Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 54001-23-33-000-2018-00209-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 54001-23-33-000-2018-00209-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 54001-23-33-000-2018-00209-01
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
11 de abril de 2024
Radicado: 54001-23-33-000-2018-00209-01 (27660)
Demandantes: Sociedad Inversiones Vanguardia S.A.S. y otro
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D. C., once (11) de abril dos mil veinticuatro (2024)
Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación 54001-23-33-000-2018-00209-01 (27660)
Demandante SOCIEDAD INVERSIONES VANGUARDIA S.A.S Y OTRO
Demandado MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA
Temas Participación en plusvalía. Caducidad del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la demandada contra la
sentencia del 10 de marzo de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Norte
de Santander, que decidió:
«PRIMERO: Declarar no probada la excepción de caducidad del medio de control, propuesta
por el Municipio de San José de Cúcuta, de conformidad con lo expuesto en la parte
considerativa de esta providencia.
SEGUNDO: Declarar la nulidad de la Resolución 000208 del 31 de agosto de 2017,
proferida por la Secretaria de Valorización y Plusvalía del Municipio de San José de Cúcuta,
por medio de la cual se determina el hecho generador y se liquida el efecto plusvalía causado
por la acción urbanística, y del oficio 01-1800-009837-S-2018 de fecha 27 de marzo de 2018,
suscrito por la Secretaria de Valorización y Plusvalía del Municipio de San José de Cúcuta,
por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia.
TERCERO: A título de restablecimiento del derecho, se ordena al Municipio de San José
de Cúcuta, que proceda a realizar la cancelación de la anotación del gravamen liquidación
del efecto de plusvalía, ordenada mediante los actos administrativos que se anulan en el
numeral anterior, en el inmueble de propiedad de las sociedades INVERSIONES
VANGUARDIA LTDA trasformada en INVERSIONES VANGUARDIA SAS, con Nit.
800.181.181-2 y la Sociedad GIL YEPES Y CIA. S. EN C. con NIT. 890.506,013-8, identificado
con el folio de matrícula inmobiliaria 260-305200.
Igualmente, se declara que las sociedades GIL YEPES Y CIA S. EN C.S. y SOCIEDAD
INVERSIONES VANGUARDIA LTDA. (INVERVAN LTDA.) no estaban obligadas a pagar las
sumas determinadas en los actos administrativos anulados en el numeral segundo de esta
sentencia.
Se ordena al Municipio de San José de Cúcuta que, en caso de haber efectuado algún cobro
efectivo a las citadas sociedades en ejecución de los citados actos que se anulan, proceda a
devolver a la parte demandante todas las sumas de dinero que se hubiesen pagado como
consecuencia del cobro del tributo ordenado en la Resolución 00208 del 31 de agosto de 2017,
sumas que deberán ser indexadas y sobre la que se reconocerán intereses, según lo previsto
en los artículos 192 a 195 de la Ley 1437.
CUARTO: Sin condena en costas a la parte vencida.
(…)1.
1 Página 20 del PDF “ED_SENTENCIA_026SENTENCIA1RA201” del índice 2 de Samai.
1
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Demandantes: Sociedad Inversiones Vanguardia S.A.S. y otro
ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA
La Secretaría de Valorización y Plusvalía de Cúcuta (en adelante Municipio de
Cúcuta) profirió la Resolución Nro. 000208 del 31 de agosto de 2017, por la cual
determinó el hecho generador, calculó el efecto plusvalía por metro cuadrado con
relación al inmueble identificado con la Matrícula Inmobiliaria Nro. 260-305200 y
liquidó la participación en plusvalía a favor de la entidad territorial.
Inversiones Vanguardia S.A.S. y Gil Yepes y CÍAS S. en C. interpusieron recurso
de reposición contra la Resolución Nro. 000208 mediante memorial del 8 de marzo
de 2018. El Municipio de Cúcuta dio respuesta con el Oficio Nro. 01-1800-009837-
S-2018 del día 27 del mismo mes y año, en el cual sostuvo que el recurso fue
extemporáneo, sin embargo, analizó y negó los argumentos propuestos por las
contribuyentes.
ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN JUDICIAL
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), las demandantes formularon las
siguientes pretensiones2:
«PRIMERA: Declarar la nulidad de la Resolución No. 00208 del 31 de agosto de 2017, por
medio del cual se determina el hecho generador y se liquida el efecto plusvalía causado por
la acción urbanística.
SEGUNDA: Declarar la nulidad de la respuesta dada al recurso de reposición, mediante oficio
01-1800-009837-S-2018 de fecha 27 de marzo de 2018.
TERCERA: Como consecuencia de la declaratoria de nulidad y como restablecimiento del
derecho se ordene a quien corresponda, la cancelación en el folio de Matrícula inmobiliaria
No. 260-305200, de la anotación del gravamen impuesto mediante la Resolución No. 00208
del 31 de agosto de 2017.
CUARTA: Como restablecimiento del derecho se establezca que el Municipio de Cúcuta-
Secretaria de Valorización y Plusvalía, no tiene derecho a cobrar a las sociedades
demandantes los valores establecidos liquidados en la Resolución No. 00208 del 31 de agosto
de 2017 por el efecto plusvalía, sobre el predio identificado con el folio de Matrícula inmobiliaria
No. 260-305200.
QUINTA: Como restablecimiento del derecho se ordene la devolución de pagos,
compensaciones, embargo de dineros en cuentas, bienes, que se hubiesen realizado como
consecuencia del cobro del efecto plusvalía ordenado mediante la Resolución No. 00208 del
31 de agosto de 2017. Dinero que se deberá reconocer debidamente indexado.
SEXTA: Se condene al pago de costas y agencias en derecho de conformidad con el artículo
188 del CPACA.».
Para estos efectos, invocó como normas violadas los artículos 338 y 363 de la
Constitución Política; 137 de la Ley 1437 de 2011; 73 y 74 de la Ley 388 de 1997; y
2512, 2529 y 2531 del Código Civil. El concepto de la violación de esas
disposiciones se resume así:
1. El acto acusado infringe las normas en que debería fundarse.
Las demandantes señalaron que, de conformidad con el informe técnico para el
2 Página 2 del PDF “ED_DEMANDA_001DEMAND”, índice 2 de Samai.
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cálculo del efecto plusvalía del predio, los hechos generadores corresponden a la
modificación del uso del suelo del Acuerdo 0083 de 2001 (zona de expansión
urbana) por el Acuerdo 089 de 2011 (zona de expansión urbana integral). Sin
embargo, la demandada liquidó el efecto plusvalía de conformidad con las tarifas
del Acuerdo 029 de 2016, lo cual corresponde a una vulneración del principio de
irretroactividad3.
Manifestaron que para la liquidación del efecto plusvalía en el Municipio de Cúcuta,
el hecho generador debe darse después de la entrada en vigencia del Acuerdo 029
de 2016, que fijó las tarifas para el cobro del tributo. No obstante, reiteró que, en
este caso, de manera ilegal, le dio efectos retroactivos al Acuerdo 029, lo cual
considera que se evidencia en la parte resolutiva de la Resolución Nro. 000208.
Solicitó la aplicación de la sentencia del 17 de mayo de 2018, exp. 21593, C.P. Julio
Roberto Piza Rodríguez.
2. Expedición irregular del acto acusado y prescripción de la acción
impositiva de la administración.
Sustentaron este cargo en que el hecho generador del tributo se configuró con el
Acuerdo 058 de 2004, por lo que la demandada debía realizar las acciones
necesarias para su concreción con la estimación del efecto plusvalía de conformidad
con el artículo 10 ibidem. Pese a lo anterior, la entidad territorial tardó 14 años para
iniciar el proceso y, en consecuencia, prescribió la oportunidad de cobro de la
participación en plusvalía, de conformidad con los artículos 2512, 2529 y 2531 del
Código Civil.
Anotaron que la participación en plusvalía solo se cobra una sola vez y que, debido
a que el hecho generador se concretó en el Acuerdo Municipal 058 de 2004, no
procede establecer hechos generadores diferentes en el 2017. Así, el acto acusado
pretendía revivir situaciones consolidadas al liquidar el efecto plusvalía de
conformidad con el Acuerdo 089 de 2011, pese a que ya se había causado con el
Acuerdo 058 citado.
En todo caso, manifestaron que, si se causara en el año 2011, la administración
tardó más de siete años para notificar el acto administrativo que la liquida, por lo
que la obligación también prescribió en este escenario.
3. Oportunidad para presentar la demanda.
En este acápite de la demanda, las actoras pusieron de presente que la Resolución
Nro. 000208 fue supuestamente notificada por aviso del 17 de noviembre de 2017
y personalmente el 4 de diciembre del mismo año. Sin embargo, consideraron que
esas diligencias no surtieron efectos porque la entidad territorial no entregó los
anexos que hacían parte del acto administrativo. Indicaron que el Municipio de
Cúcuta accedió a su petición de una nueva notificación el 23 de enero de 2018,
“arrepintiéndose el día 21 de febrero de 2018 entregando los anexos echados de menos” 4, de tal
modo que solo a partir de ese momento conocieron íntegramente el contenido de la
decisión.
Manifestaron que, debido a lo anterior, “nos dimos por notificados por conducta concluyente
3 Al respecto citó las sentencias de la Corte Constitucional C-635 de 2011, C-430 de 2009 y C-643 de 2002.
4 Samai, índice 2, PDF de la demanda, página 10.
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el día 22 de febrero de 2018”5 e interpusieron recurso de reposición el 8 de marzo del
mismo año, el cual fue resuelto mediante oficio del día 27 del mismo mes año
señalando “que el recurso es extemporáneo, pero lo resuelven de fondo negando revocar el acto
administrativo”. Así las cosas, concluyeron que, desde la notificación del oficio referido,
el 3 de abril de 2018, hasta la presentación de la demanda, no han pasado más de
4 meses, por lo que es oportuna.
Oposición a la demanda
El Municipio de Cúcuta controvirtió las pretensiones de la demanda proponiendo la
excepción de caducidad. Para estos efectos, afirmó que las sociedades actoras
fueron notificadas el 4 de diciembre de 2017 con la entrega de la Resolución Nro.
000208, de tal modo que el plazo para demandar finalizó el 5 de abril de 2018. Así
las cosas, comoquiera que la demanda de la referencia se interpuso el 26 de julio
del mismo año, fue extemporánea.
Indicó que las actoras tratan de revivir el término para demandar con la petición de
una nueva notificación del 18 de diciembre de 2017, pero ella fue contestada el 20
de febrero de 2018, actuación que se notificó el día 22 del mismo mes y año. Pese
a lo expuesto, se interpuso el recurso de reposición, el cual fue resuelto el 20 de
marzo de 2018 informando que es extemporáneo y que la notificación se surtió el 4
de diciembre de 2017.
Sostuvo que las contribuyentes actúan de forma temeraria porque en febrero de
2018 le fueron entregados los anexos de la Resolución Nro. 000208, no con la
intención de revivir términos o para interponer el recurso de reposición, sino para
que pudieran examinar su contenido y ejercer su derecho de contradicción mediante
la “resistencia jurídica frente al acto”6.
Insistió en que la notificación personal se efectuó el 4 de diciembre de 2017 con los
requisitos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011, el cual no exige entregar los
anexos del acto administrativo.
La Sala destaca que el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, en la
audiencia inicial celebrada el 15 de julio de 2019, decidió aplazar la decisión sobre
la excepción de caducidad hasta la sentencia.
De otro lado, la entidad territorial también propuso la excepción de inepta demanda
por falta de cumplimiento del requisito de procedibilidad que consiste en adelantar
el trámite de conciliación extrajudicial. Sin embargo, esta excepción fue declarada
no probada por el a quo en la audiencia inicial antes referida.
En cuanto a los argumentos de defensa, anotó que la Resolución cuestionada tiene
la categoría de acto administrativo, goza del principio de legalidad y, en
consecuencia, el demandante debe desvirtuar la presunción de legalidad7.
Indicó que la demandante no alega una indebida motivación del acto demandado y
que, en cualquier evento, se expresó con claridad el argumento legal que tuvo la
administración8. Además, reprochó que la actora interpreta y cita a su acomodo
legislación que no resulta aplicable al caso concreto.
5 Ibidem.
6 Samai, índice 2, PDF de la oposición a la demanda, página 3.
7 Consejo de Estado, Sección Cuarta, del 07 de noviembre de 2012, expediente 18414., C.P. Carmen Teresa
Ortiz de Rodríguez.
8 En este punto citó la sentencia del 26 de julio de 2017, exp. 22326, C.P. Milton Chaves García.
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Sentencia apelada
El Tribunal declaró no probada la excepción de caducidad y accedió a las
pretensiones de la demanda. Para tomar esta decisión, indicó que aplicaría el
mismo criterio asumido por esa corporación judicial en un caso similar, en sentencia
del 30 de septiembre de 2021, exp. 54001-23-33-000-2018-00210-00, M.P. Edgar
Enrique Bernal Jáuregui, la cual fue confirmada por esta Sección en sentencia del
10 de noviembre de 2022, C.P. Milton Chaves García (no se identifica su radicado
interno). Luego, expuso las siguientes consideraciones:
1. Sobre la excepción de caducidad.
Aseveró que se debe tener como fecha inicial para determinar la caducidad el 5 de
diciembre de 2017, por ser el día en que se notificó de forma irregular la Resolución
Nro. 000208 ante la falta de entrega del informe del cálculo del efecto plusvalía.
Entonces, debido a la irregularidad en la notificación personal, el acto se entiende
notificado por conducta concluyente el 22 de febrero de 2018, cuando se entregó
copia de los informes técnicos, el avalúo del sector y del mayor aprovechamiento
del suelo, los cuales hacían parte integral de la Resolución Nro. 000208 por
disposición expresa de su parte resolutiva.
Destacó que el artículo 7 de la mencionada resolución estableció que en su contra
solo procedía el recurso de reposición. Como consecuencia de lo expuesto, indicó
que era procedente el recurso de reposición interpuesto, en virtud del cual fue
expedido el Oficio Nro. 01-1800-0093887-S-2018, en el cual “se dijo rechazar por
extemporáneo el recurso de reposición, empero, se procedió a resolver en forma negativa los reparos
que el actor presentó en contra de la Resolución No. 00208 de 2017”9.
En este orden de ideas, el plazo para demandar inició a partir del día siguiente de
la notificación del oficio referido (lo que ocurrió el 3 de abril de 2018), por lo que el
término finalizó el 4 de agosto del mismo año. Entonces, la demanda de la referencia
interpuesta el 26 de julio del mismo año fue oportuna.
2. Sobre la legalidad de los actos acusados.
Realizó consideraciones generales sobre la presunción de legalidad, las causales
de nulidad y la carga de la prueba. Además, expuso el contenido de los actos
acusados y de las normas que rigen la participación en plusvalía.
Estudió el caso concreto y, frente al primer cargo de la demanda, refirió que el
artículo 363 constitucional consagra el principio de irretroactividad como una regla
que prohíbe que se apliquen leyes tributarias a hechos generadores ocurridos con
anterioridad a su entrada en vigencia10.
Indicó que, conforme con la jurisprudencia11, el hecho generador de la participación
9
Samai, índice 2, PDF de la sentencia, página 6.
10 Al respecto citó las sentencias de la Corte Constitucional C-643 de 2022 y del Consejo de Estado del 29 de
abril de 2010 expedientes 17754, C.P. William Giraldo Giraldo; del 12 de mayo de 2012, expediente 17012,
C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia; del 30 de septiembre de 2010, expediente 17939 C.P. Carmen
Teresa Ortiz de Rodríguez; del 2 de diciembre de 2010, expediente 18045, C.P. Hugo Fernando Bastidas
Bárcenas y del 9 de diciembre de 2010, expediente 18044 C.P. William Giraldo Giraldo.
11 Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta del 26 de febrero de 2015. expediente 19526 C.P. Jorge
Octavio Ramírez Ramírez; del 2 de diciembre de 2014, expediente No 18944, C.P. Hugo Fernando Bastidas
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en plusvalía se origina en el momento en que se profiere la autorización específica
para el aprovechamiento del beneficio urbanístico. Además, transcribió los artículos
74 y 83 de la Ley 388 de 1997, y explicó la interpretación de estas normas por parte
del Consejo de Estado12.
Puso de presente que, según el artículo 73 ibidem, el Concejo de Cúcuta adoptó el
plan de ordenamiento territorial con el Acuerdo 083 del 2001, modificado por el
Acuerdo 089 de 2011. Que, el Acuerdo 058 de 2004 reguló las condiciones
generales para la aplicación de la participación en plusvalía, por lo que replicó los
hechos generadores dispuestos en la Ley 388 de 1997. Y, de igual forma, el artículo
272 del Acuerdo 040 de 2010 (Estatuto Tributario Municipal), modificado por el
artículo 2 del Acuerdo 029 de 2016, estableció la tarifa, exigibilidad y cobro del
tributo.
Con lo expuesto, la entidad territorial considera que el hecho generador se configuró
con el Acuerdo 083 de 2001, pero fue con el Acuerdo 029 de 2016 que se determinó
la tarifa aplicable. Así, concluyó que “el hecho generador que correspondería acoger para
efectuar la posterior liquidación del tributo debía darse después de la entrada en vigencia del Acuerdo
029 de 2016 modificatorio del Acuerdo 040 de 2010, ya que fue la misma Ley 388 de 1997 que
dispuso que los concejos municipales y distritales mediante acuerdos de carácter general
establecerán las normas para la aplicación de la plusvalía en sus respectivas jurisdicciones”13.
Así, insistió en que la entidad territorial fijó el tributo tomando como hecho generador
el POT de 2001, “cuando solo con la adopción del Estatuto Tributario Municipal, años después,
el Concejo Municipal reglamentó, entre otros aspectos, de manera específica la tarifa o tasa aplicable
al tributo, situación que terminó generando una vulneración del principio de irretroactividad tributaria
que propende una liquidación conforme a hechos posteriores al acto que funda la carga legal” 14.
Manifestó que, comoquiera que prosperó el primer cargo de nulidad propuesto en
la demanda, en aplicación del principio de economía procesal no es necesario
estudiar los demás. Además, sostuvo que no procedía la condena en costas porque
no se observa que la parte vencida actuara de mala fe.
Recurso de apelación
La demandada apeló la decisión de primera instancia afirmando que la Resolución
Nro. 000208 fue notificada el 5 de diciembre de 2017, e incluso de forma previa,
pues también fue notificada por aviso el 17 de noviembre del mismo año, el cual
quedó en cartelera por 5 días y, en consecuencia, el 24 de noviembre cobró
vigencia.
Indicó que, comoquiera que las actoras se acercaron a notificarse personalmente,
esta actuación se surtió el 4 de diciembre de 2017, de tal modo que, en aplicación
del artículo 72 de la Ley 1437 de 2011, debe considerarse que conocían el acto y,
en consecuencia, el término para demandar finalizó el 5 de abril de 2018. Entonces,
debido a que la demanda fue interpuesta el 26 de julio del mismo año se considera
por fuera del término de ley.
Bárcenas; del 10 de septiembre de 2014, expediente No 19402, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia y
del 5 de diciembre de 2011, expediente No 16532, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.
12 Citó las sentencias del Consejo de Estado, Sección Cuarta, del 12 de diciembre de 2014, expediente 18944,
C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas; del 10 de septiembre de 2014, expediente 19402, C.P. Martha
Teresa Briceño de Valencia; y del 5 de diciembre de 2011, expediente 16532, C.P. Carmen Teresa Ortiz de
Rodríguez.
13 Samai, índice 2, PDF de la sentencia, página 19.
14 Ibidem.
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Transcribió el artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo y reprochó el conteo del término de caducidad realizado
por el Tribunal porque la providencia recurrida señaló que se debe tener como fecha
inicial para determinar la caducidad el 5 de diciembre de 2017, lo cual no tiene
congruencia con la decisión desfavorable de la excepción.
Aseguró que persiste la caducidad del medio de control porque la notificación se
surtió el 5 de diciembre de 2017 sin que las actoras, dejaran salvedad o recurrieran
el acto informando alguna irregularidad, limitándose a presentar una petición sin
atacar el acto administrativo que fue debidamente notificado.
Finalmente, respecto de la figura de la caducidad citó la providencia (sin fecha)
expedida en el Proceso Nro. 18001-23-33-000-2013-00298-01 de la Subsección C
de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
Oposición al recurso de apelación
Las demandantes guardaron silencio.
Concepto del Ministerio Público
El agente del Ministerio Público también guardó silencio.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
De forma preliminar, se advierte que el recurso de apelación no propuso reparo con
relación a la violación del principio de irretroactividad tributaria, por lo que este
aspecto no será analizado, en virtud de lo dispuesto en los artículos 320 y 328 del
Código General del Proceso.
En consecuencia, corresponde a la Sala decidir únicamente si la demanda de la
referencia se presentó dentro del término dispuesto en el numeral 2, literal d), del
artículo 164 de la Ley 1437 de 2011.
Para estos efectos, se pone de presente que la caducidad de la acción es un
presupuesto procesal que se encuentra relacionado con el principio de la seguridad
jurídica, bajo criterios de racionalidad y suficiencia temporal para la reclamación
judicial de los derechos. Así, esta Sección ha precisado que los plazos de caducidad
no impiden ni restringen el derecho de acceso a la administración de justicia, pues
detrás de ellos existen razones de fondo, relacionadas principalmente con la
seguridad jurídica y la garantía de los derechos de los particulares15.
Así, la caducidad busca entre otras cosas que los actos administrativos de carácter
particular adquieran firmeza y no queden indefinidamente sujetos a la incertidumbre
de un proceso judicial destinado a cuestionar su legalidad.
Ahora, el literal d) del numeral 2 del artículo 164 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo establece que el término de
caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho es de
cuatro meses, contados a partir del día siguiente a que se publique, notifique,
comunique o ejecute el acto administrativo definitivo, según el caso.
15 Sentencia del 4 de noviembre de 2021, exp. 25613, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez. Postura reiterada
en el auto del 5 de octubre de 2023, exp. 27801, C.P. Wilson Ramos Girón.
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Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala evidencia que en el expediente está probado
lo siguiente:
El Municipio de Cúcuta expidió la Resolución Nro. 000208 del 31 de agosto de 2017,
la cual determinó el hecho generador, calculó el efecto plusvalor por metro cuadrado
y liquidó la participación en plusvalía con relación al predio identificado con Matrícula
Inmobiliaria Nro. 260-305200. Para estos efectos, el artículo quinto adoptó “como
parte integral de la presente resolución el Informe de avalúo por zonas homogéneas, en donde la
oficina de planeación municipal mediante oficio de fecha 26 de mayo de 2017, allega informe final
del peritazgo emitido en octubre de 2016, (...) y el Resumen del Cálculo del Efecto Plusvalía”16
(subraya la Sala). Además, en el artículo séptimo se ordenó surtir su notificación de
conformidad con los artículos 304 al 315 del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo
040 de 2010)17.
El artículo 304 ibidem establece que las liquidaciones oficiales y demás actuaciones
administrativas se deben notificar personalmente o por medio de correo.
Para estos efectos, los artículos 305 y 307 del Acuerdo 040 de 201018 indican que
la notificación por correo se realizará enviando al contribuyente el acto
administrativo a través de una empresa de mensajería y que, en caso de que sea
devuelto, se publicará un aviso en un periódico de amplia circulación nacional,
departamental o municipal19.
Por su parte, el articulo 308 ibidem prevé que la notificación personal procede en
las oficinas de la entidad cuando quien deba notificarse se acerque voluntariamente
o previa citación. Además, indica que “El funcionario encargado de hacer la notificación
pondrá en conocimiento del interesado la providencia respectiva, entregándole un ejemplar. A
continuación de dicha providencia, se hará constar la fecha de la respectiva entrega”20.
En los anexos a la oposición a la demanda, obra la citación para surtir la notificación
personal dirigida a las sociedades actoras, la cual fue depositada en
correspondencia el 23 de octubre de 201721. Según los informes de la empresa de
mensajería, Gil Yepes y Cía. S. en C.S. e INVERVAN recibieron dicha citación el 24
de octubre22 y el 18 de noviembre de 201723, respectivamente.
La entidad demandada elaboró el Aviso Nro. 000001 del 17 de noviembre de 2017,
que fue publicado en la página web de la entidad, en cartelera y en diario de amplia
circulación municipal24. No obstante, el 4 de diciembre de 2017, la Administración
llevó a cabo notificación personal de la Resolución Nro. 000208 de 2017, para lo
cual dejó constancia de que entregó el acto administrativo en 6 folios25.
Las sociedades actoras remitieron memoriales del 16 y 18 de diciembre de 2017,
con radicados 01-1800-069970-E-2017 (presentado por una sola sociedad) y 01-
1800-069973-E-2017 (de ambas sociedades), respectivamente, señalando que
existió una indebida notificación al no haberse suministrado copias del informe de
avalúo por zonas homogéneas, del informe final de peritazgo emitido en octubre de
16 Samai, índice 2, PDF de anexos a la demanda, página 28.
17 Ibidem, página 29.
18
Ibidem, páginas 648 y 649.
19 Ibidem, página 649.
20 Ibidem.
21 Samai, índice 2, PDF de la oposición a la demanda y sus anexos, página 77.
22 Ibidem, páginas 67 y 78.
23 Ibidem, páginas 68 y 69.
24 Ibidem, páginas 70 a 76.
25 Ibidem, página 79.
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2016 y del resumen del cálculo del efecto plusvalía, los cuales hacen parte integral
de la referida resolución26.
El 23 de enero de 2018, dando respuesta al memorial con radicado 01-1800-
069973-E-2017, el Municipio de Cúcuta citó nuevamente a las sociedades actoras
para llevar a cabo la notificación personal de la “Resolución ‘POR MEDIO DEL CUAL (sic)
SE DETERMINA EL HECHO GENERADOR Y SE LIQUIDA EL EFECTO PLUSVALÍA CAUSADO
POR LA ACCIÓN URBANÍSTICA’”27. El documento fue recibido el día 24 del mismo mes
y año28.
Con oficio del 21 de febrero de 2018, la entidad territorial expidió una segunda
respuesta a la solicitud de una nueva notificación, en la que sostuvo que la
notificación personal realizada el 4 de diciembre de 2017 cumplió los requisitos del
artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo porque se entregaron los 6 folios que integran la Resolución Nro.
000208. No obstante, indicó que para que las actoras puedan verificar el contenido
de los informes técnicos, se realizaría su entrega29. En ese documento consta que
la respuesta fue recibida por las actoras el 22 de febrero de 201830.
Las demandantes presentaron recurso administrativo de reposición contra la
Resolución Nro. 000208 con memorial radicado el 8 de marzo de 2018, esto es,
dentro de los 10 días siguientes a la recepción del anterior oficio31.
El Municipio de Cúcuta expidió el Oficio Nro. 01-1800-009837-S-2018 del 27 de
marzo de 2018 que, aunque afirma que el recurso de reposición fue extemporáneo
porque la resolución impugnada había sido notificada el 4 de diciembre de 2017,
procede a estudiar de fondo los motivos de inconformidad, los cuales fueron
negados32. Esta actuación fue recibida por las actoras el 3 de abril de 201833.
Al valorar las anteriores pruebas en su conjunto, se evidencia que, contrario a lo
dicho por la apelante, no es posible contabilizar la caducidad desde la notificación
por aviso del 17 de noviembre de 2017, pues la misma entidad territorial le negó su
eficacia al practicar de forma posterior una notificación personal.
De otro lado, la Sala advierte que la notificación personal del 4 de diciembre de 2017
no fue debidamente practicada porque, aunque consta que se entregó la copia del
acto acusado en 6 folios, no se adjuntaron los anexos. Repárese en que la entidad
territorial, en el artículo quinto de la Resolución Nro. 000208, expresamente
consideró que los documentos referidos por las actoras en sus peticiones hacían
parte integral de la misma.
En todo caso, aunque obre el acta de notificación personal referida, las actoras
solicitaron realizar una nueva diligencia porque la consideraron irregular, petición a
la que accedió expresamente la Administración al citarlas por segunda vez en enero
de 2018. Lo anterior, generó la confianza legítima en las demandantes de que la
26 Ibidem, páginas 80 y 81.
27 Ibidem, página 100.
28 Ibidem. Se precisa que la anotación de recibo es de Walter Ramírez que, si bien no es el apoderado del
demandante, también dejó constancia que recibió los anexos al acto administrativo el 21 de febrero de 2018,
hecho que es aceptado por las sociedades en la demanda (Cfr. Samai, índice 2, PDF de la demanda,
páginas 10 a 11).
29 Ibidem, páginas 101 a 102.
30 Ibidem, página 102.
31 Ibidem, página 103.
32 Ibidem, página 122.
33 Ibidem.
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notificación personal no fue eficaz y que el error sería debidamente subsanado con
posterioridad. En consecuencia, no es posible contabilizar el término para presentar
el recurso de reposición ni el de caducidad a partir de ese momento, en virtud del
principio de buena fe.
Al respecto resulta relevante señalar que, en la búsqueda por la efectividad de los
derechos y garantías del contribuyente, cobra especial relevancia el principio
constitucional de buena fe, contenido en el artículo 83 de la Constitución Política.
La Corte Constitucional ha reconocido el rol de la buena fe como principio regulador
de las relaciones entre los particulares y el Estado y lo ha entendido como 34: “una
exigencia de honestidad, confianza, rectitud, decoro y credibilidad que otorga la palabra dada, a la
cual deben someterse las diversas actuaciones de las autoridades públicas y de deberes legales,
siempre deben ser entendidas en el sentido más congruente con el comportamiento leal, fiel y
honesto que se deben los sujetos intervinientes en la misma. En pocas palabras, la buena fe
incorpora el valor ético de la confianza y significa que el hombre cree y confía que una declaración
de voluntad surtirá, en un caso concreto sus efectos usuales (…)”
De lo anterior, es dable concluir que la buena fe exige un comportamiento leal y
honesto por parte de los funcionarios públicos y de los administrados que genera
una confianza objetivamente fundada en el comportamiento de unos y otros. De allí
que la jurisprudencia de la Sala ha advertido que, como expresiones del principio
constitucional de buena fe, surgen otros principios y reglas aplicables a la relación
entre la Administración y el ciudadano tales como la confianza legítima al respecto
han referido que35:
“es un principio o valor que se encuentra íntimamente ligado con la buena fe y su aplicación
propende por la protección de las expectativas razonables, ciertas y fundadas que pueden
albergar los administrados con respecto a la estabilidad o proyección futura de determinadas
situaciones jurídicas de carácter particular y concreto. Dichas expectativas, valga decir, deben
fundarse en hechos o circunstancias objetivas, capaces de propiciar el surgimiento de la
confianza, de manera, que no toda probabilidad puede ser protegida mediante este precepto,
pues necesariamente tendrá que ser una proyección seria, que tenga la fuerza de llevar al
administrado a la convicción de que su situación jurídica es una y no cualquiera otra, en
particular, que bajo ciertas condiciones, se hará acreedor de un derecho o mantendrá uno ya
adquirido.”
Entonces, atendiendo las particularidades de este caso y en aplicación del principio
de buena fe y de confianza legítima, resulta válido contabilizar el término para
interponer el recurso de reposición contra la Resolución Nro. 000208 a partir de que
las sociedades tuvieron certeza de que no se realizaría la segunda notificación
personal, esto es, desde el 22 de febrero de 2018. Así las cosas, comoquiera que
el recurso fue allegado el 8 de marzo del mismo año, esto es dentro de los 10 días
hábiles siguientes, debe considerarse oportuno.
Sumado a lo anterior, aunque el Oficio Nro. 01-1800-009837-S-2018 señaló que el
recurso de reposición fue extemporáneo, se insiste en que analizó de fondo los
reparos formulados por las actoras. Esto, a juicio de la Sala, demuestra que la
misma entidad territorial dio validez al recurso de reposición, pues de lo contrario no
habría estudiado los argumentos de las recurrentes.
En este orden de ideas, el término de caducidad de cuatro meses establecido en el
artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 debe contabilizarse a partir del día siguiente a
34 Sentencia C-131 de 2004, reiterada en la sentencia C-235 de 2019. M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
35 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 17 de junio de 2021. Expediente 24575. C.P. Milton
Chaves García, reiterada por la Sentencia del 16 de febrero de 2023. Expediente, 26918. C.P Miryam Stella
Gutiérrez Argüello.
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la notificación del oficio que resolvió el recurso de reposición, por lo que inició el 4
de abril del 2018 y finalizó el 4 de agosto del mismo año. Así las cosas, comoquiera
que la demanda de la referencia se interpuso el 26 de julio del 201836, no había
operado la caducidad.
Finalmente, respecto al argumento de que la sentencia del Tribunal fue
incongruente, la Sala evidencia que el cargo no está llamado a prosperar por cuanto
el fallo de primera instancia verificó la adecuada notificación de los actos acusados,
lo que le permitió llegar a la misma conclusión que esta providencia.
De acuerdo con lo manifestado la apelación no prospera, por lo que será confirmada
la decisión de primera instancia.
Además, no se impondrá condena en costas porque en el expediente no se
encuentran pruebas que las demuestren o justifiquen, conforme a lo previsto en el
artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Confirmar la sentencia de primera instancia, proferida por el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander, el 10 de marzo de 2023.
2. Sin condena en costas.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de
origen. Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador
36 Samai del Tribunal, índice 1.
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