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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 54001-23-33-000-2017-00518-01

Fecha
11 de agosto de 2022
Consejero ponente
William Hernandez Gomez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 54001-23-33-000-2017-00518-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Confirmar la sentencia proferida el 24 de octubre de 2019 por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander que accedió a las pretensiones de la demanda, en el proceso que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovió el señor Gustavo Salvador Meneses Bayona contra la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Segundo: Condenar en costas de segunda instancia a la parte demandada y a favor del demandante, las cuales se liquidarán por el a quo. Tercero: Ejecutoriada esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones pertinentes en el sistema de registro SAMAI.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 54001-23-33-000-2017-00518-01

Consejero ponente: William Hernandez Gomez

11 de agosto de 2022

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Radicado: 54001-23-33-000-2017-00518-01 (2128-2020)
Demandante: Gustavo Salvador Meneses Bayona

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Bogotá D.C., once (11) de agosto de dos mil veintidós (2022)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 54001-23-33-000-2017-00518-01 (2128-2020)
Demandante: GUSTAVO SALVADOR MENESES BAYONA
Demandada: NACIÓN, MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL,
FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES
DEL MAGISTERIO

Temas: Indexación del ingreso base de liquidación de cesantías
definitivas de docente reconocidas bajo el régimen
retroactivo. Devaluación de la moneda por el paso del
tiempo entre la fecha de suspensión en el ejercicio del
cargo y la data de retiro del servicio. Procedencia de la
actualización sin tener en cuenta si la entidad
demandada intervino o no en el período de suspensión,
pues el litigio no se trata del reconocimiento de una
indemnización moratoria.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
Ley 1437 de 2011
O-145-2022

ASUNTO

Decide la Subsección el recurso de apelación formulado por la parte
demandada contra la sentencia del 24 de octubre de 2019 proferida por el
Tribunal Administrativo de Norte de Santander que accedió a las pretensiones
de la demanda.

ANTECEDENTES

El señor Gustavo Salvador Meneses Bayona en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho que consagra el artículo 138 de la
Ley 1437 del 20111, formuló en síntesis las siguientes:

Pretensiones (Folios 1 a 2, C1)

1. Que se declare la nulidad parcial de la Resolución 0076 del 12 de enero de
2017 por medio de la cual la Secretaría de Educación del Departamento de
Norte de Santander en nombre y representación del Fondo Nacional de

1 «Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo»,

o CPACA.

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Radicado: 54001-23-33-000-2017-00518-01 (2128-2020)
Demandante: Gustavo Salvador Meneses Bayona

Prestaciones Sociales del Magisterio repuso la Resolución 01513 del 2 de
mayo de 2016, con la que en su momento se habían reconocido las
cesantías definitivas a favor del demandante, esto únicamente en lo que
respecta al monto del referido auxilio, el cual fue calculado sin que se
hubiese indexado el ingreso base de liquidación.

2. Como consecuencia de esta declaración y a título de restablecimiento del
derecho, se ordene a la parte pasiva indexar el salario base de liquidación
tenido en cuenta para la determinación del valor de las cesantías definitivas
reconocidas a favor del señor Meneses Bayona, esto por el período
comprendido entre el 1.° de julio de 2004 cuando percibió su última
asignación y el 12 de enero de 2017, fecha en la que se reconoció la
mentada prestación.

3. Que se condene a la entidad demandada a actualizar el monto adeudado,
así como a dar cumplimiento al fallo de conformidad con el artículo 192 del
CPACA, y finalmente a pagar las costas a que hay lugar en atención al
artículo 188 ibidem.

Supuestos fácticos relevantes (Folios 2 a 5, C1)

1. El señor Gustavo Salvador Meneses Bayona laboró al servicio de la
Secretaría de Educación del Departamento de Norte de Santander durante
el período comprendido entre el 15 de abril de 1978 hasta el 1.° de julio de
2004, es decir, por un tiempo total acumulado de 26 años, 2 meses y 16
días, ello en condición de directivo docente.

2. El demandante fue suspendido en el ejercicio de su cargo conforme al
Decreto 000263 del 2 de julio de 2004 expedido por el gobernador de la
referida entidad territorial, ello en cumplimiento de una orden judicial que
así lo ordenó, hasta tanto culminara el proceso penal adelantado contra el
primero.

3. El Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Bucaramanga profirió sentencia el
13 de junio de 2008 en virtud de la cual condenó al libelista a la pena
principal de prisión de 3 años, una multa de $3.000.000 e inhabilidad para
el ejercicio de derechos y funciones públicas por ese mismo lapso, esto por
haberlo encontrado penalmente responsable por la comisión del delito de
peculado por apropiación en concurso con falsedad en documento privado.
Dicha decisión judicial fue confirmada por la Sala Penal del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga de acuerdo con la sentencia
del 21 de abril de 2010.

4. El señor Meneses Bayona estuvo suspendido en el cargo de directivo
docente entre el 2 de julio de 2004 y el 14 de agosto de 2014 cuando fue
retirado del servicio de manera definitiva en virtud del Decreto 000452 del
27 de mayo del mismo año que previó lo anterior con efectos fiscales desde
la segunda fecha en comento. Contra dicho acto el demandante interpuso
recurso de reposición, el cual fue resuelto negativamente a través de la
Resolución 03076 del 16 de julio de 2014.

5. El libelista solicitó el reconocimiento y pago de sus cesantías definitivas por
medio de una petición radicada el 5 de febrero de 2016, reclamación que
fue decidida mediante la Resolución 01513 del 2 de mayo de 2016
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Demandante: Gustavo Salvador Meneses Bayona

expedida por la Secretaría de Educación del Departamento de Norte de
Santander en nombre y representación del Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, esto en el sentido de negar dicha
prestación.

6. Por lo anterior, la parte activa formuló recurso de reposición contra el
referido acto administrativo, frente al cual la entidad demandada profirió la
Resolución 0076 del 12 de enero de 2017 con la que repuso la decisión
primigenia y en consecuencia reconoció a favor del señor Gustavo
Salvador Meneses el auxilio de cesantía definitiva por valor de
$67.886.623, suma de la cual descontó $17.709.931 por concepto de
anticipo de cesantías parciales. Por consiguiente, la autoridad en comento
ordenó el pago de la referida prestación en un valor neto de $50.176.692.

7. En la aludida Resolución 0076 del 12 de enero de 2017 también se emitió
pronunciamiento de la parte pasiva tendiente a denegar el reconocimiento
de una indexación del ingreso base liquidatorio de las cesantías, así como
de la indemnización moratoria deprecada por el pago tardío de aquel
emolumento.

DECISIONES RELEVANTES EN LA AUDIENCIA INICIAL

La fijación del litigio es la piedra basal del juicio por audiencias de allí que la
relación entre ella y la sentencia es la de «tuerca y tornillo»2, porque es guía y
ajuste de esta última. De esta manera se preserva la congruencia que
garantiza el debido proceso, razón por la cual el juez al proferir la sentencia
debe resolver el litigio en forma concordante con los hechos, las pretensiones,
las excepciones; puntos que fueron condensados y validados por las partes al
precisar el «acuerdo sobre el desacuerdo» en la audiencia inicial. De allí que
los problemas jurídicos adecuadamente formulados y aceptados por los
sujetos procesales se convierten en una eficiente guía para el decreto de las
pruebas, las alegaciones, la sentencia y sustentación de los recursos
pertinentes. Por lo dicho, la audiencia inicial es el punto de partida más legítimo
y preciso para fundamentar adecuadamente la sentencia.

Fecha de la audiencia inicial: 13 de agosto de 2018.

Resumen de las principales decisiones

Excepciones previas (art. 180-6 CPACA)

En el acta se consignó lo siguiente al momento de decidir las excepciones:

«[…] Las excepciones propuestas por el apoderado de la Nación – Ministerio de
Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (fl. 99),
son las de: (i) Falta de legitimación en la causa por pasiva, (ii) inexistencia de la
obligación con fundamento en la ley y (iii) prescripción.

En relación con las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva, y
prescripción, el Despacho estima que sí bien es cierto se encuentran enlistadas en el
numeral 6 del artículo 180 del CPACA, y por tanto podrían ser resueltas en esta

2 Ver: Hernández Gómez William. Módulo Audiencia inicial y audiencia de pruebas. EJRLB. (2015).

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audiencia inicial, lo pertinente será diferirlas para que sean resueltas al momento de
proferirse sentencia de fondo.

Lo anterior, por cuanto conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado la
legitimación en la causa por pasiva constituye un presupuesto de la sentencia de
mérito o de fondo, por lo cual la misma debe resolverse al momento de decidir de
fondo el conflicto y allí se definirá, luego del análisis de la posición jurídica de la
entidad demandada y del recaudo de las pruebas, si la entidad demandada es la
obligada o no a responder por las pretensiones de la demanda.

[…] Respecto a la excepción de prescripción encuentra el Despacho que al igual
que la falta de legitimación en la causa por pasiva se deberá resolver al momento de
proferirse sentencia de fondo en el presente asunto
[…]
Por lo tanto, el análisis y decisión de tales medios exceptivos se hará al momento de
proferirse la sentencia que resuelva de fondo el presente conflicto.

En cuanto a la excepción de inexistencia de la obligación con fundamento en la ley
para el Despacho no es necesario entrar a examinarla en esta fase, pues no se
encuentra enlistada en el numeral 6 del artículo 180 del CPACA en concordancia con
el artículo 100 del CGP, como excepción previa y tampoco es una excepción mixta.

Por lo tanto el análisis y decisión de dicho medio exceptivo se hará al momento de
proferirse la sentencia que resuelva de fondo el presente conflicto. […]». (Negrilla
del texto original. Folios 130 vuelto a 131 y CD que reposa a folio 135, C1).

Se notificó la decisión en estrados y las partes no interpusieron recursos.

Fijación del litigio (art. 180-7 CPACA)

El litigio se fijó en los siguientes términos:

«[…] Concretados los extremos de la litis, los hechos que son objeto de debate
probatorio, considera el Despacho que el problema jurídico provisional a resolver se
centra en determinar:

¿Si hay lugar a declarar la nulidad parcial del artículo 1° de la Resolución N° 0076 del
12 de enero de 2017, proferida por la Secretaría de Educación del Departamento
Norte de Santander en representación del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, por medio de la cual se repuso la Resolución 01513 del 02 de mayo
de 2016, y se reconoció el pago de unas cesantías definitivas, sin que al monto de
liquidación de las cesantías definitivas que le fueron reconocidas y liquidadas, se
indexara el ingreso base de liquidación prestacional, y en su lugar se ordene a la
entidad demandada a reconocer y pagar indexación de las cesantías definitivas
comprendidas desde el 1° de julio de 2004 hasta el 12 de enero de 2017, tal como lo
solicita la parte actora; no obstante el FOMAG se opone a la declaratoria de nulidad
al indicar que dicho acto del cual se pretende la nulidad se encuentra ajustado a la
normativa vigente directamente aplicable al caso y agregando que el Ministerio no es
el encargado del reconocimiento y pago de ninguna clase de pensiones de los
afiliados al Fomag, lo anterior amparado por el contrato comercial que posee con la
Fiduciaria la Previsora S.A.? […]». (Cursiva conforme a la transcripción. Folios
131 a 132 y CD que obra a folio 135, C1).

SENTENCIA APELADA
(Folios 266 a 275, C2)

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El a quo profirió sentencia escrita el 24 de octubre de 2019 por medio de la
cual accedió a las pretensiones del demandante con fundamento en las
siguientes consideraciones:

El tribunal inicialmente resaltó que el ordenamiento legal colombiano no prevé
en una norma en concreto el concepto y alcance de la denominada indexación
y tampoco existe norma alguna que prevea que el pago de los dineros
adeudados por concepto de salarios o prestaciones sociales debe indexarse.

No obstante, precisó que en el artículo 187 de la ley 1437 de 2011, se prevé
que las condenas al pago o devolución de una cantidad líquida de dinero se
ajustarán tomando como base el índice de precios al consumidor. En este
sentido, adujo que ha sido la jurisprudencia de las Altas Cortes la que ha
desarrollado el concepto de la indexación del pago de sumas de dinero al
momento del abono efectivo de tales obligaciones económicas sin importar la
fuente, ello como una forma de contrarrestar la pérdida de poder adquisitivo
del peso colombiano por el paso del tiempo.

En cuanto a la situación concreta del libelista, afirmó que se encuentra probado
que el salario que sirvió de base para realizar la liquidación de las cesantías
definitivas solicitadas en el año 2016, fue el devengado por este en el año
2004, fecha en la que fue suspendido de su empleo como docente director de
núcleo debido a la situación jurídica consolidada por el proceso penal en su
contra, el cual generó que finalmente para el año 2014 fuera retirado
definitivamente del servicio en virtud del Decreto 452 del 27 de mayo de 2014.

Igualmente sostuvo que está demostrado el hecho de que el salario percibido
por el demandante en el año 2004, no fue previamente indexado para el
cálculo de la prestación que le fue reconocida.

Añadió que es claro que el señor Gustavo Salvador Meneses Bayona tiene
derecho a la indexación del ingreso base de liquidación de su auxilio de
cesantía definitiva, esto es, el equivalente a $2.611.582.00, ello para que dicha
suma sea actualizada conforme los índices de precios del consumidor, pues
tal omisión se observa del contenido del acto administrativo demandado, lo
cual genera una afectación en los derechos del demandante y además una
inequidad por la pérdida del poder adquisitivo de la moneda.

Planteó además que está probado en el presente caso que el señor Meneses
Bayona no ha reclamado ante el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio alguna suma de dinero por concepto de sanción moratoria e incluso
no ha recibido el pago reconocido en el acto administrativo que aquí se
demanda.

Frente a la excepción de prescripción aseveró que la ley ha previsto el referido
fenómeno en el sentido de que solo se pagan las prestaciones causadas 3
años antes de la fecha en que se haya presentado la petición o reclamación
ante la demandada, esto de acuerdo con lo previsto en el artículo 41 del
Decreto 3135 de 1968. Con base en tal entendido, indicó que no prospera
aquel medio de defensa, dado que se tiene probado en el presente proceso
que mediante el Decreto 452 del 27 de mayo de 2014 se ordenó el retiro del
servicio docente el libelista, el cual se hizo efectivo a partir del 14 de agosto
de 2014, por lo que a partir de tal fecha surgió a su favor el derecho al pago
del emolumento bajo estudio.
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Al respecto señaló que la solicitud de pago de las cesantías definitivas fue
presentada el día 5 de febrero de 2016, es decir, antes de cumplidos los 3
años de que trata la norma en comento, por lo que no se configuró la
prescripción analizada.

Acorde con estos razonamientos, el tribunal de primera instancia profirió
sentencia que en su parte resolutiva se resume de la siguiente forma: i) declaró
no probadas las excepciones de inexistencia del derecho, falta de legitimación
en la causa por pasiva y prescripción; ii) declaró la nulidad parcial del artículo
1.° de la Resolución 0076 del 12 de enero de 2017; y iii) a título de
restablecimiento del derecho ordenó a la entidad demandada realizar una
nueva liquidación de las cesantías definitivas reconocidas a favor del libelista,
esto en el sentido de indexar los factores salariales que sirvieron de base para
calcular la prestación desde el 1.° de julio de 2004 hasta el 12 de enero de
2017.

RECURSO DE APELACIÓN
(Folios 279 a 282, C2)

La parte demandada formuló recurso de apelación parcial contra la decisión
reseñada anteriormente, y solicitó que esta sea revocada con el fin de que se
nieguen las pretensiones de la parte activa.

Manifestó que como el sistema de liquidación de cesantías aplicable al señor
Gustavo Salvador Meneses, es el retroactivo previsto en el artículo 15,
numeral 3.°, literal a) de la Ley 91 de 1989, a aquel no podría asistirle el
derecho a la indexación del salario base de cálculo de la prestación, toda vez
que por la naturaleza de dicho sistema se evita la depreciación de la moneda,
puesto que el mentado auxilio se determina con base en el último salario
devengado por el servidor, tal como ocurrió en el caso del demandante.

Ahora, respecto de la suspensión del cargo que desempeñaba el libelista y
todo lo que ello implicó, sostuvo que esta es una situación ajena al actuar del
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, de la cual además
no fue responsable, habida cuenta de que lo propio correspondió al
cumplimiento de una medida provisional decretada por una autoridad judicial
competente hasta que se decidiera de fondo el proceso penal adelantado
contra el demandante.

Adicionalmente recordó que debido a la sentencia de carácter condenatorio
proferida en desarrollo de la referida actuación judicial, se generó para el señor
Meneses Bedoya la pérdida de las sumas retenidas y la consecuente
separación definitiva del empleo del que era titular, de manera que la mentada
entidad no debe soportar condena alguna.

De otra parte, destacó que en el presente caso se accedió a indexar los
factores salariales que sirvieron de base para calcular el monto de las
cesantías del libelista, esto desde el 1.° de julio de 2004 hasta el 12 de enero
de 2017, es decir, por un período aproximado de 8 años durante el cual el
docente no realizó trámite alguno, en primer lugar, para solicitar el auxilio
parcial mientras estuvo suspendido del cargo, o bien para reclamar la
prestación definitiva desde que fue retirado del servicio en el año 2014, habida
cuenta de que solo lo hizo hasta el año 2016.

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En todo caso, aseguró que en el evento en que se llegue a condenar a la
entidad demandada, debe tenerse en cuenta que la jurisprudencia del Consejo
de Estado precisó que en el caso de la indexación de cesantías retroactivas,
lo que corresponde es tomar la suma adeudada con base en el último salario
mensual, y por lo tanto ajustarla al valor por el lapso autorizado en la ley, el
cual comienza desde el momento en que se hizo exigible la prestación hasta
cuando se haya reconocido materialmente este derecho.

En suma, aseveró que con la decisión del a quo se favorece y convalida la
negligencia del demandante al responsabilizar del paso del tiempo a la Nación,
Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, más aún cuando también se advierte un actuar dilatorio por parte
de la Secretaria de Educación de Norte de Santander, en el entendido de que
dicho ente territorial solo retiró del servicio al demandante hasta el año 2014,
a pesar de que había sido notificado el 19 de octubre de 2010 de la sentencia
proferida el 21 de abril de 2010 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial que
confirmó la decisión del Juzgado Tercero Penal del Circuito de Bucaramanga,
en virtud de la cual se había condenado al señor Meneses Bayona a 3 años
de prisión y multa de tres millones de pesos, así como a la interdicción en el
ejercicio de derechos y funciones públicas, ello por encontrarlo como
responsable de los delitos de peculado por apropiación en concurso con
falsedad en documento privado.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Parte demandante (índice 13 del registro en SAMAI): solicitó que se
confirme el fallo apelado, para lo cual planteó que a partir de una interpretación
sistemática de los preceptos contenidos tanto en el preámbulo de la
Constitución Política como en sus artículos 1.°, 25, 48 y 53, la jurisprudencia
de la Corte Constitucional se ha desarrollado en el sentido de darle un carácter
superior al derecho al mantenimiento del poder adquisitivo de las prestaciones
sociales y de las pensiones, lo cual se traduce en la posibilidad de obtener la
actualización monetaria que impida la devaluación de los derechos
reconocidos en una suma líquida de dinero, tal como lo es el auxilio de
cesantía definitivo reclamado en esta oportunidad.

La parte demandada y el Ministerio Público se abstuvieron de intervenir en
esta etapa procesal de conformidad con la constancia secretarial visible a folio
318 del cuaderno 2.

INTERVENCIÓN DE LA AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA
DEL ESTADO

La referida entidad mediante escrito visible en el índice 15 del registro en
SAMAI intervino en la presente actuación, sin embargo formuló argumentos
relacionados con un objeto de litigio totalmente diferente al que es materia de
estudio en el sub examine. Sobre el punto señaló lo siguiente: «[…] Después de
realizar el análisis legal y constitucional de la pensión de jubilación y/o vejez de los
docentes oficiales afiliados al FOMAG y en atención al precedente jurisprudencial
fijado por el Consejo de Estado, el cual tiene carácter obligatorio y vinculante, es
evidente que existen dos regímenes pensionales para los docentes oficiales, cuya
aplicación se debe determinar según la fecha de vinculación al servicio público
educativo y, en todo caso, en cualquiera de los dos regímenes se deben incluir en la

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liquidación de la pensión, únicamente los factores sobre los cuales se efectuó el
respectivo aporte o cotización.

De acuerdo con el Acto Legislativo 01 de 2005 “Para la liquidación de las pensiones
sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere
efectuado las cotizaciones”. Los docentes no están exceptuados de esta disposición
para el goce de la pensión ordinaria de jubilación. Por lo que, en el ingreso base de
liquidación de esta pensión solo pueden ser tenidos en cuenta los factores sobre los
que se aporta y que están contenidos en el artículo 1º de la Ley 62 de 1985.

[…] Con fundamento en lo expuesto y de manera respetuosa, la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado solicita que, en aplicación de las reglas fijadas en la
Sentencia de Unificación SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de abril de 2019, se profiera
sentencia anticipada NEGANDO las pretensiones de la demanda, en el sentido de no
acceder a la inclusión de factores salariales sobre los cuales no se realizó el
respectivo aporte o cotización. […]».

CONSIDERACIONES

Competencia

De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Consejo de Estado es
competente para resolver el recurso de apelación interpuesto. Asimismo,
según el artículo 328 del Código General del Proceso, el juez de segunda
instancia debe pronunciarse únicamente sobre los argumentos expuestos en
la respectiva alzada, la cual en este caso solo formuló la parte demandada.

Problema jurídico

En ese orden, el problema jurídico que debe resolverse en esta instancia se
resume en la siguiente pregunta:

¿Es procedente la indexación al 12 de enero de 2017 sobre el ingreso base
de liquidación con el cual fueron calculadas las cesantías retroactivas
definitivas a favor del señor Gustavo Salvador Meneses Bayona, conforme a
la Resolución 0076 de dicha fecha, ello por el paso del tiempo desde el 2 de
julio de 2004 cuando aquel fue suspendido en el ejercicio de sus funciones
como directivo docente vinculado a la Secretaría de Educación del
Departamento de Norte de Santander, hasta el 14 de agosto de 2014 cuando
este fue retirado del servicio por haber sido condenado en desarrollo de un
proceso penal adelantado en su contra durante el período en mención?

Al respecto la Subsección sostendrá la siguiente tesis: es procedente
actualizar a la fecha de expedición de la Resolución 0076, el IBL tenido en
cuenta por la entidad demandada para reconocer y ordenar el pago de las
cesantías definitivas a favor del libelista, el cual correspondió en su momento
al del año 2004, a pesar de que el derecho lo constituyó en el 2014, tal como
se explica a continuación:

 Ajuste monetario de la base salarial de las prestaciones sociales

De forma preliminar, es necesario hacer remisión al concepto de la indexación,
el cual según la Corte Constitucional constituye uno de los instrumentos para
hacer frente a los efectos de la inflación en el campo de las obligaciones

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dinerarias, es decir, de aquellas que deben satisfacerse mediante el pago de
una cantidad de moneda determinada (entre las que se cuentan por supuesto,
las obligaciones laborales). Lo anterior, en la medida en que el fenómeno
inflacionario produce una pérdida de la capacidad adquisitiva de la moneda.
Tal actualización se lleva a cabo mediante distintos mecanismos, los cuales
permiten la revisión y corrección periódica de las prestaciones debidas.

Ahora, en materia laboral, la actualización de los diferentes emolumentos,
especialmente de las pensiones, ha sido entendida por esta Alta Corte como
el mecanismo que se utiliza en aplicación de los principios de equidad y justicia
para revalorizar las obligaciones con el fin de traer a valor presente las sumas
que han sido afectados por un detrimento a casusa del transcurso del tiempo.

Al respecto, el artículo 48 de la Constitución Política fijó la necesidad de evitar
la depreciación de los dineros, puntualmente para el pago de pensiones, esto
bajo la siguiente intelección:

«ARTICULO 48. La Seguridad Social es un servicio público de carácter
obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado,
en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los
términos que establezca la Ley.

[…]
La ley definirá los medios para que los recursos destinados a pensiones
mantengan su poder adquisitivo constante. […]» (Subraya la Sala)

Igualmente el artículo 53 superior incluyó como uno de los principios mínimos
fundamentales del trabajo el siguiente:

«[…] ARTICULO 53. El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley
correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios
mínimos fundamentales:

[…]

El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las
pensiones legales. […]».

Sin embargo, dentro del ordenamiento jurídico interno, no existe norma
expresa que prevea la actualización del ingreso base de liquidación de
prestaciones como las cesantías, diferente al reajuste anual de las pensiones
ya reconocidas en los términos del artículo 14 de la Ley 100 de 1993. 3

En ese sentido, se ha advertido en reiteradas ocasiones que, si bien no existe
un postulado taxativo que consagre la indexación de derechos laborales, la
jurisprudencia ha desarrollado con base en principios constitucionales, en
especial, los previstos en los artículos 48, 53 y 230, una posición en la que
bajo criterios de justicia y equidad determina que la pérdida del poder
adquisitivo de la moneda y el fenómeno inflacionario son hechos notorios y,
3 «Artículo 14. Reajuste de Pensiones. Con el objeto de que las pensiones de vejez o de jubilación, de

invalidez y de sustitución o sobreviviente, en cualquiera de los dos regímenes del sistema general de
pensiones, mantengan su poder adquisitivo constante, se reajustarán anualmente de oficio, el primero
de enero de cada año, según la variación porcentual del Índice de Precios al Consumidor, certificado por
el DANE para el año inmediatamente anterior. No obstante, las pensiones cuyo monto mensual sea igual
al salario mínimo legal mensual vigente, serán reajustadas de oficio cada vez y con el mismo porcentaje
en que se incremente dicho salario por el Gobierno. […].»

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por tanto, el trabajador no tiene por qué soportar las consecuencias negativas
de dicha situación, al recibir sumas de dinero desvalorizadas que no van en
armonía con el monto real de la prerrogativa laboral adquirida.

Bajo una interpretación analógica procedente ante el vacío regulatorio sobre
la materia para efectos del auxilio de cesantía, la Sala destaca que, por
ejemplo, en el caso de las demandas en las que se busca la indexación de la
primera mesada pensional, esta «[…] se produce, cuando habiendo ocurrido el
retiro del servicio en un año determinado, el pensionado alcanza a completar los
demás requisitos para acceder al derecho cuando ha transcurrido uno o más años
después del retiro, de modo que ese transcurso de tiempo, el salario con que se
liquidaría la pensión habría sufrido detrimento. […]»4

Lo anterior significa que el derecho al ajuste de la base salarial en el supuesto
de la primera mesada, se causa cuando cumplido el requisito de tiempo de
servicio, el beneficiario se retira antes de la edad requerida para acceder al
derecho prestacional. Por lo tanto, una vez acreditado este, la administración
procede a reconocer y liquidar la pensión de jubilación con el promedio del
salario indexado a la fecha de reconocimiento.

Ello con la finalidad de que el beneficio prestacional no se vea afectado por el
transcurrir del tiempo y que de esta manera, se eviten las repercusiones
económicas negativas en su poder adquisitivo por el efecto que forja la
depreciación monetaria, el cual generaría la afectación a la garantía
constitucional del mínimo vital.

Como se observa, esta misma lógica tiene un sustento propio en asuntos tan
particulares como el sub iudice, donde se discute la corrección monetaria
sobre el ingreso liquidatorio de una prestación diferente como lo es el auxilio
de cesantía. Pues bien, la referida intelección permite inferir que el marco
jurídico constitucional en punto a la figura de la actualización dineraria, no es
predicable exclusivamente de las pensiones, sino de todos los derechos
laborales que a pesar de no ser periódicos, sí pueden verse afectados por la
devaluación del dinero cuando se configuran situaciones como la que es objeto
de estudio, en la que se calcula la prerrogativa con base en un salario
determinado para cierta anualidad, pero el cumplimiento de la exigencias
normativas para su pago o reconocimiento se concretan con posterioridad,
específicamente muchos años después, durante los cuales claramente el
monto a abonar habrá perdido su capacidad adquisitiva.

Es decir, la figura de la indexación es aplicable para prestaciones diferentes a
las pensiones, siempre que sea posible advertir un verdadero detrimento en el
valor del derecho económico como tal, en razón del paso del tiempo, así se
trate de un emolumento de causación inmediata y única, verbigracia las
cesantías, pues en el contexto de algunos supuestos excepcionales donde
existe una brecha temporal entre la liquidación y el pago del haber laboral,
debe prevalecer la realidad jurídica sobre las formalidades en procura del
respeto de principios superiores como el de equidad.

4 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 7 de marzo de 2013. Radicación

760012331000200801205-01 (1995-11). Gersaín Daza contra el Municipio de Palmira (Valle del Cauca).

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Al respecto se precisa que el mentado postulado superior es relevante en el
tema que se analiza, pues la Corte Constitucional5 ha desarrollado su alcance
en la administración de justicia de la siguiente forma:

«[…] 5.3 Lugar y función de la equidad en el derecho. Las anteriores consideraciones
de la Corte Constitucional abordan la cuestión del lugar y la función de la equidad
dentro del derecho. Básicamente, el lugar de la equidad está en los espacios dejados
por el legislador y su función es la de evitar una injusticia como resultado de la
aplicación de la ley a un caso concreto. La injusticia puede surgir, primero, de la
aplicación de la ley a un caso cuyas particularidades fácticas no fueron previstas por
el legislador, dado que éste se funda para legislar en los casos usuales, no en los
especiales y excepcionales. La omisión legislativa consiste en no haber contemplado
un caso especial en el cual aplicar la regla general produce un efecto injusto.
Segundo, la injusticia puede surgir de la ausencia de un remedio legal, es decir, ante
la existencia de un vacío. En esta segunda hipótesis, la equidad exige decidir como
hubiera obrado el legislador. En la primera hipótesis la equidad corrige la ley, en la
segunda integra sus vacíos. Así entendida, la equidad brinda justicia cuando de la
aplicación de la ley resultaría una injusticia.[…]».

En atención al principio de equidad como criterio auxiliar de la actividad judicial
según el artículo 230 constitucional6, es que precisamente se ha legitimado la
procedencia de la actualización salarial de la primera mesada pensional, y por
extensión análoga también para otras prestaciones, ello ante el vacío en la ley
respecto de una norma expresa para lo propio.

Tal criterio ha sido aplicado en varias oportunidades por el Consejo de Estado7
así:

«[…] La Sala considera que ante el vacío normativo existente en relación con la
indexación del ingreso base de liquidación de una prestación pensional y, las
consecuencias negativas derivadas de tal circunstancia, concretadas en el hecho de
que un servidor tenga que percibir al momento de pensionarse, por concepto de
mesada, una suma de dinero devaluada que no guarde una equivalencia o
correspondencia con el valor real del salario que devengada cuando prestaba sus
servicios, resulta pertinente y necesario ordenar el reajuste del ingreso base de
liquidación en atención al carácter especialísimo de que goza una prestación
pensional y al principio de equidad que gobierna el Sistema General de Seguridad
Social en Pensiones. […]».

Conforme al recuento normativo de rango constitucional y a la jurisprudencia
en precedencia, se ha entendido que la pérdida del poder adquisitivo de la
moneda y el fenómeno inflacionario, son hechos notorios que el empleado no
está obligado a soportar, al punto de ser inexorable la respectiva indexación
como herramienta que evite las repercusiones económicas negativas de la
desvalorización, pues esta generaría la afectación a la integridad, esencia,

5 Sala Plena de la Corte Constitucional, Magistrado ponente: Manuel José Cepeda Espinosa, Sentencia

SU837 del nueve (9) de octubre de dos mil dos (2002), Referencias: expediente T-503413, Sentencia T-
046 de 2002 y Auto 027 de abril 2 de 2002, Actor: Fundación Abood Shaio y otros.
6 ARTICULO 230. Los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley.

La equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares
de la actividad judicial.
7 Al respecto ver Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 10 de julio de 2014. Radicado interno:

2054-2010 y sentencia del 16 de agosto de 2018. Radicación número: 17001-23-33-000-2013-00051-
01(4694-13).

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finalidad y naturaleza inherente a los diferentes derechos prestacionales de
los trabajadores, o en este caso de los servidores públicos.8

 De la situación particular del libelista

De acuerdo con las consideraciones que anteceden en torno a la procedencia
de actualización de las prestaciones sociales, la Sala encuentra probado lo
siguiente en el sub lite frente al caso del demandante:

 De acuerdo con el formato único para la expedición de certificado de historia
laboral emitido el 24 de noviembre de 2015 por la Secretaría de Educación del
Departamento de Norte de Santander (folios 36 a 37, C1), se extrae que el
señor Gustavo Salvador Meneses Bayona ejerció como directivo docente de
la referida entidad desde el 15 de abril de 1978 hasta el 14 de agosto de 2014
cuando fue retirado del servicio por la causal de destitución. De este
documento se observa igualmente que el demandante fue suspendido en el
ejercicio de su cargo desde el 2 de julio de 2004 hasta la última data en
comento.

 Según la Resolución 000263 del 2 de julio de 2004 (folio 32, C1), la
Secretaría de Educación Departamental de Norte de Santander suspendió en
el ejercicio del cargo al libelista desde la mentada fecha, ello en atención a la
comunicación de la Fiscalía Segunda Delegada ante los Jueces Penales del
Circuito de Pamplona, en la que se indicaba que mediante orden judicial del
10 de junio de 2004, se impuso medida de aseguramiento de detención
preventiva contra el demandante, esto en curso del proceso penal adelantado
por la comisión de los delitos de peculado por apropiación y falsedad en
documento público.

 Conforme a la Resolución 000452 del 27 de mayo de 2014 (folios 34 a 35,
C1), se observa que la referida entidad territorial retiró del servicio al señor
Meneses Bayona desde el 14 de agosto de 2014, ello por encontrarse en una
causal de inhabilidad para el ejercicio de cargos públicos, debido a que aquel
fue condenado por las conductas punibles referidas anteriormente, de acuerdo
con las sentencias del 13 de junio de 2008 proferida por el Juzgado Cuarto
Penal del Circuito de Bucaramanga, confirmada por la providencia del 21 de
abril de 2010 emitida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial.

 El demandante radicó formato de solicitud de cesantía definitiva ante la
Secretaría de Educación del Departamento de Norte de Santander El 5 de
febrero de 2016 (folios 29 a 30, C1), esto por el tiempo laborado como directivo
docente ante dicha entidad. Mediante Resolución 01513 del 2 de mayo de
2016 (folio 48, C1), la autoridad demandada negó el reconocimiento de la
prestación deprecada al precisar lo siguiente:

«[…] Que se envió el trámite prestacional mediante oficio con radicado de salida
2016EE1059 de fecha 16/02/2016 a la Fiduprevisora para su estudio y posterior
aprobación y fue devuelta Negada por esa entidad mediante oficio con radicado
SAC2016PQR12516 de fecha 26/04/2016 con la observación: La prestación presenta
prescripción de conformidad con lo prescrito en el artículo 5212 y 5213 modificado
por la Ley 791 de 2002, y según el artículo 1 de la citada ley, los términos de todas

8 Lo anterior también encuentra asidero en los planteamientos trazados también por esta Corporación

en sentencia del Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 20 de septiembre
de 2018. Radicación 08001-23-33-2014-01528-01 (1730-2016).

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las prescripciones veintenarias, establecidas en el Código Civil (aplicable por analogía
al no existir regulación propia en la Ley Laboral), incluyendo la extintiva, fueron
reducidos a 10 años contados a partir del nacimiento de la obligación o el derecho.
Estudiado el presente caso, da cuenta que el retiro se efectuó a partir del 02/07/2004,
y la solicitud de reconocimiento de Cesantía Definitiva fue interpuesta el 05/02/2016,
es decir, vencidos los 10 años de los cuales gozaba el titular de derecho para
reclamarlo y en efecto se generó la prescripción extintiva del mismo. […]». (Cursiva
del texto original).

 El libelista formuló recurso de reposición el 27 de mayo de 2016 contra el
acto precitado (folios 61 a 65, C1), el cual fue resuelto a través de la Resolución
0076 del 12 de enero de 2017 (folios 22 a 23, C1) con la que repuso la decisión
primigenia y por consiguiente reconoció y ordenó el pago de cesantías
definitivas bajo el régimen de retroactividad a favor del señor Gustavo Salvador
Meneses conforme a la siguiente motivación y fundamento liquidatorio:

«[…] Que el proyecto del acto administrativo que resuelve el recurso se envió a la
Fiduprevisora para su estudio y aprobación bajo radicado de salida 2016EE4598 de
13/06/2016, realizándose las respectivas reiteraciones bajo radicados de salida
2016EE5516 de 14/07/2016,2016EE6450 de 17/08/2016 2016EE7812 de 03/10/2016
y 2016EE9119 de 16/11/2016, siendo devuelto con estado de aprobado bajo radicado
Gobernación del Departamento N. 069973 de 28/12/2016, con la siguiente
observación según hoja de revisión con fecha de estudio de 21/12/2016 "Corregir
proyecto de A.A. Valor liquidado 67.886.623, valor a girar 50.176.692. La fuente del
recurso, periodo liquidado 15.05.1978 al 30.06.2004…”

Que los factores salariales que sirven como base para la liquidación son:

Que se liquidaron las cesantías correspondientes al periodo comprendido desde el
15/05/1978 hasta el 30/06/2004, fecha hasta la cual laboró por valor de SESENTA Y
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS
VEINTITRES PESOS M/CTE. ($67.886.623.00).

Que según certificación expedida 28/07/2015 por La Secretaria de Educación del
Departamento Norte de Santander, al peticionario no se le han cancelado cesantías
parciales por la Caja de Previsión Departamental.

Que según reporte de cesantías expedido por la Fiduprevisora se le han cancelado
las siguientes cesantías parciales:

El valor total de Cesantías Parciales pagadas es de DIECISIETE MILLONES
SETECIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE.
($17.709.931,00), que debe descontarse de la presente liquidación.

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Que en mérito de lo expuesto;

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Reponer la Resolución No. 01513 de 02 de mayo de 2016,
en su Artículo Primero, el cual quedará así: Reconocer al Directivo Docente
GUSTAVO SALVADOR MENESES BAYONA, identificado con C.C. No. 13.372.649,
la suma de SESENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL
SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE. ($67.886.623.00), liquidada conforme
a la parte motiva de la presente resolución que le corresponde por el tiempo de
servicios como Directivo Docente de vinculación NACIONALIZADO – SITUADO
FISCAL.

PARAGRAFO PRIMERO: De la suma reconocida descontar el valor de DIECISIETE
MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS
M/CTE ($17.709.931.00), por concepto de pago de cesantías parciales.

PARAGRAFO SEGUNDO: Descontando los valores estipulados en el parágrafo
primero del presente artículo, queda un saldo líquido por valor de CINCUENTA
MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS
PESOS M/CTE ($50.176.692,00), que será cancelado por la Entidad Fiduprevisora,
según acuerdo suscrito entre la Nación y esta entidad, al GUSTAVO SALVADOR
MENESES BAYONA, identificado con C.C. No. 13.372.649. […]». (Negrilla,
mayúscula y cursiva conforme a la transcripción).

 Según el Oficio 2018RE7129 del 14 de septiembre de 2018 suscrito por el
responsable del área administrativa y financiera de la Gobernación de Norte
de Santander (folio 137, C1), el demandante a la aludida fecha no había
formulado ningún tipo de petición tendiente a obtener el reconocimiento de la
sanción moratoria por pago tardío de cesantías.

Pues bien, como se aprecia del referido contexto fáctico, resulta claro que la
entidad demandada a través de la Resolución 0076 del 12 de enero de 2017,
reconoció a favor del señor Meneses Bedoya el auxilio de cesantía en
aplicación del régimen retroactivo previsto en el artículo 15, numeral 3.°, literal
a) de la Ley 91 de 1989. Ahora, sobre este marco normativo tenido en cuenta
por la parte pasiva, se advierte que no existe discusión en virtud del litigio
fijado, así como tampoco con motivo del recurso de apelación objeto de
estudio, por lo que no resulta necesario efectuar análisis sobre el sistema de
liquidación vigente para el presente caso.

No obstante, es de destacar que la norma en comento prevé lo siguiente en
materia de reconocimiento de cesantías retroactivas:

«[…] Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente
nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero de 1990
será regido por las siguientes disposiciones:

[…] 3. Cesantías: A. Para los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de
diciembre de 1989, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio pagará
un auxilio equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o
proporcionalmente por fracción de año laborado, sobre el último salario
devengado, si no ha sido modificado en los últimos tres meses, o en caso contrario
sobre el salario promedio del último año. […]». (Negrita intencional).

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Como se desprende del precepto en cita, el auxilio bajo estudio consolidado
en razón del sistema retroactivo, se determina con fundamento en el último
salario devengado por el servidor, de manera que en el caso de las cesantías
definitivas que corresponden a aquellas causadas al momento de la
desvinculación del servicio, evidentemente resulta indispensable para efectos
liquidatorios, tener en cuenta la remuneración percibida por el empleado en
ese preciso instante, es decir, cuando finaliza la relación legal y reglamentaria
que este detentaba con la respectiva entidad.

Ahora, lo cierto es que al momento de fijar el monto de la prestación objeto de
litigio, la Secretaría de Educación del Departamento de Norte de Santander en
representación del Ministerio de Educación, FNPSM, tuvo en cuenta como
ingreso base de liquidación el promedio de la asignación básica mensual
percibida por el demandante entre el 2 de julio de 2003 y el 2 de julio de 2004,
ello junto con los demás factores salariales como la asignación adicional de
director de núcleo al 35% y las doceavas partes de las primas de vacaciones
y de navidad devengadas en ese mismo período.

Lo anterior obedeció al hecho de que debido a la suspensión en el ejercicio del
cargo impuesta al señor Meneses Bedoya ante el decreto de una medida de
detención preventiva en desarrollo del proceso penal adelantado en su contra,
se hacía palmario que el último salario que aquel pudo recibir materialmente
fue el de julio de 2004, habida cuenta de que desde esta data y hasta el 14 de
agosto de 2014, no volvió a percibir remuneración alguna debido a la referida
situación jurídica.

En todo caso, es adecuado precisar que durante el lapso referido, el libelista
no se encontraba retirado del servicio, sino suspendido en el desempeño de
su empleo, esto es, no puede considerarse que en dicho interregno se hubiese
enervado su vínculo legal y reglamentario como directivo docente del
departamento de Norte de Santander. Por tal motivo, en el año 2004 el
demandante aún no tenía configurado el supuesto de hecho que le permitiera
acceder al reconocimiento y pago de las cesantías definitivas, dado que lo
propio ocurrió solo hasta 2014 cuando fue retirado del servicio conforme a la
Resolución 000452 del 27 de mayo de esa anualidad.

Lo expuesto denota que debido a las condiciones particulares y específicas
del contexto fáctico inherente a la presente causa judicial, la fecha en la que
se tuvo en cuenta el ingreso base de liquidación prestacional en el sub
examine, es diferente y muy distante a la del momento en que el educador
colmó el requisito indispensable para que le fuera reconocida la prerrogativa
en comento.

Si bien tal situación no es habitual para el caso del auxilio de cesantía
definitiva, debido a que por la naturaleza de aquel concepto laboral, este en
términos generales se calcula y se consolida de manera instantánea con base
en la data de terminación de labores oficiales, lo cierto es que es posible que
ocurran eventos como el de la aludida suspensión en el cumplimiento de
funciones, la cual entraña consigo la vigencia de una relación de trabajo con
el Estado, pero a la vez la falta de pago de la remuneración fijada para el
empleado que se encuentre en la referida condición.

En el asunto de marras se observa entonces que la entidad demandada
reconoció y ordenó el pago de las cesantías deprecadas por el señor Gustavo
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Salvador Meneses, las cuales liquidó con base en el último salario percibido
por este entre julio de 2003 y julio de 2004, ello sin haber efectuado ningún
tipo de actualización monetaria respecto de dicho ingreso de liquidación para
el año 2014 cuando se materializó la orden de pago de la prerrogativa.

Tal circunstancia, con base en lo expuesto previamente sobre la procedibilidad
de la indexación de las prestaciones sociales, efectivamente corrobora el
hecho de que entre la fecha de suspensión de labores del demandante cuando
recibió su última asignación salarial (2 de julio de 2004) y la data de
estructuración jurídica del mentado auxilio por retiro definitivo del servicio (14
de agosto de 2014), transcurrieron 10 años, 1 mes y 12 días, lo que
evidentemente generó una pérdida del poder adquisitivo de la cuantía de la
prestación fijada con un IBL del año 2004, a comparación de la fuerza de la
moneda en el 2014, así como en el 2017 cuando se expidió el acto
administrativo de reconocimiento del derecho.

Este planteamiento halla su justificación en razón del hecho notorio de la
devaluación del dinero por el paso del tiempo, al igual que de la aplicación
directa del principio de equidad como criterio auxiliar del derecho a fin de
conjurar aquel fenómeno en vía judicial con motivo del vacío normativo sobre
el particular.

Por esta misma justificación es que no encuentran sustento los argumentos de
la parte apelante relacionados con la imposibilidad de indexar la base salarial
de las cesantías otorgadas al libelista, al aducir que el período de suspensión
laboral de aquel fue un hecho ajeno y externo a las actuaciones y facultades
de la entidad demandada en calidad de empleadora, pues consideró que ello
obedeció a una actuación judicial penal que solo es atribuible a la conducta del
señor Meneses Bayona y a las decisiones propias de los jueces que
conocieron del caso.

En tal sentido, el Ministerio de Educación, FNPSM esgrimió que no es
procedente actualizar el IBL determinado para fijar el monto del auxilio bajo
estudio, puesto que el paso del tiempo entre el último salario devengado por
el demandante y la fecha de terminación de su relación legal y reglamentaria
que habilitó el reconocimiento de la prestación, no era atribuible a los actos de
dicha autoridad y por lo tanto tampoco podía asumir los efectos adversos de
ese lapso durante el cual no se estructuró el derecho a favor de aquel.

Empero, lo cierto es que la justificación aludida no encuentra eco favorable en
el presente caso, toda vez que tal como se esbozó anteriormente, para
resolver el litigio bajo examen, deben primar los preceptos superiores de la
prevalencia de la realidad sobre las formalidades y de la equidad, sin que cobre
relevancia en este punto el hecho de que el período de suspensión laboral al
que se vio sometido el libelista no hubiese tenido como causa el actuar de su
empleador, ello habida cuenta de que la aplicación de la figura de la indexación
no se encuentra sometida o condicionada a algún elemento cualitativo o
subjetivo como podría llegar a ser la verificación de la conducta de las partes
en la obligación debida.

Al respecto se recuerda que la actualización monetaria es una herramienta
tendiente a traer a valor presente una suma de dinero adeudada frente a la
cual ha pasado el tiempo suficiente para que ese monto inicial haya perdido
su poder adquisitivo sin ningún tipo de consideración adicional. Contrario a
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este concepto, existe también el de la indemnización moratoria o intereses
moratorios (aplicable igualmente en el caso de las cesantías), el cual además
de realizar una corrección valorativa de determinada cifra, busca en su esencia
resarcir a título de sanción las consecuencias de la falta de disponibilidad
material para el acreedor de un pago insoluto, en el que además debe
verificarse si el actuar del deudor para permitir que transcurriera el tiempo sin
solventar la obligación se encontraba justificado o no.

Pues bien, en el sub iudice se advierte sin dubitación que la parte activa con
su demanda lo que pretende es la indexación del ingreso base de liquidación
tenido en cuenta en su momento para el cálculo de su auxilio de cesantía, pero
en ningún aparte ha deprecado el reconocimiento y pago de una
indemnización moratoria por la misma causa de la suspensión laboral, tal
como lo certificó la misma parte pasiva en el Oficio 2018RE7129 del 14 de
septiembre de 2018 (folio 137, C1), ello por cuanto la discusión no se ha
centrado en el pago tardío o extemporáneo de la prestación, sino en su
liquidación inadecuada por no haber actualizado su valor a la fecha de
reconocimiento.

De este modo, resulta evidente que no es procedente analizar si la conducta
de la entidad demandada influyó o no en el paso del tiempo transcurrido entre
la fecha de la suspensión en el ejercicio del cargo por parte del señor Gustavo
Salvador Meneses y la data de retiro del servicio, así como la del posterior
reconocimiento de las cesantías definitivas, esto en la medida en que en el
asunto de la referencia no se busca imponer una sanción por la mora en el
abono de la prerrogativa bajo estudio, sino determinar la procedencia de
indexar el IBL con el que se fijó la cuantía del derecho en mención, debido a
una notoria devaluación de la moneda, lo cual como se precisó con antelación,
es jurídicamente viable en la forma en la que lo concibió el a quo, y sin que
sea del caso verificar concretamente los montos y fechas a tener en cuenta
para la respectiva liquidación, toda vez que esos aspectos no fueron objeto de
impugnación por la autoridad apelante.

En conclusión: sí es procedente la indexación al 12 de enero de 2017 sobre
el ingreso base de liquidación con el cual fueron calculadas las cesantías
retroactivas definitivas a favor del señor Gustavo Salvador Meneses Bayona,
conforme a la Resolución 0076 de dicha fecha, ello por el paso del tiempo
desde el 2 de julio de 2004 cuando aquel fue suspendido en el ejercicio de sus
funciones como directivo docente hasta el 14 de agosto de 2014 cuando este
fue retirado del servicio por haber sido condenado en desarrollo de un proceso
penal adelantado en su contra durante el período en mención.

Lo anterior toda vez que al margen de que el derecho reclamado en esta
oportunidad se trata de una prestación social diferente a la pensión de
jubilación, también le es aplicable la mentada figura de la actualización
monetaria, particularmente en un caso como el sub lite, ello en el entendido de
que, en efecto, entre la fecha en que el demandante percibió su último salario
debido a que fue suspendido en el desempeño de su empleo (2 de julio de
2004), y la data en que finalizó su relación legal y reglamentaria con la entidad
demandada por la causal de destitución (14 de agosto de 2014), transcurrieron
más de 10 años a lo largo de los cuales es un hecho notorio que se devaluó la
moneda.

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Demandante: Gustavo Salvador Meneses Bayona

En tal sentido, aquella carga no debe ser soportada por el libelista, aún en el
entendido de que el referido período haya tenido lugar en virtud de un proceso
penal adelantado en contra de este, e incluso pese a que la autoridad
demandada no haya intervenido para que tal situación se hubiese
materializado, pues el mentado fenómeno d depreciación del dinero requiere
una solución jurídica que debe ser necesariamente la indexación en este
asunto, toda vez que deben observarse los principios de la prevalencia de la
realidad sobre las formas y de la equidad como criterio auxiliar del derecho
verificable ante vacíos normativos como sucede en el presente caso, más aún
cuando en la presente controversia no se ha reclamado una indemnización
moratoria ni se discute el pago tardío de la obligación prestacional, sino
exclusivamente la pérdida del valor adquisitivo de la suma reconocida por tal
concepto.

Decisión de segunda instancia

Por las razones que anteceden, la subsección confirmará la sentencia del 24
de octubre de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander que accedió a las pretensiones de la demanda, ello habida cuenta
de que no prosperan los argumentos del recurso de apelación formulado por
la entidad demandada.

De la condena en costas de segunda instancia

Esta subsección en providencia de 7 de abril de 20169, sobre la condena en
costas en vigencia del CPACA, determinó el criterio objetivo-valorativo para la
imposición de dicha carga bajo los siguientes fundamentos:

a. «El legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en
costas, al pasar de un criterio «subjetivo» –CCA- a uno «objetivo valorativo»
–CPACA-.
b. Se concluye que es «objetivo» porque en toda sentencia se «dispondrá» sobre
costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o parcialmente, o
bien para abstenerse, según las precisas reglas del CGP.
c. Sin embargo, se le califica de «valorativo» porque se requiere que en el
expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su
comprobación. Tal y como lo ordena el CGP, esto es, con el pago de gastos
ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente realizada
dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye la mala fe o
temeridad de las partes.
d. La cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se fijará
atendiendo la posición de los sujetos procesales, pues varía según sea la
parte vencida el empleador, el trabajador o el jubilado, estos últimos más
vulnerables y generalmente de escasos recursos, así como la complejidad e
intensidad de la participación procesal (Acuerdo núm. 1887 de 2003 Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura).
e. Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no
escritas, por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así pactado
por éstas.

9 Al respecto ver sentencia de 7 de abril de 2016, expedientes: 4492-2013, demandante: María del

Rosario Mendoza Parra y 1291-2014, demandante: José Francisco Guerrero Bardi.

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f. La liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho), la hará el
despacho de primera o única instancia, tal y como lo indica el CGP10, previa
elaboración del secretario y aprobación del respectivo funcionario judicial.
g. Procede condena en costas tanto en primera como en segunda instancia.»

De lo anterior se colige que la condena en costas implica una valoración
objetiva valorativa que excluye como criterio de decisión la mala fe o la
temeridad de las partes. En efecto, el artículo 188 del CPACA, regula que
tratándose de costas en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en la
sentencia el juez tiene la obligación de pronunciarse sobre dicho aspecto, con
excepción de los asuntos en los que se ventile un interés público11.

Bajo este hilo argumentativo, en el caso sub examine se condenará en costas
de la presente instancia a la entidad demandada y a favor del demandante,
ello en la medida que conforme el numeral 3.º del artículo 365 del CGP, la
primera resultó vencida al confirmarse en su totalidad la sentencia recurrida, y
además la parte activa intervino en esta oportunidad al presentar escrito de
alegatos de conclusión visible en el índice 13 del registro en SAMAI, tal como
se indica en la constancia secretarial que reposa a folio 318 del cuaderno 2.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo Sección Segunda, Subsección A administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Confirmar la sentencia proferida el 24 de octubre de 2019 por el
Tribunal Administrativo de Norte de Santander que accedió a las pretensiones
de la demanda, en el proceso que en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho promovió el señor Gustavo Salvador Meneses
Bayona contra la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio.

Segundo: Condenar en costas de segunda instancia a la parte demandada y
a favor del demandante, las cuales se liquidarán por el a quo.

Tercero: Ejecutoriada esta providencia, devolver el expediente al tribunal de
origen, previas las anotaciones pertinentes en el sistema de registro SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firmado electrónicamente

10 «ARTÍCULO 366. LIQUIDACIÓN. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera

concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente
quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo
dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas: […]».
11 Regula la norma lo siguiente: “[…] salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la

sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas
del Código de Procedimiento Civil […].»

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Demandante: Gustavo Salvador Meneses Bayona

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente

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