Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 54001-23-33-000-2018-00084-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 54001-23-33-000-2018-00084-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 54001-23-33-000-2018-00084-01
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
21 de marzo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá D.C., veintiuno (21) de marzo de dos mil veinticinco (2025)
Radicación número: 54001- 23-33-000-2018-00084-01 (70.277)
Actor: LA NACIÓN – MINISTERIO DEL INTERIOR
Demandado: MUNICIPIO DE OCAÑA
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Temas: INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL – no se analiza porque no fue objeto
del recurso de apelación. PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS – Alcance de la
pretensión – NATURALEZA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO - CLÁUSULA
PENAL
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, en
contra de la sentencia del 13 de julio de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander, por medio de la cual se accedió parcialmente
a las pretensiones de la demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
El 18 de diciembre de 2017, la Nación – Ministerio del Interior presentó demanda,
en ejercicio del medio de control de controversias contractuales, en contra del
Municipio de Ocaña, con la pretensión que se declarara el incumplimiento de las
obligaciones pactadas en los numerales 7, 8 y 9 de la cláusula segunda del convenio
interadministrativo F-594 de 2015 y que dicho incumplimiento causó un detrimento
patrimonial que debía ser resarcido.
II. ANTECEDENTES
1. La demanda
El 18 de diciembre de 20171, la Nación – Ministerio del Interior, en ejercicio del
medio de control de controversias contractuales, previsto en el artículo 141 del
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SAMAI 002 Expediente digital.
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Radicación número: 54001- 23-33-000-2018-00084-01 (70.277).
Actor: Nación – Ministerio del Interior.
Demandado: Municipio de Ocaña.
Medio de Control: Controversias Contractuales.
C.P.A.C.A., presentó demanda contra el municipio de Ocaña, con el propósito de
obtener las siguientes declaraciones y condenas:
2.1. Se declare el incumplimiento de las obligaciones a cargo del
Municipio de Ocaña/Norte de Santander contenidas en los
numerales 7, 8 y 9 de la cláusula segunda del Convenio
Interadministrativo F – 594 de 2015, obligaciones del municipio,
celebrado entre la Nación – Ministerio del Interior/FONSECON y el
Municipio de Ocaña, Norte de Santander.
2.2. Se condene al Municipio de Ocaña/Norte de Santander, a pagar
la suma de doscientos cinco millones setecientos treinta y cinco mil
novecientos sesenta pesos con veinte centavos ($205.735.960,20)
moneda legal, como consecuencia del incumplimiento de las
obligaciones a su cargo, contenidas en el Convenio
Interadministrativo F – 594 de 2015.
La suma anterior, se tasa con base en la cláusula décima del acuerdo
de voluntades, equivalente al 20% del valor del Convenio
Interadministrativo F 594 de 2015 amparada por la póliza de
cumplimiento No. 400-47-994000042953, expedida por la
Aseguradora Solidaria de Colombia, constituida por el Municipio de
Ocaña – Norte de Santander, a favor del Ministerio del
Interior/Fonsecon, la cual se encontraba vigente al momento del
incumplimiento por parte del ente territorial.
2.3. Se ordene al municipio de Ocaña/Norte de Santander, devolver
al Tesoro Nacional la suma de cuatrocientos setenta y cuatro
millones seiscientos treinta y nueve mil ochocientos un peso
($474.639.801) moneda legal, como consecuencia de la no ejecución
de los desembolsos efectuados por el Ministerio del
Interior/FONSECON al ente territorial, con ocasión del Convenio
Interadministrativo F – 594 de 2015.
2.4. Se liquide en sede judicial el Convenio Interadministrativo F –
594 del quince (15) de diciembre de 2015, decretando los ajustes,
revisiones, reconocimientos y reintegros económicos a los que haya
lugar, con sus respectivos rendimientos financieros, de conformidad
con lo señalado en el artículo 60 de la ley 80 de 1993, subrogado por
al Ley 1150 de 2007, art 11, como consecuencia de los desembolsos
realizados por el Ministerio del Interior/ FONSECON al Municipio de
Ocaña, Norte de Santander, con ocasión del objeto del Convenio
Interadministrativo anteriormente señalado.
2.5. Se indexen y actualicen las sumas de dinero a las que resulte
condenada la entidad demandada como consecuencia de la
declaratoria de incumplimiento y liquidación judicial del Convenio
Interadministrativo F – 594 de 2015, al momento de dictar la
sentencia.
2.6. Solicito al H. Tribunal, condenar en costas a la entidad
demandada.
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Radicación número: 54001- 23-33-000-2018-00084-01 (70.277).
Actor: Nación – Ministerio del Interior.
Demandado: Municipio de Ocaña.
Medio de Control: Controversias Contractuales.
El 5 de abril de 2018, el apoderado judicial de la parte actora reformó la demanda2,
para adicionar la siguiente pretensión:
2.3 Se condene al Municipio de Ocaña/Norte de Santander, a pagar la
suma de ciento dos millones ochocientos sesenta y siete mil
novecientos ochenta pesos con diez centavos ($102.867.980) moneda
legal, como consecuencia de la Cláusula Penal Pecuniaria señalada en
la cláusula vigésima del Convenio Interadministrativo F – 594 de 2015,
equivalente al diez (10%) por ciento del valor total del convenio.
1.1 Los fundamentos de hecho
El actor sustentó sus pretensiones en los fundamentos fácticos, que, en síntesis, se
exponen a continuación:
El 15 de diciembre de 2015, La Nación -Ministerio del Interior - Fondo Nacional de
Seguridad y Convivencia (en adelante, FONSECON), El Fondo Financiero de
Proyectos de Desarrollo (FONADE) y el Municipio de Ocaña, suscribieron el
convenio interadministrativo F-594 de 2015, con el objeto de “aunar esfuerzos
técnicos, administrativos y financieros entre las partes para promover la convivencia
ciudadana, a través de la ejecución de un centro de integración ciudadana – CIC,
en el Municipio de Ocaña – Norte de Santander”. En atención a lo anterior, el
Ministerio del Interior desembolsó al Municipio de Ocaña la suma de $474’639.801
con el propósito de que éste último desarrollara las actividades a su cargo, tales
como: dar cumplimiento al cronograma presentado, entregar el proyecto y la
construcción del centro libre de limitantes físicas y nivelado con las obras de
estabilidad necesarias dentro del mes siguiente a la suscripción del acta de inicio
del convenio.
A pesar de que el Ministerio del Interior cumplió a cabalidad con sus obligaciones y
de haberse prorrogado y suspendido el convenio en varias oportunidades para que
el municipio también las cumpliera, para el 9 de noviembre de 2017, fecha en la que
finalizó el último plazo de ejecución, el municipio sólo había adelantado el 33.31%
de la obra que tenía a su cargo, tal como se certificó en el informe de interventoría
No. 15. Por lo tanto, le corresponde al juez declarar el incumplimiento de las
obligaciones por parte de la demandada, decretar los ajustes correspondientes,
revisiones y reconocimientos económicos, tomando en cuenta el hecho de que la
Nación – Ministerio del Interior desembolsó sumas de dinero para la ejecución del
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SAMAI 0002 – Reforma demanda
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Radicación número: 54001- 23-33-000-2018-00084-01 (70.277).
Actor: Nación – Ministerio del Interior.
Demandado: Municipio de Ocaña.
Medio de Control: Controversias Contractuales.
convenio F-594 de 2015 “el cual no se cumplió por parte del ente territorial
demandado”.
2. Trámite procesal:
2.1 Actuaciones procesales de primera instancia
En decisión del 9 de abril de 2018, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander
admitió la demanda; ordenó su notificación a la parte demandada, al Ministerio
Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado; fijó los gastos de
notificación, y le reconoció personería al apoderado de la parte demandante 3.
Igualmente, se ordenó la notificación de la demanda a FONADE, como tercero
interesado en el resultado del proceso, de conformidad con el numeral 3° del artículo
171 del CPACA.
2.2 Contestación de la demanda
El 16 de julio de 2018, el Municipio de Ocaña contestó la demanda, oponiéndose a
las pretensiones. Afirmó que no incumplió el convenio interadministrativo F-594 de
2015 porque, en observancia de los principios que rigen la contratación estatal,
suscribió el contrato de obra No. 004 del 28 de diciembre de 2016, cuyo objeto fue
la construcción del Centro de Integración Ciudadana, que se ejecutó en un 32.29%.
Destacó que la obra debió ser suspendida varias veces por un imprevisto
consistente en la desestabilización del talud adyacente a la obra, lo cual provocó el
desequilibrio del negocio jurídico, “ya que la construcción del talud y la estabilización
del terreno superaban más del 50% del presupuesto del contrato de obra”, recursos
con los cuales no contó el municipio para asumir el sobrecosto de manera unilateral,
según les informó en varias ocasiones al Ministerio del Interior y a FONADE.
Al respecto, indicó que se trató de un riesgo imprevisible, que no fue advertido al
momento de aprobarse los estudios y diseños por parte de FONADE y, que, durante
la ejecución de la obra, el municipio adelantó todas las gestiones necesarias para
solucionarlo, pero, según se indicó, resultaba más onerosa la obra de mitigación
que la misma construcción de centro. Sobre este punto, destacó que “pese a que
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Con posterioridad se admitió la reforma de la demanda el día 10 de mayo de 2018, decisión que
se notificó correctamente a la parte demandada.
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Radicación número: 54001- 23-33-000-2018-00084-01 (70.277).
Actor: Nación – Ministerio del Interior.
Demandado: Municipio de Ocaña.
Medio de Control: Controversias Contractuales.
este riesgo fue identificado por las partes, el Municipio de Ocaña con su noble
intención de seguir adelante con el proyecto, se comprometió a la estabilización del
terreno realizando una consultoría a un experto en el tema, lo cual posteriormente,
fue determinado en un valor que no se podía asumir unilateralmente”.
2.3. Tercero vinculado
A través de apoderado judicial4, FONADE planteó la excepción previa de falta de
legitimación en la causa por pasiva. También indicó que, de conformidad con las
obligaciones pactadas en el convenio interadministrativo F-594 de 2015, tenía a su
cargo únicamente la elaboración de los estudios y diseños, obligación que ejecutó
a satisfacción porque hizo la respectiva entrega el día 19 de agosto de 2016, como
se certificó en el “formato acta de recibo de estudios y diseños”, con las
observaciones correspondientes a la ejecución de las obras complementarias y la
entrega del lote adecuado para la ejecución y correcto funcionamiento del Centro
de Integración Ciudadana, razones por las cuales no estaba llamada a responder
en el presente asunto.
2.4. Medidas Cautelares:
El 25 de abril de 2018, la parte actora solicitó las siguientes medidas cautelares:
1. Se congele la cuenta de ahorros oficial No. 446-31390-0 del Banco
de Bogotá (conforme a la certificación adjunta) en la cual se
consignó el recurso público a órdenes del municipio con ocasión del
Convenio Interadministrativo F – 594 de 2015.
2. Se autorice al Ministerio del Interior para no girar más recursos al
municipio con ocasión del Convenio Interadministrativo F – 594 de
2015, hasta tanto no se resuelva el asunto.
Una vez surtido el trámite dispuesto en los artículos 231 y siguientes del CPACA,
en decisión del 28 de junio de 2018, el Tribunal a quo accedió a la indicada solicitud
del Ministerio del Interior, por considerar que las medidas mencionadas eran
pertinentes para evitar una afectación de los recursos públicos5.
4
Al apoderado judicial se le reconoció personería jurídica para actuar en la Audiencia Inicial que se
celebró el día 2 de julio de 2019. Samai 0002 – Acta audiencia inicial.
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SAMAI 0002 – Cuaderno MC
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Radicación número: 54001- 23-33-000-2018-00084-01 (70.277).
Actor: Nación – Ministerio del Interior.
Demandado: Municipio de Ocaña.
Medio de Control: Controversias Contractuales.
2.5. Audiencia inicial
La audiencia inicial prevista en el artículo 180 del C.P.A.C.A. se llevó a cabo el día
2 de julio de 20196. Luego de declarar saneado el proceso, y establecer que las
excepciones propuestas se debían resolver de fondo en la sentencia, se constató la
ausencia de ánimo conciliatorio. Seguidamente, se determinó que el problema
jurídico del juicio era el siguiente:
Debe el tribunal decidir si hay lugar a declarar el incumplimiento de las
obligaciones a cargo del municipio de Ocaña, Norte de Santander,
contenidas en los numerales 7, 8 y 9 de la cláusula segunda del Convenio
F-594 de 2015, celebrado entre la Nación -Ministerio del
Interior/FONSECON- y Municipio de Ocaña, Norte de Santander conforme
lo plantea la parte actora en la demanda y conforme a los cargos y
argumentos jurídicos expuestos en la demanda y de prosperar dicha
pretensión el despacho deberá decidir si hay lugar a acceder a las condenas
a los pagos de dineros reseñados en las pretensiones de la demanda y a
ordenar la liquidación judicial que se pide en la misma teniendo en cuenta
que el municipio de Ocaña se opone a la prosperidad de tales pretensiones
indicando que no ha existido incumplimiento alguno del referido convenio
que fue ejecutado parcialmente de acuerdo a las obligaciones pactadas y
que la ejecución de la obra llegó hasta un porcentaje del 32% fue debido a
un imprevisto que se presentó en la etapa de ejecución de la obra, y
resaltando que la entidad actuó en todo momento conforme a los principios
que rigen la contratación estatal y que deberá también tenerse en cuenta
que FONADE solicita ser desvinculado del presente proceso, planteándose
la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva haciendo énfasis
en que considera que no tiene legitimación para comparecer en este proceso
ya que respecto de FONADE la parte actora no formuló pretensiones en su
contra.
La audiencia de pruebas se surtió el día 29 de octubre de 2019 7, oportunidad en la
que se prescindió de la audiencia de alegaciones, para que tanto la intervención del
Ministerio Público como los alegatos de las partes fueran presentados por escrito.
2.6 Alegatos de conclusión:
En sus alegaciones finales, el apoderado judicial de la parte actora manifestó que
conforme a todas las pruebas recaudadas se probó que el Municipio de Ocaña
incumplió las obligaciones pactadas en la cláusula segunda del convenio
interadministrativo F-594 de 2015, porque el plazo de ejecución culminó el 9 de
noviembre de 2017 y el municipio demandado sólo ejecutó el 33.31% de la obra.
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SAMAI 0001 – Acta audiencia inicial
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SAMAI 0002 – Aud Pruebas.
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Radicación número: 54001- 23-33-000-2018-00084-01 (70.277).
Actor: Nación – Ministerio del Interior.
Demandado: Municipio de Ocaña.
Medio de Control: Controversias Contractuales.
Así lo certificó el informe de interventoría No. 15, anexo al informe final de
supervisión.
FONADE – hoy ENTERRITORIO8 destacó que cumplió satisfactoriamente las
obligaciones a su cargo pactadas en el convenio interadministrativo F-594 de 2015
porque entregó los diseños y estudios con las respectivas anotaciones y
observaciones que indicaron la necesidad de realizar las obras complementarias
del lote, lo cual estaba en cabeza únicamente del municipio de Ocaña. Por lo tanto,
solicitó la declaratoria de falta de legitimación en la causa, porque las pretensiones
de la demanda nunca se dirigieron en su contra.
El municipio demandado y el Ministerio Público guardaron silencio.
3. La sentencia impugnada:
El Tribunal Administrativo de Norte de Santander profirió la sentencia el 13 de julio
de 20239, en la cual decidió:
PRIMERO: Declarar no probadas las excepciones de falta de legitimación en la
causa por pasiva y de ausencia de responsabilidad contractual por parte de
FONADE, propuestas por el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo –
FONADE, por las razones expuestas en la parte motiva.
SEGUNDO: Declarar no probada la excepción de ausencia de incumplimiento
del Convenio 0594 el 15 de diciembre 2015, propuesta por el Municipio de
Ocaña, conforme a lo expuesto en la parte motiva.
TERCERO: Declárese que el Municipio de Ocaña, Norte de Santander, incumplió
lo acordado en los numerales 7, 8 y 9 de la Cláusula Segunda del Convenio
Interadministrativo F-594 del 15 de diciembre de 2015 celebrado entre la Nación
– Ministerio de Interior, FONADE y el citado municipio, por lo expuesto en la parte
considerativa.
CUARTO: Declárese liquidado judicialmente el Convenio Interadministrativo F –
594 del 15 de diciembre de 2015, celebrado entre la Nación – Ministerio de
Interior, Fondo FONADE y el citado Municipio, en los términos expuestos en la
parte motiva.
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La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial (ENTerritorio) fue creada por el Gobierno
Nacional el 20 de marzo de 2019, a partir de los decretos 495 y 496 del Departamento de Planeación
Nacional (DNP) que ordenaron transformar el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade)
en ENTerritorio.
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SAMAI 002 – SENTENCIA. Se aclara que en la providencia se manifestó que en el auto admisorio
de la demanda se tuvo como tercero interesado en el resultado del proceso y por ello se le ordenó
la notificación de dicha decisión. En ese sentido, no fue vinculado al proceso en la condición de parte
razón por la que no declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva
propuesta al no tener la calidad de demandada.
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Radicación número: 54001- 23-33-000-2018-00084-01 (70.277).
Actor: Nación – Ministerio del Interior.
Demandado: Municipio de Ocaña.
Medio de Control: Controversias Contractuales.
QUINTO: Como consecuencia de la anterior declaración, condénese al municipio
de Ocaña, a pagar en favor de la Nación – Ministerio del Interior, la suma de
CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS
TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS UN PESOS ($474’639.801.00), por
las razones expuestas en la parte motiva.
SEXTO: Niéguense las demás pretensiones de la demanda, por las razones
expuestas en la parte motiva.
SÉPTIMO: Levántese la medida cautelar decretada mediante auto del 28 de
junio de 2018, por lo expuesto en la parte considerativa. Para tal efecto, líbrense
los oficios a las autoridades respectivas.
OCTAVO: El Municipio de Ocaña deberá darle cumplimiento a la presente
sentencia, en los términos y condiciones señaladas en los artículos 192 y 194
del CPACA.
NOVENO: Sin condena en costas en esta Instancia.
Para sustentar la anterior decisión, explicó que, efectivamente, el municipio de
Ocaña incumplió las obligaciones a su cargo, determinadas en los numerales 7, 8 y
9 de la cláusula segunda del convenio interadministrativo F-594 del 15 de diciembre
de 2015, porque al momento del vencimiento del plazo para la ejecución de éste,
sólo se había avanzado en el 33.31% de la construcción del Centro de Integración
Ciudadana, como lo expuso el mismo ente territorial demandado a lo largo del
proceso, y que no resultaban válidos los motivos que adujo para no finalizar las
obras, pues reflejaban desconocimiento de los principios de la contratación, en
especial, los de planeación, economía, transparencia, responsabilidad y selección
objetiva, que debieron regir el proyecto.
Respecto de la segunda pretensión, esto es, el reconocimiento del 20% del valor de
los desembolsos establecidos en el convenio para ser ejecutados por el municipio,
y teniendo en cuenta que la demandante reivindicó tal solicitud por el hecho de ser
ese porcentaje equivalente a la suma fijada en la cláusula décima contractual, el
tribunal determinó que no estaba llamada a prosperar porque la obligación que
surgió de la referida estipulación era la de constituir una póliza en favor del Ministerio
del Interior por dicha cuantía, pero no la de pagar suma alguna como consecuencia
del incumplimiento de obligaciones. En ese sentido, manifestó que el municipio,
ciertamente, cumplió con lo pactado al adquirir la póliza de cumplimiento No. 400-
47-99400042953, expedida por la Aseguradora Solidaria de Colombia, y que el
reconocimiento de tal pretensión se debió dirigir en contra de esa compañía y no
del ente territorial demandado.
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Radicación número: 54001- 23-33-000-2018-00084-01 (70.277).
Actor: Nación – Ministerio del Interior.
Demandado: Municipio de Ocaña.
Medio de Control: Controversias Contractuales.
De cara a la pretensión de ordenar el reembolso de la suma de $474’639.801 que
el Ministerio del Interior le entregó al municipio con el fin de que cumpliera a
cabalidad con el objeto del convenio, el a quo señaló que, dada la prosperidad de
la pretensión de declaratoria del incumplimiento, se le debía restituir al Ministerio la
suma de dinero girada a la entidad territorial y no ejecutada en el proyecto pactado
en el convenio. A este respecto, manifestó que el mismo municipio aceptó la
existencia del desembolso, inclusive, que lo ejecutó, pero por un monto inferior,
mientras adelantó las obras para la construcción del Centro de Integración
Ciudadana.
Finalmente, accedió a la pretensión de liquidar el convenio interadministrativo F-594
de 2015 de conformidad con lo dispuesto en el artículo 141 del CPACA, pues la
cláusula quinta establecía que el plazo de liquidación era de seis meses, contados
a partir del vencimiento del término de ejecución. Por lo tanto, al haberse acreditado
que el convenio finalizó el día 9 de noviembre de 2017, en principio, las partes tenían
hasta el 9 de mayo de 2018 para hacer la liquidación de común acuerdo, pero debido
a que no se adelantó dicho trámite, resultaba procedente la liquidación judicial.
De otra parte, el a quo no hizo pronunciamiento alguno sobre la pretensión relativa
al reconocimiento de la cláusula penal pecuniaria, consignada en la cláusula
vigésima del Convenio Interadministrativo F – 594 de 2015.
4. Recurso de apelación
El 27 de julio de 2023, la entidad demandante interpuso recurso de apelación en
contra de la anterior decisión, para solicitar que fuera revocado, únicamente, el
numeral sexto de la sentencia, que denegó “las demás” pretensiones de la
demanda.
En efecto, afirmó que se debía acceder a la pretensión segunda, esto es, el
reconocimiento de la suma de $205’735.960, equivalente al monto amparado en la
póliza de cumplimiento No. 400-47-99400042953. Ello, debido a que el convenio
interadministrativo F-594 de 2015 únicamente fue suscrito por el Ministerio del
Interior, FONADE y el municipio de Ocaña y, por lo tanto, no existía otra parte
obligada por ese acuerdo de voluntades. En ese sentido, consideró que el ente
demandado era el único que debía cumplir con lo pactado en la cláusula décima,
atinente a la constitución de la garantía, “pero ello no implica que, para que se dé
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Radicación número: 54001- 23-33-000-2018-00084-01 (70.277).
Actor: Nación – Ministerio del Interior.
Demandado: Municipio de Ocaña.
Medio de Control: Controversias Contractuales.
efectividad a la misma, el Ministerio del Interior deba demandar a la compañía
aseguradora, toda vez que, de acuerdo con lo descrito en el artículo 141 de la Ley
1437 de 2011, el medio de control de controversias contractuales se ejerce entre
las partes de un contrato estatal” y, debido a que la compañía no hizo parte del
convenio, no se debía entablar pretensión alguna en su contra, como lo interpretó
el Tribunal de primera instancia.
Por otra parte, indicó que el incumplimiento de las obligaciones derivadas del
convenio generó un daño para el Ministerio del Interior, el cual se debe resarcir con
la indemnización de los perjuicios que se demuestren en el juicio. Al respecto, citó
varias providencias judiciales de tribunales administrativos del país, en las que una
vez se declaró el incumplimiento del convenio interadministrativo, se accedió al
reconocimiento de la cláusula penal; y señaló que, al acreditarse en este caso el
perjuicio del Ministerio del Interior, correspondiente al desembolso que realizó con
ocasión de la obligación que pactó, “también se estaría configurándose la obligación
contractual de activarse la cláusula penal pecuniaria, establecida en su cláusula
vigésima”.
Es menester manifestar que el municipio de Ocaña, quien resultó condenado en
primera instancia, no presentó recurso de apelación.
5. Trámite de segunda instancia
En proveído del 4 de agosto de 202310, el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander concedió el recurso de apelación, y ordenó remitir el expediente a esta
Corporación para que decidiera sobre su admisibilidad. Por medio del auto del 27
de noviembre siguiente, se admitió el recurso.
III. CONSIDERACIONES
1. Competencia del Consejo de Estado:
Como la demanda y el recurso de apelación se presentaron antes de la entrada en
vigor de la Ley 2080 de 2021, este proceso se rige por el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en su texto original. De ese modo,
el Consejo de Estado es funcionalmente competente para conocer de los recursos
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SAMAI 002 - Auto concede recurso
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Radicación número: 54001- 23-33-000-2018-00084-01 (70.277).
Actor: Nación – Ministerio del Interior.
Demandado: Municipio de Ocaña.
Medio de Control: Controversias Contractuales.
de apelación interpuestos en contra de las sentencias dictadas por los tribunales
administrativos en primera instancia, en los términos del artículo 150 del C.P.A.C.A.
Por otra parte, el artículo 104 de la Ley 1437 de 2011 estableció que la jurisdicción
de lo contencioso administrativo conocería, como regla general, de las controversias
y de los litigios originados en los contratos y convenios, independientemente de su
régimen, en los que fuera parte una entidad pública, naturaleza que ostenta la
Nación – Ministerio del Interior.
También le asiste competencia a la Sala para conocer del recurso de apelación
interpuesto por la parte demandante, por tratarse de un proceso iniciado en ejercicio
del medio de control de controversias contractuales con vocación de doble instancia
en razón de la cuantía, dado que la pretensión mayor (artículo 157 del C.P.A.C.A.)
excede los 500 SMLMV a la fecha de presentación de la demanda11.
2. Legitimación en la causa
2.1 Por activa
La Sala encuentra que La Nación -Ministerio del Interior- está legitimada en la causa
por activa, pues fungió como interviniente en el negocio jurídico objeto de la
controversia.
2.2 Por pasiva:
De igual manera, el municipio de Ocaña se encuentra legitimado en la causa por
pasiva, por ser la otra parte del convenio y por ser quien tenía la obligación de
cumplir con las obligaciones pactadas en el numeral segundo del negocio jurídico.
3. Ejercicio oportuno de la acción:
La caducidad es la consecuencia jurídica prevista en la ley por el ejercicio tardío del
derecho de acción, esto es, la desatención de los plazos y términos definidos en el
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El 18 de diciembre de 2017, fecha de presentación de la demanda, el salario mínimo en Colombia
era igual a $737.717 (que, multiplicado por 500, da como resultado: $368’858.500). La pretensión
mayor de la demanda asciende a $474’639.801, monto que supera los 500 salarios mínimos exigidos
por la norma para la segunda instancia ante esta Corporación.
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Radicación número: 54001- 23-33-000-2018-00084-01 (70.277).
Actor: Nación – Ministerio del Interior.
Demandado: Municipio de Ocaña.
Medio de Control: Controversias Contractuales.
ordenamiento jurídico para la presentación oportuna de la correspondiente
demanda, pudiendo ser declarada, incluso, de oficio.
Ahora bien, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, en su artículo 164, numeral 2, literal j, v, dispone sobre el término
para incoar la demanda en ejercicio del medio de control de controversias
contractuales, lo siguiente:
La demanda deberá ser presentada:
(…)
2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad:
(…)
j) En las relativas a contratos el término para demandar será de dos (2) años que
se contarán a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de
derecho que les sirvan de fundamento.
(…)
En los siguientes contratos, el término de dos (2) años se contará así:
(…)
v) En los que requieran de liquidación y esta no se logre por mutuo acuerdo o no
se practique por la administración unilateralmente, una vez cumplido el término de
dos (2) meses contados a partir del vencimiento del plazo convenido para hacerlo
bilateralmente o, en su defecto, del término de los cuatro (4) meses siguientes a
la terminación del contrato o la expedición del acto que lo ordene o del acuerdo
que la disponga.
Conforme a lo pactado en la cláusula quinta del convenio, “el plazo para la
liquidación del presente convenio será dentro de los seis (6) meses contados a partir
del vencimiento del plazo de ejecución”. Según se acreditó, las partes pactaron dos
prórrogas, la primera suscrita el 23 de septiembre de 2016, con nuevo plazo de
ejecución hasta el 15 de diciembre siguiente. Sin embargo, el 25 de octubre de 2016
se determinó una nueva fecha, esto es, el 30 de julio de 2017.
Igualmente, el convenio interadministrativo F – 594 de 2015 se suspendió en dos
oportunidades, la primera de ellas, desde el 15 de junio de 2017 hasta el 24 de julio
siguiente y, la segunda, desde el 8 de septiembre de 2017 hasta el 9 de noviembre
de 2017, estipulándose que en esta última fecha finalizaría, a su vez, el plazo
definitivo de ejecución.
En consecuencia, según lo convenido por las partes, los seis meses para realizar la
liquidación bilateral empezaron a correr desde el día siguiente de la última fecha
mencionada -es decir, desde el 10 de noviembre de 2017- hasta el 10 de mayo de
2018, motivo por el cual, el término de caducidad fenecería el 11 de mayo de
12
Radicación número: 54001- 23-33-000-2018-00084-01 (70.277).
Actor: Nación – Ministerio del Interior.
Demandado: Municipio de Ocaña.
Medio de Control: Controversias Contractuales.
202012. Como la demanda se presentó el 18 de diciembre de 2017, resulta palmario
que se presentó de manera oportuna13. Lo mismo se entiende frente a la pretensión
contenida en la reforma de la demanda, comoquiera que se radicó ante el tribunal
el 2 de abril de 2018, esto es, en término.
4. Hechos probados y material probatorio relevante:
En el sub-lite se aportó el siguiente material probatorio14, que resulta relevante para
el estudio del caso.
4.1 En el plenario obra el Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. 594
de 201515, suscrito el 15 de diciembre de 2015 entre la Nación – Ministerio del
Interior – Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana /FONSECON, el
Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo/ FONADE y el municipio de Ocaña
(Norte de Santander); cuyo objeto fue aunar esfuerzos técnicos, administrativos y
financieros para promover la convivencia ciudadana, a través de la ejecución de un
Centro de Integración Ciudadana – CIC, en el municipio de Ocaña – Norte de
Santander, por un valor inicial de $888’840.000, con plazo inicial hasta el 30 de
septiembre de 2016. En el convenio se estipularon, entre otras, las siguientes
cláusulas:
Cláusula Segunda – Obligaciones del municipio. Obligaciones
específicas: (…) 7. Dar cumplimiento al cronograma presentado y
aprobado por el Ministerio – FONSECON. 8. Desarrollar las actividades
del proyecto dentro (sic) el plazo de ejecución contractual. 9. Entregar el
lote descapotado, nivelado, libre de construcciones y de cualquier límite
físico o legal, con las acometidas de los servicios públicos, y las obras de
estabilidad, dentro del mes siguiente a la suscripción de (sic) acta de
inicio del convenio, asumiendo los costos. Estas actividades se
desarrollarán paralelamente a las obligaciones de FONADE. (…)
Cláusula Décima – Garantías. FONADE y EL MUNICIPIO se obligan a
constituir, a favor de la Nación – Ministerio del Interior – FONSECON, NIT
830.114.475-6, las garantías, de conformidad con lo dispuesto en el
Decreto 1082 de 2015, para amparar el presente convenio de la siguiente
forma:
12
Se resalta que los términos judiciales se suspendieron desde el 16 de marzo de 2020 hasta el 1º
de julio de 2020, conforme a los Acuerdos PCSJA2011517 y PCSJA20-11567, sin embargo ello no
resulta relevante comoquiera que la demanda se presentó previo a esto.
13
En el presente asunto no se surtió el trámite de la conciliación prejudicial, toda vez que la parte
demandante es una entidad pública y conforme al segundo inciso del artículo 613 del CGP no será
necesario agotar dicho requisito bajo este supuesto.
14
Cuaderno de pruebas. Samai 000002.
15
Expediente Administrativo 14 – 24 SAMAI 000002
13
Radicación número: 54001- 23-33-000-2018-00084-01 (70.277).
Actor: Nación – Ministerio del Interior.
Demandado: Municipio de Ocaña.
Medio de Control: Controversias Contractuales.
A) Garantías a cargo de FONADE:
Amparos exigibles Cuantía Vigencia
Cumplimiento 20% del valor estimado del Vigencia igual al
desembolso a FONADE, es decir
término de
sobre la suma de $51.840.000ejecución del
Convenio y seis (6)
meses más,
contados a partir
del cumplimiento
de los requisitos de
ejecución.
Calidad del servicio 20% del valor estimado del Vigencia igual al
desembolso a FONADE, es decir término de
sobre la suma de $51.840.000 ejecución del
Convenio y seis (6)
meses más,
contados a partir
del cumplimiento
de los requisitos de
ejecución.
B) Garantías a cargo del MUNICIPIO:
Amparos exigibles Cuantía Vigencia
Cumplimiento 20% del valor total de los Vigencia igual al
desembolsos al municipio, es decir término de
sobre la suma de $837.000.000 ejecución del
Convenio y seis (6)
meses más,
contados a partir
del cumplimiento
de los requisitos de
ejecución.
Calidad del servicio 20% del valor total de los Vigencia igual al
desembolsos al municipio, es decir término de
sobre la suma de $837.000.000 ejecución del
Convenio y seis
(6) meses más,
contados a partir
del cumplimiento
de los requisitos
de ejecución.
PARÁGRAFO ÚNICO. FONADE y EL MUNICIPIO se obligan a
constituir y a allegar al MINISTERIO las garantías de que trata la
presente cláusula, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la
firma del presente convenio. (…)
Cláusula Vigésima – Penal pecuniaria. En caso de incumplimiento
parcial o definitivo, las partes acuerdan como indemnización a favor
de EL MINISTERIO, una suma equivalente al diez por ciento (10%)
del valor total del Convenio. En caso de que EL MUNICIPIO no pague
la suma correspondiente por este concepto, dentro de los treinta (30)
días siguientes a la fecha de su notificación, EL MINISTERIO
deducirá el valor de esta cláusula penal, de cualquier cantidad que
14
Radicación número: 54001- 23-33-000-2018-00084-01 (70.277).
Actor: Nación – Ministerio del Interior.
Demandado: Municipio de Ocaña.
Medio de Control: Controversias Contractuales.
adeude EL MUNICIPIO por razón del mismo, para lo cual está
autorizado expresamente. PARÁGRAFO ÚNICO. El valor de la
cláusula penal que se haga efectivo se considerará como pago
parcial de los perjuicios ocasionados al MINISTERIO quedando este
facultado para reclamar, por vía judicial o extrajudicial, el valor de los
perjuicios que exceda el monto de la cláusula penal.
4.2. El 1° de agosto de 2016, se suscribió el acta de recibo de estudios y diseños
mediante la cual FONADE entregó al supervisor del Convenio Interadministrativo
No. 594 de 2015 los estudios de topografía, suelos, arquitectónicos, estructurales,
eléctricos, hidrosanitarios y de presupuesto.
4.3. El Convenio Interadministrativo No. 594 de 2015 fue prorrogado y adicionado
el 23 de septiembre de 2016 a través del otrosí No. 1, en el que se determinó el
plazo de ejecución hasta el 15 de diciembre de 2016. Igualmente, se adicionó el
valor inicial por una suma de $139.839.801 quedando el valor total del convenio por
$1.028.679.801. Nuevamente, el 25 de octubre de 2016 se pactó una segunda
prórroga mediante el otrosí No. 2 en el que se estableció un plazo de ejecución del
convenio hasta el 30 de julio de 2017.
4.4. En el informe de seguimiento a la ejecución del convenio, del 10 de noviembre
de 201616, se subrayó que el estudio de suelos contenía unas recomendaciones
para garantizar la estabilidad del Centro de Integración Ciudadana y velar por la
protección de las personas que estaban trabajando en su construcción, por lo que
recaía en cabeza del municipio realizar las adecuaciones de un talud adyacente al
proyecto, consistentes en un cerramiento de protección y que “el municipio se
compromete a realizar esta adecuación, de manera simultánea al proceso de
licitación para la construcción del centro de integración ciudadana, para el debido
cumplimiento a las obligaciones suscritas”.
4.5. El municipio, una vez adelantó proceso precontractual de licitación pública,
celebró el contrato de obra No. 004 del 28 de diciembre de 2016, con el Consorcio
CIC OCAÑA, con el objeto de construir el Centro de Integración Ciudadana en el
sector de Cuesta Blanca en el municipio de Ocaña, por un valor de $952.420.255.
Igualmente, previo concurso de méritos, celebró el respectivo contrato de
interventoría No. 046 del 27 de diciembre de 2016 con el ingeniero Álvaro Ernesto
Castro Peñaranda por un plazo de seis meses, por un valor de $53.999.970. En
16 Págs. 152-154 Expediente Administrativo.
15
Radicación número: 54001- 23-33-000-2018-00084-01 (70.277).
Actor: Nación – Ministerio del Interior.
Demandado: Municipio de Ocaña.
Medio de Control: Controversias Contractuales.
consecuencia, se inició la obra el 19 de enero de 2017, tal como se manifestó en el
acta de dicha fecha.
4.6. En el transcurso de la ejecución de la obra civil, el 10 de mayo de 2017, el
Municipio de Ocaña debió celebrar el contrato de obra No. 018 con el señor Jhon
Jairo Quintero Magrego, con el objeto de realizar las obras de “estabilización del
talud de la cancha cuesta blanca en el predio donde se construye el Centro de
Integración Ciudadana del municipio de Ocaña”.
4.7. El 15 de junio de 2017, las partes del convenio interadministrativo N° 594 de
2015, pactaron suspenderlo a partir de esa fecha y hasta el 24 de julio de 2017,
momento en el cual se fijó un nuevo plazo de ejecución hasta el 8 de septiembre
siguiente.
4.8. El convenio se suspendió una vez más el día 8 de septiembre de 2017, a través
del acta de suspensión No. 2, y se determinó como fecha prevista de reinicio a partir
del 9 de noviembre de 201717. Ello porque, según los informes mensuales de
supervisión, el contrato de obra de estabilización del talud debió liquidarse de
manera anticipada por imposibilidad de cumplimiento de su objeto, dado que el
incremento anormal de las lluvias produjo erosión y movimientos de masa, lo que
desestabilizó el talud e hizo necesario un nuevo diseño y obra de estabilización.
Para cumplir con esa obra, el municipio solicitó ante el Fondo de Adaptación la
financiación del proyecto, por lo que le solicitó al Ministerio del Interior continuar
con la suspensión del convenio.
4.10. Finalmente, el 11 de diciembre de 2017, la supervisora del convenio envió
memorando 17-67741-SIN-4020 al jefe de la oficina jurídica del Ministerio del
Interior con el fin de que presentara las acciones tendientes a solicitar la liquidación
y declaratoria de incumplimiento del mismo. Lo anterior lo soportó en el certificado
final de supervisión en el que consignó lo siguiente:
A la fecha del presente informe, el Supervisor del Ministerio del Interior
evidencia un posible incumplimiento de las siguientes cláusulas:
Cláusula Primera – Objeto (…). Es de resaltar que FONADE cumplió con sus
obligaciones toda vez que recibió a satisfacción bajo su autonomía y
responsabilidad de los estudios y diseños resultantes de la consultoría, previa
17
En el acta de suspensión se manifestó que la fecha del nuevo plazo de ejecución era hasta el 9
de noviembre de 2017.
16
Radicación número: 54001- 23-33-000-2018-00084-01 (70.277).
Actor: Nación – Ministerio del Interior.
Demandado: Municipio de Ocaña.
Medio de Control: Controversias Contractuales.
aprobación del interventor. Por otra parte, la supervisión del Convenio por parte
del Ministerio del Interior, considera que el municipio incumplió con el objeto del
mismo, toda vez que el día 9 de noviembre de 2017 finalizó el convenio y el
municipio solo ejecutó el 33.31% de acuerdo al informe semanal de
interventoría No. 15.
Cláusula Segunda – Obligaciones del municipio, obligaciones especiales.
Numeral 7. Dar cumplimiento al cronograma presentado y aprobado por el
Ministerio Fonsecon. La supervisión del Ministerio del Interior considera que el
municipio incumplió con la citada obligación, toda vez que, de conformidad con
el último cronograma presentado por el municipio y aprobado por el Ministerio
del Interior, el municipio debió entregar el proyecto el día 9 de noviembre de
2017. Sin embargo, en vista de seguimiento a la ejecución contractual realizada
el 19 de octubre de 2017 por el Ministerio del Interior, se evidencia que aún no
se ha cumplido con las obras de estabilización de talud, para así continuar con
la ejecución del CIC y así mismo hacer entrega a entera satisfacción al
Ministerio del Interior, una vez analizado esto se evidenció que no se alcanzó
la ejecución de la obra según el cronograma entregado por el municipio.
Numeral 8. Desarrollar las actividades del proyecto dentro del plazo de
ejecución contractual.
La supervisión del Ministerio del Interior, considera que el municipio incumplió
con la citada obligación, toda vez que, de conformidad con el último
cronograma presentado por el municipio y aprobado por el Ministerio del
Interior, el municipio debió hacer entrega del proyecto el día 9 de noviembre de
2017. Sin embargo, en visita de seguimiento a la ejecución contractual
realizada el 19 de octubre de 2017 por el Ministerio del Interior se evidencia
que aún no se ha cumplido con las obras de estabilización de talud, para así
continuar con la ejecución del CIC y así mismo hacer entrega a entera
satisfacción al Ministerio del Interior, una vez analizado esto se evidenció que
no se alcanzó la ejecución de la obra según el cronograma entregado por el
municipio.
Numeral 9. Entregar el lote descapotado, nivelado, libre de construcciones y de
cualquier limitante físico o legal, con las acometidas de los servicios públicos y
las obras de estabilidad, dentro del mes siguiente a la suscripción del acta de
inicio del convenio, asumiendo los costos (…).
La supervisión del Ministerio del Interior, considera que el municipio incumplió
con la citada obligación, toda vez que, el municipio se comprometió a entregar
el lote libre de limitantes físicas y a la fecha no se ha evidenciado avance en la
ejecución de la obra de estabilización del talud el cual se encuentra localizado
hacia el costado noroccidental del predio, el talud representa una amenaza
significativa a las viviendas que se encuentran localizadas en la parte superior
y a su vez a los frentes de obra que deberían estar avanzando en la ejecución
del CIC, Centro de Integración Ciudadana. Cabe resaltar que el Ministerio del
Interior ha solicitado en reiteradas ocasiones información con respecto a las
posibles y diferentes gestiones que el municipio haya adelantado para
subsanar y ejecutar la obra de estabilización y así mismo poder avanzar en la
ejecución del CIC, sin recibir una respuesta positiva por parte del municipio.
El inicio de las acciones correspondientes por la inadecuada ejecución del
convenio, hace que la supervisión del mismo, solicite el inicio de las gestiones
necesarias para ejercer la acción de controversias contractuales. Lo anterior,
de conformidad con lo establecido en el artículo 141 de la Ley 1437 de 2011
(…) El presente incumplimiento por parte del municipio de las obligaciones
pactadas entre las partes con ocasión a la suscripción del convenio, la
supervisión por parte del Ministerio y con base en los soportes documentales
existentes en las áreas correspondientes, solicita dar inicio a las acciones
17
Radicación número: 54001- 23-33-000-2018-00084-01 (70.277).
Actor: Nación – Ministerio del Interior.
Demandado: Municipio de Ocaña.
Medio de Control: Controversias Contractuales.
jurídicas correspondientes por el incumplimiento del objeto del convenio por
parte del municipio.
5. Problema jurídico
Le corresponde a la Sala determinar si se debe acceder a la pretensión segunda de
la demanda, esto es, el reconocimiento de la suma de $205’735.960, a título de
indemnización de perjuicios, como monto equivalente al 20% del valor de los
desembolsos pactados en el convenio materia de controversia, que fue el porcentaje
previsto en la cláusula décima para la cobertura de la garantía de cumplimiento.
Asimismo, se debe analizar si debe accederse a la tercera pretensión de la
demanda, específicamente, si es viable decretar el pago de la cláusula penal
acordada por las partes en el negocio jurídico.
La Sala no se pronunciará sobre los demás asuntos relacionados con la
controversia, porque la parte demandada -municipio de Ocaña-, quien fue
condenada en primera instancia, no apeló la sentencia.
5.1 Solución al caso concreto
Para dar respuesta a los reproches realizados por la parte actora en su recurso de
apelación, la Sala se referirá al desarrollo jurisprudencial que esta Corporación ha
realizado respecto de los convenios interadministrativos, así como a la naturaleza
del negocio jurídico que acá se estudia y a las obligaciones que contrajeron las
entidades públicas que lo suscribieron, para constatar si, en realidad, ese acuerdo
de voluntades constituyó o no un convenio, toda vez que ello tiene incidencia para
resolver el presente caso.
Esta Subsección, en providencia del 22 de octubre de 202118, al resolver un asunto
semejante -por cuanto se trató del incumplimiento de un municipio en el marco de
un convenio interadministrativo igualmente celebrado con el Ministerio del Interior
para la construcción de otro Centro de Integración Ciudadana-, se pronunció sobre
este tipo de negocios jurídicos, en estos términos:
Visto lo anterior, la Sala concluye que el acuerdo de voluntades objeto de
estudio corresponde a un convenio interadministrativo suscrito entre
entidades estatales19, Nación – Ministerio del Interior y el municipio de
18
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 22 de octubre de 2021. MP Marta Nubia Velásquez Rico. Expediente No. 65.978.
19
En los términos del artículo 2 de la Ley 80 de 1993.
18
Radicación número: 54001- 23-33-000-2018-00084-01 (70.277).
Actor: Nación – Ministerio del Interior.
Demandado: Municipio de Ocaña.
Medio de Control: Controversias Contractuales.
San Bernardo, al amparo del artículo 95 de la Ley 489 de 1998, en tanto
estas se asociaron con el fin de cooperar en el cumplimiento de sus
funciones administrativas, tanto así que, como ya se vio, en los
antecedentes del convenio se hizo alusión a la norma en mención.
Los convenios interadministrativos se caracterizan porque están
determinados por la consecución de un objetivo común, en los que,
obviamente, no se evidencian intereses contrapuestos, pues reflejan una
verdadera asociación de esfuerzos20. En cambio, en los contratos
interadministrativos, mientras la contratante busca el cumplimiento de un
fin estatal, la contratista, si bien colabora con su realización, lo cierto es
que lo hace a cambio de una retribución patrimonial, cuestión que se
traduce en el surgimiento de obligaciones recíprocas de contenido
económico21.
De cara al caso concreto, la Sala precisa que el convenio No. F-249 de
2013 no contuvo obligaciones de tipo bilateral que comportaran la
existencia de intereses diversos o retribuciones económicas, pues de lo
pactado se desprende una verdadera asociación de esfuerzos técnicos,
administrativos y financieros, con el fin de promover la gobernabilidad y
la seguridad ciudadana -objetivo común-, a través de la construcción del
Centro de Integración Ciudadana en el municipio de San Bernardo, “(...)
proyecto [que] consiste en la generación de escenarios en los cuales se
puedan desarrollar actividades lúdicas, pedagógicas, de integración
social y ciudadana, para la prevención de la violencia y el delito (....)”.
Conforme a esta pauta jurisprudencial y al desarrollo que esta Corporación ha
realizado frente a estos negocios jurídicos,22 el acuerdo de voluntades que ahora
se examina - convenio interadministrativo F-594 de 2015- es, sin duda alguna,
aquellos que se rigen por los postulados del artículo 95 de la Ley 489 de 1998, tal
y como se procederá a desarrollar.
El 15 de diciembre de 2015, el Ministerio del Interior - Ministerio del
Interior/FONSECON, Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo – FONADE y el
Municipio de Ocaña, suscribieron el convenio interadministrativo F-594 de 2015,
con el objeto de “aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las
partes para promover la convivencia ciudadana, a través de la ejecución de un
centro de integración ciudadana – CIC, en el Municipio de Ocaña – Norte de
Santander. En el acápite consideraciones se indicó que el Decreto 1066 de 2015
determinó como objeto del Ministerio del Interior – Fonsecon recaudar y canalizar
recursos tendientes a propiciar la seguridad y la convivencia ciudadana para
20
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 20 de noviembre de 2019, expediente No. 61.429.
21
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 21 de mayo de 2021 Expediente No. 57.822, M.P. José Roberto Sáchica Méndez.
22
Al respecto, ver, por ejemplo: sentencia del 28 de octubre de 2024 Expediente No. 63983 MP
Jaime Enrique Rodríguez Navas. Sentencia del 28 de junio de 2024 Expediente No. 69488 MP
Fernando Alexei Pardo Flórez.
19
Radicación número: 54001- 23-33-000-2018-00084-01 (70.277).
Actor: Nación – Ministerio del Interior.
Demandado: Municipio de Ocaña.
Medio de Control: Controversias Contractuales.
garantizar la preservación del orden público y aquellas acciones tendientes a
fortalecer la gobernabilidad local y el robustecimiento territorial en el marco de la
política y la estrategia nacional de seguridad y la convivencia ciudadana.
Igualmente se hizo alusión a los principios de colaboración armónica y de
coordinación entre las entidades públicas y se refirió a lo dispuesto en el artículo
95 de la Ley 489 de 199823.
En cuanto a las obligaciones que contrajeron las entidades públicas, en virtud de la
cláusula segunda el municipio se comprometió, entre otras cosas, a aportar un lote
de su propiedad para el desarrollo del proyecto, adelantar bajo su autonomía y
responsabilidad todas las gestiones administrativas, contractuales y financieras
necesarias para la contratación de la obra e interventoría de acuerdo a los estudios
y diseños ejecutados por Fonade, invertir los aportes recibidos del Ministerio –
Fonsecon única y exclusivamente en los procesos requeridos para la ejecución del
objeto del convenio y depositar todos los recursos destinados a la obra y a la
interventoría, en una cuenta bancaria que generara rendimientos financieros a
nombre del objeto del convenio.
Por su parte, según se acordó en la cláusula cuarta, las obligaciones que contrajo
el Ministerio del Interior fueron, entre otras: entregar al municipio, en conjunto con
Fonade, los estudios y diseños necesarios para la selección de los contratistas de
obra e interventoría; desembolsar los recursos que por medio del convenio se
destinaran al desarrollo de su objeto; realizar los trámites y soportes presupuestales
y contables necesarios para la correcta ejecución del convenio, incluido el registro
presupuestal; y aprobar, a través del supervisor del Ministerio y el apoyo a la
supervisión, los cronogramas detallados de las actividades precontractuales,
contractuales y post contractuales del convenio, presentados por la entidad
territorial y Fonade para el cumplimiento del objeto.
Así las cosas, la relación surgida entre las personas jurídicas públicas que fueron
parte del negocio jurídico sub judice fue de cooperación para un objetivo común, y
no se enmarcó en la ejecución, por parte de una de ellas, de prestaciones y/o
servicios del exclusivo interés de las otras, a cambio de una remuneración o
23
“Artículo 95. Asociación entre entidades públicas. Las entidades públicas podrán asociarse con el
fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios
que se hallen a su cargo, mediante la celebración de convenios interadministrativos o la
conformación de personas jurídicas sin ánimo de lucro”.
20
Radicación número: 54001- 23-33-000-2018-00084-01 (70.277).
Actor: Nación – Ministerio del Interior.
Demandado: Municipio de Ocaña.
Medio de Control: Controversias Contractuales.
contraprestación económica, al tiempo que las obligaciones pactadas no se
encaminaron a la satisfacción de intereses contrapuestos, sino que cada una de las
entidades firmantes obró en desarrollo de su propio objeto misional, con el propósito
de cumplir funciones administrativas asignadas por la normativa vigente y con miras
al logro de los fines públicos que le eran propios por disposición de la Constitución
y la ley.
De manera que, la Sala concluye que el acuerdo de voluntades objeto de estudio
corresponde a un convenio interadministrativo suscrito entre tres entidades
estatales24, a saber: Nación – Ministerio del Interior, Fonade y el municipio de
Ocaña, al amparo del artículo 95 de la Ley 489 de 1998, en tanto estas se asociaron
con el fin de cooperar en el cumplimiento de sus funciones administrativas, tanto
así que, como ya se vio, en los antecedentes del convenio se hizo alusión a la
norma en mención.
5.1.1. La pretensión segunda de la demanda
La Sala confirmará la decisión de primera instancia, consistente en no acceder a la
pretensión segunda de la demanda, encaminada al reconocimiento y pago de la
suma de $205’735.960, solicitada por la parte actora con fundamento en lo pactado
en la cláusula décima del convenio interadministrativo F-594 de 2015. Así, se
confirmará la denegatoria de lo anterior por cuanto, tratándose de una pretensión
económica de carácter indemnizatorio, debía acreditarse la ocurrencia del perjuicio
que se buscaba indemnizar, y probarse que la cuantía de tal menoscabo patrimonial
era la solicitada, esto es, el 20% del valor de los desembolsos del convenio; sin
embargo, la pretensión se formuló sobre una única base que no fue la demostración
del perjuicio respectivo, sino apenas la cláusula en que se pactó a cargo del
municipio la obligación de constituir garantías para cubrir el riesgo de cumplimiento,
en el 20% del valor total de desembolsos del convenio, no siendo ello suficiente
para reputar procedente el pago pretendido por el Ministerio, por no ser
demostrativo, se reitera, del perjuicio concreto ni de su monto.
En efecto, aunque el Ministerio solicitó el reconocimiento de la indicada suma de
dinero por el incumplimiento del convenio, omitió demostrar la merma patrimonial
subsiguiente a ello. Asimismo, tampoco indicó ni precisó a qué correspondía dicho
24
En los términos del artículo 2 de la Ley 80 de 1993.
21
Radicación número: 54001- 23-33-000-2018-00084-01 (70.277).
Actor: Nación – Ministerio del Interior.
Demandado: Municipio de Ocaña.
Medio de Control: Controversias Contractuales.
rubro, puesto que jamás explicó si se trató de un perjuicio material en la modalidad
daño emergente, o lucro cesante o de otra índole, para poder establecer su
procedencia, limitándose a exigir al municipio una suma, con fundamento en el
incumplimiento contractual, calculada a partir de una de las cláusulas del convenio
interadministrativo F – 594 de 2015.
Para la Sala resulta claro que, siendo el propósito del Ministerio obtener la
indemnización solicitada, debió demostrar la ocurrencia del perjuicio consecuencial
al incumplimiento que le endilgó al municipio de Ocaña, no siendo suficiente
acreditar la sola inobservancia de la entidad territorial respecto de una o más de las
obligaciones que había asumido en el convenio. En este punto se estima pertinente
referir, para el análisis, la providencia dictada por esta Corporación el 31 de enero
de 201125, y en la cual se precisó:
Como en la responsabilidad contractual el daño, excluyendo obviamente
la prestación, es la merma patrimonial que se padece, las ventajas que se
dejan de percibir y en muy raros casos la congoja o pena que se sufre, es
evidente que un incumplimiento puede causar, o no, una lesión de ésta
naturaleza y es por esto que no puede afirmarse que todo
incumplimiento irremediablemente produce una merma patrimonial,
impide la consecución de una ventaja o produce un daño moral,
máxime si se tiene en cuenta que dos cosas diferentes son el daño y
la prestación como objeto de la obligación. Por lo tanto no es cierto que
basta con incumplir la obligación para que haya daño.
(…)
Causar un daño, como ya se dijo, genera la obligación de repararlo pero si
el acreedor pretende que el juez declare la existencia de esa obligación y
que por consiguiente condene al deudor a su pago, aquel tiene la carga de
demostrar su existencia y su cuantía. Tal carga probatoria se encuentra
establecida no solamente en el artículo 177 del C. P. C. al preceptuar que
“incumbe a las partes probar los supuestos de hecho de las normas que
consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”, sino también, y
particularmente para la responsabilidad contractual, en el artículo 1757 del
C. C. al disponer que “incumbe probar las obligaciones o su extinción al
que alega aquellas o esta”.
Así que entonces es al acreedor a quien le asiste el interés de demostrar
la ocurrencia del daño y su cuantificación sin que pueda descargar en el
juzgador todo el peso de esa carga aunque éste, desde luego, cuenta con
la facultad oficiosa en materia probatoria pero dentro de los precisos límites
previstos en el artículo 169 del C. C. A. Luego, si el acreedor nada
prueba en torno a la existencia del daño y a su cuantía, no podrá
abrirse paso la pretensión indemnizatoria pues sin la certeza de la
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CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION TERCERA
SUBSECCION C Consejero ponente: JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA Bogotá D.C.
treinta y uno (31) de enero de dos mil once (2011) Radicación número: 73001-23-31-000-2001-
01937-01(15800)
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Radicación número: 54001- 23-33-000-2018-00084-01 (70.277).
Actor: Nación – Ministerio del Interior.
Demandado: Municipio de Ocaña.
Medio de Control: Controversias Contractuales.
ocurrencia y la magnitud de la lesión, la responsabilidad está
irremediablemente condenada al fracaso.
En ese sentido, era menester que el Ministerio del Interior, primero, indicara a qué
obedecía la pretensión económica que requirió, porque, como arriba se señaló, no
se fijó si se trató de un perjuicio de índole patrimonial o extrapatrimonial, y que
también fundamentara su cuantía. Sin embargo, dado que no se cuenta con soporte
probatorio de la solicitud, esencialmente por no acreditarse que el incumplimiento
del convenio interadministrativo F – 594 de 2015 por parte del municipio
efectivamente le causó un detrimento al Ministerio del Interior, resulta infructuosa
cualquier otra consideración y se impone el rechazo de la pretensión indemnizatoria
que persigue la parte actora.
Cabe destacar que no constituye prueba ni fuente de la indemnización pretendida
el hecho de haberse pactado en la cláusula décima del convenio la obligación de
garantizar su cumplimiento con la constitución de una póliza que amparara ese
riesgo por el 20% del valor de los desembolsos destinados al municipio, pues tal
estimación se hizo para establecer la cuantía de la garantía, pero no activa por sí
sola derecho alguno a reconocimientos económicos directos, ni aun por haberse
demostrado el incumplimiento de la demandada, pues la indemnización del perjuicio
sólo se abre paso cuando éste, consistente en el detrimento patrimonial
consecuencial a la inobservancia del negocio jurídico, es debidamente probado en
el juicio, lo que no aconteció en esta causa.
Ahora, dada la estructura de la pretensión segunda, defendida por la apelante, cabe
revisar el análisis que a este respecto realizó el a quo, el cual indicó que la solicitud
carecía de vocación de prosperar porque, en su criterio, dicha pretensión “debió
dirigirse en contra de la aseguradora”, toda vez que la obligación que surgió a cargo
del municipio de Ocaña como producto de lo pactado en la cláusula décima del
convenio era la de constituir una póliza en favor del Ministerio del Interior, la cual
cumplió al adquirir la Póliza de Cumplimiento No. 400-47-99400042953. Frente a
este planteamiento, la parte actora señaló que, por el contrario, sí se debía acceder
al reconocimiento de la suma de $205’735.960, amparada en la póliza de
cumplimiento No. 400-47-99400042953.
De cara al incumplimiento del convenio interadministrativo y a la forma de hacer
efectiva la garantía, el Consejo de Estado, en concepto del 26 de julio de 2016,
emitido por la Sala de Consulta y Servicio Civil, señaló “respecto de los convenios
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Radicación número: 54001- 23-33-000-2018-00084-01 (70.277).
Actor: Nación – Ministerio del Interior.
Demandado: Municipio de Ocaña.
Medio de Control: Controversias Contractuales.
interadministrativos, si se ha pactado como garantía una póliza de cumplimiento,
al no resultar procedente el ejercicio de potestades unilaterales, deberá realizarse
la correspondiente reclamación a la aseguradora siguiendo para el efecto las
normas pertinentes del Código de Comercio y las reglas particulares de la
póliza expedida (…), si se ha pactado como garantía una póliza de cumplimiento,
deberá realizarse la correspondiente reclamación a la aseguradora siguiendo
para el efecto las normas del derecho común” (énfasis fuera de texto).
Por lo tanto, bajo las consideraciones sentadas por la Sala de Consulta y Servicio
Civil, y atendiendo a lo dispuesto en el artículo 1037 del Código de Comercio -que
precisa las partes del contrato de seguro y la relación entre el tomador y el
asegurador-, en el presente caso resulta evidente que cualquier reclamo derivado
de la garantía era procedente mediante llamado formal a la compañía Aseguradora
Solidaria de Colombia, que fue la que amparó el riesgo pactado en el convenio
interadministrativo F-594 de 2015 a través de la póliza de cumplimiento No. 400-
47-99400042953 en virtud de lo pactado en la cláusula décima del convenio sub
judice, por lo que al incoarse y adelantarse el proceso en esta jurisdicción, se debió
solicitar la vinculación de la aseguradora bajo las figuras de intervención procesal
que operan conforme a las reglas legales aplicables, circunstancia que no ocurrió,
razón más que suficiente para denegar la pretensión de la recurrente bajo el
argumento que esbozó, de que únicamente tenía acción contra el municipio, como
responsable por la no ejecución íntegra del convenio interadministrativo.
5.1.2. Pretensión tercera de la demanda
Frente a la pretensión de condenar al municipio de Ocaña al pago de la cláusula
penal pecuniaria dispuesta en la cláusula vigésima del convenio interadministrativo,
la parte actora insistió en que debía accederse a ella, citando jurisprudencia relativa
a esa figura, y si bien no refirió textualmente la pretensión formulada en la reforma
de la demanda, señaló que, dado el incumplimiento del negocio jurídico, “también
estaría configurándose la obligación contractual de activarse la cláusula penal
pecuniaria, establecida en su cláusula vigésima”. Tales manifestaciones de censura
permiten a esta Sala pronunciarse al respecto, aún más, porque en la sentencia de
primera instancia no se hizo mención explícita sobre la solicitud de efectividad de la
cláusula penal, por lo que tal materia constituyó, en principio, un punto del litigio sin
solución en la primera instancia; de suerte, que debe estudiarse en este segundo
grado jurisdiccional, con base en lo aducido por la recurrente.
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Radicación número: 54001- 23-33-000-2018-00084-01 (70.277).
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Para ello, se debe indicar que la cláusula penal está regulada en el artículo 1592
del Código Civil, que la define como “aquella en que una persona, para asegurar el
cumplimiento de una obligación, se sujeta a una pena que consiste en dar o hacer
algo en caso de no ejecutar o retardar la obligación principal”. En el precitado
concepto de la Sala de Consulta se realizó un análisis de la cláusula y su
conveniencia en los convenios administrativos, así como la autoridad llamada a
resolver los conflictos en torno a la misma. Al respecto:
El artículo 1592 del Código Civil (C.C.) define la cláusula penal como “aquella
en que una persona, para asegurar el cumplimiento de una obligación, se
sujeta a una pena que consiste en dar o hacer algo en caso de no ejecutar o
retardar la obligación principal”. Se trata de una obligación accesoria de la
prestación principal del contrato pero contenida en una cláusula dentro del
mismo, por la cual una de las partes, usualmente el contratista, se compromete
ante el incumplimiento del objeto contractual a dar una suma o cantidad de
dinero, estimada previamente y, por lo regular, equivalente a la indemnización
de daños y perjuicios. La Sala en el Concepto 1748 de 2006 y la Sección
Tercera en copiosa jurisprudencia, han sostenido que la cláusula penal
es un cálculo anticipado de perjuicios que hacen las partes por el
incumplimiento del contrato (art. 1600 CC)80; pactada la cláusula penal
no es necesario acreditar dichos perjuicios por parte del acreedor, por lo
que solo deberá probarse la infracción a las obligaciones contractuales
por el deudor (art. 1599 C.C81), sin perjuicio del derecho a la
proporcionalidad en su imposición, según el cual la pena es susceptible
de reducción cuando el incumplimiento de la obligación por el deudor
resulta parcial y así lo ha aceptado el acreedor (artículos 1596 C.C. y 867
C. Co.). Por consiguiente, la pena consiste, precisamente, en que de antemano
se han fijado por las partes los perjuicios por la inejecución o la ejecución tardía
o defectuosa de los deberes contractuales, lo que significa que ante la violación
del contrato se releva al acreedor de la carga de probar la existencia del daño
y el monto del resarcimiento del mismo.
(…)
[E]n el evento en que se hayan pactado multas o cláusulas penales en los
convenios interadministrativos propiamente dichos, la declaratoria de
incumplimiento o la imposición de las multas o cláusulas penales así
como su ejecución, corresponderá al juez del convenio. (Énfasis fuera de
texto).
Ahora, para establecer la procedencia o no del reconocimiento de la cláusula penal
que solicitó la recurrente, es importante analizar la providencia de primera instancia,
específicamente, el numeral que desarrolló la tercera pretensión de la demanda y
el alcance que el a quo le otorgó a tal solicitud:
“3.- Tercera pretensión ‘Se ordene al municipio de Ocaña, Norte de Santander,
devolver al Tesoro Nacional la suma de cuatrocientos setenta y cuatro millones
seiscientos treinta y nueve mil ochocientos un pesos ($474’639.801) moneda
legal, como consecuencia de la no ejecución de los desembolsos efectuados
por el Ministerio de Interior/FONSECON al ente territorial, con ocasión del
Convenio Interadministrativo F – 594 de 2015’.
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Radicación número: 54001- 23-33-000-2018-00084-01 (70.277).
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En ese sentido se tiene que en el proceso está acreditado que la Nación –
Ministerio del Interior, realizó en favor del municipio de Ocaña un desembolso
por la cantidad de $474’ 639. 801.oo en cumplimiento de lo acordado en la
cláusula séptima del Convenio 0594 de 2015. El municipio de Ocaña ha
aceptado la existencia de dicho desembolso, pero ha sostenido que de dicha
suma el municipio ejecutó la cantidad de $474’.200.599 en la ejecución del
contrato de obra No. 004 del 28 de diciembre de 2016, suscrito por la
construcción del CIC. Tal situación se acreditó con lo informado por el
Secretario de Vías del Municipio en oficio 900902210 del 5 de junio de 2018,
aportado por el Municipio dentro del trámite de la medida cautelar tomada por
la Sala mediante auto del 28 de junio de 2018.
Así las cosas, es claro que como ha prosperado la primera pretensión de la
demanda, relacionada con declarar el incumplimiento de la obligación de la
construcción del CIC, adquirida por el municipio de Ocaña, le surge el deber de
pagar a la parte accionante la suma de dinero que le fue girada para efectos
de cumplir a satisfacción el objeto del citado Convenio 0594 de 2015, dinero
que será pagado, conforme a lo previsto en el ordenamiento jurídico”.
A partir del examen de este punto de la sentencia y de la totalidad del convenio
interadministrativo F – 594 de 2015, esta Subsección considera que la condena al
pago de los $474’639.801 desembolsados por el Ministerio del Interior al municipio
de Ocaña se impuso, NO como restitución o devolución de dinero, como lo pidió la
demandante, sino a título de indemnización por incumplimiento del negocio jurídico.
A pesar de que el sentenciador de primer grado no lo razonó explícitamente, la
mencionada devolución de los dineros entregados se determinó como un
resarcimiento a favor de la demandante, pues no existe soporte probatorio que
evidencie la procedencia de tal restitución bajo un concepto distinto, y así tampoco
fue planteado por ninguna de las partes en el presente proceso.
En esa medida, no podría esta Subsección acceder a una indemnización doble por
el mismo perjuicio, esto es así porque el monto que se ordenó a título de
indemnización supera el establecido en la cláusula penal, por lo cual se entiende
que quedó cubierto por ese rubro; de manera que, un reconocimiento adicional ya
no estaría cubierto por esa estipulación de tasación anticipada de perjuicios y, por
tanto, tendría que acreditarse, aspecto este último que no concierne resolver al juez
de la segunda instancia por no corresponder con el objeto de la apelación. En
consecuencia, se confirmará la decisión de primera instancia en cuanto denegó las
pretensiones segunda y tercera de la demanda presentada por la Nación –
Ministerio del Interior.
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Radicación número: 54001- 23-33-000-2018-00084-01 (70.277).
Actor: Nación – Ministerio del Interior.
Demandado: Municipio de Ocaña.
Medio de Control: Controversias Contractuales.
Actualización condena de primera instancia.
Si bien este no fue un punto objeto de la apelación, corresponde realizar en esta
instancia la actualización de la condena impuesta en el fallo de primer grado, en la
suma de $474’639.801. Dicho monto será actualizado bajo con la siguiente fórmula:
R= RH x Índice final el vigente al momento en que se profirió la presente providencia
Índice inicial el vigente al momento de proferirse la sentencia de primera instancia
R: $474’639.801 x 147,90
134.45
R: $522’121.432
6. Costas:
El artículo 365 del CGP señala que hay lugar a condenar en costas a la parte
vencida en un proceso y el artículo 361 ibidem establece que las costas “están
integradas por la totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del
proceso y por las agencias en derecho”, pero vale aclarar que estás últimas serán
determinadas por las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura,
según el artículo 366.4 ibidem.
En el sub judice, la presente decisión confirmará la sentencia apelada, por lo que
hay lugar a condenar en costas, en esta instancia, a la parte vencida en el proceso
y a quien se le resolvió de manera desfavorable la alzada, esto es, a la parte actora.
Además, tal como lo dispone la legislación pertinente, las mismas deberán ser
liquidadas por el juez de primera instancia, teniendo en cuenta las agencias en
derecho que se fijan en el equivalente al 1 SMLMV -Acuerdo PSAA16-10554 del 5
de agosto de 201626, monto que se deberá pagar a favor del Municipio de Ocaña
pues, aunque no intervino en esta instancia, debieron atender el proceso con
diligencia y en oportunidad a través de su apoderado judicial.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia, en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
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Vigente a la fecha de la demanda, 19 de mayo de 2017.
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Radicación número: 54001- 23-33-000-2018-00084-01 (70.277).
Actor: Nación – Ministerio del Interior.
Demandado: Municipio de Ocaña.
Medio de Control: Controversias Contractuales.
FALLA:
PRIMERO: MODIFÍCASE el numeral quinto de la sentencia proferida el 13 de julio
de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, el cual
quedará así:
Como consecuencia de la anterior declaración, CONDÉNESE al municipio de
Ocaña, a pagar a favor de la Nación – Ministerio del Interior, la suma de quinientos
veintidós millones ciento veintiún mil cuatrocientos treinta y dos pesos
($522’121.432).
SEGUNDO: CONFÍRMASE, en lo demás, el fallo apelado.
TERCERO: CONDENAR en costas, por la segunda instancia, a la parte actora y a
favor del Municipio de Ocaña, las cuales serán liquidadas de manera concentrada
por el a quo. Se fija como agencias en derecho el equivalente a 1 salario mínimo
legal mensual vigente.
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de
su encabezado, y que se firma en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI,
de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad
y autenticidad del presente documento en el link
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
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