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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 54001-23-33-000-2017-00189-01

Fecha
12 de febrero de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 54001-23-33-000-2017-00189-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. CONFIRMAR la sentencia del veintitrés (23) de julio de dos mil veinte (2020), proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, por medio de la cual se negaron las pretensiones. Segundo. CONDENAR en costas a la parte demandante. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo de Norte de Santander. Tercero. Devolver el expediente al Tribunal de origen y realizar las anotaciones pertinentes en el aplicativo SAMAI. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 54001-23-33-000-2017-00189-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

12 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D. C., doce (12) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 54001-23-33-000-2017-00189-01 (3724-2023)
Demandantes: Nicole Fernando Pertúz Bernal
Demandado: Procuraduría General de la Nación

Tema: Control judicial integral de los actos administrativos que imponen
sanciones disciplinarias. Nulidad del acto administrativo por
violación al debido proceso y por falsa motivación. CONFIRMA
SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el demandante en contra de
la sentencia proferida el veintitrés (23) de julio de dos mil veinte (2020) por el
Tribunal Administrativo de Norte de Santander, por medio de la cual se negaron las
pretensiones.

ANTECEDENTES

1. El señor Nicole Fernando Pertúz Bernal instauró demanda en contra de la
Procuraduría General de la Nación, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin de que
se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

2. Que se declare la nulidad de la decisión disciplinaria expedida el 26 de
diciembre de 2014 por la Procuraduría Regional de Norte de Santander, mediante
la cual fue sancionado con suspensión e inhabilidad especial por el término de un
(1) mes; y de la decisión disciplinaria expedida el 11 de diciembre de 2015 por la
Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa, que modificó la
sanción y mantuvo únicamente la suspensión.

3. Como restablecimiento del derecho, solicitó que se deje sin efecto la sanción
impuesta y que se tasen y paguen los perjuicios morales, económicos y el daño a
la vida profesional, debidamente actualizados.

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Radicado: 54001-23-33-000-2017-00189-01 (3724-2023)

HECHOS

4. La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:

5. Que el 15 de febrero de 2012 la Procuraduría 52 Judicial Administrativa de
Arauca solicitó que se investigara una presunta omisión de los funcionarios de la
Rama Judicial, quienes se presentaron sin concepto del comité de conciliación a
una audiencia celebrada allí.

6. Con fundamento en ello, el 30 de octubre de 2012 se abrió una indagación
preliminar en contra de funcionarios por identificar y el 25 de octubre de 2013 fue
vinculado a una investigación disciplinaria. Se formuló pliego de cargos porque al
parecer no le había dado trámite a la solicitud de conciliación sobre la cual se realizó
la audiencia ante la Procuraduría 52.

7. Que culminada la actuación disciplinaria, fue sancionado en primera y
segunda instancia con suspensión e inhabilidad especial (sic) por el término de un
(1) mes. La decisión definitiva se le notificó el 8 de febrero de 2016.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

8. Constitución Política: artículos 1 y 29; Ley 734 de 2002: artículos 6, 9, 142,
144 y 163.

9. Considera que los actos sancionatorios desconocieron el debido proceso,
porque no se configuraron los requisitos para la formulación de cargos, en la medida
en que el pliego que los contenía no se soportó en pruebas legalmente allegadas al
trámite, pues a su versión libre se le dio la calidad de testimonio. Esto implicó que
las decisiones demandadas se motivaran de forma laxa y caprichosa.

10. Que en la formulación de cargos no se le dijo qué normas de su manual de
funciones había desconocido, inclusive, este no existe dentro de la actuación.
Además, no se contó con prueba de que se le hubiese entregado la solicitud de
conciliación a la que supuestamente no le dio trámite y, en esa media, no podía ser
su versión libre la que sustentara la existencia del procedimiento disciplinario; todo
lo cual desconoció el artículo 142 de la Ley 734 de 2002, porque no puede expedirse
acto sancionatorio sin que obre prueba que conduzca a la certeza sobre la
existencia de la falta y la responsabilidad del investigado.

11. Que a partir de lo anterior, en los actos demandados se incurrió en falsa
motivación fáctica por indebida valoración y calificación de las pruebas, pues el
pliego de cargos es la columna vertebral del procedimiento disciplinario y el que se
le formuló carece de ilicitud sustancial, no hay examen probatorio, no se menciona
qué función desconoció, ni se determinó de forma clara la culpabilidad, lo que
implica que la demandada se apartó de la aplicación de la sana crítica y sus
decisiones fueron parcializadas.

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TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

12. La demanda fue admitida el 15 de mayo de 20171 la entidad guardó silencio2.
Se celebró audiencia inicial el 10 de septiembre de 20183, en la cual se fijó el litigio,
se incorporaron las pruebas documentales aportadas por las partes y se decretaron
de oficio pruebas documentales y testimoniales. Una vez practicadas e
incorporadas4 se corrió traslado a las partes para que alegaran de conclusión y al
Ministerio Público para que rindiera su concepto; luego de lo cual se dictó sentencia,
que fue apelada en el plazo oportuno por la demandada.

SENTENCIA OBJETO DE APELACIÓN

13. El Tribunal Administrativo de Norte de Santander, mediante sentencia del
veintitrés (23) de julio de dos mil veinte (2020)5, negó las pretensiones, tras concluir
que no se logró desvirtuar la presunción de legalidad de los actos demandados, en
la medida en que los cargos formulados se basaron en simples afirmaciones sin
sustento probatorio.

14. Se refirió al control judicial integral de los actos administrativos que imponen
sanciones disciplinarias, según la sentencia de unificación jurisprudencial del 9 de
agosto de 2016 y precisó que no puede dejarse de lado que en el marco del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho la carga de la prueba la tiene
el demandante, mientras que el juez tiene competencia para efectuar una revisión
integral de todas las actuaciones y etapas surtidas en el procedimiento disciplinario.

15. Analizó el trámite disciplinario que culminó con la expedición de los actos
demandados y destacó que el demandante fue investigado por la omisión en una
de sus funciones como profesional universitario grado 12 del área jurídica de la
Dirección Seccional de Administración Judicial de Cúcuta-Arauca: la relacionada
con remitir al Comité de Conciliación de la Rama Judicial la solicitud de conciliación
prejudicial presentada por el señor José Ríos el 26 de enero de 2012, junto con la
ficha técnica para su estudio y decisión por parte del referido comité, lo que la
autoridad disciplinaria encontró acreditado luego de analizar de manera integral las
pruebas recaudadas.

1 Véase archivo «004. Auto Admisorio 2017-00189», disponible en «5_ED_EXPEDIENTE_37242023TESTIG

ODOC» y en el enlace visible en «4_ED_RV_URG(.pdf)», en el índice 00002 de SAMAI. La demanda
correspondió por reparto al Juzgado Segundo Administrativo de Cúcuta, el cual por auto del 15 de febrero de
2017 la remitió por competencia al Tribunal Administrativo de Norte de Santander (véase archivo «002.
Actuaciones Jz 2 Adtvo 2017-00189», disponible en «5_ED_EXPEDIENTE_37242023TESTIG ODOC» y en el
enlace visible en «4_ED_RV_URG(.pdf)», en el índice 00002 de SAMAI).
2 Constancia de notificación visible en «007. Notificacion Demanda 2017-00189», disponible en

«5_ED_EXPEDIENTE_37242023TESTIG ODOC» y en el enlace visible en «4_ED_RV_URG(.pdf)», en el
índice 00002 de SAMAI.
3 Véanse «011. Acta Audiencia Inicial 2017-00189» y «012. Audiencia Inicial 2017-00189», disponibles en

«5_ED_EXPEDIENTE_37242023TESTIG ODOC» y en el enlace visible en «4_ED_RV_URG(.pdf)», en el
índice 00002 de SAMAI.
4 La audiencia de pruebas se celebró el 29 de enero de 2019, con la incorporación de unos documentos y la

recepción del interrogatorio de parte; y el 22 de febrero del mismo año, con la incorporación de otras pruebas
documentales. En esta oportunidad se cerró el periodo probatorio y se corrió traslado para presentar alegatos
de conclusión (véanse «018. Acta Audiencia Pruebas 2017-00189», «019. Aud Pruebas17-00189», «021. Acta
Audiencia Pruebas 2017-00189» y «022. Aud Pruebas17-00189B», disponibles en
«5_ED_EXPEDIENTE_37242023TESTIG ODOC» y en el enlace visible en «4_ED_RV_URG(.pdf)», en el
índice 00002 de SAMAI).
5 Véase archivo «024. Sentencia 2017-00189», disponible en «5_ED_EXPEDIENTE_37242023TESTIG

ODOC» y en el enlace visible en «4_ED_RV_URG(.pdf)», en el índice 00002 de SAMAI.

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16. Precisó que el pliego de cargos es un acto de trámite y, en esa medida, no
es objeto de control judicial; con todo, señaló que en su expedición no se incurrió
en violación al debido proceso, pues este se ajustó a los requisitos del artículo 163
de la Ley 734 de 2002.

17. Que tampoco se advertía falsa motivación o lesión del debido proceso en la
expedición de los actos demandados, pues allí quedó acreditado que el entonces
investigado sí tuvo conocimiento de la citada solicitud de conciliación y, pese a ello,
no la remitió para estudio por parte del Comité y que si bien en la segunda instancia
disciplinaria se dijo que en el acto apelado se erró al señalar que «estaba probado
que el actor no había informado a sus superiores sobre la excesiva carga laboral»,
esto no cambiaba la decisión, porque la omisión imputada contaba con respaldo
probatorio.

18. Destacó que el demandante no solicitó la práctica de ninguna prueba y, por
otro lado, no logró demostrar que aquellas tenidas en cuenta por la autoridad
disciplinaria no correspondían a la realidad, pues pese a que en el interrogatorio de
parte narró que sí envió en términos la solicitud de conciliación a la ciudad de
Bogotá, no realizó ninguna solicitud probatoria en este sentido.

19. Que los actos sancionatorios no se fundaron en el contenido de la versión
libre y que las afirmaciones del señor Pertúz Bernal, tanto en el trámite disciplinario
como en su intervención en el proceso, no contaban con ningún soporte probatorio,
pues, además de que ni el demandante ni la entonces apoderada de la Rama
Judicial solicitaron el aplazamiento de la audiencia de conciliación ante la
Procuraduría 52, lo cierto es que para la fecha de los hechos se contaba «con
medios tecnológicos como fax, correo electrónico, teléfono, scanner, entre otros,
que permiten agilizar el envío y la recepción de documentos» y que el demandante
era conocedor del plazo con el que contaba para dar cumplimiento a sus
obligaciones.

20. Agregó que no se desconoció el derecho al debido proceso formal ni
sustancial y que, en esa medida, no se compartía el concepto que el Ministerio
Público presentó en el proceso judicial, porque en este se plantea la trasgresión de
dicha garantía constitucional sin ninguna identificación puntal de las etapas o
actuaciones de la demandada que hubiesen llevado a ello.

21. Finalmente, resolvió no condenar en costas.

RECURSO DE APELACIÓN

22. El demandante6 interpuso recurso de apelación, en el cual insistió en que la
Procuraduría General de la Nación incurrió en falsa motivación y en violación al
debido proceso.

6 Véase archivo «025. Apelacion Demandante 2017-00189», disponible en
«5_ED_EXPEDIENTE_37242023TESTIG ODOC» y en el enlace visible en «4_ED_RV_URG(.pdf)», en el
índice 00002 de SAMAI.

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23. Que la sanción que se le impuso se basó en simples afirmaciones de la
autoridad disciplinaria, sin ningún sustento en pruebas, porque nada se dijo sobre
la actuación de la abogada que representaba judicialmente a la entidad, quien tenía
la posibilidad de solicitar el aplazamiento de la audiencia de conciliación; al
contrario, esto al parecer se le reprochó a él; tampoco se tuvo en cuenta que en un
oficio del 14 de febrero de 2013 expresó las dificultades que se presentaban con el
trámite de las solicitudes de conciliación.

24. Que no se pretendió demandar el pliego de cargos, sino que los reproches
respecto de las decisiones cuestionadas daban cuenta de que desde allí se
desconoció el debido proceso, porque no se reunían los requisitos para su
expedición. En ese contexto, el cargo de falsa motivación no debía analizarse con
pruebas ajenas a las que obraban en el expediente disciplinario, porque lo
pretendido era que el juez advirtiera que las practicadas por la autoridad no
bastaban para imponerle una sanción. A su juicio, las afirmaciones según las cuales
su actividad probatoria fue escasa realmente invierten la carga de la prueba.

25. Señaló que el reproche que hizo el Tribunal respecto del no uso de medios
tecnológicos desconoce la realidad de muchas dependencias de la Rama Judicial y
el hecho de que para el 2012 no contaba con el personal para digitalizar la solicitud
de conciliación. Que en ese punto, la sentencia apelada únicamente hizo eco de lo
que se plasmó en los actos demandados.

26. Que tampoco se acreditó que tuviera conocimiento de la existencia de la
solicitud de conciliación, pues lo único probado era que esta se recibió en Arauca el
26 de enero de 2012 y que existía un oficio de la misma fecha, según el cual se
envió a Cúcuta; sin embargo, no obraba constancia de recibo; situación a partir de
la cual se advierte el escaso análisis probatorio de la demandada y del Tribunal y
cómo usaron una afirmación vertida en su versión libre para endilgarle
responsabilidad.

27. Que el Tribunal señaló que no se le había generado ningún perjuicio, lo que
desconoce las reglas que la jurisprudencia ha impuesto respecto de la presunción
de los mismos, pues es obvio que la sanción disciplinaria perjudica al funcionario en
su esfera interna y, por ello, no es necesario llenar el expediente de pruebas.

28. Que, contrario a lo dicho en la sentencia, no se afectó el funcionamiento de
la Rama Judicial, porque la ficha de la solicitud de conciliación sí se envió y, como
resultado, el 25 de abril de 2012 se expidió la respectiva certificación con destino a
la Procuraduría 52; sumado a ello, en sentencia del 21 de noviembre de 2013 el
Tribunal Administrativo de Arauca negó las pretensiones de quien era la parte
convocante.

TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

29. El 6 de julio de 20237 fue admitido el recurso de apelación. En esta
providencia se dispuso que dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de la
decisión el proceso ingresaría a Despacho para sentencia, salvo que las partes

7 Véase índice 00002 de SAMAI.

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presentaran solicitud probatoria y se indicó que el Ministerio Público podía emitir su
concepto hasta antes de que el proceso ingresara a Despacho.

30. La Procuradora Segunda Delegada ante el Consejo de Estado presentó
concepto, en el cual solicitó confirmar la sentencia apelada, porque no se especificó
en qué consistieron las irregularidades que alega, ni cuál fue la acción u omisión de
la autoridad disciplinaria que llevó a la violación del debido proceso o a la falsa
motivación. En esa medida, no basta con afirmar que los actos incurrieron en una
causal de nulidad, sino que esta debe probarse.

31. Que el control jurisdiccional no es un nuevo momento para valorar la prueba,
salvo que el juez estime que se ha violado de manera flagrante el debido proceso,
cosa que no ocurrió en este caso. Sumado a ello, en el trámite disciplinario, los actos
se expidieron con fundamento en los medios de prueba debidamente decretados y
practicados, sin que el investigado los hubiese cuestionado.

32. Agregó que el Tribunal Administrativo de Norte de Santander realizó un
examen integral del trámite disciplinario y advirtió que no se desconoció el debido
proceso y que la sanción se impuso con la certeza necesaria respecto de la
ocurrencia de la conducta reprochada.

33. Las partes guardaron silencio en esta etapa procesal.

34. Se resolverá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

35. Corresponde a la Sala determinar si la decisión proferida por el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander debe revocarse, porque en la expedición de
los actos demandados se lesionó el debido proceso y se incurrió en falsa
motivación, porque se sancionó sin sustento probatorio, se erró en la valoración de
los medios de prueba que obraban en la actuación; mientras que en la sentencia se
reprocharon conductas no atribuibles al demandante y no se tuvieron en cuenta las
dificultades que este manifestó, las circunstancias complejas para el desarrollo de
sus actividades ni la ausencia de afectación a las funcionamiento de la Rama
Judicial.

36. Con este propósito, esta providencia se referirá al marco jurisprudencial
aplicable al análisis de la actuación disciplinaria, a las causales de nulidad
invocadas y abordará el estudio del caso concreto.

Marco jurisprudencial aplicable al análisis de la actuación disciplinaria

37. La actividad disciplinaria comprende una función especializada, con un
componente preventivo y correctivo, que busca garantizar la efectividad de los
principios de la función pública y el buen desempeño y gestión transparente de los
servidores públicos. En ese sentido, se rige por disposiciones y procedimientos
especiales, transversalizada por las garantías propias del debido proceso
constitucional.

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38. El resultado de tales actuaciones, representada en actos administrativos, es
susceptible de examen a través del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho. No obstante, la jurisprudencia de esta Corporación no ha sido pacífica
en relación con el alcance de la intervención del juez de lo contencioso
administrativo, como a continuación se expone.

39. La primera tesis de la jurisprudencia se inclinó por sostener que el control del
juez de lo contencioso administrativo estaba limitado a los derechos que invocaba
el demandante, lo que se denominó como «intangibilidad relativa» de los actos
sancionatorios, en la medida que el alcance de dicho control era restrictivo porque
se consideraba que las decisiones tomadas en virtud de la acción disciplinaria
tenían cierto grado de autonomía valorativa de los hechos y de las normas
disciplinarias8.

40. Luego, se adoptó la posición en la que incluso en los casos en que la
demanda no cumpliera con el requisito de señalar las normas violadas y el concepto
de violación, si el juez advertía la trasgresión de un derecho fundamental de
aplicación inmediata, oficiosamente, debía proveer la tutela judicial efectiva, lo que
se denominó como «intangibilidad relativa explícita y deferencia especial»9.

41. Al existir diversas posturas jurisprudenciales sobre la materia, en el 2016 se
unificó jurisprudencia respecto al control judicial de las decisiones adoptadas por los
titulares de la acción disciplinaria, manifestando que se adoptaría la perspectiva del
«control judicial integral» por cuanto «(…) la actividad del juez de lo contencioso
administrativo supera el denominado control de legalidad, para en su lugar hacer un
juicio sustancial sobre el acto administrativo sancionador, el cual se realiza a la luz
del ordenamiento constitucional y legal, orientado por el prisma de los derechos
fundamentales»10, y se advirtió que:

i) La competencia del juez administrativo es plena, sin «deferencia especial»
respecto de las decisiones adoptadas por los titulares de la acción
disciplinaria.
ii) La presunción de legalidad del acto administrativo sancionatorio es similar a
la de cualquier acto administrativo.
iii) La existencia de un procedimiento disciplinario extensamente regulado por la
ley, de ningún modo restringe el control judicial.
iv) La interpretación normativa y la valoración probatoria hecha en sede
disciplinaria, es controlable judicialmente en el marco que impone la
Constitución y la ley.
v) Las irregularidades del trámite procesal serán valoradas por el juez de lo
contencioso administrativo, bajo el amparo de la independencia e
imparcialidad que lo caracteriza.
vi) El juez de lo contencioso administrativo no sólo es de control de la legalidad,
sino también garante de los derechos.

8 Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia del 29 de mayo de 1992. Exp. 834. C.P. Diego Younes

Moreno.
9 Véanse: Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 30 de marzo de 2011. Exp.

05001-23-31-000-1998-02823-01 (2060-2010). C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila; y Consejo de Estado.
Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 09 de febrero de 2012. Exp. 11001-03-25-000-2009-00140-00
(2038-2009). C.P. Bertha Lucia Ramírez de Páez.
10 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 09 de agosto de 2016. Exp.

11001-03-25-000-2011-00316-00 (1210-2011). C.P. William Hernández Gómez (E).

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vii) El control judicial integral involucra todos los principios que rigen la acción
disciplinaria.
viii) El juez de lo contencioso administrativo es garante de la tutela judicial
efectiva.

Causales de nulidad del acto administrativo

42. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley 1437 de 2011,
los actos administrativos se presumen legales mientras no sean declarados nulos
por la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Esta presunción parte del
cumplimiento de unos requisitos formales y materiales para su expedición,
relacionados con la competencia de quien lo expide, la materia sobre la que versa,
la necesidad o no de hacer expresos los motivos de su expedición, el cumplimiento
de las reglas de procedimiento pertinentes y el apego a las normas que regulen la
materia de que trate.

43. En armonía con los elementos que conforman el acto administrativo, los
artículos 13711 y 13812 de la Ley 1437 de 2011, regulan los supuestos bajo los cuales
es posible perseguir la declaratoria de su nulidad, pretensión que puede promoverse
cuando se advierte que el acto administrativo i) se ha expedido con infracción de las
normas en que debería fundarse; ii) por un funcionario sin competencia; iii) en forma
irregular; iv) con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, v) mediante
falsa motivación o vi) con desviación de las atribuciones propias de quien lo profirió.

44. Además, la jurisprudencia ha señalado que es posible perseguir la nulidad de
un acto cuando se advierta la vulneración sustancial del derecho al debido proceso,
teniendo en cuenta que el artículo 29 constitucional dispone que esta garantía se
aplica tanto a las actuaciones judiciales como a las de carácter administrativo, e
implica que nadie puede ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto
que se le imputa, ante el juez competente y con observancia de las formas propias
de cada juicio.

45. Según lo señalado, en esta providencia se analizarán la falsa motivación y la
violación del debido proceso como causales de nulidad del acto administrativo.

• Nulidad del acto por falsa motivación

46. Esta causal tiene lugar cuando las razones que se plasman en la
fundamentación de un acto administrativo resultan contrarias a la realidad fáctica o
jurídica, sobre la cual, la jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que guarda
estrecha relación con el principio de legalidad de los actos y con el control de los
hechos determinantes de la decisión administrativa13.

47. En esa misma línea, se ha precisado que la prosperidad de la pretensión de
nulidad, cuando se invoca esta causal, es necesaria la concurrencia de tres
elementos:

11 Del medio de control de nulidad.
12 Del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
13 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 26 de julio de 2017. Radicado 11001-03-27-000-2018-

00006-00 (22326). C.P. Milton Chaves García.

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«(…) (a) la existencia de un acto administrativo motivado total o parcialmente,
pues de otra manera estaríamos frente a una causal de anulación distinta; (b)
la existencia de una evidente divergencia entre la realidad fáctica y jurídica que
induce a la producción del acto y los motivos argüidos o tomados como fuente
por la administración pública, y (c) la efectiva demostración por parte del
demandante del hecho de que el acto administrativo se encuentra falsamente
motivado»14.

48. El último elemento en cita puede demostrarse a partir de una de dos
circunstancias: i) que los hechos que la autoridad tuvo en cuenta como motivos
determinantes de la decisión no estuvieron debidamente probados dentro de la
actuación administrativa; o ii) que la autoridad no tuvo en cuenta hechos que sí
estaban probados y que, de haberse considerado, habrían conducido a una decisión
sustancialmente diferente15.

• Nulidad del acto por violación del debido proceso

49. Esta Corporación ha precisado que el debido proceso, además de constituir
un límite al ejercicio del poder público, constituye un mecanismo para proteger los
derechos de los ciudadanos y, en el ámbito administrativo, implica el deber de los
agentes del Estado de aplicar los procedimientos legalmente establecidos en el
curso de cualquier actuación administrativa, de tal manera que quienes puedan
resultar afectados con sus decisiones cuenten con las garantías procedimentales y
sustanciales que les brinda el ordenamiento jurídico16.

50. En atención a lo anterior, para determinar si hay lugar a declarar la nulidad
por su desconocimiento, se examinan elementos formales y sustanciales en la
formación del acto administrativo que repercuten en la garantía que consagra el
artículo 29 constitucional: a) en la perspectiva formal, (i) que la actuación se
adelante por el competente, (ii) que permita la participación activa de todos los
interesados; (iii) que estos sean escuchados durante el trámite; (iv) que no existan
dilaciones injustificadas; (v) que los interesados puedan aportar, solicitar y
controvertir pruebas; (vi) que las decisiones que se profieran se notifiquen en debida
forma y que se dé el trámite oportuno cuando las decisiones sean impugnadas 17; y
b) en sentido sustancial, (vi) que la autoridad aplique el principio de favorabilidad
siempre que sea pertinente; (vii) que durante el trámite de la actuación el investigado
se presuma inocente.

51. La Corte Constitucional ha señalado que la vulneración sustancial del
derecho al debido proceso18 puede predicarse tanto de las providencias judiciales

14
Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 19 de marzo de 2020. Radicado 52001-
23-33-000-2015-00155-01 (3093-16). C.P. William Hernández Gómez.
15 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 26 de julio de 2017. Radicado 11001-03-27-000-2018-

00006-00 (22326). C.P. Milton Chaves García.
16 Cfr. Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 11 de abril de 2019. Exp. 05001-23-

33-000-2014-02189-01 (1171-2018). C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
17 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 3 de julio de 2014. Exp. 05001-23-31-000-2000-02324-

01. C.P. Guillermo Vargas Ayala.
18 Cabe destacar que esta Corporación ha precisado que la irregularidad que vicia el acto administrativo es la

sustancial, en línea con lo señalado por la Corte Constitucional: «Una irregularidad acaecida en el curso de un
procedimiento administrativo se considera como sustancial, cuando incide en la decisión de fondo que culmina
con la actuación administrativa, contrariando los derechos fundamentales del administrado, es decir, que de no

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como de los actos administrativos y que esta se concreta en los distintos defectos
identificados por la jurisprudencia constitucional: (i) orgánico (falta de competencia
de la autoridad que lo expide); (ii) procedimental absoluto (la actuación se adelantó
al margen del procedimiento); (iii) fáctico (absoluto desconocimiento de lo probado
en el trámite); (iv) material o sustantivo (la autoridad aplicó normas inexistentes,
inconstitucionales, ilegales o que no resultaban aplicables al caso concreto o que
se interpretaron de una manera irrazonable) (v) error inducido o vía de hecho por
consecuencia (se adoptó una decisión contraria a derecho por causa de la actuación
engañosa de un tercero); (vi) falta de motivación (el acto no expresó las razones
fácticas y jurídicas que lo fundamentaban); (vii) desconocimiento del precedente
constitucional vinculante; y (viii) violación directa de la Constitución19.

Caso concreto

52. Del análisis del expediente de la actuación disciplinaria 20, la Sala destaca
que:

• El 30 de octubre de 2012 la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia
Administrativa ordenó la apertura de una indagación preliminar en contra de
funcionarios por determinar, con fundamento en la compulsa realizada por la
Procuraduría 52 Judicial II Administrativa de Arauca, en el marco de una
audiencia de conciliación extrajudicial celebrada el 15 de febrero de 2012, pues
la apoderada de la Rama Judicial (parte convocada) se presentó sin concepto
del Comité de Conciliación, según lo exigen los artículos 16 a 19 del Decreto
1716 de 200921.

• Una vez se identificó al señor Nicole Fernando Pertúz Bernal, profesional
universitario de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cúcuta,
como el funcionario a cargo de dar trámite a las solicitudes de conciliación
extrajudicial, por auto del 25 de octubre de 2013 la Procuraduría Provincial de
Norte de Santander avocó conocimiento22 y ordenó la apertura de una
investigación disciplinaria en su contra23.

• Por auto del 21 de julio de 2014 se formuló al demandante el siguiente cargo:

haber existido tal irregularidad, el acto administrativo que define la situación jurídica debatida hubiese tenido un
sentido sustancialmente diferente. Por el contrario las irregularidades o vicios, que no afectan el fondo del asunto
discutido, esto es, que de no haber ocurrido, la decisión definitiva hubiese sido en igual sentido, no tienen la
relevancia para generar la nulidad del mismo, pues esto no desconoce la finalidad del debido proceso
administrativo, es decir, la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos» Cfr. Consejo de
Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 11 de abril de 2019. Exp. 05001-23-33-000-2014-
02189-01 (1171-2018). C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
19 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-076 de 2018. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez y Sentencia T-076

de 2011. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; y, analizados como causales específicas de la acción de tutela contra
providencias, cfr. Corte Constitucional. Sentencia SU-453 de 2019. M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
20 Que obra en los archivos «001. Demanda 2017-00189» y «009. Antecedentes Adtvos 2017-00189»,

disponibles en «5_ED_EXPEDIENTE_37242023TESTIG ODOC» y en el enlace visible en
«4_ED_RV_URG(.pdf)», en el índice 00002 de SAMAI. En adelante, las referencias al expediente disciplinario
se realizarán respecto de los referidos archivos.
21 Véanse páginas 26 a 29 del archivo «001. Demanda 2017-00189» y 14 a 16 del archivo «009.

Antecedentes Adtvos 2017-00189».
22 Por auto del 4 de septiembre de 2013 la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa

remitió la actuación por competencia a la Procuraduría Regional de Norte de Santander (véanse páginas 37 a
40 del archivo «001. Demanda 2017-00189» y 25 a 28 del archivo «009. Antecedentes Adtvos 2017-00189».
23 Véanse páginas 41 a 43 del archivo «001. Demanda 2017-00189» y 29 a 31 del archivo «009. Antecedentes

Adtvos 2017-00189».

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«NICOLE FERNANDO PERTUZ BERNAL, (…) en su condición de profesional
universitario grado 12 del área jurídica de la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Cúcuta, para la época de los hechos investigados,
presuntamente incurrió en falta disciplinaria al haber faltado a sus deberes, al
no haber remitido al Comité de Defensa Judicial y Conciliación de la Rama
Judicial en la ciudad de Bogotá, la solicitud de conciliación extrajudicial radicada
por el señor JOSE HERNÁN RIOS SUAREZ, en la oficina de apoyo judicial de
Arauca en el mes de enero de 2012, y enviada a usted mediante oficio 0047 del
26 de enero de 2012 por parte de la señora NORA YORLEY BELTRAN
ÁLVAREZ, asistente administrativa de la Oficina de apoyo judicial de Arauca, lo
que trajo como consecuencia que el Comité de Defensa Judicial y Conciliación
de la Rama Judicial en la ciudad de Bogotá no emitiera concepto alguno, y en
consecuencia El (sic) 15 de febrero de 2012, la Procuraduría 52 Judicial II
Administrativa de Arauca, adelantó conciliación extrajudicial No. (sic) 019-007-
2012, siendo convocante JOSE HERNAN RIOS Y OTROS, y convocada la
Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura, procediendo a
declarar fallida la audiencia y cerrada la etapa de conciliación extrajudicial,
haciendo entrega de los documentos aportados a la parte convocante para que
pudiera acudir a la autoridad judicial competente en la demanda que
corresponda».

La autoridad disciplinaria determinó provisionalmente que la falta ejecutada era
de naturaleza grave, a título de culpa gravísima y citó como disposiciones
quebrantadas los numerales 1 y 10 del artículo 34 y 7 del artículo 35 de la Ley
734 de 2002 y el artículo 11.5 del Acuerdo PSAA09-6203 del 2 de septiembre
de 2009, «por medio del cual se determinan las funciones de las áreas de trabajo
y oficinas adscritas a las Direcciones Seccionales de Administración Judicial»24.

• El 26 de diciembre de 2014 se expidió la decisión disciplinaria de primera
instancia. En esta, se ratificó la calificación de la falta y el grado de culpabilidad
y se impuso como sanción la suspensión e inhabilidad especial por el término de
1 mes.

Se indicó que el comportamiento reprochado resultó sustancialmente ilícito en la
medida en que la omisión de su función trajo como consecuencia que el comité
de conciliación no emitiera el concepto que ordena el artículo 18 del Decreto
1716 de 2009, lo que dejó sin posibilidad a la entidad de estudiar la solicitud y
proponer alguna fórmula de arreglo.

Los argumentos del disciplinado no fueron de recibo por resultar contradictorios,
pues en sus descargos manifestó que la solicitud de conciliación fue recibida el
2 de febrero de 2012, pero que ante la inmediatez de la audiencia programada
por la Procuraduría 52 le dijo a la jefe de la oficina judicial que solicitara el
aplazamiento; mientras que en el oficio del 14 de febrero de 2013 indicó no tener
conocimiento de este hecho; sumado a lo cual, en la diligencia del 15 de febrero
de 2012, no se observaba que la apoderada de la Rama Judicial hubiese
solicitado que se aplazara, pues se limitó a manifestar que «a la fecha no he
recibido el concepto del Comité de conciliación y defensa de la rama judicial».

Que el investigado pretendió desvirtuar la ilicitud sustancial con una constancia

24 Véanse páginas 76 a 80 del archivo «001. Demanda 2017-00189» y 71 a 77 del archivo «009. Antecedentes

Adtvos 2017-00189».

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suscrita por él mismo en calidad de secretario técnico del comité seccional de
defensa judicial, expedida el 25 de abril de 2012, pues llamó la atención que en
sus intervenciones hubiese insistido en que tenía muy poco tiempo para enviar
la ficha de la solicitud a la ciudad de Bogotá, pero que ad portas de cumplirse
los 3 meses del artículo 3, literal c, del Decreto 1716 de 2009 fuera el comité
seccional quien la estudiara, cuando ya no cumplía ninguna finalidad 25.

• El 11 de diciembre de 2015 la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia
Administrativa confirmó la decisión de declarar disciplinariamente responsable
al demandante, pero modificó la sanción impuesta y la fijó en suspensión por el
término de 1 mes, tras considerar, respecto del elemento subjetivo, que la
calificación de la culpa como gravísima no acarreaba la inhabilidad especial,
porque la falta cometida era de naturaleza grave.

Indicó que si bien en el oficio del 14 de febrero de 2013 el investigado expuso
las dificultades relacionadas con los trámites de conciliación extrajudicial, ello no
servía como prueba de la puesta en conocimiento de la excesiva carga laboral
que alegó a lo largo de la actuación. No obstante, destacó que esto último no
era un hecho probado, como lo afirmó la primera instancia, pero que, en todo
caso, no variaba la declaratoria de responsabilidad, pues lo acreditado era que
no puso en conocimiento del comité de conciliación la solicitud formulada por el
señor José Hernán Ríos, en la medida en que el entonces profesional confió de
manera imprudente en que la audiencia de conciliación se aplazaría.

Que era cierto que el investigado tenía aproximadamente 36 funciones
encomendadas, según lo acreditado en la actuación, pero nada se dijo respecto
de las actividades que desplegó durante enero y febrero de 2012 que le
impedían el cumplimiento de una tarea de mero trámite, asunto que debía
atender, con independencia de que el Comité alcanzara o no a estudiar la
solicitud. Además, el mismo funcionario le manifestó a la autoridad disciplinaria
en sus descargos que le pidió a la apoderada de la Rama Judicial que solicitara
el aplazamiento de la audiencia.

Agregó que si bien existían en la decisión apelada consideraciones en torno a
las reuniones del comité de conciliación que no eran de recibo, en nada
afectaban la determinación de su responsabilidad, pues la función encomendada
y cuyo cumplimiento omitió se agotaba con la elaboración de la ficha y su
remisión para ser estudiada; sumado a lo cual no se entendía por qué si había
un comité seccional de conciliación el investigado se escudó en el poco tiempo
para enviar la solicitud a Bogotá26.

53. Para el demandante, la providencia proferida por el Tribunal Administrativo
de Norte de Santander debe ser revocada porque en la expedición de los actos
demandados se incurrió en falsa motivación y se desconoció el debido proceso, en
la medida en que se sancionó sin sustento probatorio y se erró en la valoración de

25 Véanse páginas 121 a 132 del archivo «001. Demanda 2017-00189» y 115 a 126 del archivo «009.
Antecedentes Adtvos 2017-00189».
26 Véanse páginas 156 a 191 del archivo «001. Demanda 2017-00189» y 151 a 186 del archivo «009.

Antecedentes Adtvos 2017-00189».

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los medios de prueba que obraban en la actuación. Dice que en la sentencia
apelada se reprocharon conductas no atribuibles al demandante y no se tuvieron en
cuenta las dificultades que este manifestó. Entre ellas las circunstancias complejas
para el desarrollo de sus actividades ni la ausencia de afectación al funcionamiento
de la Rama Judicial.

54. La Sala advierte que en la decisión proferida por el Tribunal Administrativo
de Norte de Santander se abordaron la totalidad de cargos formulados por el
demandante y, en perspectiva de control integral, se analizó la actuación
disciplinaria sin encontrar irregularidades procedimentales ni sustanciales.

55. Como lo precisó el Tribunal, la perspectiva del control judicial integral no pasa
por alto que se trata del ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, por lo que su procedencia no deja de lado la carga de la parte de
sustentar el concepto de violación y de probar que los actos que acusa incurrieron
en las causales de nulidad que invoca, en la medida en que la actuación ante el juez
de lo contencioso administrativo no puede convertirse en una tercera instancia
disciplinaria.

56. En ese orden, en la sentencia apelada se concluyó que el señor Pertúz Bernal
no logró desvirtuar la presunción de legalidad de los actos que lo sancionaron. No
compartir esta decisión ni los argumentos que llevaron al juez de primera instancia
a negar las pretensiones no significa que la sentencia contenga una irregularidad;
por el contrario, es precisamente, lo que implica la interposición del recurso de
apelación.

57. Estas precisiones para destacar que el apelante confunde su carga
probatoria en el ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho con su actuación al interior del trámite disciplinario. En la sentencia se dijo
que su actividad probatoria fue escasa para desvirtuar la presunción de legalidad
de los actos que demandó, lo que en modo alguno puede interpretarse como la
inversión de la carga de la prueba.

58. Caso contrario sería que el mismo reproche se hubiese estructurado en el
procedimiento sancionatorio; pero, inclusive, en la segunda instancia disciplinaria
se acogieron algunos argumentos del investigado, tras advertir que en la decisión
de primera instancia se habían tenido como acreditados algunos supuestos fácticos,
sin que la autoridad hubiese desplegado su actividad probatoria.

59. Respecto del pliego de cargos, para la Sala los argumentos del Tribunal
según los cuales no es un acto demandable son jurídicamente acertados y, si bien,
como lo señala el apelante, su pretensión no fue demandarlo, sino mostrar que
desde allí se estructuraron los vicios alegados, lo cierto es que este acto fue objeto
de valoración en la perspectiva del control integral, sin que se encontrase ningún
elemento que repercutiera en la validez de los actos que definieron la situación del
señor Pertúz Bernal.

60. Dichas consideraciones son compartidas por esta Sala, en la medida en que
la demandada cumplió con los requisitos exigidos por la ley para formular el pliego
de cargos al demandante. Recuérdese que, en efecto, se trata de un acto de trámite,
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en el cual, de manera provisional, se realiza la calificación de los elementos
estructurales de la responsabilidad disciplinaria –tipicidad, antijuridicidad y
culpabilidad–, con fundamento en las pruebas que en las etapas previas (indagación
preliminar, cuando sea necesaria e investigación disciplinaria) se hubieren
recaudado.

61. La adecuada formulación de cargos permite al investigado conocer la falta
que se le endilga, la forma en que esta afectó el deber funcional y el título subjetivo
de la responsabilidad y, sobre estos aspectos estructurará su defensa, sin dejar de
lado que en las actuaciones de esta naturaleza la carga probatoria es de la autoridad
disciplinaria27.

62. Con este panorama, es claro que, para el 21 de julio de 2014 la demandada
contaba con elementos de juicio para determinar de forma provisional que el señor
Pertúz Bernal habría incurrido en un comportamiento sancionable:

• De contenido del acta de la audiencia de conciliación celebrada el 15 de febrero
de 201228, que tuvo como convocante al señor José Hernán Ríos y otros y como
convocada a la Nación-Rama Judicial-Consejo Superior de la Judicatura, se
extrajo que la apoderada de la entidad manifestó «(…) a la fecha no he recibido
el concepto del Comité de Conciliación y Defensa de la Rama Judicial», ante lo
cual el Procurador 52 Judicial II compulsó copias a la Procuraduría Regional de
Arauca, por el posible incumplimiento de lo dispuesto por el artículo 18 del
Decreto 1716 de 200929.

• Al cabo de la indagación preliminar, se encontró que el Comité de Defensa
Judicial y Conciliación de la Rama Judicial sesionó en dos ocasiones en febrero
de 2012 (el 2 y el 9); que no se puso en su consideración la solicitud formulada
por el señor José Hernán Ríos y que mediante oficio DESAJC13-385 del 14 de
febrero de 2013 el señor Nicole Fernando Pertúz Bernal, profesional universitario
de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cúcuta-Norte de
Santander, informó que la referida solicitud se radicó en la oficina de apoyo
judicial de Arauca el 26 de enero de 2012, pero que no se contaba con fecha de
recibo en su dependencia, ni con fecha de realización de la audiencia30.

• Concluida la etapa de investigación disciplinaria, se encontró que dentro de las
funciones que desempeñaba el señor Pertúz Bernal se encontraban las de «9.
Realizar las convocatorias a las sesiones del Comité. [/] 10. Hacer la entrega de

27 Ley 734 de 2002. «Artículo 128. Necesidad y carga de la prueba. Toda decisión interlocutoria y el fallo

disciplinario deben fundarse en pruebas legalmente producidas y aportadas al proceso por petición de cualquier
sujeto procesal o en forma oficiosa. La carga de la prueba corresponde al Estado».
28 Visible en las páginas 16 a 18 del archivo «001. Demanda 2017-00189» y 4-5 del archivo «009. Antecedentes

Adtvos 2017-00189».
29 Decreto 1716 de 2009 (compilado en el Decreto 1069 de 2015). «Artículo 18. Sesiones y votación. El Comité

de Conciliación se reunirá no menos de dos veces al mes, y cuando las circunstancias lo exijan. [/]
Presentada la petición de conciliación ante la entidad, el Comité de Conciliación cuenta con quince (15) días a
partir de su recibo para tomar la correspondiente decisión, la cual comunicará en el curso de la audiencia de
conciliación, aportando copia auténtica de la respectiva acta o certificación en la que consten sus fundamentos.
[/]
El Comité podrá sesionar con un mínimo de tres de sus miembros permanentes y adoptará las decisiones por
mayoría simple».
30 Véanse páginas 32 a 35 del archivo «001. Demanda 2017-00189» y páginas 19 a 23 del archivo «009.

Antecedentes Adtvos 2017-00189».

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las fichas a cada miembro del comité. [/] 11. Proyectar las fichas que serán
presentadas al Comité. [/] 12. Proyectar las certificaciones con desino a los
procuradores o autoridades jurisdiccionales, en las cuales conste la decisión del
Comité en cada caso (…)»31.

• Además, se encontró que según el Acuerdo PSAA09-6203 del 2 de septiembre
del 2009 a los profesionales universitarios de las direcciones seccionales de
administración judicial les correspondía «[p]romover y tramitar asuntos de
diferente índole por delegación de la autoridad competente» (artículo 11.5)32.

• También se acreditó que mediante oficio 0047 del 26 de enero de 2012 se remitió
al señor Nicole Pertúz, entre varias solicitudes, la radicada por José Hernán Ríos
Suárez33.

63. De manera que se contaba con elementos de prueba para satisfacer las
exigencias del artículo 162 de la Ley 734 de 2002, según el cual «[e]l funcionario de
conocimiento formulará pliego de cargos cuando esté objetivamente demostrada la
falta y exista prueba que comprometa la responsabilidad del investigado», en la
medida en que, hasta ese punto de la actuación, era claro (i) que un servidor habría
omitido el cumplimiento de una función y (ii) que, al parecer, se trataba del señor
Nicole Fernando Pertúz Bernal.

64. En el pliego de cargos se adecuó el comportamiento a una falta disciplinaria
grave, por desconocimiento de los deberes previstos en los numerales 1 y 10 del
artículo 34 y por incurrir en la prohibición del numeral 7 del artículo 35 de la Ley 734
de 200234. Adicionalmente, se ajustó la conducta al desconocimiento de la función
prevista en el artículo 11.5 del Acuerdo PSAA09-6203 del 2 de septiembre del 2009,
previamente citado.

65. Llegados a este punto, cabe recordar que el juicio de tipicidad, primer
elemento de la responsabilidad disciplinaria, exige que la conducta que se reprocha
a un servidor público esté prevista en el ordenamiento como una falta disciplinaria,
bien sea de aquellas que de manera taxativa señala el artículo 48 de la Ley 734 de
2002, o que se trate de las que, bajo la categoría de los tipos abiertos o en blanco,
se deban complementar por remisión a otras disposiciones legales o
reglamentarias.

31 Véanse páginas 52 a 56 del archivo «001. Demanda 2017-00189» y páginas 40 a 44 del archivo «009.

Antecedentes Adtvos 2017-00189».
32 Véanse páginas 58 a 70 del archivo «001. Demanda 2017-00189» y 46 a 64 del archivo «009. Antecedentes

Adtvos 2017-00189».
33 Véanse páginas 72-73 del archivo «001. Demanda 2017-00189» y 66-67 del archivo «009. Antecedentes

Adtvos 2017-00189».
34 Ley 734 de 2002. «Artículo 34. Deberes. Son deberes de todo servidor público. [/]

1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los tratados de Derecho
Internacional Humanitario, los demás ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los
acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de funciones, las
decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas, los contratos de trabajo y las órdenes
superiores emitidas por funcionario competente. [/]
(…)
10. Realizar personalmente las tareas que le sean confiadas, responder por el ejercicio de la autoridad que se
le delegue, así como por la ejecución de las órdenes que imparta, sin que en las situaciones anteriores quede
exento de la responsabilidad que le incumbe por la correspondiente a sus subordinados».
«Artículo 35. Prohibiciones. A todo servidor público le está prohibido: (…) [/]
7. Omitir, negar, retardar o entrabar el despacho de los asuntos a su cargo o la prestación del servicio a que
está obligado. (…)».

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66. La sanción impuesta al demandante se originó en la omisión en su función
de remitir al comité de conciliación de la Rama Judicial la solicitud formulada por el
señor José Hernán Ríos, junto con la respectiva ficha para su estudio. Esto
representó un comportamiento reprochable porque incumplió un deber, desatendió
una tarea que le fue confiada (artículo 34, numerales 1 y 10), omitió la ejecución de
una actividad a su cargo (artículo 34 numeral 7) y no tramitó un asunto delegado
por autoridad competente (artículo 11.5 del Acuerdo PSAA09-6203 del 2 de
septiembre del 2009).

67. En la actuación quedó claro que el trámite de las solicitudes de conciliación
extrajudicial estaba a cargo del demandante, no solo en virtud de la certificación del
5 de diciembre de 2013, expedida por la coordinadora del área de Talento Humano
de la Administración Judicial de Cúcuta35; sino a partir de las manifestaciones que
el entonces investigado vertió en sus intervenciones, en las que no discutió que esta
fuera una tarea suya36.

68. También quedó acreditado que el demandante recibió la solicitud de
conciliación el 2 de febrero de 2012, pues, además de manifestarlo en ese sentido
en su escrito de descargos37, en el oficio DESAJC13-385 del 14 de febrero de 2013,
junto con la información relacionada con el señor Ríos Suárez, se relacionó el
trámite conciliatorio de la señora Luz Perly Córdoba Mosquera, la que, según en
oficio 0047 del 26 de enero de 2012, fue remitida por parte de la oficina de apoyo
judicial de Arauca38.

69. En ese orden, resulta claro para la Sala que el demandante, entonces
investigado, era consciente de que la tarea omitida estaba asignada a su cargo y,
si bien lo ideal es que esta se encontrara de manera específica en un manual de
funciones, no es menos cierto que si su asignación no contravenía la Constitución
ni la ley era su obligación era atenderla, como lo hacía con las solicitudes de este
tipo a las que les impartía el trámite correspondiente.

70. Significa lo analizado hasta este punto que la demandada satisfizo la
exigencia de tipicidad y, en esa medida, no se advierte ningún vicio en cuanto a este
componente en los actos demandados.

71. La antijuridicidad, segundo elemento de la responsabilidad, supone que,
para que un comportamiento sea sustancialmente ilícito, se deben concretar dos

35 Véanse páginas 52 a 56 del archivo «001. Demanda 2017-00189» y páginas 40 a 44 del archivo «009.

Antecedentes Adtvos 2017-00189».
36 «Que posterior a esto y tal y como era una de mis funciones al ser el UNICO abogado encargado de la

defensa jurídica de la entidad en Norte de Santander y Arauca, tenía que elaborar la ficha de conciliación de la
solicitud que debía ser enviada a la ciudad de BOGOTÁ, en la cual para el momento era donde funcionaba el
comité de conciliación» (véase página 84 del archivo «001. Demanda 2017-00189» y página 81 del archivo
«009. Antecedentes Adtvos 2017-00189»).
37 «a. La solicitud de conciliación fue recibida en la oficina judicial de Arauca el 26 de junio de 2012, fecha en la

cual se envió a la oficina de Asistencia Legal de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cúcuta;
tal envío fue recibido el dos (02) de febrero de 2012, en la oficina en mención» (véanse página 83-84 del archivo
«001. Demanda 2017-00189» y páginas 80-81 del archivo «009. Antecedentes Adtvos 2017-00189».
38 Véanse páginas 32 a 35 del archivo «001. Demanda 2017-00189» y páginas 19 a 23 del archivo «009.

Antecedentes Adtvos 2017-00189»: «Por medio de la presente, me permito hacerle llegar las Conciliaciones
Extrajudiciales que le relaciono a continuación: [/] LUZ PERLY CORDOBA MOSQUERA Y OTROS [/] Original
Citación Procuraduría 52 Judicial II Administrativa (…) [/] JOSE HERNAN RIOS SUAREZ [/] Un (1) cuaderno de
solicitud de conciliación con 1138 folios».

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elementos: un deber funcional afectado y la ausencia de una justificación. A su vez,
la jurisprudencia de esta Corporación ha destacado que el deber funcional se
compone de tres aspectos: (i) las funciones propias del cargo, (ii) la obligación de
actuar acorde con la Constitución y la ley; y (iii) la garantía de una adecuada
representación del Estado, por lo cual la infracción que demanda la normativa
disciplinaria solo tiene lugar cuando se ejecuta un comportamiento capaz de
menoscabar cualquiera de esas dimensiones39, sumado a que no se cuente con
una justificación para ello.

72. En los actos que sancionaron al señor Pertúz Bernal quedó claro que la
ilicitud sustancial se derivó de la afectación al funcionamiento de la entidad, en
especial, de su comité de conciliación, órgano que no tuvo la posibilidad de estudiar
a tiempo la solicitud formulada por el señor Ríos Suárez, como quedó acreditado en
la diligencia celebrada ante la Procuraduría 52.

73. El demandante no contaba con ninguna justificación para la omisión de la
tarea encomendada, pues, pese a que en su defensa insistió en que recibió la
solicitud cuando faltaba poco tiempo para la diligencia y que debía enviar la ficha a
Bogotá, lo cierto es que esta se estudió de manera extemporánea en un comité
seccional y, en ese sentido, como lo advirtieron la demandada y el Tribunal, no son
de recibo las explicaciones del señor Pertúz Bernal.

74. Con todo, se tratara del comité de conciliación con sede en Bogotá o del
seccional del que se derivó el Acta 001 del 25 de abril de 201240, lo cierto es que la
función omitida no consistió en hacer sesionar al comité, ni en expedir la certificación
de no conciliación, ni en agendar la reunión para discutir la solicitud. La conducta
no hubiese resultado reprochable de haberse encontrado que el demandante
remitió la solicitud de conciliación, junto con la ficha para su estudio, al comité de
conciliación nacional o seccional.

75. En el juicio culpabilidad, tercer elemento de la responsabilidad, exige la
convergencia de dos componentes, el cognoscitivo y el volitivo. El primero se refiere
al conocimiento que el servidor público tiene acerca de cumplir adecuadamente sus
funciones y de aquellas actuaciones que le están proscritas; el segundo examina el
direccionamiento de sus actuaciones. De esa manera, la falta será dolosa si el
investigado dirigió su comportamiento a la materialización de la conducta
reprochada y será culposa si se desatendió el deber objetivo de cuidado, esto es,
que, estando un servidor público en posibilidad de conocer los deberes y

39 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 31 de enero de 2018. Exp. 11001-03-25-

000-2012-00679-00 (2360-2012). C.P. César Palomino Cortés. En similar sentido: Consejo de Estado. Sección
Segunda. Subsección A. Sentencia del 12 de mayo de 2014. Exp. 11001-03-25-000-2011-00268-00 (0947-
2011). C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.
La Corte Constitucional, en la Sentencia C-452 de 2016 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva), proferida a propósito
de la falta disciplinara prevista en el artículo 35.3 del régimen especial de la Policía Nacional, se refirió al
concepto de «antijuridicidad» como presupuesto para imputar responsabilidad disciplinaria, en los siguientes
términos: «12. Bajo esta misma línea argumentativa, la sentencia en comento aclara que la antijuridicidad del
ilícito disciplinario se concentra en la mencionada infracción del deber funcional. En otras palabras, solo podrá
adscribirse responsabilidad disciplinaria al servidor público cuando se demuestre, de manera fehaciente, que la
acción u omisión afectó el ejercicio de las funciones asignadas por la Constitución y la ley. De allí que se
concluya, de manera general, que las faltas disciplinarias no tengan víctimas, consideradas como sujetos
particulares y concretos, en tanto la antijuridicidad en el derecho disciplinario no se predica de bienes jurídicos
de los cuales estos sean titulares, sino de la actividad estatal afectada por la falta respectiva».
40 Véanse páginas 98 a 107 del archivo 001. Demanda 2017-00189» y páginas 94 a 103 del archivo «009.

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prohibiciones propios de su cargo o función, actuó de manera negligente y, en
consecuencia, se configuró la conducta disciplinable41.

76. La demandada señaló que el señor Pertúz Bernal actuó a título de culpa
gravísima, por desatención elemental, tras advertir que su formación profesional le
permitía conocer la normativa en materia de conciliación extrajudicial y las
consecuencias de no rendir el concepto por parte del comité de conciliación de la
entidad, pues al no remitir al comité la solicitud, este no podría estudiarla y la
diligencia se declararía fallida.

77. Para la Sala no son de recibo los reproches del apelante, quien manifiesta
que algo se debió decir respecto de la actuación de la apoderada de la Rama
Judicial, pues cabe recordar que la responsabilidad disciplinaria es personal,
sumado a lo cual, como se dijo de manera previa, la actividad del demandante se
agotaba con (i) elaborar la ficha y (ii) remitirla junto con la solicitud para el estudio
del comité. Lo que de allí se derivara sería responsabilidad de quienes debieran
emitir el concepto y de quien representaba los intereses de la entidad en el trámite
extrajudicial.

78. En ese orden, la autoridad disciplinaria contó con los medios de convicción
suficientes y pertinentes para sancionar al demandante, lo que significa que no
asiste razón al apelante cuando afirma que el correctivo impuesto se fundamentó
en simples afirmaciones carentes de soporte probatorio y, si bien el recaudo de
medios de convicción pudo ser más riguroso, como quedó anotado en la decisión
disciplinaria de segunda instancia, lo cierto es que los valorados lograban satisfacer
el estándar de certeza más allá de toda duda razonable, respecto de la omisión
injustificada en que incurrió el señor Pertúz Bernal.

79. Por lo demás, el apelante incurre en contradicciones, mismas que se
advirtieron por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, pues en ocasiones
manifiesta que no conoció la solicitud de conciliación, en otras trata de explicar por
qué no se le dio trámite, como por ejemplo en el oficio del 14 de febrero de 2013, y
en algunas más señala que su gestión fue oportuna. No obstante, lo acreditado en
la actuación, y ratificado en sede judicial, es que el 15 de febrero de 2012 la
apoderada de la Rama Judicial se presentó a la diligencia de conciliación
extrajudicial sin concepto del comité de la entidad.

80. Esto ocurrió porque, el señor Pertúz Bernal, encargado de remitir la solicitud
de conciliación junto con su ficha al comité, no lo hizo, pese a que la recibió el 2 de
febrero de 2012, proveniente de la oficina de apoyo judicial de Arauca y, aunque
intentó justificarse en que tenía poco tiempo para remitir los documentos a Bogotá,
tal como se observa en el referido oficio del 2013, el asunto se estudió de manera
extemporánea, el 25 de abril de 2012, en una sesión del comité seccional de
conciliación de Cúcuta.

81. En este punto no resultan relevantes las consideraciones en torno al uso de

41 Sobre el análisis del dolo y la culpa disciplinarias, cfr. Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A.

Sentencia del 24 de enero de 2019. Radicado 11001-03-25-000-2012-00340-00 (1338-2012). Consejero
Ponente: William Hernández Gómez.

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medios tecnológicos porque en todo caso, parte de la justificación que el
demandante expuso para no cumplir con su deber, se fundamentó en la necesidad
de remitir la solicitud de conciliación a la ciudad de Bogotá, aspecto que quedó
desvirtuado tras acreditar, como en efecto ocurrió, que esta se podía estudiar en el
comité seccional de Cúcuta.

82. Finalmente, la Sala no se pronunciará respecto del punto relacionado con
los perjuicios ocasionados con la sanción, en la medida en que los aspectos
reprochados por el apelante no fueron objeto de pronunciamiento por parte del
Tribunal Administrativo de Norte de Santander.

83. En virtud de lo expuesto, se concluye que en la actuación adelantada en
contra del señor Pertúz Bernal no se desconoció el debido proceso, sumado a que
los actos demandados no se expidieron con falsa motivación, por lo cual lo
procedente es confirmar la decisión apelada.

De la condena en costas

84. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior,
de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de
ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que
gobierna esta materia.

85. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente
de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público;
creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha
imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos,
como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo
dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el
proceso.

86. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

87. En consecuencia, se impondrán costas a la parte demandante, por cuanto se
niegan las pretensiones del recurso de apelación. Para el efecto, de conformidad
con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado
ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría
del Tribunal Administrativo de Norte de Santander.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por la autoridad de la ley,

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FALLA

Primero. CONFIRMAR la sentencia del veintitrés (23) de julio de dos mil veinte
(2020), proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, por medio
de la cual se negaron las pretensiones.

Segundo. CONDENAR en costas a la parte demandante. Para el efecto, de
conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por
el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por
la secretaría del Tribunal Administrativo de Norte de Santander.

Tercero. Devolver el expediente al Tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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