Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 54001-23-33-000-2018-00058-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 54001-23-33-000-2018-00058-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 54001-23-33-000-2018-00058-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
10 de abril de 2025
Radicación: 54001-23-33-000-2018-00058-01 (0505-2023)
Demandante: Cupertino de Jesús Viloria Tovar
Demandado: UGPP
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., diez (10) de abril de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 54001-23-33-000-2018-00058-01 (0505-2023)
Demandante: Cupertino de Jesús Viloria Tovar
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Tema: pensión gracia, reconocimiento. Subtema 1: tiempo de servicios. Acreditación.
Subtema 2: presupuestos para el reconocimiento de la pensión gracia. Acreditación.
Subtema 3: origen de los recursos de la entidad nominadora no determina la naturaleza de
la vinculación.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra de la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander el 28 de abril de 2022,
que accedió a las pretensiones de la demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
Cupertino de Jesús Viloria Tova presentó demanda contra la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
(en adelante UGPP), con el objetivo de obtener el reconocimiento y pago de la pensión
gracia. La UGPP negó la prestación al considerar que su vinculación docente fue de
carácter nacional y la financiación del servicio estuvo a cargo del situado fiscal. El
demandante aduce que los actos administrativos demandados deben ser declarados
nulos, porque los documentos aportados acreditan debidamente los requisitos para
acceder al derecho pensional.
II. ANTECEDENTES
2.1. Demanda
2.1.1. Pretensiones
1. Cupertino de Jesús Viloria Tovar, mediante apoderado judicial, presentó demanda
en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho el 2 de
1
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Demandante: Cupertino de Jesús Viloria Tovar
Demandado: UGPP
noviembre de 2017, con las siguientes pretensiones1:
(i) Declarar la nulidad de las resoluciones RDP 046651 del 12 de diciembre de
2016, que negó el reconocimiento de la pensión gracia por prestar el servicio
docente bajo una vinculación nacional; RDP 006642 del 22 de febrero de 2017 y
RDP 012117 del 24 de marzo de 2017, mediante las cuales la UGPP resolvió los
recursos de reposición y apelación, en el sentido de confirmar la decisión
denegatoria del derecho.
(ii) Ordenar a la UGPP reconocer y pagar la pensión gracia a favor del
demandante, por reunir los requisitos de edad y tiempo de servicio exigidos en la
Ley 114 de 1913, en cuantía equivalente al 75% del salario, con la inclusión de
todos los factores salariales devengados en el año anterior al que cumplió el
estatus pensional (25 de abril de 2014), con los reajustes e intereses moratorios
previstos en los artículos 192 y 195 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo (CPACA).
(iii) Condenar en costas a la entidad demandada conforme al artículo 188 del
CPACA.
2.1.2. Hechos
2. Como fundamento de las pretensiones, el demandante expuso, en síntesis, los
siguientes hechos:
(i) Nació el 10 de enero de 1957, por lo que cumplió 50 años el 10 de enero de
2007;
(ii) fue nombrado docente territorial en la Escuela Rural Mixta La Oscura del
municipio de Planeta Rica (Córdoba), mediante el Decreto 000265 del 24 de
marzo de 1976;
(iii) fue nombrado en propiedad como docente seccional en la Escuela Rural
San Vicente del municipio de Sardinata (Norte de Santander), mediante el
Decreto 50 del 26 de marzo de 1995;
(iv) fue trasladado de la Escuela Rural San Vicente al colegio Argelino Duran
Quintero, corregimiento de la Victoria en el municipio de Sardinata, mediante
Decreto 041 del 25 de octubre de 2002;
(v) fue incorporado a la planta de cargos del departamento de Norte de
Santander, como docente municipal, mediante el Decreto 000595 del 7 de
mayo de 2003;
(vi) fue trasladado del colegio Argelino Duran Quiero a la Escuela Rural Las
Mesas, municipio de Sardinata, mediante Decreto 036 de 10 de agosto de
2003;
(vii) fue trasladado de la Escuela Rural Las Mesas a la Institución Educativa del
municipio de Zulia (Norte de Santander), mediante Resolución núm. 00700
del 22 de febrero de 2011;
(viii) solicitó el reconocimiento y pago de la pensión gracia ante la UGPP el 16 de
mayo de 2016, reclamación que fue negada por esa entidad, mediante la
1
Samai, expediente digital, índice 2, ED_EXPDIGITA_TESTIGODOCUMENTALC, carpeta 54001-
23-33-000-2018-00058-00, archivo 001 Demanda.
2
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Resolución núm. RDP 046651 del 12 de diciembre de 2016, confirmada por
las resoluciones RDP 006642 del 22 de febrero de 2017 y RDP 012117 del
24 de marzo de 2017, con sustento en que no acreditó 20 años de servicio
en la docencia departamental, distrital, municipal o nacionalizado.
2.1.3. Normas violadas y concepto de violación
3. El actor citó como normas violadas las siguientes: Constitución Política, artículos
1, 2, 6, 11, 13, 23, 25, 48, 53, 58, 83, 90, 93, 209 y 336; Ley 114 de 1913, artículos 1,
2, 3 y 4; Ley 116 de 1928, artículo 6; Ley 37 de 1933, artículo 3; Ley 4 de 1966, artículos
4 y 19; Ley 4 de 1976; Ley 71 de 1988, artículo 1; Ley 91 de 1989, artículos 1, 2 y 15;
Ley 238 de 1995; Ley 100 de 1993, artículos 14, 50 y 142.
4. En el concepto de violación, la parte actora expuso que los actos demandados
incurrieron en infracción de las normas en que debían fundarse, porque negaron el
reconocimiento pensional aun cuando demostró que cumplió los requisitos
establecidos en la ley para acceder al derecho a la pensión gracia, específicamente,
una vinculación a la docencia oficial anterior al 31 de diciembre de 1980 y la prestación
del servicio durante 20 años en plazas territoriales y nacionalizadas.
5. También indicó que los actos administrativos demandados incurrieron en falsa
motivación, pues la UGPP indicó que el demandante acreditó vinculaciones nacionales,
cuando en realidad demostró tiempos de naturaleza nacionalizada.
2.2. Contestación de la demanda
6. La apoderada de la UGPP indicó que el reconocimiento de la pensión gracia es
improcedente, porque el señor Cupertino de Jesús Viloria Tovar no demostró el
cumplimiento de los requisitos legales, especialmente, 20 años de servicio en la
docencia del orden departamental, municipal o distrital. En apoyo de su argumento,
indicó que, según el certificado de tiempo de servicio expedido por la Secretaría de
Educación Departamental de Norte de Santander, el demandante estuvo vinculado en
calidad de docente del orden nacional desde el 26 de marzo de 1996 hasta el 11 de
marzo de 20162.
7. Afirmó que los certificados de información laboral expedidos por la Secretaría de
Educación de Norte de Santander presentan inconsistencias, porque en el año 2014
hacen constar que la vinculación del actor era del orden nacional, mientras que, en el
año 2017, indican que era de carácter departamental-municipal.
2.3. Sentencia de primera instancia
8. El Tribunal Administrativo de Norte de Santander, mediante sentencia del 28 de
abril de 20223, declaró la nulidad de los actos administrativos demandados; ordenó a
la UGPP reconocer y pagar la pensión gracia a favor del demandante, desde el 25 de
mayo de 2014, y se abstuvo de condenar en costas.
2
Samai, expediente digital, índice 00002, ED_EXPDIGITA_TESTIGODOCUMENTALC, carpeta
54001-23-33-000-2018-00058-00, archivo ContestaciónDemanda.
3
Samai, expediente digital, índice 00002, ED_EXPDIGITA_TESTIGODOCUMENTALC, carpeta
54001-23-33-000-2018-00058-00, archivo 015SentenciaNyR, pág, 1 a 17.
3
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9. Al sustentar la decisión, afirmó que el certificado expedido por el secretario de
educación del departamento de Córdoba acreditó que el demandante fue vinculado
como docente nacionalizado en la escuela Rural Mixta La Oscura (Córdoba), desde el
24 de marzo de 1976 y ejerció la labor hasta el 25 de febrero de 1977, por lo que
cumplió el requisito de acreditar vinculación nacionalizada o territorial antes del 31 de
diciembre de 1980.
10. Consideró que los formatos para la expedición de historia laboral y salarios, junto
con la Resolución 04488 del 2015, por medio de la cual se reconoció la pensión vitalicia
de vejez al demandante, permitieron establecer que prestó más de 20 años de servicio
en virtud de una vinculación nacionalizada, inicialmente, en el departamento de
Córdoba (10 meses) y luego en el de Norte de Santander.
11. Concluyó que no se configuró la prescripción de las mesadas, porque no
transcurrieron más de 3 años desde que adquirió el estatus pensional hasta la fecha
en que solicitó el reconocimiento de la pensión gracia.
2.4 . Recurso de apelación
12. La UGPP alegó que la sentencia de primera instancia no analizó la naturaleza de
los recursos que financiaron el servicio docente prestado por el actor, aspecto
determinante para definir la naturaleza de la vinculación4. En ese sentido, argumentó
que las transferencias que la nación efectuaba a las entidades territoriales en vigencia
del Acto Legislativo 01 de 1968 no constituían recursos propios de los entes
territoriales, sino que obedecían a un esquema de distribución de los ingresos
corrientes hacia los Fondos Educativos Regionales (FER). Por tal motivo, sostuvo que
las vinculaciones financiadas con esos recursos deben considerarse de carácter
nacional.
13. Precisó que la vinculación realizada por el departamento de Córdoba el 24 de
marzo de 1976 es de carácter nacional, porque los recursos con los que se financió el
servicio de educación prestado por el actor provenían del situado fiscal. De igual forma,
indicó que la vinculación comprendida entre los años 1995 y 2016 también
corresponde al orden nacional.
14. Finalmente, advirtió que las inconsistencias en la información relativa a la
naturaleza de la vinculación que se registra en los certificados expedidos por la
Secretaría de Educación de Norte de Santander desvirtúan el cumplimiento de los
requisitos legales para el reconocimiento de la pensión gracia.
2.5. Trámite procesal en segunda instancia
15. Esta corporación, por auto del 15 de junio de 2023, admitió el recurso de apelación
presentado por la entidad demandada y prescindió del periodo de traslado dispuesto
para los alegatos de conclusión conforme al artículo 247-5 del CPACA, modificado por
4
Samai, expediente digital, índice 00002, ED_EXPDIGITA_TESTIGODOCUMENTALC, carpeta
54001-23-33-000-2018-00058-00, archivo 016Recurso de Apelación UGPP.
4
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la Ley 2080 de 2021, al considerar que no procedía el decreto y la práctica de pruebas
en la segunda instancia5.
III. CONSIDERACIONES
3.1 . Competencia
16. Al Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, le corresponde el
conocimiento del presente asunto en atención a la competencia que el inciso primero
del artículo 150 del CPACA le confiere para conocer de los recursos de apelación
interpuestos contra las sentencias proferidas en primera instancia por los tribunales
administrativos.
3.2 . Problema jurídico
17. De acuerdo con el marco de juzgamiento fijado en el recurso de apelación
interpuesto por la UGPP, la Sala procede a resolver los siguientes problemas jurídicos:
18. ¿El demandante acreditó la prestación del servicio docente en plazas territoriales
o nacionalizadas durante más de 20 años, con una vinculación anterior al 31 de
diciembre de 1980, en los términos de la Ley 91 de 1989?
19. ¿El origen de los recursos destinados al pago del servicio docente prestado por el
actor determina la naturaleza de la vinculación como maestro nombrado por la
autoridad territorial?
3.3 . Marco normativo de la pensión gracia –Reiteración jurisprudencial–
20. La Ley 114 de 19136 creó una «pensión de jubilación vitalicia» para los maestros
de escuelas oficiales que prestaron servicio en el magisterio por un tiempo no menor
de veinte años, en cuantía equivalente a la mitad del salario devengado en los dos
últimos años de labor o al promedio del sueldo recibido, si este fuese variable7, siempre
que cumplieran los siguientes requisitos: (i) desempeñar el empleo con honradez y
consagración; (ii) carecer de medios de subsistencia de acuerdo con su posición social
y costumbres8; (iii) no recibir otra pensión o recompensa de carácter nacional.
21. La Ley 116 de 19289 extendió la prestación pensional a los empleados y
profesores de las escuelas normales y a los inspectores de instrucción pública.
Posteriormente, la Ley 37 de 193310 cobijó a los maestros que completaron servicios
docentes en establecimientos de enseñanza secundaria.
5
Samai, índice 8, Auto que admite recurso de apelación.
6 «Que crea pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela».
7 «Modificado por el artículo 1 de la Ley 24 de 1947, que sustituyó el artículo 29 de la Ley 6 de 1945 en el sentido
de que el precepto transcrito dispone que "cuando se trate de servidores del ramo docente las pensiones de
jubilación se liquidarán con el promedio de los sueldos durante el último año». Consulta
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=86746.
8
Derogado por la Ley 45 de 1931.
9
«Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la ley 102 de 1927», sobre aumento y reconocimiento
de pensiones.
10
«Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de algunos empleados».
5
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22. La Ley 43 de 197511 terminó con el régimen de responsabilidades compartidas en
materia educativa entre la nación, los departamentos y los municipios al establecer
que «La educación primaria y secundaria oficiales» constituye un servicio público a
cargo de la nación. Por tanto, los gastos que este servicio ocasiona, sufragados por
«los Departamentos, Intendencias, Comisarías, el Distrito Especial de Bogotá y los
Municipios, serán de cuenta de la Nación, en los términos de la presente Ley». Sin
embargo, «el nombramiento del personal en los planteles que se nacionalizan por
medio de esta Ley, o se hayan nacionalizado anteriormente, continuará siendo hecho
por los funcionarios que actualmente ejerzan dicha función».
23. Con ocasión del proceso de nacionalización referido y la posterior centralización
en el manejo de las obligaciones prestacionales del personal docente nacional y
nacionalizado, la Ley 91 de 1989, por medio de la cual se creó el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio y reguló la forma en que serían asumidas las
cargas prestacionales del personal docente luego de la nacionalización, estableció un
régimen de transición que buscó amparar la expectativa de los docentes territoriales
beneficiarios de la pensión gracia inmersos en el proceso de nacionalización que
culminó el 31 de diciembre de 1980. Ello, se puede observar en el literal a), numeral
2° del artículo 15 de la mencionada ley, así:
[…] A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato
de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las
hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la
pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad
de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de
previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión
ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la
nación. […].
24. La disposición trascrita fue objeto de análisis por la Sala Plena del Consejo de
Estado12, así:
[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los
docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91
de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen
o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…) siempre y cuando cumplan con la
totalidad de requisitos”. Y por último, que sin la ley 91 de 1989, en especial la norma
contenida en el literal A, numeral 2, de su artículo 15, dichos servidores no podrían
beneficiarse del reconocimiento de tal pensión, pues habiéndose nacionalizado la
educación primaria y secundaria oficiales, dicha prestación, en realidad, no tendría el
carácter de graciosa que inicialmente le asignó la ley. […].
25. Así, los docentes vinculados antes de la fecha señalada en precedencia
mantienen el beneficio hasta la consolidación de su derecho pensional para proteger
la expectativa ante el cambio que implicó la extinción de la prestación por motivo de la
nacionalización de la educación. Para los demás docentes, es decir, los vinculados
con posterioridad al 31 de diciembre de 1980, tan sólo se reconocería la pensión
11
«Por la cual se nacionaliza la educación primaria y secundaria que oficialmente vienen prestando los
Departamentos, el Distrito Especial de Bogotá, los Municipios, las Intendencias y Comisarías; se redistribuye una
participación, se ordenan obras en materia educativa y se dictan otras disposiciones».
12
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia núm. S-699 de 26 de agosto de
1997, actor: Wilberto Therán Mogollón.
6
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ordinaria de jubilación.
26. Entonces, es dable afirmar que el punto de partida para definir si el docente tiene
derecho a la pensión gracia se encuentra en la clasificación contenida en la Ley 91 de
1989, cuyo artículo 1.° categorizó y definió a los docentes de la siguiente manera:
• Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno
nacional.
• Personal nacionalizado. Son (i) los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial antes del 1.º de enero de 1976 y (ii) los docentes vinculados a
partir de esa fecha a una plaza nacionalizada en virtud del proceso de
nacionalización de la educación que se adelantó por disposición de la Ley 43 de
1975.
• Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial a partir del 1º de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito
establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 197513, de manera que la plaza a
ocupar haya sido creada exclusivamente por la entidad territorial con cargo a su
propio presupuesto.
27. La Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante sentencia de unificación
SUJ-11-S2 del 21 de junio de 2018, estableció, además, que la vinculación de los
docentes territoriales o nacionalizados no varía cuando en el acto de nombramiento
interviene el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional como
miembro de la Junta Administradora del respectivo Fondo Educativo Regional. Lo
anterior porque el pago de las acreencias de estos docentes provenía directamente de
las rentas del ente territorial o del situado fiscal cuando se sufragaban los gastos a
través de los Fondos Educativos Regionales, hoy Sistema General de Participaciones.
En este orden, la sentencia de unificación fijó las siguientes reglas jurisprudenciales:
i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las entidades
territoriales (…), una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de
propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas.
ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que les
gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones, por asignación
directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.
iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos regionales no
solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades territoriales por
concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los entes locales destinar
parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los referidos fondos
educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2º de la Ley 24 de 1988).
iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban los
servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados14, resulta factible
13
«En adelante ningún departamento, intendencia o comisaría, ni el Distrito Especial, ni los municipios podrán con
cargo a la Nación, crear nuevas plazas de maestros y profesores de enseñanza primaria o secundaria, ni tampoco
podrán decretar la construcción de nuevos planteles de enseñanza media, sin la previa autorización, en ambos
casos, del Ministerio de Educación Nacional».
14
Al respecto se puede consultar el Decreto 3157 (artículo 34) de 1968, la Ley 43 (artículo 6) de 1975, el Decreto
102 de 1976, la Ley 24 (artículo 54) de 1988, y el Decreto 1706 (artículo 10) de 1989.
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colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las erogaciones
salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores territoriales (…).
v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se
convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación interviene,
además del representante legal de la entidad territorial, el delegado permanente del
Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta administradora del
respectivo fondo educativo regional y asimismo, este último, certifica la vacancia del
cargo junto con la disponibilidad presupuestal 54; y (ii) por el argumento de que los
recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o fuente en la Nación.
vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el
tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter
territorial.
vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente relevante,
frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar
(…).
28. En sentencia de unificación SUJ -030-CE-S2- 2022 del 11 de agosto de 2022, la
Sección Segunda fijó criterios para el reconocimiento de la pensión gracia en vigencia
de la Ley 91 de 1989. En dicha providencia se estableció la regla para acceder a esa
prestación con observancia de lo dispuesto en el artículo 15, numeral 2-a, a partir del
cual concluyó que los docentes pueden obtener la pensión gracia antes y después del
29 de diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o
nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás
requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento, así:
[…] Conforme al anterior lineamiento, el artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de
1989 no exige que al 31 de diciembre de 1980 el docente debe encontrarse en servicio
activo, pues lo que el texto preceptúa es que dicha fecha «es el límite máximo para que
el educador se vincule, siendo viable que haya sido con antelación a la mencionada
calenda», es decir, que no es válido imponer un requerimiento adicional que no previó
el legislador para restringir el acceso a la prestación.
Igualmente, esta corporación ha explicado que para el reconocimiento de la pensión
gracia a los «docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980», la aludida norma
no estableció exigencia alguna frente a los siguientes aspectos: a. contar con
determinado período de vinculación con anterioridad al 31 de diciembre de 1980; b. que
los servicios prestados como docente sean continuos o interrumpidos; c. que para la
referida fecha el maestro deba tener un vínculo laboral vigente.
[…] la línea jurisprudencial del Consejo de Estado se ha encaminado a afirmar que la
condición para el reconocimiento de la pensión gracia «es que la vinculación del docente
territorial sea anterior al 31 de diciembre de 1980, contando tiempos posteriores siempre
y cuando se demuestren como nacionalizados o territoriales.
[…] conforme a lo indicado en la Sentencia C-506 de 2006, en consonancia con los
antecedentes legislativos de la Ley 91 de 1989, se concluye que esta disposición buscó
proteger las reivindicaciones laborales alcanzadas por los educadores hasta ese
momento, dentro de las que se encontraba la pensión gracia de jubilación; por ende, el
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único límite temporal que se impuso consistió en que los docentes territoriales y
nacionalizados demostraran haber ingresado al magisterio con antelación al 31 de
diciembre de 1980, pues a ellos se les debería seguir respetando el régimen pensional
que los cobijaba, en otras palabras, se protegieron tanto los derechos adquiridos como
las expectativas de completar los requisitos para obtener el derecho pensional, pues las
normas seguirían proyectando sus efectos en el tiempo para los servidores vinculados
en la forma indicada […].
v) La Sentencia C-506 de 2006, antes estudiada, aclara el entendimiento frente al límite
temporal fijado por la Ley 91 de 1989, el cual consiste en garantizar el acceso a la
pensión gracia de aquellos docentes que se vieron inmersos en el proceso de
nacionalización de la educación, es decir, ingresaron con antelación al 31 de diciembre
de 1980 y, por lo tanto, no podían ver truncada la posibilidad de completar los requisitos
previstos para obtener dicho beneficio por tratarse de una conquista laboral respecto de
la cual tenían aspiraciones legítimas […].
2.5. Regla de unificación
[…] Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre de
1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con antelación al
31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos para su
reconocimiento.
3.4 . Análisis del caso concreto
29. El Decreto 000265 del 24 de marzo de 197615, expedido por el gobernador del
departamento de Córdoba, evidencia que el demandante fue nombrado en el cargo de
director de la Escuela Rural Mixta de La Oscura, municipio de Planeta Rica (Córdoba).
En dicho cargo se posesionó el 15 de abril de 1976, como consta en la respectiva
acta16.
30. El certificado expedido por el secretario de educación del departamento de
Córdoba el 24 de junio de 2014, indica que el demandante ejerció el cargo de director
de la Escuela Rural Mixta de La Oscura desde el 15 de abril de 1976 hasta el 25 de
febrero de 197717.
31. Los formatos únicos para la expedición de salarios y de historia laboral, dictados
por el líder de talento humano del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio el 29
de noviembre de 2016, señalan que la vinculación del demandante en la Escuela Rural
Mixta de la Oscura de Planeta Rica (Córdoba), desde el 15 de abril de 1976, fue de
carácter nacionalizado18.
15
Samai, expediente digital, índice 00002, ED_EXPDIGITA_TESTIGODOCUMENTALC, carpeta
54001-23-33-000-2018-00058-00, archivo 002Anexos Demanda, págs. 4 y 5.
16 Samai, expediente digital, índice 00002, ED_EXPDIGITA_TESTIGODOCUMENTALC, carpeta
54001-23-33-000-2018-00058-00, archivo 002Anexos Demanda, pág. 7.
17
Samai, expediente digital, índice 00002, ED_EXPDIGITA_TESTIGODOCUMENTALC, carpeta
54001-23-33-000-2018-00058-00, archivo 002Anexos Demanda, pág. 12.
18
Samai, expediente digital, índice 00002, ED_EXPDIGITA_TESTIGODOCUMENTALC, carpeta
54001-23-33-000-2018-00058-00, archivo 002Anexos Demanda, pág. 13, 14 y 15.
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32. Mediante el Decreto 050 del 26 de marzo de 1995, el alcalde del municipio de
Sardinata (Norte de Santander) nombró en propiedad al actor para desempeñar el
cargo docente en la Escuela Rural San Vicente de ese municipio19, empleo del que
tomó posesión en la misma fecha20.
33. Por Decreto 041 de 2002, el alcalde del municipio de Sardinata trasladó al
demandante, por necesidad del servicio, de la Escuela Rural San Vicente al Colegio
Argelino Duran Quintero del corregimiento la Victoria21.
34. A través del Decreto 000595 de 2003, el gobernador de Norte de Santander
incorporó a la planta del departamento los cargos de docente municipal de Sardinata,
uno de estos ocupado por el actor, «para pago por Sistema de Participaciones»22.
35. Por medio del Decreto 036 del 10 de agosto de 2003, el alcalde del municipio de
Sardinata trasladó al actor, por necesidad del servicio, del Colegio Argelino Duran
Quintero del corregimiento de la Victoria a la Escuela Rural las Mesas23.
36. El Acta de Posesión 171 del 16 de septiembre de 2005, da cuenta de que el señor
Cupertino de Jesús Viloria Tovar asumió el cargo de docente «para la incorporación al
Sistema General de Participación»24.
37. Por medio de la Resolución núm. 00700 del 22 de febrero de 2011, la Secretaría
de Educación de Norte de Santander trasladó al demandante del Colegio Educativo
Rural Las Mesas del municipio de Sardinata a la Institución Educativa Instituto Agrícola
Risaralda del municipio de El Zulia (Norte de Santander)25.
38. Por medio de la Resolución 4486 del 30 de octubre de 2015, la Secretaría de
Educación del departamento de Norte de Santander reconoció la pensión de jubilación
al señor actor como docente «MUNICIPAL RECURSOS PROPIOS», por haber
prestado servicio desde el 26 de marzo de 1995 hasta el 25 de marzo de 2015, para
un total de 20 años de servicio en esa entidad territorial.
39.El formato único para la expedición de certificado de historia laboral expedido el
31 de enero de 2017, hace constar que el demandante ejerció la labor docente
19
Samai, expediente digital, índice 00002, ED_EXPDIGITA_TESTIGODOCUMENTALC, carpeta
54001-23-33-000-2018-00058-00, archivo 002Anexos Demanda, pág. 16 y 17.
20 Samai, expediente digital, índice 00002, ED_EXPDIGITA_TESTIGODOCUMENTALC, carpeta
54001-23-33-000-2018-00058-00, archivo 012ActaAudPruebas, pág. 26.
21
Samai, expediente digital, índice 00002, ED_EXPDIGITA_TESTIGODOCUMENTALC, carpeta
54001-23-33-000-2018-00058-00, archivo 002Anexos Demanda, pág. 21.
22
Samai, expediente digital, índice 00002, ED_EXPDIGITA_TESTIGODOCUMENTALC, carpeta
54001-23-33-000-2018-00058-00, archivo 002Anexos Demanda, pág. 22 y 23.
23
Samai, expediente digital, índice 00002, ED_EXPDIGITA_TESTIGODOCUMENTALC, carpeta
54001-23-33-000-2018-00058-00, archivo 002Anexos Demanda, pág. 24.
24 Samai, expediente digital, índice 00002, ED_EXPDIGITA_TESTIGODOCUMENTALC, carpeta
54001-23-33-000-2018-00058-00, archivo 012ActaAudPruebas, pág. 12.
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Samai, expediente digital, índice 00002, ED_EXPDIGITA_TESTIGODOCUMENTALC, carpeta
54001-23-33-000-2018-00058-00, archivo 002Anexos Demanda, pág. 26.
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mediante vinculaciones departamentales y municipales, y que el pago de los salarios
se financió con recursos propios26.
40. El Ministerio de Educación Nacional, mediante oficio 2019ER-243819, informó que
el actor no ha tenido vinculación como docente nacional27.
41. Las pruebas documentales referidas demuestran que el demandante ejerció la
docencia en instituciones educativas del departamento de Córdoba, el municipio de
Sardinata (Norte de Santander) y luego incorporado a la planta de docentes de ese
departamento, mediante actos de nombramiento dictados por los respectivos
gobernadores y alcaldes, en los siguientes periodos:
Institución Cargo Acto Período Tiempo laborado
educativa administrativo Fecha de Fecha de
de vinculación inicio finalización
Escuela Rural Director Decreto 00265 15/04/1976 25/02/1977 10 meses, 10 días
Mixta La Oscura de 24 de marzo
(Planeta Rica) de 1976
Escuela Rural Docente Decreto 050 de
San Vicente 26 de marzo de
(Sardinata) 1995
Colegio Argelino Docente Decreto 041 de
Duran Quintero 2002
del corregimiento
la Victoria
(traslado) 26/03/1995 25/03/2015 20 años
Escuela Rural las Docente Decreto 036 del
Mesas (traslado) 10 de agosto de
2003
Institución Docente Resolución núm.
Educativa 00700 del 22 de
Instituto Agrícola febrero de 2011
Risaralda
(traslado)
Total de tiempo de servicio 20 años, 10 meses y 10
días
42. En el caso bajo estudio, las pruebas documentales acreditan que el demandante
ejerció la labor educativa en virtud de actos de nombramiento dictados por los
gobernadores de Córdoba y de Norte de Santander, y del alcalde del municipio de
Sardinata, por lo que el tipo de vinculación se considera territorial, clasificación que
consta en el formato único para la expedición de certificado de historia laboral y en la
certificación expedida por el secretario de educación del departamento de Córdoba y
en la resolución que reconoció la pensión de jubilación.
43. En consecuencia, el análisis probatorio desvirtúa el reparo expuesto por la UGPP
en lo relativo al incumplimiento de los requisitos legales fundado en inconsistencias en
los certificados de información laboral, los cuales registran tipos de vinculación
distintos (nacional y nacionalizado). Lo cierto es que los actos de nombramiento
incorporados al expediente dan cuenta de que fue la autoridad territorial la que ejerció
26
Samai, expediente digital, índice 00002, ED_EXPDIGITA_TESTIGODOCUMENTALC, carpeta
54001-23-33-000-2018-00058-00, archivo 002Anexos Demanda, pág. 90 a 92.
27
Samai, expediente digital, índice 00002, ED_EXPDIGITA_TESTIGODOCUMENTALC, carpeta
54001-23-33-000-2018-00058-00, archivo 002Anexos Demanda, pág. 231.
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la facultad nominadora y, por tanto, conforme a lo señalado en la sentencia de
unificación SUJ-11-S2 del 21 de junio de 2018, puede concluirse que la vinculación es
territorial o nacionalizada.
44. Resalta la Sala que el hecho de que el demandante haya sido incorporado a la
nómina del municipio de Sardinata (Norte de Santander) y posteriormente incluido en
el Sistema General de Participaciones, no cambia su vinculación territorial o
nacionalizada, toda vez que esto no constituye un nuevo nombramiento, ni alteran la
naturaleza del vínculo inicial.
45. Frente a la categorización de las plazas docentes, la sentencia de unificación del
21 de junio de 2018 consideró que «para acreditar la calidad de docente territorial, se
requiere copia de los actos administrativos donde conste el vínculo, en los que además
se pueda establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que
el legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar
con la respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera
inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial
es de carácter territorial».
46. En este sentido, la Sala ha considerado, de manera reiterada, que el origen de los
recursos destinados a la financiación de los salarios de los docentes no incide en la
determinación del tipo de vinculación ni tampoco en la viabilidad del reconocimiento
del derecho a la pensión gracia, porque en este caso los recursos provenían del ente
territorial nominador. Las transferencias fiscales realizadas por la nación a los
departamentos con cargo al situado fiscal, destinadas a la prestación del servicio
educativo en los términos de la Ley 60 de 1993, tampoco determinan el tipo de
vinculación, porque los entes territoriales que las reciben tienen la competencia de
«dirigir y administrar directamente»28 los recursos, por lo que se convierten en
propiedad de estos según las reglas de unificación definidas en la sentencia SUJ-11-
S2 de 21 de junio de 201829.
47. Al respecto, los artículos 6 de la Ley 60 de 1993 y 34 de la Ley 715 de 2001, al
regular lo relacionado con la incorporación de las plantas a los entes territoriales para
su administración, establecen que la vinculación se mantiene sin solución de
continuidad, disposiciones que han llevado a la Sala a concluir que el vínculo se
mantiene intacto, pues no se trata de un nuevo nombramiento, sino de la incorporación
de un cargo del orden nacional a la planta del nivel territorial.
48. En síntesis, el proceso de incorporación de docentes nacionales a la estructura
orgánica de los departamentos, como parte del proceso de entrega de la
administración y dirección del servicio educativo a los entes territoriales para su
28 Ley 60 de 1993, artículo 3. Competencias de los departamentos. Corresponde a los departamentos, a través de
las dependencias de su organización central o de las entidades descentralizadas departamentales competentes,
conforme a la Constitución Política, la ley, a las normas técnicas nacionales y a las respectivas ordenanzas: (…)
// A. En el sector educativo, conforme a la Constitución Política las disposiciones legales sobre la materia: // -Dirigir
y administrar directa y conjuntamente con sus municipios la prestación de los servicios educativos estatales en los
niveles de preescolar, básica primaria y secundaria y media. // - Participar en la financiación y cofinanciación de los
servicios educativos estatales y en las inversiones de infraestructura y dotación. Asumir las funciones de
administración, programación y distribución de los recursos del situado fiscal para la prestación de los servicios
educativos estatales.
29
Radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
12
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administración y dirección, no generó cambio alguno en la naturaleza de la vinculación
o en la categorización de la plaza, pues, como lo ha reconocido la jurisprudencia de
esta Sección de manera reiterada, la nominación es una sola y difiere de la
incorporación30.
49. En este orden, los reparos presentados por el ente apelante sobre la naturaleza
de la vinculación no son de recibo, pues se encuentra plenamente demostrado, con
los actos de nombramiento dictados por los gobernadores de Córdoba y Norte de
Santander y las certificaciones incorporadas al expediente, que las plazas se
encuentran categorizadas como territoriales, por lo cual el tiempo docente es válido
para acceder al derecho a la pensión gracia.
3.5. Conclusión
50. De lo expuesto en precedencia, la Sala concluye que el servicio prestado por el
actor como docente oficial, en virtud de vinculaciones de naturaleza territorial, es válido
para acceder a la pensión gracia cuando el docente que preservó la expectativa de
acceder al derecho cumple los requisitos de edad y tiempo acreditado con los actos
de nombramiento correspondientes, sin que incida en la categorización de la plaza el
origen de los recursos que financian el pago de la labor educativa.
51. En este orden, el servicio prestado por Cupertino de Jesús Viloria Tovar como
docente nacionalizado por más de 20 años, en virtud de las vinculaciones realizadas
por los gobernadores de Córdoba y de Norte de Santander, lo hace acreedor del
derecho a la pensión gracia al demostrar, además, 50 años de edad (10 de enero de
2007) y no haberse desvirtuado el requisito de buena conducta en el ejercicio de la
labor.
4. Costas
52.La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario 31 de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para
30
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia del 2 de marzo de 2023, radicado: 41001-23-33-000-2019-00236-01 (1249-2021). Ver en igual
sentido, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia del 25 de agosto de 2022, radicado: 76001-23-33-000-2015-01378-01 (2785-2018).
31
La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a
un criterio objetivo valorativo por varias a razones a saber: (i) el artículo 188 del CPACA mantiene
vigente la regla de procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo;
(ii) el artículo 188 no excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá
lugar a costas «cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su
comprobación»; (iii) la temeridad o mala fe deben ser valoradas por el juez en el escenario previsto en
el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual responsabilidad patrimonial de las
partes, «sin perjuicio de las costas»; (iv) el inciso segundo del artículo 188 no elimina el criterio objetivo,
por el contrario, amplia su espectro al considerar que en los asuntos en los que se ventila un interés
público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que se
presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal»; (v) los parámetros antes
enunciados son producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio
de las de carácter especial como los artículos 265 a 269 del CPACA. // Lo expuesto en consonancia
con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en
el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez ya no tiene en
13
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decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de manera
temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso bajo estudio a imponer
dicha condena, en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido en las
anteriores conductas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Norte
de Santander, el 28 de abril de 2022, que accedió a las pretensiones de la demanda
presentada por Cupertino de Jesús Viloria Tovar en contra de la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
(UGPP).
SEGUNDO. Sin condena en costas en segunda instancia.
TERCERO. Aceptar la renuncia al poder general otorgado por la UGPP a Edgar José
Polanco Pereira, identificado con C.C. 16.918.747 de Cali, portador de la tarjeta
profesional 140.742 del Consejo Superior de la Judicatura (CSJ), en los términos de la
renuncia que obra en el índice 33 de Samai.
CUARTO. En firme esta providencia, archivar el expediente.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la derrota
en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo». En el mismo
sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia de 7 de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-00022-
01 (1291-14).
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Demandante: Cupertino de Jesús Viloria Tovar
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Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
15
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