RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 54001-23-33-000-2017-00238-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 54001-23-33-000-2017-00238-01

Fecha
21 de agosto de 2024
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 54001-23-33-000-2017-00238-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. DECLARAR fundado el impedimento que manifestó el Consejero de Estado Rafael Francisco Suarez Vargas, por lo expuesto en la parte motiva. SEGUNDO. CONFIRMAR la sentencia de fecha 16 de septiembre de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, a través de la cual negó las pretensiones de la demanda promovida por el señor Roberto Serrano Peñaranda y otros en contra de la Procuraduría General de la Nación, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. TERCERO. Sin condena en costas en esta instancia conforme a lo expuesto en esta providencia. www.consejodeestado.gov.co 21 Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 54 001 23 33 000 2017 00238 01 (3671-2022) Demandante: Roberto Serrano Peñaranda y otros CUARTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 54001-23-33-000-2017-00238-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

21 de agosto de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 54 001 23 33 000 2017 00238 01 (3671-2022)
Demandante: Roberto Serrano Peñaranda y otros
Demandado: Procuraduría General de la Nación
Vinculado: Jorge Augusto Caputo Rodríguez
Tema: Procurador judicial en provisionalidad. Retiro del servicio por
provisión del cargo en carrera administrativa. Competencia
del Procurador General de la Nación para realizar el
concurso de méritos.

Decisión: Confirma sentencia de primera instancia.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto
por el apoderado de la parte demandante contra la sentencia de fecha 16 de
septiembre de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander, que negó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1 Pretensiones de la demanda.

A través del medio de control de la referencia, la parte demandante exigió lo
siguiente:

• Inaplicar la Resolución 040 del 20 de enero de 2015, por medio de la cual el
Procurador General de la Nación convocó el concurso de méritos para proveer
en propiedad los cargos de procuradores judiciales I y II.

• Inaplicar la Resolución 357 de 2016, a través de la cual se conformó la lista de
elegibles para lo provisión de los cargos de Procuradores Judiciales II para
Asuntos Penales, así como el de todas las decisiones de carácter general
proferidas en el marco del citado concurso.

• Anular el Decreto 3841 de 8 de agosto de 2016, a través del cual el Procurador
General de la Nación nombró en periodo de prueba al doctor Jorge Augusto
Caputo Rodríguez y consecuentemente ordenó la desvinculación del servicio de
la parte actora.

www.consejodeestado.gov.co 1
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 54 001 23 33 000 2017 00238 01 (3671-2022)
Demandante: Roberto Serrano Peñaranda y otros

• Ordenar a la entidad accionada que reintegre al accionante al cargo que venía
desempeñando, con el respectivo pago de los salarios y prestaciones sociales
dejados de percibir.

• Condenar a la demandada a reconocer y pagar los perjuicios morales causados
a los miembros de la parte activa.

• Indexar las sumas dimanadas de la condena en los términos previstos en el
artículo 187 del CPACA y condenar en costas y agencias en derecho a la entidad
pública enjuiciada.

1.2 Hechos que fundamentan la demanda.

Como hechos relevantes se destacan en la demanda los siguientes:

• El señor Roberto Serrano Peñaranda estuvo vinculado a la demandada en
calidad de Procurador 90 Judicial II para Asuntos Penales de Cúcuta.

• Mediante Resolución N° 747 de octubre 27 de 2014, la Secretaria General de
la Procuraduría General de la Nación ordenó la apertura de la licitación pública
N° 08 de 2014, la cual tenía por objeto «seleccionar al contratista que preste los
servicios de apoyo técnico, funcional y logístico en la convocatoria, reclutamiento,
diseño, construcción y aplicación de las pruebas escritas de conocimientos y de
competencias y la de análisis de antecedentes, hasta la determinación de las
personas que integran las listas de elegibles en el concurso abierto para el
ingreso de personal idóneo a la Procuraduría General de la Nación, en cargos de
Procurador Judicial I y II».

• Como resultado de tal convocatoria y para efectos de la elaboración de las
pruebas requeridas, la Procuraduría General de la Nación celebró contrato con
la Universidad de Pamplona.

• A través de la Resolución 040 del 20 de enero de 2015, la accionada dio
apertura a la convocatoria del proceso de selección para proveer 744 cargos de
procuradores judiciales I y II.

• El 20 de abril de 2015, se publicó el listado de admitidos y no admitidos al
referido concurso. Posteriormente, el 13 de septiembre de ese año, se realizaron
las pruebas escritas contentivas de dos componentes: i) prueba de conocimiento
de carácter eliminatorio «que se superaba con un puntaje superior a 75 puntos»
y; ii) prueba comportamental.

• Los resultados de la prueba de conocimiento fueron publicados el 7 de octubre
de esa misma anualidad y el 4 de noviembre siguiente se dieron a conocer los
resultados de la prueba comportamental de quienes superaron la primera
evaluación arriba descrita.

www.consejodeestado.gov.co 2
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 54 001 23 33 000 2017 00238 01 (3671-2022)
Demandante: Roberto Serrano Peñaranda y otros

• Entre la fecha de elaboración de las aludidas pruebas y la publicación de sus
resultados se presentaron muchas quejas en las que se alegaron, entre otras,
irregularidades relacionadas con falta de garantías, trampas y filtración de
respuestas de los exámenes.

• Con ocasión a ello, mediante Resolución 1440 de 18 de diciembre de 2015, la
demandada desestimó esas quejas.

• Posteriormente, el 24 de febrero de 2016, se publicaron los resultados de
análisis de antecedentes.

• El 8 de julio de 2016, la accionada publicó las listas de elegibles de cada una
de las convocatorias realizadas para la provisión de los cargos ofertados.

• Mediante el Decreto 3841 de 8 de agosto de 2016, la demandada nombró en
periodo de prueba al señor Jorge Augusto Caputo Rodríguez y,
consecuentemente, ordenó el retiro del servicio del actor, previa posesión del
designado.

• A la fecha de presentación de la demanda, la Resolución 040 del 20 de enero
de 2015, se encuentra demandada por nulidad ante el Consejo de Estado.

1.3 Fundamentos de derecho.

Se señalan como vulneradas las siguientes disposiciones:

• Artículos 4, 13, 113,125, 279 y 280 de la Constitución política.
• Artículos 194 y 203 del Decreto Ley 262 del 2000.
• Artículo 20 del Decreto Ley 263 del 2000.
• Artículos 4 y 7 del Decreto Ley 264 del 2000.
• Resolución 253 de 9 de agosto de 2012.
• Los lineamientos jurisprudenciales contenidos en la sentencia C-101 de 2013.

En el concepto de violación, el abogado de la parte actora expuso lo siguiente:

• Conforme lo dispuesto en el artículo 280 de la norma superior y las sentencias
C-233 y C-245 de 1995, los Agentes del Ministerio Público deben tener las
mismas calidades, categoría, remuneración, derechos y prestaciones de los
magistrados y jueces ante quienes ejercen funciones. Por tanto, con el propósito
de garantizar que los procuradores judiciales I y II posean las mismas calidades
que sus homólogos, el concurso que se debe emplear a una u otra entidad debe
ser el mismo, toda vez que la aplicación de un concurso con condiciones
generales distintas haría que esas calidades varíen y, además, la carrera
administrativa en condiciones de igualdad de estos funcionarios frente a los
jueces y magistrados se vería negativamente afectada.

www.consejodeestado.gov.co 3
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 54 001 23 33 000 2017 00238 01 (3671-2022)
Demandante: Roberto Serrano Peñaranda y otros

Así mismo, adveró que, aunque los procuradores judiciales tienen autonomía e
independencia absoluta en relación con los jueces y magistrados ante quienes
actúan, frente al Procurador General de la Nación sólo poseen autonomía e
independencia relativa, puesto que aquel es la suprema autoridad del Ministerio
Público y, por tanto, aquellos son subordinados suyos. No obstante, a partir de la
sentencia de constitucionalidad que los declaró como funcionarios de carrera
administrativa, los procuradores judiciales, al ser pares de los jueces y
magistrados, deben gozar de soberanía y libertad respecto de esos funcionarios
judiciales ante quienes actúan.

• A través de la Resolución N° 040 del 20 de enero de 2015, el Procurador
General de la Nación no podía regular los aspectos esenciales y definitorios del
concurso de méritos y, por ende, de la carrera administrativa de esos
funcionarios. Ello, en razón a que se requiere de una ley que garantice a los
aspirantes los mismos derechos y obligaciones de acceso a la carrera
administrativa que se demanda para los jueces y fiscales.

En consecuencia, adujo que ese acto administrativo está viciado de nulidad, toda
vez que al definir por la vía reglamentaria las políticas para elaborar y calificar las
pruebas que se aplicaron en el concurso de méritos, el jefe del Ministerio Público
sobrepasó sus funciones y facultades en la materia, invadiendo la órbita del
Congreso de la República.

• En el señalado concurso no se fijaron las equivalencias previstas en el artículo
20 del Decreto Ley 263 del 2000, para los empleos del nivel profesional al que
pertenecen los procuradores judiciales.

• La Resolución 040 del 20 de enero de 2015, vulneró el artículo 14 del Decreto
2772 de 2005 y el artículo 229 del Decreto 19 de 2012, por cuanto en esas
disposiciones se consagró que la experiencia profesional para el ejercicio de
cargos públicos es la que se obtiene con posterioridad a la terminación y
aprobación de las materias que conforman el pensum académico. No obstante,
en la citada resolución se indicó que el cumplimiento de ese requisito se validaría
a partir de la fecha de grado respectiva.

• La Resolución 040 del 20 de enero de 2015, contradice el artículo 6 de la Ley
527 de 1999, y el artículo 165 del Código General del Proceso, dado que tales
preceptos normativos estipulan la validez y eficacia probatoria de los mensajes
de datos y documentos electrónicos. En ese orden, no existe razón jurídica para
que la resolución en comento exija, so pretexto de acreditar la autenticidad de la
publicación que estas se aporten en ejemplares físicos, cuando las copias de los
mismos, en medio magnético, tienen igual valor jurídico y mérito persuasivo que
las originales.

• El Decreto N° 3841 de agosto 8 de 2016, proferido por el Procurador General
de la Nación, no fue notificado conforme lo disponen los artículos 66, 67, 68, 69
y 72 del CPACA. En consecuencia, fruto de esa irregularidad procesal, era
www.consejodeestado.gov.co 4
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 54 001 23 33 000 2017 00238 01 (3671-2022)
Demandante: Roberto Serrano Peñaranda y otros

imposible que el acto produjera los efectos legales a que estaba llamado y, de
contera, que fuera ejecutado por la administración

1.4 Contestación de la demanda.

1.4.1 Procuraduría General de la Nación

Dentro de la oportunidad de ley, la Procuraduría General de la Nación contestó la
demanda,1 oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones en ella contenidas.
Con tales fines, arguyó que el acto acusado fue proferido de conformidad con la
Constitución Política y la ley, atendiendo siempre la guarda y protección de los
derechos de los aspirantes a la convocatoria del proceso de selección para
proveer los cargos de carrera de Procuradores Judiciales.

Como argumentos de defensa esgrimió los siguientes:

• El proceso de selección convocado a través de la Resolución N° 040 de 2015,
devino del cumplimiento estricto de una orden judicial que no la sujetó a ninguna
condición o restricción que conllevara a que el Procurador General de la Nación
se abstuviera de ofertar todos los empleos de procuradores judiciales I y II. Por
tanto, proceder en la forma solicitada por el demandante, implica desconocer y
desobedecer una orden expresa de la Corte Constitucional «dictada en el marco
del control de constitucional y, por ende de obligatorio cumplimiento»; y en ese
sentido la Procuraduría General de la Nación no podía sustraerse de convocar la
totalidad de los cargos en mención.

• El régimen de carrera aplicable a los cargos de procuradores judiciales no es el
establecido para los funcionarios de la Rama Judicial, sino el previsto para los
servidores de la Procuraduría General de la Nación en el Decreto Ley 262 del
2000, pues así lo definió la Corte Constitucional en la sentencia C-101 de 2013.

• No le asiste razón a la parte demandante cuando afirmó que era necesario
tramitar una ley para establecer un sistema de carrera para los procuradores
judiciales conforme al estipulado en la Ley 270 de 1996, por cuanto este estatuto
sólo se aplica para los empleos de la Rama Judicial.

En ese contexto, la Resolución N° 040 de 2015 se rige por lo dispuesto en el
Decreto Ley 262 del 2000, que es la norma que sistematiza los concursos para el
ingreso a los empleos de carrera en la Procuraduría General de la Nación.

• El curso concurso establecido para los procesos de selección de funcionarios en
la Rama Judicial no está previsto en el Decreto Ley 262 del 2000, para la
escogencia por méritos que adelanta la Procuraduría General de la Nación, razón
por la cual carece de fundamento normativo establecer esta fase en el proceso
que ahora se cuestiona.

1 Expediente digital, índice 2 SAMAI.

www.consejodeestado.gov.co 5
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 54 001 23 33 000 2017 00238 01 (3671-2022)
Demandante: Roberto Serrano Peñaranda y otros

• El manual especifico de funciones y de competencias laborales contenido en la
Resolución 413 de 2014, expresamente prevé que las equivalencias establecidas
en el artículo 20 del Decreto Ley 263 del 2000, no aplican para el cargo de
procurador judicial. Luego entonces, nada obligaba al Procurador General de la
Nación a incluir dichas equivalencias dentro de las reglas del concurso de méritos
convocado para proveer esos empleos.

• La Resolución N° 040 de 2015 goza de la presunción de legalidad prevista en el
artículo 88 del CPACA, puesto que no ha sido declarada nula por la jurisdicción
de lo contencioso administrativo ni se encuentra suspendida en virtud de una
medida cautelar.

• La causal de nulidad por indebida notificación no está a llamada a prosperar, por
cuanto esta únicamente es consecuencia del incumplimiento de los requisitos de
validez del acto administrativo, los cuales son: competencia, respeto de las
normas superiores, falsa motivación, entre otros.

La entidad demandada actúo en debida forma al comunicar al demandante la
desvinculación del cargo que ocupaba en provisionalidad.

1.4.2 Vinculado: Jorge Augusto Caputo Rodríguez.

No contestó la demanda.

1.5 Sentencia de primera instancia.

Mediante sentencia adiada 16 de septiembre de 2021,2 el Tribunal Administrativo
de Norte de Santander negó las súplicas de la demanda y se abstuvo de
condenar en costas y agencias en derecho a la parte demandante.

Con tales propósitos, el a quo, luego de referenciar: i) la sentencia C-101 de
2013, a través de la cual se declaró inexequible la expresión «Procurador
Judicial» contenida en el numeral 2 del artículo 182 del Decreto Ley 262 de 2000
«así como el auto 255 de 6 de noviembre de 2013, que resolvió la solicitud de
nulidad de aquella providencia»; ii) la sentencia de fecha 30 de julio de 2021,
proferida por la Sección Segunda de esta Corporación, por medio de la cual se
negó la pretensión de nulidad de la Resolución N° 040 de 2015 y; iii) las pruebas
recopiladas durante el trámite procesal, concluyo que:

• Es improcedente la solicitud de inaplicación de la Resolución N° 040 de 2015,
pues frente a ella operó el fenómeno de cosa juzgada, dado que en sentencia de
30 de julio de 2021, la Sección Segunda del Consejo de Estado la declaró
ajustada a la ley.

2 Expediente digital, índice 2 SAMAI.

www.consejodeestado.gov.co 6
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 54 001 23 33 000 2017 00238 01 (3671-2022)
Demandante: Roberto Serrano Peñaranda y otros

• Frente a la pretensión de inaplicación de la lista de elegibles contenida en la
Resolución 357 de 2016, también se aplica la tesis anterior, en razón a que todos
los argumentos de nulidad planteados en su contra guardaron relación con la
ilegalidad del acto administrativo de convocatoria, el cual, como quedó anotado,
fue declarado acorde con el ordenamiento jurídico.

• El actor no logró desvirtuar la presunción de legalidad del Decreto 3841 de 8 de
agosto de 2016 «que nombró en periodo de prueba al doctor Jorge Augusto
Rodríguez Caputo y ordenó la desvinculación del servicio del demandante», pues
seis de los siete cargos de nulidad invocados en su contra estaban ligados a la
ilegalidad denunciada frente al acto administrativo de convocatoria a concurso de
méritos «Resolución 040 de 2015». Por tanto, esas mismas censuras fueron
analizadas y despachadas desfavorablemente en la sentencia de 30 de julio de
2021, arriba referenciada y, en tal sentido, operó también el fenómeno de cosa
juzgada.

• La ausencia de notificación personal al actor de este último decreto no se erige
en una causal que conlleve a su anulación, por cuanto no riñe con los requisitos
que determinan su existencia y validez, sino con los que determinan su eficacia.
Consecuentemente, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 72 de la Ley 1437
de 2011, solo es posible tener por no realizada una notificación cuando se
incumplan los requisitos legales previstos para su desarrollo, salvo que el
interesado manifieste conocer la decisión, la consienta o presente en su contra
los recursos de ley.

En tal contexto, el a quo concluyó que la ausencia de aquella notificación no tornó
ineficaz el Decreto 3841 de 2016, pues el demandante conoció su existencia y
presentó el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que
originó este proceso, con lo cual es dable concluir que en este asunto se produjo
la notificación por conducta concluyente.

1.6 Recurso de apelación.

Inconforme con esa decisión, el apoderado de la parte demandante la recurrió en
apelación.3 En su intervención, censuró que el tribunal de primera instancia
hubiere negado las pretensiones de la demanda, pues a su juicio:

• La demandada no tenía facultades para mutar la naturaleza de las funciones de
algunos cargos que fueron creados por el presidente de la República en
cumplimiento de unas facultades extraordinarias. En tal sentido, arguyó que
dentro de las convocatorias se ofertaron empleos de la planta global de la entidad
sin atender las funciones especiales que a algunos de ellos competía «como el
cargo del demandante».

En ese escenario, afirmó que dentro de las convocatorias se incluyeron todos los

3 Expediente digital, índice 2 SAMAI.

www.consejodeestado.gov.co 7
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 54 001 23 33 000 2017 00238 01 (3671-2022)
Demandante: Roberto Serrano Peñaranda y otros

cargos de la planta global de la Procuraduría General de la Nación,
desconociendo la especificidad de las funciones de algunos cargos, entre ellos,
el ejercido por el actor.

• De conformidad con los artículos 125 y 279 de la Constitución Política, la
potestad para definir el régimen de carrera en la Procuraduría General de la
Nación está reservada al legislador. Es el Congreso de la República quien tiene
la competencia para dictar las leyes que regulan todos los aspectos esenciales y
básicos de la organización y la conformación de los poderes públicos.

• Por tanto, a través de la Resolución 040 de 2015, el Procurador General de la
Nación no podía regular aspectos esenciales y definitorios del concurso de
méritos y de la carrera administrativa de los procuradores judiciales, debido a que
se requerían las mismas exigencias previstas para los jueces de la república.

• La entidad demandada, obedeciendo la orden judicial dada por la Corte
Constitucional, desconoció los parámetros y reglas establecidas en las leyes 270
de 1996 y 938 de 2004, que regulan el acceso a los cargos de carrera propios de
la Rama Judicial y de la Fiscalía General de la Nación.

• La decisión apelada no expuso los argumentos con relación al cómputo de la
experiencia profesional: el tribunal de primer nivel no se pronunció frente al cargo
de nulidad a través del cual se censuró el cómputo de la experiencia profesional
a partir de la obtención del respectivo título, requisito que afectó gravemente a
todos los participantes del concurso de méritos, pues limitó irrazonablemente el
núcleo esencial del derecho fundamental de acceder a los cargos públicos.

• La Resolución 040 del 20 de enero de 2015, contradice el artículo 6 de la Ley
527 de 1999, y el artículo 165 del Código General del Proceso, dado que tales
preceptos normativos estipulan la validez y eficacia probatoria de los mensajes
de datos y documentos electrónicos.

En ese orden, no existe razón jurídica para que la resolución en comento exija,
so pretexto de acreditar la autenticidad de la publicación que estas se aporten en
ejemplares físicos, cuando las copias de los mismos, en medio magnético, tienen
igual valor jurídico y mérito persuasivo que las originales

• El acto administrativo demandado no podía hacerse efectivo ni producir efectos
jurídicos, por cuanto no fue notificado personalmente. No obstante, a la fecha de
presentación del escrito de apelación el demandante se encuentra por fuera de
la entidad demandada. En ese sentido, el acto acusado es inoponible puesto que
contraviene los artículos 66, 67, 68, 69 y 72 del CPACA.

1.7 Trámite correspondiente a la segunda instancia.

1.7.1 La admisión del recurso.

www.consejodeestado.gov.co 8
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 54 001 23 33 000 2017 00238 01 (3671-2022)
Demandante: Roberto Serrano Peñaranda y otros

Mediante auto de fecha 20 de febrero de 2023,4 se admitió el recurso de
apelación.

1.7.2 Concepto agente del Ministerio Público5

La señora Procuradora Segunda delegada ante esta Corporación rindió concepto
en el que afirmó que el acto administrativo cuestionado fue expedido conforme a
derecho, pues el jefe del Ministerio Público contaba con la facultad legal y
constitucional para ello. Así mismo, manifestó que no se requería la emisión de
una ley para convocar a concurso público de méritos al interior de la entidad
accionada y que la notificación efectuada de la decisión enjuiciada se ajustó a la
ley.

Adicionalmente, señaló que la demandada si podía retirar del servicio al actor,
por cuanto estaba obligada a cumplir las reglas del concurso de méritos
convocado con ocasión de la sentencia C-101 de 2013. En línea con ello, adujo
que la convocatoria general al proceso de selección devino de la citada
providencia, sentencia en la que no se excluyeron los cargos de procuradores
judiciales para asuntos Penales, pues estos ya se encontraban creados e
incorporados en la planta de personal permanente del órgano de control.

Expuso asimismo que, frente a la supuesta indebida notificación del acto
administrativo de retiro, el reparo de la parte demandante no radica directamente
en su ilegalidad, sino en la irregularidad del medio de notificación, es decir, que
no se puede confundir y dar por hecho que en el evento de considerarse mal
hecha la notificación se traduzca automáticamente en irregularidad en la
expedición del acto principal.

Pues bien, tramitado en forma legal el proceso y al no observarse ninguna causal
de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se procederá a resolver la alzada,
previas las siguientes:

II. CONSIDERACIONES

2.1 Competencia.

De conformidad con lo establecido en el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,6 esta Sala de Subsección del
Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación
presentado.

4 Índice 4 SAMAI.
5 Índice 10 SAMAI.
6 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las

apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».

www.consejodeestado.gov.co 9
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 54 001 23 33 000 2017 00238 01 (3671-2022)
Demandante: Roberto Serrano Peñaranda y otros

2.2 Cuestión previa.

El doctor Rafael Francisco Suárez Vargas, integrante de esta Sala de Decisión,
manifestó estar impedido para intervenir en el debate y decisión de este asunto,
en razón a que lo unen lazos de íntima amistad con el emisor de la decisión de
retiro del servicio que aquí fue demandada, lo que, a su juicio, compromete su
imparcialidad y objetividad para resolver el caso de marras -artículo 141 # 9 del
CGP-.

En ese sentido, esta Subsección, luego de valorar esa manifestación, acepta el
impedimento presentado y, en consecuencia, separa al peticionario del
conocimiento de este asunto. Así mismo, y en atención a que con esta resolución
no se afecta el quorum decisorio, no se realizará la recomposición de la Sala.

2.3 Marco de análisis de la segunda instancia.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del
Proceso,7 la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a los
argumentos expuestos por el apelante. No obstante, en caso de que ambas
partes hayan apelado toda la sentencia, el superior resolverá sin limitaciones.

En el caso concreto es necesario pronunciarse respecto de los argumentos
expuestos por el apoderado de la parte demandante, en su condición de apelante
único.

2.4 Problemas jurídicos.

De conformidad con los argumentos planteados por el apelante, le corresponde
a la Sala establecer lo siguiente:

I) ¿El cargo ejercido por el demandante fue creado por el presidente de la
República con carácter especial y, de contera, la Procuraduría General de la
Nación mutó sus funciones para poder ofertarlo como vacante en el concurso de
méritos?

II) ¿El Procurador General de la Nación era competente para regular los aspectos
esenciales y definitorios del concurso de méritos para la provisión definitiva de
los cargos de procuradores judiciales?

iii) ¿Las reglas de la carrera administrativa y del proceso de selección para la
provisión definitiva de los empleos de procurador judicial deben ser similares a
las exigidas para los jueces y magistrados ante quienes ellos intervienen?

7 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley […]».

www.consejodeestado.gov.co 10
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 54 001 23 33 000 2017 00238 01 (3671-2022)
Demandante: Roberto Serrano Peñaranda y otros

iv) ¿El tribunal de primer grado guardó silencio frente al cargo de nulidad
planteado en torno a la orden de cómputo de la experiencia profesional a partir
de la obtención del título profesional en el marco del citado proceso de selección?

v) ¿La Resolución 040 del 20 de enero de 2015, se opone al artículo 6 de la Ley
527 de 1999, y el artículo 165 del Código General del Proceso, al exigir que las
publicaciones académicas de los concursantes se aportaran en medios físicos e
impidiendo su incorporación en instrumentos magnéticos?

vi) ¿La falta de notificación personal a la parte actora del Decreto 3841 de 8 de
agosto de 2016, torna ineficaz el retiro del servicio allí ordenado?

En el camino de resolución de estos interrogantes, la Subsección abordará los
siguientes aspectos:

• La sentencia C-101 de 2013 y sus efectos frente al sistema de carrera de los
procuradores judiciales y las potestades del Procurador General de la Nación
para convocar y reglamentar los concursos de méritos de esa institución.

• La sentencia de 30 de julio de 2021 proferida por la Sección Segunda de esta
Corporación dentro del medio de control de nulidad de la Resolución 040 de 20
de enero de 2015 «convocatoria general al concurso de méritos para proveer los
empleos de procuradores judiciales».

• El deber de notificación de los actos administrativos de contenido particular y
concreto.

2.4.1 La sentencia C-101 de 2013 y sus efectos frente al sistema de carrera
de los procuradores judiciales y a las potestades del Procurador General
de la Nación para convocar y reglamentar los concursos de méritos de esa
institución.

Es sabido que mediante la sentencia C-101 de 28 de febrero de 2013, la Corte
Constitucional, al estudiar la demanda de inexequibilidad presentada en contra
de la expresión «Procurador Judicial» contenida en el numeral 2.° del artículo 182
del Decreto Ley 262 de 2000, dispuso:

«RESUELVE:

Primero.- Declarar la INEXEQUIBILIDAD de la expresión “Procurador Judicial”
del numeral 2), del artículo 182, del Decreto Ley 262 de 2000, por la vulneración
del artículo 280 de la Constitución Política.

Segundo.- ORDENAR a la Procuraduría General de la Nación que en un término
máximo de seis meses, contados a partir de la notificación de este fallo, convoque
a un concurso público para la provisión en propiedad de los cargos de Procurador
Judicial, que deberá culminar a más tardar en un año desde la notificación de
esta sentencia».

www.consejodeestado.gov.co 11
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 54 001 23 33 000 2017 00238 01 (3671-2022)
Demandante: Roberto Serrano Peñaranda y otros

Para arribar a esa decisión, y en aras de responder el problema jurídico de «¿La
inclusión del cargo de “Procurador Judicial “entre los empleos de libre
nombramiento y remoción de la Procuraduría General de la Nación -y de contera,
su exclusión del régimen de carrera-, vulnera el artículo 280 de la Constitución
que ordena la equiparación de sus derechos con los de las autoridades judiciales
ante quienes actúan, entre ellos, el de no ser de libre nombramiento y remoción
y pertenecer a una carrera?» consideró que:

«5.4.3. El artículo 280 constitucional regula situaciones jurídicas de dos tipos de
servidores públicos: los agentes del ministerio público que ejercen su cargo ante
la rama judicial; y los magistrados y jueces ante quienes ellos actúan. Entre los
factores equiparables de unos y otros, se encuentran los “derechos”, al lado de
“categoría y calidades” como de “remuneración y prestaciones”. Ello indica que
la acepción “derechos” adquiere un contenido específico que la diferencia de
otros derechos asociados régimen salarial y prestacional de los procuradores
judiciales. Entre “derechos” objeto de homologación, que no tienen por objeto ni
la remuneración ni las prestaciones, se encuentra el de pertenencia a un régimen
de carrera, que entraña para sus titulares garantías de estabilidad laboral, de
acceso a los cargos y promoción a los mismos a través de la selección y
evaluación objetivos, con base en criterios del mérito y las calidades personales,
propios de la carrera administrativa o judicial; de tal pertenencia a la carrera se
deriva, puntualmente, la garantía de que su nombramiento y remoción no puede
ser el resultado de la discrecionalidad del nominador y de gozar de la estabilidad
que tienen los magistrados y jueces ante quienes ejercen sus funciones.

5.4.4. El artículo 280 de la Constitución Política refuerza lo anteriormente
señalado, cuando establece que los agentes del Ministerio Público tendrán la
misma “categoría” de los magistrados y jueces ante los que actúan, vocablo que
significa la equivalencia en los cargos que desempeñan unos y otros, la cual se
quebranta con la distinción que realiza la disposición acusada, al clasificar el
cargo de procurador judicial como de libre nombramiento y remoción, cuando los
de los jueces y magistrados ante los que actúan, son de carrera administrativa,
conduciendo a su inexequibilidad.

5.4.5. Así, los procuradores judiciales, en su condición de agentes del Ministerio
Público que actúan ante jueces y tribunales cuyos cargos han sido definidos por
el legislador -Ley 270 de 1996- como de carrera, tienen el derecho a ser
clasificados igualmente como carrera administrativa, en aplicación del artículo
280 constitucional. Tal decisión, además, se aviene con el principio general de la
carrera, prevista en el artículo 125 superior.

…

5.5. Consideraciones finales.

5.5.1. La Corte declarará la inexequibilidad de la norma demandada, por
vulneración del artículo 280 de la Constitución que ordena la equiparación en
materia de “derechos” entre magistrados y jueces y los agentes del ministerio
público que ejercen el cargo ante ellos, entendiendo esta Corte que entre los
derechos a homologar se encuentra el ser considerado de carrera administrativa.
5.5.2. Cabe distinguir que una es la carrera judicial administrada por el Consejo
Superior de la Judicatura y otra la carrera administrativa de la Procuraduría
General de la Nación. Por ello, la incorporación que procede respecto de los
“procuradores judiciales” es a la carrera propia de la Procuraduría General de la
Nación.

www.consejodeestado.gov.co 12
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 54 001 23 33 000 2017 00238 01 (3671-2022)
Demandante: Roberto Serrano Peñaranda y otros

5.5.3. En consecuencia, al declarar inexequible la expresión “procurador judicial”,
contenida en el numeral 2) del artículo 182 del decreto ley 262 de 2000 -que los
define como de libre nombramiento y remoción-, ordenará a la Procuraduría
General de la Nación la convocación de un concurso público de méritos para la
provisión de tales cargos, en un término no mayor de seis (6) meses, de acuerdo
con las reglas y procedimientos que lo regulan».

Toda la reseña anterior resulta pertinente para destacar que la Corte
Constitucional, luego de distinguir y separar los sistemas de carrera de la rama
judicial y de la Procuraduría General de la Nación, ordenó que la incorporación
de los procuradores judiciales «fruto del concurso de méritos ordenado en la
citada providencia» se hiciera al régimen de carrera administrativa de esta última
entidad y de conformidad con las normas que informan ese sistema.

Pues bien, en lo que toca a la reseñada carrera administrativa, el artículo 83 del
Decreto Ley 262 de 2000 la define como «…un sistema técnico de administración
de personal, que tiene por objeto garantizar la eficiencia de la entidad y ofrecer
igualdad de oportunidades para el acceso a ella, la estabilidad en los empleos y
la posibilidad de ascender, como también establecer la forma de retiro de la
misma…».

En el citado compendio normativo, el legislador extraordinario, además de las
disposiciones generales8 aplicables a ese régimen «la forma de proveer las
vacantes definitivas presentadas en torno a los empleos de carrera, la protección
a la maternidad, entre otros» se ocupó de regular todo lo relacionado con las
etapas del proceso de selección,9 la inscripción y actualización dentro del sistema
de carrera,10 la calificación de servicios,11 las causales de retiro y la perdida de
los derechos respectivos,12 así como la comisión de carrera encargada de la
vigilancia y control del sistema.13

Como se aprecia, el legislador extraordinario se encargó de contener en un solo
cuerpo normativo todo lo relacionado con la carrera administrativa de la
Procuraduría General de la Nación. No obstante, es oportuno resaltar que de
acuerdo con lo establecido en el numeral 2.° del artículo 3.° de la Ley 909 de
2004, los vacíos que se presenten en las reglas especiales serán llenados con
las disposiciones previstas en la ley general de carrera administrativa.

En línea con lo expresado, se dirá también que al Procurador General de la
Nación, como suprema autoridad de esa entidad, le fue atribuida la potestad para
administrar el referenciado sistema de carrera, regencia que le permite desplegar
las acciones enlistadas en el numeral 7.° del artículo 40 del Decreto Ley 262 de
2000 que, por su importancia aquí, se transcriben a continuación:

8 Capítulo I, artículos 183 a 190.
9 Capítulo II, artículos 191 a 220.
10 Capítulo III, artículos 221 a 222.
11 Capítulo IV, artículos 223 a 235.
12 Capítulo V, artículos 236 a 238.
13 Capítulo VI, artículos 239 a 250.

www.consejodeestado.gov.co 13
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 54 001 23 33 000 2017 00238 01 (3671-2022)
Demandante: Roberto Serrano Peñaranda y otros

a) Definir las políticas para la elaboración y aplicación de las pruebas que se
utilizarán en los concursos y determinar los parámetros para su calificación.

b) Adoptar los instrumentos necesarios para el cumplimiento de los fines de cada
una de las etapas del proceso de selección.

c) Designar a las personas que integrarán el jurado encargado de elaborar y
calificar las pruebas de pregunta abierta y la entrevista y de resolver las
reclamaciones relacionadas con estas pruebas.

d) Definir las condiciones de las convocatorias para los concursos de méritos y
suscribirlas.

e) Excluir de la lista de elegibles, a solicitud de la Comisión de Carrera de la
Procuraduría General, a las personas que hubieren sido incluidas en ella,
cuando se demuestre la existencia de irregularidades en el proceso de
inclusión en la lista.

f) Declarar desiertos los concursos, cuando se presenten las causales
establecidas en este decreto.

g) Revocar, a solicitud de la Comisión de Carrera de la Procuraduría General, los
nombramientos efectuados, cuando se demuestre la existencia de
irregularidades en el proceso de selección.

h) Fijar las políticas sobre estudios e investigaciones en asuntos relacionados con
la administración de la carrera.

Por tanto, de las reglas citadas es claro advertir que el Procurador General de la
Nación tiene la potestad para fijar las políticas generales que guiarán todo el
proceso de selección, políticas a las que deberá ceñirse no solo el acto de
convocatoria a concurso de méritos, sino también cada una de las etapas que
converjan en él -desde los requisitos para la inscripción hasta las causales de
exclusión del proceso-.

En suma, el sistema de carrera administrativa de la demandada está contenido
exclusivamente en el Decreto Ley 262 de 2000 y, de manera supletoria, por las
disposiciones contenidas en la Ley 909 de 2004. Por consiguiente, no se puede
colegir que las normas de otros regímenes especiales -como el de la rama
judicial- le sean aplicables, muy a pesar de que existan nexos entre los servidores
públicos de una y otra entidad.

2.4.2 La sentencia de 30 de julio de 2021 proferida por la Sección Segunda
de esta Corporación dentro del medio de control de nulidad con la
Resolución 040 de 20 de enero de 2015.

Con ocasión a la demanda de nulidad14 presentada en contra de la Resolución
040 de 20 de enero de 2015 «Por medio de la cual se da apertura y se reglamenta
la convocatoria del proceso de selección para proveer los cargos de carrera de

14 Expediente N° 110010325000201500366 00 (0740-2015).

www.consejodeestado.gov.co 14
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 54 001 23 33 000 2017 00238 01 (3671-2022)
Demandante: Roberto Serrano Peñaranda y otros

procuradores judiciales de la Entidad», esta Sección emitió sentencia el 30 de
julio de 2021 a través de la cual dispuso:

«FALLA

PRIMERO: DECLARAR de oficio la excepción de ineptitud sustantiva de la
demanda 1016-2016 por indebida escogencia del medio de control, presentada por
los demandantes Luis Rafael Calderón Daza y Luis Francisco Calvete Ribero, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR la legalidad condicionada del inciso 3º del numeral 1º
del art. 17 de la Resolución 040 DE 2015, en el entendido de que en la prueba
de análisis de antecedentes puede otorgarse puntaje tanto a los posgrados
(maestrías, doctorados o posdoctorados en derecho) que sean específicos
respecto de la convocatoria y empleo correspondiente, así como también,
aquellos cuyo título no especifique determinada área de profundizacion del
derecho, pero de los cuales se pueda derivar, bien sea por las calificaciones
obtenidas, por el contenido del programa académico cursado o por la tesis o
trabajo de investigación adelantado, que el concursante cuenta con la idoneidad
profesional y los conocimientos previstos en cada convocatoria para el
desempeño del empleo correspondiente.

TERCERO: DECLARAR la legalidad condicionada de los arts. 5º (inciso 3º), 9º
(numeral 2.9) y 17 (parágrafo 1º) de la Resolución 040 de 2015, en el entendido
que las publicaciones de libros que dan lugar a puntaje en la prueba de análisis
de antecedentes se pueden presentar en original y físico o en forma digital por
quienes superen la prueba de conocimientos, en la fecha y lugares que se
establezcan mediante aviso en la página web institucional, los cuales deberán
calificarse bajo los mismos criterios y parámetros en términos de igualdad,
siempre y cuando los derechos de autor de unos y otros se encuentren
debidamente registrados y la publicaciones cuenten con el respectivo ISBN
(International Standard Book Number), tal como se exige en el numeral 2º del art.
17 del acto demandando.

CUARTO: Las decisiones contenidas en los dos numerales precedentes, tendrán
el efecto que se menciona a continuación:

1. La legalidad condicionada de los artículos 5º inciso 3º; 9º numeral 2.9 y 17
parágrafo 1º y del artículo 17, numeral 1ª. Inciso 3ª de la Resolución 040 de 2015,
tal como se expresó en los numerales 3.9 y 3.11 de esta providencia, solamente
producirá efectos ex nunc, esto es, hacia futuro, con el propósito de salvaguardar
las situaciones jurídicas y los derechos individuales ya consolidados.

2. En el caso de que existan listas de elegibles pendientes de elaborar, deberá
darse estricta aplicación a las disposiciones cuya legalidad condicionada se
declara en esta providencia, en el sentido de asignar puntaje en las diferentes
pruebas y análisis de antecedentes, a los posgrados de maestría, doctorado y
posdoctorado cuyos títulos no reflejen un área específica del derecho, pero de
los cuales se pueda derivar que se cuenta con los conocimientos específicos de
la convocatoria a la cual se aspira. En cuanto a los libros, se tendrán como válidos
tanto los aportados en físico como aquellos que se presenten en forma digital,
siempre y cuando los derechos de autor de unos y otros se encuentren
debidamente registrados y las publicaciones cuenten con el respectivo ISBN
(International Standard Book Number), tal como se exige en el numeral 2º del art.
17 del acto demandando.

www.consejodeestado.gov.co 15
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 54 001 23 33 000 2017 00238 01 (3671-2022)
Demandante: Roberto Serrano Peñaranda y otros

3. Respecto de aquellos asuntos que se estén ventilando en procesos de nulidad
y restablecimiento del derecho que se encuentren en trámite y que tengan que
ver con los problemas jurídicos mencionados en los numerales 3.9 y 3.11 de esta
providencia, el efecto será retrospectivo, siempre y cuando las decisiones que se
adopten no afecten las situaciones jurídicas y los derechos individuales ya
consolidados.

QUINTO: NEGAR la nulidad del acto demando respecto de las demás pretensiones
de las demandas acumuladas…».

Con tales fines, y como respuesta a los problemas jurídicos formulados que
guardan relación con lo que aquí se debate, concluyó:

• Que el Decreto Ley 262 de 2000 es la norma especial que regula todo lo
relacionado con el sistema de carrera administrativa de la Procuraduría General
de la Nación y, además, faculta al Procurador General de la Nación para fijar las
directrices del respectivo proceso de selección; por lo que no se requería la
emisión de una nueva ley para adelantar el concurso de méritos demandado.15

• La resolución demandada fue emitida en cumplimiento de la orden de la Corte
Constitucional y, para ello, resultó indispensable aplicar las normas de carrera
administrativa contenidas en el citado Decreto Ley 262 de 2000.16

• La equiparación entre los procuradores judiciales y los jueces y magistrados
dispensada en la sentencia de constitucionalidad tantas veces citada, no supone
la igualdad de sus regímenes de carrera. Por tanto, a pesar de que en el sistema
aplicable a los jueces de la república el curso de formación judicial es parte
integral del proceso de selección, no por ello ese mismo curso debe formar parte
del concurso de méritos de los agentes del ministerio público pues: i) la
Procuraduría General de la Nación es un órgano autónomo e independiente a las
ramas del poder público; ii) tiene un régimen especial y propio de carrera
administrativa que no contempla la realización del curso de formación judicial y;
iii) la Corte Constitucional ordenó que la vinculación de los procuradores
judiciales se hiciera al sistema de carrera de la procuraduría.17

• El Procurador General de la Nación no infringió la ley cuando estableció que el
cómputo de la experiencia profesional requerida para ejercer el empleo de
procurador judicial se contaría a partir de la obtención del título profesional, en
razón a que, fruto de la equiparación contenida en el artículo 280 superior, se
exigen las mismas calidades para jueces, magistrados y agentes del ministerio

15 Respuesta al primer interrogante ¿Se encontraba facultado, si o no, el Procurador General de la Nación

para convocar a un concurso público de méritos tendiente a la provisión definitiva de los cargos de
Procurador Judicial, sin que el Congreso de la República hubiese expedido previamente una ley que regulara
el régimen de carrera especial que debía ser aplicado; definir los criterios y condiciones de evaluación,
calificación, homologación y equivalencias para el ingreso a la carrera y adoptar disposiciones relativas a la
“divulgación del concurso” y al acuerdo de inscripción?
16 Respuesta a la segunda pregunta ¿El acto demandado… vulneró la reserva de ley estatutaria consagrada

en los literales a y b del artículo 152 de la Constitución Política?
17 Respuesta al sexto interrogante ¿Podía la Procuraduría General de la Nación realizar un concurso público

de méritos diferente del previsto en los artículos 160 y 168 de la Ley 270 de 1996 para la selección de jueces
y magistrados, en los que se contempla la realización de un curso-concurso y se determinan los puntajes y
criterios de selección que se aplican en la rama judicial, soslayando, como lo afirman los demandantes, el
mandato constitucional consagrado en el artículo 280 de la Constitución Política?

www.consejodeestado.gov.co 16
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 54 001 23 33 000 2017 00238 01 (3671-2022)
Demandante: Roberto Serrano Peñaranda y otros

público y, en las normas de carrera de la rama judicial está prevista la misma
condición.18

• La limitante impuesta en el acto de convocatoria general, en torno a la valoración
de las publicaciones académicas aportadas en medios físicos «excluyendo las
aportadas en medios digitales», lesiona el derecho ciudadano a participar en el
concurso de mérito, pues no existe una razón suficiente y adecuada para
considerar, por ejemplo, que la idoneidad del concursante se justiprecia
únicamente con la obra física, siendo que, para tales fines, la digital también
permite esa apreciación. Adicionalmente, esa restricción infringió las
regulaciones legales vigentes «Ley 527 de 1999 y el CGP» que atribuyen igual
valor probatorio a los mensajes de datos y documentos digitales.19

2.4.3 El deber de notificación de los actos administrativos de contenido
particular y concreto.

En los artículos 66 y siguientes del CPACA se regula el deber de notificación de
las decisiones administrativas de carácter general y concreto. Así, en el artículo
67 ejusdem se fijan las formalidades que deben cumplirse con la notificación
personal «entregar copia del acto respectivo, señalar la fecha y hora del
procedimiento de notificación, indicar los recursos procedentes, las autoridades
y los plazos en que deben ser presentados» y las consecuencias que se derivan
de su incumplimiento.

En cuanto al citado resultado se refiere, el artículo 72 ibid. dice, a la letra, lo
siguiente «Sin el lleno de los anteriores requisitos no se tendrá por hecha la
notificación, ni producirá efectos legales la decisión, a menos que la parte
interesada revele que conoce el acto, consienta la decisión o interponga los
recursos legales». (El énfasis es de la Sala)

Todo lo expresado para referenciar que, ante el incumplimiento de las
formalidades legales respectivas, se tendrá por no realizada la notificación y,
además, se considerará que el acto administrativo no produce ningún efecto
jurídico. Sin embargo, la norma es clara al prescribir que tales consecuencias no
devendrán en la medida en que el interesado informe que conoce la decisión, la
consienta o presente los recursos legales pertinentes.

En línea con todo lo estudiado hasta aquí, esta Sala de Subsección resolverá los
interrogantes formulados en acápite anterior.

2.5 Caso concreto

Primer interrogante: ¿El cargo ejercido por el demandante fue creado por el

18 Respuesta a la pregunta décima ¿Incurrió́ la Procuraduría en un exceso en el ejercicio de la potestad
reglamentaria al establecer que la experiencia profesional se cuenta desde el grado y no desde la
terminación y aprobación de las materias que forman el plan de estudios?
19 Respuesta a la pregunta decima primera ¿Incurrió́ la Procuraduría en un exceso en el ejercicio de la

potestad reglamentaria, al asignar puntaje a las publicaciones elaboradas en físico, excluyendo las
elaboradas a través de medios digitales?

www.consejodeestado.gov.co 17
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 54 001 23 33 000 2017 00238 01 (3671-2022)
Demandante: Roberto Serrano Peñaranda y otros

presidente de la República con carácter especial y, de contera, la Procuraduría
General de la Nación mutó sus funciones para poder ofertarlo como vacante en
el concurso de méritos?

De entrada, dirá la Sala que este reproche no fue incluido en la demanda como
cargo de nulidad en contra de los actos administrativos demandados -como
erradamente lo afirma el apelante- y, adicionalmente, el a quo no referenció tal
censura al dictar la sentencia que ahora es objeto de impugnación.

Por tanto, no es posible que en esta sede se resuelva un asunto que no fue objeto
de debate en primera instancia y que mucho menos fue puesto en conocimiento
de la entidad demandada para que ejerciera su derecho de defensa y
contradicción.

Segundo interrogante: ¿El Procurador General de la Nación era competente
para regular los aspectos esenciales y definitorios del concurso de méritos para
la provisión definitiva de los cargos de procuradores judiciales?

Tal y como se estudió anteriormente, en la sentencia C-101 de 2013, la Corte
Constitucional, luego de declarar la inexequibilidad de la expresión «Procurador
Judicial» contenida en el numeral 2.º del artículo 182 del Decreto Ley 262 de
2000, le ordenó a la Procuraduría General de la Nación adelantar el concurso de
méritos para proveer las vacantes definitivas de los cargos en mención,
disponiendo, además, que las incorporaciones «fruto del concurso de méritos
ordenado en esa providencia» se hicieran al régimen de carrera administrativa
de esta última entidad y de conformidad con las normas que informan ese
sistema.

Por tanto, y como quiera que en el Decreto Ley 262 de 2000 se condensaron
todos los elementos esenciales del aludido sistema de carrera administrativa y
del proceso de selección, es más que procedente concluir que el Procurador
General de la Nación si tenía competencia para reglamentar el concurso de
méritos a que se ha venido haciendo referencia.

Adicionalmente, recuérdese en sentencia del 30 de julio de 2021, esta Sección,
al resolver la demanda de nulidad incoada en contra de la Resolución 040 del 20
de enero de 2015, llegó a la misma conclusión que en esta oportunidad es dictada
por la Sala.

Tercer interrogante: ¿Las reglas de la carrera administrativa y del proceso de
selección para la provisión definitiva de los empleos de procurador judicial deben
ser similares a las exigidas para los jueces y magistrados ante quienes ellos
intervienen?

Siguiendo el anterior derrotero, y fundada en las sentencias arriba señaladas,
esta Sala de Subsección concluye que la Procuraduría General de la Nación, al
tener un régimen de carrera administrativa propio «que regula todas las etapas
www.consejodeestado.gov.co 18
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 54 001 23 33 000 2017 00238 01 (3671-2022)
Demandante: Roberto Serrano Peñaranda y otros

del proceso de selección, así como las fases subsiguientes a la inscripción al
sistema de carrera», no estaba obligada a fijar las bases y reglas del concurso
de méritos para proveer las vacantes de los empleos de procuradores judiciales,
en igualdad de condiciones a las previstas para los jueces y magistrados en razón
a que:

i) La demandada es un órgano autónomo e independiente a las ramas del
poder público.

ii) Tiene un régimen especial y propio de carrera administrativa que no
contempla la realización del curso de formación judicial y;

iii) La Corte Constitucional ordenó que la vinculación de los procuradores
judiciales se hiciera al sistema de carrera de la procuraduría.

Cuarto interrogante: ¿El tribunal de primer grado guardó silencio frente al cargo
de nulidad planteado en torno a la orden de cómputo de la experiencia profesional
a partir de la obtención del título profesional en el marco del citado proceso de
selección?

Advierte la Sala que el fallador de primer grado nada dijo frente a este particular,
por lo que en esta oportunidad se resolverá ese cargo puntual, de acuerdo con
las siguientes consideraciones:

• El concurso de méritos para proveer los empleos de procuradores
judiciales devino de la orden impartida por la Corte Constitucional en la
sentencia C-101 de 2013.

• Dicha orden tuvo su génesis en el hecho según el cual la equiparación
contenida en el artículo 280 superior, dispensa sobre los procuradores
judiciales los mismos derechos de sus homólogos.20

• Dentro de esa prerrogativa se encuentra, como es natural, el derecho a
que se les exijan los mismos requisitos generales y adicionales que se
piden a los jueces y magistrados ante quienes ejercen su labor de
intervención.

20 En la sentencia de marras se concluyó «5.4.3. El artículo 280 constitucional regula situaciones jurídicas

de dos tipos de servidores públicos: los agentes del ministerio público que ejercen su cargo ante la rama
judicial; y los magistrados y jueces ante quienes ellos actúan. Entre los factores equiparables de unos y
otros, se encuentran los “derechos”, al lado de “categoría y calidades” como de “remuneración y
prestaciones”. Ello indica que la acepción “derechos” adquiere un contenido específico que la diferencia de
otros derechos asociados régimen salarial y prestacional de los procuradores judiciales. Entre “derechos”
objeto de homologación, que no tienen por objeto ni la remuneración ni las prestaciones, se encuentra el de
pertenencia a un régimen de carrera, que entraña para sus titulares garantías de estabilidad laboral, de
acceso a los cargos y promoción a los mismos a través de la selección y evaluación objetivos, con base en
criterios del mérito y las calidades personales, propios de la carrera administrativa o judicial; de tal
pertenencia a la carrera se deriva, puntualmente, la garantía de que su nombramiento y remoción no puede
ser el resultado de la discrecionalidad del nominador y de gozar de la estabilidad que tienen los magistrados
y jueces ante quienes ejercen sus funciones».

www.consejodeestado.gov.co 19
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 54 001 23 33 000 2017 00238 01 (3671-2022)
Demandante: Roberto Serrano Peñaranda y otros

• Por tanto, y como quiera que en los artículos 127 y 128 de la Ley 270 de
1996 se contienen esas reglas, y dentro de estas se establece que la
experiencia a valorar será la adquirida con posterioridad a la obtención del
título de abogado en actividades jurídicas, es procedente concluir que a
los procuradores judiciales se les debe reclamar este mismo requisito
pues, de lo contrario, se rompería, sin justificación alguna, la igualdad
pregonada en el artículo 280 de la Constitución Política.

Quinto interrogante: ¿La Resolución 040 del 20 de enero de 2015, se opone al
artículo 6 de la Ley 527 de 1999, y el artículo 165 del Código General del Proceso,
al exigir que las publicaciones académicas de los concursantes se aportaran en
medios físicos e impidiendo su incorporación en instrumentos magnéticos?

De acuerdo con lo reseñado en acápite anterior, en sentencia de 30 de julio de
2021,21 proferida por esta sección dentro del medio de control de nulidad
formulado en contra de la Resolución 040 de 20 de enero de 2015, se anularon
las disposiciones que regulaban el aporte y valoración de las publicaciones
académicas aportadas en medios físicos, para abrir paso también a la evaluación
de los libros digitales. En tal sentido, frente a este cargo operó el fenómeno de
cosa juzgada, tal y como se concluyó anteriormente.

Sin embargo, de cara a los derechos particulares de la parte actora, resulta
irrelevante la prosperidad de este cargo, dado que, como bien informó la entidad
accionada, no superó la prueba de conocimientos y, por tanto, no procedía frente
a él la valoración de las publicaciones «en caso de que las haya presentado».

Sexto interrogante: ¿La falta de notificación personal a la parte actora del
Decreto 3841 de 8 de agosto de 2016, torna ineficaz el retiro del servicio allí
ordenado?

Esta Sección reitera que las decisiones de desvinculación del servicio que se
sustentan en razones legales no tienen que ser notificadas sino comunicadas,
como efectivamente ocurrió. En efecto, en sentencia de 20 de junio de 2024, 22
frente a un argumento similar se reiteró que «…por lo general, el acto de
insubsistencia de nombramiento se “comunica”, aunque simplemente se
“ejecuta” en el caso de la insubsistencia tácita. Pero, cabe aclarar que cuando
afecta realmente al personal de carrera o de periodo, debe notificarse y señalarse
los recursos procedentes para la defensa de sus derechos».

En consecuencia, no se advierte que con la comunicación de la decisión de retiro
del servicio se le hubieren vulnerado a la accionante sus derechos de defensa,
contradicción y/o acceso a la administración de justicia, pues es evidente que
pudo conocer el contenido de la decisión y, además, acudir ante esta jurisdicción
para controvertirla.

21 110010325000201500366 00 (0740-2015).
22 Expediente 19-001-23-33-000-2017-00464-01 (0449-2021), Consejero Ponente Dr. Jorge Iván Duque

Gutiérrez.

www.consejodeestado.gov.co 20
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 54 001 23 33 000 2017 00238 01 (3671-2022)
Demandante: Roberto Serrano Peñaranda y otros

Adicional a lo expresado, se considera que la situación en referencia se enmarca
dentro del régimen exceptivo contenido en el artículo 72 de la Ley 1437 de 2011,
según el cual «Sin el lleno de los anteriores requisitos no se tendrá por hecha la
notificación, ni producirá efectos legales la decisión, a menos que la parte
interesada revele que conoce el acto, consienta la decisión o interponga los
recursos legales» (Énfasis de la Sala)

Por ende, y como quiera que la parte demandante conoció el contenido del acto
que dispuso la terminación de su vínculo laboral, ha de concluirse que la decisión
atacada si produjo los efectos legales contenidos en ella. En otras palabras, la
falta de notificación personal de ese proveído no generó la falta de eficacia
denunciada en la demanda.

2.6 Condena en costas en segunda instancia.

En el caso concreto, no se advierte que haya lugar a imponer condena en costas.
Lo dicho, en razón a que si bien en anteriores oportunidades esta Sala de
Subsección realizaba una valoración objetiva para determinar si había o no lugar
a aplicar esa sanción, lo cierto es que actualmente, con la entrada en vigencia
de la Ley 2080 de 2021, es procedente efectuar un estudio respecto de la
conducta de las partes en el proceso y la carencia de fundamentación jurídica.

En estos términos, y al extender esa interpretación al caso bajo análisis y luego
de revisar los argumentos de la parte demandante, no se advierte esa situación.
Por el contrario, se avizora la sustentación de las razones en defensa jurídica de
sus intereses, por lo que, se repite, no se condenará en costas a la parte vencida.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO. DECLARAR fundado el impedimento que manifestó el Consejero de
Estado Rafael Francisco Suarez Vargas, por lo expuesto en la parte motiva.

SEGUNDO. CONFIRMAR la sentencia de fecha 16 de septiembre de 2021,
proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, a través de la cual
negó las pretensiones de la demanda promovida por el señor Roberto Serrano
Peñaranda y otros en contra de la Procuraduría General de la Nación, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO. Sin condena en costas en esta instancia conforme a lo expuesto en
esta providencia.

www.consejodeestado.gov.co 21
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 54 001 23 33 000 2017 00238 01 (3671-2022)
Demandante: Roberto Serrano Peñaranda y otros

CUARTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
providencia, devolver el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de
fecha veintiuno (21) de agosto de dos mil veinticuatro.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente)

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente)

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado
(Con impedimento aceptado)

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los Consejeros de Estado en la sede electrónica
para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley y el artículo 186 del CPACA.

www.consejodeestado.gov.co 22
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.