los cuales se efectuaron aportes
al sistema pensional y, en caso de una decisión adversa, pidió abstenerse de imponer
condena en costas, al considerar que no se acreditó temeridad, mala fe ni causación
de gastos procesales8.

53. El Ministerio Público guardó silencio.

3. Consideraciones

3.1. Competencia

54. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, es competente
para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con
el artículo 150 del CPACA.

3.2. Problema jurídico

55. De acuerdo con los argumentos expuestos por la parte demandada en el
recurso de apelación y los fundamentos que sustentaron la decisión de primera
instancia, corresponde a la Sala definir si:

56. ¿Debía mantenerse la pensión de invalidez reconocida bajo las previsiones del
Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990, o procedía su conversión
en pensión de vejez, en los términos del artículo 10 de esa normativa?

57. ¿Es procedente reliquidar la pensión de invalidez reconocida bajo el Acuerdo
049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990, con inclusión de tiempos de
servicio prestados a entidades públicas no cotizados al ISS, para efectos de
incrementar el número de semanas y el porcentaje de la mesada pensional?

7
Samai, índice 22.
8 Samai, índice 23.

9

Radicación: 54001-23-33-000-2016-00161-01 (3493-2022)
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58. Para resolver los interrogantes planteados, la Sala abordará los siguientes
aspectos: (i) del régimen de pensión de invalidez; (ii) de la acumulación de tiempos
públicos y cotizaciones al ISS para acreditar semanas bajo el Acuerdo 049 de 1990;
(iii) hechos probados; y (iv) en el análisis del caso concreto se resolverá el problema
jurídico formulado.

3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial

3.3.1. Del régimen de pensión de invalidez

59. En materia de protección frente a la invalidez, el Código Sustantivo del Trabajo,
adoptado mediante el Decreto Ley 2663 de 1950, reguló en sus artículos 277 a 284 el
denominado «auxilio de invalidez» a cargo del empleador. A su vez, el numeral 2 del
artículo 259 del mismo estatuto dispuso que las pensiones de jubilación, el auxilio de
invalidez y el seguro de vida colectivo obligatorio dejarían de estar a cargo del
empleador cuando el Instituto de Seguros Sociales asumiera el respectivo riesgo,
conforme a la ley y a los reglamentos expedidos por dicha entidad. De esta manera,
la cobertura de la contingencia de invalidez se incorporó progresivamente al esquema
de aseguramiento social.

60. Posteriormente, el Decreto 3041 de 1966, «Por el cual se aprueba el
reglamento general del seguro social obligatorio de vejez, invalidez y muerte», dispuso
las reglas para el reconocimiento de dichas prestaciones a cargo del Instituto de
Seguros Sociales. Esa normativa fue modificada por el Decreto 232 de 1984, en lo
relativo a los requisitos de cotización exigidos para acceder a la pensión de invalidez.

61. A su vez, el Decreto 758 de 1990, aprobatorio del Acuerdo 049 de 1990
expedido por el Consejo Nacional de Seguros Sociales Obligatorios, estableció los
requisitos para acceder a la pensión de invalidez por riesgo común, en los siguientes
términos:

Artículo 6° Requisitos de la pensión de invalidez. Tendrán derecho a la pensión de
invalidez de origen común, las personas que reúnan las siguientes condiciones:

a) Ser inválido permanente total o inválido permanente absoluto o gran inválido y,

b) Haber cotizado para el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, ciento cincuenta (150)
semanas dentro de los seis (6) años anteriores a la fecha del estado de invalidez, o
trescientas (300) semanas, en cualquier época, con anterioridad al estado de
invalidez.

62. En cuanto a la cuantía de la prestación, el artículo 20 del Decreto 758 de 1990
reguló la integración de las pensiones de invalidez por riesgo común y de vejez. Para
las pensiones de invalidez, la norma distinguió entre invalidez permanente total,
invalidez permanente absoluta y gran invalidez, y fijó una cuantía básica distinta para
cada una de ellas, calculada sobre el salario mensual de base.

10

Radicación: 54001-23-33-000-2016-00161-01 (3493-2022)
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Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones

63. En el caso de la gran invalidez, el artículo 20 previó una cuantía básica
equivalente al 57% del salario mensual de base, más aumentos del 3% por cada 50
semanas de cotización acreditadas con posterioridad a las primeras 500 semanas. En
todo caso, el valor total de la pensión no podía superar el 90% del salario mensual de
base, ni ser inferior al salario mínimo legal mensual, ni superior a 15 veces dicho
salario.

64. El parágrafo 1.º de la misma disposición estableció que el salario mensual de
base se obtiene de multiplicar por 4.33 la centésima parte de la suma de los salarios
semanales sobre los cuales cotizó el trabajador durante las últimas 100 semanas.

65. A su vez, el parágrafo 2.º incorporó una tabla de porcentajes aplicables según
el número de semanas cotizadas. Para la gran invalidez, dicha tabla previó, entre otros
porcentajes, el 78% con 850 semanas, el 81% con 900 semanas, el 84% con 950
semanas, el 87% con 1.000 semanas y el 90% con 1.050 semanas o más.

66. Además, el artículo 10 del Decreto 758 de 1990 previó que la pensión de
invalidez por riesgo común se reconocería desde la fecha de estructuración de tal
estado y que, cuando el beneficiario cumpliera la edad mínima exigida para acceder
a la pensión de vejez, aquella se convertiría en esta última.

67. Ahora bien, con la expedición de la Ley 100 de 1993 se estructuró el Sistema
General de Seguridad Social Integral, orientado a garantizar la protección de sus
afiliados frente a las contingencias derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte. En
materia de invalidez, dicho régimen mantuvo la finalidad de amparar al afiliado que,
por una disminución relevante de su capacidad laboral, no pudiera continuar
desarrollando una actividad productiva.

68. El artículo 38 de la Ley 100 de 1993 definió como inválida a la persona que, por
cualquier causa de origen no profesional, no provocada intencionalmente, hubiere
perdido el 50% o más de su capacidad laboral. De esta manera, la norma vinculó el
acceso a la prestación con la existencia de una pérdida sustancial y permanente de la
capacidad para trabajar.

69. De igual manera, el artículo 39 ibídem, en su versión original, estableció los
requisitos de cotización exigidos para acceder a la pensión de invalidez. En particular,
previó que tendría derecho a dicha prestación el afiliado que se encontrara cotizando
al régimen y hubiere efectuado aportes por lo menos durante 26 semanas al momento
de producirse el estado de invalidez. También reconoció ese derecho a quien, pese a
haber dejado de cotizar al sistema, hubiera realizado aportes durante al menos 26
semanas en el año inmediatamente anterior a la estructuración de la invalidez.

70. Seguidamente, la Ley 860 de 2003 modificó el artículo 39 de la Ley 100 de 1993
y aumentó la densidad de semanas exigida para acceder a la pensión de invalidez. A
partir de dicha reforma, el afiliado debía acreditar 50 semanas de cotización dentro de
los tres años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez, cuando esta fuera

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causada por enfermedad, o dentro de los tres años anteriores al hecho generador,
cuando tuviera origen en accidente.

71. La norma también incorporó un requisito de fidelidad al sistema, equivalente al
20% del tiempo transcurrido entre el momento en que el afiliado cumplió 20 años de
edad y la fecha de la primera calificación del estado de invalidez. Sin embargo, dicha
exigencia fue declarada inexequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-428
de 2009, al considerarse regresiva frente al nivel de protección previamente
reconocido.

72. El anterior recuento normativo permite advertir que los requisitos para acceder
a la pensión de invalidez han sido objeto de modificaciones sucesivas, primero bajo el
Acuerdo 049 de 1990, luego con la Ley 100 de 1993 y, posteriormente, con la Ley 860
de 2003. Sin embargo, a diferencia de lo previsto para la pensión de vejez, el legislador
no estableció un régimen de transición específico para la pensión de invalidez, que
regulara la situación de quienes habían efectuado cotizaciones bajo una normativa
anterior, pero cuya invalidez se estructuró en vigencia de una disposición posterior.

73. Ante esa ausencia de regulación, la jurisprudencia constitucional y ordinaria
laboral acudió al principio de la condición más beneficiosa, con el fin de proteger las
expectativas legítimas de los afiliados que cumplieron o avanzaron significativamente
en el cumplimiento de los requisitos previstos en un régimen anterior. No obstante,
dicho principio no permite escoger libremente, dentro de todo el tránsito normativo, la
disposición que resulte más favorable al afiliado, sino que opera de manera
excepcional y bajo condiciones específicas.

74. Sobre su alcance, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia9
ha sostenido que la condición más beneficiosa permite acudir al régimen
inmediatamente anterior, sin que ello habilite una búsqueda histórica de normas
pensionales. Por su parte, la Corte Constitucional ha adoptado una lectura más
amplia, según la cual, en casos de vulnerabilidad acentuada, dicho principio puede
permitir la aplicación ultractiva del requisito de semanas previsto en un régimen
pensional anterior al vigente al momento de estructuración de la invalidez, siempre
que bajo aquel se hubiese consolidado una expectativa legítima10.

75. En esa línea, en la Sentencia SU-144 de 2026, la Corte Constitucional reiteró
que, cuando la invalidez se estructura en vigencia de la Ley 860 de 2003, el principio

9 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia SL4342-2018 del 3 de octubre de 2018, radicado:

59255.
10 Corte Constitucional, sentencia T-218 de 2023 «Para la Corte Constitucional, si bien la condición más beneficiosa

no se restringe a “admitir u ordenar la aplicación de la norma inmediatamente anterior a la vigente, sino que se
extiende a todo esquema normativo anterior bajo cuyo amparo el afiliado o beneficiario haya contraído una
expectativa legítima”, sólo resulta razonable y proporcionado aplicar ultractivamente el Acuerdo 049 de 1990, en
relación con el número de semanas de cotización, a situaciones de invalidez estructuradas en vigencia de la Ley
860 de 2003, siempre que se trate de personas en situación de vulnerabilidad, esto es, aquellas que acrediten las
exigencias del “test de procedencia” unificado en la Sentencia SU-556 de 2019, el cual permite valorar: (i) la
situación de vulnerabilidad del solicitante, (ii) la afectación de su mínimo vital, (iii) la razonabilidad de los motivos
por los cuales no efectuó las cotizaciones para acceder a la prestación regulada en la ley vigente al momento de
la estructuración de la invalidez, y (iv) las actuaciones realizadas para solicitar su reconocimiento». Sobre el mismo
asunto, sentencia T-188 de 2020; SU-299 de 2022 y SU-442 de 2016, entre otras.

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de la condición más beneficiosa puede permitir la aplicación del número mínimo de
semanas previsto en el Acuerdo 049 de 1990, siempre que se acredite una situación
de vulnerabilidad acentuada y el cumplimiento de los requisitos definidos por la
jurisprudencia constitucional. En todo caso, la condición más beneficiosa no constituye
un régimen de transición legal para la pensión de invalidez, sino un criterio
jurisprudencial excepcional de protección.

76. Por ello, la determinación del régimen aplicable exige atender, en primer lugar,
a la fecha de estructuración de la invalidez y, solo cuando sea necesario, verificar si
concurren los presupuestos que permiten acudir a una normativa anterior.

3.3.2. De la acumulación de tiempos públicos y cotizaciones al ISS para acreditar
semanas bajo el Acuerdo 049 de 1990

77. La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia se ha
pronunciado sobre la posibilidad de acreditar las semanas exigidas por el Acuerdo 049
de 1990, mediante la acumulación de tiempos de servicio público y cotizaciones
efectuadas al ISS.

78. En un primer momento, esa Corporación sostuvo que las prestaciones
reguladas por el Acuerdo 049 de 1990 debían acreditarse con semanas cotizadas
exclusivamente al ISS, pues los reglamentos de dicha entidad no preveían la
acumulación de tiempos servidos en el sector público con aportes efectuados al
Instituto.

79. Posteriormente, la Sala de Casación Laboral modificó su criterio respecto de la
pensión de vejez prevista en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, aplicable en virtud
del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. En esa línea, admitió
que, para acreditar las semanas requeridas por dicho régimen, podían sumarse las
cotizaciones realizadas al ISS con los tiempos laborados al servicio de entidades
públicas11.

80. Luego, en la sentencia SL5147-2020, la Corte Suprema de Justicia extendió
esa orientación a las pensiones de invalidez y sobrevivientes previstas en los artículos
6.º y 25 del Acuerdo 049 de 1990, cuando dicho régimen resulte aplicable por virtud
del principio de la condición más beneficiosa. En consecuencia, aceptó que los
tiempos de servicio público no cotizados al ISS pueden acumularse con las semanas
efectivamente aportadas a esa entidad, para efectos de acreditar la densidad mínima
exigida por el régimen anterior12.

81. Para arribar a esa conclusión, la Corte tuvo en cuenta que el literal f) del artículo
13 de la Ley 100 de 1993 permite considerar, para el reconocimiento de las pensiones,

11 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia SL981-2020 del 1° de julio de 2020, radicado:

84243; sentencia SL1947-2020 del 1° de julio de 2020, radicado: 70918.
12
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia SL5147-2020 del 21 de octubre de 2020,
radicado: 73581.

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la suma de semanas cotizadas al ISS o a cualquier caja, fondo o entidad del sector
público o privado, así como el tiempo de servicio prestado como servidor público,
cualquiera que sea el número de semanas cotizadas o el tiempo servido.

82. En esa medida, la jurisprudencia ordinaria laboral reconoció que la movilidad
laboral entre el sector público y el privado no puede convertirse en un obstáculo para
acceder a la protección pensional, cuando el afiliado o sus beneficiarios acreditan la
densidad mínima de semanas prevista en el régimen aplicable. Sin embargo, la
aplicación de esta regla debe analizarse según el contexto en el que se invoca el
Acuerdo 049 de 1990, esto es, si dicho régimen se aplica directamente por la fecha
de estructuración del riesgo o de manera ultractiva por virtud de la condición más
beneficiosa. En ambos escenarios, el análisis debe partir de la posibilidad de valorar
integralmente los tiempos de servicio y las cotizaciones acreditadas por el afiliado.

3.4. Hechos probados relevantes

83. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se puede
establecer lo siguiente:

84. Según copia del documento de identidad, Martha Eugenia Zapata Contreras
nació el 13 de mayo de 1945 y se identifica con cédula de ciudadanía No.
27.783.87813.

85. En el formato No. 1 - Certificado de Información Laboral - expedido por la
Gobernación de Norte de Santander, se registró que la demandante prestó sus
servicios a la Secretaría de Educación Departamental de Norte de Santander, como
docente, en los periodos comprendidos entre el 1º de febrero de 1965 y el 4 de junio
de 1966, y entre el 5 de junio de 1968 y el 8 de febrero de 197014.

86. En el reporte de semanas cotizadas expedido por el ISS se registró que la
demandante cotizó por cuenta de la Universidad de Pamplona durante el periodo
comprendido entre el 1º de febrero de 1974 y el 2 de enero de 1991, un total de 882,86
semanas. En el mismo reporte se indicó que el último salario registrado por la
Universidad de Pamplona correspondió a la suma de $254.73015.

87. El ISS - Seccional Norte de Santander practicó a la demandante, el 21 de junio
de 1990, dictamen médico laboral sobre invalidez por enfermedad común. En ese
documento, registró como diagnóstico definitivo «síndrome obsesivo compulsivo» y
«fobias», señaló que aquella no podía reintegrarse a su trabajo y conceptuó que era
acreedora a pensión de invalidez con grado de gran invalidez16.

88. La Comisión de Prestaciones del ISS Nacional reconoció a la demandante,

13 Samai, índice 2. Expediente digital (OneDrive), archivo “002AnexosDemanda”, pp. 17.
14 Samai, índice 2. Expediente digital (OneDrive), archivo “002AnexosDemanda”, pp. 14.
15 Samai, índice 2. Expediente digital (OneDrive), archivo “002AnexosDemanda”, pp. 15.
16 Samai, índice 2. Expediente digital (OneDrive), archivo “002AnexosDemanda”, pp. 12 a 13.

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mediante Resolución No. 05952 del 20 de noviembre de 1990, pensión de invalidez a
partir del 14 de julio de 1990, en cuantía de $112.546. En el acto administrativo, la
entidad liquidó la prestación con base en 843 semanas cotizadas, un salario base de
$154.172,12 y el grado de gran invalidez; además, indicó que la pensión se concedía
inicialmente hasta julio de 1991, prorrogable cada dos años, previo examen médico
del Instituto, y que sería vitalicia cuando la asegurada cumpliera 55 años17.

89. Martha Eugenia Zapata Contreras presentó ante el ISS, el 10 de julio de 2007,
solicitud de revocatoria directa parcial y reajuste de la pensión de invalidez reconocida
mediante Resolución No. 05952 del 20 de noviembre de 1990, al considerar que el
salario base y el porcentaje utilizados para liquidar la prestación no correspondían al
ingreso reportado por la Universidad de Pamplona ni a las reglas previstas en el
Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 199018.

90. El ISS – Seccional Norte de Santander, mediante Resolución No. 3359 del 14
de abril de 2008, negó la solicitud de revocatoria presentada por la señora Martha
Eugenia Zapata Contreras y confirmó la Resolución No. 05952 del 20 de noviembre
de 199019.

91. El ISS - Seccional Norte de Santander expidió la Resolución No. 4514 del 22
de mayo de 2009, mediante la cual reliquidó la pensión de invalidez de la demandante.
En ese acto, la entidad indicó que la historia laboral reflejaba una variación en los
aportes acreditados, los cuales pasaron de 843 a 872 semanas. También precisó que,
para efectos de la liquidación, tuvo en cuenta los aportes efectuados entre el 1º de
febrero de 1974 y el 1º de enero de 1991, con el empleador Universidad de Pamplona,
y fijó una mesada de $1.396.020 a partir del 1º de enero de 2009, junto con un
retroactivo por diferencia de $7.786.63520.

92. Posteriormente, mediante Resolución No. 5634 del 24 de junio de 2009, el ISS
• Seccional Santander aclaró la Resolución No. 4514 de 2009 y precisó que la pensión
de invalidez debía reconocerse desde el 14 de julio de 1990, esto es, a partir del día
siguiente al último pago de incapacidades. No obstante, mantuvo los términos de la
reliquidación efectuada con base en 872 semanas cotizadas21.

93. Luego, mediante Resolución No. 7294 del 28 de julio de 2009, el ISS - Seccional
Santander resolvió una nueva solicitud de reliquidación y reiteró que los aportes
efectuados con el empleador Universidad de Pamplona ya habían sido tenidos en
cuenta en la liquidación de la pensión de invalidez. En consecuencia, mantuvo la
reliquidación reconocida en la Resolución No. 4514 de 200922.

94. Martha Eugenia Zapata Contreras presentó ante el ISS, el 23 de febrero de

17 Samai, índice 2. Expediente digital (OneDrive), archivo “002AnexosDemanda”, pp. 7 a 8.
18 Samai, índice 2. Expediente digital (OneDrive), archivo “006ContestacionDemanda”, pp. 154 a 156.
19 Samai, índice 2. Expediente digital (OneDrive), archivo “006ContestacionDemanda”, pp. 162 a 164.
20 Samai, índice 2. Expediente digital (OneDrive), archivo “002AnexosDemanda”, pp. 9 a 11.
21 Samai, índice 2. Expediente digital (OneDrive), archivo “006ContestacionDemanda”, pp. 238 a 241.
22 Samai, índice 2. Expediente digital (OneDrive), archivo “006ContestacionDemanda”, pp. 252 a 255.

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2010, solicitud de revocatoria directa parcial, reconocimiento y pago de pensión plena
de jubilación. En el escrito, pidió revocar parcialmente la Resolución No. 4514 de 2009
y los demás actos administrativos que la antecedieron, al considerar que la
demandante tenía derecho al reconocimiento de una pensión de jubilación a partir del
13 de mayo de 2000, fecha en la cual cumplió 55 años de edad. Para ello, sostuvo
que debían tenerse en cuenta los tiempos laborados al servicio del Departamento de
Norte de Santander, los aportes efectuados por la Universidad de Pamplona y la
expedición del bono pensional a cargo del Fondo Territorial de Pensiones de Norte de
Santander23.

95. Martha Eugenia Zapata Contreras presentó ante el gobernador del
Departamento de Norte de Santander, el 23 de febrero de 2010, solicitud de
expedición de bono pensional. En el escrito, pidió ordenar la expedición del bono
correspondiente a los tiempos laborados por la demandante al servicio de la
Secretaría de Educación Departamental de Norte de Santander, para efectos del
trámite pensional adelantado ante el ISS24.

96. El 18 de mayo de 2010, el Fondo Territorial de Pensiones de Gobernación de
Norte de Santander informó a la demandante que no había recibido comunicación
oficial de una entidad, fondo o caja de pensiones encargada de reconocer pensiones,
relacionada con reconocimiento pensional, cuota parte o bono pensional en favor de
la demandante. En esa línea, señaló que correspondía al ISS resolver la viabilidad del
reconocimiento y pago prestacional del derecho pensional y, de ser el caso,
comunicarlo oficialmente para adelantar el trámite correspondiente a la concurrencia
pensional25.

97. El ISS - Seccional Santander expidió la Resolución No. 3128 del 25 de julio de
2012, mediante la cual modificó la Resolución No. 05952 del 20 de noviembre de 1990,
en el sentido de convertir la pensión de invalidez reconocida a la demandante en
pensión de vejez a partir del 13 de mayo de 2000. Para ello, la entidad indicó que la
afiliada nació el 13 de mayo de 1945, que acreditaba 882 semanas cotizadas
exclusivamente al ISS y que 572 de ellas correspondían a los 20 años anteriores al
cumplimiento de la edad mínima. La prestación fue liquidada con un ingreso base de
$1.403.272, una tasa de reemplazo del 66% y un retroactivo por diferencia de
$17.804.59826.

98. Martha Eugenia Zapata Contreras presentó el 24 de septiembre de 2012, por
intermedio de apoderado, recurso de apelación contra la Resolución No. 3128 del 25
de julio de 2012, mediante la cual el ISS modificó la Resolución No. 05952 del 20 de
noviembre de 1990. En dicho escrito, solicitó revocar el acto recurrido, al considerar
que la entidad había modificado indebidamente la pensión de invalidez por gran
invalidez reconocida a la demandante, al tratarla como pensión de vejez y liquidarla

23 Samai, índice 2. Expediente digital (OneDrive), archivo “006ContestacionDemanda”, pp. 261 a 264.
24 Samai, índice 2. Expediente digital (OneDrive), archivo “006ContestacionDemanda”, pp. 278 a 279.
25 Samai, índice 2. Expediente digital (OneDrive), archivo “002AnexosDemanda”, pp. 6.
26 Samai, índice 2. Expediente digital (OneDrive), archivo “006ContestacionDemanda”, pp. 329 a 331.

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con una tasa del 66%. Asimismo, sostuvo que la prestación debía reliquidarse desde
el 1º de enero de 1991, con inclusión de las semanas correspondientes a los servicios
prestados al Departamento de Norte de Santander y a la Universidad de Pamplona, y
que, al cumplir 55 años de edad, la pensión de invalidez debía tornarse vitalicia, sin
cambiar su naturaleza ni disminuir su monto27.

99. El apoderado de la demandante presentó ante Colpensiones, el 6 de marzo de
2014, petición radicada bajo el No. 2014_1883777, mediante la cual reiteró la solicitud
de reliquidación de la pensión de invalidez. En ella pidió que la prestación fuera
reajustada con inclusión de los tiempos de servicio prestados a la Secretaría de
Educación Departamental de Norte de Santander y de los aportes registrados por la
Universidad de Pamplona28.

100. Colpensiones expidió la Resolución No. VPB 11205 del 12 de julio de 2014,
mediante la cual resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución No.
3128 del 25 de julio de 2012. En dicho acto, la entidad modificó la decisión recurrida
y reliquidó la pensión de vejez de la demandante, al considerar que acreditaba 7.283
días laborados, equivalentes a 1.040 semanas, con tiempos prestados al servicio de
la Secretaría de Educación Departamental de Norte de Santander y aportes
efectuados al ISS. Para el efecto, fijó como fecha de efectividad el 24 de septiembre
de 2008, estableció una mesada de $1.812.664 para esa anualidad y reconoció un
retroactivo por valor de $25.203.096, luego de descontar los aportes en salud 29.

101. Colpensiones remitió a la señora Martha Eugenia Zapata Contreras, el 14 de
julio de 2014, citación para que compareciera a notificarse personalmente del acto
administrativo mediante el cual se resolvió su solicitud30.

3.5. Caso concreto

102. En el asunto bajo análisis, la inconformidad de Colpensiones con la sentencia
de primera instancia se dirige contra la decisión que declaró la nulidad parcial de los
actos administrativos demandados y ordenó reliquidar la pensión de invalidez de la
señora Martha Eugenia Zapata Contreras. Para la entidad, los actos acusados se
ajustaban a la normativa vigente y al precedente jurisprudencial aplicable, razón por
la cual debían conservar su presunción de legalidad.

103. En sustento de la apelación, la entidad sostuvo que el reconocimiento y la
liquidación de las prestaciones pensionales deben efectuarse conforme a las
disposiciones vigentes al momento de causación del derecho, pues son estas las que
determinan los requisitos para acceder a la prestación, así como las reglas para
establecer su cuantía y liquidación.

27 Samai, índice 2. Expediente digital (OneDrive), archivo “006ContestacionDemanda”, pp. 523 a 530.
28 Samai, índice 2. Expediente digital (OneDrive), archivo “002AnexosDemanda”, pp. 1 a 5.
29 Samai, índice 2. Expediente digital (OneDrive), archivo “006ContestacionDemanda”, pp. 1049 a 1055.
30 Samai, índice 2. Expediente digital (OneDrive), archivo “006ContestacionDemanda”, pp. 1063.

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104. Asimismo, señaló que el derecho a la reliquidación pensional se encuentra
condicionado a la verificación del régimen jurídico aplicable a la fecha en que se causó
la prestación, de manera que no resulta procedente reconocer valores que carezcan
de respaldo legal o que desconozcan los parámetros normativos para la determinación
del ingreso base de liquidación.

105. Por su parte, el Tribunal consideró acreditado que la demandante había
laborado al servicio de la Secretaría de Educación Departamental de Norte de
Santander por un tiempo equivalente a 157 semanas y que posteriormente efectuó
cotizaciones al ISS por 882,86 semanas. Con fundamento en ello, concluyó que
dichas semanas debían ser computadas para efectos de la reliquidación de la pensión
de invalidez, para un total de 1.040 semanas. No obstante, negó la pretensión
encaminada a que la prestación se liquidara con base en el último salario devengado
en la Universidad de Pamplona y con inclusión de todos los factores salariales
reclamados, por estimar que el cálculo debía efectuarse conforme a las reglas
previstas en el artículo 20 del Decreto 758 de 1990.

106. Antes de abordar el fondo del asunto, la Sala considera pertinente precisar, de
cara a lo pretendido en la demanda y a lo acreditado en el plenario, el alcance del
presente medio de control.

107. La parte actora solicitó la nulidad del acto administrativo ficto negativo que, en
su criterio, se configuró por la falta de respuesta a la petición presentada el 6 de marzo
de 2014, mediante la cual reiteró la solicitud de reliquidación de la pensión de invalidez
reconocida a su favor, con la totalidad de tiempos acreditados, esto es, con los
servicios prestados al Departamento de Norte de Santander y las cotizaciones
efectuadas al ISS por cuenta de la Universidad de Pamplona.

108. Además, pidió la nulidad parcial de la Resolución No. 05952 del 20 de
noviembre de 1990, por medio de la cual el ISS le reconoció pensión de invalidez a
partir del 14 de julio de 1990, y de la Resolución No. 4514 del 22 de mayo de 2009,
mediante la cual dicha prestación fue reliquidada.

109. Frente a la Resolución No. 05952 de 1990, se advierte que el ISS reconoció a
favor de la demandante una pensión de invalidez, con base en 843 semanas cotizadas
ante dicha entidad, un salario base de $154.172,12 y el grado de gran invalidez. A su
vez, indicó que la prestación se concedía inicialmente hasta julio de 1991, prorrogable
cada dos años previo examen médico, y que adquiriría carácter vitalicio cuando la
afiliada cumpliera 55 años de edad.

110. Por su parte, mediante Resolución No. 4514 de 2009, la entidad reajustó la
prestación al advertir que la liquidación inicial se había efectuado con 843 semanas,
pese a que la historia laboral reflejaba 882 semanas cotizadas al ISS. Para ello, tuvo
en cuenta las cotizaciones efectuadas por cuenta de la Universidad de Pamplona, en
calidad de empleador, entre el 1º de febrero de 1974 y el 1º de enero de 1991, fijó una
mesada de $1.396.020 a partir del 1º de enero de 2009 y reconoció un retroactivo por

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diferencia de $7.786.635.

111. Ahora bien, con posterioridad a dichas actuaciones, la demandante adelantó
nuevas actuaciones administrativas relacionadas con su situación pensional. Así, el
23 de febrero de 2010 solicitó la revocatoria parcial de la Resolución No. 4514 de 2009
y el reconocimiento de una pensión de jubilación a partir del 13 de mayo de 2000,
fecha en la que, según afirmó, cumplió 55 años de edad. Para ello, pidió tener en
cuenta los tiempos laborados al servicio del Departamento de Norte de Santander, los
aportes efectuados por la Universidad de Pamplona y la expedición del bono pensional
a cargo del Fondo Territorial de Pensiones de Norte de Santander.

112. Luego, mediante la Resolución No. 3128 del 25 de julio de 2012, el ISS -
Seccional Santander modificó la Resolución No. 05952 de 1990, en el sentido de
convertir la pensión de invalidez en pensión de vejez a partir del 13 de mayo de 2000.
La entidad señaló que la afiliada acreditaba 882 semanas cotizadas exclusivamente
al ISS, de las cuales 572 correspondían a los 20 años anteriores al cumplimiento de
la edad mínima, y liquidó la prestación con un ingreso base de $1.403.272 y una tasa
de reemplazo del 66%.

113. Contra esa decisión, el 24 de septiembre de 2012, la parte actora interpuso
recurso de apelación. En dicho escrito cuestionó que la entidad hubiera modificado la
pensión de invalidez, al tratarla como pensión de vejez y liquidarla con una tasa del
66%. También insistió en que la prestación debía reliquidarse con inclusión de los
tiempos servidos al Departamento de Norte de Santander y los aportes efectuados
por la Universidad de Pamplona, y sostuvo que, al cumplir 55 años, la pensión de
invalidez debía tornarse vitalicia, sin cambiar su naturaleza ni disminuir su monto.

114. De este modo, aunque la demanda alude al oficio radicado en «septiembre de
2012» como una primera solicitud de revisión pensional, del trámite administrativo se
advierte que dicho escrito correspondió al recurso de apelación interpuesto contra la
Resolución No. 3128 de 2012.

115. Seguidamente, el 6 de marzo de 2014, el apoderado de la demandante
presentó una nueva petición, en la que reiteró la solicitud de reliquidación de la
pensión de invalidez, en los mismos términos expuestos en el recurso de apelación
referido, la cual, según se afirma en la demanda, no obtuvo respuesta.

116. No obstante, en el expediente también obra la Resolución No. VPB 11205 del
12 de julio de 2014, mediante la cual Colpensiones resolvió el recurso de apelación
interpuesto contra la Resolución No. 3128 de 2012. En dicho acto administrativo, la
entidad mantuvo la conversión de la pensión de invalidez en pensión de vejez, pero
modificó la liquidación de la prestación, al considerar acreditados 7.283 días de
servicios, equivalentes a 1.040 semanas, resultado de computar los tiempos
laborados al servicio de la Secretaría de Educación Departamental de Norte de
Santander y las semanas cotizadas al ISS.

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Radicación: 54001-23-33-000-2016-00161-01 (3493-2022)
Demandante: Martha Eugenia Zapata Contreras
Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones

117. Para el efecto, Colpensiones consideró que la demandante adquirió el derecho
a la pensión de vejez el 13 de mayo de 2000, fecha en la que cumplió la edad exigida
para acceder a dicha prestación. Sin embargo, reconoció sus efectos económicos a
partir del 24 de septiembre de 2008, por cuanto la solicitud pensional fue presentada
el 24 de septiembre de 2012 y, en consecuencia, las mesadas causadas con
anterioridad se encontraban prescritas.

118. Con fundamento en lo anterior, reconoció un retroactivo pensional causado
desde el 24 de septiembre de 2008, por valor de $25.203.096, previa deducción de
los aportes al sistema de seguridad social en salud.

119. Posteriormente, el 14 de julio de 2014, Colpensiones citó a la demandante para
que compareciera a notificarse personalmente del acto administrativo que resolvió su
solicitud.

120. En ese contexto, aunque la demanda se dirigió contra el supuesto acto ficto
negativo derivado de la petición del 6 de marzo de 2014, el estudio del caso debe
tener en cuenta las actuaciones administrativas que antecedieron y siguieron a dicha
reclamación, en cuanto permiten establecer el alcance de lo solicitado por la
demandante y de lo resuelto por la entidad.

121. Así las cosas, la Sala analizará, en primer lugar, la procedencia de la conversión
de la pensión de invalidez en pensión de vejez y, posteriormente, determinará los
efectos que dicha circunstancia tiene frente a la pretensión de reliquidación formulada
por la demandante, en particular respecto de la inclusión de los tiempos servidos al
Departamento de Norte de Santander y de las cotizaciones efectuadas al ISS a través
de la Universidad de Pamplona.

122. Bajo ese marco, se encuentra acreditado que la demandante prestó sus
servicios a la Secretaría de Educación Departamental de Norte de Santander, como
docente, en los periodos comprendidos entre el 1º de febrero de 1965 y el 4 de junio
de 1966, y entre el 5 de junio de 1968 y el 8 de febrero de 1970. Dichos periodos
corresponden a 1.103 días de servicio, equivalentes a 157,57 semanas.

123. De igual forma, se probó que la demandante cotizó al ISS por cuenta de la
Universidad de Pamplona, durante el periodo comprendido entre el 1º de febrero de
1974 y el 2 de enero de 1991, un total de 882,86 semanas.

124. Ahora bien, como se indicó, mediante Resolución No. 05952 del 20 de
noviembre de 1990, el ISS reconoció a la señora Martha Eugenia Zapata Contreras
pensión de invalidez con grado de gran invalidez, a partir del 14 de julio de 1990, con
fundamento en el Decreto 758 de 1990. Posteriormente, mediante Resolución No.
4514 del 22 de mayo de 2009, la entidad reliquidó la prestación, tomando en
consideración un total de 882,86 semanas cotizadas, en lugar de las 843 semanas
reconocidas inicialmente.

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Radicación: 54001-23-33-000-2016-00161-01 (3493-2022)
Demandante: Martha Eugenia Zapata Contreras
Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones

125. Vistas así las cosas, al tomar como base las 882 semanas reconocidas por el
ISS en la Resolución No. 4514 de 2009, la prestación correspondía a una tasa de
reemplazo del 78%, de conformidad con la tabla prevista en el parágrafo 2º del artículo
20 del Decreto 758 de 1990.

126. Ahora bien, el artículo 10 del mismo decreto dispone que la pensión de invalidez
se convierte en pensión de vejez una vez se cumple la edad mínima exigida para
acceder a esta última prestación.

127. A su vez, el artículo 12 ibidem establece que tienen derecho a la pensión de
vejez las mujeres que acrediten 55 o más años de edad y reúnan la densidad de
semanas exigida por dicha disposición.

128. Bajo ese marco, y en atención a la solicitud presentada por la demandante el
23 de febrero de 2010, el ISS expidió la Resolución No. 3128 del 25 de julio de 2012,
mediante la cual convirtió la pensión de invalidez reconocida a la actora en pensión
de vejez a partir del 13 de mayo de 2000, fecha en la que consideró cumplido el
requisito de edad previsto en el artículo 12 del Decreto 758 de 1990.

129. Sin embargo, en la Resolución No. 3128 del 25 de julio de 2012, la entidad
demandada no solo convirtió la prestación, sino que la liquidó con las 882 semanas
cotizadas exclusivamente al ISS y aplicó una tasa de reemplazo del 66%, prevista
para la pensión de vejez en ese rango de semanas, de conformidad con el parágrafo
2º del artículo 20 del Decreto 758 de 1990.

130. De ahí que la parte actora cuestionara dicha decisión, pues la conversión redujo
la tasa de reemplazo aplicable a la prestación, al pasar del 78%, correspondiente a la
pensión de invalidez con grado de gran invalidez, al 66%, previsto para la pensión de
vejez.

131. Con base en estas consideraciones, no resulta procedente ordenar que la
prestación retorne a su naturaleza inicial de pensión de invalidez con grado de gran
invalidez, pues la conversión obedeció al mandato previsto en la norma aplicable y,
además, fue promovida por la propia demandante mediante la solicitud presentada el
23 de febrero de 2010. Una conclusión distinta implicaría desconocer que, una vez
cumplida la edad exigida para acceder a la pensión de vejez, el régimen aplicable
imponía la conversión de la prestación.

132. Distinta es la cuestión relativa a la forma en que debía liquidarse la pensión de
vejez resultante de esa conversión. En efecto, conforme a la jurisprudencia ordinaria
laboral, para efectos de las prestaciones pensionales reconocidas bajo el Acuerdo 049
de 1990, resulta procedente acumular los tiempos de servicio prestados a entidades
públicas con las semanas cotizadas al ISS31.

31
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia SL981-2020 del 1° de julio de 2020, radicado:
84243; sentencia SL1947-2020 del 1° de julio de 2020, radicado: 70918.

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Demandante: Martha Eugenia Zapata Contreras
Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones

133. Por ello, la liquidación contenida en la Resolución No. 3128 del 25 de julio de
2012 no podía limitarse a las 882 semanas cotizadas exclusivamente al ISS, pues en
el expediente también estaban acreditados los tiempos de servicio prestados al
Departamento de Norte de Santander. Precisamente por esa razón, mediante
Resolución No. VPB 11205 del 12 de julio de 2014, Colpensiones modificó la decisión
recurrida y reliquidó la pensión de vejez con 7.283 días laborados, equivalentes a
1.040 semanas.

134. En consecuencia, la decisión adoptada en la Resolución No. VPB 11205 de
2014 se encuentra ajustada a derecho, en tanto mantuvo la conversión de la pensión
de invalidez en pensión de vejez y, además, corrigió la densidad de semanas al incluir
tanto los tiempos servidos al Departamento de Norte de Santander como las
cotizaciones efectuadas al ISS por cuenta de la Universidad de Pamplona.

135. Con todo, es preciso agregar que, como se expuso en el marco jurídico de esta
providencia, para efectos de la liquidación de la pensión de invalidez reconocida bajo
el Acuerdo 049 de 1990, también es posible acumular los tiempos de servicio
prestados a entidades públicas con las semanas cotizadas al ISS. En ese sentido, aun
si se examinara la situación de la demandante desde la perspectiva de la pensión de
invalidez inicialmente reconocida, la liquidación de la prestación debía tener en cuenta
no solo las cotizaciones efectuadas al ISS por cuenta de la Universidad de Pamplona,
sino también los tiempos laborados al servicio del Departamento de Norte de
Santander32.

136. Ahora bien, en gracia de discusión, si se entendiera que la parte actora
pretendía el pago de las diferencias derivadas de la reliquidación de la pensión de
invalidez, esto es, entre las mesadas efectivamente pagadas y aquellas que habrían
correspondido al liquidar dicha prestación con la totalidad de tiempos acreditados,
debe precisarse que ese reconocimiento tampoco resultaría procedente.

137. En efecto, se reitera, que mediante la Resolución No. 3128 de 2012, el ISS
modificó las Resoluciones Nos. 05952 de 1990 y 4514 de 2009, por medio de las
cuales se había reconocido y reliquidado la pensión de invalidez, para convertir dicha
prestación en pensión de vejez. Posteriormente, a través de la Resolución No. VPB
11205 de 2014, Colpensiones mantuvo esa conversión y reliquidó la pensión de vejez
con efectos económicos a partir del 24 de septiembre de 2008.

138. Así las cosas, desde el 24 de septiembre de 2008 la prestación jurídicamente
reconocida y pagadera a favor de la demandante quedó definida como pensión de
vejez, de modo que no es posible proyectar, con posterioridad a esa fecha, efectos
económicos derivados de la pensión de invalidez inicialmente reconocida.

139. En ese sentido, las eventuales diferencias por concepto de pensión de invalidez
solo podrían predicarse, respecto del periodo anterior al 24 de septiembre de 2008.

32
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia SL5147-2020 del 21 de octubre de 2020,
radicado: 73581.

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Sin embargo, frente a las diferencias que eventualmente hubieran podido causarse
antes de esa fecha, opera el fenómeno de la prescripción.

140. Recuérdese que los artículos 41 del Decreto 3135 de 1968 y 102 del Decreto
1848 de 1969 establecen que las acciones orientadas a obtener prestaciones
periódicas prescriben en el término de tres años contados desde cuando cada
obligación se hace exigible.

141. Como la demanda fue presentada el 20 de abril de 2016, para ese momento ya
se encontraban prescritas las mesadas o diferencias que hubieran podido causarse
por concepto de pensión de invalidez antes del 24 de septiembre de 2008.

142. Por su parte, tampoco habría lugar al reconocimiento de diferencias posteriores
al 24 de septiembre de 2008 por concepto de pensión de invalidez, pues ello implicaría
desconocer la conversión de la prestación en pensión de vejez y admitir la
coexistencia de dos prestaciones incompatibles dentro del mismo régimen, en
contravía de lo previsto en el artículo 49 del Decreto 758 de 1990.

143. Por tanto, aun si se admitiera que la pensión de invalidez debía reliquidarse con
la totalidad de tiempos acreditados, no habría lugar al reconocimiento de diferencias
por ese concepto, toda vez que las causadas antes del 24 de septiembre de 2008 se
encuentran prescritas y las posteriores a esa fecha no proceden, por haberse
reconocido la prestación bajo la naturaleza de pensión de vejez.

144. En consecuencia, se revocará la sentencia proferida el 28 de noviembre de
2019, por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, para en su lugar negar las
pretensiones de la demanda, de conformidad con lo dispuesto en esta providencia.

3.6. Conclusión

145. Con fundamento en lo expuesto, concluye la Sala que no hay lugar a ordenar
que la prestación retorne a su naturaleza inicial de pensión de invalidez, pues su
conversión en pensión de vejez se ajustó al régimen aplicable. Tampoco procede el
reconocimiento de diferencias por concepto de pensión de invalidez, pues las
anteriores al 24 de septiembre de 2008 se encuentran prescritas y las posteriores no
proceden por la conversión de la prestación en pensión de vejez.

146. En consecuencia, se revocará la sentencia de primera instancia que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda, para, en su lugar, negarlas, de
conformidad con lo expuesto en esta providencia.

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Demandante: Martha Eugenia Zapata Contreras
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3.7. Costas

147. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario 33 de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para
decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de manera
temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso de autos a imponer dicha
condena,

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Falla:

Primero: Revocar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander, el 28 de noviembre de 2019, que accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Segundo: Negar las pretensiones de la demanda.

Tercero: Sin condena en costas en esta instancia.

Cuarto: Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones
pertinentes en el Sistema de Gestión Judicial Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase.

Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente

33 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio

objetivo valorativo por varias razones a saber: (1) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso - administrativo. (2) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (3) La temeridad o mala fe deben ser
valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (4) El inciso segundo del artículo 188 no
morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (5) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA. Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la
Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para
imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la
hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo-
valorativo.”. En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia de 7 de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, exp. 13001-23-33-000-2013-
00022-01 (1291-14).

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Radicación: 54001-23-33-000-2016-00161-01 (3493-2022)
Demandante: Martha Eugenia Zapata Contreras
Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones

Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente

Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial Samai. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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