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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 54001-23-33-000-2016-00265-02

Fecha
29 de agosto de 2024
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 54001-23-33-000-2016-00265-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. - CONFIRMAR la sentencia de primera instancia proferida el 13 de julio de 2023 por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander que accedió a las súplicas de la demanda, de conformidad con la parte motiva de esta sentencia. SEGUNDO. - Sin condena en costas en esta instancia. TERCERO. - DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 54001-23-33-000-2016-00265-02

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

29 de agosto de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D.C., veintinueve (29) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)

Radicado : 54001-23-33-000-2016-00265-02 (6054-2023)
Demandante : Gustavo Núñez Serrano
Demandado : Ministerio de Defensa Nacional –
Policía Nacional
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del
derecho
Tema : Reconocimiento pensión de invalidez
Decisión : Sentencia de segunda instancia

Se desata el recurso de apelación interpuesto por las partes contra la
sentencia proferida el 13 de julio de 2023 por el Tribunal Administrativo de
Norte de Santander, que accedió a las pretensiones de la demanda y ordenó
el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez al actor.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

1.1. Pretensiones1

Gustavo Núñez Serrano por intermedio de apoderado judicial, en ejercicio del
medio de control previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, demandó la nulidad de los
siguientes actos administrativos:

Oficios 2012-251143 DIPON, 247691 de 1 de noviembre de 2011, 253632 de 20
de septiembre de 2012 y el acto ficto o presunto “por no contestar el derecho de
petición enviado el 4 de Octubre del 2011 a la sección de prestaciones sociales
de la Policía Nacional con recurso de reposición y en subsidio de apelación de 19
de abril del 2012 donde se negó el reconocimiento y pago de la pensión de
invalidez a favor del Agente de Policial retirado (…) Gustavo Núñez Serrano,

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Samai-expediente digital-índice 002.

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Interno: 6054-2023
Demandante: Gustavo Núñez Serrano
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional

quien presenta PARAPARESIA Y MONOPLEJIA que implica la pérdida funcional
total del tobillo derecho con más del 50% de disminución de la capacidad laboral”.

Que se inaplique parcialmente por vía “excepcional de ilegalidad” la parte
subrayada “Acta de Junta Médico Laboral número 181 - expedida en Cúcuta con
Fecha 02 de marzo de 1.998, notificada personalmente, en lo que respecta al
actor, proferida por la Junta Médico Laboral DIRECCIÓN DE SANIDAD-POLICÍA
NACIONAL, en la parte que Resolvió: el numeral 1-204 literal b-1 con un índice
lesional de 8 puntos y el numeral 1-205 literal a-3 con un índice lesional de 6
puntos y una merma de la capacidad laboral de 30.37%., pues la parte subraya
(…) que en esa fecha no alcanzó el 50% de la disminución de la capacidad laboral
procediendo luego la PONAL a darle el retiro sin concluir el procedimiento
administrativo (…) señalado en el Decreto 094 del 1.989 (…)”.

A título de restablecimiento del derecho solicitó que se ordene al ente
ministerial demandado a (i) reconocer y pagar la pensión de invalidez a que tiene
derecho el actor por presentar una disminución de la capacidad laboral de
91,869%; (ii) que le reconozca una indemnización equivalente al (54.0) de
acuerdo con la tabla C,21 puntos, bajo el amparo del artículo 87 del Decreto 094
de 1989; (iii) que la suma reconocida le sea ajustada de acuerdo con el IPC que
certifique el DANE; y (iv) que se cumpla la sentencia en los términos señalados
en el CPACA.

Los hechos en que se fundamentan las pretensiones de la demanda en síntesis
son los siguientes:

Precisó que, el actor laboró en la Policía Nacional desde el 26 de abril de 1982
hasta el 16 de septiembre de 1993, “tiempo en el cual sufrió enfermedades y
lesiones personales que le produjeron una disminución de la capacidad laboral
que lo hace merecedor de una pensión de invalidez”.

Refirió que, elevó petición ante la Policía Nacional para que le fuera reconocida
la pensión de invalidez.

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Interno: 6054-2023
Demandante: Gustavo Núñez Serrano
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional

Señaló que, las lesiones sufridas por el demandante fueron calificadas “en el
servicio por causa y razón del mismo”, a través de la Junta Médico Laboral 1
81 de 1993 en la Regional de Sanidad de la Policía Nacional de la ciudad de
Cúcuta, la cual determinó una disminución de la capacidad laboral equivalent
e al 30.37% que implica que sufre una enfermedad relativa permanente aplic
ando fórmula al siguiente orden:

INDICES DE LESIÓN VALOR
Numeral 1-205 literal a-3, 6 puntos DLI1 13.5 DL1 13.5
Numeral 1-204 literal b-1, 8 puntos DLI2 19.5 DL2 16.8675

DISMINUCION TOTAL 30.368
DE LA CAPACIDAD LABORAL

Sostuvo que, la inconformidad radica en que la junta calificó las secuelas del
demandante en “anquilosis de la articulación TIBIO-TALAR del tobillo del
pie derecho con pérdida de la capacidad funcional”, cuando además debi
ó haber calificado la “parestesia” y “monoplejía” que padece y que fueron e
videntes desde el inicio del tratamiento.

Indicó que, de conformidad con el diagnóstico médico de la clínica de ortope
dia y traumatología de 16 de febrero de 2011 (confirmado el 10 de diciembre
de 2015), refleja la presencia de “artrosis postraumática tibio-astragalina c
on paresia en miembro pélvico derecho; paraestexia pierna derecha; ma
rcha claudicante a expensas de pierna derecha; dolor a nivel lumbar, co
n limitación total en la movilidad del tobillo derecho, con apoyo en vara
del pie”; por lo que, en su sentir la calificación debió ser así:

INDICES DE LESION VALOR
Numeral 1-205 literal A-3, 6 puntos DLI 1 13.5 DL1 13.5
Numeral 1-204 literal B-1, 8 puntos DLI 2 19.5 DL2 16.8675
Numeral 4-135 literal C, 19 puntos DLI 3 86.5 DL3 60.23211
Numeral 4-145 literal A6 puntos DLI 4 13.5 DL4 1,269052

DISMINUCION TOTAL DE LA 91.869
CAPACIDAD LABORAL

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Demandante: Gustavo Núñez Serrano
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional

Advirtió que, la entidad enjuiciada no ha resuelto el asunto relacionado con el
reconocimiento y pago de la pensión por “incapacidad permanente en actos p
or causa y razón del servicio, a la que considera tiene derecho”.

1.2. Normas violadas y concepto de violación

Como normas violadas se citan en la demanda las siguientes:

De la constitución política los artículos 1, 2, 3, 4, 6, 11, 13, 25, 29, 34, 42,
47,48,49,53,54,58,218,219,220,221 y 229 de la Constitución Política;
Decretos 094 de 1989 y 1796 de 2000; Leyes 4 de 1992 y 100 de 1993, el
derogado Código Contencioso Administrativo y el Código General del
Proceso.

Señaló como fundamento del concepto de violación los siguientes cargos:

Excepción de inconstitucionalidad: En un aparte del Acta de Junta Médico
Laboral 181 de 2 de marzo de 1998 “el numeral 1-204 literal b-1 con un índice
lesional de 8 puntos y el numeral 1-205 literal a-3 con un índice lesional de 6
puntos y una merma de la capacidad laboral del 30.37%”; y en tal sentido, por
no alcanzar en esa fecha el 50% de la disminución de la capacidad laboral, la
Policía Nacional lo retiró del servicio sin adelantar el procedimiento
administrativo de conformidad con el Decreto 94 de 1989.

Violación de derechos fundamentales “a la salud, libre desarrollo de la p
ersonalidad, trabajo, debido proceso, principio de legalidad y derecho d
e defensa”: Toda vez que, el actor ingresó a la Policía Nacional en pleno us
o y goce de sus facultades mentales y motrices, (según consta en la ficha mé
dica de ingreso), y que el derecho al reconocimiento de la pensión de invalid
ez se ha visto menguado con la decisión tomada por Medicina Laboral de la
Policía Nacional en el acta de Junta Médico Laboral, al evaluar en forma difer
ente “los actos preparatorios, los conceptos o diagnósticos médicos”, con la d
isminución de la capacidad laboral que corresponde a 91.96%, y no con el “3
0.37%, sin calificar las enfermedades monoplejias, con 19 puntos numeral 4-

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Demandante: Gustavo Núñez Serrano
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional

135” como tampoco “paraparesias con 6puntos numeral 4-145” que padece e
l accionante, calificando exclusivamente las secuelas como “anquiliosis de la
articulación tibio-talar del tobillo pie derecho con pérdida de la capacidad labo
ral”. En suma, que de conformidad con diagnóstico médico de 16 de febrero d
e 2011 evidencia “presencia de artrosis postraumática tibio-astragalina con p
aresia en miembro pélvico derecho, así como parestesia pierna derecha, con
dolor a nivel lumbar y limitación total en la movilidad del tobillo derecho”.

Violación directa de la Constitución y la Ley - que el acto impugnado ad
olece de sustentación legal para su promulgación; dado que, la Policía N
acional guardó silencio al derecho reclamado, el cual ya había ingresado al p
atrimonio del demandante.

Violación a los derechos fundamentales a la salud, al libre desarrollo de
la personalidad, al trabajo, al debido proceso, al principio de legalidad y
derecho a la defensa; y en atención de ello, transcribió los artículos 15, 16,
17, 19, 21 y 89 del Decreto 1796 de 2000, ante la omisión de la demandada e
n la realización de los exámenes en favor del demandante que permitieran lle
gar a la verdad científica del caso.

2. Contestación de la demanda

La Nación - Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional mediante
apoderado judicial se opuso a las pretensiones de la demanda, al considerar
que2:

La expedición de los actos administrativos demandados se expidieron
conforme a las normas preexistentes, con apego a la constitución y a la Ley,
revestidos de presunción de legalidad, por lo que no es viable acceder al
reconocimiento de la pensión de vejez; dado que, los actos que hoy se
discuten quedaron ejecutoriados hace más de 24 años con la Junta Médico
Laboral 181 de 1993 que le determinó una merma de la capacidad laboral
psicofísica a Gustavo Núñez Serrano del 30.36% y lo declaró no apto para el

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Samai-expediente digital-índice 002.

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Demandante: Gustavo Núñez Serrano
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional

servicio policial. Aunado a que, no convocó al Tribunal Médico Laboral de
Revisión para que pudiera controvertir tal calificación.

Precisó que, la calificación dada estuvo sujeta a los parámetros médicos
estrictos; y que, además el demandante cita un examen realizado en el 2015
del que se extrae que presenta “artrosis postraumáticatibio-astragalina”,
pretendiendo endilgar que la misma fue causada por los hechos acontecidos
hace más de 24 años.

Propuso el medio exceptivo que denominó “caducidad de la acción”, por
cuanto el Acta de Junta Médico Laboral 181 de 1993 quedó en firme hace más
de 24 años. Empero, advirtió que dicha excepción fue resuelta
desfavorablemente en la audiencia inicial de 6 de marzo de 2018, y con
ocasión del recurso de apelación presentado por la demandada, esta
Corporación mediante proveído de 9 de septiembre de 2019 la confirmó en
todas y cada una de sus partes.

3. Sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo de Norte de Santander por sentencia de 13 de julio de
2023, accedió a las pretensiones de la demanda y ordenó el reconocimiento
pensional al demandante al considerar que3:

Gustavo Núñez Serrano tiene derecho al reconocimiento de la pensión de
invalidez prevista por el régimen especial de la Fuerza Pública, puesto que su
pérdida de la capacidad laboral, de acuerdo con el dictamen elaborado por la
Junta Regional, es igual o superior al 75% que exige la normatividad vigente
al momento de los hechos (Decreto 094 de 1989) al habérsele decretado un
porcentaje del 77,00 el cual no fue objetado por la entidad demandada al
momento de su contradicción por parte del Médico “Montaña Dueñas”.

Destacó que, para acceder al reconocimiento pensional del cual se ruega
amparo, de conformidad con el régimen especial de la Fuerza Pública, es

3
Samai-otras corporaciones-(Radicado 20001233300320170048106)-índice 24.

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Demandante: Gustavo Núñez Serrano
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necesario que el interesado haya sufrido una pérdida de la capacidad laboral
no inferior al 75%. Presupuesto que, el señor Núñez Serrano acreditó de
conformidad con las disposiciones contenidas en el Decreto 094 de 1989.

Ello, comoquiera que el dictamen rendido por la Junta Regional de Invalidez
de Norte de Santander, tuvo en cuenta el Acta de Junta Médico Laboral de
Policía de 2 de marzo de 1993 “conceptos médicos emitidos por la
especialidad de Ortopedia y valoró las condiciones de salud del demandante,
asignándole una disminución equivalente al 77,00%”, que le da derecho al
reconocimiento de la pensión de invalidez, el cual no fue desvirtuado por la
entidad demandada, quien habiendo tenido la oportunidad de controvertirlo, no
contrarrestó la veracidad de lo establecido por la citada Junta Regional.

Precisó que, si bien es cierto, en el referido dictamen la Junta Regional de
Calificación de Invalidez de Norte de Santander estableció como fecha de
estructuración el 10 de diciembre de 2015, fecha en la cual, el demandante fue
valorado por el Especialista de Ortopedia Jorge Martínez; lo cierto es que, si
dejó claro que es de origen laboral.

Advirtió que, en la audiencia de pruebas celebrada por esa Corporación (se
realizó la contradicción del citado dictamen), el medico dejó claro que la lesión
que sufrió el señor Núñez Serrano en 1991 tiende a ser progresiva; ya que,
esas lesiones en la extremidad inferior con el paso del tiempo (como hay una
relativa inmovilidad de la extremidad), genera una disminución en la masa
muscular, una debilidad o como lo describe el ortopedista una “paresia que es
la debilidad de la extremidad por la disminución del movimiento de la misma”
que en su momento no la tenía porque era muy reciente; por lo cual, la
calificación se adicionó con un índice de 5 dado por la “Monoparesia”.

También que, el aumento de la pérdida de capacidad laboral del accionante
es una consecuencia lógica de la lesión sufrida por éste durante el tiempo en
que laboró en la Policial Nacional, la cual fue calificada por dicha institución
como “en el servicio por causa y razón del mismo”. Por ende, y toda vez que
la disminución de la capacidad laboral del accionante se generó mientras

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Interno: 6054-2023
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prestaba los servicios como agente en la entidad acusada, aquella deberá
asumir la pensión de jubilación.

Por consiguiente, concluyó que Gustavo Núñez Serrano tiene derecho al
reconocimiento de la pensión de invalidez prevista por el régimen especial de
la Fuerza Pública, puesto que la pérdida de la capacidad laboral, de acuerdo
con el dictamen elaborado por la Junta Regional es igual o superior al 75%
que exige la normatividad vigente al momento de los hechos; esto es, el
Decreto 094 de 1989, al habérsele decretado un porcentaje del 77,00 el cual
no fue objetado por la entidad demandada al momento de su contradicción.

Ahora bien, precisó que por Resolución 06848 de 30 de junio de 1994, el ente
ministerial acusado le reconoció al actor la suma de $5.334.926 por concepto
de cesantías por el tiempo de servicios prestados y por la incapacidad relativa.
En tal sentido, ordenó el descuento debidamente indexado del monto
reconocido por la entidad en favor del demandante por concepto de
incapacidad sicofísica y permanente, pues advirtió que la prestación pensional
por invalidez y la indemnización por ese mismo motivo comparten su causa
eficiente; es decir, la merma de la capacidad sicofísica de los miembros de la
Fuerza Pública lo que implica en la práctica que su reconocimiento simultáneo
constituya una doble compensación.

Por otra parte, refirió que en el sub examine operó el fenómeno prescriptivo,
toda vez que el señor Núñez Serrano presentó petición el 4 de octubre de
2011, tendiente a obtener, entre otros, el reconocimiento y pago de la pensión
de invalidez; es decir, más de 19 años después de haberse presentado la
lesión (19/10/1991) y posterior calificación de la pérdida de la capacidad
laboral por parte de la Junta Médico Laboral de Policía 181 (2/03/1993) y retiro
del servicio activo (16/09/1993), y en consecuencia, los efectos fiscales del
reconocimiento pensional los decretó a partir del 4 de octubre de 2007.

Con relación al reajuste de la indemnización por disminución de la capacidad
sicofísica del demandante, advirtió que, aquella resulta incompatible con el
reconocimiento de la pensión de invalidez. Lo anterior, aunado al hecho que
conforme lo ha reiterado esta Colegiatura “no se trata de una prestación de

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aquellas que ostentan el carácter de periódica, en cuanto se agota en un único
pago”; de manera que, la acción que se pretende ejercer se encuentra sujeta
al término de caducidad. En tal sentido, el demandante debió controvertir
dentro de los términos que la ley señala la Resolución 06848 del 30 de junio
de1994 “que le reconoció y ordenó el pago de la indemnización por
disminución de la capacidad laboral”, por haber definido su situación jurídica
particular y concreta respecto de dicha prestación económica, sin que en el
plenario exista pretensión tendiente a cuestionar la validez del mencionado
acto.

No condenó en costas a la parte demandada.

4. Recurso de apelación

Inconformes con la decisión, los apoderados de la parte demandante y
demandada4, disienten de la sentencia atacada, y sustentan los recursos de
alzada así:

Gustavo Núñez Serrano manifestó su inconformidad frente a los numerales
cuarto5, sexto6 y séptimo7. Precisó que, el pago de la pensión de invalidez y de
la indemnización se hacen exigibles a partir de la fecha del fallo de primera
instancia. Ello, comoquiera que “es a partir de esa fecha que se reconoce la
calificación hecha por el perito”.

Igualmente, que se “aplique el mandato jurídico de exigibilidad y compatibilidad
de la indemnización con la pensión que dispone el Decreto 1213 de 1990 (…)”,
y se condene en costas a la parte accionada.

El Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional solicitó que la sentencia
de primera instancia se revoque, toda vez que en el dictamen de la Junta
Regional de Calificación de Invalidez que se le practicó al actor se precisó que
“la patología inicial que había sido evaluada por acta 181 estuvo bien calificada,
que diferente es que dicha afección (…) con el paso de los años pudo haber

4
Samai-expediente digital-índice 002.
5
DECLARAR probada de oficio la excepción de prescripción, de conformidad con lo expuesto en precedencia.
6
NEGAR: las demás pretensiones de la demanda, conforme lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.
7
ABSTENERSE de condenar en costas, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

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empeorado y por eso se le dio esa nueva merma de la capacidad psicofísica de
77%, incluyéndose además la MONOPARESIA O MONOPLEGIA” la cual fue
tenida en cuenta dentro de esta calificación. Por ende, lo que pretende el
“demandante con esta nueva calificación es acceder a una pensión de invalidez
anexando nuevas patologías que adquirió con el paso de los años y NO durante
su servicio policial faltando con ello a su ética”.

5. Trámite del recurso Ley 2080 de 2021

Por auto de 22 de marzo de 20248, el consejero sustanciador admitió el recurso
de apelación conforme a lo previsto en el numeral 3° del artículo 67 de la Ley
2080 de 2021; sin embargo, por no existir pruebas que decretar en segunda
instancia, se prescindió del periodo para que las partes alegaran de conclusión.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo9, el Consejo de Estado es
competente para resolver el recurso de apelación interpuesto.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala establecer si en los términos de los recursos de
apelación presentados por las partes, procede revocar la sentencia de primera
instancia que accedió a las pretensiones de la demanda.

Para el efecto, se determinará si (i) se debe declarar la nulidad de los actos
presuntos por medio de los cuales se negó la solicitud de adición de la Junta
Médico Laboral 181 de 1993 con inclusión de las patologías de “paraparesia y
monoplejía”; y del acto ficto o presunto por no contestar la petición de 4 de
octubre de 2011 con los recursos de reposición y apelación de 19 de abril de

8
Samai índice 005.
9
El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de
las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles
de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los
tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de
unificación de jurisprudencia.

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2012; (ii) si es procedente el reconocimiento de la pensión de sanidad o
invalidez a Gustavo Núñez Serrano con fundamento en el concepto rendido
por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Norte de Santander; (ii)
si en el sub judice la prestación pensional del actor se le debe reconocer a
partir del 4 de octubre de 2007 por haber operado el fenómeno jurídico de la
prescripción cuatrienal; (iv) si es procedente declarar que existe compatibilidad
entre la pensión de invalidez y la indemnización; y (v) si la parte demandada
debe ser condenada en costas.

Con el fin de desatar el problema jurídico se abordarán los siguientes aspectos:
2.1. Marco normativo y jurisprudencial; 2.2. Hechos relevantes probados; y 2.3.
Caso concreto.

2.2.1. De la pensión de invalidez en el régimen de seguridad social
especial previsto para los integrantes de la Fuerza Pública.

En lo relacionado con el estado y la capacidad psicofísica de los miembros de
la Fuerza Pública debe decirse que los Decretos 2728 de 1968, 1836 de 1979,
094 de 1989, 1796 de 2000 y 4433 de 2004 se han ocupado al detalle de estos
aspectos, precisando los procedimientos médico científicos a través de los
cuales se verifica su capacidad laboral, el origen de la incapacidad, el
porcentaje de pérdida de aquella y las prestaciones económicas que
eventualmente hay lugar a reconocer.

El Decreto 094 de 198910 regulaba la capacidad sicofísica, incapacidades,
invalideces e indemnizaciones del personal de Oficiales y Suboficiales de las
Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, Soldados, Grumetes, Agentes,
Alumnos de las Escuelas de Formación y personal civil del Ministerio de
Defensa Nacional y la Policía Nacional. En cuanto a la falta de aptitud el inciso
3 del artículo 3 ídem señalaba que “Será calificado no apto el que presente
alguna alteración sicofísica, que no le permita desarrollar normal y
eficientemente la actividad militar, policial o civil correspondiente a su cargo,
empleo o funciones”.

10
Por el cual se reforma el estatuto de la capacidad sicofísica, incapacidades, invalideces e indemnizaciones del personal
de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, Soldados, Grumetes, Agentes, Alumnos de las
Escuelas de Formación y personal civil del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional

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Ahora bien, como resultado de la desvinculación del servicio el decreto en
comento establecía la obligación de realizar el examen de capacidad
psicofísica en todos los casos, el cual “tiene carácter de definitivo para los
efectos legales correspondientes” (inciso 3 artículo 4 ídem), y cuya
importancia, destaca la Sala, radica en los derechos prestacionales derivados
del estado de salud del miembro de la Fuerza Pública. En efecto, el artículo 8
reguló el examen de retiro en los siguientes términos:

“Artículo 8º EXAMENES PARA RETIRO. Los exámenes médico-laborales
y tratamientos que se deriven del examen de capacidad sicofísica para
retiro, así como la correspondiente Junta Médico-Laboral Militar o de Policía,
deben observar completa continuidad, desde su comienzo hasta su
terminación. Su interrupción por parte del interesado, sin causa justificada y
por un término mayor de treinta (30) días se considera como renuncia a tales
exámenes y perderá por lo tanto los derechos originados por razón de las
lesiones o enfermedades, relacionadas en este procedimiento.
Para hacer efectivo el cumplimiento de lo dispuesto en el inciso anterior, en
las Direcciones de Sanidad de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, se
llevará un riguroso control sobre el proceso de los exámenes de la capacidad
sicofísica para retiro y de las correspondientes Juntas Médico-Laborales,
exigiendo a los interesados las presentaciones periódicas que se estimen
necesarias”.

Así pues, la disminución de la capacidad laboral del integrante de la fuerza
pública da lugar al reconocimiento de diversas prestaciones, entre ellas, la
pensión de invalidez, regulada en el artículo 89 del Decreto 094 de 1989, para
el caso del personal de oficiales, suboficiales y agentes, así:

“Artículo 89 . PENSION DE INVALIDEZ DEL PERSONAL DE OFICIALES,
SUBOFICIALES AGENTES. A partir de la vigencia del presente Decreto,
cuando el personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares, la
Policía Nacional y Agentes, adquieran una incapacidad durante el servicio,
que implique una pérdida igual o superior al 75% de su capacidad sicofísica,
tendrá derecho mientras subsista la incapacidad, a una pensión mensual
pagadera por el Tesoro Público y liquidada con base en las partidas
señaladas en los respectivos estatutos de carrera, así:
a) El 50% de dichas partidas, cuando el índice de lesión fijado determina una
disminución del 75% de la capacidad sicofísica.
b) El 75% de dichas partidas cuando el índice de lesión fijado determina una
disminución de la capacidad sicofísica que exceda del 75% y no alcance el
95%.
c) El 100% de dichas partidas, cuando el índice de lesión fijado determina
una disminución de la capacidad sicofísica igual o superior al
95%” (sombreado de la subsección).

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Dicha disposición, precisa que, bajo el régimen especial de pensiones de la
Policía Nacional, es indispensable para el reconocimiento de la pensión de
invalidez estar incurso en dicho estado, el cual se acredita cuando por la
autoridad competente se determina que se pose una pérdida de la capacidad
laboral igual o superior al 75%.

Igualmente, en los artículos 19, 21 y 25 se establecieron las autoridades
médico laborales competentes para determinar la disminución de la capacidad
sicofísica, así:

“Artículo 19. ORGANISMOS MEDICO-LABORALES MILITARES Y DE
POLICIA. Con excepción de lo determinado en los artículos 6º y 7º para los
exámenes sicofísicos en el exterior, la capacidad sicofísica del personal de
que trata el presente Decreto, será determinada únicamente por las
autoridades Médico-Militares y de Policía.
Parágrafo. Son autoridades Médico-Militares y de Policía:
a) Los Médicos Generales, Médicos Especialistas y Odontólogos al servicio
del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional.
b) Junta Médica Científica.
c) Junta Médico-Laboral.
e) Tribunal Médico Laboral de Revisión.
(…)
Artículo 21. JUNTA MEDICO-LABORAL MILITAR O DE POLICIA. Su
finalidad es la de llevar a un diagnóstico positivo, clasificar las lesiones y
secuelas, valorar la disminución de la capacidad laboral para el servicio y
fijar los correspondientes índices para fines de indemnizaciones cuando a
ello hubiere lugar.

Estará integrada por tres (3) médicos, que pueden ser Oficiales de Sanidad
o médicos al servicio de la Unidad o Guarnición entre los cuales debe figurar
el Médico Jefe de la respectiva Brigada, Base Naval, Base Aérea o
Departamento de policía; médicos pertenecientes a la planta de personal del
Hospital Militar Central, o a la de otros establecimientos hospitalarios de las
fuerzas Militares o de la Policía Nacional. Cuando el caso lo requiera, la
Junta podrá asesorarse de médicos especialistas, odontólogos y demás
profesionales que considere necesarios. Será presidida por el oficial o
médico más antiguo.
Las Juntas Médico-Laborales deberán estar fundamentadas en la ficha de
aptitud sicofísica, ordenada para tal efecto, el examen clínico general
correctamente ejecutado, los antecedentes remotos o próximos,
diagnósticos, evolución o tratamiento y diagnóstico de las lesiones o
afecciones basados en conceptos escritos de especialistas.

(…)

14

Interno: 6054-2023
Demandante: Gustavo Núñez Serrano
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional

Artículo 25. TRIBUNAL MEDICO-LABORAL DE REVISION MILITAR Y DE
POLICIA. El Tribunal Médico-Laboral y de Revisión, es la máxima autoridad
en materia Médico-Militar y Policial como tal conoce en última instancia de
las reclamaciones que surjan contra las decisiones de las Juntas Médico-
Laborales.
En consecuencia, podrá aclarar, ratificar, modificar o revocar tales
decisiones.
También conocerá el Tribunal de las modificaciones que pudieren
registrarse en las lesiones o afecciones ya calificadas por una Junta Médico-
Laborales, cuando la persona haya continuado en servicio activo.
Parágrafo. En casos excepcionales podrá el Tribunal disponer la práctica
de nuevos exámenes sicofísicos”.

También el Decreto 1091 de 1995 “Por el cual se expide el Régimen de
Asignaciones y Prestaciones para el personal del Nivel Ejecutivo de la Policía
Nacional” aplicable al personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional, en
cuyo artículo 65 previo el reconocimiento de una pensión de invalidez “(…) c)
Cuando el personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional haya perdido el
setenta y cinco por ciento (75% o más de la capacidad sicofísica (…)”:

“Artículo 65. Disminución de la capacidad sicofísica. El personal del nivel
ejecutivo de la Policía Nacional, que presente disminución de la capacidad
sicofísica que no haya sido indemnizada en la forma prevista en el artículo
47 de este decreto, tendrá derecho a que el Tesorero Público le pague:
a) Por una sola vez una indemnización proporcional al daño sufrido de
conformidad con el reglamento de Incapacidades, Invalideces e
Indemnizaciones para el personal de las Fuerzas Militares y de la Policía
Nacional, tomando como base las partidas señaladas en artículo 49 de este
Decreto, según el índice de lesión fijado en la respectiva acta médico-laboral
y de acuerdo con las circunstancias en que se adquirió la lesión;
b) El auxilio de cesantía y demás prestaciones que le correspondan en el
momento del retiro;
c) Cuando el personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional haya perdido
el setenta y cinco por ciento (75%) o más de la capacidad sicofísica, tendrá
derecho a una pensión mensual mientras subsista la incapacidad, pagadera
por el Tesoro Público y liquidada con base en la última remuneración y
teniendo en cuenta las partidas señaladas en el artículo 49 de este decreto,
así:
1. El setenta y cinco por ciento (75%) de dichas partidas cuando la pérdida
de la capacidad laboral sea o exceda del setenta y cinco por ciento (75%) y
no alcance al ochenta y cinco por ciento (85%).
2. El ochenta y cinco por ciento (85%) de dichas partidas cuando la pérdida
de la capacidad laboral sea o exceda del ochenta y cinco por ciento (85%) y
no alcance al noventa y cinco por ciento (95%).

15

Interno: 6054-2023
Demandante: Gustavo Núñez Serrano
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional

3. El ciento por ciento (100%) de dichas partidas, cuando la pérdida de la
capacidad laboral sea igual o superior al noventa y cinco por ciento (95%).
Parágrafo 1º. Si la disminución de la capacidad sicofísica fuere
consecuencia de hechos ocurridos en el servicio y por causa y razón del
mismo, la indemnización de que trata el literal a) de este artículo se
aumentará en la mitad.
Parágrafo 2º. Si la disminución de la capacidad sicofísica fuere
consecuencia de heridas recibidas en actos meritorios del servicio o por
causa de heridas recibidas en combate o como consecuencia de la acción
del enemigo, en conflicto internacional o en tareas de mantenimiento o
restablecimiento del orden público interno, la indemnización a que se refiere
el literal a) del presente artículo se pagará doble”.

A su turno, el Decreto 1796 de 200011 en su artículo 39 establecía la prestación
pensional por invalidez para el personal vinculado al servicio militar obligatorio
y para los soldados profesionales, siempre que sufrieran una pérdida del 75%
o más de su capacidad psicofísica durante el servicio. Para mayor ilustración
se transcribe el citado artículo 39:

“ARTÍCULO 39. LIQUIDACIÓN DE PENSIÓN DE INVALIDEZ DEL
PERSONAL VINCULADO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
MILITAR OBLIGATORIO Y PARA LOS SOLDADOS PROFESIONALES.
Cuando el personal de que trata el presente artículo adquiera una
incapacidad durante el servicio que implique una pérdida igual o superior
al 75% de su capacidad laboral, tendrá derecho mientras subsista la
incapacidad, a una pensión mensual valorada y definida de acuerdo con la
reglamentación que expida el Gobierno Nacional para el efecto, y liquidada
como a continuación se señala:
a. El setenta y cinco por ciento (75%), del salario que se señala en el
parágrafo 1o del presente artículo, cuando la disminución de la capacidad
laboral sea igual o superior al setenta y cinco por ciento (75%) y no alcance
el ochenta y cinco por ciento (85%).
b. El ochenta y cinco por ciento (85%) del salario que se señala en el
parágrafo 1o del presente artículo, cuando la disminución de la capacidad
laboral sea igual o superior al ochenta y cinco por ciento (85%) y no alcance
el noventa y cinco por ciento (95%).
c. El noventa y cinco por ciento (95%), del salario que se señala en el
parágrafo 1o del presente artículo, cuando la disminución de la capacidad
laboral sea igual o superior al noventa y cinco por ciento (95%).
PARAGRAFO 1o. La base de liquidación de la pensión del personal
vinculado para la prestación del servicio militar obligatorio será el sueldo
básico de un cabo tercero o su equivalente en la Policía Nacional.
PARAGRAFO 2o. Para los soldados profesionales, la base de liquidación
será igual a la base de cotización establecida en el Régimen de Carrera y
Estatuto del Personal de Soldados Profesionales.

11
Vigente al momento en que el accionante experimentó las lesiones que hoy aduce como causa eficiente de la
pérdida de su capacidad laboral.

16

Interno: 6054-2023
Demandante: Gustavo Núñez Serrano
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional

PARAGRAFO 3o. Cuando el porcentaje de pérdida de la capacidad laboral
no sea igual o superior al 75% no se generará derecho a pensión de
invalidez”.

En consonancia con lo expuesto, se advierte que el artículo 24 del Decreto
1796 de 2000 establecía que las circunstancias de modo, tiempo y lugar en
las que se registraban las lesiones de los miembros de la Fuerza Pública se
podían calificar como: i) en el servicio pero no por causa y razón del mismo,
es decir, enfermedad y/o accidente común; ii) en el servicio por causa y razón
del mismo, es decir, enfermedad profesional y/o accidente de trabajo; iii) en el
servicio como consecuencia del combate o en accidente relacionado con el
mismo, o por acción directa del enemigo y, iv) en actos realizados contra la
ley, el reglamento o la orden de un superior.

En estos términos resulta evidente que en los casos en los que un miembro
de la Fuerza Pública experimente una disminución de su capacidad laboral en
servicio surge el derecho a percibir la prestación pensional derivada de un
estado de invalidez; porque el Estado tiene la obligación constitucional y legal
de proteger a todos los residentes del país en su vida y honra12, lo que cobra
una especial relevancia en el caso de quienes prestan sus servicios en defensa
de la soberanía nacional y como garantes de los derechos y libertades
públicas13.

2.2.2. Del derecho a una nueva valoración médica para los integrantes de
la Fuerza Pública.

La seguridad social regulada en el artículo 48 de la Constitución Política
constituye un derecho irrenunciable para todos los habitantes del país y es un
servicio público obligatorio que se debe prestar bajo la dirección, control y
coordinación del Estado, según los principios de eficiencia, universalidad y
solidaridad.

12
“ARTÍCULO 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las
decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia
nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades
de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes,
creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los
particulares.”.
13
Este marco conceptual se encuentra en la sentencia del 28 de octubre de 2016, Sección Segunda, Subsección B, M.P.
César Palomino Cortés., proceso con radicado 25000-23-25-000-2012-01112-01 (0856-2014)

17

Interno: 6054-2023
Demandante: Gustavo Núñez Serrano
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional

Con objeto de garantizar este servicio el legislador contempló el Sistema
General de Seguridad Social previsto en la Ley 100 de 1993 y los regímenes
especiales para responder a las necesidades de grupos determinados de
personas, como es el caso los miembros de la Fuerza Pública.

No obstante, aunque los integrantes de la Fuerza Pública tengan un régimen
especial, también son beneficiarios de los postulados constitucionales sobre
el derecho a la seguridad social. En este sentido, la Corte Constitucional afirmó
en la sentencia T-530 de 2014 que la calificación por pérdida de la capacidad
sicofísica es un derecho de quienes pertenecen al régimen de la Fuerza
Pública, que garantiza la protección del derecho fundamental al mínimo vital,
resaltando que la determinación del origen y del porcentaje de aquélla son
pilares fundamentales de cara al reconocimiento de las prestaciones
asistenciales o económicas, y que por estos motivos se exige que los
dictámenes sean debidamente motivados y deban basarse en un diagnóstico
integral del estado de salud. Al respecto, dijo la Corte en la referida sentencia14:

“4.5. De acuerdo con lo establecido en los Decretos 1836 de 1979, 094 de
1989 y 1796 de 2000, por medio de los cuales se ha regulado la evaluación de
la capacidad sicofísica para el personal de la Fuerza Pública así como su
disminución, la determinación tanto del origen como del porcentaje de pérdida
de dicha capacidad constituye uno de los presupuestos más importantes para
establecer si una persona tiene derecho al reconocimiento de determinadas
prestaciones, sean éstas de naturaleza asistencial o económica.15
En otras palabras, la calificación por pérdida de la capacidad sicofísica detenta
una verdadera función prestacional ius fundamental, puesto que, desde una
visión constitucional, es un derecho de quienes pertenecen al régimen de la
Fuerza Pública, inescindible a determinadas prestaciones del mismo y que
cobra especial relevancia al convertirse en el medio para acceder a la garantía
y protección de otros derechos fundamentales como el mínimo vital.
Precisamente, con el fin de hacer efectivas dichas garantías, esta Corporación
ha manifestado que los dictámenes de pérdida de capacidad laboral deben
obedecer a unos parámetros mínimos, esto es, que “deben ser motivados, en

14
M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez
15
La determinación del porcentaje de pérdida de capacidad sicofísica guarda estrecha relación con el nivel de
gravedad de cada incapacidad. Al respecto pueden revisarse los artículos 8 del Decreto 1836 de 1979 y 15 del Decreto
094 de 1989, los cuales clasifican las incapacidades e invalideces así: “a) Incapacidad relativa y temporal. Es la
determinada por las lesiones o afecciones que disminuyen parcialmente la capacidad sicofísica y de trabajo de la
persona y que mediante el tratamiento médico, quirúrgico o por las solas defensas del organismo obtenga su
recuperación total.// b) Incapacidad absoluta y temporal. Es la determinada por las lesiones o afecciones que
suprimen transitoriamente la capacidad sicofísica y de trabajo de la persona y que mediante tratamiento médico,
quirúrgico o por las solas defensas del organismo, logren su recuperación total.// c) Incapacidad relativa y
permanente. Es la determinada por lesiones o afecciones que disminuyen parcialmente la capacidad sicofísica y de
trabajo de la persona sin ser susceptibles de recuperación por ningún medio.// d) Incapacidad absoluta y permanente
o invalidez. Es el estado proveniente de lesiones o afecciones patológicas, no susceptibles de recuperación por medio
alguno, que incapacitan en forma total a la persona para ejercer toda clase de trabajo. Cuando el inválido no pueda
moverse, conducirse o efectuar los actos esenciales de la existencia, sin la ayuda permanente de otra persona, se le
denomina gran invalidez.”

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Interno: 6054-2023
Demandante: Gustavo Núñez Serrano
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional

el sentido de manifestar las razones que justifican en forma técnico-científica
la decisión, las cuales deben tener pleno sustento probatorio y basarse en un
diagnóstico integral del estado de salud.”16 (Resaltado fuera del original)”.

Respecto de la posibilidad de una nueva valoración médica ante patologías
crónicas cuyo origen se dio en la vigencia de la relación laboral para quienes
no fueron pensionados por invalidez por la Fuerza Pública, la Corte
Constitucional en la sentencia T - 530 de 2014 reiteró las reglas que ya había
expuesto en la providencia T - 493 de 2004, a saber: “(i) [que exista] una
conexión objetiva entre el examen solicitado y una condición patológica
atribuible al servicio; (ii) dicha condición [recae] sobre una patología
susceptible de evolucionar progresivamente; y (iii) si la misma se [refiere] a un
nuevo desarrollo no previsto en el momento del retiro”.

Posteriormente, la sentencia T - 507 de 2015 consagró el deber de las Fuerzas
Militares de ofrecer atención diagnóstica al personal retirado que no tuvo
derecho al reconocimiento de la pensión de invalidez, pero que sufría de
patologías con un desarrollo incierto y progresivo. En este sentido, afirmó que
si después de “la calificación se encuentran elementos objetivos que
evidencien la existencia de una condición patológica atribuible al servicio, que
no fue tenida en cuenta en el momento de la evaluación que dio lugar al retiro,
o su progresión, hay lugar a practicar un nuevo examen médico”17.

2.2.3. El valor probatorio de los dictámenes de las Juntas Regionales y
Nacionales de Calificación de Invalidez para los miembros de la Fuerza
Pública

El Decreto 094 de 1989 dispone que la capacidad sicofísica del personal de la
Fuerza Pública debe ser determinada por las autoridades médico militares y
de Policía, entre ellas la Junta Médico Laboral Militar o de Policía, cuya
finalidad es “llegar a un diagnóstico positivo, clasificar las lesiones y secuelas
valorar la disminución de la capacidad laboral para el servicio y fijar los
correspondientes índices para fines de indemnizaciones cuando a ello hubiere
lugar”. Igualmente, dispone el decreto en cita que las Juntas deben “estar

16
Sentencia T-798 de 2011.
17
M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

19

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fundamentadas en la ficha de aptitud sicofísica, ordenada para tal efecto, el
examen clínico general correctamente ejecutado, los antecedentes remotos o
próximos, diagnósticos, evolución o tratamiento y pronóstico de las lesiones o
afecciones basados en concepto escritos de especialistas” (art. 21).

En el mismo sentido, el Decreto 1796 de 2000 prevé que la Junta Médico
Laboral Militar o de Policía y el Tribunal de Revisión Militar y de Policía, son
las autoridades competentes para establecer la disminución de la capacidad
sicofísica y calificar la enfermedad como de origen profesional o común

Esta Corporación ha otorgado valor probatorio a los dictámenes de las Juntas
Regionales de Calificación de Invalidez, decretados en el curso de los
procesos instaurados por miembros de la Fuerza Pública, para que obre en el
proceso un informe técnico por parte del médico legista sobre la incapacidad
laboral. Por consiguiente, se evidencia que las autoridades judiciales pueden
otorgar valor probatorio a las actas de las Juntas Regionales de Calificación
de Invalidez, aunque el interesado pertenezca al régimen especial de la Fuerza
Pública, caso en el cual el dictamen deberá valorarse como prueba pericial en
conjunto con el acervo probatorio y acorde con las reglas de la sana crítica.

En lo que concierne a la prueba pericial, el Código General del Proceso
prescribe que es procedente para verificar hechos que interesen al proceso y
requieran especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos 18; y que
“El juez apreciará el dictamen de acuerdo con las reglas de la sana crítica,
teniendo en cuenta la solidez, claridad, exhaustividad, precisión y calidad de
sus fundamentos, la idoneidad del perito y su comportamiento en la audiencia,
y las demás pruebas que obren en el proceso.”19

El estudio del dictamen implica la referencia obligada al sistema de la libre
apreciación de las pruebas que “faculta al juez para que razonadamente haga
una evaluación del material probatorio de manera amplia y llegue mediante
adecuados razonamientos a la conclusión respectiva, sin estar sujeto a tarifa
preestablecida alguna”20. Por ello en el artículo 176 ibidem se señala que las

18
Artículo 226.
19
Artículo 232.
20
LOPEZ BLANCO, Hernán Fabio, Código General del Proceso – Pruebas, pág. 118, Edit. Dupré Editores Ltda., Bogotá,
2017.

20

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Demandado: Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional

pruebas deben ser apreciadas en conjunto y acorde con las reglas de la sana
crítica, así:

“ARTÍCULO 176. APRECIACIÓN DE LAS PRUEBAS. Las pruebas
deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana
crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para
la existencia o validez de ciertos actos.
El juez expondrá siempre razonadamente el mérito que le asigne a cada
prueba.”

En cuanto al concepto de sana crítica el tratadista Hernán Fabio López Blanco
indica que comprende las reglas de lógica, la psicología y la experiencia, como
instrumentos que le permiten al juez llegar a un grado de certeza sobre lo que
decida en el proceso:

“(…)

Se emplea la expresión ‘sana crítica’ que conlleva la obligación para el juez
de analizar en conjunto el material probatorio para obtener, aplicando las
reglas de la lógica, la psicología y la experiencia, la certeza que sobre
determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que
corresponda, tema acerca del cual nos parece atinado el resumido análisis
que realiza Casimiro Varela quien luego de resaltar que la expresión se
utiliza en la ley de Enjuiciamiento Civil Española de 1855, constituye un
concepto no definido por la ley ni tratado con claridad por la doctrina
advirtiendo que ‘Algunos fallos la identifican con lógica, otros con el buen
sentido, con la crítica o el criterio racional, la rectitud y sabiduría de los
jueces. La sana crítica implica que en la valoración de la prueba el juez
adquiere la convicción observando las leyes lógicas del pensamiento, en una
secuencia razonada y normal de correspondencia entre éstas y los hechos
motivo de análisis”21.

En conclusión, el juez puede tener en cuenta los dictámenes de las Juntas
Regionales de Calificación de Invalidez frente a miembros de la Fuerza
Pública, el cual será valorado con fundamento en el sistema de libre
apreciación de las pruebas.

Ahora bien, de cara a la idoneidad del dictamen de la Junta Regional de
Calificación de Invalidez del Cesar realizado al demandante previo a acudir a la
jurisdicción contenciosa administrativa, se señala que el artículo 226 del Código

LOPEZ BLANCO, Hernán Fabio, Código General del Proceso – Pruebas, págs. 119 y 120, Edit. Dupré Editores Ltda.,
21

Bogotá, 2017.

21

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Demandado: Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional

General del Proceso22 prevé que la prueba pericial es un medio para verificar
hechos que interesan al proceso y que requieren conocimientos científicos,
técnicos o artísticos, de manera tal, que busca aportar al proceso elementos de
juicio ajenos al saber jurídico, para resolver la controversia jurídica sometida a
consideración del juez.

La Corte Constitucional mediante sentencia T – 274 de 2012, afirmó que la
prueba pericial se caracteriza por: “i) expresar conceptos cualificados de
expertos en materias científicas, técnicas o artísticas, pero bajo ningún punto
sobre aspectos jurídicos (artículo 236, numeral 1º), pues es evidente que el juez
no requiere apoyo en la disciplina que le es propia; ii) quien lo emite no expresa
hechos, sino conceptos técnicos relevantes en el proceso. En efecto, a los
peritos no les consta la situación fáctica que origina la intervención judicial,
puesto que, a pesar de que pueden pedir información sobre los hechos
sometidos a controversia, su intervención tiene como objetivo emitir juicios
especializados que ilustran al juez sobre aspectos que son ajenos a su saber.
Esto es precisamente lo que diferencia el dictamen pericial del testimonio
técnico, porque mientras en el segundo se han percibido los hechos, el primero
resulta ajeno a ellos (artículos 213 y siguientes); iii) es un concepto especializado
imparcial, puesto que el hecho de que los peritos están sometidos a las mismas
causales de impedimentos y recusaciones que los jueces muestra que deben
ser terceros ajenos a la contienda (artículo 235); iv) se practica por encargo
judicial previo, de ahí que claramente se deduce que no es una manifestación de
conocimientos espontánea ni su contenido puede corresponder a la voluntad de
una de las partes (artículo 236, numeral 2º); v) ser motivado en forma clara,
oportuna, detallada y suficientemente (artículo 237) y, vi) para que pueda ser
valorado judicialmente, esto es, para que pueda atribuírsele eficacia probatoria
requiere haberse sometido a las condiciones y al procedimiento establecido en
la ley y, en especial, a la contradicción por la contraparte (artículos 236 a 241)23.”

2.2.4. Hechos probados

22
Norma aplicable por remisión expresa del artículo 211 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA), el cual sostiene que: “En los
procesos que se adelanten ante la jurisdicción contencioso administrativo, en lo que no esté expresamente regulado en
este Código, se aplicarán en materia probatoria las normas del Código de Procedimiento Civil.”.
23
Sentencia T-417 de 2008.

22

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Gustavo Núñez Serrano nació el 12 de abril de 195824, según se evidencia de
la cédula de ciudadanía que reposa en el proceso.

Resolución 5558 de 15 de octubre de 1982 expedida por el Director General
de la Policía Nacional25, por medio de la cual nombró a Gustavo Núñez
Serrano como agente del cuerpo profesional en la especialidad de vigilancia,
a partir del 1 de octubre del mismo.

El 19 de octubre de 199126 el Dagroneante de la sección de tránsito y
transporte de la Policía Nacional, informó al Comandante de la Estación de
Policial Vial DENOR “sobre un atraco y lesiones a un Agente”, cuyo contenido
literal es el siguiente:

El 30 de diciembre de 199127 el Comandante de la Estación Vial del
Departamento Norte de Santander conceptuó que “las lesiones sufridas por el

24
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25
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AG. NUÑEZ SERRANO GUSTAVO (...) ocurrieron dentro de las circunstancias
que prevee (sic) el Decreto 094 de 1.989, en su artículo 35 literal b) es decir
EN EL SERVICIO POR CAUSA Y RAZON DEL MISMO. Hechos sucedidos
en la Ciudad de Cúcuta el 19 de octubre de 1.991”.

El 3 de enero de 199228 el comandante del Departamento de Policía de Norte
de Santander, suscribió informe administrativo por lesiones ocasionadas al
Agente Gustavo Núñez Serrano en los siguientes términos:

Acta de Junta Médico Laboral de Policía 181 de 2 de marzo de 1993 suscrita
por la División de Medicina Laboral de la Policía Nacional29, a través de la cual
determinó que el actor presenta las siguientes lesiones:

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Resolución 7433 de 26 de agosto de 1993 suscrita por el Director General de
la Policía Nacional30, mediante la cual retiró del servicio activo al accionante
por incapacidad relativa y permanente.

Resolución 06848 de 30 de julio de 1994 emitida por el ente ministerial
demandado31, por medio de la cual reconoció al actor cesantías por el “tiempo
de servicio y la incapacidad relativa”.

Petición de 4 de octubre de 2011 suscrita por el demandante, por medio de la
pidió a la Sección de Prestaciones Sociales - Subdirección General de la
Policía Nacional32, la corrección del Acta de Junta Médico Laboral con la
inclusión de la “PARAPARESIA y MONOPLEJIA que implica la pérdida
funcional total del tobillo DERECHO", y le reconozca la pensión de sanidad o
invalidez, a partir del 16 de septiembre de 1993.

Oficio 247691/ARPRE.GROIN.22 de 1 de noviembre de 201133 emitido por la
Coordinadora Grupo Orientación de la entidad demandada, a través de la cual
le informa al actor que “se procedió a solicitar el expediente prestacional del
extinto al Archivo de prestaciones sociales y una vez contemos con dicho
expediente procederemos a dar respuesta a su requerimiento en el menor
tiempo posible”.

Por oficio S-2012-251143/APRE.GROIN.2234 sin fecha proferido por la
Secretaría General de la Policía Nacional, que le informa al demandante que
se dio trámite al pedimento anterior por competencia al área de medicina
laboral de dicha entidad, que es la encargada de pronunciarse, de conformidad
con el artículo 19 del Decreto 094 de 1989.

El 19 de abril de 201235 inconforme con la decisión anterior, el actor por
intermedio de apoderado interpuso recurso de reposición y en subsidio
apelación por la falta de respuesta frente a la petición citada en precedencia,
reiterando la petición de ajuste del Acta de Junta Médico Laboral incluyendo

30
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las patologías de “paraparesia” y “monoplejía” y que se disponga el
reconocimiento de la pensión de invalidez, a partir del 16 de septiembre de
1993.

Por oficio S-2012-251055-APRE.GORIN de 18 de septiembre de 201236, el
Jefe del Grupo de Orientación e Información le solicitó al Área de Medicina
Laboral de la Secretaría General de la Policía Nacional dar respuesta a la
petición instaurada por el accionante.

Mediante Oficio 253632/SEGEN-ARPRE 1.8.5.-22 de 20 de septiembre de
2012 el Jefe Grupo Orientación e Información de la Secretaría General de la
Policía Nacional37, le informa al actor que en relación con el escrito de
reposición y en subsidio apelación que “el Área de 247691 del 01 de noviembre
de 2011, dando respuesta parcial a lo solicitado, así mismo, dando alcance se
respondió mediante oficio No. 251143-251055 y no como lo manifiesta usted
en su escrito de radicado No. 053071-053558 del 19 de abril de 2012”.

Diagnóstico médico de la clínica de ortopedia y traumatología de 16 de febrero
de 2011 (confirmado el 10 de diciembre de 2015) emitido por el especialista
“Jorge Antonio Martínez Grisales” en el que le determinó al demandante
pérdida de la capacidad laboral en 91.869%38:

36
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Interno: 6054-2023
Demandante: Gustavo Núñez Serrano
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional

Dictamen de determinación de origen y/o pérdida de capacidad laboral y
ocupacional 13441711-1353 de 25 de noviembre de 202039, con ponencia del
Dr. Nelson Javier Montaña Dueñas, del cual se extrae que el señor Núñez
Serrano:

2.3. Caso concreto

En el asunto bajo estudio, el demandante pretende que se ordene a la entida
d accionada que le reconozca y pague la pensión de invalidez, pues desde q

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Demandado: Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional

ue laboró en la Policía Nacional “(…) sufrió enfermedades y lesiones persona
les que le produjeron una disminución de la capacidad laboral (…)”.

Aunado a que, fue valorado por la Junta Médico Laboral 181 de 1993 en la
Regional de Sanidad de la Policía Nacional de la ciudad de Cúcuta, la cual le
determinó una disminución de la capacidad laboral equivalente al 30.37% que
implica que sufre una enfermedad relativa permanente.

Empero, para restarle credibilidad al porcentaje anterior, allegó con la
demanda diagnóstico médico de 16 de febrero de 2011 (confirmado el 10 de
diciembre de 2015), que refleja la presencia de “artrosis postraumática tibio-
astragalina con paresia en miembro pélvico derecho; paraestexia pierna
derecha; marcha claudicante a expensas de pierna derecha; dolor a nivel
lumbar, con limitación total en la movilidad del tobillo derecho, con apoyo
en vara del pie (…) disminución total de la capacidad laboral 91.869”.

De ahí que, solicitó a la Policía Nacional el reconocimiento y pago de la
pensión de sanidad o invalidez, la cual fue negada por medio de los actos
administrativos demandados.

Acorde con lo anterior, el a quo en audiencia inicial decretó prueba pericial
para que la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Norte de Santander
emitiera dictamen de determinación de origen y/o pérdida de Capacidad
Laboral y Ocupacional al señor Núñez Serrano concluyendo que presenta
“Anquílosis articular - secuelas anquilosis de la articulación tibio-talar del tobillo
pie derecho-accidente laboral”, y calificó la perdida de la capacidad laboral en
77.00%. Por consiguiente, el Tribunal accedió a las súplicas de la demanda.

Previo a cualquier pronunciamiento, se destaca que la pensión de invalidez
(artículo 38 Ley 100 de 1993) guarda conexidad con los derechos
fundamentales a la vida y al trabajo; además, corresponde a una especie del
derecho a la seguridad social que ostenta el carácter de fundamental cuando
su titularidad se predica de personas de la tercera edad o de disminuidos

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físicos, sensoriales o psíquicos40; y en tal sentido, hará un análisis de tal
prerrogativa como sigue.

El Sistema General de Pensiones es, en principio, de aplicación general, así
se desprende del texto del artículo 11 de la Ley 100 de 1993, modificado por
el artículo 1 de la Ley 797 de 2003. Sin embargo, la misma ley en su artículo
279 dispuso que: “(…) El sistema integral de seguridad social contenido en la
presente ley no se aplica a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía
Nacional, ni al personal regido por el Decreto Ley 1214 de 1990, con excepción
de aquél que se vincule a partir de la vigencia de la presente ley, ni a los
miembros no remunerados de las corporaciones públicas (…).”.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 100 de 1993, a los sectores
excluidos expresamente de la aplicación de todo el Sistema Integral de
Seguridad Social, no se les aplica ninguno de los sistemas originados en dicha
ley, esto es, pensiones, salud y riesgos profesionales. Dentro de los sectores
enunciados en la norma, se encuentran las Fuerzas Militares y la Policía
Nacional.

De tal manera, que la situación particular del demandante, en principio, se
encuentra excluida de la aplicación del Sistema General de Seguridad Social,
previsto en la Ley 100 de 1993.

Así solo por vía de excepción, en virtud del principio de favorabilidad, la Sala
ha aplicado al personal de la Fuerza Pública los requisitos exigidos por el
Régimen General de Seguridad Social para el reconocimiento de la pensión
de invalidez, entre ellos el 50% de la disminución de la capacidad laboral41.

La Ley 100 de 1993, con las modificaciones introducidas por la Ley 860 de
2003, y sus reglamentaciones, regula la noción jurídica de invalidez, y los
criterios para establecerla. Define los requisitos y el monto de la pensión de
invalidez y señala las distintas reglas aplicables a esta pensión en cada uno
de los regímenes del sistema.

40
Ver Sentencias T-426 de 1992; T-427 de 1992; T- 481 de 1992; T-011 de 1993; T-135 de 1993; T-239 de 1993.
41
Sobre el particular consultar la sentencia del 23 de febrero de 2017, Sección Segunda, Subsección B, M.P. César
Palomino Cortés, proceso con radicado 08001-23-31-000-2004-00508-01 (1325-2009)

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Así se establece en los artículos 38 y 39, ibidem, en su texto original:

“ARTICULO. 38.- Estado de invalidez. Para los efectos del presente capítulo
se considera inválida la persona que por cualquier causa de origen no
profesional, no provocada intencionalmente, hubiere perdido el 50% o más de
su capacidad laboral.
ARTÍCULO 393. Tendrán derecho a la pensión de invalidez, los afiliados que
conforme a lo dispuesto en el artículo anterior sean declarados inválidos y
cumplan alguno de los siguientes requisitos:
a. Que el afiliado se encuentre cotizando al régimen y hubiere cotizado por lo
menos veintiséis (26) semanas, al momento de producirse el estado de
invalidez.
b. Que habiendo dejado de cotizar al sistema, hubiere efectuado aportes
durante por lo menos veintiséis (26) semanas del año inmediatamente
anterior al momento en que se produzca el estado de invalidez.
PARÁGRAFO. Para efectos del cómputo de las semanas a que se refiere el
presente artículo se tendrá en cuenta lo dispuesto en los parágrafos del
artículo 33 de la presente ley.”

El artículo 39 de la Ley 100 de 1993, fue modificado por el artículo 1 de la Ley
860 de 2003, en los siguientes términos:

“Artículo 1°. El artículo 39 de la Ley 100 quedará así:
Artículo 39. Requisitos para obtener la pensión de invalidez. Tendrá derecho
a la pensión de invalidez el afiliado al sistema que conforme a lo dispuesto
en el artículo anterior sea declarado inválido y acredite las siguientes
condiciones:
1. Invalidez causada por enfermedad: Que haya cotizado cincuenta (50)
semanas dentro de los últimos tres (3) años inmediatamente anteriores a la
fecha de estructuración y su fidelidad de cotización para con el sistema sea
al menos del veinte por ciento (20%) del tiempo transcurrido entre el
momento en que cumplió veinte (20) años de edad y la fecha de la primera
calificación del estado de invalidez. El texto subrayado fue declarado
INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-428 de
2009.
2. Invalidez causada por accidente: Que haya cotizado cincuenta (50)
semanas dentro de los últimos tres (3) años inmediatamente anteriores al
hecho causante de la misma, y su fidelidad (de cotización para con el
sistema sea al menos del veinte por ciento (20%) del tiempo transcurrido
entre el momento en que cumplió veinte (20) años de edad y la fecha de la
primera calificación del estado de invalidez. El texto subrayado fue
declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-
428 de 2009.
Parágrafo 1º. Los menores de veinte (20) años de edad sólo deberán
acreditar que han cotizado veintiséis (26) semanas en el último año
inmediatamente anterior al hecho causante de su invalidez o su declaratoria.
NOTA: Parágrafo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional
mediante Sentencia C-020 de 2015, en el entendido de que se aplique, en

3
Artículo modificado por el artículo 1 de la Ley 860 de 2003.

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cuanto sea más favorable, a toda la población joven conforme a los
fundamentos jurídicos 60 y 61 de la parte motiva de esta sentencia.
Parágrafo 2º. Cuando el afiliado haya cotizado por lo menos el 75% de las
semanas mínimas requeridas para acceder a la pensión de vejez, solo se
requerirá que haya cotizado 25 semanas en los últimos tres (3) años.

Ahora bien, con relación a la aplicación de la Ley 100 de 1993, en virtud del
principio de favorabilidad al personal que presta sus servicios a las Fuerzas
Militares, la Sala advirtió que el derecho a la igualdad material no sufre en
principio desmedro alguno por la sola existencia de regímenes especiales de
seguridad social, pues esta específica normativa tiene como propósito
proteger los derechos adquiridos y, al mismo tiempo, regular unas condiciones
prestacionales más favorables para cierto grupo de trabajadores a quienes se
le aplica.

No obstante, excepcionalmente, y cuando se demuestra que sin razón
justificada las diferencias surgidas de la aplicación de los regímenes
especiales generan un trato desfavorable para sus destinatarios, frente a
quienes se encuentran sometidos al régimen común de la Ley 100 de 1993,
se configura una evidente discriminación que impone el retiro de la
normatividad especial, por desconocimiento del derecho a la igualdad
consagrado en el artículo 13 de la Constitución Política.

Así lo ha sostenido la Corte Constitucional en sentencia C - 461 de 12 de
octubre de 1995, con ponencia del doctor Eduardo Cifuentes Muñoz:

“Por las razones anteriores la Corte considera que el establecimiento de
regímenes pensionales especiales, como aquellos señalados en el artículo
279 de la Ley 100, que garanticen en relación con el régimen pensional, un
nivel de protección igual o superior, resultan conformes a la Constitución,
como quiera que el tratamiento diferenciado lejos de ser discriminatorio,
favorece a los trabajadores a los que cobija. Pero si se determina que al
permitir la vigencia de regímenes especiales, se perpetúa un
tratamiento inequitativo y menos favorable para un grupo determinado
de trabajadores, frente al que se otorga a la generalidad del sector, y
que el tratamiento dispar no es razonable, se configuraría un trato
discriminatorio en abierta contradicción con el artículo 13 de la Carta.”

Posteriormente, en sentencia T - 348 de 24 de julio de 1997, reiteró:

“En general, esta Corporación ha considerado que la consagración de
regímenes especiales de seguridad social, como los establecidos en el

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artículo 279 de la Ley 100 de 1993, no vulnera la igualdad, en la medida en
que su objetivo reside, precisamente, en la protección de los derechos
adquiridos por los grupos de trabajadores allí señalados. Salvo que se
demostrare que la ley efectuó una diferenciación arbitraria, las personas
vinculadas a los regímenes excepcionales deben someterse integralmente
a éstos sin que pueda apelarse a los derechos consagrados en el régimen
general. ( . . . ).”

De la misma forma, la Corte Constitucional, en relación con el principio de
favorabilidad en materia del régimen aplicable a los miembros de la Fuerza
Pública, mediante sentencia T - 685/07 de 31 de agosto de 2007, con ponencia
del doctor Jaime Córdoba Triviño, sostuvo:

“(…)
4. Principio de favorabilidad en la determinación del régimen pensional
de los miembros de las Fuerzas Públicas.
4.1. De acuerdo a lo establecido en el artículo 279 de la Ley 100, el sistema
integral de seguridad social no se aplica a los miembros de las Fuerzas
Militares. Este postulado, obedece a lo dispuesto por los artículos 150,
numeral 19, literal e)42 y 21743 de la Constitución Política, en los cuales
estableció que la ley debía determinar el régimen salarial y prestacional
especial para los miembros de las Fuerzas Militares, el cual se encuentra
justificado en el riesgo latente que envuelve la función pública que prestan y
desarrollan44.
La Jurisprudencia de esta Corporación ha precisado que cuando se hace
referencia a la expresión régimen prestacional, se incluyen tanto las
prestaciones que tienen su origen de manera directa en la relación de
trabajo, como todas aquellas otras que se ocasionan por motivo de su
existencia, tales como, las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivientes, el
auxilio funerario, y aquellas contingencias derivadas de los riesgos en
salud45.

4.2. En general las situaciones relacionadas con los derechos, las
prerrogativas, los servicios, los beneficios y demás situaciones
prestacionales de un trabajador, entre ellas el pago de los derechos
pensionales se resuelven con las normas vigentes al tiempo del suceso. Sin
embargo, en aplicación del principio de favorabilidad consagrado en el
artículo 53 del Ordenamiento Superior, también es posible considerar, la

De la cita 3 a la 7 son realizadas en la sentencia mencionada:
42
El artículo 150 de la Constitución Política de Colombia, establece: “Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por
medio de ellas ejerce las siguientes funciones: (…) 19. Dictar las normas generales, y señalar en ellas los objetivos y
criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno para los siguientes efectos: (…) e. Fijar el régimen salarial y
prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y la Fuerza Pública;”
43
El artículo 17 de la CP, consagra: “La Nación tendrá para su defensa unas Fuerzas Militares permanentes
constituidas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. // Las Fuerzas Militares tendrán como finalidad primordial la
defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional. // La Ley
determinará el sistema de reemplazos en las Fuerzas Militares, así como los ascensos, derechos y obligaciones de
sus miembros y el régimen especial de carrera, prestacional y disciplinario, que les es propio”.
44
Ver Sentencia C-432 de 2004 (MP Rodrigo Escobar Gil), reiterada recientemente en la Sentencia T-372 de 2007 (MP
Jaime Córdoba Triviño).
45
En este sentido ver las sentencias: C-654 de 1997 (MP. Antonio Barrera Carbonell), C-835 de 2002 (MP. Marco Gerardo
Monroy Cabra) y C-101 de 2003 (MP. Jaime Córdoba Triviño), las cuales además indican que el fundamento jurídico de las
prestaciones derivadas de las contingencias propias de la seguridad social, se encuentran en el artículo 150, num. 19, lit. e)
de la Constitución, que corresponde a las materias sujetas a ley marco.

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aplicación de la normatividad que más favorezca al trabajador, “...en caso
de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de
derecho...”.
De conformidad con este mandato, cuando una misma situación jurídica se
halla regulada en distintas fuentes formales del derecho (ley, costumbre,
convención colectiva, etc.), o en una misma, es deber de quien ha de aplicar
o interpretar las normas escoger aquella que resulte más beneficiosa o
favorezca al trabajador. La favorabilidad opera, entonces, no sólo cuando
existe conflicto entre dos normas de distinta fuente formal, o entre dos
normas de idéntica fuente, sino también cuando existe una sola norma que
admite varias interpretaciones; la norma así escogida debe ser aplicada en
su integridad, ya que no le está permitido al juez elegir de cada norma lo
más ventajoso y crear una tercera, pues se estaría convirtiendo en
legislador.
El Código Sustantivo del Trabajo en su artículo 21, contempla el principio de
favorabilidad, así: “En caso de conflicto o duda sobre la aplicación de normas
vigentes de trabajo, prevalece la más favorable al trabajador. La norma que
se adopte debe aplicarse en su integridad”, se parte entonces del
presupuesto de la coexistencia de varias normas laborales vigentes que
regulan una misma situación en forma diferente, evento en el cual habrá de
aplicarse la norma que resulte más benéfica para el trabajador.” 46

La Sala, por vía de excepción y en virtud del principio de favorabilidad, ha
aplicado al personal de la Fuerza Pública los requisitos exigidos por el
Régimen General de Seguridad Social para el reconocimiento de la pensión
de invalidez, entre ellos el 50% de la disminución de la capacidad sicofísica,
razón por la cual se impone verificar si el demandante acreditó el cumplimiento
de dicho requisito.

Ahora bien y de conformidad con los precedentes normativos y
jurisprudenciales en armonía con los medios de prueba allegados al plenario,
esta Sala observa que la decisión del a quo fue acertada, toda vez que para
desvirtuar el dictamen proferido en sede administrativa (diagnóstico médico de
la clínica de ortopedia y traumatología de 16 de febrero de 2011 - confirmado
el 10 de diciembre de 2015), ordenó la práctica de un dictamen judicial, y
convocó a audiencia de pruebas al ponente de la Junta Regional de
Calificación de Invalidez de Norte de Santander quien determinó que el señor
Núñez Serrano presenta pérdida de la capacidad laboral del 77,00%; dado
que “la lesión que sufrió (…) en 1991 tiende a ser progresiva”.

46
Sentencia C-168 de 1995 (MP Carlos Gaviria Díaz).

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En suma, el galeno consideró que “hay una relativa inmovilidad de la extremidad
que genera una disminución en la masa muscular, una debilidad o como lo
describe el ortopedista una paresia que es la debilidad de la extremidad por la
disminución del movimiento de la misma que en su momento no la tenía porque
era muy reciente”. Con ocasión de ello, adicionó la calificación con un índice de
5 por la “Monoparesia” que se manifiesta por el desuso de la extremidad con el
paso de los años. En suma, calificó las mismas patologías del dictamen de
1993, sin que se advierta que las partes hayan formulado objeción por error
grave, aclaración o adición al mismo.

Sobre este punto es del caso remitirnos al análisis que hizo la Junta Regional de
Calificación de Invalidez de Norte de Santander:

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Y más adelante:

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Es decir, de la evolución de las dolencias del señor Núñez Serrano a partir de
las evaluaciones de los años 1993, 2011 y 2015, como de las valoraciones del
19 de noviembre de 2020, se logra establecer su afectación.

Frente al valor probatorio de los dictámenes de las Juntas Regionales y
Nacionales de Calificación de Invalidez, el Consejo de Estado ha señalado
que47:

“Sentando lo anterior, la Sala se referirá al valor probatorio de los
dictámenes de las Juntas Regionales y Nacionales de Calificación de
Invalidez para los miembros de la Fuerza Pública. Al respecto esta
Corporación ha otorgado valor probatorio a los dictámenes de las Juntas
Regionales o Nacionales de Calificación de Invalidez, decretados en el curso
de los procesos instaurados por miembros de la Fuerza Pública, para que
obre en el proceso un informe técnico por parte del médico legista sobre la
incapacidad laboral. Por consiguiente, se evidencia que las autoridades
judiciales pueden otorgar valor probatorio a las actas de las Juntas
Regionales o Nacionales de Calificación de Invalidez, aunque el interesado
pertenezca al régimen especial de la Fuerza Pública, caso en el cual el
dictamen deberá valorarse como prueba pericial en conjunto con el acervo
probatorio y acorde con las reglas de la sana critica (...).
En conclusión, el juez puede tener en cuenta los dictámenes de las Juntas
Regionales Nacionales de Calificación de Invalidez, el cual será valorado
con fundamento en el sistema de libre apreciación de las pruebas”.

En ese orden de ideas, el dictamen 13441711-1353 de 25 de noviembre de 2020
emitido por la Junta Regional de Calificación Invalidez de Norte de Santander,
tiene plenos efectos probatorios, pues dio como resultado una pérdida de la

47
Radicado 25000234200020150509901 (0348-2020), de 2 de marzo 2023. MP César Palomino Cortés.

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capacidad laboral del accionante en porcentaje de 77,00%, suficiente para que
tenga derecho al reconocimiento pensional del cual ruega amparo.

Ahora bien, frente a los motivos de disenso del apelante, esta Subsección
precisa que la pensión de invalidez es exigible desde el momento en que el señor
Núñez Serrano pidió el reconocimiento y pago ante el Ministerio enjuiciado (4 de
octubre de 2011); por ende, y al haber operado el fenómeno jurídico de la
prescripción cuatrienal, la misma debe ser reconocida a partir del 4 de octubre
de 2007.

Por otra parte, respecto del pago del reajuste de la indemnización por
disminución de la capacidad laboral, estima la Sala que esta y la pensión de
invalidez son incompatibles, toda vez que ambas comportan prestaciones que
cubren una misma contingencia.

Al respecto esta Colegiatura ha señalado lo siguiente48:

“Ahora bien, conforme a lo anterior es evidente la voluntad del legislador
ordinario y extraordinario para establecer una pensión de invalidez para los
miembros de la fuerza pública, exigiendo condiciones puntuales de pérdida
de la capacidad laboral y su imputabilidad al servicio; como también ciertos
beneficios económicos que se causan por las mismas razones,
distinguiéndose claramente la indemnización por pérdida de la capacidad
sicofísica, que en juicio de la jurisprudencia de la corporación, cuando se
reconoce en aplicación del régimen especial y al considerar ausencia de
norma que establezca su incompatibilidad, concurre en un mismo
beneficiario con la pensión de invalidez49.
De esta manera, también es claro el tratamiento diferencial que se le dio a
la pensión y a la indemnización, al punto que si bien son compatibles
eventualmente, responden a condiciones distintas que como tal le otorgan
efectos y sobre todo una naturaleza autónoma la una de la otra.
Vale la pena destacar, que esta Sala en sentencia del 30 de enero de 2014,
exp. 1860-13, con ponencia de la Consejera Bertha Lucía Ramírez de Páez,
dando solución a un caso como el presente donde se debatía la pretensión
de reajuste de la indemnización por pérdida de la capacidad laboral de
manera concurrente con la pensión de invalidez, consideró así:
«Bajo ese entendido es preciso indicar, tal y como se expresó
anteriormente, que si los actos expedidos por la Junta Médica Laboral
y el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía, en
principio son de trámite y pueden convertirse en definitivos, como
quiera que impiden la continuación del trámite administrativo de

48
Radicado: 25000-23-42-000-2012-01417-01 (0412-20179), de 22 de marzo de 2018. MP Sandra Lisset Ibarra Vélez.
49
Al respecto, consultar sentencia del 22 de noviembre de 2012, exp. 1875-12 CP Víctor Hernando Alvarado Ardila.

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reajustar la indemnización y de reconocer la pensión de invalidez,
debe tenerse en cuenta que el fenómeno de caducidad opera de
manera diferente para cada uno de estos reconocimientos. Lo
anterior, porque mientras la primera es de naturaleza
eminentemente temporal, pues se cancela cuando se causa el
derecho y por una sola vez, la segunda es una prestación de
carácter periódica que puede ser solicitada ante la Jurisdicción
de lo Contencioso Administrativo en cualquier momento.
Entonces, si de los actos administrativos se derivan dos
prestaciones diferentes, como en el presente caso, pero sobre
una ha operado la caducidad, se debe estudiar el fondo del asunto
respecto de aquella pretensión que no se encuentre inmersa
dentro de este fenómeno. Es decir, si el interesado desea que la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo estudie tanto la
indemnización como la pensión de invalidez, previamente agotada la
vía gubernativa ante la Junta Médica Laboral y el Tribunal Médico
Laboral de Revisión Militar y de Policía, debe realizarlo dentro del
término estipulado por la Ley, pues de lo contrario, solo se podrá
estudiar aquél beneficio laboral que cumpla con los requisitos de
prestación periódica50.
En el presente caso, el Acta del Tribunal Médico de Revisión Militar y
de Policía No. 1700 de 19 de mayo de 2000 fue notificada
personalmente el 22 de febrero de 2001, y como la demanda se
presentó sólo hasta el 9 de julio de 2004, ha caducado la acción
en lo concerniente a la indemnización, ya que no es posible que
ahora a través de la acción incoada se pretendan revivir términos
de los cuales no hicieron uso de manera oportuna; situación muy
distinta ocurre en cuanto a la pensión de invalidez, ya que al ser una
prestación periódica, permite demandarse en cualquier tiempo. »

Puestas, así las cosas, debe recordar la Sala51 que la pensión de invalidez ha
sido considerada como una prestación con carácter periódico que la ley otorga
a quien ve disminuida su capacidad laboral en el porcentaje requerido, con el
propósito de que pueda solventar sus necesidades básicas porque tiene su
capacidad sicofísica mermada, mientras que la indemnización corresponde a
un pago unitario y definitivo que compensa la discapacidad del militar por
eventos atribuibles al servicio.

50
Consejo de Estado, Sentencia de 4 de noviembre de 2004, Radicado No. 25001-23-25-000-1999-5833-01(5908-03), C.
P. Dra. Ana Margarita Olaya Forero «(…)
Para ello ha considerado el criterio gramatical de interpretación que resulta coincidente con los criterios lógico
sistemático y teleológico: La palabra “prestación” según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española es
una “cosa o servicio exigido por una autoridad o convenido en un pacto; una cosa o servicio que un contratante da o
promete a otro”. Tal sentido común, coincide con el sentido técnico jurídico de la palabra: la prestación según la
doctrina jurídica se entiende como el objeto de toda obligación y se traduce en Dar, hacer o no hacer. (…) Cualquier
calificación adicional que el intérprete pretenda asignar al concepto genérico, se traduce en una discriminación que
el legislador no ha hecho y que es odiosa al verdadero sentido de la norma, en cuanto extiende erróneamente el
efecto de caducidad a acciones para el reclamo o impugnación de obligaciones de la administración no contempladas
en la ley. Por ello, cuando el legislador trata las “prestaciones periódicas” está regulando todas las obligaciones que
contienen una prestación periódica y que bien pueden ser “prestación social” como la pensión de jubilación, o no ser
“prestación social” como el pago del salario o de una prima que tenga carácter salarial como la prima técnica (…)».
51
Radicado: 25000-23-42-000-2012-01417-01 (0412-20179), de 22 de marzo de 2018. MP Sandra Lisset Ibarra Vélez.

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Con todo, el origen de las aludidas prestaciones confluye en un solo empleado
público y en igual contingencia, resulta injustificado que se otorguen dos
reconocimientos en forma simultánea, por ende, al concederse al demandante
la pensión de invalidez como consecuencia de la disminución de su capacidad
laboral, no es dable ordenar el pago de la indemnización y/o reajuste, pues de
hacerse se incurriría en una doble compensación prestacional por la misma
causa; por lo que, en atención de ello, la Sala confirma la sentencia apelada.

Condena en costas

El artículo 361, del Código General del proceso, estipula:

“Composición. Las costas están integradas por la totalidad de las expensas
y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias en
derecho.
Las costas serán tasadas y liquidadas con criterios objetivos y verificables en
el expediente, de conformidad con lo señalado en los artículos siguientes.”
(Resaltado por la Sala).

A su vez, el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011:

“Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile
un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil”

No obstante, esta Sala ha sido del criterio que la norma transcrita deja a
disposición del juez valorar la procedencia o no de la condena en costas, ya
que para ello debe examinar la actuación procesal de la parte vencida, tenerse
certeza de su causación y que la conducta desplegada adolezca de temeridad
y mala fe, no basta el simple hecho de los resultados del proceso52.

En el caso concreto, revisado el actuar de las partes a lo largo del proceso no
se evidencia temeridad o mala fe, conforme con lo anterior, no se condenará
en costas en esta instancia.

III. DECISIÓN

52
Radicado 15001-23-33-000-2013-00072, de 27 de enero de 2017 MP. Carmelo Perdomo Cuéter; Radicado: 13000-33-
33-000-2014-00390 (1327-16), de 8 de septiembre de 2017, M.P. Sandra Lissett Ibarra Vélez.

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Interno: 6054-2023
Demandante: Gustavo Núñez Serrano
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional

Visto lo anterior, la Sala desestima el recurso de apelación presentado por las
partes; por ende, confirma la sentencia de primera instancia proferida por el
Tribunal Administrativo de Santander que accedió a las pretensiones de la
demanda y ordenó el reconocimiento de la pensión de sanidad o invalidez a
Gustavo Núñez Serrano.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO. - CONFIRMAR la sentencia de primera instancia proferida el 13 de
julio de 2023 por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander que accedió
a las súplicas de la demanda, de conformidad con la parte motiva de esta
sentencia.

SEGUNDO. - Sin condena en costas en esta instancia.

TERCERO. - DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

(Firmado electrónicamente)
JORGE PORTOCARRERO BANGUERA

(Firmado electrónicamente)
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la
plataforma del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se
garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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