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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 54001-23-33-000-2018-00049-01

Fecha
25 de octubre de 2024
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Florez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 54001-23-33-000-2018-00049-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 7 de marzo de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: CONDENAR en costas de segunda instancia al demandado apelante Instituto Nacional de Vías -INVIAS, las cuales serán liquidadas de forma concentrada por el Tribunal de primera instancia. Por concepto de agencias en derecho de esta instancia, en favor de la accionante, se fija la suma equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente. 47 CPACA, artículo 306. 48 Según el artículo 365, numeral 1, del CGP, deberá condenarse en costas “a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto” (Se destaca). 49 Conforme al artículo 1 del Acuerdo, este “regula las tarifas para efectos de la fijación de agencias en derecho y se aplica a los procesos […] de la jurisdicción de lo contencioso administrativo”. Según el artículo 3 de dicha normativa, cuando “se trate de la segunda instancia […] las tarifas se establecen en salarios mínimos legales mensuales vigentes”; y conforme al artículo 5, numeral 1, las tarifas de agencias en derecho en segunda instancia corresponden al margen comprendido entre 1 y 6 S.M.L.M.V. 15 Radicación: 54001-23-33-000-2018-00049-01 (71.271) Demandante: Administración Pública Cooperativa de Municipios de Colombia “COLMUCOOP” Demandado: Instituto Nacional de Vías -INVIAS Referencia: Controversias contractuales TERCERO: RECONOCER personería a la abogada Yenifer Cuéllar Montenegro, identificada con cédula de ciudadanía 1.075.220.042 y tarjeta profesional 194053, como apoderada judicial de la demandante, en los términos del mandato que obra en el expediente. CUARTO: DEVOLVER, por Secretaría, el expediente al Tribunal de origen, una vez ejecutoriada esta sentencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 54001-23-33-000-2018-00049-01

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez

25 de octubre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá, D. C., veinticinco (25) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación: 54001-23-33-000-2018-00049-01 (71.271)
Demandante: Administración Pública Cooperativa de Municipios de
Colombia “COLMUCOOP”
Demandado: Instituto Nacional de Vías -INVIAS
Referencia: Controversias contractuales

Temas: PRINCIPIO DE CONGRUENCIA - La sentencia deberá estar en consonancia con
los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades
contempladas en la norma procesal. No es viable condenar al demandado por cantidad
superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda ni por causa diferente a la
invocada en esta. // RECURSO DE APELACIÓN – No puede ser empleado para formular
pretensiones o hechos no planteados en la demanda o en su contestación. // DEMANDA
DE RECONVENCIÓN – Debe formularse si el demandado tiene interés en plantear sus
propias pretensiones y reclamaciones. // LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO – Aun
cuando se haya solicitado en la demanda, la solicitud de reconocimiento de saldos a favor
de la accionada debe ser pretendida por ésta expresamente a través de la demanda de
reconvención. // FIJACIÓN DEL LITIGIO – No opera como una oportunidad para introducir
hechos o pretensiones no formulados oportunamente.

1. La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada en
contra de la sentencia del 7 de marzo de 2024, proferida por el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander, que liquidó el contrato de obra suscrito
por las partes y negó las demás pretensiones de la demanda.

SÍNTESIS DEL CASO

2. La Unión Temporal VALCOOP (conformada por la sociedad demandante y una
persona natural) y el INVIAS celebraron el contrato de obra núm. 0881 de 2016,
con el objeto de adelantar labores de mejoramiento y mantenimiento de la vía
La Lejía - Saravena. El acuerdo no fue ejecutado en su totalidad, ni tampoco fue
liquidado. En este contexto, la parte actora pretendió que la Jurisdicción
procediera a adelantar la liquidación “bilateral” del contrato, se declarara que no
existió responsabilidad de la contratista en la no consecución final del objeto
convenido, y fueran reconocidos los perjuicios causados a título de daño
emergente y lucro cesante, entre otros, por los montos derivados de la mayor
permanencia en obra y las labores no pagadas. En primera instancia, el Tribunal
resolvió liquidar el contrato “en cero” y negó las demás súplicas de la demanda.
La entidad demandada apeló el fallo buscando que se decida el incumplimiento
de la Unión Temporal y se condene por el anticipo no amortizado.

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Radicación: 54001-23-33-000-2018-00049-01 (71.271)
Demandante: Administración Pública Cooperativa de Municipios
de Colombia “COLMUCOOP”
Demandado: Instituto Nacional de Vías -INVIAS
Referencia: Controversias contractuales

ANTECEDENTES

La demanda y las razones de hecho y de derecho en las que se fundamentó

3. El 13 de febrero de 2018, la Administración Pública Cooperativa de Municipios
de Colombia “COLMUCOOP” (en adelante COLMUCOOP, la actora o la
demandante) y el señor Miguel Andrés Valderrama Medina formularon, a través
del mismo apoderado judicial, demanda1 de controversias contractuales en
contra del Instituto Nacional de Vías (en lo sucesivo, INVIAS, la entidad, la
contratante, la demandada o la apelante), con el fin de obtener pronunciamiento
favorable respecto de las siguientes pretensiones (se transcribe con posibles
imprecisiones y errores, negrillas originales del texto):
“PRIMERA.- Que se PROCEDA A LA LIQUIDACIÓN BILATERAL INMEDIATA
del Contrato de Obra No. 0881 de 2.016, cuyo objeto es el “MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA LA LEJÍA – SARAVENA DEL
PR140+0000 AL PR150+000 RUTA 66 TRAMO 04”, celebrado entre la UNIÓN
TEMPORAL VALCOOP el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS
NULIDAD, como consecuencia de las graves afectaciones al orden público y
demás condiciones adversas que imposibilitaron la culminación del objeto
contractual, por causas no imputables al contratista de obra.

SEGUNDA.- Que se declare en consecuencia que no existe responsabilidad de
mi mandante como miembro de la UNIÓN TEMPORAL VALCOOP en la no
consecución final del objeto contractual acordado entre las partes con ocasión
del contrato de obra No. 0881 de 2.016, cuyo objeto es el “MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA LA LEJÍA – SARAVENA DEL
PR140+0000 AL PR150+000 RUTA 66 TRAMO 04”, celebrado con el
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS

TERCERA.- Que se condene a la demandada a realizar el pago de los valores
pendientes por concepto de mayor permanencia en ejecución de obra, obra no
cancelada, gastos relacionados con el daño emergente, el lucro cesante según
los siguientes parámetros:

Se efectúe el reconocimiento y pago de todos los perjuicios causados y que se
llegaren a causar de manera integral y conforme al artículo 16 de la Ley 446 de
1998, a los miembros de la UNIÓN TEMPORAL VALCOOP, con base en las
siguientes pautas o factores:

1.- Se pagará al DEMANDANTE por concepto de perjuicios materiales (daño
emergente y lucro cesante) todos los perjuicios, disminución patrimonial, pérdida
de oportunidad, así como su prolongación, las utilidades dejadas de percibir, los
sobrecostos, pérdida del Good Will, intereses de todo orden y cualquier otro
perjuicio a él irrogado que se llegare a probar en cuantía de hasta 100 salarios
mínimos legales mensuales vigentes, según lo establece el ordenamiento
jurídico.

2.- Se pagará al DEMANDANTE, por concepto de perjuicios morales la suma de
dinero equivalente en salarios mínimos mensuales vigentes que en criterio del
Operador Jurídico sean procedentes, teniendo como base mínima 100 salarios
mínimos mensuales legales vigentes.

3.- Que los valores reconocidos deberán actualizarse a favor del actor aplicando
las tablas o fórmulas matemáticas más favorables a sus intereses y hasta la

1 Índice SAMAI de primera instancia, núm. 29. Archivo: “6_ED_006SUBSANACIONDE(.pdf)

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Radicación: 54001-23-33-000-2018-00049-01 (71.271)
Demandante: Administración Pública Cooperativa de Municipios
de Colombia “COLMUCOOP”
Demandado: Instituto Nacional de Vías -INVIAS
Referencia: Controversias contractuales

fecha en que dichos valores sean efectivamente cancelados; o en su defecto,
reconociendo intereses moratorios a la máxima tasa legal certificada por la
Superintendencia Bancaria o Entidad competente.
CUARTA.- Que para efectos de la condena solicitada en la pretensión anterior,
el daño emergente se valore por las sumas que el DEMANDANTE – Contratista
ha tenido que incurrir en su defensa y de cualquier otra índole, por el proceder
de la DEMANDADA – Contratante, con sus correspondientes costos financieros,
así como los costos por concepto de honorarios, al incoarse la presente
demanda. Respecto del daño emergente teniendo en cuenta que se ejecutó un
60% de la obra y que el valor contratado era de $4.092.298.522, se calcula en
un valor de SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIECISÉIS PESOS MCTE
($66.259.816,00).

QUINTA.- Que se declare y ordene que a las condenas a las que se refieren las
pretensiones anteriores, se les aplique la indexación o corrección monetaria,
conforme a los criterios señalados para el efecto por el Consejo de Estado,
desde el momento en que debieron efectuarse los pagos y hasta cuando se
efectúe el mismo o en su defecto, empleando otra fórmula, criterio o sistema
siempre que resulte más favorable a los intereses del demandante.

SEXTA.- La condena impuesta deberá cumplirse en las condiciones y términos
a que se refiere el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, estableciendo el reconocimiento y pago de los intereses
moratorios desde la ejecutoria de la sentencia o auto de liquidación, conforme a
certificación que expida la Superintendencia Bancaria”.

4. Según se relata en la demanda, el INVIAS y la Unión Temporal “VALCOOP” (en
adelante, la UT), conformada en partes iguales por COLMUCOOP y el señor
Miguel Andrés Valderrama Mejía, celebraron el contrato de obra núm. 881 de
2016, cuyo objeto consistió en el “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE
LA CARRETERA LA LEJÍA – SARAVENA DEL PR140+0000 AL PR 150+000
RUTA 66 TRAMO 04”.

5. Desde que inició el plazo de ejecución, la obra presentó “serias dificultades”,
porque la entidad conminó al contratista a adelantar los trabajos con
especificaciones técnicas diferentes a las previstas, esto es, “se encontraba
previsto para ejecutar UN (1) muro de contención, de unas especificaciones
técnicas iniciales, que con posterioridad se transformaron en DOS (2) muros de
contención por el mismo valor del inicial [sic], con especificaciones técnicas
diametralmente distintas”. Por dichas vicisitudes, el plazo contractual se modificó
en 5 oportunidades.

6. Con todo, el término venció el día 9 de mayo de 2017 sin que las obras se
hubiesen concluido en su totalidad, debido a situaciones que, según afirmó la
actora, no le fueron imputables.

7. Además de las diferencias relacionadas con las especificaciones técnicas,
COLMUCOOP aseguró que la imposibilidad de culminar la construcción se debió
a las “graves afectaciones de orden público” en “el sitio de ejecución de las
obras”, tales como paros y amenazas en contra de los funcionarios de la UT por
parte de grupos armados al margen de la ley. Estas situaciones también
dificultaron el retiro de los equipos y la maquinaria.

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Radicación: 54001-23-33-000-2018-00049-01 (71.271)
Demandante: Administración Pública Cooperativa de Municipios
de Colombia “COLMUCOOP”
Demandado: Instituto Nacional de Vías -INVIAS
Referencia: Controversias contractuales

8. En suma, la demandante expuso que:

“El plazo de ejecución contractual finalizó […] alcanzándose un porcentaje de
ejecución cercano al 60%. Sin que fuese posible su culminación total, como
consecuencia de la grave afectación de orden público que amenazaba la
seguridad y la integridad del contratista de obra y de su equipo. Por lo que la
entidad contratante ha iniciado un proceso para declarar el incumplimiento del
contrato, de manera tal que, encontrándose dentro del plazo establecido por el
Estatuto General de Contratación Pública, proceden mi poderdante (sic) a
solicitar liquidar de mutuo acuerdo o por conducto del juez del contrato, el
contrato (sic) de obra No. 881 de 2.016…”

Trámite relevante en primera instancia

9. Mediante decisión del 21 de junio de 20182, el Tribunal inadmitió la demanda,
porque encontró que: (i) no se había agotado el requisito de procedibilidad de
conciliación extrajudicial “respecto de la Unión Temporal VALCOOP y el señor
Miguel Andrés Valderrama Medina”; y (ii) el escrito no contenía una estimación
razonada de la cuantía.

10. El apoderado judicial de la parte actora presentó subsanación del escrito de
demanda3, expresando lo siguiente:

“… procedo respetuosamente a modificar la demanda incoada, excluyendo
como parte demandante al Ingeniero MIGUEL ANDRÉS VALDERRAMA
MEDINA, de manera tal que se entienda como parte única demandante, a la
ASOCIACIÓN [sic] PÚBLICA COOPERATIVA DE MUNICIPIOS DE COLOMBIA
– COLMUCOOP…”

11. El 26 de julio de 2018, el Tribunal admitió la demanda4 y ordenó su traslado al
INVIAS. Asimismo, dispuso notificar la decisión al agente del Ministerio Público
y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

12. En su contestación5, la demandada se opuso a todas las pretensiones
formuladas por la demandante, argumentando lo siguiente:

13. No es posible acceder a la súplica de liquidación bilateral del contrato porque, al
acudir a la jurisdicción, el demandante cedió “la potestad de liquidar la relación
contractual” y tal labor se convierte en objeto de la litis. Además, indicó que la
demandada ordenó el archivo definitivo del procedimiento administrativo
sancionatorio que adelantaba contra la UT por incumplimiento definitivo del
contrato, debido a la “pérdida de competencia de la entidad” para decidir, por “la
acción [judicial] impetrada”.

14. COLMUCOOP sí fue responsable del incumplimiento del contrato de obra, como
integrante de la UT, por no ejecutarlas en tiempo y modo, conforme lo exigían el

2 Índice SAMAI primera instancia, núm. 29. Archivo: “5_ED_005AUTOINADMITED(.pdf)”.
3 Ibid. Archivo: “7_ED_007PASEALDESPACH(.pdf)”. Las pretensiones fueron mantenidas en la
forma previamente transcrita.
4 Ibid. Archivo: “8_ED_008AUTOADMITEDEM(.pdf)”.
5 Ibid. Archivo: “12_ED_012CONTESTACIONDE(.pdf)”

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Radicación: 54001-23-33-000-2018-00049-01 (71.271)
Demandante: Administración Pública Cooperativa de Municipios
de Colombia “COLMUCOOP”
Demandado: Instituto Nacional de Vías -INVIAS
Referencia: Controversias contractuales

acuerdo de voluntades y las especificaciones generales de construcción del
INVIAS. Agregó que, una vez concluido el plazo del contrato, la contratista
realizó trabajos sin supervisión de la interventoría que deterioraron la vía.

15. Desde los estudios previos hasta la terminación del plazo, el objeto del contrato
siempre fue el mismo. El ajuste a los diseños, los procedimientos constructivos
y los tiempos de ejecución fueron realizados por el mismo contratista, como lo
exigía el anexo técnico del pliego de condiciones. A partir de la revisión y
actualización de los estudios y diseños, la UT tardó mucho tiempo en elaborar
las correcciones solicitadas por la contratante, desconociendo así los términos
pactados.

16. No hay pruebas de la veracidad de las amenazas de grupos ilegales al personal
del contratista. La entidad gestionó ante el Ministerio de Defensa y el Ejército
Nacional la posibilidad de exponer la situación de orden público en la zona de
ejecución del proyecto, pero el representante de la contratista nunca asistió,
denotando su bajo interés en el tema.

17. El valor ejecutado del contrato no fue del 60% sino del 50,068%, por lo que no
era plausible el reconocimiento de lucro cesante.

18. El INVIAS pidió convocar al señor Miguel Andrés Valderrama Medina como
litisconsorte dentro de la presente causa, en tanto fue integrante de la UT. El
Tribunal negó esta petición, mediante auto del 23 de enero de 20206, el cual
cobró ejecutoria al no haber sido objeto de recursos.

19. El 25 de febrero de 2020, el Tribunal adelantó la audiencia inicial7, y fijó el litigio
en estos términos:

“… establecer si hubo incumplimiento y/o cumplimiento por parte de la Unión
Temporal – VALCOOP del contrato de obra No. 0881 del 2016, que haga
procedente la liquidación Bilateral del contrato y a su vez el pago de los valores
pendientes por concepto de mayor permanencia en ejecución de obra y gastos
relacionados con el daño emergente y el lucro cesante, así como los intereses a
la suma que se determine como reconocida, dándose consigo cumplimiento a lo
dispuesto en la Ley 1437 de 2011”.

20. En la oportunidad correspondiente, las partes presentaron alegatos de
conclusión en primera instancia8. Para que fueran estimadas favorablemente sus
peticiones, la actora expuso que fue demostrado el cambio de especificaciones
técnicas por parte del INVIAS durante la ejecución del contrato, y las
circunstancias ajenas a su voluntad que impidieron la conclusión de las obras. A
su vez, la entidad reiteró los argumentos exhibidos en la contestación de la
demanda. El agente del Ministerio Público no emitió concepto.

6 Ibid. Archivo: “22_ED_022AUTONIEGAINTE(.pdf)”.
7 Ibid. Archivo: “23_ED_023ACTAAUDIENCIA(.pdf)”.
8 Ibid. Archivos: “33_ED_033ALEGATOSDTE20(.pdf)” y “34_ED_034ALEGATOSDDO20(.pdf)”.

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Radicación: 54001-23-33-000-2018-00049-01 (71.271)
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de Colombia “COLMUCOOP”
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Referencia: Controversias contractuales

Sentencia de primera instancia

21. El 7 de marzo de 2024, el Tribunal profirió fallo de primer grado9 en el que
resolvió: “LIQUIDAR en cero el Contrato de Obra No. 0881 del 24 de junio de
2016”, y negar las demás pretensiones de la demanda. Esta decisión fue
motivada así:

22. En relación con el cambio de especificaciones técnicas que alegó
COLMUCOOP, indicó que ninguno de los documentos analizados (pliego de
condiciones, anexo técnico y contrato) contemplaron la construcción de un solo
muro de contención. En cambio, (i) sí se estipuló que las cantidades de obra
podían variar sin que eso desnaturalizara lo pactado; (ii) el anexo técnico
estableció que en los sitios críticos o requeridos del tramo intervenido podían
modificarse las cantidades de obra; y (iii) en el libro de bitácora se priorizó la
construcción de dos muros de contención por necesidades del proyecto, sin que
el contratista protestara dicha circunstancia, incluso fue la misma UT la que
entregó los diseños y costos de esos dos muros. Por estas razones, no eran
aceptables los argumentos de la UT para justificar la ejecución incompleta de las
obras contratadas.

23. De otra parte, si bien “no existe discusión en que, en la zona de ejecución del
contrato de obra, existió presencia de grupos al margen de la ley”, y los
integrantes de la UT denunciaron el hecho, no es cierto que el INVIAS no haya
desplegado acciones encaminadas a garantizar la ejecución del contrato, porque
la entidad adelantó reuniones en las que se acordaron compromisos por parte
del Ejército, pero que no contaron con la asistencia del contratista.

24. El a quo verificó que hubo movilizaciones y protestas en el lugar de las obras,
pero estas solamente duraron 7 días del mes de mayo de 2017. Asimismo, se
presentaron bloqueos en las vías entre los días 12 y 15 de septiembre de 2016,
pero las actividades de la obra no fueron suspendidas, y pese a que la
demandante justificó la inejecución contractual en los paros armados, solo se
acreditó que estas protestas paralizaron las actividades de transporte por un
término de 10 días.

25. En ese sentido, el Tribunal advirtió que la UT solicitó suspensiones del contrato
por factores climáticos, amenazas de grupos subversivos, respuesta a
observaciones a estudios y diseños, retrasos en la entrega de materiales, entre
otros inconvenientes, que fueron avaladas por la interventoría y suscritas de
consuno con la entidad, lo que llevó a incrementar el plazo inicial de 4 meses a
9 meses y 12 días.

26. Por ende, para la primera instancia era improcedente declarar la ausencia de
responsabilidad contractual de la demandante, porque no eran aceptables sus
justificaciones, en tanto conoció desde la fase precontractual que las cantidades
de obra y las especificaciones podían variar, por lo que el segundo muro de
contención no implicó un incumplimiento de la entidad contratante. Tampoco era

9 Índice SAMAI primera instancia, núm. 32.

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Radicación: 54001-23-33-000-2018-00049-01 (71.271)
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Demandado: Instituto Nacional de Vías -INVIAS
Referencia: Controversias contractuales

plausible admitir que las obras no fueron ejecutadas oportunamente por
situaciones de orden público, puesto que la afectación en tiempo fue inferior a
las prórrogas concedidas que excedieron en más del doble el plazo inicialmente
pactado.

27. Ahora, en vista de que el contrato núm. 0881 de 2016 no fue liquidado bilateral
ni unilateralmente, el Tribunal razonó que, si bien “en la primera pretensión se
solicita la liquidación bilateral, es evidente que lo que se pretende y resulta
procedente es hacerlo en sede judicial”.

28. Partiendo de esa base, la Sala de primera instancia no encontró en el expediente
el “Acta de Recibo Parcial de Obra No. 10”, cuyo valor ($662.259.816) sustentó
las pretensiones de la demanda por actividades de obra ejecutadas y pendientes
de pago. Tampoco halló facturas o cuentas de cobro radicadas y no pagadas
por el INVIAS. A través del acta de entrega y recibo definitivo de obra “suscrita
por parte de la Interventoría”, encontró que el “valor total ejecutado por el
contratista corresponde a la suma de $2.048.917.138, valor que coincide con el
valor de las 9 Actas de Recibo Parcial de Obra […] con una diferencia de
$6.250.248 y que de acuerdo con la primera de las actas citadas corresponde al
Acta No. 10, no obstante, la misma no se aportó al plenario a efectos de
constatar la realización de las actividades allí descritas”. Por lo tanto, como el
INVIAS no adeudaba sumas de dinero al demandante, el fallo concluyó que
debía “liquidarse en cero el contrato de obra objeto del presente medio de
control”.

Recurso de apelación

29. El INVIAS apeló el fallo de primera instancia, a través de escrito 10 allegado el 8
de abril de 2024.

30. Cuestionó la decisión de liquidar “en cero” el contrato de obra celebrado con la
UT, ya que “no se tiene en cuenta la amortización del anticipo” pagado por la
entidad a la contratista. Adujo que, en virtud de lo realmente ejecutado, quedó
“sin amortizar un valor de DOCIENTOS DIESCISEIS (sic) MILLONES CIENTO
TRES MIL SEICIENTOS (sic) VEINTICINCO PESOS ($ 216.103.625,oo)”.

31. Por otra parte, reprochó la denegación de las súplicas de la demanda, porque el
Tribunal no se “pronunció sobre la fijación del litigio”, conforme a la cual debía
dilucidarse si hubo incumplimiento contractual de la UT. A su juicio, era evidente
la infracción de lo pactado por parte de la contratista y, aunque el a quo denegó
la pretensión que buscaba declarar la no responsabilidad de la contratista, el
juzgador debió determinar de forma explícita que la actora sí desconoció las
obligaciones surgidas del contrato de obra. Además, rememoró que la razón
esgrimida por la entidad para declarar la terminación del procedimiento
administrativo sancionatorio consistió en que la decisión definitiva del
incumplimiento contractual debía ser proferida por la jurisdicción de lo

10 Índice SAMAI primera instancia núm. 36.

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Demandado: Instituto Nacional de Vías -INVIAS
Referencia: Controversias contractuales

contencioso administrativo, en razón de la demanda presentada por
COLMUCOOP.

Trámite en segunda instancia

32. Con auto del 8 de julio de 2024, el Despacho sustanciador admitió el recurso de
apelación presentado por la demandada11. En esta instancia, no hubo
pronunciamientos de las partes y el agente del Ministerio Público guardó silencio.

33. El 6 de agosto de 2024, la abogada Yenifer Cuéllar Montenegro allegó poder
otorgado por el señor Gustavo Mosquera Charry, quien invocó la calidad de
representante legal de la demandante, la cual fue reconocida desde la primera
instancia12.

34. El 12 de agosto de 2024 el expediente ingresó al Despacho, para dictar
sentencia13.

CONSIDERACIONES

Jurisdicción y competencia14

35. La Jurisdicción de lo contencioso administrativo debe conocer del presente
proceso judicial15, por tratarse de una controversia derivada de un contrato16
celebrado por el INVIAS, un establecimiento público17 regido, en este caso
particular, por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública

11 Índice SAMAI segunda instancia núm. 5. En dicho proveído, se aceptó la renuncia de poder
allegada por la apoderada de la parte accionante, y se emitió requerimiento a dicho extremo para
que designara un nuevo profesional del derecho para su representación.
12 Índice SAMAI segunda instancia núm. 15. La Sala reconocerá personería adjetiva a la mencionada

profesional del derecho, toda vez que el acto de apoderamiento, remitido mediante mensaje de
datos, reúne los requisitos legales previstos en el artículo 74 del Código General del Proceso (Ley
1564 de 2012, CGP), y en el artículo 5 de la Ley 2213 de 2022.
13 Índice SAMAI segunda instancia núm. 16.
14 La demanda fue presentada el 13 de febrero de 2018. En ese sentido, resultan aplicables las

reglas de competencia del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (Ley 1437 de 2011 – CPACA) sin la reforma que, sobre este aspecto, dispuso la Ley
2080 del 25 de enero de 2021, porque, de acuerdo con el artículo 86 de la norma citada, las
modificaciones en materia de competencias “se aplicarán respecto de las demandas que se
presenten un año después de publicación de esta ley”. Ello no impide que el estudio del recurso sea
efectuado en virtud de esta última norma, en cuyo artículo 86 se prevé que “los recursos interpuestos
(…) se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos”, en atención a que la
alzada fue presentada en vigencia de esta ley.
15 CPACA – Artículo 104, inciso primero: “DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO

ADMINISTRATIVO. La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está instituida para conocer,
además de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes especiales, de las controversias y
litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho
administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando
ejerzan función administrativa” (Se subraya).
16 Ley 80 de 1993 – Artículo 75: “DEL JUEZ COMPETENTE. Sin perjuicio de lo dispuesto en los

artículos anteriores, el juez competente para conocer de las controversias derivadas de los contratos
estatales y de los procesos de ejecución o cumplimiento será el de la jurisdicción contencioso
administrativa”.
17 Decreto 2171 del 30 de diciembre de 1992 – Artículo 52: “REESTRUCTURACION DEL FONDO

VIAL NACIONAL COMO EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.- Reestructúrase el Fondo Vial
Nacional como el Instituto Nacional de Vías, establecimiento público del orden nacional, con
personería jurídica, autonomía administrativa, patrimonio propio y adscrito al Ministerio de
Transporte.”

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Radicación: 54001-23-33-000-2018-00049-01 (71.271)
Demandante: Administración Pública Cooperativa de Municipios
de Colombia “COLMUCOOP”
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(EGCAP)18. Además, esta Sala de Subsección es competente porque decide el
recurso de apelación interpuesto en contra de una sentencia proferida por un
Tribunal Administrativo19, en el marco del medio de control de controversias
contractuales, y en un asunto que deberá ser decidido por esta Corporación en
segunda instancia en virtud de su cuantía20.

Ejercicio oportuno de la acción

36. El artículo 164, numeral 2, literal j) del CPACA ordena que la demanda de
controversias contractuales debe presentarse dentro de los dos (2) años
contabilizados a partir de los motivos de hecho o de derecho que dan lugar a la
reclamación. Los apartados i) a v) de esta norma disponen circunstancias
especiales para el cómputo del término, dentro de las que se enuncia aquella en
que el contrato requiere de liquidación y esta no ha sido practicada de mutuo
acuerdo o por la Administración de forma unilateral.

37. El plazo original del contrato21 núm. 0881 del 24 de junio de 2016 era, de acuerdo
con la cláusula cuarta, de 4 meses a partir de la orden de iniciación, que fue
impartida el 25 de julio de 2016 por el entonces subdirector encargado de la Red
Nacional de Carreteras del INVIAS22. Las partes prorrogaron el término de
ejecución hasta el 9 de mayo de 201723. No obstante, el 8 de mayo de 2017
suspendieron el contrato24, y dispusieron su reanudación el día 22 del mismo
mes y año25. Conforme a estos dos últimos actos, el vencimiento se produjo el
23 de mayo de 2017.

18 Ley 80 de 1993 – Artículo 2: “DE LA DEFINICIÓN DE ENTIDADES, SERVIDORES Y SERVICIOS

PÚBLICOS. Para los solos efectos de esta ley: // 1o. Se denominan entidades estatales: // a) La
Nación, las regiones, los departamentos, las provincias, el distrito capital y los distritos especiales,
las áreas metropolitanas, las asociaciones de municipios, los territorios indígenas y los municipios;
los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades
de economía mixta en las que el Estado tenga participación superior al cincuenta por ciento (50%),
así como las entidades descentralizadas indirectas y las demás personas jurídicas en las que exista
dicha participación pública mayoritaria, cualquiera sea la denominación que ellas adopten, en todos
los órdenes y niveles”. (Se subraya).
19 CPACA. Artículo 150, inciso primero: “El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso

Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de
este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación
por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan
los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia.”
20 CPACA. Artículo 152, numeral 5: “Los tribunales administrativos conocerán en primera instancia

de los siguientes asuntos: […] De los relativos a los contratos, cualquiera que sea su régimen, en
que sea parte una entidad pública en sus distintos órdenes o un particular en ejercicio de funciones
propias del Estado, y de los contratos celebrados por cualquier entidad prestadora de servicios
públicos domiciliarios en los cuales se incluyan cláusulas exorbitantes, cuando la cuantía exceda de
quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes”. La demanda fijó la cuantía en la
suma de seiscientos sesenta y dos millones doscientos cincuenta y nueve mil ochocientos dieciséis
pesos ($ 662.259.816), cifra que superó el tope indicado para el año en que se presentó la demanda
(2018): trescientos noventa millones seiscientos veintiún mil pesos ($ 390.621.000).
21 Índice SAMAI primera instancia núm. 29. Archivo: “3_ED_003ANEXOSDELADE(.pdf)”, f. 3-7.
22 Oficio SRN 34755, en: ibid. f. 26.
23 Contratos adicionales 1 a 5, en: ibid. f. 11-16, 18 y 19.
24 Acta de suspensión o ampliación de la suspensión contrato de obra, en: ibid. f. 193
25 Acta de reanudación contrato de obra, en: ibid. f. 194.

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38. Según lo pactado en la cláusula novena, el contrato sería liquidado según lo
ordenado en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, y el artículo 217 del Decreto
Ley 019 de 2012. Empero, no está acreditado que las partes o, en su defecto, el
INVIAS hayan adelantado esta labor. Por lo tanto, el término bienal debe
computarse de acuerdo con el ordinal v) del artículo 164, núm. 2, literal j) del
CPACA, esto es, luego del plazo dispuesto para adelantar la liquidación bilateral
(4 meses) y unilateral (2 meses), contado, en este caso, a partir de la expiración
del plazo de ejecución contractual.

39. Bajo este razonamiento, se colige que la demanda fue oportuna, toda vez que
se presentó antes del 24 de noviembre de 2019, fecha en que habrían vencido
los dos años para presentar la reclamación en término, conforme a la ley26.

Legitimación en la causa

40. Ambas partes cuentan con legitimación en la causa dentro del presente asunto.
La entidad demandada, aquí apelante, lo está por pasiva al ser parte del contrato
núm. 0881 de 2016 con la UT. Por otro lado, en la variante activa, COLMUCOOP
cuenta con este atributo, en tanto formó parte de la UT contratista, por lo que
podía formular las controversias relativas al negocio anteriormente
mencionado27. Esta posibilidad ha sido reiterada por esta Subsección al señalar
que “los integrantes de una unión temporal pueden, como siempre lo han podido
hacer (…) si así lo deciden y siempre que para ello satisfagan los requisitos y
presupuestos exigidos en las normas vigentes, comparecer individualmente a
los procesos judiciales relacionados con la actividad contractual del Estado”28.

41. Ahora bien, de cara a lo anterior, se ha indicado igualmente que, “en el caso de
las uniones temporales que pretendan discutir asuntos derivados de la actividad
precontractual y contractual de la Administración, cualquiera de las partes que
las integran pueden ejercer su derecho de acción de manera independiente y,
además, en razón de las particularidades de cada asunto, el juez valorará si los
demás integrantes de la forma asociativa deben acudir al proceso en calidad de
litisconsortes necesarios u ostentan la categoría de litisconsortes facultativos”29.

42. Cabe reiterar que, en el transcurso del proceso, el otro integrante de la UT,
Miguel Ángel Valderrama Medina, admitió ser excluido de este trámite judicial a
través de su apoderado30. Además, el Tribunal determinó que no era necesario

26 La oportunidad en la presentación de la demanda se ve reforzada, además, en el hecho de que el

término de caducidad fue suspendido entre el 1 de septiembre y el 1 de diciembre de 2017, en virtud
al trámite de conciliación extrajudicial convocado por la parte demandante, y adelantado ante la
Procuraduría 23 Judicial II para Asuntos Administrativos de Cúcuta. (Acta de no acuerdo del 2 de
febrero de 2018, en: ibid. f. 1 y 2).
27 Alternativa válida y reconocida de forma unificada por la jurisprudencia de la Sección para ser

parte de procesos judiciales. Ver: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección
Tercera – Sala Plena. Sentencia del 25 de septiembre de 2013. Rad. 25000-23-26-000-1997-03930-
01(19933). C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
28 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 19 de marzo de 2021, C.P.:

José Roberto Sáchica Méndez. Rad.: 76001-23-31-000-2004-05155-01 (51.363)
29 Ibid.
30 Párrafo 10 de esta providencia.

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vincular a esta persona31, mediante auto que fue conocido por el mismo abogado
que procuró sus intereses y los de la actora, en el que el a quo destacó que,
conforme a la jurisprudencia de esta Sección, los miembros que conforman las
uniones temporales pueden acudir de manera individual al proceso32.

43. En ese contexto, la comparecencia de COLMUCOOP, únicamente, en el
extremo activo, permite a esta jurisdicción fallar de fondo, porque fue el propio
integrante del esquema asociativo quien decidió apartarse voluntariamente del
asunto y, por ende, de las resultas del proceso, como consecuencia de lo
manifestado a través de su apoderado judicial en la subsanación de la demanda.

44. En síntesis, COLMUCOOP se encuentra legitimada por activa y su sola
comparecencia es suficiente para estudiar de fondo la controversia, por lo
especialmente acontecido durante este trámite judicial.

Sobre los cargos de la apelación

45. En esta instancia, le corresponde a la Sala pronunciarse sobre los reparos
concretos presentados en el recurso de apelación en contra de la sentencia de
primer grado, los cuales, por regla general, establecen la competencia del ad
quem para ventilar la controversia, por lo que los demás aspectos, diferentes a
los planteados por el recurrente, están llamados a excluirse del debate, salvo
situaciones que se deban auscultar y definir de manera oficiosa 33. Como lo ha
enfatizado la jurisprudencia de esta Subsección, la competencia del juzgador de
segunda instancia se encuentra enmarcada por los cargos que el apelante
interpone en contra de la decisión recurrida, teniendo en cuenta lo previsto en el
artículo 328 del CGP34, los cuales han de encontrarse debidamente sustentados
para efectos de tenerlos como verdaderos motivos de reproche que permitan
deducir el desacierto del fallo del inferior jerárquico35.

46. Dicho lo anterior, los puntos de desacuerdo contra el fallo de primera instancia
que expresó el INVIAS implican, respectivamente, responder los siguientes
problemas jurídicos: (i) si en segunda instancia es posible incluir en la liquidación

31 Párrafo 18 del presente fallo.
32 Sentencia del 24 de octubre de 2018. Rad. 25000-23-26-000-2015-01215-01(58603). C.P. Ramiro

Pazos Guerrero.
33 Al respecto, la Sala Plena de la Sección Tercera de esta Corporación, en sentencia de unificación

del 6 de abril de 2018, consideró: “Si se apela un aspecto global de la sentencia, el juez adquiere
competencia para revisar todos los asuntos que hacen parte de ese aspecto más general, aunque
de manera expresa no se haya referido a ellos el apelante único. Lo anterior, desde luego, sin
perjuicio de la potestad que tiene el juzgador de pronunciarse oficiosamente sobre todas
aquellas cuestiones que sean necesarias para proferir una decisión de mérito, tales como la
caducidad, la falta de legitimación en la causa y la indebida escogencia de la acción, aunque
no hubieran sido propuestos por el apelante como fundamentos de su inconformidad con la
providencia censurada” (se destaca). Expediente 46.005, C.P. Danilo Rojas Betancourth.
34 “El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos

por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por
la ley. // Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló
hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.”
35 Vid. sentencia del 12 de julio de 2024 exp. 13001-23-33-000-2015-00015-01 (70.692), C.P.

Fernando Alexei Pardo Flórez.

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las sumas del anticipo que, según la apelante, no fueron amortizadas36, y (ii) si
el incumplimiento contractual de la UT formó parte del asunto a decidir y, por
tanto, si debía ser declarado en la sentencia. Ambos cuestionamientos serán
contestados negativamente por estos motivos:

47. En cuanto al primero de los puntos de protesta contra el fallo apelado, considera
esta Sala que no es procedente analizar la existencia de un crédito a favor del
demandado cuando ello no fue reclamado oportunamente por dicho extremo
procesal si tenía interés en su reconocimiento. Como se vio, el INVIAS impugnó
el hecho de que se hubiese liquidado “en cero” el contrato materia de debate, al
reclamar el reconocimiento en su favor el valor del anticipo desembolsado y no
amortizado por el contratista.

48. No obstante, si la entidad tenía interés en solicitar la condena al contratista por
dicho rubro, debió incluirlo como una pretensión propia e independiente dirigida
hacia su contraparte procesal, ejercicio que le correspondía efectuar, dentro de
este proceso, bien sea durante el término de traslado del libelo inicial a través
de la demanda de reconvención37 (o en un proceso judicial independiente), o
formulando la excepción de mérito de compensación38 en la que, afirmando la
existencia de un crédito en su favor, hubiese alegado la extinción total o parcial
de la obligación derivada de una eventual condena pecuniaria en contra suya39.
De manera que, por fuera de esos escenarios, dicho pedimento se torna
extemporáneo e improcedente.

49. En efecto, al introducir una petición novedosa, intentando delinear una excepción
o una pretensión en reconvención no propuestas en su debido momento, el
recurrente desconoce el ámbito competencial propio del ad quem, que proscribe
la modificación tanto de la causa petendi como del petitum de la demanda a
través del recurso de apelación, límite que constituye un desarrollo del principio
de congruencia. Como lo preceptúa el artículo 281 del CGP: “La sentencia
deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la
demanda y en las demás oportunidades que este código contempla y con las
excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la
ley”, mandato que -por regla- impide al juzgador reconocer prestaciones, montos
o condenas diferentes a los consignados en dicho libelo o en el de reconvención,
al establecer en forma prístina que: “No podrá condenarse al demandado por
cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda ni por causa

36 Párrafo 30 de esta decisión.
37 Como lo ha reconocido esta Subsección, la demanda de reconvención forma parte del derecho de

contradicción y de oposición, y es entendida como el “acto procesal de petición mediante el cual el
demandado deduce oportunamente contra el actor una acción propia, independiente o conexa con
la acción que es materia de la demanda, a fin de que ambas sean sustanciadas y decididas
simultáneamente en el mismo proceso”: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo.
Sección Tercera – Subsección A. Auto del 25 de octubre de 2019. Rad. 08-001-23-33-001-2015-
00147-01(62581). C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
38 Cfr. Código Civil. Artículos 1625, núm. 5; y 1714 a 1716.
39 Configurándose así la denominada compensación judicial. Sobre el tema, ver: Consejo de Estado.

Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera – Subsección A. Sentencia del 16 de julio
de 2021. Rad. 25000-23-26-000-2011-00696-01 (48427) C.P. José Roberto Sáchica Méndez. Párr.
79 a 82.

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diferente a la invocada en esta” (entiéndase, igualmente, la que pueda presentar
el demandado en contra de su opositor).

50. En ese orden de ideas, si la entidad tenía la intención de que la Jurisdicción
emitiera un pronunciamiento atinente al anticipo no amortizado por su
contraparte, y su consecuente reconocimiento en la liquidación judicial
impetrada, debió presentar demanda de reconvención dentro del lapso
legalmente establecido para ello, conforme al artículo 177 del CPACA; u
oponerse invocando una acreencia susceptible de compensarse ante una
posible condena40. Comoquiera que el INVIAS no empleó ninguna de las
mencionadas alternativas de oposición a las pretensiones de su contraparte
procesal, sus ruegos no son de recibo en esta instancia.

51. Respecto al segundo disenso, relativo a la omisión del Tribunal en estudiar el
incumplimiento de la UT41, en los términos determinados en la audiencia inicial42,
lo cierto es que en este aspecto el fallo sí se atuvo a la pretensión segunda de
la demanda, y la analizó de fondo para concluir que la declaración solicitada por
la actora no era procedente43.

52. Adicionalmente, la etapa de fijación del litigio no está legalmente diseñada para
exponer hechos, incluir pretensiones o proponer excepciones que no fueron
planteadas a través de los actos procesales destinados para ello (demanda -
principal o de reconvención- y contestación), sino para delimitar el objeto del
proceso, estructurar provisoriamente el problema jurídico a resolver44, y depurar
las cuestiones fácticas que deberán resolverse a lo largo del trámite45.

40 En ese sentido, recientemente la Sala sostuvo que: “si bien la parte demandante solicitó la
liquidación judicial del contrato, dicha pretensión no tenía la vocación de reconocer saldos a favor de
la parte demandada, salvo que se presentara una demanda de reconvención, de conformidad con
las consideraciones expuestas en precedencia”. Además, expresó que “la contestación de la
demanda y la demanda de reconvención persiguen finalidades distintas. La primera tiene como
objetivo enervar las pretensiones elevadas en contra de la parte demandada, mientras que la
segunda busca que se reconozcan pretensiones autónomas a favor de la parte inicialmente
demandada”: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera –
Subsección A. Sentencia del 30 de agosto de 2024. Rad. 25000-23-36-000-2013-01387-02 (61597).
C.P. María Adriana Marín.
41 Párrafo 31 de esta providencia.
42 Párrafo 19 de la presente sentencia.
43 Párrafo 26 de este fallo.
44 “En ese orden de ideas, para la Sala, el problema jurídico que se estructura en la audiencia inicial

sirve como parámetro para determinar cuáles de los medios de convicción solicitados por las partes
resultan conducentes, pertinentes y útiles, sin que pueda convertirse en una camisa de fuerza para
el juez al proferir la decisión que en derecho corresponda. […] Lo anterior, reafirma la postura de que
la fijación del litigio realizada en la audiencia inicial tiene un carácter provisional, razón por la que,
en la sentencia se debe estructurar el problema jurídico que tenga en cuenta las pruebas legal y
oportunamente recaudadas, los argumentos expuestos por las partes y la línea jurisprudencial
aplicable al caso concreto, cumpliendo así con el principio de consonancia que debe existir entre la
sentencia y el libelo introductorio. // Así las cosas, la fijación del litigio no constituye una camisa de
fuerza para el operador judicial, pues en aras de hacer efectivo el derecho de acceso a la
administración de justicia, el juez se encuentra facultado para determinar si la decisión debe limitarse
al problema jurídico planteado en la audiencia inicial o si este debe ser ampliado.”: Consejo de
Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera – Subsección A. Sentencia del 27
de agosto de 2020. Rad. 18001-23-33-000-2013-00151-02(64564). C.P. Marta Nubia Velásquez
Rico.
45 “La fijación del objeto de la litis no es una liberalidad del funcionario judicial sino una etapa en la

que las partes determinan con precisión las cuestiones de hecho que serán materia del debate

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53. De esta manera, la pretensión declaratoria de incumplimiento contractual de la
UT, de interés exclusivo para la demandada, debió ser igualmente introducida al
pleito a través de una demanda de reconvención. En ese sentido, la Sala se
aparta de la consideración de la accionada según la cual “implícitamente debería
entenderse que existe responsabilidad de la Unión Temporal VALCOOP y por lo
tanto, declarar el incumplimiento de manera explícita”, puesto que, según se
desarrolló, dicha declaratoria que, en este contexto, no tiene idéntico tratamiento
al de la excepción46, debió solicitarse de manera independiente y expresa. Tal
como se precisó al contestar el primer contrargumento al fallo presentado en el
recurso, no es procedente en esta instancia analizar una petición del INVIAS que
no fue elevada oportunamente por el medio que el ordenamiento previó para tal
efecto, lo cual impone desestimar la impugnación formulada por la entidad.

54. Así las cosas, no hay lugar a acceder a “revocar la sentencia de primera instancia
de fecha 07 de marzo de 2014, con el fin de corregir y/o aclarar a liquidación
realizada por la corporación, decretar el incumplimiento definitivo del contrato de
Obra No. 0881 de 2016”, según lo pedido por la apelante.

Conclusiones

55. En las condiciones previamente analizadas, la Subsección confirmará el fallo de
primera instancia, recapitulando que:

56. No pueden plantearse súplicas o hechos novedosos a través del recurso de
apelación, porque con ello se vulnera el principio de congruencia. En el evento
en que la demandada busque oponerse a la posible condena en su contra
arguyendo la existencia de un crédito a su favor, debe proponer la compensación
como excepción de mérito. O, en caso de que le interese plantear sus propios
pedimentos, debe acudir a la figura de la demanda de reconvención que viabiliza
la formulación de pretensiones como despliegue de su derecho de contradicción.
Así, aun cuando la parte demandante haya solicitado la liquidación judicial del
contrato debatido, el reconocimiento de saldos a favor de la parte accionada solo
procederá si ésta los formula a través de los mencionados instrumentos
procesales.

57. Con la fijación del litigio que se adelanta en la audiencia inicial, no pueden
introducirse al proceso hechos o pretensiones que no fueron planteados en los
actos procesales de demanda o de contestación a la misma. Su propósito dentro

probatorio. En la fijación del litigio se formulan dos especies de cuestiones fácticas: los hechos
operativos y los probatorios. // Los hechos operativos son los sucesos que se relacionan con el
conflicto jurídico pero no tienen la connotación de litigiosos porque se dan como existentes por las
partes, no generan controversia y cumplen la función de contextualizar el entramado fáctico que
subyace a las pretensiones. // Los hechos probatorios coinciden con el antecedente o condición
prevista en la proposición jurídica y –como son la materia del desacuerdo– determinan el tema de la
prueba a partir del cual se elaborarán los enunciados fácticos en que se sustentará la sentencia. //
Todo el debate probatorio se circunscribirá a los límites trazados en la fijación del objeto del litigio,
por ello una alteración indebida de esos contornos tomaría por sorpresa a las partes y vulneraría su
derecho de defensa y contradicción.”: Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia
SC780 del 10 de marzo de 2020. M.P. Ariel Salazar Ramírez.
46 Ver: Sent. 30-ago-24, en cita núm. 43 de este proveído.

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Radicación: 54001-23-33-000-2018-00049-01 (71.271)
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del trámite es el de delimitar fáctica y jurídicamente el objeto del juicio, y no el
de servir como una ocasión adicional para agregar aquello que no fue solicitado
oportunamente. En tal sentido, si la entidad accionada no pretendió que se
declarara el incumplimiento de su cocontratante por medio de las herramientas
procesales dispuestas para ello -principalmente, la demanda de reconvención,
según lo expuesto-, el señalado ejercicio no podía ser invocado para pretender
incluir dicho tópico en el recurso de apelación contra la sentencia.

Condena en costas

58. En observancia del artículo 188 del CPACA (modificado por la Ley 2080 de
2021), así como de los artículos 365 y 366 del CGP aplicables a este proceso
contencioso47, se dispondrá la condena en costas en segunda instancia al
INVIAS, comoquiera que el recurso de apelación que propuso será resuelto
desfavorablemente48. Estas serán liquidadas de forma concentrada por el
Tribunal de primera instancia.

59. En cuanto a las agencias en derecho pertenecientes a esta instancia, según las
tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura, mediante el
Acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto de 201649, vigente para la fecha de
presentación de la demanda, la Sala fijará por este concepto la suma de un (1)
salario mínimo legal mensual vigente al momento de esta providencia, como
consecuencia de la vigilancia que la parte actora, a través de apoderada judicial,
debió realizar al trámite de la segunda instancia del proceso.

60. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 7 de marzo de 2024, proferida por el
Tribunal Administrativo de Norte de Santander, por las razones expuestas en esta
providencia.

SEGUNDO: CONDENAR en costas de segunda instancia al demandado apelante
Instituto Nacional de Vías -INVIAS, las cuales serán liquidadas de forma
concentrada por el Tribunal de primera instancia. Por concepto de agencias en
derecho de esta instancia, en favor de la accionante, se fija la suma equivalente a
un (1) salario mínimo legal mensual vigente.

47 CPACA, artículo 306.
48 Según el artículo 365, numeral 1, del CGP, deberá condenarse en costas “a la parte vencida en el

proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja,
súplica, anulación o revisión que haya propuesto” (Se destaca).
49 Conforme al artículo 1 del Acuerdo, este “regula las tarifas para efectos de la fijación de agencias

en derecho y se aplica a los procesos […] de la jurisdicción de lo contencioso administrativo”. Según
el artículo 3 de dicha normativa, cuando “se trate de la segunda instancia […] las tarifas se establecen
en salarios mínimos legales mensuales vigentes”; y conforme al artículo 5, numeral 1, las tarifas de
agencias en derecho en segunda instancia corresponden al margen comprendido entre 1 y 6
S.M.L.M.V.

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Radicación: 54001-23-33-000-2018-00049-01 (71.271)
Demandante: Administración Pública Cooperativa de Municipios
de Colombia “COLMUCOOP”
Demandado: Instituto Nacional de Vías -INVIAS
Referencia: Controversias contractuales

TERCERO: RECONOCER personería a la abogada Yenifer Cuéllar Montenegro,
identificada con cédula de ciudadanía 1.075.220.042 y tarjeta profesional 194053,
como apoderada judicial de la demandante, en los términos del mandato que obra
en el expediente.

CUARTO: DEVOLVER, por Secretaría, el expediente al Tribunal de origen, una vez
ejecutoriada esta sentencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: Esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la
derecha.
VF

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