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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 54001-23-33-000-2017-00659-01

Fecha
30 de marzo de 2023
Consejero ponente
Rafael Francisco Suárez Vargas
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 54001-23-33-000-2017-00659-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Confirmar la sentencia de primera instancia del 11 de febrero del 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho iniciado por la señora Carmen Sofía Pabón Rincón en contra de la UGPP, de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de esta decisión. Segundo. No condenar en costas de segunda instancia. Tercero. Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el portal Samái.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 54001-23-33-000-2017-00659-01

Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas

30 de marzo de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C., treinta (30) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 54001 23 33 000 2017 00659 01 (2584-2021)
Demandante: Carmen Sofia Pabón Rincón
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social1

Temas: Reliquidación de pensión. Ingreso Base de Liquidación. Prima
de antigüedad. Programa contra la tuberculosis, Ley 84 de
1948

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia de primera instancia del 11 de febrero del 2021, proferida por el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander, en la que se accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones

1
En adelante UGPP.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 54001 23 33 000 2017 00659 01 (2584-2021)
Demandante: Carmen Sofia Pabón Rincón

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, la señora Carmen Sofia Pabón Rincón formuló
demanda ante la jurisdicción de lo contencioso – administrativo, en orden a que se
declare la nulidad parcial de las siguientes Resoluciones: 021762 del 11 de
noviembre de 1997 y 2423 del 8 de marzo de 1999, dictadas por la entonces Caja
Nacional de Previsión Social, por medio de las cuales se le reconoció la pensión de
vejez y se reliquidó, elevando la cuantía al acreditarse nuevos tiempos y el retiro del
servicio, respectivamente.

También solicitó la nulidad total de las Resoluciones 46523 del 11 de septiembre de
2008; UGM 011563 del 3 de octubre de 2011; RDP 52737 del 15 de noviembre de
2013; RDP 57490 del 19 de diciembre de 2013; RDP 057937 del 23 de diciembre de
2013; RDP 002402 del 26 de enero de 2017 y RDP 015485 del 17 de abril de 2017,
proferidas por la UGPP, a través de las cuales se negó la reliquidación de la pensión.

Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho,
solicitó: (i) ordenar a la UGPP reliquidar la pensión de vejez teniendo en cuenta todos
los factores devengados durante el último año de servicio; (ii) pagar las diferencias
causadas entre lo pagado y lo que en realidad corresponde, con los
correspondientes ajustes de ley; (iii) indexar las sumas de dinero teniendo en cuenta
que el estatus pensional fue adquirido el 30 de agosto de 2006; (iv) ordenar que el
cumplimiento de la condena se dé en los términos del artículo 192 del CPACA; (v)
pagar los intereses de mora en virtud del artículo 195 de la Ley 1437 del 2011; (vi)
indexar las sumas de dinero correspondientes al aumento del monto de la pensión,
de conformidad con el índice de precios al consumidor; y (vii) condenar a la parte
demandada al pago de costas.

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Radicación: 54001 23 33 000 2017 00659 01 (2584-2021)
Demandante: Carmen Sofia Pabón Rincón

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, el apoderado de la demandante señaló los siguientes:

i) La señora Carmen Sofia Pabón Rincón nació el 30 de agosto de 1951, por lo que
cumplió 55 años el 30 de agosto de 2006. Es enfermera y laboró para el Servicio
Seccional de Salud de Norte de Santander por más de 20 años. Entre el 1.° de
febrero de 1976 y el 31 de agosto del 1997, se desempeñó en el cargo
«Coordinadora área tuberculosis» en el Hospital Sanatorio Amelia.

ii) Por medio de Resoluciones 021762 del 11 de noviembre de1997 y 2423 del 8 de
marzo de 1999 la entonces Caja Nacional de Previsión Social, le reconoció la
pensión de vejez y elevó la cuantía al acreditarse nuevos tiempos y el retiro del
servicio y, a través de las Resoluciones 46523 del 11 de septiembre de 2008; UGM
011563 del 3 de octubre de 2011; RDP 52737 del 15 de noviembre de 2013; RDP
57490 del 19 de diciembre de 2013 y RDP 057937 del 23 de diciembre de 2013, la
UGPP negó la reliquidación.

iii) Los anteriores actos administrativos se expidieron con aplicación de la Ley 33 de
1985, el Decreto 1158 de 1994 y el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, es decir en
cuantía del 75 % del promedio de lo devengado durante los últimos 10 años de
servicio y solo incluyó la asignación básica y la bonificación por servicios prestados.

iv) El 11 de mayo de 2016, la interesada solicitó la reliquidación de la pensión
teniendo en cuenta todos los factores salariales devengados durante el último año
de servicio; el anterior requerimiento fue decidido desfavorablemente mediante las

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Radicación: 54001 23 33 000 2017 00659 01 (2584-2021)
Demandante: Carmen Sofia Pabón Rincón

Resoluciones RDP 002402 del 26 de enero de 2017 y RDP 015485 del 17 de abril de
2017.

1.1.3. Normas violadas y concepto de la violación

En el escrito inicial de la demanda se invocaron como violados los artículos 1, 2, 4,
5, 6, 29, 48 y 53 de la Constitución Política de 1991; 1 de la Ley 62 de 1985; 1 y 3
de la Ley 33 de 1985; 36 de la Ley 100 de 1993; y 2 de la Ley 1437 de 2011.

En el desarrollo del concepto de violación expuso que para la fecha de entrada en
vigencia del Sistema General de Pensiones, la señora Pabón Rincón contaba con
más de 35 años de edad y 15 años de servicio, razón por la que es beneficiaria del
régimen de transición de la Ley 100 de 1993, lo que le da derecho a que su pensión
de jubilación sea liquidada con base en los parámetros de las Leyes 33 y 62 de
1985, esto es, con el 75% del promedio de todos los factores salariales devengados
durante el último año de servicios.

1.2. Contestación de la demanda

La UGPP contestó la demanda por medio de memorial radicado el 13 de marzo de
2018, en donde expuso los siguientes argumentos:

i) La entidad no tiene la obligación de reliquidar la pensión de jubilación de la señora
Carmen Sofia Pabón Rincón, pues los actos administrativos demandados se ajustan
a los presupuestos legales y jurisprudenciales aplicables al presente asunto.

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Radicación: 54001 23 33 000 2017 00659 01 (2584-2021)
Demandante: Carmen Sofia Pabón Rincón

ii) La demandante adquirió el estatus pensional el 30 de agosto de 2006, es decir,
en vigencia del régimen de transición de la Ley 100 de 1993; por este motivo, la
liquidación de la pensión tuvo en cuenta la edad y el tiempo de servicio
contemplados en la Ley 33 de 1985, con inclusión de los factores salariales del
Decreto 1158 de 1994.

iii) Propuso las excepciones de «prescripción de las mesadas pensionales y de los
factores salariales solicitados para ser incluidos en la mesada pensional e
inexistencia de la obligación».

1.3 La sentencia apelada

En fallo del 11 de febrero del 2021, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander,
accedió parcialmente a las pretensiones del medio de control, pues declaró la
nulidad parcial de las Resoluciones 021762 del 11 de noviembre de 1997; 2423 del
8 de marzo de 1999, 46523 del 11 de septiembre de 2008; UGM 011563 del 3 de
octubre de 2011; RDP 52737 del 15 de noviembre de 2013; RDP 57490 del 19 de
diciembre de 2013; RDP 057937 del 23 de diciembre de 2013; RDP 002402 del 26
de enero de 2017 y RDP 015485 del 17 de abril de 2017. Como consecuencia de lo
anterior, condenó a la entidad demandada a reliquidar la pensión de la demandante
incluyendo la prima por antigüedad, devengada en el tiempo que le hacía falta para
adquirir el derecho a la pensión, efectuando el pago a partir del 7 de septiembre de
2013, y declaró probada la excepción de prescripción de las mesadas causadas con
anterioridad al 7 de septiembre de 2013.

Los argumentos de la anterior decisión fueron los siguientes:

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Radicación: 54001 23 33 000 2017 00659 01 (2584-2021)
Demandante: Carmen Sofia Pabón Rincón

i) La señora Carmen Sofia Pabón Rincón nació el 30 de agosto de 1951 y laboró en
el Hospital Sanatorio Amelia y el Servicio Seccional de Salud, desde el 1.° de febrero
de 1976 hasta el 31 de agosto de 1997, dónde desempeñó el cargo de coordinadora
área tuberculosis.

ii) A la entrada en vigor del sistema integral de seguridad social a nivel nacional, 1
de abril de 1994, la demandante contaba con 42 años y más de 15 años de servicios.
Por este motivo, es beneficiaria del régimen de transición de la Ley 100 de 1993 y
está sujeta a la Ley 84 de 1948, por haber cumplido 20 años de servicio en
campañas oficiales contra la tuberculosis.

iii) Por lo anterior, tiene derecho a que le sea aplicado el monto y los requisitos de
tiempo de servicio consagrados en la Ley 84 de 1948, mientras que en lo demás es
necesario acudir al régimen general de seguridad social, por lo que adquirió el
estatus pensional el 1.° de febrero de 1996, cuando cumplió los 20 años de servicio,
y su prestación debe liquidarse según lo dispuesto en el inciso tercero del artículo
36 de la Ley 100 de 1993.

iv) En tal sentido, la demandante tiene derecho a que su pensión de jubilación sea
liquidada con base en lo devengado durante el tiempo que le hacía falta para
adquirir el estatus de pensionada desde el 1 de abril de 1994, fecha de entrada en
vigor del régimen general de pensiones, tal como se dispuso en las Resoluciones
demandadas, en tanto se liquidó teniendo en cuenta lo devengado entre el 1 de abril
de 1994 y el 30 de enero de 1996, al adquirir el derecho y, posteriormente, se
reliquidó hasta el 30 de agosto 1997, al acreditarse nuevos tiempos y el retiro del
servicio.

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Radicación: 54001 23 33 000 2017 00659 01 (2584-2021)
Demandante: Carmen Sofia Pabón Rincón

v) En lo que concierne a los factores salariales a incluir en el ingreso base de
liquidación, determinó que corresponden a los contemplados en el Decreto 1158 de
1994, esto es, la asignación básica mensual; los gastos de representación; la prima
técnica cuando sea factor de salario; las primas de antigüedad; la remuneración por
trabajo dominical o festivo; las remuneración por trabajo suplementario o de horas
extras, o realizado en jornada nocturna y la bonificación por servicios prestados,
respecto de los cuales se hayan efectuado aportes o cotizaciones al sistema de
pensiones.

vi) Las Resoluciones acusadas únicamente tuvieron en cuenta la asignación básica
y la bonificación por servicios prestados; sin embargo, se tiene que la demandante
también devengó la prima de antigüedad en el año 1995, que se encuentra enlistada
en el Decreto 1158 de 1994, respecto de la cual efectuó las cotizaciones
correspondientes. Por consiguiente, concluye que debe ordenarse la reliquidación
de la pensión de vejez, en el sentido de incluir la prima de antigüedad.

vii) Declaró probada la excepción de prescripción de las mesadas causadas con
anterioridad al 7 de septiembre de 2013, por cuanto entre la fecha de consolidación
del estatus de pensionada, 10 de marzo de 1995, y la última reclamación presentada
por la demandante el 7 de septiembre de 2016, transcurrieron más de 3 años.

1.4. El recurso de apelación

Como consecuencia de la sentencia de primera instancia, la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social, UGPP, interpuso recurso de apelación de acuerdo con las consideraciones
que pasan a exponerse:

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Radicación: 54001 23 33 000 2017 00659 01 (2584-2021)
Demandante: Carmen Sofia Pabón Rincón

i) La demandante es beneficiaria del régimen de transición, por ende, tiene derecho
a que se le aplique la edad, el monto y los requisitos de tiempo de servicio
establecidos en la Ley 33 de 1985 y no en la Ley 84 de 1948 tenida en cuenta por
el a quo. En ese sentido adquirió el estatus de pensionado el 30 de agosto del 2006,2
fecha en la que cumplió los 55 años de edad. Por lo tanto, el periodo a tener en
cuenta corresponde a los últimos diez años de servicios, en tanto a la entrada en
vigencia de la Ley 100 de 1993, a la demandante le faltaban más de 10 años para
adquirir el estatus pensional.

ii) En cuanto a los factores salariales, solo deben incluirse en el ingreso base de
liquidación, aquellos sobre los cuales se hayan efectuado cotizaciones al sistema
pensional y no todos los devengados por la pensionada.

1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

Tanto la parte demandante como la demandada guardaron silencio.

1.6. El Ministerio Público

Por medio de memorial del 22 de agosto de 2022, el agente del Ministerio Publico
rindió concepto dentro del presente asunto, de acuerdo con lo siguiente: 3

2 Esta afirmación de la parte demandante obedece a que, como la Ley 84 de 1948 no contiene

requisito de edad, acudió, para este efecto, a la Ley 33 de 1985 que contiene una exigencia de edad
de 55 años, a pesar de que ello no es procedente como se explicará en el Análisis de la Sala
3 Concepto allegado por correo electrónico y que reposa en el índice 14 del aplicativo Samai.

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Radicación: 54001 23 33 000 2017 00659 01 (2584-2021)
Demandante: Carmen Sofia Pabón Rincón

i) Se encuentra demostrado que la demandante está cobijada con el régimen de
transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por cuanto para el 1° de
abril de 1994 tenía 42 años de edad y más de 15 años de servicios en el Hospital
Sanatorio Amelia, entidad de salud dedicada al tratamiento de la tuberculosis.

ii) Los requisitos para acceder a la pensión de vejez no corresponden a la Ley 33
de 1985, toda vez que la actora pertenece al régimen especial consagrado en la Ley
84 de 1948, para aquellas personas que trabajaran en sanatorios, dispensarios y
establecimientos que tuvieran como objeto prestar servicios en la campaña
antituberculosa oficial.

iii) En ese sentido, la actora adquirió el estatus pensional el 1.° de febrero de 1996,
cuando alcanzó los 20 años de servicios laborales exigidos en el régimen especial
de la Ley 84 de 1948, por haber iniciado su labor el 1.° de febrero de 1976.

iv) Los factores salariales a tener en cuenta son únicamente los contemplados en el
Decreto 1158 de 1994, sobre los cuales cotizó durante el tiempo que le hiciera falta
para adquirir el derecho pensional.

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

Se circunscribe a establecer si la señora Carmen Sofia Pabón Rincón tiene derecho,
como beneficiaria del régimen de transición de la Ley 100 de 1993 y como trabajadora
de los programas de lucha contra la tuberculosis, a la reliquidación de su pensión de

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Radicación: 54001 23 33 000 2017 00659 01 (2584-2021)
Demandante: Carmen Sofia Pabón Rincón

jubilación en cuantía del 75 % del promedio de todo lo devengado durante los 10
últimos años de servicio y respecto de los cuales se efectuaron las cotizaciones, de
conformidad con la Ley 33 de 1985, por cuanto adquirió el estatus de pensionado el
30 de agosto del 2006.

2.2. Marco normativo

El artículo 48 de la Constitución Política garantiza la protección del derecho a la
seguridad social entendido como «un servicio público de carácter obligatorio que se
[presta] bajo la dirección, coordinación y control del Estado», que debe estar sujeto,
entre otros, a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. En torno a los
requisitos para acceder a la pensión de jubilación, señala que estos serán
establecidos en las leyes del Sistema General de Pensiones.

La Ley 100 de 1993 creó el Sistema General de Pensiones y dentro de él fijó los
requisitos necesarios para acceder a las prestaciones derivadas de las
contingencias de vejez, invalidez y muerte y de conformidad con su artículo 11, las
disposiciones al respecto cobijan a «todos los habitantes del territorio nacional»; no
obstante, se garantizó que se respetarían los derechos y beneficios adquiridos de
conformidad con disposiciones anteriores. Para efecto de garantizarlos, en su
artículo 36 estableció un régimen de transición según el cual la edad para acceder
a la pensión de vejez, el tiempo de servicio, el número de semanas cotizadas y el
monto de la pensión sería aquel contemplado en el régimen anterior al que
estuvieran afiliados, para quienes cumplieran el requisito de edad o tiempo de
servicio allí dispuesto, esto es, 35 años de edad para las mujeres o 40 para los
hombres, o 15 años de servicio cotizados.

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Demandante: Carmen Sofia Pabón Rincón

El régimen anterior al que alude la norma en cita, es aquél al que estuviere afiliado
el beneficiario de la transición, que bien puede ser el régimen general o uno
especial, de acuerdo con la entidad en que hubiera prestado sus servicios y las
funciones desempeñadas, y siempre que cumpla los requisitos especiales
consagrados en tales regímenes.

Valga aclarar que la Ley 100 de 1993, en su artículo 140, estableció que el Gobierno
nacional debía expedir el régimen de los servidores públicos que laboren en
actividades de alto riesgo, y al efecto podía tener en cuenta criterios de menor edad
de jubilación, menos semanas de cotización o ambos criterios.

Ahora bien, el régimen especial que regía para quienes prestaban su servicio en
instituciones que hacían parte del programa antituberculoso oficial, estaba
contenido en la Ley 84 de 1948, que dictó disposiciones sobre prestaciones sociales
a favor del personal científico que trabaja en servicios de lucha contra esa
enfermedad, cuya aplicación se pretende en la demanda, y que, en especial, en
torno al reconocimiento de la pensión de vejez, en su artículo 1 estableció lo
siguiente:

Artículo 1º.- Tendrán derecho a pensión de jubilación los médicos,
enfermeras y demás personal que comprueben haber trabajado continua o
discontinuamente durante veinte (20) años en sanatorios, dispensarios u
otros establecimientos al servicio de la campaña antituberculosa oficial.
La pensión de jubilación será de las dos terceras partes del último sueldo
devengado.

Lo anterior quiere decir que con la norma transcrita se fijó como único requisito para
acceder al derecho pensional el completar 20 años de servicio, continuos o

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Demandante: Carmen Sofia Pabón Rincón

discontinuos, en establecimientos de salud en los cuales se estuviera desarrollando
la campaña antituberculosa oficial. Tal previsión cobijaba al personal de médicos,
enfermeras y demás personal que demostrara su servicio en instituciones
vinculadas a esa campaña, situación que tenía justificación en el hecho de que tal
circunstancia los mantenía expuestos al contagio de esa enfermedad.

2.2.1. Postura unificada frente a la reliquidación de pensión ordinaria de los
beneficiarios del régimen de transición de la Ley 100 de 1993

Para resolver el problema jurídico planteado le corresponde a la Sala dar aplicación
a la regla y las subreglas jurisprudenciales fijadas por la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo en la sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018 4,
que constituye un precedente vinculante y obligatorio en la resolución de casos
fáctica y jurídicamente iguales.

En efecto, la Sala Plena precisó que la sentencia de unificación se aplicaría con
efectos retrospectivos «[…] a todos los casos pendientes de solución tanto en vía
administrativa como en vía judicial a través de acciones ordinarias; salvo los casos
en los que ha operado la cosa juzgada que, en virtud del principio de seguridad
jurídica, resultan inmodificables».

La siguiente fue la regla jurisprudencial sobre el IBL en el régimen de transición
fijada en la referida sentencia de unificación:

El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100
de 1993 hace parte del régimen de transición para aquellas personas
beneficiarias del mismo que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo

4 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 28 de agosto de

2018. Consejero ponente: César Palomino Cortés. Expediente 2012-00143-01. Demandante: Gladis
del Carmen Guerrero de Montenegro.

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Radicación: 54001 23 33 000 2017 00659 01 (2584-2021)
Demandante: Carmen Sofia Pabón Rincón

y tasa de reemplazo del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33
de 1985.

Como fundamento para establecer dicha regla, la Sala expuso:

85. A juicio de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado una lectura del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 permite concluir que
en el régimen de transición el IBL que debe tenerse en cuenta para liquidar
el monto pensional es el previsto en el inciso 3 de dicha norma.

86. (…) el régimen de transición prorrogó la vigencia de todos los regímenes
pensionales anteriores a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993,
otorgando efectos ultractivos a algunos elementos constitutivos de dichos
regímenes para aquellas personas que se encontraban afiliadas a los
mismos y que estaban próximas a adquirir el derecho pensional. Tales
elementos son la edad, el tiempo de servicios y el monto de la pensión.

87. Para establecer el monto de la pensión, el legislador, en este caso de la
Ley 100 de 1993, en desarrollo de su libertad de configuración, fijó un
elemento, el IBL, que cumpliría con la finalidad no solo de unificar la base de
la pensión para todos aquellos que estaban próximos a pensionarse, sino
como manifestación de los principios de solidaridad, universalidad y
sostenibilidad financiera para garantizar la viabilidad futura del Sistema
General de Pensiones; máxime teniendo en cuenta que el periodo de
transición abarcaría varias décadas.

(…)

91. Para la Sala Plena de esta Corporación esa es la lectura que debe darse
del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. El artículo 36 contiene todos los
elementos y condiciones para que las personas beneficiarias del régimen de
transición puedan adquirir su pensión de vejez con la edad, el tiempo de
servicios o semanas de cotización y la tasa de reemplazo del régimen anterior
y con el IBL previsto en el mismo artículo 36, inciso 3, y en el artículo 21 de
la Ley 100 de 1993. La regla establecida por el legislador en el inciso 3 del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993 excluyó la aplicación ultractiva del ingreso
base de liquidación que consagraba el régimen general de pensiones anterior
a dicha ley. El reconocimiento de la pensión en las condiciones previstas a
cabalidad por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 constituye un verdadero
beneficio para este grupo poblacional, porque frente a los mismos requisitos

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Radicación: 54001 23 33 000 2017 00659 01 (2584-2021)
Demandante: Carmen Sofia Pabón Rincón

que están consagrados para el Sistema General de Pensiones,
indudablemente, le son más favorables.

En cuanto a las subreglas se tiene:

La primera, se refiere al periodo para liquidar las pensiones de los servidores
públicos que adquieran el derecho conforme a las condiciones de la Ley 33 de 1985
(edad, tiempo y tasa de reemplazo), y se fijó en los siguientes términos:

• Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el
ingreso base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo
que les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que
fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de
Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.

• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el
promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado
durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión,
actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al
consumidor, según certificación que expida el DANE.

La segunda, determina «que los factores salariales que se deben incluir en el IBL
para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son
únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones
al Sistema de Pensiones.» Esta subregla se justifica, así:

100. De conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2005 por el cual se
adiciona el artículo 48, para adquirir el derecho a la pensión será necesario
cumplir con la edad, el tiempo de servicio y las semanas de cotización. Para
la liquidación de las pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores sobre
los cuales cada persona hubiere efectuado las cotizaciones.

De acuerdo con las anteriores pautas fijadas por la Sala que, se repite, constituyen
precedente obligatorio, el IBL para las personas que se encuentran en el régimen

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Radicación: 54001 23 33 000 2017 00659 01 (2584-2021)
Demandante: Carmen Sofia Pabón Rincón

de transición es el previsto en el inciso tercero del artículo 36 o en el artículo 21 de
la Ley 100 de 1993, según corresponda.

2.3. Hechos probados

i) La señora Carmen Sofia Pabón Rincón nació el 30 de agosto de 1951.5

ii) La demandante laboró en el Hospital Sanatorio Amelia y el Servicio Seccional de
Salud desde el 1.° de febrero de 1976 hasta el 31 de agosto de 1997, donde
desempeñó el cargo de coordinadora área tuberculosis.6

iii) Por medio de la Resolución 021762 del 11 de noviembre de 1997, la entonces
CAJANAL, le reconoció a la señora Pabón Rincón una pensión de vejez en cuantía

del 75 % del promedio de lo devengado entre el 1 de abril de 1994 y el 30 de enero
de 1996, es decir, teniendo en cuenta el tiempo que le hacía falta para adquirir el
estatus pensional, por ser beneficiaria del régimen de transición de la Ley 100 de
1993.7 Respecto a los factores salariales, incluyó la asignación básica y la
bonificación por servicios prestados.8

iv) A través de la Resolución 002423 del 8 de marzo de 1999, la entonces CAJANAL,
reliquidó la pensión, elevando la cuantía al acreditarse nuevos tiempos y retiro del
servicio. Es decir, la reliquidación se efectuó en cuantía del 75 % del promedio de
lo devengado entre el 1 de abril de 1994 y el 30 de agosto de 1997.9

5 Registro Civil de Nacimiento, aplicativo samai.
6 Certificado laboral expedido por la Gestión de Talento Humano del Instituto Departamental de

Salud, aplicativo samai.
7 Resolución visible en el aplicativo samai. En el acto administrativo no se señaló cuál es el régimen

pensional aplicado a la demandante, pues solo se hizo referencia a la transición de que trata la Ley
100 de 1993.
8 Resolución visible en el aplicativo samai.
9
Resolución visible en el aplicativo samai.

15

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Demandante: Carmen Sofia Pabón Rincón

v) Mediante la Resolución 46523 del 11 de septiembre de 2008, la entonces
CAJANAL, negó la reliquidación de la pensión de vejez, al considerar que los factores

salariales reconocidos se encontraban ajustados a lo establecido en el Decreto 1158
de 1994.10

vi) En la Resolución RDP 052737 del 15 de noviembre de 2013, la UGPP negó la
reliquidación solicitada, con base en que, al ser beneficiaria del régimen de
transición, los requisitos de tiempo de servicio y monto corresponden a la Ley 33 de
1985 y los factores salariales que deben tenerse en cuenta son los establecidos en
el Decreto 1158 de 1994.11

vii) Por conducto de las resoluciones 57490 del 19 de diciembre de 2013 y RDP
057937 del 23 de diciembre de 2013, confirmó la decisión anterior. 12

viii) El 11 de mayo de 2016, la interesada solicitó la reliquidación de la pensión
teniendo en cuenta todos los factores salariales devengados durante el último año
de servicio; el anterior requerimiento fue decidido desfavorablemente mediante las
Resoluciones RDP 002402 del 26 de enero de 2017 y RDP 015485 del 17 de abril de
2017.13

ix) Durante los años 1994, 1995, 1996 y 1997, correspondientes al periodo que se
tuvo en cuenta para la liquidación de la pensión, la demandante devengó los
siguientes factores salariales: asignación básica, bonificación por servicios, y prima

10
Resolución visible en el aplicativo samai.
11
Resolución visible en el aplicativo samai.
12
Resolución visible en el aplicativo samai.
13
Resolución visible en el aplicativo samai.

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Demandante: Carmen Sofia Pabón Rincón

de antigüedad en el año 1995.14

2.4. Caso concreto. Análisis de la Sala

Para resolver el problema jurídico planteado, es necesario determinar cuál es el
régimen pensional aplicable a la demandante para, de ese modo, establecer cuáles
son los parámetros a seguir para la liquidación de la pensión de jubilación. Pues
bien, en virtud de lo anterior, es necesario precisar que la campaña antituberculosa
tuvo origen en la Ley 20 de 1937, y comprendía la disposición de dispensarios,
hospitales o pabellones de hospitales y sanatorios dedicados, en forma exclusiva,
al manejo de la tuberculosis15.

Como el personal científico16 que prestaba sus servicios en tales instituciones de
salud estaba expuesto al contagio de la enfermedad, producto de su contacto
directo con los pacientes, el legislador consideró necesario concederle algunas
prerrogativas de tipo salarial y prestacional, y, para tal efecto, expidió la Ley 84 de
1948.

No obstante lo anterior, esa campaña antituberculosa perdió vigencia, comoquiera
que el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, determinó que el
cumplimiento de las actividades, procedimientos e intervenciones relacionadas con
la atención de enfermedades de interés en salud pública17, entre ellas la

14 Certificación de relación de salarios y descuentos, aplicativo samai.
15 Según se desprende del artículo 2 de la Ley 20 de 1937.
16 Entre el cual estaban médicos, enfermeras y otro personal que tuviera contacto directo con los

pacientes.
17 El Artículo 2 del Acuerdo 117 de 1998 definió las enfermedades de interés en salud pública como

«aquellas enfermedades que presentan un alto impacto en la salud colectiva y ameritan una atención
y seguimiento especial. Estas enfermedades responden a los siguientes criterios:

17

Radicación: 54001 23 33 000 2017 00659 01 (2584-2021)
Demandante: Carmen Sofia Pabón Rincón

tuberculosis18, sería prestado por las EPS, las entidades adaptadas y transformadas
y las administradoras del régimen subsidiado, de tal manera que el tratamiento de
la aludida enfermedad dejó de ser de resorte exclusivo de centros médicos y
hospitalarios, pabellones y sanatorios especializados. Lo anterior dio lugar a que
jurisprudencialmente se concluyera que el programa antituberculoso perdió vigencia
y, por ende, se produjo el decaimiento de la situación de riesgo. Así se indicó, entre
otras19 en la siguiente providencia20:

Respecto a este régimen especial, dirá la Sala que en algunos pronunciamientos
emanados de esta Corporación se admitió la vigencia de la Ley 84 de 1948 para el
reconocimiento de prestaciones sociales a favor del personal científico que trabaja en
servicios de lucha antituberculosa21.

No obstante, las decisiones judiciales que sobre este tema se han producido en esta
Sección desde el año 2007, son unísonas en afirmar que los beneficios prestacionales
contenidos en dicha norma resultan actualmente inaplicables, en tanto que la campaña
especial y los centros especiales dedicados al tratamiento exclusivo de la tuberculosis
han desaparecido, y con ello decayeron los estímulos económicos previstos en la citada
norma22.

Así las cosas, al haber perdido vigencia ese régimen, la Sección Segunda del
Consejo de Estado en reiterados pronunciamientos23 ha sostenido que la aplicación

18 Según el artículo 7 del Acuerdo 117 de 1998.
19 Ver, entre otras, sentencia del 24 de julio de 2018, radicación 2002-11034-01, número interno

6768-05, M.P. Gerardo Arenas Monsalve, sentencia de 24 de julio de 2008.
20 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 24 de mayo de 2012,

radicación 2006-06295-01, número interno 0515-11, M.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.
21 Cita propia del texto transcrito: «Ver entre otras, la sentencia del veinticuatro (24) de marzo de dos

mil (2000), Expediente 1603/99 y la providencia de seis (6) de diciembre de dos mil seis (2006)
Expediente 2918/05.»
22 Cita propia del texto transcrito: «Sentencia de 7 de junio de 2007, Radicación número: 25000-23-

25-000-2000-02961-01(6286-05) Actor: Carlos Alberto Vallejo Sánchez. Sentencia de 24 de julio de
2008 Radicación número: 25000-23-25-000-2002-11034-01(6768-05) Actor: Ignacio Rosas Duarte.
Sentencia de 12 de febrero de 2008, Radicación número 5002-05. Actor Carmen Rosa Reyes
Garzón.»
23 Ver, entre otros, las sentencias del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, del 12

de febrero de 2009, radicación 25000 23 25 000 2000 02962 01, número interno 5002-2005, M.P.
Bertha Lucía Ramírez de Páez; y Subsección A, del 17 de abril de 2013, radicación 19001-23-31-
000-2002-01697-01, número interno 0303-12, M.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.

18

Radicación: 54001 23 33 000 2017 00659 01 (2584-2021)
Demandante: Carmen Sofia Pabón Rincón

de las previsiones pensionales previstas en la Ley 84 de 1948 está sujeta a que la
peticionaria haya estado amparada por el régimen de transición previsto en el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pues, en virtud de lo dispuesto en el artículo 279
ibidem, no constituye uno de los regímenes que se haya mantenido y que esté
excepcionado de la aplicación del Sistema de Seguridad Social Integral. Sobre el
particular, se dijo recientemente24:

De cara a la situación del actor, encuentra la Sala que la situación del personal
adscrito a la campaña antituberculosa oficial no está descrita dentro de las
excepciones contempladas en el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, por lo
que, la aplicación de la normativa especial para los mencionados servidores
necesariamente debe atender lo previsto en el régimen de transición dispuesto
en el artículo 36 ídem.

Con fundamento en lo anterior, la Sala concluye que la actora únicamente podría
beneficiarse del régimen pensional de la Ley 84 de 1948, en el evento en que fuera
beneficiaria del régimen de transición contenido en la Ley 100 de 1993.

Así, la condición de beneficiaria del régimen de transición de la Ley 100 de 1993 es
una circunstancia que no fue discutida por las partes, sino que, por el contrario, ha
sido abiertamente reconocida por parte de la UGPP. Lo anterior es así porque,
verificado el material probatorio allegado al expediente, se observa que la señora
Carmen Sofía Pabón Rincón nació el 30 de agosto de 1951, lo que quiere decir que
el 1 de abril de 1994,25 contaba con 42 años de edad y, en consecuencia, es
beneficiaria de la prerrogativa contenida en el artículo 36 ibidem.

24 Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 2 de marzo de 2017, radicación 13001-23-33-000-

2013-00597-01, número interno: 0945-15. M.P. Consejera ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez.
25 Fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 a nivel nacional.

19

Radicación: 54001 23 33 000 2017 00659 01 (2584-2021)
Demandante: Carmen Sofia Pabón Rincón

En el proceso también está probado que la señora Carmen Sofía Pabón Rincón
prestó sus servicios al programa de prevención y control contra la tuberculosis
desde el año 1976, es decir que es beneficiaria del requisito de tiempo de servicio
contenido en la Ley 84 de 1948, que en su artículo 1 dice lo siguiente:

ARTÍCULO 1º.- Tendrán derecho a pensión de jubilación los médicos, enfermeras
y demás personal que comprueben haber trabajado continua o discontinuamente
durante veinte (20) años en sanatorios, dispensarios u otros establecimientos al
servicio de la campaña antituberculosa oficial.

La pensión de jubilación será de las dos terceras partes del último sueldo
devengado.

De acuerdo con lo trascrito, la Ley 84 de 1948 solo estableció como requisito para
el reconocimiento de la pensión la prestación del servicio al programa de prevención
y control de la tuberculosis durante 20 años continuos o discontinuos, es decir que
no fijó un requisito de edad. Así, de acuerdo con las certificaciones laborales
aportadas, la Sala estableció que la demandante cumplió los 20 años de servicio
que exige la norma en el mes de febrero de 1996, lo que quiere decir que es esa la
fecha en la que la interesada satisfizo los requisitos necesarios para adquirir la
pensión de vejez y no en el mes de agosto del 2006, como afirma la entidad
apelante.

En este punto, vale la pena señalar que a pesar de que la Ley 33 de 1985 contiene
el régimen pensional aplicable al sector público y es posterior a la Ley 84 de 1948,
es esta última la que debe aplicarse a la situación particular de la demandante
respecto a los requisitos para adquirir la pensión de vejez, debido a que la
interesada, además de ser beneficiaria del régimen de transición, hace parte de un
régimen especial dirigido al personal que desempeñó labores en sanatorios,

20

Radicación: 54001 23 33 000 2017 00659 01 (2584-2021)
Demandante: Carmen Sofia Pabón Rincón

dispensarios y establecimientos enfocados en el tratamiento y lucha contra la
tuberculosis, el cual se encuentra consagrado en la aludida Ley 84.

En otras palabras, la expedición y entrada en vigor de la Ley 33 de 1985 no restringió
o derogó la Ley 84 de 1948, en tanto es una norma que se encuentra dirigida a un
grupo específico de servidores públicos que cumplen una serie de funciones que
por su naturaleza ponían en riesgo su salud y que, en razón a ello, ameritó la
expedición de un régimen especial que les concediera beneficios de carácter
pensional en retribución al riesgo asumido en el desempeño de sus labores.

En cuanto al tema del monto de la pensión, es cierto que el inciso segundo del
artículo 1 de la Ley 84 de 1948 dispuso que serían las dos terceras partes del último
sueldo devengado; no obstante, dicha disposición fue modificada por el artículo 4
de la Ley 4 de 1966, en el que se indicó que la pensión de jubilación de los
trabajadores de entidades de derecho público sería del 75 % del promedio mensual
devengado durante el último año de servicio. Sobre la citada modificación, el
Consejo de Estado se pronunció del siguiente modo:26

Efectivamente la Ley 84 de 1948 consagró una PENSION DE JUBILACIÓN
ESPECIAL para los médicos, enfermeras y demás personal que comprueben haber
trabajado continua o discontinuamente durante veinte años en sanatorios,
dispensarios u otros establecimientos al servicio de la campaña antituberculosa
oficial. La pensión se determinó en las dos terceras partes del ULTIMO SUELDO
DEVENGADO, pero el porcentaje pensional se entiende reformado a partir de la ley
4ª de 1966 que consagró una reliquidación del 75%.

26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Radicado interno 1783-1999. Actor:

María Ramos Rubio.

21

Radicación: 54001 23 33 000 2017 00659 01 (2584-2021)
Demandante: Carmen Sofia Pabón Rincón

Visto lo anterior, el monto de la pensión de los beneficiarios del régimen de
transición de la Ley 100 de 1993 y titulares de los beneficios de la Ley 84 de 1948,
debe ser del 75 % tal como lo ordena el artículo 4 de la Ley 4 de 1966.

Ahora, en cuanto al ingreso base de liquidación aplicable a los beneficiarios de la
Ley 100 de 1993, el Consejo de Estado en sentencia de unificación del 28 de agosto
del 2018, sentó jurisprudencia en el sentido de señalar que el ingreso base de
liquidación no hace parte del régimen de transición de que trata la Ley 100 de 1993
y que el reconocimiento de las pensiones debe obedecer a los factores sobre los
que efectivamente se efectuaron cotizaciones al sistema.

Sobre el particular, en el citado antecedente jurisprudencial se indicó que los
factores salariales que se deben incluir en el IBL para la pensión de vejez de los
servidores públicos beneficiarios de la transición son únicamente aquellos sobre los
que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al Sistema de Pensiones.

En tal sentido, con el fin de establecer el ingreso base de liquidación de la señora
Pabón Rincón es necesario acudir a las disposiciones de la Ley 100 de 1993, pues
a pesar de que la demandante no se encuentra sujeta a las disposiciones de la Ley
33 de 1985, en la aludida sentencia de unificación se explicó que el reconocimiento
de las pensiones en condiciones justas debe obedecer únicamente a aquellos
factores salariales sobre los cuales se hayan efectuado los correspondientes
aportes al sistema pensional, pues no es viable reconocer una pensión de vejez sin
las respectivas cotizaciones al sistema.

Así, la conformación del IBL de las personas beneficiarias del régimen de transición
de la ley 100 de 1993 debe obedecer a aquellos factores salariales que sirvieron de

22

Radicación: 54001 23 33 000 2017 00659 01 (2584-2021)
Demandante: Carmen Sofia Pabón Rincón

base para hacer las correspondientes cotizaciones a pensión, de acuerdo con los
dispuestos en el Decreto 1158 de 1994 que dice lo siguiente:

Artículo 1. El artículo 6º del Decreto 691 de 1994, quedará así: "Base de cotización": El
salario mensual base para calcular las cotizaciones al Sistema General de Pensiones
de los servidores públicos incorporados al mismo, estará constituido por los siguientes
factores:

a) La asignación básica mensual;

b) Los gastos de representación;

c) La prima técnica, cuando sea factor de salario;

d) Las primas de antigüedad, ascensional y de capacitación cuando sean factor de
salario.

e) La remuneración por trabajo dominical o festivo;

f) La remuneración por trabajo suplementario o de horas extras, o realizado en jornada
nocturna;

g) La bonificación por servicios prestados;

De acuerdo con las pruebas relacionadas, la señora Carmen Sofía Pabón Rincón
devengó asignación básica, bonificación por servicios prestados, y prima de
antigüedad, los cuales se encuentran expresamente consagrados en el Decreto
1158 de 1994; sin embargo, en la liquidación de la pensión no se incluyó la prima
de antigüedad devengada en el año 1995. Por este motivo, la Sala considera que
debe confirmarse la decisión del Tribunal de ordenar a la UGPP incluir en la
liquidación de la pensión la prima de antigüedad, pues según el certificado de
sueldos y descuentos expedido por el Ministerio de Salud, Servicio Seccional de

23

Radicación: 54001 23 33 000 2017 00659 01 (2584-2021)
Demandante: Carmen Sofia Pabón Rincón

Salud, Norte de Santander27, se efectuaron las respectivas cotizaciones sobre este
factor.

Frente al periodo que debe ser utilizado para liquidar la pensión de la demandante,
la citada sentencia de unificación de 28 de agosto del 2018, fijó una serie de reglas
y subreglas. La primera, estipula que al afiliado que le faltare menos de diez (10)
años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base de liquidación será (i) el
promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o (ii) el
cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado anualmente con
base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación que
expida el DANE, y a quien le faltare más de diez (10) años para adquirir el derecho
a la pensión, el ingreso base de liquidación será el promedio de los salarios o rentas
sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores al
reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en la variación del
índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.

Entonces, teniendo en cuenta que entre la fecha de entrada en vigencia de la Ley
100 de 199328 y la fecha en que la demandante cumplió el requisito del tiempo de
servicio faltaban menos de 10 años, la pensión de jubilación de la demandante debe
ser liquidada con base en el 75 % del promedio de lo devengado durante el tiempo
que le hacía falta para adquirir el estatus de pensión, como se efectuó en las
Resoluciones demandadas, o por todo el tiempo si fuere más favorable, con la
inclusión de los factores salariales previstos en el Decreto 1158 de 1994, sobre los
cuales se hubiere efectuado cotizaciones al sistema pensional, que para el caso

27 Visible en el aplicativo samai.
28 1 de abril de 1994.

24

Radicación: 54001 23 33 000 2017 00659 01 (2584-2021)
Demandante: Carmen Sofia Pabón Rincón

concreto es la asignación básica, la bonificación por servicios y la prima de
antigüedad.

2.5 De la condena en costas

Esta Subsección en sentencia del 7 de abril de 201629, respecto de la condena en
costas en vigencia del CPACA, concluyó que la legislación varió del Código
Contencioso Administrativo al Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo de un criterio subjetivo a uno objetivo valorativo.

Objetivo, en cuanto prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la condena
en costas, bien sea total o parcial o con abstención, según las reglas del Código
General del Proceso; y valorativo, en cuanto se requiere que el juez revise si ellas
se causaron y en la medida de su comprobación (como sucede con el pago de
gastos ordinarios del proceso y con la actividad profesional realizada dentro del
proceso), sin que en esa valoración se incluya la mala fe o temeridad de las partes.

Asimismo, se definió que la cuantía de la condena en agencias en derecho, en
materia laboral, se fijará atendiendo la posición de las partes, pues varía según sea
la parte vencida el empleador o el trabajador (Acuerdo 1887 de 2003 Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura) y la complejidad e intensidad
de la participación procesal; que las estipulaciones de las partes en materia de
costas se tendrán por no escritas por lo que el juez en su liquidación no estará atado
a lo así pactado por estas, que la liquidación de las costas (incluidas las agencias

29 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01

(1291-2014), actor: José Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: William Hernández Gómez.

25

Radicación: 54001 23 33 000 2017 00659 01 (2584-2021)
Demandante: Carmen Sofia Pabón Rincón

en derecho) la hará el juez de primera o única instancia y que procede condenar en
costas tanto en primera como en segunda instancia.

Conforme a las anteriores reglas, y atendiendo lo dispuesto en el numeral 8.° del
artículo 365 del Código General del Proceso30, la Sala se abstendrá de condenar
en costas de segunda instancia, toda vez que la decisión es el resultado de un
cambio jurisprudencial que se produjo durante el transcurso del proceso.

3. Conclusión

Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia y en los derroteros
jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado en casos de contornos
análogos, fáctica y jurídicamente, al que ahora es objeto de estudio y en el acervo
probatorio, la Sala considera que la señora Carmen Sofía Pabón Rincón no tiene
derecho a que se reliquide su pensión de jubilación en cuantía del 75 % del promedio
de todo lo devengado durante los 10 últimos años de servicio y respecto de los cuales
se efectuaron las cotizaciones, de conformidad con la Ley 33 de 1985, por cuanto se
rige por el régimen especial contenido en la Ley 84 de 1948.

Por ende, tiene derecho a que el ingreso base para liquidar la pensión de vejez
corresponda al promedio de lo devengado durante el tiempo que le hacía falta para
adquirir el estatus pensional, como se efectuó en las Resoluciones demandadas y
a que se ordene la reliquidación en el sentido de que se incluya la prima de
antigüedad, por cuanto se encuentra enlistada en el Decreto 1158 de 1994 y
respecto de esta se efectuaron los correspondientes aportes al sistema pensional.

30 «1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso (…) 8. Solo habrá lugar a costas

cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación».

26

Radicación: 54001 23 33 000 2017 00659 01 (2584-2021)
Demandante: Carmen Sofia Pabón Rincón

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Sub Sección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Confirmar la sentencia de primera instancia del 11 de febrero del 2021,
proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, dentro del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho iniciado por la señora Carmen Sofía
Pabón Rincón en contra de la UGPP, de acuerdo con las razones expuestas en la
parte considerativa de esta decisión.

Segundo. No condenar en costas de segunda instancia.

Tercero. Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en
el portal Samái.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente31
AMUC

31 CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma

del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

27

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