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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 54001-23-33-000-2018-00101-01

Fecha
3 de agosto de 2023
Consejero ponente
Gabriel Valbuena Hernandez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 54001-23-33-000-2018-00101-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. MODIFICAR el ordinal tercero del fallo del 6 de junio de 2019, proferido por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, en el sentido de establecer como fecha del estatus pensional de la demandante, el 7 de octubre de 2010. El cual quedará así: «T ERCERO : A t ít ulo de r est ablecim ient o del der echo O RDÉNESE a la UNI DA D A DM I NI ST RAT I VA ESPECI A L DE G EST I Ó N PENSI O NAL Y CO NT RI BUCI O NES PA RA FI SCA LES DE LA PROTECCI O N SO CI A L - UG PP - reconocer y pagar la pensión j ubi lac ión gr acia a f avor de la señor a MA RI A ZO RA I DA M OG O LLÓ N DE ORO ZCO, ident if ica da con c édula d e ciud adan í a 27. 686. 413 de Chit agá, ef ect iva a par t ir del 7 de oct ubre de 201 0, en cuant í a equiva lent e al 75% del pr om edio de lo devengado dur ant e el últ im o año de ser vicios ant er ior a la f echa en que adquir ió el st at us ( 7 de oct ubr e de 2009 al 7 de oct ubr e de 2010) , pero con efectos fiscales a partir del 25 de enero de 2013, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva ». SEGUNDO. CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia apelada. TERCERO. No condenar en costas en esta instancia, en atención a lo expresado en esta sentencia. CUARTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, www.consejodeestado.gov.co Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 54001-23-33-000-2018-00101-01 Demandante: María Zoraida Mogollón de Orozco y ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 54001-23-33-000-2018-00101-01

Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez

3 de agosto de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓ N A
CONSEJERO PONENTE: GABRIEL V ALBUE NA HE RNÁNDEZ

Bogotá, D.C., tres (3) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho.
Radicación: 54001-23-33-000-2018-00101-01 (4164-2019).
Demandante: María Zoraida Mogollón de Orozco
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social 1.

Temas: Pensión gracia. Tipo de vinculación. Ley 1437 de 2011.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación
interpuesto por la entidad demandada contra la sentencia del 6 de
junio de 2019 , proferida por e l Tribunal Administrativo de Norte de
Santander, que accedió a las súplicas de la demanda de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1.1. Pretensiones de la demanda. 2

María Zoraida Mogollón de Orozco , por intermedio de apoderado

1 En adelante UGPP.
2 Folio 4 del expediente.

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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 54001-23-33-000-2018-00101-01
Demandante: María Zoraida Mogollón de Orozco

judicial, solicitó declarar la nulidad de las Resoluciones PAP040636
del 25 de febrero de 2011, PAP 055221 del 26 de mayo de 2011 ,
RDP 035278 de 2 de agosto de 2013 y RDP 018274 del 11 de junio
de 2014, proferidas por la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -
UGPP, por medio de las cuales negó el reconocimiento y pago de una
pensión gracia.

Como restablecimiento del derecho, pidió que se ordene a la UGPP
(i) concederle la pen sión gracia a partir del 8 de septiembre de 2013 ,
fecha en que adquirió el estatus pensional; (ii) indexar la primera
mesada pensional y aplicar los resp ectivos ajustes año a año; (iii)
indexación o corrección moratoria sobre las sumas adeudadas;(iv)
reajustar las sumas reconocidas de acuerdo con el IPC; y (v) pagar
los intereses moratorios conforme a l artículo 192 del CPACA.

1.2. Hechos que funda mentan la demanda.

La actora relató que nació el 20 de mayo de 1958 , razón por la cual
cumplió los 50 años de eda d el 20 de mayo de 2008. Así mismo, que
prestó servicio d ocente en el municipio de Chitagá, Norte de
Santander, de la siguiente manera:

Fechas
A ct os de nombramient o Desde Hast a

Decr et o 925 de 1980 11 de agost o de 1980 5 de sept iem br e d e

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Demandante: María Zoraida Mogollón de Orozco

( I nt er ina 1989
Nacion al izada)

Decr et o 939 de 1981 19 de j unio de 1981 31 de oct ubr e de
( Naciona liza da) 1982

Decr et o 202 de 1995 17 de m ar zo de 1995 Vigent e a la f echa de
( Naciona liza da) r adicació n de la
dem anda.

Precisó que, habiendo cumplido todos los requisitos necesarios,
radicó reclamación para el reconocimiento y pago de la pensión gracia
ante la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, la cual
fue resuelta de manera negativa c on las Resolucione s PAP040636
del 25 de febrero de 2011, PAP 055221 del 26 de mayo de 2011,
RDP 035278 de 2 de agosto de 2013 y RDP 018274 del 11 de junio
de 2014

1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración.

La demandante, como concepto de violación, argumentó que la entidad
demandada inaplicó las siguientes disposiciones normativas: artículos
1, 2, 4, 13, 29, 48, 53 de la Constitución Política; Ley 114 de 1993; Ley
116 de 1928; Ley 37 de 1933.

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Demandante: María Zoraida Mogollón de Orozco

Como concepto de violación, expuso que en el caso bajo estudio se
presenta discriminación, por cuanto a muchos docentes en igualdad
de condiciones se les ha reconocido la pensión gracia, computando
tiempos de servic ios prestados en diferentes épocas.

1.4. Contestación de la demanda.

La Uni dad Admi nistrativa Especial de Gestión Pensional y
Contri buciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP 3, por
intermedio de apoderada, se opuso a la prosperidad de las
pretensiones de la demanda, al considerar que las vinculaciones de
la accionante no pueden tenerse en cuenta para el reconocimiento de
la pensión gracias, por lo siguiente:

A CTO A DM I NI ST RAT I VO CO NSI DERA CI O NE S UG PP
Decreto 925 de 1980 La certificación que expidió el
director de la Corporación Cultural
Biblioteca Julio Pérez Forreo,
Archivo Histórico del departamento
de Santander, en la que se establece
que mediante Decreto 925 de 1980 se
nombró a la actora para cubrir una
licencia de maternidad, no estipuló el
tipo de vinculación de la docente y no

3 Folios 110 al 112
del expediente.

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fue emitida por una entidad
competente.
Decr et o 939 de 1981 Obra certificado expedido por la
Secretaría de Educación
Departamental del Norte de
Santander a través de la cual se
indicó que la demandante laboró en
el periodo comprendido entre el 19
de junio de 1981 hasta el 31 de
octubre de 1982 como docente de
primaria nacionalizada. Sin embargo,
este tiempo es insuficiente para
completar el requisito de 20 años de
servicio docente.
Cont r at os de pr est ación de Los periodos comprendidos entre el

ser vicios 1 de julio de 1988 y el 30 de
noviembre de 1992 y del 14 de mayo
al 24 de octubre de 1990, no pueden
tenerse en cuenta, por cuanto no
existió una relación generada por un
nombramiento ni ostentó la calidad
de empleada pública ya que fungió
como docente contratista, situación
que no fue contemplada por la ley.
Decr et o 202 de 1995 Para el nombramiento en propiedad
como docente departamental a partir
del 17 de marzo de 1995 hasta la
fecha de radicación de la demanda,
sostuvo que dicha vinculación
ocurrió con posterioridad al 31 de
diciembre de 1980, hecho que

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Demandante: María Zoraida Mogollón de Orozco

permite concluir que se debe dar
aplicación a lo dispuesto en la Ley 91
de 1989, la cual señala que todo
nombramiento efectuado a partir de
su expedición se entenderá como
nacional, independiente de que la
vinculación sea departamental,
municipal o distrital.

Propuso como excepciones (i) prescripción de las mesadas
pensionales; (ii) inexistencia de la obligación .

1.5. Trámite en primera instancia.

El 29 de mayo de 2019 el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander 4, en acatamiento al artículo 180 del CPACA, celebró
audiencia inicial, en la cual fijó el litigio de la siguiente manera:

«[ …] Concr et ados lo s ext r em os del pr oceso, así com o los su puest os
f áct icos y j ur í dicos r elevant es de la dem anda y su cont estación, se
cir cunscr ibe a det er m inar si el per í odo de t iem po de t iem po labor ado
por la señor a M ARIA ZO RAI DA M OG O LLÓ N DE O RO ZCO al ser vicio
de la docencia of icial es de car áct er nacional, naciona l izado o
t er r it or ial y de t al modo conclu ir si debe o no ser t enido e n cuent a
par a ef ect os del r econocim ient o de la p ensión gr acia pr et en dida .

En caso que t ales t iem pos sean viables par a el r econo cim ient o
pensiona l aquí pr et endido, deber á det er m inar se si result an
suf icient es par a ese ef ect o, y en caso posit ivo, analiz ar en qué

4 Fo l ios 15 3 a l 1 5 5 de l ex p e d ie nt e .

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t ér m inos debe r econocer se t al pensió n gr acia, y si hay lugar a
declar ar algún t ipo d e pr escr ipción de m esadas al r espect o.

En ese est ado de la audiencia, el M agist r ado sust anciador indaga a
las par t es si est án de acuer do con la f ij ación de l lit i gio. L a par t e
dem andant e m anif ie st a que se encuent r a de acuer do con el pr oblem a
j ur í dico plant eado, señaland o lo m ism o la par t e dem andada ( y el
agent e del M inist er i o Públic o [ …] ».

1.6. Decisión de primera instancia objeto de apelación 5

El Tribunal Administrativo de Norte de Santander, por medio de la
sentencia del 6 de junio de 2019 , accedió a las pretensiones de la
demanda. Para el efecto, resolvió lo siguiente:

«PRIMERO: DECLÁRESE no probada la excepción de fondo
"inexistencia de la o bligación", propuest a por la entidad demandada,
de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de la presente
providencia.

SEGUNDO: DECLÁ RESE la nulidad de las Resoluciones PAP
040636 del 25 de febrero de 2011 y PAP055221 del 26 de mayo de
2011, emanadas d e la extinta CAJANAL, y de las Resoluciones
RDP035278 del 02 de agosto de 2013 y RDP 018274 de fecha 11 de
junio de 2014, proferidas por la UNIDAD ADMINIST RATIVA
ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CO NTRIBUCIONES
PARAFISCALES - UGPP-, mediante las cuales se ne gó el
reconocim iento y pago de la pensión gracia a la parte demandante, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

5 Folios 158 al 165 del expediente.

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Demandante: María Zoraida Mogollón de Orozco

TERCERO: A título de restablecimiento del derecho ORDÉNESE a la
UNIDAD ADMINIST RATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSI O NAL Y
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL -
UGPP - reconocer y pagar la pensión jubilación gracia a favor de la
señora MARIA ZORAIDA MOGOLLÓN DE OROZCO , ident ificada con
cédula de ciudadaní a 27.686.413 de Chitagá, efect iva a partir del 14
de octubre de 2008 , en cuantía equivalente al 75% del promedio de
lo devengado durant e el último año de servicios anterior a la f echa en
que adquirió el stat us (13 de octubre de 2007 a 13 de oct ubre de
2008), con aplicación de los ajustes legales pertinent es.

CUA RT O : DECLA RA R pr obada la ex cepción pr opu est a por la
UNI DA D A DM I NI STRA T I VA ESPECI A L DE G EST I Ó N PENSI O NA L Y
CO NT RI BUCI O NES PA RA FI SCA LES DE LA PRO T ECCI Ó N SO CI AL
• UG PP- de “ PRESC RI PCI Ó N” del pago de las m esadas o acr eencias
pensiona les causad as con ant er ior idad al 25 de enero de 2013.
[…]».

Al respecto, manifestó que obran en el expediente todas las pruebas
que, de conformidad con la sentencia de unificación del 21 de junio de
2018, permiten concluir que la señora María Zoraida Mogollón de
Orozco, al momento de radicar la demanda cumplía con todos los
requisitos para hacerse beneficiaria de la pensión gracia

1.7. Recurso de apelación 6

La UGPP solicitó revocar el fallo de primera instancia. Reiteró los
argumentos expuestos en la contestación de la demanda . Asimismo,
indicó que no existe prueba que demuestre el origen de los recursos o

6 Folios 167 al168 del expediente.

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la fuente de financiación del cargo docente de la actora que permitan
concluir que su vinculación fue de carácter nacionalizado.

1.8. Trámite correspondiente a la segunda instancia

La UGPP 7 señaló que para la entrada en vigencia de la Ley 91 de 1989,
la demandante no había consolidado su derecho, por ende, pese a que
se vinculó antes de esa fecha, solo tenía una mera expectativa pues
no contaba con 20 años de serv icio, más cuando en el nombramiento
anterior al 31 de diciembre de 1980 , no se especificó el tipo de
vinculación ni el origen de los recursos.

La parte demandante y el Ministerio Público guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia.

El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de
apelación interpuesto, de acuerdo con el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 8. De
igual manera, es relevante destacar que, de conformidad con lo

7 Folios 221 al 225.
8 «ElConsejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en
segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera
instancia por los tribunales administrativos […]».

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dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso 9, la
competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a los
argumentos expuestos por el apelante, por lo que, en el caso de la
referencia, la competencia se encuentra limitada a lo señalado en el
recurso interpuesto por la demandada.

2.2. Problema jurídico

Considera esta Sala de Subsección que el estudio y posterior decisión
debe centrarse en establecer lo siguiente:

¿La señora María Zoraida Mogollón de Orozco , en su calidad
de docente oficial, tiene derecho al reconocimiento y pago de
la pensión gracia ?

2.3. Normas y jurisprudencia aplicable al asunto

2.3.1. La pensión gracia

La pensión gracia fue consagrada mediante el artículo 1 de la Ley 114
de 1913 en favor de los maestros de las escuelas primarias oficiales
que hayan servido en el magisterio por un término no menor de 20
años.

9 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las
decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.»

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En ese sentido, respecto de los condicionantes para acceder a la
pensión gracia, la Ley 114 de 1913 exige a los docentes que aspiran a
su reconocimiento, además de los 20 años de servicio, lo siguiente: i)
haberse desempeñado en los empleos con honradez, consagración y
buena conducta; ii) no haber recibido o recibir otra pensión o
recompensa de carácter nacional; y iii) cumplir 50 años de edad. Por
su parte, se reitera, la Ley 91 de 1989 exige que el docente se haya
vinculado al servicio oficial con anterioridad al 1 de enero de 1981.

Posteriormente, el artículo 6 de la Ley 116 de 1928 extendió el
beneficio de la pensión gracia a los empleados y profesores de las
escuelas normales, junto a los inspectores de instrucción pública. De
manera que autorizó la suma de los servicios prestados en diversas
épocas al computar los años en la enseñanza primaria, la normalista y
la inspección, con el fin de completar el tiempo requerido para acceder
a la pensión.

Más adelante, con la Ley 37 de 1933, el beneficio gratuito de la
pensión gracia se hizo extensivo a los maestros de escuela que
hubieren completado el tiempo de servicios señalado por la ley en
establecimientos de enseñanza secundaria.

Luego, se expidió la Ley 91 de 1989, en cuyo artículo 1, distinguió
entre los conceptos de docente «nacional» y «nacionalizado», así:

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«A rt í cul o 1. Par a los ef ect os de la pr esent e Ley, los sigui e nt es
t ér m inos t endr án el alcance indic ado a c ont inuaci ón de cada uno
de ellos:
Per sonal naci onal . Son los docent es vinculados por
nombrami ent o del G obi erno Naci onal .
Per sonal n aci onal i zado. Son l os do cent es vincu la dos por
nombrami ent o de ent i dad t errit ori al ant es del 1 de enero de
1976 y los v incu lado s a par t ir de est a f echa, de conf or m idad con
lo dispuest o por la L ey 43 de 1975.
Per sonal t erri t ori al . Son los doc ent es vincu lados por
nombrami ent o de ent i dad t errit ori al, a par t ir del 1 de enero de
1976, sin el cum p lim ient o del r equ isit o e st ablecido en el ar t í culo
10 de la Ley 43 de 1975. » [ Negr il las f uer a de t ext o] .

El numeral 2 del artículo 15 de la mencionada ley limitó el
reconocimiento de la pensión gracia para los docentes al establecer:

«A rt í cul o 15. A par t ir de la v igenc ia de la pr esent e Le y el
per sonal doce nt e na ciona l y naci onal iza do y el que s e vincu l e con
post er ior idad al 1. de ener o de 1990 ser á r egido por las
sigui ent es dispos ici ones:
[ …]
A. Los docent es vinculados hast a el 31 de di ci embre de 1980
que por m andat o de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de
1933 y dem ás nor m as que las hubier an desar r oll a do o
m odif icado, t uviese n o ll egar en a t ener der echo a la pensi ón de
gr acia, se les r eco nocer á siem pr e y cuando cum plan co n la
t ot alidad de los r equ isit os . Est a pens ión seguir á r econoc iénd ose
por la Caj a Nac iona l de pr evisi ón Soc ial conf or m e al Decr et o 081
de 1976 y ser á com pat ible con la pens ión or dinar ia de j ubilac i ón,
aún en el ev ent o de est ar ést a a car go t ot al o par cia l de la na ción.
[ …] »

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De las diferentes normas enunciadas, esta Corporación ha advertido
que la pensión gracia no es un derecho para todo docente que cumpla
con los requisitos citados, sino que, en virtud de sus condicionantes,
esta solo está prevista para los de carácter territorial y nacionalizado,
es decir, con exclusión de los docentes nacionales. Sobre el
particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia S-699
del 26 de agosto de 1997 señaló:

«[ …] dent ro del grupo de benef i ci ari os de l a pensi ón g raci a
no quedan i ncl ui dos l os doce nt es naci onal es sino,
exclusiv am ent e, los naciona liz ados que, com o dice la Ley 9 1 de
1989, adem ás de haber est ado vinculados hast a el 3 1 de
diciem br e de 1980 “ t uviesen o llegar e n a t ener der echo a la
pensión de gr acia ( …) siem pr e y cuando cum plan con la t otalid ad
de r equisit os” . [ …] . » 10

Ahora bien, con el fin de determinar el carácter o na turaleza del
docente (nacional, nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la
Sección Segunda del Consejo de Esta do en sentencia de unificación
CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 2018 11 previó las siguientes
pautas jurisprudenciales:

«i) Los r ecur sos del si t uado fi scal que ot r or a t r ansf erí a o cedí a
la Nació n a las ent id ades t er r it or iales, en vigencia de la Car t a de
1886 y hast a cuand o per m anecier on en vigor en la Const it ución

10Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia
núm. S-699 de 26 de agosto de 1997.
11Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación 25000 -23-42-000-2013-
04683-01 (3805-2014).

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de 1991, no obst ant e su or igen o f uent e nacional, una vez se
incor por aban a los pr esupuest os loca les pasaban a ser de
pr opiedad excl usiv a de los r ef er idos ent es en calidad de
r ent as exógenas .
ii) Los ent es t er r it or iales son los t it ular es dir ect os o pr opiet ar ios
de los r ecur sos qu e les gir a la Nació n, pr ovenient es de l si st ema
general de part i ci paci ones , por asignación dir ect a del ar t ículo
356 de la Car t a Polí t ica de 1991.
ii i) La f inanc iac ión de los gast os qu e gener aban los f ondos
educat i vos regi onal es no solo depen dí a de los r ecur sos que
gir aba la Naci ón a las ent ida des t e r r it or iales por conc ept o
del si t uado f i scal , sino que t am bié n c or r espondí a a los e nt es
local es dest inar p ar t e de su pr esup uest o par a at ende r al
sost enim ient o de los r ef er idos f ondos educat ivos ( ar t í culos 29 del
Decr et o 3157 de 1968; y 60, inciso 2. º , de la Ley 24 de 198 8) .
iv) Así com o los f ondos educat i vos regi onal es at endí an los
gast os que gener ab an los ser vic ios edu cat ivos de los doce nt es
naciona les y nacion aliza dos 1 2 , r esult a f act ible col egir de m aner a
r azonada que lo pr o pio acont ecí a con al gunas de las er ogac i ones
salar ia les or ig inad as por el ser vici o que pr est aban los
educador es t er r it or iales, ya que l os r ecur sos dest inados pa r a t al
f in pr ovení an t ant o de la Nac ión —si t uado f i scal — com o de las
ent idades t er r it or ial es, y adem ás, en uno y ot r o caso, el univer so
de esos r ecur sos le per t enecí a de f or ma exclusiva a los e nt es
local es dado que ingr esaban a sus pr esupuest os en calida d de
r ent as exógenas y endógenas.
v) Por t ant o, no es dable inf er ir que los d ocent es t er r it or iales y/ o
naciona liz ados se convier t en en edu cador es nacion ales ( i)
cuando en el act o de su vinculación int er viene, adem ás del
r epr esent ant e legal de la ent id ad t er r it or ial, el de leg ado
per m anent e del M in i st er io de Educ ación Nacion al com o m ie m br o
de la j unt a admi ni st radora del r espect ivo f ondo educ at i vo
regi onal , así , est e últ im o, cer t if ique la vacancia de l car go junt o
con la disponib il ida d pr esupuest al 1 3 ; y ( ii) por el ar gum ento de

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que los r ecur sos dest inados par a su sost enim ient o t iene n su
or igen o f uent e en la Nación.
vi) Prueba de cal i dad de docent e t erri t ori al . Se r equier e copia
de los act os a dm ini st r at ivos donde con st e el ví nculo, en lo s que
adem ás se pueda es t ablecer con suf ic ie nt e clar idad q ue la p laza
a ocupar sea de aquel las que el leg i slador ha pr evist o com o
t er r it or iales, o en su def ect o, t am bién se puede acr edit ar con la
r espect iva cer t if icaci ón de la a ut or idad no m inador a que dé cu e nt a
de m aner a inequí v oca que el t ipo de vincul ación al cua l se
encuent r a som et ido el docent e of icia l es de car áct er t er r it or ial.
vii) O ri gen de l os recursos de l a ent i dad nomi nadora . Lo
esencia lm ent e r elevant e, fr ent e al r econocim ient o de la pensión
gr acia, es la acr edit ación de l a plaza a ocupar , est o es, que sea
de car áct er t err it orial o nac iona lizad a , pues conf or m e a los
line am ient os f ij ados por la Sala en esta pr ovidencia, en lo que
r espect a a los educador es t er r it or iales, el pago de sus acr eencias
pr ovení a dir ect am ent e de las r ent as endógenas de la r espec t iva
local idad, o de las exógenas —si t uado f i scal — cuando se
suf r agaban los ga st os a t r avés de los f ondos educat i vos
regi onal es ; y en lo que t iene que v er con los educad or es
naciona liz ados, las er ogaciones que est os gener aban se
enm ar can en los recur sos del si t uado f i scal , hoy si stema
general de part i ci paci ones . »

Por último, en reciente sentencia de unificación SUJ-030-CE-S2-
2022 del 11 de agosto de 2022 la Sección Segunda, incorporó
adicionalmente como regla jurisprud encial sobre la interpretación del
artículo 15, numeral 2, lite ral a, de la Ley 91 de 1989, para efectos
del reconocimiento de la pensión gracia, que:

«Los docent es pu e den acceder a la pensión gr acia a nt es y
después del 29 de diciem br e de 1989, siem pr e y cuando acr edit en
una vinculac ión t er r it or ial o nacional izad a con ant elación al 31 de

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diciem br e de 1980 y cum plan con los dem ás r equisit os lega lm ent e
est ablecid os par a su r econocim ient o». 12

Las anteriores providencias de unificación jurisprudencial definieron
que las mismas tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son
de obligatoria aplicación para aquellos casos pendientes de
resolución tanto en sede administrativa como judicial.

Así las cosas y según las preceptivas expuestas, queda claro que para
acceder al reconocimiento de la pensión gracia se debe acreditar la
labor docente durante 20 años en establecimientos oficiales,
departamentales o municipales, en primaria o en secundaria o como
normalista o inspector de instrucción pública, o en calidad de docente
nacionalizado, con alguna posibilidad de adicionar tiempos en uno y
otro cargo, siempre y cuando se demuestre que se ostentó dicha
vinculación con anterioridad al 31 de diciembre de 1980 y
demuestre cumplir con los demás requisitos exigidos por la Ley 114
de 1913.

2.3.2. Del docente interino

En lo que atañe a la vinculación a la docencia en interinidad, se debe
tener presente que para reconocer la pensión gracia únicamente se
exige la acreditación de 20 años de servicios, sin que importe la

12Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicado: 15001 -23-33-000-2016-
00278-01 (3018-2017).

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modalidad del vínculo, es decir, sin que sea necesari o tener en cuenta
la forma en la que fue provisto el empleo de docente, si lo fue en
carrera o en forma transitoria.

Es así como esta Corporación determinó:

«[...] Respecto de la vinculación del demandante como docente interino,
debe reiterarse que las Leyes 114 de 1913 y 116 de 1928 concibieron
la prestación gracia de jubilación como una dádiva o recompensa a
favor de quienes ejercieran la actividad docent e en el nivel t erritorial,
razón por la cual, y conforme lo disponen las normas en cita y la
jurisprudencia de esta Corporación, la única exigencia válida para
efectos de reconocer la prest ación pensional en cita es haber
acreditado 20 años al servicio de la docencia oficial sin im portar la
modalidad de la vinculación, siempre que esta responda a cualq uiera
de las previstas en la ley 1 4

En efecto, si bien el ordenam iento jurídico no def ine expresamente la
naturaleza de la interinidad, como una forma de proveer cargos
docent es, esta Cor poración ha precisado que dicha figura debe
entenderse como el mecani smo mediante el cual la adm inistración, ante
la imposibilidad de contar con docentes de carrera, designa con
carácter transitor io a personas instruidas en el ejercicio de la referida
actividad, en atención a la necesidad y urgencia de garantizar la
efectiv a prestación de los servicios educativos.

Lo anter ior, en todo caso, constituye una forma de vinculación a la
administración, en cumplimiento de las formalidades previstas en
la ley, esto es, a través de la toma de posesión de un cargo docent e
dando lugar, en consecuencia, a la configuración de una relación
legal y reglamentaria con carácter aut ónomo 1 5 . (Resalta la Sala).

[...] »

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En conclusión, quienes desempeñen la labor docente en calidad de
educadores territoriales o nacionalizados, aunque hubieran laborado
en calidad de interinos tienen derecho al reconocimiento y pago de la
pensión gracia, siempre que cumplan con la edad de 50 años y el
tiempo de servicios de 20 años.

2.4 Caso concreto

En atención a las anteriores p recisiones, la Sa la procederá a
examinar las pruebas obrantes en el expediente a fin de verifica r si a
la demandante le asiste el derecho al reconocimiento de la pensión
gracia, por cumplir con los requisitos legales, concretamente frente a
los tiempos de servicios acreditado s.

2.4.1. Actuación administrativa

El 25 de febrero de 2011, la señora Zoraida Mogollón de Orozco,
solicitó el reconocimiento y pago de una pensión gracia ante la UGPP.
La anterior petición fue negada por medio de la Resolución PAP
40636 del 25 de febrer o de 2011 , al indicar que, los docentes
vinculados con posterioridad al primero de enero de 1990, como en el
caso objeto de estudio, se considera n de orden nacional y por lo tanto
no les son aplicables las disposicione s de la Ley 114 de 1913.

La demandant e interpuso recurso de reposición contra la anterior
decisión, el cual fue resuelto en forma negativa por la UGPP a travé s

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de la Resolución PAP 055221 del 26 de mayo de 2011, al considerar
que la señora María Zoraida Mogollón no cumplió con el requisito de
20 años de servicio en la docencia oficial del orden departamental,
municipal, distrital o nacionalizado , por cuanto ostentó la calidad de
docente nacional .

Luego, el 27 de junio de 2013 la señora Zoraida Mogollón de Orozco,
solicitó el recon ocimiento y pago de una pensión gracia ante la UGPP.
La anterior petició n fue negada por medio de la Resolución RDP
035278 del 2 de agosto de 2013 , al indicar que, conforme a los
tiempos de servicio aportados, sus nombramientos fueron de carácter
nacional, por lo que no había lugar al reconocimiento y pago de la
pensión solicitada.

Posteriormente, el 28 de marzo de 2014 realizó una nueva petición
para el reconocimiento y pago de la pensión gracia, la cual fue
resuelta de forma negativa por la UGPP a través de la Resolución
RDP 018274 del 11 de junio de 2014 , al considerar que en la
constancia expedida por la Secretaría de Educación de Norte de
Santander, que estableció los valore s devengados por la interesada
desde el 11 de agosto de 1980 al 5 de octubre de 1980, no se indicó
el tipo de vinculación , por lo que dichos tiempos no pueden ser
contemplados.

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2.5 Análisis del caso concreto

Resulta necesario precisar que para acceder a la pensión gracia, la
interesada debe cumplir la totalidad de los requisitos, a saber: (i)
cumplir con 50 años de edad; (ii) acreditar una vinculación territorial
o nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980; (iii) haber
servido en el magisterio como docente oficial un por un término no
menor a 20 años con una naturaleza jurídica del vínculo territorial o
nacionalizado; (iv) haberse desempeñado en los empleos con
honradez, consagración y buena conducta.

Así las cosas, revisado el expediente y con el objeto de resolver el
problema jurídico planteado, la Sala encuentra como probado lo
siguiente:

2.5.1 Edad

La señora María Zoraida Mogollón de Orozco nació el 20 de mayo de
1958 13, por lo que el 20 de mayo de 200 8 cumplió 50 años.

2.5.2. Tiempo de servicio

2.5.2.1. Vinculación a partir del 1 1 de agosto de 19 80 al 5 de

13 V i s i b l e en CD obrante a folio 143 del expediente.

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octubre de 1980 14

Se tiene que la señora María Zoraida Mogollón de Orozco laboró como
docente interina desde el 11 de agosto de 1980 en la Escuela Urbana
de Niñas del municipio de Chitagá , nombrada a través de Decreto 925
de 1980, en remplazo de la educadora María Irma Correa de Mogollón ,
a quien se lo concedió licencia de maternidad 15, de conformidad con lo
siguiente:

14 Ex tr em o pr oc es a l c o n te n id o e n e l c er t if ic ad o d e h is t or ia l la b ora l e x pe d i do p or
e l FO M AG , o br a n te a f o li os 5 1 y 52 d e l ex p e d ie nt e .
15 V i s i b l e e n C D o b r a n t e a f o l i o 1 4 3 d e l e x p e d i e n t e .

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Sobre el particular, obra en el expediente certificado de historia laboral
expedido por el FOMAG 16, en el que se identifica n la fecha de inicio y
de terminación de esta vinculación y además se indica que el régimen
de pensiones correspondió a uno nacionalizado.

El 30 de julio de 2008 , el director de la Bibli oteca Pública Julio Pérez
Ferrero certificó 17 la siguiente información:

Posteriormente, el 25 de abril de 2014 expidió certificado 18 a través de l

16 Fo l ios
50 y 5 1 d el ex p ed i e nt e.
17 Fo l ios
41 d e l ex p ed i e nt e.
18 CD o br a nt e a f ol i o 9 1 de l ex p ed i e nt e

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cual indicó que, en el archivo histórico departamental de Norte de
Santander, encontró lo siguiente:

2.5.2.2. Vinculación a partir del 1 9 de junio de 1981 al 31 de

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octubre de 198 2 19

Se tiene que la señora María Zoraida Mogollón de Orozco laboró como
docente interina desde el 19 de junio de 1981 en la Escuela Urbana de
Niñas del municipio de Chitagá, nombrada a través de l Decreto 939 del
5 de julio de 1981 , en remplazo de la educadora Flor María Albarracín ,
a quien se lo concedió licencia 20, de conformidad con lo siguiente:

19 Ex tr em o pr oc es a l c o n te n id o e n e l c er t if ic ad o d e h is t or ia l la b ora l e x pe d i do p or
e l FO M AG , o br a n te a f o li os 4 9 y 50 d e l ex p e d ie nt e .
20 V i s i b l e e n C D o b r a n t e a f o l i o 1 4 3 d e l e x p e d i e n t e .

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Ahora bien, de las actas de posesión relacionadas , se destaca que la
docente fue nombrada p ara cumplir la labor docente en el municipio de
Chitagá, cargo del cual tomó posesión ante el alcalde municipal, esto
es, el representante de la entidad territorial. Adicionalmente, se
observa que no hubo ninguna intervención por parte del Ministerio de
Educación Nacional ni de alguno de los representantes o delegados
del Gobierno nacional.

Asimismo, se encuentra que las designaciones de la aquí demandante
para los periodos objeto de análisis tuvo lugar con posterioridad a la
nacionalización desarrollada por la Ley 43 de 1975 , sin que se
evidencie que la plaza ocupada haya sido objeto de ese proceso de
nacionalización.

Ahora, resulta relevante destacar que esta Sala 21 ha precisado que « El
carácter nacionalizado de la designación […] encuentra respaldo en el
artículo 1 de la Ley 91 de 1989, en tanto dispone que son
nacionalizados aquellos «docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir
de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de
1975». En similar sentido, la Corte Constitucional, mediante sentencia
C-085 de 2002, indicó que los «docentes nacionalizados» son «los
vinculados antes del 31 de diciembre de 1980, por las entidades
territoriales».

21 V e r
entre otras, la sentencia de 16 de febrero de 2023. Radicado: 81001 -23-
33-000-2013-00128-01 (1518-2015).

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En consonancia con lo expuesto, se observa que la Ley 91 de 1989 en
el artículo 1.° efectuó la diferenciación entre el personal nacional,
nacionalizado y territorial, a sí:

i) Personal nacional . Son los docentes vinculados por nombramiento
del Gobierno nacional.
ii) Personal nacionalizado . Son los docentes vin culados por
nombramiento de entidad territorial antes del 1.º de enero de 1976 y
los vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto
por la Ley 43 de 1975.
iii) Personal te rritorial . Son los docentes vinculados por
nombramiento de entidad territorial, a partir del 1.º de enero de 1976,
sin el cumplimient o del requisito est ablecido en el artí culo 1 0 de la
Ley 43 de 1975.

Lo anterior permite reafirmar que la aquí demandante para la
vinculación entre el 11 de agosto de 1 980 y el 5 de octubre de 1980;
y el 19 de junio de 1981 al 31 de octubre de 1982, ostentó una
naturaleza jurídica del vínculo territorial, dado que la designación la
realizó el representante del ente local con posterioridad al 1.° de enero
de 1976 sin el cumplimiento del requisito previsto en el artículo 10 de
la Ley 43 de 1975, que co nforme con la interpretación que se efectuó
en la sentencia de unificación CE-S UJ2-011-18 del 21 de junio de
2018, significa que la plaza a ocupar haya sido creada de forma
exclusiva por la entidad territorial y los gastos que esta genere se
cubran con cargo a su propio presupuesto.

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Asimismo, se advierte que para el periodo comprendido entre el 11 de
agosto de 1980 y el 5 de octubre de ese mismo año, la señora Mogollón
de Orozco estuvo afiliada a la caja de previsión territorial y además se
especificó que estaba adscrita a la Secretaría de Educación territorial.

Todo lo anterior, conlleva a tener la convicción de que el período
comprendido entre el 11 de agosto de 1980 y el 5 de octubre de
1980; el 19 de junio de 1981 y el 31 de octubre de 1982 , prestado
por la demandante fue de carácter territorial y resultara n válidos
como tiempo de servicio docente para reconocer la pensión gracia ,
siendo además el primer nombramiento, prueba de la vinculación
previa al 31 de diciembre de 1980 .

2.5.2.3. Vinculación a partir del 24 de mayo de 1990 al 24 de
octubre de 1990 22.

En el período de referencia, se advierte que el alcalde Municipal de
Chitagá vinculó a la demandante al servicio docente a través de
contrato de prestación de servicios , con el objeto de la prestación del
servicio como maestra por cinco meses contados a partir del 24 de
mayo de 1990. El pago estuvo a cargo del municipio por interme dio de
la tesorería.

2.5.2.4. Vinculación a partir del 1 de febrero al 30 de noviembre

22 Co n tra to v is ib l e e n C D o b r a n t e a f o l i o 1 4 3 d e l e x p e d i e n t e .

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de 1992 23.

En este punto la Secretaría de Educación del departamento de Norte
de Santander, vinculó a la demandante al servicio docente en la
Escuela Urbana de Varones, a través de orden de prestación de
servicios 180, con el objeto de que la señora Mogollón de Orozco
ejerciera como maestra por el periodo comprendido entre el 1 de
febrero y 30 de noviembre de 1992. Contrato que fue realizado con
cargo a inversión.

2.5.2.5. Vinculación a partir del 1 de febrero al 30 de noviembre
de 1993 24.

Se advierte que la Gobernación del departamento de Santander ,
vinculó a la demandante al servicio docente en la Escuela Urbana de
Varones a través de orden de prestación de servicios 226, con el objeto
de que la señora Mogollón de Orozco ejerciera como maestra por el
periodo comprendido entre el 1 de febrero y 30 de noviembre de 199 3.
Contrato que fue realizado con cargo a inversión .

2.5.2.6. Vinculación a partir del 1 de febrero al 30 de noviembre
de 1994 25.

Finalmente, el gobernador del departamento de Norte de Santander

23 Co n tra to v is ib l e e n C D o b r a n t e a f o l i o 1 4 3 d e l e x p e d i e n t e .
24 Co n tra to v is ib l e e n C D o b r a n t e a f o l i o 1 4 3 d e l e x p e d i e n t e .
25 Co n tra to v is ib l e e n C D o b r a n t e a f o l i o 1 4 3 d e l e x p e d i e n t e .

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vinculó a la demandante al servicio docente a través de orden de
prestación de servicios 1135, con el objeto de prestar sus servicios
como maestra en la Escuela Urbana de Varones , para el periodo
comprendido entre el 1 de febrero y 30 de noviembr e de 1994. Contrato
que fue cancelado con cargo a inversión .

Sobre el particula r, l a Sala precisa que a efectos de la pensión gracia,
lo que se debe acreditar a través de los contratos es el objeto de los
mismos, es decir, que efectivamente se haya vinculado a la
accionante para prestar el servicio do cente por cuanto , la Ley 114 de
1913 lo que está permitiendo es la retribución a quien haya ejercido
la labor docente, por lo tanto, los servicios prestados por los docentes
vinculados a través de contra tos u órdenes de prestación de servicios,
para reconocer la pensión que se reclama, deben ser tenidos en
cuenta para el cómputo del reconocimiento de dicha prestación, toda
vez que durante el lapso laborado mediante esta modalidad, se
entienden configurado s los elementos de la relación laboral que son
inherentes a la actividad realizada por los maestros.

Al respecto, la jurisprudencia de esta Corporación 26 ha sido clara en
señalar que el tiempo de servicio prestado por los docentes mediante

26 V e r
entre otras sentencias d el: 15 de julio de 2010. Rad. 25000 23 25 000 2007
91356 01 (1465-09); 10 de marzo de 2016, radicado 52001 -23-33-000-2013-
00145-01 (2604-14); del 19 de febrero de 2018, Rad: 25000234200020150003201
(2300–2017); 11 de marzo de 2001, radicado 52001 -23-33-000-2016- 00499-
01(2298-19); 19 de julio de 2018, radicado 17001 -23-33-000-2013-00457-01
(3598-14).

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Radicado: 54001-23-33-000-2018-00101-01
Demandante: María Zoraida Mogollón de Orozco

órdenes o contra tos de prestación de servicios, sí result a computable
para efectos de acreditar los 20 años de ejercicio de la docencia en
el nivel te rrito rial o nacionalizado requeridos para ser b eneficiario del
derecho pensional reclamado. Así, por ejemplo, en reciente
providencia se sostuvo:

«[ …] En est os casos, dada la nat ur aleza de la f unción docent e, el
pr incip io de l a pr im ací a de la r eal idad sobr e las f or m alida des cobr a
especia l r eleva ncia, habida cu ent a de que la labor desem peñada a
t r avés de cont r at os u ór denes de pr est ación de ser vicios desent r aña
una ver dader a r elación de t r abaj o sobr e la apar iencia que haya
quer ido ocult ar l a, com oquier a que los m aest r os vinculados baj o esa
m odalida d de cont r a t ación, se ins ist e, cum plen sim i lar es f u nciones a
los de plant a que est án suj et os a un especí f i co r égim en legal y
r eglam ent ar io y, adem ás, deben acr edit ar igual es cond ici ones de
f or m ación y exper iencia.

De igua l f or m a, en lo que r espect a a est e t ipo de vincul ación, en
par t icular cuando se t r at a de m aest r os, la Cor t e Const it ucional es del
cr it er io que la «[ …] pr im ací a de la r ealida d sobr e las f or m alidade s
est ablecid as por los suj et os de las relaci ones labor al es , es un
pr incip io const it ucio nal [ …] » 27, y si el intér pr et e j udicial, «[ …] en un
caso concr et o, decide, por que lo encuent r a pr obado, ot or gar l e a un
docent e cont r at ist a el car áct er de t r aba j ador al ser vici o de l Est ado,
puede hacer lo con b ase en el ar t í culo 53 de la CP [ …] » 28.

En est os casos, dada la nat ur aleza d e la f unción docent e, el pr incip io
de la pr im ací a de la r ealidad sobr e las f orm alida des cobr a especial
r elevanci a, puest o que la l abor desem pe ñada a t r avés de ór denes de
pr est ación de ser vic ios desent r aña una ver dader a r elació n d e t r abaj o
sobr e la apar ie ncia que haya quer id o o cult ar la, com oquier a que los

27 S e n t e n c i a C-555 de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz
28 I b i d e m .

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m aest r os vinculados baj o esa m odal idad de cont r at ación, se insist e,
cum plen sim il ar es f unciones a los de p lant a que est án suj et os a un
especí f ico r égim en l egal y r eglam ent ar i o y, adem ás, deben acr edit ar
igua les cond icio nes de f or m ación y ex per ienci a. Por t ant o, la Sa la
valid a el t iem po lab or ado por el accionant e com o docent e m ediant e
cont r at os de pr est ación de ser vicios, para que sea cont abiliz ado con
el ej er cido en pr op ie dad, cir cunst ancia q ue le per m it e, pr evi o est udio
de su caso part icula r , acceder al r econocim ient o de la pensi ón gr acia.
[ …] » 29

En este punto, es necesario señalar que obra en el proceso certificado
emitido por el alcalde del municipio de Chitagá expedido el 10 de mayo
de 2010 30, en el que se indicó que la demandante laboró como docente
vinculada mediante contrato municipal del 1 de julio al 30 de
noviembre de 1988 en la Escuela Urbana de Niñas y del 1 de marzo
al 30 de noviembre de 1989, en la misma institución educativa y del
24 de mayo al 23 de octubre de 1990 en la Escuela de Varones.

Asimismo, el director del núcleo educativo 42 de Chitagá, en
constancia expedida por el 19 de diciembre de 1994, señaló que la
señora Mogollón de Orozco trabajó como docente por soluciones
educativas en los años 1991 , 1992, 1993 y 1994 en la Escuela Urbana
de Varones.

De las anteriores certificaciones no obran en el expediente los
contratos municipales correspondientes a los años 1988 y 1989, razón

29 C o n s e j o
de Estado, Sección Segunda, sentencia de 30 de septiembre de 2021,
radicación número: 70001-23-33-000-2016-00191-01(0728-18).
30 V is ib l e e n CD obr a nt e a f o l io 1 4 3 d el ex p e d i en t e.

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por la cual estos periodos no pueden ser tenid os en cuenta para
efectos de reconocimiento de la pensión gracia por cuanto no se cuenta
con los presupuestos para determinar el objeto de dichos contratos y
los extremos temporales .

En conclusión, para efectos de acceder a la pensión gracia y en aras
de acreditar los 20 años de ejercicio de la docencia requeridos por la
Ley 114 de 1913, deben tenerse en cuenta los servicios prestados por
los docentes vinculados a través de contratos u órdenes de prestación
de servicios, en razón a que ejercen las mismas funciones que los
vinculados en propiedad mediante un acto legal y regla mentario. En
este punto, lo relevante es que el docente , al reclamar el derecho ,
haya prestado esos servicios en un establecimiento del nivel territorial
o nacionalizado , situación que fue acreditada mediante los contratos
allegados y la certificación relacionada, por lo que dichos tiempos
deben incluirse en el cálculo para acceder a la pensión gracia.

En esos términos, no cabe duda para esta Sala que dichas
vinculaciones media nte órdenes y contratos de prestación de
servicio son computables para acc eder a la pensión gracia al dar
cuenta de que la demandante fue vinculada al servicio del municipio
del Valle del Cauca , como docente en l os períodos referido s, labor
que como se dijo, resulta ser efectiva para acceder al beneficio de la
pensión gracia, pues las leyes que regulan la materia la concibieron
como una compensación o retribución a favor de los maestros que

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laboraran en el nivel territo rial sin e xigir una calidad d e vinculación
específica 31.

En ese orden de ideas, se concluye que la docente María Zoraida
Mogollón de Orozco a través de los contratos y las órdenes de
prestación de servicios, señalados en los acápites del 2.5.2.3 al
2.5.2.6, tuvo una vinculación con carácter territorial por cuanto los
recursos con los que fueron cancelados se hicieron con cargo al
municipio y no se observa ninguna intervención por parte del gobierno
Nacional.

Todo lo anterior, quiere decir que los tiempos de servicios prestados
por la demandante entre el 24 de mayo de 1990 y el 24 de octubre
de 1990; el 1 de febrero y el 30 de noviembre de 1992; el 1 de
febrero y el 30 de noviembre de 1993 y el 1 de febrero y el 30 de
noviembre de 1994 , resultarían válidos para acceder a la pensión
gracia por tratarse de una vinculación del orden territorial.

2.5.2.7. Vinculación entre el 17 de marzo de 1995 y 1 7 de junio de
de 2013 32

31 E n
igual sentido pueden consultarse las siguientes sentencias de la Sección
Segunda Subsección A del 27 de junio de 2018, radicado interno 3597-2015, y
más recientemente en sentencia del 5 de diciembre de 2022, radicado interno
4868-2015. C.P. Gabriel Valbuena Hernández.
32Fecha de expedición del último certificado laboral obrante en el expediente,
emitido por el FOMAG , visible a folio 159.

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Al respecto, se e ncuentra que mediante Decreto 000202 del 7 de
marzo de 1995 33, la señora María Zoraida Mogollón de Orozco fue
nombrada en propiedad por el gobernador del departamento de Norte
de Santander, como maestra en la Escuela Urbana de Varones, a
saber:
«D E CR ETO 00 0 20 2 d e 7 d e m arz o d e 19 9 5

E L G O B E RN A DO R D E L D E P A RT A M ENTO NO R T E D E SA NT A ND ER EN
EJ ER CI CI O D E L A S A TRI B UC IO N E S CO N F ER ID A S E N E L AR TI C ULO 3 05
DE L A CO N S TIT UC IO N PO L IT IC A Y D E CO NFO R M ID A D CO N E L DE CR E TO
22 7 7 D E 1 97 9. Y E L P AR AG R A FO 1 DE L A RTI CU LO 1 0 5 D E L A L E Y 11 5
DE 19 9 4, Y
CO N S ID E RA N DO

Q u e, me d i an te O r d e n anz a 0. 0 01 d el 6 de Ma rz o d e 1 99 5 , d e la Ho n ora b l e
As am b l ea d el D ep ar t am e nt o en s u art íc u l o pr i m er o or d en a Cr ear 1 1 41
Nu ev as P l az as Doc e nt es , par a inc or po rar a los doc e nt es q u e v e ní a n
l ab or an d o p or S o luc i o nes E d uc a t iv as D ep ar t am e nt a l es v i nc u la d os an t es d e l
8 d e fe br er o de 1 9 9 4.
Q u e, s e h ac e n ec es ar i o e l n om br a mi e nt o d e l os doc e nt es .
[… ]

AR TI CU LO 6 0. No m br ar en pr op i e da d p or n ec es i d ad es de s erv ic i o MA RI A
ZO RA ID A MO G O LLO N D E O RO ZCO c o n c éd u l a de c i u da d an í a Nú m er o
27 6 86 4 13 ex pe d i da e n C HIT AG A Co n G r a d o 7 e n e l Es c al a fó n Doc e nt e,
Es pec i a l id a d E N S EÑ AN Z A P RI M A RI A pa ra d es em p e ñar e l c arg o de
S ec c i o n al e n E S C U RB D E VA RO N E S q u e f u nc io n a en e l M u n ic ip i o d e
CH IT AG A. F ir ma go b e r na d or
Fir m a S ec r e t ar io d e E duc ac i ón D e par t am e nt a l » . (s ic )

De la anterior vinculación, la actora tomó posesión del cargo de
maestra en la en la Escuela Urbana de Varones el 17 de marzo de
1995 34.

33 F o l i o s 45 al 47 del expediente.
34 V i s i b l e en CD obrante a folio 143 del expediente .

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Sobre el particular, obra en el expediente certificado de historia laboral
expedido por el FOMAG 35, en el cual se indicó que el régimen de
pensiones de la actora fue nacional, a saber:

Adicionalmente, reposa en el expediente certificado de tiempos de
servicios expedido por la Secretaría de Educación Departam ental de
Norte de Santander en el que se advierte lo siguiente:

35 Fo l ios 46 , 4 7 y 4 8 d e l ex p ed i en t e.

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Así las cosas, sobre la vinculación de la señora Mogollón de Orozco,
obra en el proceso certificado de historia laboral expedido por el
FOMAG el 17 de junio de 2013, en el que se indicó que el régimen de
pensiones de la demandante fue de carácter Nacional. En
consecuencia, la prueba referenciada , no desvirtúa la certificación
expedida por la Secretaría de Educación de Norte de S antander , en
la que se especificó que la actora tenía una vinculación
departamental, pues FOMAG se refie re al régimen de pensiones y no
al tipo de vinculación.

Ahora bien, en el decreto analizado se advierte que el gobernador del
departamento de Norte de Santander invocó las atribuciones en el
artículo 305 de la Constitución Política de Colombia, el Decreto 2277
de 1979 y el artículo 105 de la Ley 115 de 1994. En ese sentido, se

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tiene que la autoridad territorial señaló que el nombramiento lo
efectuaba en ejercicio de las facultades conferidas por dichas n ormas,
las cuales disponen:

«Ley 115 de 1994 «Artículo 105. - Vinculación al servicio
educat ivo estatal. La vinculación de personal docente, dir ectivo y
administrat ivo al servicio público educativo estatal, sólo podrá
efectuarse mediant e nombramiento hecho por decreto y dentro de
la planta de personal aprobada por l a respectiva entidad terr it orial.
Únicament e podrán ser nombrados como educadores o
funcionar ios administrativos de la educación estatal, dentro de la
planta de personal, quienes previo concurso, hayan sido
seleccionados y acrediten los requisitos legales. […]».

Por su parte, el Decreto 2277 de 1979 establece el régimen especial
para regular las condiciones de ingreso y demás situaciones
administrativas sobre el ejercicio de la profesión docente.

Del decreto de nombramiento relacionado, resulta necesario destacar
que en el asunto bajo análisis la docente fue nombrada por el
representante de la entidad territorial, esto es, el gobernador del
departamento de Norte de Santander, sin intervención alguna del
Gobierno nacional.

En consonancia con lo expuesto, se observa que la Ley 91 de 1989 en
el artículo 1.° efectuó la diferenciación entre el personal nacional,
nacionalizado y territorial, así:

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i) Personal nacional . Son los docentes vinculados por nombr amiento
del Gobier no nacional.
ii) Personal nacionalizado . Son los docentes vinculados por
nombramiento de entidad territ orial antes del 1.º de enero de 1976 y
los vinculados a part ir de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto
por la Ley 43 de 1975.
iii) Personal territo rial. Son los docentes vinculados por
nombramiento de ent idad territorial, a par tir del 1.º de enero de 1976,
sin el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 10 de la
Ley 43 de 1975.

Lo anterior permite concluir que la aquí demandante duran te el periodo
comprendido entre el 17 de marzo de 1995 y 17 de junio de febrero
de 2013, ostentó una naturaleza jurídica del vínculo territorial, dado
que la designación la realizó el representante del ente territorial con
posterioridad al 1.° de enero de 1976 sin el cumplimiento del requisito
previsto en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.

Así las cosas, del análisis integral del certificado de tiempos de
servicios expedido por la Secretaría de Educación Departamental de
Norte de Santander, que indicó que la actora tenía una vinculación
departamental; y del acto de nombramiento que incorporó a docentes
que venían laborando por soluciones educativas departamentales. Es
claro que la señora María Zoraida tuvo una vinculación territorial
(departamental). Además, al ser incorporada, mantuvo la vinculación
territorial con la que venía laborando en virtud de los contratos y
órdenes de prestación de servicios.

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En ese orden de ideas, los tiempos de servicios de la señora María
Zoraida Mogollón de Orozco, fueron prestados en los siguientes
extremos temporales:

Fechas
A ct os de nombramient o Desde Hast a
y nat ural eza de l a
vi ncul aci ón
Decr et o 0925 de 1980 11 de agost o de 1980 5 de oct ubr e de 1980
( I nt er ina)
( Ter r it or ial)
Decr et o 939 de 1981 19 de j unio de 1981 31 de oct ubr e de
( Ter r it or ial) 1982
Contrato de prestación de 24 de m ayo de 1990 24 de oct ubr e de
servicios 1990
( Ter r it or ial)
Orden de prestación de 1 de f ebr er o de 1992 30 de noviem br e de
servicios 1992
( Ter r it or ial)

O r den de pr est ación de 1 de f ebr er o de 199 3 30 de noviem br e de
ser vicios 1135 1993
( Ter r it or ial)
O r den de pr est ación de 1 de f ebr er o de 199 4 30 de noviem br e de
ser vicios 226 1994

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( Ter r it or ial)
Decr et o 00202 de 1995 17 de m ar zo de 1995 17 de j unio de 2013
( Ter r it or ial)

Así las cosas, los servicios presta dos por la demandante como
docente territorial entre el 11 de agosto de 1980 y el 5 de octubre
de 1980; el 19 de junio de 1981 y el 31 de octubre de 1982; el 24
de mayo de 1990 y el 24 de octubre de 1990 ; 1 de febrero al 30 de
noviembre de 1992 ; 1 de febrero al 30 de noviembre de 1993; 1 de
febrero al 30 de noviembre de 1994 y; 17 de marzo de 1995 al 17
de junio de 2013 , esto es, de manera interrumpida, resulta válido
para efectos de contabilización del tiempo d e 20 años para hacerse
beneficiaria de la p ensión gracia. Para un total de 2 3 años, 4 meses
y 17 días .

De conformidad con lo anterior, se advierte que el 7 de octubre de
2010 la señora María Zoraida Mogollón cumplió 20 años de servicio y
consolidó el estatus pensional, por cuanto para ese momento ya
contaba con más de 50 años de edad y no está en discusión el
desempeño en los empleos con honradez, consagración y buena
conducta.

En esos términos, se modificará el fallo de primera instanci a, en el
sentido de establecer como fecha de consolidación del estatus
pensional el 7 de octubre de 2010 y se ordenará el reconocimiento y

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pago de la pensión equivalente al 75% del promedio de todos los
factores salariales devengados en el año inmediatamen te anterior a la
consolidación de su estatus pensional al considerar que es un aspecto
indispensable reformar 36, pero con la precisión de que los efectos
fiscales serán a partir del 25 de enero de 2013 , tal como lo dispuso el
a quo.

Lo anterior, comoquiera que en la sentencia de primera instancia se
estipuló que el reconocimiento de la pensión tendría efectos fiscales a
partir del 25 de enero de 2013 , con ocasión de la declaratoria de
prescripción, aspecto que no fue objeto de apelaci ón, por consiguiente,
atendiendo que el recurso fue interpuesto únicamente por la UGPP,
esta Sala de Subsección se encuentra limitada a los reparos
formulados por la entidad y no hay lugar a impartir alguna orden que
afecte la garantía del principio de la non reformatio in pejus que le
asiste como apelante único.

36 « A R T Í C U L O 3 2 8 . C O M P E T E N C I A D E L S U P E R I O R . E l j u e z d e s e g u n d a i n s t a n c i a

deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos e xpuestos por el apelante,
sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos
por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no
apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y
decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo
que, en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos
íntimamente relacionados con ella .
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de
recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia.»
(Negrilla de la Sala)

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De la prescripción.

Teniendo en cuenta que procede el reconocimiento de la prestación
reclamada, es necesario determinar si se configura la prescripción,
para lo cual se t iene presente que la demandante consolidó su
derecho de pensión el 7 de octubre d e 2010 con el acre ditamiento de
los 20 años de servicio, presentó la reclamación el 27 de junio de
2013, y la demanda fue radicada el 25 de enero de 2016.

En ese orden de ideas, es claro que en el presente casó no operó el
fenómeno jurídico de la prescripción ; no obstante, este punto no se
modificará, de conformidad con lo expuesto en precedencia, esto es,
para no perjudicar a la entidad en calidad de apelante única .

Conclusión.

De acuerdo con el material probatorio, la Sala encuentra que la señora
Rocío del María Zoraida Mogollón de Orozco cumple con todos los
requisitos exigidos para el reconocimiento y pago de una pensión
gracia, en la medida que tuvo una vinculación con anterioridad al 31
de diciembre de 1980, no existen reproches sobre su buena conducta
como docente oficial, cumplió con más de los veinte años de servicio
como docente territorial , adquirió 50 años de edad el 20 de mayo de
2008, y consolidó su estatus el 7 de octubre de 2010 f echa en que
cumplió el tiempo de servicio como docente.

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Finalmente, se resalta que del análisis probatorio efectuado que fue
sustento de la presente providencia para determinar el tipo de
vinculación de la educadora , no se advierte que hubiese sido objeto de
tacha por alguna de las partes, de manera que conserv a validez.

2.6. Condena en costas

En el caso concreto, no se advierte que haya lugar a condenar en
costas a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP,
comoquiera que si bien en anteriores oportunidades esta Sala de
Subsección realizaba una valoración objetiva para determinar si había,
o no, lugar a condenar en costas, lo cierto es que actualmente, con la
entrada en vigencia de la Ley 2080 de 2021, es procedente efectuar un
estudio respecto de la conducta de las partes en el proceso y la
carencia de fundamentación jurídica, por lo que en esos términos al
hacer extensiva esa interpretación al caso bajo análisis, de la revisión
del recurso de apelación, no puede observarse dicha s ituación,
contrario a ello, en el recurso se sustentaron las razones en defensa
jurídica de sus intereses y, por ende, no se condenará en costas en
esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, S ección Segunda, Subsección A,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley,

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FALLA

PRIMERO. MODIFICAR el ordinal tercero del fallo del 6 de junio de
2019, proferido por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander,
en el sentido de establecer como fecha del estatus pensional de la
demandante, el 7 de octubre de 2010. El cual quedará así:

«T ERCERO : A t ít ulo de r est ablecim ient o del der echo O RDÉNESE a
la UNI DA D A DM I NI ST RAT I VA ESPECI A L DE G EST I Ó N PENSI O NAL
Y CO NT RI BUCI O NES PA RA FI SCA LES DE LA PROTECCI O N
SO CI A L - UG PP - reconocer y pagar la pensión j ubi lac ión gr acia a
f avor de la señor a MA RI A ZO RA I DA M OG O LLÓ N DE ORO ZCO,
ident if ica da con c édula d e ciud adan í a 27. 686. 413 de Chit agá,
ef ect iva a par t ir del 7 de oct ubre de 201 0, en cuant í a equiva lent e al
75% del pr om edio de lo devengado dur ant e el últ im o año de ser vicios
ant er ior a la f echa en que adquir ió el st at us ( 7 de oct ubr e de 2009 al
7 de oct ubr e de 2010) , pero con efectos fiscales a partir del 25 de
enero de 2013, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva ».

SEGUNDO. CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia apelada.

TERCERO. No condenar en costas en esta instancia, en atención a
lo expresado en esta sentencia.

CUARTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede
Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”,

www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 54001-23-33-000-2018-00101-01
Demandante: María Zoraida Mogollón de Orozco

y ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de
origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en
sesión del (3) de agosto de dos mil veintitrés (2023 ).

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado Consejero de Estado

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Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
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