Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 54001-23-33-000-2018-00154-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 54001-23-33-000-2018-00154-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 54001-23-33-000-2018-00154-01
Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto
25 de julio de 2024
Radicado: 54001-23-33-000-2018-00154-01 [28480]
Demandante: Alianza Fiduciaria SA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Bogotá, D.C., veinticinco (25) de julio de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 54001-23-33-000-2018-00154-01 [28480]
Demandante: ALIANZA FIDUCIARIA SA
Demandado: MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA
Temas: Plusvalía. Tarifa. Irretroactividad de la norma
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la
sentencia del 2 de noviembre de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Norte
de Santander, adicionada y corregida el 16 de noviembre del mismo año1, mediante la
cual se resolvió:
«PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD de la Resolución 00209 del 31 de agosto de 2017, por
medio de la cual se determina y liquida el efecto plusvalía por metro cuadrado del predio
identificado con código catastral 01-11-0606-0003-000, folio de matrícula inmobiliaria 260-
305201, ubicado en el Lote Etapa I, Urbanización San Francisco, de propiedad de la parte
demandante, estableciendo como monto a pagar un valor de $2.220.000.000, y la Resolución
No. 00821 de fecha 19 de enero del año 2018, por medio de la cual se resuelve el recurso de
reposición presentado contra la anterior resolución, ambas emanadas de la Secretaría de
Valorización y Plusvalía del MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA, de conformidad con los
fundamentos jurídicos y probatorios expuestos en la parte considerativa de esta providencia.
[ordinal corregido]2.
SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, ORDENAR al MUNICIPIO DE SAN JOSÉ
DE CÚCUTA, adelantar las gestiones, actuaciones y trámites administrativos pertinentes y
necesarios, tendientes a eliminar la anotación de gravamen de determinación y liquidación del
efecto de plusvalía, folio de matrícula inmobiliaria 260-305201, ubicado en el Lote Etapa I,
Urbanización San Francisco, de propiedad de ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
TERCERO: El MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA deberá DEVOLVER a la parte
demandante el valor de mil novecientos noventa y ocho millones de pesos ($1.998.000.000
m/cte), suma que deberá ser indexada y sobre la que se reconocerán intereses, según lo previsto
en los artículos 192 a 195 de la Ley 1437 de 2011 -CPACA- [ordinal adicionado]3.
CUARTO: ABSTENERSE de condenar en costas, conforme a lo expuesto anteriormente.
1
Índice 2 de Samai. Archivo: «ED_EXPEDIENTE_002NYR1800154C2(.pdf) NroActua 2». Págs. 210 a 248 y 267 a 270,
respectivamente.
2
Se corrigió el año de expedición de la Resolución 00821 de 2019.
3
Se adicionó para indicar la cifra a devolver.
1
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Radicado: 54001-23-33-000-2018-00154-01 [28480]
Demandante: Alianza Fiduciaria SA
QUINTO: Una vez ejecutoriado el presente proveído ARCHÍVESE el expediente, previas las
anotaciones secretariales de rigor».
ANTECEDENTES
El 31 de agosto de 2017, la Secretaría de Valorización y Plusvalía de la Alcaldía
Municipal de San José de Cúcuta profirió la Resolución nro. 000209 mediante la cual:
(i) se determinó el hecho generador -el establecimiento o modificación del régimen o la
zonificación de usos del suelo y la autorización de un mayor aprovechamiento del suelo en edificación,
elevando el índice de ocupación y el índice de construcción según el Acuerdo 0083 del 17 de enero de
2001 y el Acuerdo 089 del 30 de diciembre de 2011-, (ii) se determinó y liquidó el efecto
plusvalía de $50.000 por metro cuadrado, para el inmueble con código catastral 01-
11-0606-0003-000 y matrícula inmobiliaria 260-305201, (iii) se aplicó la tarifa del 33.0%
-Acuerdo 029 del 14 de septiembre de 2016- por lo que la participación se estableció en
$16.500 por metro cuadrado y (iv) se fijó el valor de la participación de plusvalía en la
suma de $1.980.000.0004. Cifra que se aumentó a $2.220.000.000 con resolución que
se identifica con el mismo número y fecha de expedición5.
Con la Resolución nro. 00821 del 19 de enero de 20186, la citada secretaría decidió
no reponer y confirmar en todas sus partes la Resolución nro. 000209 del 31 de agosto
de 2017.
DEMANDA
La parte demandante, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 (en adelante, CPACA),
formuló las siguientes pretensiones en la demanda y su reforma7:
«PRIMERA PRETENSIÓN: Se declare la nulidad de la Resolución No. 209 del 31 de agosto de
2017 “Por medio de la cual se determina el hecho generador y se liquida el efecto plusvalía
causado por la acción urbanística” en sus dos versiones8, expedida por el municipio de SAN
JOSÉ DE CÚCUTA – SECRETARÍA DE VALORIZACIÓN Y PLUSVALÍA. [aparte subrayado
incluido en la reforma de la demanda].
SEGUNDA PRETENSIÓN: Se declare la nulidad de la Resolución No. 821 del 19 de enero de
2018 “Por medio de la cual resuelve y se confirma la Resolución No. 000209 del 31 de agosto de
2017” expedida por el municipio de SAN JOSÉ DE CÚCUTA – SECRETARÍA DE
VALORIZACIÓN Y PLUSVALÍA.
TERCERA PRETENSIÓN: A título de restablecimiento del derecho, se ordene al municipio de
SAN JOSÉ DE CÚCUTA – SECRETARÍA DE VALORIZACIÓN Y PLUSVALÍA cancelar la
inscripción de las Resoluciones Nos. 209 del 31 de agosto de 2017 y 821 del 19 de enero de
2018 sobre el folio de matrícula inmobiliaria No. 260-305201.
4
Índice 2 de Samai. Archivo: «ED_EXPEDIENTE_001NYR1800154C1(.pdf) NroActua 2». Págs. 42 a 47.
5
Índice 2 de Samai. Archivo: «ED_EXPEDIENTE_001NYR1800154C1(.pdf) NroActua 2». Págs. 932 a 936. En ese acto consta
como tarifa el 37.0% del Acuerdo 029 del 14 de septiembre de 2016 y como valor de la participación en plusvalía derivado de la
aplicación de dicha tarifa, la suma de $18.500 por metro cuadrado.
6
Índice 2 de Samai. Archivo: «ED_EXPEDIENTE_001NYR1800154C1(.pdf) NroActua 2». Págs. 67 a 77.
7
Índice 2 de Samai. Archivo: «ED_EXPEDIENTE_001NYR1800154C1(.pdf) NroActua 2». Págs. 1 a 21 y 904 a 930. Admitida
mediante auto del 22 de mayo de 2019. Pág. 1014.
8
En la reforma de la demanda se indica que en la Resolución nro. 209 del 31 de agosto de 2017, que le fue notificada, aportada
como anexo, en su artículo 4 consta la suma de $1.980.000.000, pero, «luego, la Resolución No. 209 del 31 de agosto de 2017
que aparece en el expediente el 4 de agosto de 2018», en el mismo artículo señala la suma de $2.220.000.000, cambio que no
les fue notificado.
2
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Demandante: Alianza Fiduciaria SA
CUARTA PRETENSIÓN: A título de restablecimiento del derecho, se ordene al municipio SAN
JOSÉ DE CÚCUTA – SECRETARÍA DE VALORIZACIÓN Y PLUSVALÍA abstenerse de exigir
el pago de las sumas liquidadas en las Resoluciones Nos. 209 del 31 de agosto de 2017 y 821
del 19 de enero de 2018 como efecto plusvalía.
QUINTA PRETENSIÓN: A título de restablecimiento del derecho, se ordene al municipio de SAN
JOSÉ DE CÚCUTA – SECRETARÍA DE VALORIZACIÓN Y PLUSVALÍA devolver a la parte
demandante la suma de MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS
($1.998.000.000), correspondiente al pago efectuado el 28 de enero de 2019 por contribución de
la participación en la plusvalía liquidada en la Resolución No. 209 del 31 de agosto de 2017, junto
con su respectiva indexación -desde que se efectuó el pago hasta el momento de la efectiva
devolución- [aparte subrayado incluido en la reforma de la demanda].
SEXTA PRETENSIÓN: Se condene al municipio de SAN JOSÉ DE CÚCUTA – SECRETARÍA
DE VALORIZACIÓN Y PLUSVALÍA a pagar a mis mandantes intereses moratorios a partir de la
ejecutoria de la sentencia que ponga fin al proceso sobre cualquier suma de dinero que sea
reconocida a título de reparación del daño, en los términos del inciso 3º del artículo 192 del
CPACA. [pretensión incluida con la reforma de la demanda].
SÉPTIMA PRETENSIÓN: Se condene al municipio de SAN JOSÉ DE CÚCUTA – SECRETARÍA
DE VALORIZACIÓN Y PLUSVALÍA a pagar costas y agencias en derecho, de conformidad con
lo establecido en el artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo» [correspondía a la pretensión sexta de la demanda].
Invocó como vulnerados los artículos 29, 338 y 363 de la Constitución Política (CP), y
80, 81 y 83 de la Ley 388 de 1997.
Como concepto de la violación, expuso:
Los actos administrativos demandados están viciados de nulidad por infracción de las
normas en que debían fundarse, porque la entidad demandada aplicó retroactivamente
la tarifa -elemento esencial del tributo- fijada en el Acuerdo Municipal 29 de 2016, sobre un
presunto hecho generador de plusvalía establecido en el Acuerdo 089 de 20119, por
el mejor uso y mayor aprovechamiento autorizado para el predio, respecto al previsto
inicialmente en el Acuerdo 083 de 2001.
Sobre la aplicación retroactiva de la tarifa, promulgada luego de haberse realizado el
hecho generador, y la nulidad que eso acarrea en los actos de liquidación del tributo,
citó la sentencia de esta corporación, proferida el 17 de mayo de 201810.
Sin perjuicio de lo anterior, los actos administrativos enjuiciados se expidieron de forma
irregular y/o con falta de competencia temporal, toda vez que conforme a los artículos
80 y 81 de la Ley 388 de 1997, luego de concretada la acción urbanística constitutiva
del hecho generador de la participación en plusvalía, la administración municipal
contaba con un total de 140 días para calcular y liquidar el tributo, así como para
expedir y notificar el respectivo acto.
En este caso, se advierte que el hecho generador constituido por el Acuerdo 089 de
2011, fue publicado el 30 de diciembre de 2011, por lo que la administración contaba
hasta el 5 de julio de 2012 para calcular, liquidar y notificar el acto administrativo por
9
Sobre el principio de irretroactividad fiscal transcribió apartes de la sentencia C-635 de 2011.
10
Exp. 21593, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
3
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el que se determinó el tributo, pese a lo cual, solo hasta el 31 de agosto de 2017 se
expidió la Resolución nro. 209 -acto demandado-.
Se refirió a los momentos de exigibilidad del tributo, conforme al artículo 83 de la Ley
388 de 1997, e indicó que en este caso se materializaron a través de un englobe y
posteriores loteos o segregaciones, circunstancias de las cuales, en el año 2015
resultó el predio identificado con la matrícula 260-305201, se expidió una licencia
urbanística e incluso se surtió transferencia del derecho de dominio del referido predio
en favor del patrimonio autónomo denominado Fideicomiso Jardín Plaza Cúcuta, todo
esto sin que la entidad realizara el cálculo del efecto plusvalía originado por el
mencionado hecho generador.
Lo anterior condujo a que la liquidación y cobro del tributo recayera sobre un predio
que jurídicamente no existía para el momento que tuvo lugar el hecho generador
aludido en los actos demandados y respecto de quien no ostentaba su titularidad para
ese entonces.
Puso de presente, en la reforma de la demanda, que el 28 de enero de 2019 el
patrimonio autónomo Fideicomiso Jardín Plaza Cúcuta efectuó el pago de la
contribución por participación en la plusvalía «por el valor liquidado en la segunda versión de
la Resolución No. 209 del 31 de agosto de 2017 más un descuento del 10% por pronto pago. De este
modo, el valor final del tributo pagado fue por la suma de MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO
MILLONES DE PESOS ($1.998.000.000)»11.
Frente a la «segunda versión» de la Resolución nro. 209 del 31 de agosto de 2017, afirmó
que constituye un grave perjuicio, en tanto no se le notificó la decisión de realizar dicha
modificación en la cuantía, impidiéndosele ejercer el derecho a la defensa -interposición
de recurso-.
OPOSICIÓN
La parte demandada se opuso a las pretensiones de la demanda y su reforma, con
fundamento en lo siguiente12:
Se refirió a los artículos 82 de la CP -participación en la plusvalía-, 73 -noción participación en
plusvalía-, 74 -hechos generadores- y 81 -liquidación del efecto de plusvalía- de la Ley 388 de
1997, y precisó que el artículo 274 del Acuerdo 040 de 2010 -norma local aplicable-,
establece que con base en la determinación del efecto plusvalía por metro cuadrado
calculado para cada una de las zonas o subzonas, el alcalde municipal liquidará dentro
de los 45 días siguientes el tributo causado en relación con cada uno de los inmuebles
objeto de la misma y aplicará las tasas correspondientes de conformidad con lo
autorizado por el concejo municipal. Que con el Acuerdo 029 de 2016 en ese territorio
se determinaron las tarifas a aplicar a los hechos generadores de la participación en
plusvalía.
Tal como consta en el artículo 1 de la Resolución nro. 209 de 2017, el hecho generador
sobre el predio en cuestión se dio como consecuencia del «presunto» mejor uso y mayor
11
Pág. 10 de la reforma de la demanda.
12
Índice 2 de Samai. Archivo: «ED_EXPEDIENTE_001NYR1800154C1(.pdf) NroActua 2». Págs. 894 a 902 y 1019 a 1028.
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aprovechamiento autorizado con la expedición del Acuerdo 089 de 2011, con respecto
a lo previsto inicialmente en el Acuerdo 083 de 2001.
Conforme a la Ley 388 de 1997 y los acuerdos antes citados, el predio presenta los
siguientes hechos generadores: (i) el establecimiento o modificación del régimen o la
zonificación de usos del suelo y (ii) la autorización de un mayor aprovechamiento del
suelo en edificación, elevando el índice de ocupación o de construcción, o ambos a la
vez.
Descartó la vulneración de las normas invocadas por la parte actora, porque el cobro
del tributo hace parte de la carga tributaria que deben asumir los contribuyentes, y los
actos demandados están fundamentados en el hecho generador determinado para el
predio, teniendo en cuenta la tarifa aplicable.
Agregó que el Acuerdo 040 de 2010 goza de presunción de legalidad y que el hecho
generador en el presente caso lo constituye la expedición de la licencia de construcción
LC-54001-1-15-0241 otorgada a Alianza Fiduciaria.
Con todo, se debe tener en cuenta que en aras de cumplir con la Ley 388 de 1997
inició desde el mes de mayo de 2016 las actividades administrativas necesarias y
pertinentes, tales como: (i) la celebración de un convenio con la Sociedad Colombiana
de Arquitectos para la identificación de los predios impactados, (ii) la expedición de la
Resolución nro. 0283 del 1º de junio de 2017 por la que se delegó en la Secretaría de
Valorización y Plusvalía la competencia para determinar y liquidar el efecto plusvalía
causado por acciones urbanísticas en esa jurisdicción, (iii) se contrató la realización
de avalúos con peritos debidamente acreditados y (iv) se procedió a elaborar las
resoluciones por las cuales se determinó y liquidó el tributo, sin que el hecho de
haberse sobrepasado el término previsto en la ley conduzca a la nulidad de la
actuación, porque estos no tienen el carácter de preclusivos13.
Aludió a que los actos administrativos demandados fueron expedidos por funcionario
competente, están motivados conforme a las disposiciones constitucionales y legales
aplicables y cumplen con el debido proceso.
Solicitó que se declaren probadas las excepciones de inexistencia de falsa motivación
de los actos demandados y, legalidad y procedencia del cobro del tributo a la plusvalía.
Manifestó que se desconoce la existencia de dos versiones de la Resolución nro.
00209 del 31 de agosto de 2017, destacando que la notificación de ese acto se surtió
el 24 de enero de 2018.
TRÁMITE PROCESAL EN PRIMERA INSTANCIA
El 10 de octubre de 2019 se llevó a cabo la audiencia inicial de que trata el artículo
180 del CPACA14. En la diligencia no se advirtieron irregularidades procesales,
nulidades o medidas cautelares que tuvieran que declararse. Declaró no probadas las
excepciones propuestas por la parte demandada -legalidad y procedencia del cobro del tributo
13
Transcribió apartes de la sentencia del 29 de octubre de 2009, exp. 16482, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
14
Índice 2 de Samai. Archivo: «ED_EXPEDIENTE_002NYR1800154C2(.pdf) NroActua 2.». Págs. 4 a 16.
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por estar sustentadas en argumentos dirigidos a
e inexistencia de falsa motivación-
descartar las pretensiones de la demanda. El litigio se concretó en determinar la
legalidad de los actos administrativos demandados, y se incorporaron al expediente
las pruebas aportadas con la demanda y su reforma, y la contestación por parte del
municipio a dichas actuaciones. Se negó el dictamen pericial.
El 23 de enero de 2020 se celebró la audiencia de pruebas prevista en el artículo 181
del CPACA15, en la que se incorporaron aquellas allegadas al expediente, y se corrió
traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que emitiera
concepto.
SENTENCIA APELADA
El Tribunal Administrativo de Norte de Santander en la sentencia apelada (incluida su
adición y corrección)16: (i) declaró la nulidad de los actos administrativos demandados,
(ii) a título de restablecimiento del derecho ordenó al municipio de San José de Cúcuta
adelantar las gestiones, actuaciones y trámites administrativos pertinentes y
necesarios para eliminar la anotación del gravamen -determinación y liquidación del efecto
plusvalía- en el folio de matrícula inmobiliaria 260-305201 y la devolución de la suma
pagada por dicho concepto, indexada, reconociendo intereses conforme a lo previsto
en los artículos 192 a 196 del CPACA y (iii) se abstuvo de condenar en costas.
Se refirió a las normas aplicables al caso y a los hechos probados, luego de lo cual
concluyó que la Resolución nro. 209 del 31 de agosto de 2017 fue notificada
personalmente el 1º de noviembre de 2017, y que después de la solicitud de la
contribuyente para que se le notificara nuevamente el acto por no habérsele hecho
entrega de varios documentos adoptados como parte integral del mismo, este fue
modificado en cuanto al valor inicialmente liquidado, decisión de la que tuvo
conocimiento la contribuyente al obtener copia del expediente administrativo -por
conducta concluyente-, en respuesta a la petición presentada el 25 de abril de 2018. Si
bien la notificación de dicho acto no se surtió en debida forma, eso no conduce a su
nulidad.
Los actos administrativos demandados desconocieron el principio de irretroactividad
de la norma tributaria, porque la ocurrencia de las acciones urbanísticas que se
pretenden imputar como generadoras del gravamen fueron en vigencia del Acuerdo
0083 del 17 de enero de 2001 (POT), previo a la expedición del Acuerdo 040 de 2010,
modificado por el Acuerdo 029 de 2016, por el que se estableció la tarifa aplicable.
Precisó que solo a partir de la publicación del acuerdo que fijó la tarifa de la
participación en plusvalía se podía liquidar el tributo, al estar regulados todos sus
elementos del gravamen, de ahí que solo era procedente para hechos generadores
ocurridos con posterioridad al citado Acuerdo 029 del 14 de septiembre de 2016, que
no es el caso.
15
Índice 2 de Samai. Archivo: «ED_EXPEDIENTE_002NYR1800154C2(.pdf) NroActua 2.». Págs. 151 a 153.
16
Índice 2 de Samai. Archivo: «ED_EXPEDIENTE_002NYR1800154C2(.pdf) NroActua 2.». Págs. 210 a 248 y 267 a 270.
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Finalmente, de conformidad con los artículos 188 del CPACA y 365 del CGP, no se
condena en costas -agencias en derecho y gastos del proceso-, porque no está probada su
causación y no se advierte que las partes hayan actuado con temeridad o mala fe.
RECURSO DE APELACIÓN
La parte demandada apeló la sentencia de primera instancia, con fundamento en lo
siguiente17:
Expuso que no le asiste razón al tribunal al concluir que los actos administrativos
demandados en este proceso desconocieron el principio de irretroactividad tributaria,
porque tal como consta en el artículo 1 de la Resolución nro. 209 de 2017 -acto
demandado-, el hecho generador sobre el predio que interesa al asunto, se dio como
consecuencia del presunto mejor uso y mayor aprovechamiento autorizado con la
expedición del Acuerdo 089 del 30 de diciembre de 2011, con respecto a lo previsto
en el Acuerdo 083 del 17 de enero de 2001, aplicando la tarifa señalada en el Acuerdo
029 del 14 de septiembre de 2016, normas expedidas con anterioridad a los actos de
liquidación del efecto plusvalía.
Aludió a los artículos 82 de la CP -participación en la plusvalía-, 73 -noción participación en
plusvalía-, 74 -hechos generadores- y 81 -liquidación del efecto de plusvalía- de la Ley 388 de
1997, y precisó que el artículo 274 del Acuerdo 040 de 2010 -norma local aplicable-,
establece que con base en la determinación del efecto plusvalía por metro cuadrado
calculado para cada una de las zonas o subzonas, el alcalde municipal liquidará dentro
de los 45 días siguientes el tributo causado en relación con cada uno de los inmuebles
objeto de la misma y aplicará las tasas correspondientes de conformidad con lo
autorizado por el concejo municipal.
En aras de cumplir las anteriores disposiciones, se inició desde el mes de mayo de
2016 las actividades administrativas necesarias para liquidar la participación en
plusvalía. Relacionó las siguientes:
• El Departamento Administrativo de Planeación Municipal mediante acta de
inicio del 10 de mayo de 2016 solicitó realizar la actualización y estructuración
del estudio para la implementación del cobro de la plusvalía en el municipio de
San José de Cúcuta, dentro del marco del convenio 0932 del 2 de mayo de
2016, suscrito entre el citado municipio y la Sociedad Colombiana de
Arquitectos.
• Mediante oficio del 3 de noviembre de 2016, el Departamento Administrativo de
Planeación Municipal recibió el informe final «donde concluyó el estudio del convenio
No. 0932 de fecha 2 de mayo de 2016» cuyo objeto es la actualización y estructuración
del estudio para la implementación del cobro de la plusvalía en el municipio de
San José de Cúcuta.
• Con oficio del 26 de mayo de 2017, el Departamento Administrativo de
Planeación Municipal remitió a la Secretaría de Valorización y Plusvalía el
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Índice 27 - Tribunal Administrativo de Norte de Santander.
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Demandante: Alianza Fiduciaria SA
informe final del cálculo de las zonas geoeconómicas dentro del marco del
citado convenio 0932, incluido el predio de propiedad de Alianza Fiduciaria SA
vocera del Fideicomiso Jardín Plaza Cúcuta.
• Mediante la Resolución nro. 0283 del 1º de junio de 2017, se delegó en la
Secretaría de Valorización y Plusvalía la competencia para determinar y liquidar
el efecto causado por acciones urbanísticas en esa jurisdicción territorial.
• Se refirió al cálculo del efecto plusvalía, indicando los precios de referencia -
antes y después-, la diferencia, el valor adoptado, el porcentaje aplicado conforme
al Acuerdo 029 del 14 de septiembre de 2016 (33%) y el valor de la participación
en plusvalía.
Concluyó que en el presente caso la expedición de la licencia de construcción LC-
54001-1-15-0241 constituyó el hecho generador del efecto plusvalía, y que los actos
demandados están soportados en las citadas normas18.
TRÁMITE PROCESAL EN SEGUNDA INSTANCIA
El recurso de apelación de la demandada se admitió mediante auto del 17 de abril de
202419, y en el término de ejecutoria la contraparte solicitó que se confirme la decisión
de primera instancia, porque el recurso interpuesto no abarcó la sentencia
complementaria del 16 de noviembre de 2023, con lo cual no se podrá emitir
pronunciamiento frente al ordinal tercero por el que se fijó de forma clara y expresa el
monto a devolver por el tributo en discusión.
Mencionó que el a quo no reprochó el hecho de haberse expedido el Acuerdo 029 de
2016 por fuera del término que indica la ley; por el contrario, se refirió a su aplicación
retroactiva, de ahí que el argumento del municipio sobre las gestiones administrativas
adelantadas para la determinación del cálculo del efecto plusvalía no se relacionan
con el objeto de la demanda, pues independientemente de esa situación, el acuerdo
municipal que fijó las tarifas de la plusvalía debía aplicarse a futuro, desde el momento
de su expedición.
Destacó que en este caso el hecho generador de la plusvalía se dio con el Acuerdo
089 del 30 de diciembre de 2011, época para la cual el ente territorial no había
reglamentado las tarifas del tributo, pues ese elemento esencial se fijó con el Acuerdo
029 del 14 de septiembre de 2016, lo que evidencia que en la expedición de los actos
demandados se desconoció el principio de irretroactividad de las normas tributarias.
Al no ser necesaria la práctica de pruebas en segunda instancia no se corrió traslado
para alegar.
El Ministerio Público20 solicitó que se confirme la sentencia apelada, porque tal como
fue aceptado por la administración, el hecho generador del tributo se dio producto del
mejor uso y mayor aprovechamiento autorizado por el Acuerdo 089 del 30 de diciembre
18
Transcribió apartes de la sentencia de unificación del 3 de diciembre de 2020, exp. 23540, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
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Índice 4 de Samai.
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Índice 13 de Samai.
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de 2011; no obstante, la tarifa utilizada fue aquella prevista en el Acuerdo 029 de 2016,
vulnerándose el principio de irretroactividad tributaria al haberse aplicado a hechos
generadores anteriores a su entrada en vigor.
Expuso que, si bien se comparte la decisión final del tribunal en cuanto a que los actos
administrativos demandados están viciados de nulidad por aplicación retroactiva de la
norma tributaria que fijó la tarifa de la contribución en plusvalía, «se pone en consideración
del H. Consejo de Estado la posibilidad de que se compulsen copias para que se investigue la naturaleza
de las conductas en que se incurrió en sede administrativa por parte de la administración del Municipio
de Cúcuta».
Todo porque, a su juicio, contrario a lo afirmado por el a quo, «se presentó una flagrante
violación al debido proceso, pues en lo material, la administración modificó un acto administrativo que
ya había sido notificado y recurrido por el demandante, con lo cual es imposible afirmar que la falta de
participación en la formación de un acto administrativo - o su modificación-, así como en la posibilidad
de recurrirlo, es un asunto que se reduce a la simple indebida notificación del acto administrativo,
dejando de lado la comisión de una conducta abiertamente ilegal».
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Se decide la legalidad de los actos administrativos por medio de los cuales el municipio
de San José de Cúcuta determinó el hecho generador y liquidó el efecto plusvalía
respecto del inmueble con código catastral 01-11-0606-0003-000 y matrícula
inmobiliaria 260-305201.
En los términos del recurso de apelación de la demandada, la Sala deberá establecer
si la aplicación de la tarifa del efecto plusvalía señalada en el Acuerdo 029 del 14 de
septiembre de 2016, en el caso concreto, no desconoció el principio de irretroactividad
de la norma.
Para resolver, y teniendo en cuenta los planteamientos del municipio respecto del
hecho generador de la participación en plusvalía, lo primero que advierte la Sala es
que, en la sentencia de unificación del 3 de diciembre de 2020, exp. 23540, C.P. Julio
Roberto Piza Rodríguez, se fijó la siguiente regla: «[a] efectos del artículo 74 de la Ley 388 de
1997, la autorización específica que configura el hecho generador de la participación en plusvalía es la
acción urbanística, entendida en los términos del artículo 8.º ibidem, que permita la destinación del
predio a un uso más rentable o incrementar el aprovechamiento del suelo, en los eventos señalados en
la disposición. La acción urbanística podrá estar contenida en los planes de ordenamiento territorial, o
en los instrumentos que lo desarrollan o complementan (art. 9 Ley 388 de 1997) e, incluso, se podrá
generar una nueva acción urbanística en vigencia de un mismo plan. La participación en plusvalía se
causa siempre y cuando el ente territorial, previo a la acción urbanística, haya adoptado dicha
exacción».
De modo que, la acción urbanística es la que configura el nacimiento de la obligación,
en tanto que la licencia de construcción y demás actuaciones urbanísticas harán parte
del momento de la exigibilidad de la participación en plusvalía.
Aclarado lo anterior, se tiene que, en la Resolución nro. 000209 del 31 de agosto de
2017 -acto demandado- en su artículo primero se resolvió determinar para el predio en
cuestión «como Hecho Generador de Plusvalía el establecimiento o modificación del régimen o la
zonificación de usos del suelo y la autorización de un mayor aprovechamiento del suelo en edificación,
elevando el índice de ocupación y el índice de construcción, según el Acuerdo 0083 del 17 de enero de
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2001 y el Acuerdo 089 del 30 de noviembre de 2011» , y que la tarifa aplicada, como se indica
en ese mismo acto, corresponde a la prevista en el «Acuerdo Municipal 029 de fecha 4 (sic)
septiembre de 2016»21 -art. 3 del acto enjuiciado-, hechos que no son objeto de
cuestionamiento entre las partes.
En este caso, el tribunal concluyó que «en los actos demandados, el municipio fijó el monto del
tributo de participación por plusvalía para el predio objeto de debate, teniendo como hecho generador
el POT, cuando solo con la adopción del Estatuto Tributario Municipal, años después, el Concejo
Municipal reglamentó, entre otros aspectos, de manera específica la tarifa o tasa aplicable al tributo. Lo
anterior resulta contrario a los postulados del principio de irretroactividad tributaria que propende una
liquidación conforme a hechos posteriores al acto que funda la carga legal»22, frente a lo cual, el
municipio en el recurso de apelación propuso como reparo que los Acuerdos 0083 del
17 de enero de 2001, 089 del 30 de diciembre de 2011 y 029 del 14 de septiembre de
201623 fueron expedidos con anterioridad a los actos demandados -el acto primigenio se
profirió el 31 de agosto de 2017-, lo que no resulta suficiente para rebatir el argumento del
a quo, en cuanto al desconocimiento del principio de irretroactividad de la norma que
fija uno de los elementos esenciales del tributo, en este caso, la tarifa.
Sobre el particular, la Sala ha señalado que, como las disposiciones que establecen
los elementos esenciales del tributo, a saber, los sujetos activo y pasivo, hechos
generadores, bases gravables y tarifa, son sustantivas, deben ser preexistentes al
nacimiento de la obligación tributaria. Por tanto, su aplicación no puede ser retroactiva,
en virtud de los principios de legalidad e irretroactividad en materia tributaria24.
En cuanto al planteamiento expuesto en el recurso de apelación relacionado con las
actividades administrativas adelantadas por el municipio desde el mes de mayo del
año 2016, que a juicio del municipio resultaban necesarias para liquidar la participación
en plusvalía en esa jurisdicción, la Sala encuentra que está dirigido a cuestionar el
cargo de nulidad concerniente a la expedición en forma irregular y/o con falta de
competencia temporal de los actos demandados, que no fue analizado por el tribunal
en la sentencia apelada en tanto prosperó aquél propuesto frente al desconocimiento
del principio de irretroactividad de la norma.
En todo caso, la realización de dichas actividades previas a la expedición de los actos
enjuiciados no desvirtúa lo decidido por el tribunal respecto a la aplicación retroactiva
de la norma tributaria, que fue la razón determinante para que en primera instancia se
declarara la nulidad de los actos administrativos demandados.
En conclusión, se confirmará la sentencia apelada, porque no prosperaron los
argumentos expuestos en el recurso de apelación.
21
Por el cual se modifica el Estatuto Tributario del municipio de San José de Cúcuta, Acuerdo 040 de 2010. En su artículo primero
modificó el numeral 6 del artículo 268 del Acuerdo 040 de 2010 -elementos de la participación en plusvalía-. En concreto se refirió
a que las tarifas de ese tributo que regirán en esa jurisdicción para todos los hechos generadores se aplicarán sobre el mayor
valor por metro cuadrado, de acuerdo con la estratificación socioeconómica. El porcentaje oscila entre el 31% hasta el 36% si el
destino es habitacional y dependiendo del estrato -1 al 6-. En caso de otra destinación económica de los predios en cualquier
estrato, será del 37%. Como consta en dicho acuerdo, comenzó a regir a partir de su sanción y publicación -14 de septiembre de
2016-, y deroga las disposiciones que le sean contrarias. Índice 2 de Samai. Archivo:
«ED_EXPEDIENTE_001NYR1800154C1(.pdf) NroActua 2». Págs. 890 a 893.
22
Índice 2 de Samai. Archivo: «ED_EXPEDIENTE_002NYR1800154C2(.pdf) NroActua 2.». Pág. 246.
23
El Acuerdo 040 de diciembre de 2010, por medio del cual se adopta el Estatuto Tributario para el municipio de San José de
Cúcuta, en su artículo 268 estableció los elementos de la participación a la plusvalía. En el numeral 6 de dicha norma se dispuso:
«TARIFA. Las siguientes son las tarifas de la participación en la plusvalía que regirán en el Municipio de San José de Cúcuta, a
partir de la fecha de entrada en vigencia de este Estatuto y se aplicarán sobre el mayor valor por metro cuadrado […]». Índice 2
de Samai. Archivo: «ED_EXPEDIENTE_001NYR1800154C1(.pdf) NroActua 2». Pág. 737.
24
Cfr. sentencia del 26 de febrero de 2015, exp. 20349, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.
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Respecto a lo manifestado por el agente del Ministerio Público en su intervención, en
cuanto pone a consideración «la posibilidad de que se compulsen copias para que se investigue
la naturaleza de las conductas en que se incurrió en sede administrativa por parte de la administración
del Municipio de Cúcuta», porque ante la modificación del acto en el monto del tributo que
inicialmente había sido determinado, a su juicio se incurrió en una flagrante violación
al debido proceso de la contribuyente, que no se puede reducir a la indebida
notificación del acto, en tanto evidencia una «conducta abiertamente ilegal», la Sala estima
que la compulsa de copias en este caso no es necesaria, lo que no obsta para que la
contribuyente, si así lo considera, acuda directamente a las respectivas autoridades.
Finalmente, de conformidad con lo previsto en los artículos 188 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 365 (num. 8) del
Código General del Proceso, no se condenará en costas -gastos del proceso y agencias en
derecho- en esta instancia, comoquiera que no se encuentran probadas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la Ley,
FALLA
1. CONFIRMAR la sentencia del 2 de noviembre de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander, adicionada y corregida el 16 de noviembre del
mismo año.
2. Sin condena en costas en esta instancia.
Notifíquese y comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.
La presente providencia se aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través
de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador
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