Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 54001-23-33-000-2016-00220-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 54001-23-33-000-2016-00220-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 54001-23-33-000-2016-00220-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
3 de julio de 2026
Radicado: 54001-23-33-000-2016-00220-01 (2669-2021)
Demandante: Yamile Stella Laureano
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., tres (03) de julio de dos mil veintiséis (2026).
Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Radicación: 54001-23-33-000-2016-00220-01 (2669-2021)
Demandante: Yamile Stella Laureano
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP1
Temas: Pensión de Sobrevivientes. Aplicación de la Ley 100 de
1993. Acredita convivencia real y efectiva.
Decisión: Confirma decisión que accede a las pretensiones de la
demanda.
I. ASUNTO
1. La Sala de Subsección A decide el recurso de apelación interpuesto por la
parte demandada, contra la sentencia de 8 de octubre de 2020, proferida por el
Tribunal Administrativo de Norte de Santander, que accedió a las pretensiones
de la demanda.
II. ANTECEDENTES
2.1. La demanda2.
2.1.1. Pretensiones.
2. La accionante, por intermedio de apoderado instauró demanda en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el
artículo 138 de la Ley 1437 de 20113 en contra de la UGPP, con el objeto de que
se declare la nulidad de los artículos 1° y 2° de la Resolución PAP 029691 del 14
de diciembre de 2010 y de la Resolución PAP de 24 de marzo de 2011, proferidas
por la Caja Nacional de Previsión Social en Liquidación – CAJANAL -mediante
las cuales se negó el reconocimiento de la «pensión de vejez post mortem» del
señor Luis Humberto Durán Reyes y la consecuente «pensión de sobrevivientes»
a la demandante, y se desataron los recursos de reposición y apelación,
respectivamente.
1 En adelante UGPP
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3 «Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo».
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Demandante: Yamile Stella Laureano
3. A título de restablecimiento del derecho, solicitó ordenar a la entidad
demandada el reconocimiento y pago de la «pensión de vejez post mortem» a
favor de Luis Humberto Durán Reyes y la correlativa «pensión de sobrevivientes»
a la señora Yamile Stella Laureano, en calidad de cónyuge supérstite, junto con
los reajustes legales con base en el IPC; igualmente, solicitó el cumplimiento de
la sentencia en los términos de los artículos 192, 194 y 195 del CPACA4.
2.1.2. Hechos.
4. Señaló como fundamentos fácticos relevantes los siguientes:
5. El señor Luis Humberto Durán Reyes, laboró al servicio de la Corporación
Autónoma Regional de la Frontera Nororiental – CORPONOR- desde el 8 de
octubre de 1987 hasta el 16 de abril de 2018, fecha de su fallecimiento; sus
aportes pensionales se efectuaron a la extinta CAJANAL EICE en liquidación.
6. Afirmó que, Luis Humberto Durán Reyes convivió con Yamile Stella Laureano
en calidad de compañeros permanentes desde el 01 de junio de 2001 hasta el
16 de julio de 2007; y que posteriormente, contrajeron matrimonio el 17 de julio
de 2007, manteniéndose la convivencia hasta el fallecimiento del señor Durán
Reyes.
7. Sostuvo que, durante la convivencia de la pareja, inicialmente como
compañeros permanentes y luego como cónyuges, siempre se prodigaron amor,
respeto mutuo y solidaridad, contribuyendo el causante con los recursos
económicos para los gastos básicos de la pareja y el hogar.
8. Finalmente, la demandante el 7 de julio de 2008 radicó ante la extinta
CAJANAL EICE en Liquidación solicitud de reconocimiento de «pensión de vejez
post mortem» con ocasión del fallecimiento del señor Durán Reyes, y la
correspondiente «pensión de sobrevivientes», la cual fue negada mediante
Resolución PAP 029691 de 14 de diciembre de 2010, bajo el argumento que
María Carolina y Andrea Durán, como hijas del causante, afirmaron que la
demandante no convivió con el causante; decisión contra la cual se interpuso el
recurso de reposición resuelto desfavorablemente mediante las Resolución PAP
045118 de 24 de marzo de 2011.
2.1.3. Normas violadas y concepto de la violación.
9. Señaló como vulnerados los artículos 2, 3, 6, 13, 25, 48 y 53 de la Constitución
Política, así como los artículos 46, 47 y 48 de la Ley 100 de 1993 y artículos 12 y
13 de la Ley 797 de 2003.
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Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo .
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10. En el concepto de violación el apoderado de la parte demandante al
desarrollar este concepto sostuvo que los actos administrativos demandados
vulneraron las disposiciones constitucionales indicadas, por cuanto,
desconocieron el derecho fundamental e irrenunciable a la seguridad social, así
como los principios de igualdad, protección especial, pues la administración
omitió garantizar el acceso efectivo a la prestación social, pese a encontrarse
acreditados los requisitos legales para su reconocimiento.
11. Indicó que, de conformidad con los artículos 46, 47 y 48 de la Ley 100 de
1993, modificada por la Ley 797 de 2003, el señor Luis Humberto Durán Reyes
superó el mínimo de 50 semanas exigidas para causar la pensión de vejez post
mortem, pues para la fecha de su fallecimiento, se desempeñaba como empleado
público de CORPONOR, desde el 8 de octubre de 1987 hasta el 16 de abril de
2008; y efectuó sus aportes a la extinta CAJANAL, por lo que acreditó 150
semanas de cotización dentro de los 3 años anteriores a su deceso.
12. De igual manera, afirmó que la señora Yamile Stella Durángo acreditó los
requisitos previstos en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993 para ser beneficiaria
de la pensión sobrevivientes, pues inicialmente acreditó la condición de
compañera permanente desde el 1 de junio de 2001, y posteriormente la de
cónyuge, desde el 17 de julio de 2007, y que mantuvo convivencia continua con
el causante hasta su fallecimiento ocurrido el 16 de abril de 2008.
13. En cuanto al monto de la prestación señaló que, al tratarse del fallecimiento
de un afiliado activo y no de un pensionado, la pensión debía liquidarse conforme
al artículo 48 ibidem, y bajo dicha norma, precisó que el causante acreditaba más
de 1024 semanas cotizadas, equivalentes a 20 años, 6 meses y 8 días de servicio
razón por la cual, consideró que la prestación debía reconocerse con una tasa
de remplazo equivalente al 65% del IBL.
14. Finalmente adujo, que la demandada incurrió en una indebida valoración
probatoria al negar el reconocimiento pensional con fundamento en la existencia
de la controversia entre la demandante y las hijas del causante, pues a su juicio,
la entidad contaba con suficientes elementos para verificar la convivencia
alegada y reconocer directamente la prestación solicitada, sin trasladar la
definición del conflicto a la jurisdicción ordinaria.
2.2. Contestación de la demanda5.
2.2.1. La UGPP, por intermedio de apoderado judicial, se opuso a las súplicas de
la demanda al considerar que los actos administrativos demandados fueron
expedidos con observancia de las normas aplicables al reconocimiento de la
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pensión de sobrevivientes.
15. Como fundamento de su defensa, precisó que, por haber ocurrido el
fallecimiento del señor Luis Humberto Durán Reyes el 16 de abril de 2008, el
régimen aplicable era la Ley 797 de 2003, artículo 13 que modificó el artículo 47
de la Ley 100 de 1993. Por lo que, indicó que la demandante debía acreditar
convivencia efectiva con el causante durante los 5 años anteriores a su
fallecimiento, requisitos que, según se afirmó, no se encontraba demostrado.
16. La entidad demandada señaló que, si bien dentro del expediente
administrativo obraban el registro civil de matrimonio, así como declaraciones
extrajudiciales rendidas por la demandante y por terceros que daban cuenta de
la una convivencia aproximada de 6 años, tales elementos no resultaban
suficientes para acreditar plenamente la convivencia exigida por la normativa.
17. De igual manera, destacó que en el expediente administrativo reposaba
comunicación suscrita por las hijas del causante, María Carolina y Andrea Durán
Robledo, en la cual manifestaban que la señora Yamile Stela Laureano nunca
convivió con el señor Luis Humberto Durán Reyes y que, por el contrario, se
habría aprovechado de su enfermedad. Añadió que dichas afirmaciones
encontraban respaldadas con declaraciones extrajuicio rendidas por terceros.
18. Finalmente, propuso las excepciones de «Prescripción de los derechos
laborales aplica a todos y cada uno de los conceptos reclamados por el
demandante», «Inexistencia de la obligación», «Cobro de lo no debido», «Buena
fe», «Inexistencia de vulneración de principios constitucionales y legales»,
«Prescripción», «Innominada y/o Genérica».
2.3. La sentencia apelada6
19. El Tribunal Administrativo de Norte de Santander mediante sentencia de 8
de octubre de 2020 accedió a las pretensiones de la demanda, declaró la nulidad
de los actos demandados y, a título de restablecimiento del derecho, ordenó a la
UGPP reconocer y pagar a favor de la demandante el 100% de la pensión de
sobrevivientes causada por el fallecimiento del señor Luis Humberto Durán
Reyes, a partir del 17 de abril de 2008. Sin embargo, declaró prescritas las
mesadas causadas con anterioridad al 24 de mayo, por haber transcurrido más
de 3 años entre la reclamación administrativa y la presentación de la demanda.
Y se abstuvo de imponer condena en costas. Dicha sentencia fue corregida en
su numeral PRIMERO por auto de fecha 22 de octubre 2020.
20. La Sala encontró probado que, el causante cumplía con los requisitos para
obtener la prestación causada con ocasión de su muerte; luego de ello, centró su
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análisis en el requisito de convivencia previsto en el artículo 47 de la Ley 100 de
1993, y concluyó que tanto las pruebas documentales, tales como el registro civil
de matrimonio, las declaraciones extrajuicio aportadas en sede administrativa
como los testimonios rendidos en audiencia por Nelsy Torres, Elsa Lorena
Gamboa Villamizar, permitían acreditar que la demandante convivió con el señor
Luis Humberto Durán Reyes de manera continua e ininterrumpida por más de 5
años anteriores a su fallecimiento.
21. Finalmente, dicha Corporación consideró que la entidad demandada incurrió
en falsa motivación al negar la prestación pretendida con fundamento exclusivo
en las manifestaciones efectuadas por las hijas del acusante y en las
declaraciones extraprocesales de terceros, sin realizar una valoración integral del
material probatorio en sede administrativa, pues omitió valorar pruebas que
daban cuenta de la convivencia entre la demandante y el causante.
2.4. Recurso de apelación7
22. El apoderado de la UGPP interpuso recurso de apelación contra la sentencia
de primera instancia, mediante el cual solicitó su revocatoria y, en su lugar, que
se absuelva a la demandada.
23. Como fundamento del recurso, la entidad sostuvo que el fallador de instancia
valoró indebidamente el material probatorio en el expediente, pues, a su juicio,
no existía prueba suficiente que permitiera acreditar una convivencia continua y
efectiva entre la señora Yamile Stella Laureano y el señor Luis Humberto Durán
Reyes hasta la fecha de su fallecimiento, tal como lo exige la ley 100 de 1993 y
la jurisprudencia sobre la misma materia.
24. En ese contexto, cuestionó la valoración efectuada por el Tribunal respecto
de los testimonios rendidos por los señores Nelcy Torres, Elsa Lorena Gamboa
Villamizar y Jairo Peña Vera, pues según indicó, tales declaraciones carecían de
coherencia y precisión frente a los extremos de la convivencia. Señaló que no
fueron concretos respecto de las fechas, ni lograron acreditar de manera cierta
una convivencia continua e ininterrumpida entre la demandante y el causante
durante los cinco años exigidos por la ley, como tampoco pudieron dar claridad
frente a la enfermedad que padecía el causante ni que la demandante hubiese
asumido su cuidado en el avance de la misma.
25. Igualmente, insistió en la relevancia de las declaraciones formuladas por las
hijas del causante dentro del trámite administrativo, quienes afirmaron que la
demandante nunca convivió con el señor Luis Humberto Durán Reyes; sobre ese
particular, cuestionó que el Juez A quo no hubiera profundizado en el recaudo y
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valoración de las declaraciones extrajuicio aportadas por dichas personas, las
cuales, según adujo, generaban una duda razonable respecto de la convivencia
alegada por la actora.
2.5. Alegatos de segunda instancia
26. La parte demandante8 reiteró los argumentos expuestos en la demanda, en
la sentencia de primera instancia, y con base en los mismos, solicitó se confirme
la decisión que accedió a las súplicas de la demanda.
27. La UGPP9. Reiteró los argumentos expuestos en el recurso de apelación; y
solicitó se revoque la sentencia de primera instancia que concedió las
pretensiones de la demanda.
28. Como no se observa causal que invalide lo actuado, la Sala de Subsección
procede a decidir previas las siguientes
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
29. Esta Subsección es competente para conocer del asunto de la referencia, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 15010 de la Ley 1437 de 2011.
30. Al tenor de lo dispuesto por el artículo 328 del Código General del Proceso,
la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a los argumentos
expuestos por la apelante. No obstante, en caso de que ambas partes hayan
apelado la sentencia, el superior resolverá sin limitaciones.
31. En el asunto objeto de estudio la demandada es apelante único, por lo que la
competencia de la Sala de Subsección se encuentra limitada a lo expuesto en el
recurso de apelación.
3.2. Problema jurídico
32. La Sala debe determinar ¿si, la señora Yamile Stella Laureano acreditó una
convivencia continua, efectiva e ininterrumpida con el señor Luis Humberto Durán
Reyes por el termino exigido en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado
por la Ley 797 de 2003, como lo encontró demostrado el fallador de primera
instancia, o por el contrario, las pruebas testimoniales y documentales valoradas
8 Índice 00018 SAMAI
9 Índice 00016 SAMAI
10
«El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las
apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando
no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que
corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia. […]».
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en primera instancia resultan insuficientes para desvirtuar la presunción de
legalidad de los actos administrativos demandados, como lo adujo el recurrente?
3.3. Marco normativo y jurisprudencial aplicable.
3.3.1. Sustitución pensional y pensión de sobrevivientes.
33. Esta Sala de Subsección11, ha aclarado que si bien la pensión de
sobrevivientes y la sustitución pensional tienen por finalidad evitar que los
beneficiarios de un trabajador fallecido carezcan del apoyo económico que éste
les brindaba; la sustitución pensional es aquella prestación que se le otorga al
núcleo familiar de un pensionado que fallece o del afiliado que cumple con los
requisitos legalmente exigibles para pensionarse y fallece, en tanto que la
pensión de sobrevivientes es aquella prestación que se le otorga al núcleo
familiar del afiliado no pensionado, que fallece sin cumplir con los requisitos
mínimos para obtener la pensión12.
34. En materia de sustitución pensional los artículos 36 y 39 del Decreto 3135 de
196813, así como los artículos 80 y 92 del Decreto 1848 de 196914 consagraron
la posibilidad de trasmitir el derecho jubilatorio a favor de los beneficiarios del
causante únicamente en dos eventos, a saber: (i) cuando fallece el empleado
público en goce de pensión y (ii) cuando el empleado público muere con derecho
a pensión sin que en efecto se haya efectuado el reconocimiento. Esto con el
siguiente tenor:
«Decreto 3135 de 1968.
Artículo 36. Al fallecimiento de un empleado público o trabajador oficial con
derecho a pensión de jubilación, sus beneficiarios, en el orden y proporción
señalados en el artículo 34, tienen derecho a recibir de la respectiva entidad de
previsión la pensión que le hubiere correspondido Duránte dos (2) años, sin
perjuicio de las prestaciones anteriores.
[…]
Artículo 39. Sustitución de Pensión. Fallecido un empleado público o trabajador
oficial en goce de pensión de jubilación, invalidez o vejez, su cónyuge y sus hijos
menores de 18 años o incapacitados para trabajar por razón de sus estudios o
por invalidez, que dependieren económicamente de él, tendrán derecho a percibir
la respectiva pensión Duránte los dos años subsiguientes. Decreto
Reglamentario 1848 de 1969.
[…]
Artículo 80. Fallecimiento del empleado con derecho a pensión. Cuando fallezca
un empleado oficial que hubiere causado en su favor el derecho a pensión de
jubilación, por reunir los requisitos legales, sin haberla hecho efectiva en vida,
11 Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A. Sentencia de 9 de noviembre de 2017. Consejero
Ponente: William Hernández Gómez.
12 Sentencia T-564 de 2015.
13 «Por el cual se prevé la integración de la seguridad social entre el sector público y el privado y se regula
el régimen prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales.»
14 «Por el cual se reglamenta el Decreto 3135 de 1968».
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ese derecho se transmite a las personas señaladas en el Artículo 92 de este
Decreto, para el solo efecto de recibir de la entidad obligada el pago de la pensión
que le hubiere correspondido al causante, Duránte los dos (2) años a que se
refiere la citada norma legal.
[…]
Artículo 92. Transmisión de la Pensión. Cuando fallezca el pensionado por
invalidez, jubilación o retiro por vejez, su cónyuge y sus hijos menores de
dieciocho (18) años o incapacitados para trabajar por razón de estudios o por
invalidez, que dependieren económicamente del causante, tendrán derecho a
percibir la respectiva pensión Duránte los dos (2) años subsiguientes al
fallecimiento del pensionado. […]».
35. Luego, en esta misma materia se expidió la Ley 33 de 197315, la cual señaló
que para que se diera la sustitución pensional, el trabajador particular o el
empleado o trabajador del sector público, debía estar pensionado o al momento
de su fallecimiento tener el derecho a pensión de jubilación, invalidez o vejez.
«Artículo 1°. Fallecido el particular pensionado o con derecho a pensión de
jubilación, invalidez o vejez, o un empleado o trabajador del sector público, sea
este oficial o semioficial con el mismo derecho, su viuda podrá reclamar la
respectiva pensión en forma vitalicia.
[…]
Parágrafo 2°. A las viudas que se encuentren en la actualidad disfrutando, o
tengan derecho causado a disfrutar, de los cinco (5) años de sustitución de la
pensión, les queda prorrogado su derecho dentro de los términos de esta Ley.»
36. Posteriormente, la Ley 12 de 197516 solo exigió que el trabajador o empleado
haya completado el tiempo de servicio, de manera que, si fallecía antes de
cumplir la edad cronológica para tener derecho a la pensión de jubilación, había
lugar a la sustitución pensional, así:
«Artículo 1° El cónyuge supérstite, o la compañera permanente, de un trabajador
particular o de un empleado o trabajador del sector público y sus hijos menores
o inválidos, tendrán derecho a la pensión de jubilación del otro cónyuge si este
falleciere antes de cumplir la edad cronológica para esta prestación, pero que
hubiere completado el tiempo de servicio consagrado para ella en la Ley o en
convenciones colectivas».
37. Por lo anterior, en principio el derecho a la sustitución pensional solo surgía
para los beneficiarios de un empleado público cuando a la fecha de su
fallecimiento éste había perfeccionado o consolidado completamente el derecho
jubilatorio; solo con posterioridad el Legislador lo extendió para los casos en los
que el empleado público hubiese logrado el tiempo de servicios sin reunir o
completar la edad pensional, con el fin de amparar con tal medida el derecho de
la familia del mismo, que por la contingencia de muerte no logró consolidar
plenamente su derecho pensional.
15 «Por el cual se transforman en vitalicia las pensiones de las viudas.»
16 «[Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre régimen de pensiones de jubilación».
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38. Así, a través de la Ley 100 de 1993, el legislador organizó el sistema de
seguridad social integral, en lo que tiene que ver con el régimen de pensiones,
cuyo objetivo fue garantizar a la población el amparo contra las eventualidades
derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte, mediante el reconocimiento de las
pensiones y prestaciones que se determinan en la citada ley.
39. En este sentido, se tiene que el sistema de que trataba la Ley 12 de 1975,
artículo 1.º, fue derogado de manera tácita por el señalado en los artículos 46 a
49 y 73 a 78 de la Ley 100 de 1993, establecido con la finalidad de atender la
contingencia derivada de la muerte, donde el legislador previó a las denominadas
pensión de sobrevivientes y la sustitución pensional, para suplir la ausencia
repentina del apoyo económico que brindaba el afiliado al grupo familiar y, por
ende, evitar que su deceso se traduzca en un cambio sustancial de las
condiciones mínimas de subsistencia de las personas beneficiarias de dicha
prestación. Es decir, que su reconocimiento se fundamenta en normas de
carácter público y constituye un desarrollo del principio de solidaridad.
40. Ahora bien, de conformidad con los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993,
modificados por los artículos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003, tendrán derecho a
la sustitución pensional, los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez
que fallezca, advirtiéndose tres grupos de beneficiarios excluyentes entre sí, toda
vez que a falta de uno lo sucederá el otro, así: (i) cónyuge o compañera
permanente e hijos con derecho; (ii) padres con derecho; y (iii) hermanos con
derecho.
41. El artículo 47 de la norma en mención señala quienes son los beneficiarios,
frente a los cuales establece los requisitos para que se acceda al reconocimiento
prestacional, en los siguientes términos:
a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o
supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del
causante, tenga 30 o más años de edad. En caso de que la pensión de
sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera
o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo
vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido
no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte.
b) En forma temporal, el cónyuge o la compañera permanente supérstite, siempre y
cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga menos de
30 años de edad, y no haya procreado hijos con este. La pensión temporal se pagará
mientras el beneficiario viva y tendrá una duración máxima de 20 años. En este caso,
el beneficiario deberá cotizar al sistema para obtener su propia pensión, con cargo a
dicha pensión. Si tiene hijos con el causante aplicará el literal a).
Si respecto de un pensionado hubiese un compañero o compañera permanente, con
sociedad anterior conyugal no disuelta y derecho a percibir parte de la pensión de
que tratan los literales a) y b) del presente artículo, dicha pensión se dividirá entre
ellos (as) en proporción al tiempo de convivencia con el fallecido.
En caso de convivencia simultánea en los últimos cinco años, antes del fallecimiento
del causante entre un cónyuge y una compañera o compañero permanente, la
beneficiaria o el beneficiario de la pensión de sobreviviente será la esposa o el
esposo. Si no existe convivencia simultánea y se mantiene vigente la unión
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conyugal pero hay una separación de hecho, la compañera o compañero
permanente podrá reclamar una cuota parte de lo correspondiente al literal a
en un porcentaje proporcional al tiempo convivido con el causante siempre y
cuando haya sido superior a los últimos cinco años antes del fallecimiento del
causante. La otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la cual existe
la sociedad conyugal vigente;
c) <Apartes tachados INEXEQUIBLES> Los hijos menores de 18 años; los hijos
mayores de 18 años y hasta los 25 años, incapacitados para trabajar por razón de
sus estudios y si dependían económicamente del causante al momento de su muerte,
siempre y cuando acrediten debidamente su condición de estudiantes y cumplan con
el mínimo de condiciones académicas que establezca el Gobierno17; y, los hijos
inválidos si dependían económicamente del causante, esto es, que no tienen
ingresos adicionales18, mientras subsistan las condiciones de invalidez. Para
determinar cuando hay invalidez se aplicará el criterio previsto por el artículo 38 de
la Ley 100 de 1993;
d) <Aparte tachado INEXEQUIBLE19> A falta de cónyuge, compañero o compañera
permanente e hijos con derecho, serán beneficiarios los padres del causante si
dependían económicamente de forma total y absoluta de este
e) A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente, padres e hijos con
derecho, serán beneficiarios los hermanos inválidos del causante si dependían
económicamente de éste.
Parágrafo. Para efectos de este artículo se requerirá que el vínculo entre el padre,
el hijo o el hermano inválido sea el establecido en el Código Civil […]». (Negrilla de
la Sala).
42. De los aludidos grupos de beneficiarios la Corte Constitucional resumió los
requisitos que deben acreditar para el reconocimiento prestacional, en sentencia
C- 336 de 201420, en los siguientes términos:
Modalidad
Beneficiario Causante de la Condiciones
pensión
Cónyuge o Edad cumplida al momento del
Compañero Afiliado o fallecimiento y demuestre vida
Vitalicia
permanente mayor pensionado marital Duránte los 5 años anteriores
de 30 años de edad. a la muerte.
Cónyuge o
Compañero Afiliado o Temporal No haber procreado hijos con el
permanente menor pensionado -20 años- causante.
de 30 años de edad.
Cónyuge o Haber procreado hijos con el
Compañero Afiliado o causante y demuestre vida marital
Vitalicia
permanente menor pensionado Duránte los 5 años anteriores a la
de 30 años de edad. muerte.
Compañero Sociedad anterior conyugal no
Pensionado Cuota parte
permanente disuelta y derecho a percibir
17 INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-1094-03 de 19 de noviembre de 2003,
Magistrado Ponente Dr. Jaime Córdoba Triviño.
18 INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-066-16 de 17 de febrero de 2016,
Magistrado Ponente Dr. Alejandro Linares Cantillo
19
Corte Constitucional mediante Sentencia C-111-06 de 22 de febrero de 2006, Magistrado Ponente Dr.
Rodrigo Escobar Gil.
20 Con ponencia del Magistrado Mauricio González Cuervo.
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Radicado: 54001-23-33-000-2016-00220-01 (2669-2021)
Demandante: Yamile Stella Laureano
Cónyuge y
Afiliado o Partes Convivencia simultánea Duránte los
Compañero
pensionado iguales 5 años anteriores a la muerte.
permanente
Inexistencia de convivencia
Cónyuge con simultánea, acreditación por parte
separación de Afiliado o Partes del cónyuge de la separación de
hecho y Compañero pensionado iguales hecho, compañero permanente con
permanente convivencia Duránte los 5 años
anteriores a la muerte.
43. La jurisprudencia no ha sido pacífica cuando concurren en la reclamación
prestacional la (el) compañera (o) permanente y el cónyuge supérstite, por lo que
ha distinguido los efectos jurídicos que se generan cuando: (i) existe convivencia
simultánea, (ii) cuando hay separación de hecho, (ii) cuando no existe sociedad
conyugal vigente y (ii) cuando se ha efectuado la disolución de la sociedad
conyugal con y sin convivencia simultánea.
44. En ese orden de ideas, y dado que el fallecimiento de la causante ocurrió el
16 de abril de 2018, las normas que gobiernan la sustitución pensional debatida
son las vigentes al momento del deceso de la causante, es decir, la Ley 100 de
1993, modificada por la Ley 797 de 2003, la cual, respecto de los beneficiarios
estableció lo siguiente.
«ARTÍCULO 47. BENEFICIARIOS DE LA PENSIÓN DE
SOBREVIVIENTES. Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes:
[…]
a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o
supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del
causante, tenga 30 o más años. En caso de que la pensión de sobrevivencia se
cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero
permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el
causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5)
años continuos con anterioridad a su muerte.
[…]»
45. Como se aprecia, a través de la norma en cita, el Legislador estableció el
requisito de la convivencia Duránte los últimos cinco años anteriores a la muerte
para el compañero o cónyuge supérstite, para evitar situaciones donde solo se
busca aprovechar el beneficio económico, tal como ha sido reconocido la Corte
Constitucional en varias providencias, entre las cuales debe destacarse la
sentencia C-1176 de 2001 en la que expresó:
«[…] busca favorecer económicamente a aquellos matrimonios y uniones
permanentes de hecho que han demostrado un compromiso de vida real y con
vocación de continuidad; pero también, que dicha disposición intenta amparar el
patrimonio del pensionado, de posibles maniobras fraudulentas realizadas por
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Demandante: Yamile Stella Laureano
personas que, con la falsa motivación de instituir una vida marital responsable y
comprometida, sólo pretenden derivar un beneficio económico de la transmisión
pensional.
[…]Que el propósito de la institución es proteger al pensionado y a su familia de
posibles convivencias de última hora que no se configuran como reflejo de una
intención legítima de hacer vida marital, sino que persiguen la obtención del
beneficio económico que reporta la titularidad de una pensión de vejez o
invalidez. En este sentido, es claro que la norma pretende evitar la transmisión
fraudulenta de la pensión de sobrevivientes».
46. En concordancia con lo expuesto, esta Corporación21 ha señalado que la
convivencia «no se refiere, en forma exclusiva, a compartir el mismo techo y habitar
junto al otro, sino que los elementos que en mayor medida definen esa convivencia
se relacionan con el acompañamiento espiritual, moral y económico y el deber
de apoyo y auxilio mutuo. Además de ello, es preciso tener en cuenta el factor
volitivo de la pareja de mantener un hogar y tener la vocación y convicción
de establecer, constituir y mantener una familia».
3.4. Análisis del caso concreto
47. En el caso bajo estudio, la demandante solicita la nulidad de los actos
administrativos22 que le negaron el reconocimiento de la pensión de vejez post
mortem y la consecuente pensión de sobrevivientes, en calidad de compañera
cónyuge supérstite23.
48. El Tribunal de instancia accedió a las pretensiones de la demanda al
considerar que, conforme al material probatorio obrante en el proceso, la
demandante acreditó los requisitos de los artículos 46 y 47 de la Ley de 100 de
1993, a saber, el mínimo de semanas cotizadas del causante, la edad de la
sobreviviente, la convivencia dentro de los últimos 5 años antes del deceso y la
dependencia económica.
49. Así las cosas, advierte la Sala que, los reparos de la entidad recurrente se
circunscriben específicamente a controvertir la valoración probatoria efectuada
por el fallador de primera instancia que tuvo por demostrada la condición de
beneficiaria de la señora Yamile Stella Laureano, en especial, en lo relacionado
21 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 10 de diciembre de 2020, radicado
05001 23 33 000 2015 02507 01 (2372-2018). En las cuales citó las siguientes: sentencia del 24 de octubre
de 2012, en el radicado 25000 23 25 000 2010 00860 01 (2475-11): y sentencia del 7 de abril de 2001, en
el radicado 76001 23 31 000 2005 02741 01 (0669-2008).
22 Expediente digital – Carpeta 000EA-16-00220- PDF 32, se advierte que el 7 de julio de 2008 elevó solicitud
ante la extinta CAJANAL EICE en Liquidación, el reconocimiento de la «pensión de vejez post morten» con
ocasión del fallecimiento del señor Duran Reyes, y la correspondiente «pensión de sobrevivientes»
23 Expediente digital – Carpeta 000EA-16-00220- PDF 46 y 53. Resolución PAP 029691 de 14 de diciembre
de 2010«Por la cual se niega el reconocimiento POST-MORTEM de una pensión de vejez y se niega la
sustitución de la misma» y la Resolución PAP 045118 de 24 de marzo de 2011, que resolvió un recurso de
reposición, y confirmó la decisión recurrida.
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Demandante: Yamile Stella Laureano
con la demostración de una convivencia continua, efectiva y permanente con el
causante Duránte los 5 años anteriores a su fallecimiento; así como la presunta
ausencia de prueba sobre la afectación económica, social o afectiva de la
demandante derivada del deceso del causante, y la alegada insuficiencia en la
valoración de las declaraciones rendidas por las hijas del causante y demás
terceros que, en sede administrativa, cuestionaron la convivencia alegada por la
demandante.
50. Por lo anterior, procede la Sala a analizar si, contrario a lo concluido por el
Juez A quo, el material probatorio obrante en el expediente resulta insuficiente
para acreditar la convivencia continua, efectiva y permanente entre la señora
Yamile Stella Laureano y el señor Luis Humberto Durán Reyes Duránte los 5
años anteriores a su fallecimiento para acceder a la pensión de sobrevivientes
pretendida, así como los demás cargos objeto de reparo.
51. En esa medida, como se dijo, el artículo 47 de la Ley 100 de 1993 prescribe
como requisitos para que en forma vitalicia se conceda la sustitución pensional,
los que a continuación se relacionan:
i. La calidad de cónyuge o compañera permanente, el cual es un
presupuesto que está relacionado con la legitimación para reclamar el
derecho, es decir, quién tiene la vocación para pretender la titularidad de
este.
ii. Tener, a la fecha de fallecimiento del causante, 30 o más años.
iii. La vida marital con el causante hasta su muerte, el cual está referido a
demostrar la vida bajo un mismo techo, las situaciones de socorro y ayuda
mutua de la pareja, que constituyen elementos fundamentales de un
núcleo familiar, protegido por la Constitución y las leyes.
Por ello, quien aduzca tener la condición de beneficiario de la sustitución
pensional, debe acreditar un compromiso de vida real y con vocación de
permanencia, lo cual pretende dejar de lado aquellas conductas que
pudieran dirigirse únicamente a obtener el beneficio económico de manera
artificial e injustificada.
iv. La convivencia con el fallecido por no menos de 5 años continuos,
inmediatamente anteriores a su muerte. El requisito de convivencia por 5
años que trae la norma pretende evitar las convivencias de última hora con
quien está a punto de fallecer y así acceder a la sustitución pensional.
53. En audiencia de pruebas celebrada el 15 de junio de 201724 y su continuación
el 27 de julio del mismo año25, rindieron testimonio los señores Nelcy Torres, Elsa
Lorena Gamboa Villamizar y Jairo Peña Vera, quienes fueron coincidentes en
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Expediente digital -Índice 0002 SAMAI – PDF 011
25 Expediente digital -Índice 0002 SAMAI – PDF 013
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afirmar que entre la demandante y el señor Luis Humberto Durán Reyes existió
una relación estable, pública y permanente que se prolongó hasta el fallecimiento
del causante ocurrido el 16 de abril de 2008; que no le conocieron otra pareja al
causante, quien era viudo hacía muchos años; y, que la demandante estuvo al
cuidado del señor Luis Humberto Durán Reyes Duránte la etapa final de la
enfermedad.
54. En efecto, la señora Nelcy Torres manifestó conocer a la señora Yamile
Stella Laureano desde el año 1985 y al señor Luis Humberto Durán Reyes desde
los años 1991 o 1992. Indicó que antes de casarse con el causante tuvieron una
relación de 5 a 6 años, que vivieron siempre en la avenida 6ta con calle 19 en el
barrio La Cabrera, y en el 2007 contrajeron matrimonio. Señaló que la señora
Yamile Stella Laureano y el señor Luis Humberto Durán Reyes tenían una buena
relación, ambos se acompañaban mutuamente, estaban pendientes el uno del
otro y siempre se les observaba juntos. Asimismo, afirmó que el causante residía
con la demandante para la fecha de su fallecimiento, y que, fue la demandante
quien lo acompañó y, cuidó Duránte su enfermedad en la clínica hasta su muerte.
55. De igual modo, se advierte declaración extrajudicial26 previamente rendida el
27 de junio de 2008 por la misma testigo dentro del trámite administrativo, en la
que también indicó que el señor Luis Humberto Durán Reyes convivió en unión
libre con la demandante y posteriormente contrajo Matrimonio Civil el día 19 de
Julio de 2007, dicho relato guarda relación y coherencia con la recepción de la
prueba testimonial practicada y que fue objeto de contradicción en sede judicial.
56. Por su parte, la señora Elsa Gamboa Villamizar, afirmó conocer a la
demandante desde aproximadamente 30 año, pues fueron vecinas, y manifestó
que conoció al señor Luis Humberto Durán Reyes alrededor del año 2001. Señaló
que ambos ya vivían juntos aproximadamente desde los años 2001 o 2002 hasta
la fecha que él falleció en el año 2008; que contrajeron matrimonio a mediados
del año 2007. Mencionó que vivían en la misma residencia ubicada en la avenida
6ta con calle 19, y que visitó en varias ocasiones dicha vivienda, donde pudo
constatar que residían juntos, enfatizando que solo la pareja vivía en dicho lugar.
Finalmente, relató que, fue la señora Yamile Stella Laureano quien permaneció
al cuidado del causante Duránte su enfermedad y quien lo acompañó de manera
permanente en la clínica hasta su fallecimiento.
57. En cuanto al señor Jairo Peña, también declaró conocer al causante desde
aproximadamente 20 años, sostuvo que tuvo conocimiento de la relación
sentimental existente entre el causante y la demandante porque los observaba
frecuentemente juntos. Indicó que convivían como pareja en la casa materna de
la señora Yamile Stella Laureano, ubicada en la avenita 5ta con 19 o 20. Y que
dicha convivencia se habría desarrollado aproximadamente desde los años 2002
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o 2003 por un lapso cercano de 5 o 6 años.
58. Relató que, para la época del fallecimiento del señor Luis Humberto Durán
Reyes, le constaba que éste convivía con la demandante, pues en su enfermedad
la observó siempre acompañando al señor Durán Reyes cuando acudía a su
negocio y en las ocasiones en que los veía juntos. Además, indicó que, en el
tiempo en que conoció a la señora Yamile Stella Lureano y al señor Luis
Humbeeto Durán Reyes como pareja, la demandante se desempeñaba como
ama de casa y era quien permanecía pendiente del cuidado y atención del
causante.
59. Constatada su declaración con la rendida en sede administrativa27 por el
mismo declarante, se advierte que, si bien, presenta imprecisiones frente a las
fechas de la convivencia, tanto en la declaración como en el testimonio practicado
dentro del proceso, el declarante se mantuvo constante respecto a la relación de
pareja existente entre la demandante y el causante, la cual, era estable y pública,
y que convivían bajo el mismo techo, en la casa materna de la demandante, hasta
el fallecimiento del señor Luis Humberto Durán Reyes.
60. En este punto, precisa la Sala que, aunque los testigos no señalaron fechas
exactas por lo que a juicio del recurrente, no hay claridad sobre la acreditación
del requisito temporal de la convivencia, lo cierto es que, sus declaraciones
ubicaron de manera consistente el inicio de la misma desde los años 2001 o
2002, y afirmaron que se mantuvo hasta el fallecimiento del causante, por lo que,
infiere la Sala, la convivencia, se desarrolló dentro del marco temporal exigido
por la norma, esto es en los 5 años anteriores al fallecimiento del causante.
61. Se destaca que, ninguno de los testigos dio cuenta de una ruptura,
separación, o que se hubiere interrumpido la convivencia entre la demandante y
el causante durante el periodo antes indicado, por el contrario, todos de manera
unánime manifestaron que para la fecha de su fallecimiento, éste se encontraba
conviviendo con la señora Yamile Stella Laureano; si bien, no fueron claros ni
identificaron la patología padecida por el señor Durán Reyes, como lo afirmó el
recurrente, si describieron la sintomatología relacionada con su estado de salud,
y el acompañamiento permanente brindado por la demandante, quien lo asistió
en su enfermedad y hasta su muerte; lo que evidencia conocimiento directo sobre
la dinámica de la convivencia entre ambos.
62. A tenor de lo anterior, lo reseñado por los testigos también encuentra respaldo
en las pruebas documentales obrantes en el plenario, en efecto, observa la Sala
que la señora Yamile Stella Laureano y el señor Luis Humbeeto Durán Reyes
contrajeron matrimonio el 19 de julio de 2007 de acuerdo con el registro civil con
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Indicativo Serial No 0360783028, circunstancia que permite advertir que, la
relación no solo se mantuvo en el tiempo, sino que su proyecto de vida en común
se consolidó mediante el vínculo formal.
63. De igual forma, dentro del expediente administrativo aportado por la demanda
obra prueba documental relacionada con la afiliación de la demandante como
beneficiaria del causante ante SOLSALUD EPS29; circunstancia que, si bien no
acredita por si sola la convivencia alegada, debido a que, no es un requisito legal
para el reconocimiento de la sustitución pensional, si constituye junto con las
pruebas reseñadas, un indicio adicional de la existencia de una relación
permanente, estable y de una vida en común entre los cónyuges, reconocida por
el mismo causante, al hacerla partícipe de los beneficios derivados del Sistema
de Seguridad Social en Salud.
64. Así las cosas, la Sala considera que, contrario a lo sostenido por la entidad
recurrente, las declaraciones rendidas en el plenario junto con los demás medios
probatorios sí constituyen pruebas idóneas para demostrar el requisito de
convivencia entre la señora Yamile Stella Laureano y el causante con miras al
reconocimiento pensional reclamado.
65. De otra parte, tampoco tiene vocación de prosperidad el argumento de la
recurrente según el cual no se acreditó por parte de la demandante que el
fallecimiento del causante hubiese generado en la demandante una carencia
económica, pues de acuerdo con el literal a) del artículo 47 de la Ley 100 de
1993, en casos como el presente, la acreditación de dependencia económica con
respecto al causante, no constituye requisito para el reconocimiento de dicha
prestación, por lo que, no resulta necesario exigir prueba adicional para efectos
del reconocimiento pensional pretendido.
66. Por otro lado, frente al cuestionamiento relacionado con las manifestaciones
efectuadas por las hijas del causante en sede administrativa, que, para la
demandada, constituyen dudas acerca del reconocimiento pensional, observa la
Sala que, el 23 de junio de 200830 Andrea Durán Robledo y María Carolina Durán
Robledo, radicaron solicitud – «Pensión de sobrevivientes» ante la extinta
CAJANAL, bajo el fundamento de ser las únicas beneficiarias para cualquier
«indemnización o reclamación de prestaciones sociales» del señor Luis
Humberto Durán Reyes, asimismo, dentro de dicha actuación afirmaron que era
falso que el causante hubiese convivido bajo el mismo techo con la demandante;
para lo cual, aportaron la declaración extraprocesal rendida el 22 de mayo de
200831 por los señores Oscar Erney Herrera Cárdenas e Isabel Cristina Botello
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Mora, quienes bajo la gravedad del juramento, manifestaron lo mismo.
67. No obstante, si bien dichas afirmaciones reflejan la existencia de un conflicto
entre la demandante y las hijas del causante frente al reconocimiento pensional
pretendido, que, en principio pudieran generar incertidumbre sobre la convivencia
alegada, lo cierto es que las mismas, no se encuentran respaldadas por otros
medios de convicción que permitan corroborar objetivamente su afirmación, y
desvirtuar de manera suficiente las pruebas testimoniales y documentales
obrantes en el proceso. Además, tampoco fueron ratificadas judicialmente ni
sometidas a contradicción dentro del presente asunto, pues aun cuando el Juez
A quo decretó de oficio la recepción de las declaraciones de María Carolina Durán
Robledo, Andrea Durán Robledo, Oscar Erney Herera e Isabel Cristina Botello,
las mismas no se practicaron.
68. En ese contexto, no es de recibo para la sala el reparo formulado por la
demandada, relativo a que el Juez A quo, no insistió lo suficiente en el recaudo
de las declaraciones de las hijas del causante y demás testigos decretados de
oficio, tampoco advierte la Sala irregularidad alguna en la actuación surtida. Por
el contrario, de la audiencia inicial celebrada el 20 de abril de 201732 se evidencia
que el despacho, en ejercicio de sus facultades oficiosas33, ordenó la práctica de
dichos testimonios; y en cumplimiento de dicho mandato, se efectuaron las
citaciones No P-037 de 24 de abril de 201734, P-038 de 21 de abril de 201735 y
P-039 de 24 de abril de 201736 indicándoles que debían comparecer ante dicha
Corporación el día 15 de junio de 2017; sin embargo, llegados el día y la hora
indicadas, los citados no comparecieron, razón por la cual, la audiencia de
pruebas fue suspendida, y se fijó nueva fecha para su continuación el 27 de junio
de 2017.
69. Posteriormente, en cumplimiento de la orden efectuada en la diligencia, por
Secretaría se efectuaron nuevas citaciones37 a las direcciones obrantes en el
expediente administrativo. No obstante, una vez reanudada la diligencia38 los
citados, tampoco comparecieron a la misma. En consecuencia, el Despacho
dispuso el cierre del debate probatorio, decisión que fue notificada en estrados
conforme al artículo 202 del CPACA, sin que la demandada formulara reparo
alguno.
70. De tal modo que, no puede afirmarse que hubiese existido desidia por parte
32 Expediente digital -Índice 0002 SAMAI – PDF 009
33 Numeral 2.6.4. Pruebas de Oficio
34 Dirigida a Maria Carolina Durán Robledo - Expediente digital -Índice 0002 SAMAI – PDF 010
35 Dirigida a Andrea Durán Robledo - Expediente digital -Índice 0002 SAMAI – PDF 010
36 Dirigida a Oscar Erney Herrera - Expediente digital -Índice 0002 SAMAI – PDF 010
37 Expediente digital -Índice 0002 SAMAI – PDF 012. Citación No P-99, P-100, P-101 y P-103 de 15 de junio
de 2017 dirigidas a Maria Carolina Duran Robledo, Andrea Duran Robledo, Oscar Erney Herera e Isabel
Cristina Botello, respectivamente.
38
Expediente digital -Índice 0002 SAMAI – PDF 013
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del Tribunal en el recaudo probatorio, pues conforme con lo reseñado, se tiene
que, el Juez A quo desplegó actuaciones encaminadas a lograr la práctica de
dichas pruebas. Sin que la imposibilidad de su práctica prueba atribuirse a
omisión alguna del Juez de primera instancia. Aunado a que, pese a las
reiteradas citaciones, los declarantes no comparecieron a la diligencia, y la
demandada tampoco formuló solicitud adicional tendiente a garantizar su
comparecencia, ni objetó el cierre de la etapa probatoria o el posterior control de
legalidad efectuado por el fallador dentro del proceso.
71. En ese orden de cosas, para la Sala no resulta procedente que la recurrente
pretenda alegar en esta instancia, una presunta irregularidad en la actividad
probatoria desplegada por Juez A quo, cuando la eventual insuficiencia en el
recaudo de esta no fue cuestionada oportunamente.
72. Así las cosas, valorado el material probatorio en su conjunto y conforme a las
reglas de la sana critica, la Sala encuentra acreditado que la señora Yamile Stella
Laureano mantuvo con el señor Luis Humberto Durán Reyes una convivencia
estable, continua, pública y permanente Duránte los cinco años previos al deceso
de aquél, caracterizada por el auxilio mutuo, la solidaridad y el proyecto de vida
en común. Por tal razón, se confirmará la sentencia de primera instancia que
declaró la nulidad de los actos administrativos demandados y ordenó el
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a favor de la demandante.
3.5. De la condena en costas en segunda instancia
73. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura
armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera
significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.
74. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.
75. En tal virtud, se impondrá condena en costas a la parte demandada; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
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76. En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia del 8 de octubre de 2020, y su corrección
por auto de fecha 22 de octubre 2020, emitida por el Tribunal Administrativo de
Norte de Santander, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO.- CONDENAR en costas de segunda instancia a la entidad
demandada. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las
agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera
instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal
Administrativo de Norte de Santander.
TERCERO.- RECONOCER personería jurídica a al abogado Omar Trujillo
Polania, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.117.507.855 y tarjeta
profesional No. 201.792 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderado
de la UGPP, en los términos del poder conferido39
CUARTO.- Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones correspondientes en el programa «SAMAI».
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Constancia: La anterior providencia fue firmada electrónicamente por la Sala a través de la plataforma
SAMAI del Consejo de Estado, con lo cual se garantiza su autenticidad, integridad, conservación, y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo y demás normas concordantes del Código General del Proceso.
39 Índice 33 SAMAI
19
835
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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