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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 54001-23-33-000-2017-00547-01

Fecha
19 de marzo de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 54001-23-33-000-2017-00547-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el dieciséis (16) de septiembre de dos mil veintiuno (2021) por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, por medio de la cual se negaron las pretensiones. Segundo. CONDENAR en costas en segunda instancia a la parte demandante. Tercero. Aceptar la renuncia al poder presentada por el abogado Gustavo Quintero Navas, identificado con la cédula de ciudadanía 79.288.589 y la tarjeta profesional 42.992 del CSJ, según memorial visible a índice 12 del aplicativo SAMAI. Cuarto. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones pertinentes en el aplicativo SAMAI. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 54001-23-33-000-2017-00547-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

19 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUITÉRREZ

Bogotá, D.C, diecinueve (19) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 54001-23-33-000-2017-00547-01 (1534-2022)
Demandante: Eduardo José Galvis Ursprumg
Demandado: Procuraduría General de la Nación
Vinculado: Rafael Eduardo Celis Celis

Temas: Empleado en provisionalidad. Nombramiento en período de
prueba por concurso de méritos. CONFIRMA SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el dieciséis (16) de septiembre de dos mil veintiuno (2021) por
el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, por medio de la cual se negaron
las pretensiones.

ANTECEDENTES

1. El señor Eduardo José Galvis Ursprumg instauró demanda en contra de la
Procuraduría General de la Nación, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), con el
fin de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

2. Que se inapliquen por ilegales las Resoluciones 40 del 20 de enero de 2015 y
345 del 8 de julio de 2016 por medio de las cuales se convocó a concurso de méritos
y publicó la lista de elegibles, respectivamente y la totalidad de los actos
administrativos generales expedidos en el marco del concurso. Que se declare la
nulidad del Decreto 5927 del 15 de diciembre de 2016 que terminó su nombramiento
en provisionalidad como procurador judicial II, código 3 PJ, grado EC, en la
Procuraduría 24 Judicial II Administrativa de Cúcuta y nombró en período de prueba.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
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Radicación: 54001-23-33-000-2017-00547-01 (1534-2022)

3. A título de restablecimiento del derecho, que se ordene su reintegro, el pago
indexado de los salarios y prestaciones dejados de percibir, perjuicios inmateriales
en la modalidad de daños morales y se condene en costas.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

4. Que, a través de la Resolución 40 del 20 de enero 2015, la Procuraduría
General de la Nación reglamentó la convocatoria al proceso de selección para
proveer los cargos de carrera de procuradores judiciales I y II. Luego expidió la
Resolución 345 del 8 de julio de 2016 que publicó la lista de elegibles y, finalmente,
la adoptó por medio del Decreto 5927 del 15 de diciembre de 2016, que lo retiró del
empleo que ocupaba en provisionalidad y designó en período de prueba al señor
Rafael Eduardo Celis Celis.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN

5. Argumentó que viola los artículos 4, 13, 113, 125 (inciso 3), 279 y 280 de la
Constitución Política; 194 y 203 del Decreto Ley 262 del 2000; 20 del Decreto 263
del 2000; 4 y 7 del Decreto 264 del 2000; la Resolución 253 del 9 de agosto de 2012
de la Procuraduría General de la Nación y la Sentencia C-101 de 2013, por
considerar que concluyó un concurso abiertamente ilegal.

6. Afirmó que los procuradores judiciales deben tener las mismas calidades de
los jueces o magistrados ante quienes ejercen sus funciones, pero los concursos de
la Rama Judicial incluyen la metodología del «curso-concurso» y el de la
Procuraduría no lo hizo. Que la Resolución 40 de 2015 violó la reserva de ley
ordinaria (en el caso de homologaciones, equivalencias, divulgación, sistema de
evaluación-calificación y acuerdo de inscripción) y estatutaria (porque regula
elementos concernientes a la administración de justicia y el derecho fundamental
de acceso a cargos públicos), que no estableció las equivalencias del Decreto 263
del 2000, dispuso el cómputo de la experiencia desde el grado y no la terminación
de materias, desconoció la validez de los documentos electrónicos por requerir
copia física de las publicaciones académicas y que el Decreto 5927 del 15 de
diciembre de 2016 no le fue notificado personalmente, solo se comunicó por medio
de un correo electrónico y no podía producir efectos jurídicos.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

7. El 13 de diciembre de 2017 se admitió la demanda y se vinculó al señor Rafael
Eduardo Celis. La entidad expresó que el régimen de carrera especial de la
Procuraduría consagrado en el Decreto Ley 262 del 2000 no incluyó el «curso-

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concurso», que no era preciso tramitar un proyecto de ley estatutaria que regulara
el sistema de carrera, pues la Sentencia C-101 de 2013 se limitó a imponer la
realización de una convocatoria pública de méritos y el procurador general era
competente para adoptar instrumentos normativos en este sentido, que la inclusión
de equivalencias era facultativa. Que, igual que a los jueces y magistrados, a los
procuradores judiciales se les computa la experiencia con posterioridad al título de
abogado. Que si bien el CPACA autoriza el trámite electrónico, el Decreto Ley 262
del 2000 permite las publicaciones académicas de forma física y esto no limita la
agilidad y eficacia del concurso. Adujo que debía comunicar la decisión y que, en
cualquier caso, la indebida notificación no tiene la potencialidad de viciar la legalidad
del acto por tratarse de un requisito de eficacia y no de validez.

8. En audiencia del 7 de diciembre de 2018 se resolvieron excepciones previas,
se fijó el litigio y se decretaron las pruebas. Estas se practicaron en audiencias del
15 de febrero y 24 de mayo de 2019, cuando también se corrió traslado para alegar.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

9. Mediante sentencia del 16 de septiembre de 2021, el Tribunal Administrativo
de Norte de Santander negó las pretensiones, por considerar que la Sección
Segunda del Consejo de Estado controló la legalidad de la Resolución 40 de 2015
por los cargos que alega el demandante y la encontró ajustada al ordenamiento; por
lo tanto, como esta decisión produce efectos erga omnes, era improcedente
inaplicar el acto y anular el Decreto 5927. Agregó que la indebida notificación no
logra viciar los actos administrativos porque no está relacionada con un elemento
de su validez y, además, se acreditó una notificación por conducta concluyente. Que
tampoco se presentaron argumentos para controvertir la legalidad de la Resolución
345 de 2016.

RECURSO DE APELACIÓN

10. El demandante interpuso el recurso de apelación por considerar que la
sentencia no se pronunció sobre todos los móviles de ilegalidad expuestos. Reiteró
los argumentos de la demanda relacionados con la inaplicación de las resoluciones
40 de 2015 y 345 de 2016, y la consecuente nulidad del Decreto 5927 de 2016,
especialmente, la violación del principio de reserva de ley para regular aspectos
esenciales y definitorios de la carrera, el cómputo de la experiencia profesional, la
validez de los soportes electrónicos respecto de las publicaciones académicas y el
deber de notificar personalmente el acto.

TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

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11. El 1.° de abril de 2022 se admitió el recurso de apelación. Las partes guardaron
silencio.

12. El Ministerio Público y el señor Rafael Eduardo Celis solicitaron que se
confirme la sentencia apelada con fundamento en los argumentos del Tribunal de
primera instancia.

Se resolverá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

13. De acuerdo con el recurso, corresponde determinar si el Decreto 5927 del 15
de diciembre de 2016 que dio por terminado el nombramiento del demandante como
procurador judicial II, código 3 PJ, grado EC, en la Procuraduría 24 Judicial II
Administrativa con sede en Cúcuta, se encuentra viciado de nulidad.

Marco normativo y jurisprudencial

14. El artículo 125 de la Constitución Política dispuso que los empleos en los
órganos y entidades del Estado son de carrera, con excepción de los de elección
popular, libre nombramiento y remoción, trabajadores oficiales y los demás que
determine la ley. Además, dispuso que el ingreso y ascenso en el sistema de carrera
está determinado por el mérito y las calidades de los aspirantes.

15. Por su parte, los artículos 278 y 279, disponen que el procurador general ejerce
directamente la función de «Nombrar y remover, de conformidad con la ley, los
funcionarios y empleados de su dependencia», y que la ley determinará la estructura
y funcionamiento de la PGN, así como «[…] lo atinente al ingreso y concurso de
méritos y al retiro del servicio, a las inhabilidades, denominación, calidades,
remuneración y al régimen disciplinario de todos los funcionarios y empleados de
dicho organismo».

16. En consecuencia, la Procuraduría General de la Nación goza de un régimen
especial, regulado por el Decreto Ley 262 de 2000, que implementó el sistema de
carrera administrativa con el fin de garantizar que las personas más idóneas
ingresen a la función pública, así como otorgar estabilidad e igualdad de
oportunidades para el acceso al servicio público. El artículo 182 del aludido decreto
clasificó los cargos de la entidad en i) de carrera administrativa; ii) de libre
nombramiento y remoción; y iii) de periodo fijo. Entre aquellos de libre nombramiento
y remoción incluyó el de procurador judicial.

17. Sin embargo, en la sentencia C-101 de 2013 la Corte Constitucional declaró la
inexequibilidad de la expresión «procurador judicial» contenida en el numeral 2º del

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artículo 182. Sostuvo que esta disposición vulneraba el artículo 280 de la
Constitución1. Así, su naturaleza de libre nombramiento y remoción mutó a ser de
carrera especial de la entidad, por lo cual, en la misma sentencia de
constitucionalidad se ordenó a la entidad convocar a concurso de méritos para la
provisión en propiedad de los cargos de procurador judicial.

18. Respecto a los servidores públicos nombrados en provisionalidad en cargos
de carrera, tanto la jurisprudencia de la Corte Constitucional, como la del Consejo
de Estado, ha sostenido que gozan de una estabilidad laboral relativa o intermedia,
lo que implica que su retiro debe fundarse en una causa legal, la cual debe señalarse
en el acto administrativo de desvinculación, es decir, debe ser motivado.

19. Una de estas es la provisión del cargo que ocupan por el nombramiento de la
persona que superó el concurso de méritos y que se encuentra en la lista de
elegibles. En este caso, la estabilidad del funcionario en provisionalidad cede al
mejor derecho que tiene la persona que ganó el concurso2.

Resolución del caso concreto

20. La Sala desestima el argumento de que el Tribunal de primera instancia se
abstuvo de resolver sobre aspectos que, a juicio del demandante, justificaban la
excepción de ilegalidad respecto de la Resolución 40 de 2015 y la consecuente
declaratoria de nulidad del Decreto 5927 de 2016. Por el contrario, se observa que
la providencia agotó los cuestionamientos de la demanda.

21. Ahora, en el recurso se insiste en una eventual excepción de ilegalidad sobre
aspectos que fueron estudiados en la sentencia de nulidad del 30 de julio de 2021
proferida por esta Sección3. De allí que, como se ha reiterado en otras
oportunidades, los efectos generales de cosa juzgada que produce esta
providencia, imposibilitan la inaplicación particular en desarrollo de control por vía
de excepción4. Por lo tanto, aquella decisión respecto de la competencia del
procurador general y el principio de reserva de ley, el cómputo de la experiencia
profesional y la validez de los soportes electrónicos de las publicaciones
académicas, no puede ser objeto de un nuevo examen jurídico que exceda el juicio
de validez abstracto antes citado.

1 Corte Constitucional. Sentencia C-101 del 28 de febrero de 2013. M.P. Mauricio Gonzáles Cuervo.
2 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 20 de octubre de 2022. Rad. 05001-23-

33-000-2017-02209-01 (6576-2019). C.P. Gabriel Valbuena Hernández.
3 Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia del 30 de julio de 2021. Rad. 11001-03-25-000-2015-00366-

00 (0740-2015). C.P. Gabriel Valbuena Hernández.
4 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 20 de junio de 2024. Rad. 19-001-23-33-

000-2017-00464-01 (0449-2021). C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.

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22. En cuanto al argumento según el cual el acto administrativo de retiro del
servicio no fue notificado personalmente, la Sala considera que los vicios en la
publicidad del acto no tienen la entidad de afectar su validez y, además, se ha
admitido que los actos de desvinculación que se sustentan en razones legales no
tienen que ser notificados sino comunicados: «[…] por lo general, el acto de
insubsistencia de nombramiento se “comunica”, aunque simplemente se “ejecuta”
en el caso de la insubsistencia tácita. Pero, cabe aclarar que cuando afecta
realmente a personal de carrera o de periodo, debe notificarse y señalarse los
recursos procedentes para la defensa de sus derechos»5.

23. En consecuencia, la presunción de legalidad del acto demandado permanece
incólume y se confirmará la decisión de primera instancia.

Condena en costas

24. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta Corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.

25. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente
de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público;
creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha
imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos,
como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo
dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el
proceso.

26. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

27. En consecuencia, se impondrán costas a la parte demandante, por cuanto se
niegan totalmente las peticiones del recurso de apelación. Para el efecto, de
conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por
el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por
la secretaría del Tribunal Administrativo de Norte de Santander.

5 Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia del 26 de junio de 2008. Rad. 68001-23-15-000-2005-03899-

01 (1216-07) C.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez.

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Radicación: 54001-23-33-000-2017-00547-01 (1534-2022)

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el dieciséis (16) de septiembre de dos
mil veintiuno (2021) por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, por medio
de la cual se negaron las pretensiones.

Segundo. CONDENAR en costas en segunda instancia a la parte demandante.

Tercero. Aceptar la renuncia al poder presentada por el abogado Gustavo Quintero
Navas, identificado con la cédula de ciudadanía 79.288.589 y la tarjeta profesional
42.992 del CSJ, según memorial visible a índice 12 del aplicativo SAMAI.

Cuarto. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUITÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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