Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 54001-23-33-000-2018-00147-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 54001-23-33-000-2018-00147-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 54001-23-33-000-2018-00147-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
11 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Once (11) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 54001 23 33 000 2018 00147 01 (3561-2022)
Demandante: Jorge Luis Monsalve Martínez1
Demandado: Nación - Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional2
Tema: Pensión de sobrevivientes
Decisión: Confirma la sentencia de primera instancia debido a que no se
cumplieron los requisitos del Decreto 89 de 1984 para reconocer la
pensión de sobrevivientes. En cuanto a las prestaciones reclamadas
fueron pagadas a quien en su momento acreditó mejor derecho.
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la sentencia
de primera instancia del 14 de octubre de 2021, dictada por el Tribunal Administrativo de
Norte de Santander.
I. ANTECEDENTES
Demanda
1. El accionante, representado legalmente por su «guardadora legítima»3, instauró
demanda contenciosa administrativa en ejercicio del medio de control de la referencia
con el objeto de que se declare la nulidad de las Resoluciones 4049 del 7 de noviembre
de 2017 y 0066 del 18 de enero de 2018, así como de los oficios 20173671930191 del
31 de octubre de 2017, 20173622095691 del 23 de noviembre del mismo año y
20173672240291 del 14 de diciembre de 2017, mediante los cuales se negó el pago de
las prestaciones sociales, de la pensión de sobrevivientes solicitada, se resolvió un
recurso de reposición confirmando la decisión y se dio una información, respectivamente.
2. A título de restablecimiento del derecho solicitó ordenar al Ejército Nacional
reconocer de forma retroactiva la pensión de sobrevivientes en calidad de hijo del señor
Henry Monsalve Penagos, desde el 30 de julio de 1986, fecha del fallecimiento, hasta el
pago efectivo «y en adelante mientras subsistan y se mantengan las causas de ese
1 Dada su condición de interdicción, está representado a través de su madre María Lorenza Martínez
Orozco.
2 En adelante Ejército Nacional.
3 Mediante sentencia del 25 de marzo de 2014, emitida por el Juzgado Primero de Familia de Ibagué se
decretó la interdicción definitiva de Jorge Luis Monsalve Martínez por discapacidad mental absoluta y, en
consecuencia, se nombró a la señora María Lorenza Martínez Orozco como su guardadora legítima. Índice
2 de Samai, archivo zip, denominado «002AnexosDemanda» folios 40 a 48.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Demandante: Jorge Luis Molsalve Martínez
reconocimiento» de conformidad con lo previsto en los artículos 19 y 19.1 y 19.1.1 del
Decreto 4433 de 2004. Adicionalmente, indicó que al encontrarse en estado de
interdicción, las mesadas pensionales no están sujetas al fenómeno prescriptivo.
3. De igual manera, reclamó el pago de «los tres (3) meses de salario como activo
(tres meses de alta), la compensación por muerte (48 meses de haberes), las cesantías
dobles y demás haberes tales como: prima de navidad, prima de servicio anual,
vacaciones, prima vacacional, diferencia de haberes, cesantías y el fondo vacacional» y
el seguro de vida que debió recibir con ocasión del fallecimiento de su padre. Por último,
pidió se ajuste el valor de la condena y se ordene el cumplimiento de la sentencia en los
términos de los artículos 192 y 195 del CPACA4.
4. Señaló que el subteniente Henry Monsalve Penagos prestó sus servicios en el
Ejército Nacional entre el 26 de enero de 1981 y el 30 de julio de 1986, esto es, durante
cuatro años, dos meses y diecinueve días de servicio y fue ascendido póstumamente al
grado de teniente.
5. Indicó que mediante sentencia emitida el 13 de julio de 2017 por el Juzgado
Primero de Familia de Ibagué en el proceso de filiación extramatrimonial, se declaró que
Jorge Luis es hijo del causante y que, en tal condición, le asiste el derecho a acceder a
la seguridad social y recibir las prestaciones sociales correspondientes5. Añadió que al
no efectuarse dicho reconocimiento, se vulneran sus derechos fundamentales al mínimo
vital, a la seguridad social, a una vida digna y a la salud, entre otros.
6. Solicitó que en aplicación del principio de favorabilidad se le reconozca la
pensión de sobrevivientes, pues considera que acreditó los requisitos exigidos en los
artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993, así como en los Decretos 1211 de 1990 y 4433
de 2004.
7. Formuló reclamación ante la entidad demandada dirigida a obtener el
reconocimiento y pago de los derechos prestacionales, seguro de vida y pensión de
sobreviviente, lo cual fue negado mediante los actos acusados.
Contestación de la demanda
8. El Ministerio de Defensa - Ejército Nacional6 se opuso a las pretensiones de
la demanda, al considerar que los actos administrativos demandados fueron expedidos
con fundamento en las normas aplicables. En relación con la pensión de sobrevivientes,
señaló que no se acreditó la dependencia económica exigida para su reconocimiento y
respecto de las prestaciones sociales reclamadas indicó que estas ya habían sido
reconocidas a la señora Cecilia Penagos de Monsalve, madre del causante, mediante
4 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
5 Hecho 3.8.
6 Índice 2 de Samai, archivo zip, denominado «006ContestaciónDemanda».
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Demandante: Jorge Luis Molsalve Martínez
Resolución 5117 del 13 de julio de 1987 debido a que para ese momento la entidad
desconocía la existencia de otra persona con mejor derecho.
9. En consecuencia, formuló las excepciones de «no comprender la demanda a
todos los litisconsortes necesarios», inexistencia de ilegalidad o nulidad de los actos
administrativos demandados, prescripción, carencia del derecho de los demandantes e
inexistencia de la obligación de la demandada, presunción de legalidad del acto acusado
y cualquier otra que se encuentre probada.
Decisión de excepciones previas
10. En audiencia inicial celebrada el 27 de agosto de 20197 se declaró no probada
la excepción de indebida integración del litisconsorcio necesario propuesta por la entidad
demandada.
Sentencia apelada
11. El Tribunal Administrativo de Norte de Santander8 negó las pretensiones de la
demanda y se abstuvo de condenar en costas a la entidad.
12. Para sustentar su decisión, indicó que la norma aplicable para determinar el
derecho a la pensión de sobrevivientes es la vigente al momento del fallecimiento del
causante. En ese sentido, como el deceso ocurrió el 30 de julio de 1986, el régimen que
correspondía aplicar era el previsto en el Decreto 89 de 1984, concretamente en el
artículo 181, que exigía acreditar un mínimo de doce años por parte del oficial o suboficial
fallecido; no obstante, el causante únicamente prestó sus servicios por 4 años, 2 meses
y 19 días en calidad de teniente póstumo, por lo que no cumplió la exigencia temporal
prevista en la norma y en consecuencia el derecho no surgió a la vida jurídica.
13. Añadió que no era viable aplicar retroactivamente la Ley 100 de 1993 con
fundamento en el principio de favorabilidad, en tanto dicho régimen general no se
encontraba vigente al momento del fallecimiento, requisito indispensable para acudir a
una disposición distinta.
14. En cuanto a la pretensión dirigida al reconocimiento de las prestaciones
sociales, advirtió que en la parte considerativa de la Resolución 4049 de 2017 se dejó
constancia de que mediante Resolución 5117 del 13 de julio de 1987 se reconoció y
ordenó el pago de tales haberes junto con la compensación por muerte a favor de Cecilia
Penagos, madre del causante. Indicó que este acto no fue demandado, por lo que no es
posible efectuar un juicio de legalidad respecto de este. En todo caso, precisó que, al
momento del reconocimiento y pago, la administración desconocía la existencia del
demandante.
7 Índice 2 de Samai, archivo zip, denominado «009ActaAudIni».
8 Índice 2 de Samai, archivo zip, denominado «013SentenciaNyR».
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15. Sostuvo que ni la Resolución 4049 ni el oficio 20173672240291 del 14 de
diciembre de 2017 negaron las prestaciones reclamadas, de modo que no procede
analizar su eventual nulidad por la supuesta negativa de un derecho sobre el cual no se
pronunciaron.
16. Agregó que si bien mediante sentencia del 13 de julio de 2017, el Juzgado
Primero de Familia del Circuito de Ibagué declaró la filiación extramatrimonial de Jorge
Luis, tal declaración «no produce efectos patrimoniales a favor del señor Jorge Luis
Monsalve Martínez en la sucesión del señor Henry Monsalve, por caducidad de la acción
de conformidad con lo preceptuado en el artículo 10 de la Ley 75 de 1968».
17. Finalmente, concluyó que para la fecha del fallecimiento del causante, la
entidad no pudo desconocer ni vulnerar las normas superiores que reconocen a los hijos
un derecho preferente al pago de las prestaciones sociales del padre fallecido, dado que
el demandante para ese momento - 30 de julio de 1986 - no ostentaba legalmente esa
condición. Adicionalmente, por cuanto no promovió el proceso de sucesión dentro de los
dos años siguientes al deceso.
Recurso de apelación
18. Inconforme con la decisión, el demandante interpuso recurso de apelación9
en el que sostuvo que el Tribunal al aplicar la ley vigente al momento del fallecimiento del
causante desconoció la protección constitucional en favor de las personas con
discapacidad, pues solo pudo reclamar sus derechos a partir del 2017, cuando se
reconoció mediante decisión judicial su filiación extramatrimonial como hijo del causante,
por lo cual considera que su derecho surgió con dicha declaración. No obstante, afirmó
que inclusive para la fecha del fallecimiento de su padre, cumplía con el requisito de
dependencia económica exigido para acceder a la prestación.
19. En ese contexto, señaló que en caso de no acceder al reconocimiento
pensional solicitado10, en su lugar, se concedan las prestaciones sociales reclamadas por
muerte en combate, la compensación por muerte y el pago del seguro de vida, previstas
en el Decreto 89 de 1984, pues pese a que fueron pagadas de buena fe a la madre del
causante, al demandante le asiste mejor derecho, según el orden de beneficiarios
establecido en el mencionado decreto. Para lo anterior, solicitó que se tenga en cuenta
que la negativa a su derecho se materializó con la Resolución 0066 del 18 de enero de
2018 y no a través de la Resolución 5117 de 1987 como lo sostuvo el a quo.
II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
9 Índice 2 de Samai, archivo zip, denominado «014RecursoApelación».
10 Indicó que inicialmente su pretensión se fundamentó en que antes de la expedición de la sentencia de
unificación del 25 de abril de 2013, se permitía aplicar la Ley 100 de 1993 a situaciones consolidadas con
anterioridad a su entrada en vigencia.
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20. Mediante auto del 13 de octubre de 202211 se admitió el recurso de apelación.
Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio durante esta etapa12.
III. CONSIDERACIONES
Competencia
21. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), modificado por los artículos
615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de
Estado es competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las
sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos.
Problema jurídico
22. Según los reparos concretos planteados procederá la Sala a estudiar si el
Tribunal erró en aplicar el régimen vigente al momento del fallecimiento del causante a
fin de establecer si al actor le asistía derecho al reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes; por otro lado, si el a quo debió acceder a las prestaciones sociales
reclamadas, considerando que el demandante aduce tener un mejor derecho.
Análisis del problema jurídico
23. La Sala confirmará la sentencia de primera instancia, en tanto que al apelante
no le asiste derecho al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes ya que no se
acreditaron los requisitos exigidos para su causación en el Decreto 89 de 1984, norma
vigente al momento del fallecimiento del causante, particularmente el tiempo mínimo de
doce años de servicio. Adicionalmente, las prestaciones sociales reclamadas fueron
reconocidas y pagadas a quien en su momento acreditó tener derecho.
24. En el presente asunto, la pretensión del demandante, fundada en su calidad
de hijo extramatrimonial declarada mediante sentencia del 13 de julio de 201713, apunta
a que se le reconozca la pensión de sobrevivientes, las prestaciones sociales derivadas
de la muerte en combate de su padre Henry Monsalve Penagos y el seguro de vida,
peticiones que, como se expuso en los antecedentes de esta decisión, fueron negadas
por cuanto el causante no acreditó el tiempo exigido para reconocer la pensión mensual
y porque las prestaciones sociales reclamadas fueron reconocidas y pagadas a la madre
de este14 Cecilia Penagos mediante la Resolución 5117 de 1987.
25. En ese contexto, a efectos de verificar si le asiste el derecho al reconocimiento
que reclama, se impone precisar que el derecho a la pensión de sobrevivientes se
11 Índice 4 de Samai.
12 No se observa manifestación al respecto en el informe secretarial visible en índice 9 de Samai.
13 Índice 2 de Samai, archivo zip, denominado «002AnexosDemanda» folios 49 a 57.
14 Del causante.
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consolida con el fallecimiento. En ese sentido, esta Corporación15 ha sostenido que la
norma aplicable para determinar el derecho a la pensión de sobrevivientes es aquella
vigente al momento del deceso del causante. De manera que «no es procedente acceder
al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, aplicando lo establecido en el artículo
46 de la Ley 100 de 1993, a situaciones consolidadas con anterioridad a su vigencia»16.
26. Conforme a lo anterior, en atención a que la muerte del teniente póstumo Henry
Monsalve ocurrió el 30 de julio de 198617 y fue catalogada como «en combate y por acción
directa con el enemigo»18, la solución al problema jurídico debe regirse por lo previsto en
el Decreto 89 de 198419 al ser la norma vigente al momento del fallecimiento. En tal
sentido, corresponde aplicar lo previsto en los artículos 17820 y 181 ibidem21 relativa a las
prestaciones por esta causa.
27. Al revisar la sentencia atacada se advierte que el Tribunal negó la pensión de
sobrevivientes debido a que, de conformidad con el literal c) del artículo 181 era necesario
que el causante acreditara por lo menos doce años de servicio y solo demostró «cuatro
años, dos meses y diecinueve días»22, decisión con la que concuerda la Sala, pues no
15 Ver, entre otras, Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 25 de abril de 2013,
radicado 76001 23 31 000 2007 01611 01 (1605-2009); sentencia del 4 de julio de 2013, radicado 05001
23 31 000 2008 00975 01 (2285-2012); sentencia del 10 de octubre de 2013, radicado 25000 23 25 000
1997 03631 01 (1199-2012); sentencia del 26 de mayo de 2016, radicado 25000 23 42 000 2013 05492 01
(0409-2015); sentencia del 19 de octubre de 2017, radicado 05001 23 33 000 2013 00069 01 (0835-2015);
sentencia del 8 de julio de 2021, radicado 76001 23 33 000 2016 01565 01 (1059-2019); sentencia del 4
de agosto de 2022, radicado 76001 23 33 000 2018 00518 01 (3640-2021); sentencia del 12 de diciembre
de 2023, radicado 05001 23 33 000 2017 01892 01 (0566-2023); sentencia del 21 de septiembre de 2023,
radicado 68001 23 33 000 2019 00163 01 (0189-2023); sentencia del 24 de mayo de 2024, radicado 76001
23 33 000 2017 00148 01 (5265-2022).
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, radicado 19001 23 33 003 2013 00259 01 (2768-
2014).
17 Índice 2 de Samai, archivo zip, denominado «006ContestaciónDemanda», folio 59.
18 Ibidem; «002AnexosDemanda», folios 58 y 59 «concepto informativo N° 021 por muerte del señor ST.
Henry Monsalve Penagos».
19 «Por la cual se reorganiza la carrera de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares».
20 Artículo 178. Tres meses de alta por fallecimiento. A la muerte de un oficial o suboficial de las Fuerzas
Militares en servicio activo, sus beneficiarios en el orden y proporción establecidos en el presente Estatuto,
continuarán recibiendo durante tres (3) meses, de la Entidad que le venía pagando, los haberes de
actividad.
Lo anterior fue reconocido a través del Decreto 2847 del 11 de septiembre de 1986 «Por el cual se causa
la baja de un oficial del Ejército por defunción»; visible en ibidem «002AnexosDemanda», folio 62.
21 Artículo 181. Muerte en combate. Durante la vigencia del presente Estatuto, a la muerte de un oficial o
suboficial de las Fuerzas Militares en servicio activo, por hechos inherentes al combate o por acción del
enemigo, bien sea en conflicto internacional o en el mantenimiento o restablecimiento del orden público,
será ascendido en forma póstuma al grado inmediatamente superior, cualquiera que fuere el tiempo de
servicio en su grado. Además sus beneficiarios, en el orden establecido en este Estatuto, tendrán derecho
a las siguientes prestaciones:
a) A que el Tesoro Público les pague por una sola vez, una compensación equivalente a cuatro (4)
años de los haberes correspondientes al grado conferido al causante, tomando como base las
partidas señaladas en el Artículo 151 de este Estatuto;
b) Al pago doble de la cesantía por el tiempo servido por el causante; y
c) Si el oficial o suboficial hubiere cumplido doce (12) o más años de servicio, a que el Tesoro Público
les pague una pensión mensual, la cual será liquidada y cubierta en la misma forma de la asignación
de retiro, de acuerdo con el grado y el tiempo de servicio del causante.
22 En el acto acusado Resolución 4049 de 2017 en los considerandos se expuso: «Que el teniente
(póstumo) del Ejército Nacional, MONSALVE PENAGOS HENRY, ingresó el 26 de enero de 1981 y su
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está satisfecho el requisito de tiempo de servicio exigido, que le permitiera acceder al
derecho reclamado.
28. Ahora bien, el apelante refiere que al aplicar tal disposición se desconoció la
protección especial de los derechos de quienes se encuentran en situación de
discapacidad; sin embargo, tal situación no lo exime de probar los requisitos legales para
obtener la pensión de sobrevivientes y en el caso concreto se pudo constatar que el
causante no alcanzó a prestar su servicio durante el tiempo requerido para ello. La Sala
no desconoce que las personas con discapacidad son sujetos de especial protección,
empero, ello no implica eliminar requisitos legales o reconocer derechos que no se
causaron.
29. Ahora bien, en cuanto a las prestaciones sociales derivadas del fallecimiento
se advierte que de conformidad con el orden de beneficiarios previsto en el artículo 17723
del Decreto 89 de 1984, en principio, el demandante tendría derecho a su reconocimiento
pues en orden preferente tiene mejor derecho un hijo del causante respecto de la madre
de aquel, como sucede en el caso concreto, si no fuera porque la calidad de hijo del actor
fue declarada hasta el 13 de julio de 2017, mediante sentencia emitida por el Juzgado
Primero de Familia de Ibagué24 la cual en su numeral tercero dispuso:
DECRETAR que la anterior declaración de paternidad no produce efectos
patrimoniales a favor del señor JORGE LUIS MONSALVE MARTÍNEZ en la sucesión de
su padre HENRY MONSALVE PENAGOS, por caducidad de la acción en cuanto a estos
derechos de conformidad con lo preceptuado en el Art. 10 de la Ley 75 de 1968. [Se
resalta]
30. Con todo, la Sala no desconoce que el actor ostenta la condición de hijo del
causante desde que nació25, no obstante, los efectos patrimoniales de dicha declaración
están condicionados, según lo previsto en el artículo 10 de la Ley 75 de 196826 que
estableció:
retiro se produjo el 30 de julio de 1986, por muerte, según consta en la Hoja de Servicios No. 655 EJC del
05 de noviembre de 1986 (folio 4, carpeta 145716).
Que el fallecido oficial completó un tiempo de servicio a liquidar de cuatro (4) años, dos (2) meses y
diecinueve (19) días, incluido el tiempo de cadete, subteniente y diferencia de año laboral, según Hoja de
Servicios No. 655 EJC del 05 de noviembre de 1986 (folio 4, carpeta 145716).
23 Artículo 177. Orden de beneficiarios. Las prestaciones sociales por causa de muerte de Oficiales o
Suboficiales en servicio activo o en goce de asignación de retiro o pensión se pagarán según el siguiente
orden preferencial:
a) La mitad al cónyuge sobreviviente y la otra mitad a los hijos del causante, en concurrencia estos últimos
en las proporciones de Ley.
b) Si no hubiere conyugue sobreviviente, las prestaciones corresponden íntegramente a los hijos en las
proporciones de Ley.
c) Si no hubiere hijos, el conyugue sobreviviente lleva toda la prestación.
d) Si no hubiere conyugue sobreviviente ni hijos, la prestación se dividiría entre los padres así:
Si el causante es hijo legítimo llevan toda la prestación los padres. [...]
24 Dentro del proceso de filiación extramatrimonial con radicado 73001 31 10 001 2015 00600 00 instaurado
por María Lorenza Martíenz en contra de los herederos de Henry Monslave Penagos.
25 Así la declaración judicial se su parentesco se hubiere declarado en 2017, a través de la providencia
citada.
26 «Por la cual se dictan normas sobre filiación y se crea el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar».
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Demandante: Jorge Luis Molsalve Martínez
Muerto el presunto padre la acción de investigación de la paternidad natural podrá
adelantarse contra sus herederos y su cónyuge.
Fallecido el hijo, la acción de filiación natural corresponde a sus descendientes legítimos,
y a sus ascendientes.
La sentencia que declare la paternidad en los casos que contemplan los dos incisos
precedentes, no producirá efectos patrimoniales sino a favor o en contra de quienes
hayan sido parte en el juicio, y únicamente cuando la demanda se notifique dentro de
los dos años siguientes a la defunción. [Se resalta]
31. De conformidad con lo anterior, se advierte que la disposición aludida buscó
resolver la incertidumbre en materia de filiación, con el propósito de regular el estado civil
de las personas y los efectos jurídicos que de él se derivan. No obstante, el inciso tercero
establece de manera expresa, que la sentencia que declara la paternidad solo produce
efectos patrimoniales respecto de quienes fueron parte en dicho proceso y para el caso
concreto, en el proceso de filiación únicamente intervinieron el demandante y los
herederos del causante, pero la entidad demandada no fue vinculada. En consecuencia,
dicha decisión no le resulta oponible en materia patrimonial.
32. En ese contexto, la entidad, con fundamento en la información disponible al
momento del reconocimiento (1987), procedió a pagar27 las prestaciones sociales a la
madre del causante, Cecilia Penagos, mediante Resolución 5117 de 198728, quien
acreditó la calidad de beneficiaria conforme al orden legal vigente. Por lo tanto, no resulta
jurídicamente viable pretender que la administración suspendiera indefinidamente el pago
de las prestaciones a la espera de una reclamación futura, la cual en este caso se
presentó hasta el 2 de agosto de 201729, máxime cuando para esa fecha no tenía pruebas
o indicios de la existencia del hijo del causante.
33. Adicionalmente, las sumas pagadas a la referida beneficiaria corresponden a
la liquidación de las acreencias laborales derivadas del fallecimiento del causante. En tal
sentido, comportan un pago único30 de los derechos consolidados a esa fecha, cuya
finalidad es satisfacer las obligaciones a cargo de la administración, por manera que, una
vez realizado el desembolso al beneficiario, se extingue la obligación para la entidad.
34. Por consiguiente, no resulta procedente ordenar el reconocimiento de las
mismas prestaciones a favor de otros beneficiarios que, con posterioridad, acudan a
reclamar alegando una eventual mejor condición, pues ello implicaría desconocer tanto
el carácter único de la liquidación de tales prestaciones, como el efecto extintivo del pago
legalmente efectuado por la administración y con base en los elementos probatorios
disponibles en su momento, con independencia de la situación particular del demandante.
27 El pago de la «prima de navidad, prima de servicios anual, compensación por muerte, vacaciones, prima
vacacional, diferencia de haberes, tres meses de alta y cesantías» se realizó con la nómina 56 de 1987 tal
como consta en el certificado visible en ibidem, archivo «002AnexosDemanda» folio 85.
28 Ibidem, archivo «002AnexosDemanda» folios 63 y 64.
29 Ibidem, archivo «002AnexosDemanda» folios 66 a 69.
30 El artículo 178 prevé que a la muerte del oficial, sus beneficiarios recibirán durante tres meses los haberes
por actividad y el 181 prevé que la compensación por muerte se pagará por una sola vez.
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Demandante: Jorge Luis Molsalve Martínez
35. Ahora bien, el recurrente reclama el reconocimiento del seguro de vida. Al
respecto se observa que mediante oficio 20173622095691 del 23 de noviembre de 201731
el director de familia y bienestar (E) de la entidad indicó que en la base de datos de los
seguros de vida del Ejército Nacional se encontró que el señor Henry Monsalve Penagos
había suscrito tal seguro en el cual designó como única beneficiaria a su madre Cecilia
Penagos, por ello ante el fallecimiento de su hijo se le reconoció tal seguro por valor de
$ 200.000 COP en el mes de noviembre de 1986.
36. En el recurso con respecto al seguro de vida expresamente se indicó que
«como este rubro también se está cobrando y fue pagado a la beneficiaria indicada en
vida por el causante, entonces deviene que el beneficiario forzoso en (sic) mi prohijado
por el orden sucesoral, del cual se habla solo para efectos de establecer la prelación,
pero NO significa esto que las prestaciones sociales, se deban pagar a quienes ostenten
derechos sucesorales patrimoniales, los cuales ya caducaron para mi prohijado».
37. De lo expuesto se advierte que el demandante reconoció que el rubro
correspondiente al seguro de vida fue pagado a la beneficiaria designada en vida por el
causante. No obstante, pretende sustentar su reclamación en su condición de hijo para
establecer una prelación del derecho, pese a admitir que los derechos patrimoniales
derivados de la sucesión ya se encontraban afectados por la caducidad. Lo anterior,
evidencia una inconsistencia entre el fundamento jurídico invocado y la procedencia del
reconocimiento pretendido.
38. Sin perjuicio de lo anterior, en cuanto a la procedencia del reconocimiento
solicitado, la Sala observa que, conforme a lo probado, el causante adquirió un seguro
de vida subsidiado en el que designó como única beneficiaria a su madre, y cuyo pago
ya fue efectuado a la persona expresamente señalada por el causante; en ese contexto,
la obligación derivada del seguro se entiende extinguida para la entidad. Conforme a lo
expuesto, se confirmará la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de
la demanda, pero por las razones señaladas en esta providencia.
Condena en costas
39. La modificación del artículo 188 del CPACA efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación frente
a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura armónica
y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera significó un
apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.
40. La pretensión del legislador con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público creando así
una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en este tipo
31 Ibidem, archivo «002AnexosDemanda» folio 81.
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Radicación: 54001 23 33 000 2018 00147 01 (3561-2022)
Demandante: Jorge Luis Molsalve Martínez
de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los
trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del
CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena
en costas sobre la parte vencida en el proceso.
41. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la remisión
contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
42. En consecuencia, se impondrán costas al demandante Jorge Luis Monsalve
Martínez, representado por su madre María Lorenza Martínez, por cuanto no se
acogieron los reparos del recurso de apelación. Para el efecto, de conformidad con el
artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por despacho sustanciador
de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal
Administrativo de Norte de Santander.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
IV. RESUELVE
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 14 de octubre de 2021, emitida por el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.
SEGUNDO. CONDENAR en costas de segunda instancia al demandante.
TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
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Radicación: 54001 23 33 000 2018 00147 01 (3561-2022)
Demandante: Jorge Luis Molsalve Martínez
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
CMTG
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