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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 54001-23-33-000-2018-00264-01

Fecha
11 de octubre de 2024
Consejero ponente
Wilson Ramos Girón

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 54001-23-33-000-2018-00264-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. Modificar el ordinal segundo de la sentencia de primera instancia, conforme a la parte motiva de la providencia. En su lugar: Segundo. A título de restablecimiento del derecho, se ordena a la UGPP reliquidar los aportes al SPS a cargo de la actora por los doce meses del año 2014, de acuerdo con el IBC determinado en las consideraciones de la sentencia de segunda instancia. Asimismo, se levanta la sanción por omisión impuesta, por las razones anotadas en la providencia. 2. Confirmar en lo demás la sentencia apelada. 3. Sin condena en costas en esta instancia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 54001-23-33-000-2018-00264-01

Consejero ponente: Wilson Ramos Girón

11 de octubre de 2024

Radicado: 54001-23-33-000-2018-00264-01 (26883)
Demandante: Hilda Ruth Bolívar Cely

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá, D.C., once (11) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 54001-23-33-000-2018-00264-01 (26883)
Demandante: Hilda Ruth Bolívar Cely
Demandada: UGPP

Temas: Aportes al SPS. Enero a diciembre de 2014. Sujeción pasiva.
Oportunidad probatoria en sede jurisdiccional. Compensación de
pérdidas fiscales a efectos de la base de aportes. Error en la
interpretación del derecho aplicable. Cargos novedosos en apelación.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por el demandante1 y la
demandada2 contra la sentencia del 11 de febrero de 2021, proferida por el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander, que decidió3:

Primero. Declárese la nulidad parcial de la Liquidación Oficial RDO-2017-00852 del 25 de mayo de
2017 y la Resolución RDC-2018-00428 del 28 de mayo de 2018, expedidas por la … [demandada],
de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Segundo. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, ordénese a
la UGPP que realice la liquidación de las contribuciones parafiscales del Sistema de la Protección
Social por el año 2014, atendiendo las consideraciones expuestas respecto de los ingresos
mensuales efectivamente percibidos por la señora Hilda Ruth Bolívar Cely en el referido año; sin que
en dicho mes la liquidación supere los 25 SMLMV, de conformidad con lo previsto en el artículo 3
del Decreto 510 de 2003. Para tal efecto, deberá tenerse en cuenta las facturas de venta,
devoluciones y costos, debidamente acreditados en el presente proceso.

Asimismo, el cálculo de la sanción deberá ser modificada al realizarse la nueva liquidación de los
aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión.

Tercero. Niéguense las demás súplicas de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.

Cuarto: Abstenerse de efectuar condena en costas en esta instancia, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva.

ANTECEDENTES

Actuación administrativa

La demandada por medio de la Liquidación Oficial RDO-2017-008524, del 25 de mayo de
2017, determinó los aportes al SPS correspondientes a los períodos de enero a diciembre
1
Samai CE, índice 2, certificado 748D6CA8F2AF68B3 7D68F249E4F1BFD9 088B8952C9062069 D0AA1D20D922D295 (pdf), pp. 1 a 11.
2
Samai CE, índice 2, certificado 5B043C69F00ADB5B A83779850B9E70DA 1B758A13102D1028 D7CE3716EBAB6579 (pdf), pp. 1 a 21.
3
Samai CE, índice 2, certificado 24FDD7B86C2E25CA 987F956CF6FC32F0 86BAD4F77A016633 0D75DA94138EBC47 (pdf), pp. 1 a 25.
4
Samai CE, índice 2, certificado 1121487737DC9B46 4D915D009EFBDBCF BE18F1EFED186018 48F7DFFC04106E4E (pdf), pp. 168 a 185.

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Demandante: Hilda Ruth Bolívar Cely

de 2014 e impuso sanción por no declarar «por la conducta de omisión». Dicho acto
administrativo fue modificado en virtud de la Resolución RDC-2018-004285, del 28 de
mayo de 2018, en vista de que la demandada consideró procedentes los costos -salvo
por los aportes asumidos por los trabajadores de la actora-, lo que disminuyó la cuantía
de los aportes determinados y de la sanción.

Demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en
el artículo 138 del CPACA (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Ley 1437 de 2011), la parte demandante formuló las siguientes
pretensiones6:

5.1. Pretensión principal

5.1.1. Se declare la nulidad de la Liquidación Oficial RDO-2017-00852, del 25 de mayo de 2017, y
de la Resolución RDC-2018-00428, del 28 de mayo de 2018.

5.1.2. A título de restablecimiento del derecho, se declare que mi representada no estaba obligada
para el año gravable 2014 a realizar aportes al Sistema de Seguridad Social, al no tener la calidad
de sujeto pasivo del tributo.

5.1.3. Se condene en costas y agencias en derecho a la entidad pública demandada.

5.2. Pretensión subsidiaria.

5.2.1. Se declare la nulidad de la Liquidación Oficial RDO-2017-00852, del 25 de mayo de 2017, y
de la Resolución RDC-2018-00428, del 28 de mayo de 2018.

5.2.2. A título de restablecimiento del derecho, se declare que por el año gravable 2014, mi
representada únicamente estaba obligada a realizar los aportes al Sistema de Seguridad Social por
los meses de noviembre y diciembre, por las sumas señaladas en el cuerpo de la demanda.

5.2.3. Se condene en costas y agencias en derecho a la entidad pública demandada.

Invocó como vulnerados los artículos 1, 6, 29, 95.9, 123, 209, 228, 338 y 363 de la
Constitución; 27, 28, 147, 330, 647, 648 y 683 del ET (Estatuto Tributario, Decreto 624
de 1989); 42, 137 y 138 del CPACA; 3, 204 y 157.1 de la Ley 100 de 1993; 264 de la Ley
223 de 1995; y, 2, 3 y 4 de la Ley 707 de 2003 bajo los siguientes conceptos de violación7.

Previamente, narró que la actora tenía la calidad de comerciante y que en desarrollo de
su actividad concedía descuentos y recibía devoluciones de ventas, lo cual
instrumentalizaba con notas crédito a las facturas, además planteó:

-Cargo principal: Inexistencia del nacimiento de la obligación tributaria principal. Como
premisa principal, señaló el actor que ni el hecho generador, ni las reglas de sujeción
pasiva de las «contribuciones parafiscales» de los aportes a los subsistemas de Seguridad
Social en Salud y Pensión señalaban a los comerciantes como contribuyentes del
«gravamen».

Sustentó lo anterior en que, según la jurisprudencia constitucional8 los aportes al Sistema
General de Seguridad Social (SGSS) son contribuciones parafiscales a las cuales le son
aplicables los principios que rigen los tributos y, dentro de los cuales se encuentran el
5
Samai CE, índice 2, certificado 1121487737DC9B46 4D915D009EFBDBCF BE18F1EFED186018 48F7DFFC04106E4E (pdf), pp. 137 a 163.
6
Samai CE, índice 2, certificado 763B189FBCC0F40D 14EEF8DF74877FB6 1E6AB7BC5E4AC82D CF1B66996BC11176 (pdf), p. 36.
7
Samai CE, índice 2, certificado 763B189FBCC0F40D 14EEF8DF74877FB6 1E6AB7BC5E4AC82D CF1B66996BC11176 (pdf), pp. 8 a 35.
8
Corte Constitucional, sentencia C-369 de 2011, MP: Jorge Iván Palacio Palacio.

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principio de reserva de ley, progresividad, determinación, certeza, eficiencia e
irretroactividad que materializan el mandato de los artículos 338 y 363 constitucionales.
Acorde con el primero, no resultaba posible que, a través de una norma reglamentaria,
una autoridad administrativa determinara alguno de sus elementos esenciales, según lo
previsto en el artículo 338 de la Constitución y lo expuesto en la sentencia C-585 de
20159. Finalmente, explicó que en virtud de los principios de predeterminación y certeza
de los tributos, sus elementos deben ser señalados previamente en una ley y además
determinar con suficiente claridad y precisión cada uno de los elementos esenciales,
concretándose así el principio de seguridad jurídica10. Acotó que la liquidación oficial
señaló que el hecho generador de la obligación tributaria eran los artículos 3 [del derecho
a la seguridad social] y 204 de la Ley 100 de 1993 [cotizaciones a salud] y 2 de la Ley
797 del 2003 [afiliación al sistema general de pensiones], disposiciones referidas a los
trabajadores independientes, categoría muy diferente a la de los comerciantes, a la que
pertenece la actora. En la misma línea, cuestionó que adicionalmente la demandada
señalara que el hecho generador se encontraba establecido el artículo 26 del Decreto
806 de 1998, por cuanto la Administración no puede fijar el hecho generador de una
contribución parafiscal a través de un decreto so pena de quebrantar el principio de
reserva de ley.

Igualmente, refirió que la Administración señaló que el sujeto pasivo de las contribuciones
estaba contenido en los artículos 157.1 de la Ley 100 de 1993 [tipos de participantes en
el sistema de salud] y 3 y 4 de la Ley 797 de 2003, disposiciones que al igual que en el
caso anterior, se referían únicamente a los trabajadores independientes que devengaran
ingresos por contratos de prestación de servicios, lo cual no comprendía a los
comerciantes «…pues ello implicaría la realización de una analogía, situación que chocaría con los
principios de certeza y predeterminación antes señalados ». Sobre el particular, citó varios
pronunciamientos doctrinales de la administración de impuestos11 para señalar que esta
ha considerado a los trabajadores independientes como prestadores de servicios
personales que perciben honorarios, comisiones o servicios, lo que en virtud de una
interpretación armónica con el artículo 10 del Código de Comercio no comprendería a los
comerciantes.

Así, enfatizó que las categorías de trabajador independiente y comerciante no eran
asimilables por lo que «…no puede concluirse que un comerciante tenga la calidad de sujeto pasivo
de los aportes al Sistema de Seguridad Social», seguido de lo cual concluyó que las normas
legales antes citadas, en ningún momento le otorgaron la calidad de sujeto pasivo de
dichas contribuciones parafiscales a los comerciantes y menos aún pueden entenderse
comprendidos en la categoría de trabajadores independientes, porque la analogía en
materia tributaria está proscrita; tampoco esto podría ser definido por una norma
reglamentaria, en tanto esto solo es de competencia del Congreso. Por ello, los actos
demandados infringieron las normas en las cuales debían fundarse, debido a que le
otorgaron la calidad de sujeto pasivo de los aportes al SPS a la actora, en virtud de
interpretaciones que la ley no contiene, «…extralimitando el hecho generador y el sujeto pasivo
definido en la norma…».

Tras lo anterior y bajo el título de «cargos subsidiarios» aludió a la posibilidad de mejorar o
aportar nuevas pruebas en sede judicial, así como al principio de capacidad contributiva
que rige el ordenamiento jurídico tributario, destacando que el sistema tributario se funda
en los principios de equidad, eficiencia y progresividad, para lo cual referenció
9
Corte Constitucional, sentencia C-585 de 2015, MP: María Victoria Calle Correa.
10
Corte Constitucional, sentencia C-227 de 2002, MP: Jaime Córdoba Triviño; sentencia C-594 de 2010, MP: Luis Ernesto Vargas Silva; sentencia T-
624 de 2004, MP: Alfredo Beltrán Sierra.
11
Citó el Concepto 075788 del 26 de noviembre de 2003, Oficio 038854 del 23 de junio de 2005, Oficio 094075 del 24 de septiembre de 2008 y el oficio
013205 del 29 de febrero de 2012.

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pronunciamientos de la Corte Constitucional, en el sentido de que el principio de equidad
exige que al momento de pagar una contribución parafiscal se atienda la capacidad
económica; tras esto, arguyó que solo existía obligación de realizar aportes cuando el
IBC era superior a 1 smlmv, pues conforme a lo que ha señalado la Corte Constitucional,
la obligación solo surge cuando se perciba un ingreso efectivo, pues solo en tal caso se
acredita el presupuesto esencial para realizar los aportes para no vulnerar el mínimo vital.
Seguidamente, anotó que las personas obligadas a llevar contabilidad debían reconocer
el ingreso cuando se causara; esto es, cuando se facturara, de modo que de no recibirse
ingresos en el mes no habría obligación de aportar. Luego, aseveró que la base gravable
se encontraba en el parágrafo 2 del artículo 204 de la Ley 100 de 1993, artículos 5 y 6
de la Ley 797 de 2003 y los artículos 2.2.2.1.5 y 2.2.3.1.7 del Decreto 1833 de 2016, que
señalaban que el tope para la cotización mensual era de 25 smlmv; disposiciones que
reprodujo al igual que el artículo 23 del Decreto 1703 de 2002 y el artículo 1 del Decreto
510 de 2003.

-Base gravable de las contribuciones parafiscales de aportes al Sistema de Seguridad
Social en Salud y Pensión. Tras lo anterior, afirmó que debía entenderse por ingresos
efectivamente percibidos el resultado de restarles las devoluciones, rebajas y
descuentos, así como los costos y gastos incurridos en la actividad lucrativa, luego de lo
cual debía aplicarse el 40%, con lo que se obtenía la base gravable de aportes. En apoyo
de esto, citó la Circular Conjunta 0001 del 2004 del Ministerio de Protección Social y un
concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil12. Agregó que, acorde con el artículo 18
de la Ley 1122 de 2007, la base de cotización para independientes con contratos de
prestación de servicios sería del 40% sobre el valor bruto del contrato, por lo que en
aplicación del principio de igualdad no podía exigirse a los comerciantes una base mayor
que la de los contratistas, pues se desconocería el principio de generalidad del gravamen.
Finalmente, destacó que el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015 determinó que la base
de cotización para los trabajadores por cuenta propia era del 40% del ingreso, luego de
restar los costos de la operación13.

Con base en ello, manifestó que, si bien los comerciantes no se encontraban gravados
con aportes para el año 2014, en caso de considerarse que debía aportar la base
gravable sería la aplicable a los trabajadores independientes (40% del ingreso neto). En
su caso, debían restarse de los ingresos brutos las devoluciones, rebajas y descuentos,
los costos y gastos «…los cuales ya fueron aceptados por la UGPP», y al resultado debía
aplicarse el 40%.

-Las pérdidas fiscales pueden ser compensadas en los meses siguientes en aplicación
del principio de la capacidad contributiva. Señaló que las pérdidas fiscales incurridas por
un contribuyente podían ser compensadas con los ingresos netos obtenidos en periodos
siguientes, so pena de vulnerar el principio de capacidad contributiva, ya que «…obligaría
al afiliado a realizar aportes sobre ingresos que en el resultado final no posee ».

Así, afirmó que los artículos 147 y 330 del ET permitían que las personas naturales
compensaran las pérdidas fiscales con las rentas líquidas ordinarias que obtuvieran en
periodos gravables siguientes, lo que a su juicio, materializaba los principios de equidad
tributaria y capacidad contributiva, en tanto impedía que se causaran gravámenes
confiscatorios que no atendían la realidad de la operación económica, como quiera que
si en un periodo se obtenían pérdidas, muy seguramente debía endeudarse para cubrirlas

12
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil del 26 de julio de 2007 CP:Luis Fernando Álvarez Jaramillo.
13
En ese sentido citó el Concepto 201570010855132, del 22 de diciembre de 2015, proferido por la UGPP donde esta manifestó que la base gravable
de sus aportes corresponderá al 40% del IBC el cual estará conformado por sus ingresos menos las expensas deducibles de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 107 del ET.

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y, por ende, se permitía que dichas pérdidas fueran compensadas y así se garantizaba
que «…el tributo recaiga siempre sobre una capacidad contributiva efectiva».

-Aportes que debieron efectuarse en el año 2014. Con base en lo anterior, la demandante
presentó un cálculo que señaló como el correcto, para lo cual aseguró que facturó todas
sus operaciones, de manera que los ingresos mensuales eran los que constaban en ese
ejercicio aritmético, en virtud del principio de causación. Seguidamente, presentó un
cuadro resumen mensualizando las devoluciones, rebajas y descuentos concedidos por
un valor total de $36.308.653, de las cuales aportaba las notas crédito que las
demostraban y reiteró que, los costos y gastos ya habían sido aceptados por la autoridad
en sede administrativa. Presentó un cálculo detrayendo los dos conceptos anteriores
(costos por $515.010.319) que reflejó que solo hubo base gravable en los meses de
noviembre y diciembre, lo que se derivó en que en los meses de enero, febrero, marzo,
abril y junio de 2014 incurrió en pérdidas fiscales. A su turno, mostró la procedencia de
compensación de pérdidas fiscales en los meses de mayo, julio, agosto, septiembre,
octubre y noviembre de 2014.

-Improcedencia de la sanción por omisión. Argumentó que era improcedente la
imposición de la sanción por omisión, en virtud de la «diferencia de criterio», en aplicación
de los principios que rigen la facultad sancionatoria en materia administrativa. Señaló que
los funcionarios administrativos debían sustentar la imposición de sanciones en los
principios en los que se «…edifican los ilícitos penales, solo que de forma matizada» y observando
los criterios de tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, de manera que una sanción podía
ser aplicada cuando se acreditara la culpabilidad del contribuyente, lo que implicaba que
se efectuara un juicio de reproche en el que se acreditara que el contribuyente pudo
actuar en otra forma y no quiso hacerlo.

Agregó que la inseguridad jurídica en torno a los elementos esenciales de las
obligaciones tributarias del caso concreto hacía imposible que la actora hubiese
procedido a afiliarse y realizar los aportes al SPS. Igualmente, citó el parágrafo 2 del
artículo 647 del ET y concluyó que dicha norma era aplicable a su caso, en tanto «…al no
existir una disposición expresa que obligue a declarar a los comerciantes como si fueran iguales a los
trabajadores independientes, la conclusión es (…) [que] existe una diferencia de interpretación». En
sustento de esto, invocó la sentencia del 30 de agosto de 201614 y acotó que no eran
pacíficos los criterios expuestos por la demandada en relación con este caso, como
quiera que existieron muchas interpretaciones para el año 2014 que señalaban que «…los
comerciantes no estaban obligados a efectuar cotizaciones » al SPS. Advirtió que nunca pretendió
defraudar al fisco.

Contestación de la demanda

La demandada se opuso a las pretensiones15. Estimó que actuó en ejercicio de sus
facultades y funciones establecidas en la ley y las disposiciones vigentes al momento de
expedir los actos administrativos demandados que estaban investidos de presunción de
legalidad, lo cual no fue desvirtuado, como tampoco los fundamentos y pruebas.

Anotó que dentro del proceso de fiscalización se estableció que la actividad económica
es la confección, por lo que al verificar los soportes allegados, acorde con los artículos
107, 771.2, 617 y 618 del ET, se observó que existía relación de causalidad.

14
Sentencia del 30 de agosto de 2016, exp. 19851, CP: Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
15
Samai CE, índice 2, certificado 1121487737DC9B46 4D915D009EFBDBCF BE18F1EFED186018 48F7DFFC04106E4E (pdf), pp.
1 a 50.

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Describió y explicó los principios constitucionales y las reglas generales que rigen al
Sistema de la Protección Social y a la afiliación y pago de los aportes al SGSS
«sensibilización frente a la obligatoriedad de afiliación y pago de aportes al sistema», a cuyos efectos,
partiendo del artículo 48 constitucional, señaló que la seguridad social es un derecho
fundamental y su financiamiento se sustenta en las contribuciones parafiscales que
comprenden los tributos dirigidos a satisfacer una serie de derechos y garantías
constitucionales, tales como la salud, pensión y el trabajo, entre otros. En desarrollo de
ello se expidió la Ley 100 de 1993 y posteriormente la Ley 789 de 2003, con el fin de
implementar un sistema unificado de seguridad social para brindar una cobertura integral,
prestada con fundamento en los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. En
ese contexto, señaló que para hacer efectivos los postulados de la seguridad social se
establecieron contribuciones parafiscales que buscan recaudar los recursos para hacer
efectivos los derechos a la salud, pensión y otros.

Luego, frente a los reparos concretos de la demandante sostuvo no haber quebrantado
las normas que se alegaron como violadas y, por el contrario, expuso que los cargos
planteados adolecían de vaguedad, no expresaban con claridad y exactitud cuál era la
supuesta infracción en que se incurrió al expedir los actos, por lo que carecían de certeza,
especificidad y suficiencia. Recordó que tenía la facultad de adelantar las actividades de
seguimiento, colaboración y determinación de la adecuada, completa y oportuna
liquidación y pago de las contribuciones parafiscales de la protección social, según lo
dispuesto en los artículos 121 de la Constitución, 156 de la Ley 1151 de 2007 y el Decreto
575 de 2013.

Frente al cargo principal de «inexistencia del nacimiento de la obligación tributaria principal»
propuesta por la demandante, solicitó desestimar los argumentos, aduciendo que acorde
con el artículo 157 la Ley 100 de 1993 están obligados a afiliarse al Régimen Contributivo
del SGSS, tanto en salud como en pensiones, las personas naturales independientes con
capacidad de pago o podrán ser afiliadas de oficio cuando se presuma tal capacidad. Por
ello, advirtió que de conformidad con el artículo 33 de la Ley 1438 de 2011 «para el presente
asunto», las personas naturales por ser declarantes del impuesto sobre la renta «…entre
otros, son responsables de liquidar y por tanto están obligados a pagar los aportes al Sistema » y por ello
tiene potestades para determinar los omisos, conforme al artículo 156 de la Ley 1151 de
2007.

Señaló que respecto de los comerciantes, el artículo 1 del Decreto 1406 de 1999, por el
cual se implementó el Registro Único de Aportantes al Sistema de Seguridad Social
Integral, los incluyó como aportantes al establecer como tales a las «demás personas que
tengan capacidad de contribuir al financiamiento del SGSS»; seguido de lo cual, advirtió que la
Corte Constitucional en la sentencia C-578 de 200916 aclaró que dentro de la expresión
«trabajador independiente» estaban comprendidos los «rentistas de capital» al prescribirse en
el artículo 15 del Decreto 3063 de 1989 una noción amplia de «trabajador independiente»,
incluyendo toda persona natural que ejerza personal y directamente una profesión, oficio
o actividad económica, con o sin trabajadores a su servicio, sin sujeción a un contrato de
trabajo; es decir, «…todas las personas económicamente activas» que cuentan con la capacidad
de contribuir al financiamiento del Sistema de Seguridad Social Integral.

Aludió a la normativa que determina la obligación de aportar en salud y pensión, tal como:
letra a. del artículo 157 de la Ley 100 de 1993, Decreto 806 de 1998, artículos 26 y 33 de
la Ley 1438 de 2011 -esta última que consagra una presunción de capacidad de pago y
de ingresos-. A partir de ello, explicó que existía la obligación de afiliarse y contribuir al

16
Corte Constitucional, sentencia C-578 de 2009, MP: Juan Carlos Henao Pérez.

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SPS por parte de las personas naturales declarantes del impuesto sobre la renta y
complementarios, impuesto sobre las ventas e impuesto de industria y comercio y
aquellas personas que tengan certificados de ingresos y retenciones que reflejen el
ingreso establecido para pertenecer al Régimen Contributivo.

Respecto de la base de cotización, aclaró que acorde con el artículo 3 del Decreto 510
de 2003 que reglamenta la Ley 797 de 2003, la base de cotización a pensión es la misma
que para el sistema de salud. Agregó que según lo previsto en los artículos 1 y 3 ídem,
el IBC aplicable para los trabajadores independientes, corresponde a los ingresos
efectivamente percibidos por el afiliado durante el período a declarar, con la posibilidad
de deducir las expensas que tengan relación de causalidad con su actividad productora
y sean necesarias y proporcionadas, de conformidad con el artículo 107 del ET, debiendo
hacerse tal test, más la comprobación del cumplimiento de los requisitos del artículo 771-
2 ejusdem.

Por todo lo anotado, concluyó que a la actora le era aplicable el sistema de presunción
de capacidad de pago e ingresos, establecido en el artículo 33 de la Ley 1438 de 2011
en atención a la presentación de la declaración del impuesto sobre la renta, donde reportó
ingresos por el desarrollo de la actividad económica de confección de prendas de vestir
y su comercialización por su propia cuenta y riesgo, con lo que se encontraba en la
categoría de «…trabajadora independiente por cuenta propia» obligada a afiliarse y pagar las
contribuciones parafiscales del SPS, en los términos de los artículos 157 de la Ley 100
de 1993 y 26 del Decreto 806 de 1998. Precisó que, según el artículo 3 del Decreto 510
de 2003, la base de cotización a pensión era como mínimo 1 y máximo 25 smlmv, lo cual
aplicaba igualmente a salud, de modo que existía fundamentación clara y precisa,
contrario a lo afirmado por la actora.

Frente al primer cargo subsidiario, expresó que al no haberse obtenido de parte de la
actora prueba de los costos y gastos procedentes, ni del período en que percibió los
ingresos, tuvo que dividirlos en los doce meses del año con observancia del límite de los
25 smlmv, puesto que era carga probatoria de la demandante, en virtud del principio de
la carga dinámica de la prueba -quien alega un hecho a su favor debe probarlo a través
de los diferentes medios establecidos en la ley-. Así, la actuación de atribuir los ingresos
de forma proporcional no constituyó una presunción, en la medida en que tales ingresos
fueron obtenidos en el año 2014; además, advirtió que las pruebas allegadas en sede
judicial resultaban violatorias de su debido proceso, pues en la actuación confirió
oportunidades probatorias a la contribuyente.

Respecto del siguiente cargo subsidiario referido al principio de la capacidad contributiva,
en el momento en que se entiende percibido el ingreso surge la obligación de aportar,
siempre que el IBC sea superior a 1 smlmv, por lo cual recalcó que el SPS se rige por los
principios de eficiencia, universalidad y solidaridad y que la normativa que la regula
establece el deber de afiliarse al régimen contributivo, por parte de los trabajadores
independientes con capacidad de pago; en consecuencia, tendrán que autoliquidar y
pagar las contribuciones parafiscales en las condiciones requeridas para cada
subsistema. Por otra parte, destacó que el artículo 33 de la Ley 1438 de 2011 establecía
de quien se presumía capacidad de pago.

Sostuvo que no era necesario que el Gobierno regulara un sistema de presunción de
ingresos para establecer la base de cotización de aportes de la demandante, debiendo
recordarse que, acorde con el parágrafo del artículo 1 del Decreto 510 de 2003, «…se
entiende por ingresos efectivamente percibidos por el afiliado, aquellos que él mismo recibe para su
beneficio personal. Para este efecto, podrán deducirse las sumas que el afiliado recibe y debe erogar para

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desarrollar su actividad lucrativa…»; norma de la cual se desprendía que el ingreso base de
cotización era el efectivamente percibido por el afiliado, menos las expensas para
desarrollar su actividad económica, de manera que la demandada para determinar el
ingreso, en ausencia de prueba diferente a su declaración de renta, tomó los allí
reportados.

Adujo que el artículo 33 de la Ley 1438 de 2011 hacía referencia a dos presunciones,
una atinente a la capacidad de pago y otra a la de ingresos con base en las actividades
económicas, cuya reglamentación estaba condicionada a lo que determinara el Gobierno,
de manera que la capacidad de pago se presumía de quienes se enmarcaran en las
previsiones de los numerales 1 a 3 de tal precepto [se refiere a los obligados a presentar
declaraciones, entre otros], teniendo la obligación de afiliarse y aportar al sistema.

Posteriormente, manifestó que del análisis de los soportes allegados por la actora con el
recurso de reconsideración, tales como facturas, extractos y auxiliares contables, la
demandada valoró los pagos por concepto de seguridad social -salvo la parte a cargo del
trabajador-, según se observa en el archivo excel, adjunto a tal resolución y se concluyó
que se aceptaban como costos, los informados por la actora en el recurso; sin embargo,
de los ingresos no se presentaron soportes, lo que no permitió establecer el periodo
mensual de percepción; tan solo los relacionó en un cuadro, lo cual no podía tenerse
como prueba suficiente, por lo que se mantuvo la mensualización lineal de los ingresos
declarados y, por la misma razón, no fueron consideradas las devoluciones, en tanto
correspondían a un menor valor del ingreso. En tal contexto, explicó que la entidad
demandada estableció el IBC, a partir de los ingresos declarados en renta por valor de
$625.000.000, distribuidos en los doce meses del año y aceptó costos por valor de
$513.861.525 [distribuidos en la proporción que encontró probada la autoridad],
observando el límite de los 25 smlmv [se advierte que en los periodos en los que al
depurar resultó un valor negativo, se liquidó el salario mínimo legal como base de aporte].

Luego, anotó que la demandada se basó en la información suministrada por la actora,
quien «no aportó los documentos soporte de los costos respecto a los ingresos reflejados en sus
denuncios tributarios», de manera que ante la ausencia de las pruebas requeridas se
determinaron los ingresos con los valores declarados. En relación con la sanción por
omisión, sostuvo que no aplicaba la «diferencia de criterio» por no estar cubierta en la
expresa remisión del artículo 156 de la Ley 1151 de 2007, pues esta era solo referida a
aspectos procedimentales y su aplicación era de carácter residual. Adicionalmente,
clarificó que al liquidar la sanción por omisión dio aplicación al principio de favorabilidad,
dado que el artículo 314 de la Ley 1819 de 2016 morigeró las consecuencias punitivas
que inicialmente establecía el artículo 179 de la Ley 1607 de 2012.

Finalmente, se opuso a la pretensión de condena en costas, por cuanto se debatía un
asunto de interés general. También señaló que acorde con los artículos 188 de CPACA
y 365 del CGP, la actora no aportó ninguna prueba que acreditara los gastos en que
incurrió.

Sentencia apelada

El tribunal17 declaró la nulidad parcial de los actos demandados, pues aunque concluyó
que la actora estaba obligada a efectuar aportes a la seguridad social, consideró que los
ingresos percibidos durante el año 2014 no podían ser distribuidos de forma proporcional
en los 12 meses del año y, por ello, ordenó la reliquidación de las contribuciones, teniendo

17
Samai CE, índice 2, certificado 24FDD7B86C2E25CA 987F956CF6FC32F0 86BAD4F77A016633 0D75DA94138EBC47 (pdf), pp. 1 a 25.

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en cuenta los ingresos mensuales efectivamente percibidos y el límite de los 25 smlmv
para calcular el IBC, así como las devoluciones y los costos acreditados en el proceso.

A los efectos anteriores, señaló que la actora tenía la calidad de comerciante «rentista de
capital», propietaria de un establecimiento de comercio, que ejercía actividades
mercantiles de confección y comercialización de prendas de vestir, por lo que estaba
obligada a la afiliación y pago de los aportes al SPS como cotizante, lo que sustentó en
que el artículo 1 del Decreto 1406 de 1999 incluyó como obligados a realizar aportes al
SPS a los rentistas de capital o comerciantes y demás personas que cuenten con la
capacidad económica de contribuir. Del mismo modo, el artículo 34 del Decreto 2353 de
2015 obliga a las personas residentes sin vínculo contractual, con ingresos superiores a
un smlmv a afiliarse al sistema de salud como cotizantes. Adicionalmente, conforme al
artículo 33 de la Ley 1438 de 2011, la persona natural declarante del impuesto sobre la
renta está obligada a pagar aportes al sistema. Igualmente, acotó que acorde con los
artículos 25, 26 y 29 del Decreto 1406 de 1999; 3, 4, 5 y 6 de la Ley 797 de 2003; y 18
de la Ley 1122 de 2007, todo afiliado debía cotizar al SPS sobre la totalidad de los
ingresos que percibiera a cualquier título (como independiente, dependiente o
contratista).

Por otra parte, el a quo desestimó la aplicación del artículo 135 de la Ley 1753 de 2015
que permitía a los trabajadores independientes y a los independientes con contratos
diferentes a prestación de servicios liquidar sus contribuciones sobre el 40% del valor
mensualizado de sus ingresos netos, por cuanto tal disposición fue declarada
inconstitucional18 mediante sentencia C-219 de 201919 de la Corte Constitucional y,
posteriormente, fue derogada por la Ley 1955 de 2019.

Sin perjuicio de ello, precisó que la demandada no podía, a los efectos de cuantificar los
aportes, distribuir de forma proporcional mensual durante los doce meses, los ingresos
declarados por la demandante en su autoliquidación del impuesto sobre la renta del año
gravable 2014, en tanto ello implicaría presumir que la demandante percibió los mismos
ingresos todos los meses. Advirtió que debieron haberse establecido los ingresos
realmente percibidos en cada mes, considerando las devoluciones, los costos y las
deducciones procedentes, en vista de que la actora allegó judicialmente nuevas pruebas,
-lo cual facultaba el CPACA-, entre ellas las facturas de ventas, así que la demandada
debía reliquidar atendiendo los ingresos percibidos y acreditados, así como descontar los
costos -que tengan relación de causalidad con la actividad- y las devoluciones efectuadas
cada mes.

Igualmente, descartó la aplicación del artículo 147 del ET, invocado por la demandante
para no liquidar aportes en algunas mensualidades, pues precisó que el tratamiento de
la compensación de pérdidas fiscales aplicaba a sociedades y ello no correspondía al
caso estudiado.

Por último, encontró ajustada a derecho la sanción por omisión, por cuanto la actora
estaba obligada a la afiliación y pago de los aportes al SPS como cotizante, al haber
contado con la capacidad económica para contribuir; sin embargo, debía reliquidarse,
con los ingresos efectivamente percibidos, una vez disminuidos los costos y las
devoluciones de ventas. No condenó en costas por no haberse causado y ante el hecho
de accederse parcialmente a las pretensiones.

18 La norma fue declarada inconstitucional, por la Corte Constitucional, en tanto desconoció el principio de unidad de materia consagrado en

el artículo 158 de la Constitución ya que estimó su violación al haberse consagrado una norma de conformación del IBC para trabajadores
independientes y contratistas con contratos diferentes a la prestación de servicios en una ley contentiva del plan nacional de desarrollo.
19 Corte Constitucional, sentencia C-219 de 2019, MP: Luis Guillermo Pérez.

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Recursos de apelación

La actora recurrió20 la decisión del tribunal. A tales fines, desarrolló como cargos de
inconformidad la «inexistencia de la obligación tributaria» y cuestionó «Sobre la forma en que deben
calcularse los aportes al Sistema de Seguridad Social». Para sustentar lo anterior planteó los
siguientes argumentos:

-Inexistencia de la obligación tributaria a su cargo. Al respecto, señaló que como lo adujo
en la demanda, no tenía la calidad de sujeto pasivo de la obligación tributaria para el año
2014, por cuanto no existía disposición legal que estableciera con claridad que los
comerciantes debían efectuar aportes a salud y pensión. En ese orden, la decisión del a
quo desconoció los principios de certeza, predeterminación, reserva de ley y legalidad en
materia tributaria.

Enfatizó en que, acorde con el artículo 338 constitucional, no era posible acudir a
decretos reglamentarios para determinar los elementos esenciales del tributo, como lo
hizo el a quo, porque se desatendía la máxima de que no hay impuestos sin
representación, la cual es ejercita por el Congreso. Destacó que la demandada había
aludido en la contestación al principio de solidaridad y a que los recursos eran destinados
para la salud y pensión, tesis que parece haber sido aceptada por el tribunal, como si tal
principio fuera el hecho generador de la obligación tributaria, criterio que no tendría
cabida en el ordenamiento, pues generaría arbitrariedad e inseguridad jurídica, además
de oponerse a los principios del derecho tributario que exigen la predeterminación y
certeza del tributo. Por ello, reiteró que no podían asimilarse los comerciantes a los
prestadores de servicios, ya que para el año 2014 no existía una disposición que
estableciera para los comerciantes la calidad de sujeto pasivo.

-Sobre la forma en que deben calcularse los aportes al Sistema de Seguridad Social.
Manifestó que el tribunal señaló que le asistía razón a la actora respecto de que debía
realizarse el cálculo de los ingresos netos mensualmente; esto es, ingresos menos las
devoluciones, rebajas y descuentos y los costos y gastos para establecer si en el
correspondiente mes tuvo o no la obligación de aportar y se acepta que si el ingreso neto
es inferior a 1 smlmv no hay obligación de aportar; sin embargo, el a quo cometió tres
yerros: «i) (…) indicar que será la UGPP quien establezca cuáles son los ingresos mensuales, así como
las devoluciones, rebajas, descuentos, costos y gastos procedentes, (ii) (…) señalar que las pérdidas en
las cuales se incurre en un mes no pueden compensarse en el siguiente. Adicionalmente, (iii) olvida
precisar que para calcular el IBC debe tenerse en cuenta únicamente el 40% de los ingresos del respectivo
período».

-Prohibición de facultar a la UGPP para determinar los aportes a Seguridad Social. Partió
de señalar que desde la presentación de la demanda aportó una prueba contable,
acompañada de todos los soportes de los ingresos, devoluciones, rebajas y descuentos,
que demostraba mes a mes cual fue su ingreso neto o utilidad correspondiente,
principalmente en lo atinente a los dos primeros conceptos, pues los costos y gastos ya
habían sido reconocidos casi totalmente por la Administración y esta centró su
contradicción en que las pruebas no debían ser valoradas por haberse aportado en la
instancia judicial, olvidando controvertir la mensualidad de los ingresos y la procedencia
de las devoluciones, rebajas y descuentos, todo lo cual fue acreditado con las facturas,
notas contables, además de que dichas erogaciones cumplieron los requisitos de
necesidad, proporcionalidad y causalidad (art. 107 del ET). Sin embargo, el tribunal
decidió que el valor de los ingresos mensuales, la procedencia de las devoluciones,
rebajas y descuentos y de los costos y gastos debía ser analizada por la demandada
20
Samai CE, índice 2, certificado 748D6CA8F2AF68B3 7D68F249E4F1BFD9 088B8952C9062069 D0AA1D20D922D295 (pdf), pp. 1 a 11.

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luego de finalizado el proceso, lo que a su juicio, vulneró el derecho de acceso a la
administración de justicia, dado que los ciudadanos tienen derecho a obtener una
sentencia de fondo que resuelva la totalidad del conflicto sometido a su conocimiento,
realizando el correspondiente análisis de fondo y evitando decisiones inhibitorias. No se
podía premiar a la contraparte que no atendió la carga procesal que le incumbía en el
proceso, permitiéndole cumplirla fuera del mismo. Adujo que no decidir implicaba
denegar justicia y condenaba al ciudadano a continuar una discusión, lo que iría en
contravía de la finalidad de un proceso judicial que era terminar un conflicto.

Consideró que su contraparte perdió competencia para determinar sus aportes a cargo y
que le precluyó la oportunidad de controvertir las pruebas, pues debió hacerlo en la
contestación de la demanda o en la audiencia de pruebas, lo que no ocurrió, pues no
objetó ninguna de las pruebas aportadas, de manera que, las mismas debían ser
aceptadas dentro del proceso judicial como suficientes para acreditar los hechos que se
pretendieron probar.

Respecto de los costos y gastos, precisó que en la resolución que resolvió el recurso de
reconsideración la Administración ya había aceptado la «casi la totalidad» de los costos y
gastos y resaltó que «…la discusión se centraba únicamente en lo atinente a los ingresos mensuales,
a las devoluciones, rebajas y descuentos, y a unos pocos gastos», para lo cual transcribió los
apartes pertinentes del acto en mención; por lo que tales conceptos no estaban en
discusión. Así, la actora aportó las facturas que acreditaban los meses en los que se
obtuvieron, así como los auxiliares contables de las devoluciones, rebajas y descuentos.

-Sobre la compensación de pérdidas fiscales. Censuró que el a quo limitara la
procedencia de la compensación de pérdidas fiscales a las sociedades, pues la misma
se encuentra permitida también para las personas naturales, más aún para las obligadas
a llevar contabilidad. Al respecto, precisó que si bien artículo 147 del ET se refería a la
compensación de pérdidas para las sociedades, el derecho a la compensación no era un
beneficio fiscal, como lo entendió el tribunal sino la aplicación del principio de capacidad
contributiva, que propende por entender el resultado real de la actividad económica.

Sobre la posibilidad de compensar pérdidas por parte de las personas naturales,
transcribió el Concepto DIAN 100208221-1564, del 14 de septiembre de 2018.
Seguidamente, adujo que para el caso de aporte a la seguridad social, era claro que las
normas que la regulaban se remitían al Estatuto Tributario para llenar vacíos existentes
sobre el particular, de modo que la posibilidad de comenzar pérdidas en períodos
subsiguientes debía ser aplicada, pues solo así se garantizaban los principios de equidad
y capacidad contributiva, pues a modo de ejemplo, si en el mes de enero se generaran
pérdidas de $20.000.000 y en febrero utilidades por la misma suma y se le obligara a
pagar aportes en este último periodo, lo cierto sería que apenas estaría recuperando la
pérdida y no habría capacidad contributiva. Consistente con tal argumento, presentó un
ejercicio aritmético que reflejaba los ingresos percibidos mensualmente afectados con
devoluciones en ventas, costos y gastos, lo que generó pérdidas en algunos periodos
que luego compensó en otros, lo que arrojaba como resultado que solo en los meses de
noviembre y diciembre había base imponible, esto previa aplicación del 40%.

Por otro lado, adujo que si la interpretación del tribunal era que los comerciantes se
asimilaban a los prestadores de servicios para efecto de su sujeción pasiva, entonces el
IBC debió calcularse sobre el 40% de los ingresos netos, como lo permiten los artículos
135 de la Ley 1753 de 2015 y 244 de la Ley 1955 de 2019, para lo cual citó el Concepto
201570010855132, del 22 de diciembre de 2015 y mencionó que a través de la
Resolución 209 de 2020 se estableció la aplicación de costos presuntos para algunos

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contribuyentes y allí hay claridad en señalarse que al ingreso neto se le debe calcular el
IBC al 40% y dispuso que acorde con el artículo 139 de la Ley 2010 de 2019 los
esquemas de presunción de costos que adopte la Administración aplicarán a los procesos
de fiscalización en curso o los iniciados por cualquier vigencia.

-Ingreso neto sin compensación de pérdidas fiscales. De manera subsidiaria a lo antes
expuesto, señaló que en caso de no accederse a la compensación de las pérdidas
fiscales, sus aportes corresponderían al ejercicio aritmético efectuado, del cual se extrae
que toma los ingresos percibidos mensualmente, menos las devoluciones en ventas,
rebajas y descuentos, costos y gastos, de lo que resulta la utilidad, columna a la cual
aplicó el 40% para establecer el IBC y sobre este liquidó los aportes que estarían a su
cargo.

-Sobre la sanción por omisión. Expuso que la imposición de sanciones exige la
demostración de la culpabilidad, esto es, un juicio de reproche respecto de que el
contribuyente pudo actuar de otra manera y no quiso hacerlo, pero la inseguridad jurídica
sobre los elementos esenciales de la obligación tributaria fue lo que produjo que no se
hubiere afiliado y efectuado los aportes. Sostuvo que se configuró una «diferencia de
criterios», en vista de que no existía una disposición expresa que sometiera a los
comerciantes a hacer aportes, como si fueran iguales a los trabajadores independientes,
por tanto, existía una diferencia de interpretación o criterio razonable que la exoneraba
de la multa. Culminó aseverando que no era pacífica la posición jurídica de la demandada
sobre si los comerciantes estaban obligados a efectuar las cotizaciones al SPS.

Por su parte, la demandada también recurrió21 el fallo del a quo, planteando los
siguientes cargos:

-Defecto fáctico por valoración defectuosa del material probatorio. Adujo que se
evidenciaba una defectuosa valoración del material probatorio obrante en el expediente
en tanto «…decidió separarse por completo de los hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio
el asunto jurídico debatido…». Afirmó que la demandante no allegó material probatorio con
ocasión de la respuesta al requerimiento para declarar o corregir. Si bien, el 2 de febrero
de 2017, allegó un documento informativo sobre la distribución de ingresos y costos no
aportó documentos probatorios válidos que sustentaran las cifras y solo aportó al
expediente administrativo pruebas de los costos el 25 de julio de 2017, junto con el
recurso de reconsideración. Esas erogaciones fueron valoradas en el acto que desató la
impugnación y fueron aceptadas en su mayoría en ese acto administrativo;
específicamente, se aceptó lo que la actora pagó por seguridad social como empleador,
en virtud de los soportes y el registro contable coincidente y lo sufragado por aportes a
la seguridad social que constituyeron costos y gastos de su actividad económica (planilla
5718818), pero no pudo reconocerse la devolución en ventas (menor ingreso) porque tal
concepto no fue acreditado por la demandante, ni tampoco los aportes de seguridad
social que asumían sus empleados.

Señaló que, a diferencia de los costos y gastos, la demandante únicamente relacionó en
un cuadro los presuntos ingresos percibidos mensualmente, lo cual fue insuficiente para
tener ese hecho como probado y, por ello, el acto que desató el recurso mantuvo los
ingresos distribuidos en los 12 meses y tras reconocer costos y gastos, resultaron
algunos períodos en los que los aportes se debían calcular sobre el límite de los 25 smmlv
(febrero a abril, junio y diciembre), mientras que en enero, mayo, julio a noviembre la
base imponible disminuyó por cuenta de las deducciones reconocidas. Con base en lo

21
Samai CE, índice 2, certificado 5B043C69F00ADB5B A83779850B9E70DA 1B758A13102D1028 D7CE3716EBAB6579 (pdf), pp. 1 a 21.

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anterior, aseguró que las pruebas de la contribuyente fueron valoradas en sede
administrativa.

-Valoración del material probatorio de ingresos allegado en la instancia de demanda. Se
opuso a que las pruebas judiciales asociadas a los ingresos fueran valoradas, pues no
se allegaron en la instancia administrativa. Arguyó que más del 50% de las facturas
aportadas eran ilegibles y no identificaban los valores facturados, por lo que no podía
establecerse el ingreso real para cada período. Además, la certificación de contador
público incorporada al proceso no tenía validez por sí misma, en tanto que debía
acompañarse con los estados financieros de forma mensualizada y no de forma
anualizada como fue aportada (art. 777 del ET). Además, debía cumplir las cualidades
indicadas en la sentencia de esta Sección del 16 de noviembre de 201722. Así, concluyó
que la certificación allegada por la actora no contenía las exigencias jurisprudenciales
para ser considerada como prueba contable «…ya que se enuncia los ingresos y costos
mensuales, pero no comprobante externo que lo soporte, ni su registro contable, por lo que no es plena
prueba».

Agregó que acorde con la carga de la prueba en materia tributaria y lo previsto en el
artículo 781 del ET, el tribunal desatendió que la falta de entrega de la contabilidad era
un indicio grave en contra del contribuyente. Sobre el particular citó jurisprudencia de
esta Sección23 y afirmó que la citada norma contemplaba el desconocimiento de costos,
deducciones y pasivos cuando el contribuyente no presentara sus libros, comprobantes
y demás documentos, cuando la Administración lo exigiera, salvo que posteriormente los
acreditara plenamente. Señaló que en este caso, la demandante no allegó al
procedimiento administrativo las pruebas que dieron lugar a declarar la nulidad parcial de
los actos demandados, ni acreditó la ocurrencia de un hecho constitutivo de caso fortuito
o fuerza mayor que justificara lo anterior, pues solo si se probaba alguna de estas
causales se habilitaba al juez administrativo para examinar la prueba entregada por la
demandante y determinar si estaba demostrada la procedencia del costo, deducción,
desconocido por la Administración, ya que de otra forma se desconocería el principio de
la lealtad procesal y lo dispuesto en el artículo 781 del ET.

Pronunciamientos finales

El ministerio público y las partes guardaron silencio en esta etapa procesal.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1- Juzga la Sala la legalidad de los actos acusados atendiendo los cargos de apelación
planteados por las partes en contra de la sentencia de primera instancia que declaró
parcialmente la nulidad de los actos demandados.

Problemas jurídicos

2- Corresponde a la Sala definir, respecto de la apelación de la actora si: (i) no existía
obligación tributaria respecto de la demandante, por no tener la calidad de sujeto pasivo
para el año 2014, por cuanto no existía disposición legal que estableciera con claridad
que los comerciantes debían efectuar aportes a la seguridad social; (ii) no procedía dejar
a cargo de la demandada el establecimiento de los ingresos mensuales y de la

22
Consejo de Estado, sentencia del 16 de noviembre de 2017, exp. 20529, CP: Julio Roberto Piza Rodríguez.
23
Citó las sentencias del 10 de marzo y 05 de mayo de 2011 (exps. 16966 y 17708, CP: Martha Teresa Briceño de Valencia) y 01 de marzo de 2012
(exp. 17568, CP: Hugo Fernando Bastidas Bárcenas).

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procedencia de las devoluciones, rebajas y descuentos, luego de finalizar el proceso
judicial, porque con esto se vulneraba el derecho de acceso a la administración de justicia
por no obtenerse una sentencia de fondo que resolviera la totalidad del conflicto. Y si
debieron aceptarse los medios probatorios obrantes, que sustentaban la periodicidad de
los ingresos percibidos por la actora y las devoluciones, rebajas y descuentos, porque no
fueron controvertidos por la Administración; (iii) procedía la compensación de pérdidas
fiscales en periodos siguientes para determinar la base imponible; (iv) el IBC debía ser
calculado sobre el 40% de los ingresos netos y (v) no procedía la sanción por omisión y
se configuraba la causal de exoneración del error en la interpretación del derecho
aplicable.

En relación con la impugnación de la demandada, si (vii) se incurrió en defecto fáctico
por valoración defectuosa del material probatorio, dado que la actora no allegó en sede
administrativa prueba de la periodicidad de los ingresos y de las devoluciones, rebajas y
descuentos que implicaban un menor ingreso, no siendo procedente la valoración de las
pruebas allegadas en sede judicial.

De los problemas jurídicos planteados por la demandada, no se analizarán los cargos
novedosos concernientes a (i) la falta de validez del certificado de contador público
allegado por la demandante al expediente judicial y (ii) la inobservancia por parte del a
quo de lo dispuesto en el artículo 781 del ET. Lo anterior, por cuanto en reiteradas
ocasiones24 esta Sección ha expresado que al juez de segunda instancia le está vedado
estudiar y decidir cargos que no fueron planteados en las oportunidades procesales
procedentes lo que, para el caso, debió hacerse en la etapa de contestación de la
demanda, esto en salvaguarda del debido proceso.

Por otra parte, es de observar que en relación con los costos, la demandante al cuestionar
el hecho de que el tribunal hubiera ordenado a la demandada reliquidar los aportes para
establecer los ingresos reales y los costos y gastos susceptibles de aminorar la base
imponible, indicó que en el acto que desató el recurso de reconsideración le fue
reconocida «casi la totalidad» de los costos y gastos, por lo cual «…la discusión se centraba
únicamente en lo atinente a los ingresos mensuales, a las devoluciones, rebajas y descuentos, y a unos
pocos gastos». Sobre el particular, comprueba la Sala que los actos, específicamente la
resolución que resolvió el recurso de reconsideración, aceptó la mayor parte de los costos
y gastos por valor de $513.861.525, solo se desestimaron costos por aportes a la
seguridad social que asumieron los empleados de la actora, pues los únicos que podían
reconocerse eran los que correspondían en su condición de empleadora, aspecto sobre
lo cual, no planteó la actora ningún cuestionamiento, de manera que el análisis a efectuar
en esta instancia, no incluirá los costos y gastos reconocidos, ni rechazados.

Análisis del caso concreto

3- Respecto de la sujeción pasiva de los comerciantes a los aportes al SPS, planteó la
actora que para el año 2014 no existía disposición legal que estableciera con claridad
que estos debían efectuar aportes a salud y pensión, de manera que el a quo desconoció
los principios de certeza, predeterminación, reserva de ley y legalidad en materia
tributaria. Al efecto, señaló que, de acuerdo con el artículo 338 constitucional, no era
posible acudir a decretos reglamentarios para comprobar los elementos esenciales del
tributo porque se desatendía la máxima de que no hay impuestos sin representación, lo
que solo ejercía el Congreso y si bien la demandada aludió al principio de solidaridad y a

24
Sentencias del 01 de agosto de 2019 (exp. 24074, CP: Jorge Octavio Ramírez); del 29 de abril de 2020 (exp. 22085, CP: Julio Roberto Piza Rodríguez);
del 16 de noviembre de 2023, del 07 de marzo y 20 de junio de 2024 (exps. 27886, 27822 y 28106, CP: Myriam Stella Gutiérrez Argüello); y del 08 de
febrero y del 13 de junio de 2024 (exps. 27843 y 27826, CP: Wilson Ramos Girón).

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que los recursos eran destinados a salud y pensión, esta tesis no debió ser avalada por
el tribunal, puesto que dicho principio no es el hecho generador de la obligación tributaria.

Por el contrario, la demandada planteó que los comerciantes eran sujetos pasivos a la
luz del ordenamiento tributario vigente para el año gravable 2014, pues lo eran todas las
personas naturales respecto de las que se presumiera capacidad de pago y que la
categoría de trabajadores independientes comprendía los rentistas de capital y a toda
persona natural que ejerciera personal y directamente una profesión, oficio o actividad
económica, con o sin trabajadores a su servicio, sin sujeción a un contrato de trabajo; es
decir, a todas las personas económicamente activas de las que se predique capacidad
de contribuir al SPS.

Por su parte, el a quo entendió que la actora «comerciante rentista de capital» estaba sujeta
al tributo en cuestión, toda vez que desarrolló la actividad de confección de prendas de
vestir y su comercialización al por menor. Se sustentó en que, por expresa disposición
de los artículos 33 de la Ley 1438 de 2011, 34 del Decreto 2353 de 2015 y 1 del Decreto
1406 de 1999, las personas naturales comerciantes, las rentistas de capital y «las demás
personas que cuenten con la capacidad económica de contribuir » se encuentran obligadas a
afiliarse y pagar las contribuciones de financiamiento al SPS.

3.1- Con miras a dirimir este debate, partirá la Sala de señalar que la definición de
aportante al SPS en salud y pensión prevista en el artículo 1 del Decreto 1406 de 199925
comprende todas las personas naturales que tengan capacidad de contribuir al
financiamiento del SGSSS, lo que resulta plenamente aplicable a quienes desarrollan
actos mercantiles -comerciantes-, en los términos de los artículos 10 y 20 del C de Co,
conforme lo precisó esta Sala en reiteradas oportunidades, entre ellas las sentencias del
11 de noviembre de 2021, 04 de abril y 26 de junio de 202426, oportunidad en la cual, se
determinó el alcance de los artículos 154 y 157 de la Ley 100 de 1993, así como su
reglamentación mediante el artículo 34 del Decreto 806 de 1998 (entonces vigente), al
igual que del Decreto 1406 de 1999 (compilado en el DUR 780 de 2016), disposiciones
referidas a la obligación de afiliación al SPS de quienes tienen capacidad de pago al
percibir una suma igual o superior a 1 smlmv, a partir de lo cual, la Sala concluyó que «Es
por esto que dentro de la expresión trabajadores independientes se encuentran aquellos que no cuentan
con un contrato de trabajo o en una relación legal o reglamentaria, pero que ostentan capacidad de pago
para financiar el sistema, de los que se destacan los comerciantes, rentistas de capital, propietarios de
empresas, entre otros. En consecuencia, no se vulneró el principio de reserva de ley, como lo alega la
demandante, dado que la determinación del sujeto pasivo de la obligación fue establecida por el
legislador».

3.2- De conformidad con lo anotado, no resulta procedente el reparo de la no sujeción a
los aportes a la seguridad social, de las personas naturales comerciantes, pues fue el
propio legislador quien determinó la sujeción pasiva respecto de quienes tuvieran
capacidad de pago, con independencia de que se trate de comerciantes, de manera que
no encuentra la Sala que en el caso bajo análisis se haya quebrantado el principio de
reserva de ley, legalidad ni los principios de certeza y predeterminación, como lo endilgó
la apelante actora. No prospera el cargo de apelación.

25
"Aportante" es la persona o entidad que tiene la obligación directa frente a la entidad administradora de cumplir con el pago de los aportes
correspondientes a uno o más de los servicios o riesgos que conforman el Sistema y para uno o más afiliados al mismo. Cuando en este decreto se
utilice la expresión «aportantes», se entenderá que se hace referencia a las personas naturales o jurídicas con trabajadores dependientes, a las entidades
promotoras de salud, administradoras de pensiones o riesgos profesionales obligadas a realizar aportes correspondientes al Sistema, a los rentistas de
capital y demás personas que tengan capacidad de contribuir al financiamiento del SGSSS, y a los trabajadores independientes que se encuentren
afiliados al Sistema de Seguridad Social Integral (subrayado fuera de texto).
26
Consejo de Estado, Sentencias del 11 de noviembre de 2021, 04 de abril y 26 de junio de 2024exps. 24719, 26287 y 28302, CP:
Myriam Stella Gutiérrez Argüello.

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4- Dado que los problemas jurídicos (ii) y (iii) concernientes a los cargos de apelación
propuestos, tanto por la actora, como por la demandada guardan estrecha relación -
atinentes a que no debió trasladarse a la UGPP la valoración del acervo probatorio
respecto de la determinación de la periodicidad de los ingresos y la procedencia de la
devolución en ventas, descuentos y rebajas, como lo cuestiona la actora y a la
improcedencia de su valoración en sede judicial que reprocha la demandada- la Sala los
analizará y decidirá conjuntamente.

Sobre el particular, la actora apelante se opuso a la orden del tribunal concerniente a que
la UGPP reliquidara los aportes teniendo en cuenta los ingresos realmente percibidos y
los costos y gastos, pues respecto de estos últimos recordó que ya habían sido
reconocidos por la demandada en sede administrativa y por ello cuestionó que el a quo
hubiese dejado a cargo de la Administración esta valoración en la etapa siguiente a la
finalización del proceso judicial, pues, a su juicio, esto vulneró el derecho de acceso a la
administración de justicia, dado que los ciudadanos deben obtener una sentencia de
fondo que resuelva la totalidad del conflicto sometido a su conocimiento y evitar
decisiones inhibitorias.

Además, puntualizó que, aunque la demandada se opuso en su contestación a la
valoración probatoria de los medios allegados al proceso, lo cierto fue que se aportó la
prueba contable acompañada de todos los soportes de ingresos, devoluciones, rebajas,
descuentos, costos y gastos, demostrando mes a mes su ingreso neto o utilidad;
principalmente, lo atinente a la causación de los ingresos mensuales, pruebas que no
fueron controvertidas por la demandada, como tampoco cuestionó la procedencia de las
devoluciones, rebajas y descuentos acreditados con las notas contables, respecto de lo
cual se cumplían los requisitos de necesidad, proporcionalidad y causalidad (art. 107 del
ET). Por otra parte, solicitó de manera subsidiaria que se liquidara el IBC, teniendo en
cuenta sus ingresos, menos las devoluciones, rebajas y descuentos, costos y gastos,
aplicando el 40% a los ingresos netos.

Por su parte, la entidad demandada adujo en su apelación que el tribunal incurrió en un
defecto fáctico, en la medida en que tuvo en cuenta medios probatorios allegados en vía
judicial, pese a que la actora no aportó material probatorio con ocasión de la respuesta
al requerimiento para declarar o corregir, tan solo lo hizo respecto de los costos con
ocasión del recurso de reconsideración, lo cual fue valorado reconociendo costos y
gastos. Si bien la actora, incorporó el 02 de febrero de 2017 un documento informativo
de distribución de ingresos y costos no entregó soportes que validaran las cifras, por lo
que no se pudo reconocer la devolución en ventas -menor valor de los ingresos-, puesto
que de estos últimos no se entregó prueba en sede administrativa.

Manifestó que una relación de ingresos que fue adjuntada, con la que se pretendió
demostrar la periodicidad, pero esto fue insuficiente probatoriamente. Además, más del
50% de las facturas aportadas eran ilegibles. Por ello se mantuvo la mensualización que
se efectuó desde la liquidación oficial, teniendo en cuenta lo declarado en la renta del
período 2014.

Sobre lo debatido, el tribunal explicó que la entidad demandada no pudo haber distribuido
los ingresos declarados por la demandante en su autoliquidación del impuesto sobre la
renta del año gravable 2014 de manera proporcional a lo largo de ese período, en tanto
ello implicaría presumir que la demandante percibió los mismos ingresos todos los
meses. En virtud de ello, resolvió declarar la nulidad parcial de los actos demandados y
ordenó a la Administración tener en cuenta los medios de prueba aportados en la

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instancia judicial, con el objetivo de determinar los ingresos mensuales reales de la
actora.

4.1- En torno al planteamiento de la apelante actora acerca de que el tribunal no atendió
de fondo lo debatido, por cuanto no debió dejar a cargo de la demandada el
establecimiento de los ingresos mensuales y la procedencia de las devoluciones, rebajas
y descuentos luego de finalizar el proceso judicial, en la medida en que esto vulneraba el
derecho de acceso a la administración de justicia, estima la Sala que aunque
técnicamente el a quo procuró atender los reparos del litigio, es lo cierto que la decisión
de que sean reliquidados los aportes para establecer los ingresos realmente percibidos
en cada mes estuvo desprovista del análisis probatorio que llevara a dicha corporación a
definir si los medios de convicción allegados por la actora al proceso enervaban la
mensualización de los ingresos en la forma proporcional en que lo hizo la entidad
demandada [dividiendo en doce los ingresos declarados en la renta de 2014]. Como lo
señala la actora, tal orden podría derivar en otro debate judicial. Además, como ambas
partes lo señalaron, los costos y gastos ya habían sido reconocidos en el acto que
resolvió el recurso de reconsideración y la actora no discutió la parte rechazada conforme
se anotó en apartes anteriores.

En ese orden, le asiste razón a la demandante en que deben valorarse las pruebas
aportadas para que judicialmente se establezca si están acreditados los ingresos
percibidos mes a mes. Sobre este particular, considera la demandada que el tribunal
incurrió en un defecto fáctico al tener en cuenta las pruebas allegadas en vía judicial,
porque las correspondientes a los ingresos no fueron entregadas en sede administrativa.
A tal fin, mencionó que el documento informativo de distribución de ingresos y costos
incorporado en la actuación era insuficiente para validar las cifras, porque no se
acompañó de soportes; asimismo, la mayor parte de las facturas aportadas en el juicio
eran ilegibles y tampoco pudo establecerse las devoluciones y descuentos en ventas, en
tanto que este era un menor ingreso, pero fue justo este concepto el que no fue probado
por la contribuyente con soportes.

4.2- En lo que respecta a la censura de la apelación de la demandada, atinente a haberse
aceptado pruebas en vía judicial no allegadas en sede administrativa, la Sala clarifica
que, ha sido pacífica y reiterada la jurisprudencia en torno a la procedencia de aportar y
mejorar pruebas en sede judicial (entre otras, sentencia del 06 de agosto de 2015, exp.
20130, CP: Jorge Octavio Ramírez, reiterada en las sentencias del 14 de junio y 04 de
octubre de 2018; del 25 de julio de 2019; del 17 de febrero y 03 de noviembre de 2022;
exps. 21061, 19778, 21683, 24604 y 26416 CP: Stella Jeannette Carvajal Basto; del 24
de febrero de 2022, exp. 25328, CP: Milton Chaves García; y del 19 de mayo de 2022,
exp. 25124, CP: Myriam Stella Gutiérrez Argüello). En ese orden, las pruebas
incorporadas con la demanda debían ser valoradas en el juicio, razón por la que se
desestimará el cuestionamiento de la demandada.

Ahora bien, respecto de la preclusión para oponerse a los medios probatorios por parte
de la demandada, a que alude la actora, se precisa que, si bien en la contestación de la
demanda tenía la posibilidad de cuestionar, tachar o contraponer otros medios de prueba,
el no haberlo hecho no releva a la Sala de tener que valorar directamente el alcance
probatorio de los documentos adjuntados por la demandante al juicio, de modo que el
reproche de la apelante actora en torno a que estos medios de convicción no fueron
censurados por la demandada no resulta suficiente para darle prosperidad a su
pretensión de distribuir los ingresos en la forma que lo reclama, ya que una eventual
reliquidación de los aportes debe estar precedido de un análisis jurídico del fallador,
conforme lo establece el artículo 164 del CGP.

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4.3- En consecuencia, procede la Sala a revisar las pruebas obrantes en el plenario, a fin
de establecer si demuestran el monto de los ingresos percibidos en cada mes y la
devolución en ventas y los descuentos. A tales efectos, resultan relevantes los siguientes
hechos y elementos probatorios:

(i) Mediante liquidación oficial, la demandada determinó a cargo de la actora aportes
mensuales al SPS por $4.697.000 para un total anual de $56.364.000 y le impuso una
sanción por omisión por cada periodo por valor de $9.394.000. Para ello, estableció el
IBC mensual de la actora en $15.400.000 que obtuvo luego de mensualizar los ingresos
reportados en la autoliquidación del impuesto sobre la renta del período 2014, sin
reconocer costos ni gastos, por no haberse aportado pruebas. Este acto oficial fue
modificado mediante la resolución que resolvió el recurso de reconsideración,
disminuyendo los aportes anuales a cargo de la actora a la suma de $36.119.600 y la
sanción por omisión a $72.239.200, por reconocer costos y gastos con base en los
documentos allegados con ocasión al recurso de reconsideración en cuantía de
$513.861.525, y desconociendo $1.148.794 por concepto de aportes a la seguridad
social asumidos por sus empleados [la cifra solicitada por costos y gastos ascendía a
$515.010.319]. Así, el IBC fue determinado en la siguiente forma:

Ingresos mensualizados
Costos
Periodo (tomados de la declaración de Ingresos netos IBC
aceptados
renta)
2014-1 $52.125.417 $5.523.011 $46.602.406 $14.738.000
2014-2 $52.125.417 $23.844.041 $28.281.376 $15.400.000
2014-3 $52.125.417 $22.793.955 $29.331.462 $15.400.000
2014-4 $52.125.417 $33.032.791 $19.092.626 $15.400.000
2014-5 $52.125.417 $42.225.651 $9.899.766 $9.899.766
2014-6 $52.125.417 $35.060.323 $17.065.094 $15.400.000
2014-7 $52.125.417 $37.382.606 $14.742.811 $14.742.811
2014-8 $52.125.417 $59.452.254 ($7.326.837) $616.000
2014-9 $52.125.417 $74.517.922 ($22.392.505) $616.000
2014-10 $52.125.417 $83.277.798 ($31.152.381) $616.000
2014-11 $52.125.417 $61.058.899 ($8.933.482) $616.000
2014-12 $52.125.417 $35.692.274 $16.433.143 $15.400.000
Total $625.505.004 $513.861.525

(ii) Con la demanda, la actora allegó las siguientes pruebas documentales: a) certificación
suscrita por contador público que discrimina los ingresos mensuales percibidos en el
período 2014, así como las devoluciones en ventas y los costos y gastos incurridos; b)
copia de las facturas de venta emitidas en el año gravable 2014 (un gran porcentaje
ilegible); c) copia de las notas crédito de las devoluciones, rebajas y descuentos
generadas durante el 2014; d) copia de la declaración del impuesto sobre la renta de la
actora del año 2014; e) copia de las declaraciones del impuesto sobre las ventas
correspondiente al año gravable 2014; f) copia del registro mercantil del año 2014; g)
copia del estado de situación financiera a 31 de diciembre de 2014, elaborado por
contador público; y h) copia del estado de resultado del período 2014, suscrito por
contador público.

a) Certificación de contador aportada por la actora (ff. 82 a 99 caa) que indicó: I) que la
demandante «lleva su contabilidad en debida forma conforme a las prescripciones legales aplicables y
las demás directrices normativas pertinentes », II) que revisó los libros de contabilidad y verificó
que son llevados en debida forma, III) que las operaciones registradas en los libros
contables «(…) están respaldadas por comprobantes internos y externos y, en consecuencia, evidencian
la historia clara, completa y fidedigna de los asientos individuales y el estado general de los negocios ».
Adicionalmente, señaló los ingresos brutos, devoluciones en ventas, costos y gastos de
la contribuyente durante el año 2014 y proyectó una liquidación de los aportes al SPS
correspondientes al período en cuestión, de la siguiente forma:

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Ingresos brutos PG 2014
Periodo Valor Facturas
2014 – Enero $753.608 F1887 a F1888
2014 – Febrero $282.586 F1889 a F1892
2014 – Marzo $627.629 F1893 a F1894
2014 – Abril $29.319.915 F1895 a F1919
2014 – Mayo $48.448.071 F1920 a F1948
2014 – Junio $23.465.677 F1949 a F1961
2014 – Julio $42.159.178 F1962 a F1974
2014 – Agosto $63.725.202 F1975 a F2009
2014 – Septiembre $78.499.655 F2010 a F2071
2014 – Octubre $89.740.429 F2072 a F2113
2014 – Noviembre $193.580.290 F2114 a F2221
2014 – Diciembre $54.902.761 F2022 a F2274
Total $625.505.001

Ingresos no facturados diciembre
Rendimientos financieros $350.894
Recuperación de deducciones $3.276.969
Total $3.627.863

Devoluciones en ventas PG 2014
Periodo Valor
Enero $2.091.379
Febrero $46.810
Marzo 0
Abril $17.672
Mayo $5.391.379
Junio $1.713.966
Julio $3.396.120
Agosto $870.911
Septiembre $2.676.973
Octubre $1.585.776
Noviembre $9.109.480
Diciembre $9.408.186
Total $36.308.652

Costos y gastos PG 2014
Mes Valor
Enero $5.230.651
Febrero $23.893.361
Marzo $22.940.171
Abril $33.032.791
Mayo $42.431.734
Junio $35.159.563
Julio $37.442.186
Agosto $59.504.774
Septiembre $74.621.872
Octubre $83.532.898
Noviembre $61.528.042
Diciembre $35.692.277
Total $515.010.320

Liquidación IBC 2014 mensualizado
Ingreso neto
Devolución en
Ingresos Costos y Utilidad/(Pérdida) del periodo con Valor
Periodo ventas y IBC Periodo
Brutos gastos 107 ET Periodo "compensación Aporte
descuentos
de pérdidas"
Enero $753.608 $2.091.379 $5.230.651 ($6.568.422) ($6.568.422) 0 0
Febrero $282.586 $46.810 $23.893.361 ($23.657.585) ($30.226.007) 0 0
Marzo $627.629 0 $22.940.171 ($22.312.542) ($52.538.549) 0 0
Abril $29.319.915 $17.672 $33.032.791 ($3.730.548) ($56.269.097) 0 0
Mayo $48.448.071 $5.391.379 $42.431.734 ($624.958) ($55.644.139) 0 0
Junio $23.465.677 $1.713.966 $35.159.563 ($13.407.852) ($69.051.991) 0 0
Julio $42.159.178 $3.396.120 $37.442.186 $1.320.872 ($67.731.119) 0 0
Agosto $63.725.202 $870.911 $59.504.774 $3.349.517 ($64.381.602) 0 0
Septiembre $78.499.655 $2.676.973 $74.621.872 $1.200.810 ($63.180.792) 0 0
Octubre $89.740.429 $1.585.776 $83.532.898 $4.621.755 ($58.559.037) 0 0
Noviembre $193.580.290 $9.109.480 $61.528.042 $122.942.768 $64.383.731 $15.400.000 $4.697.000
Diciembre $54.902.761 $9.408.186 $35.692.277 $9.802.298 $9.802.298 $3.920.919 $1.156.671
Total $625.505.001 $36.308.652 $515.010.320 $74.186.029 N/A $19.320.919 $5.853.671

b) Copia del resumen de ventas (ff. 100 a 101 caa), que describe las notas crédito
generadas entre el 01 de enero al 29 de diciembre de 2014, por valor global de
$36.308.668 como menor valor del ingreso y $5.808.510 como menor valor del impuesto
sobre las ventas generado.

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c) Copia de las devoluciones de venta generadas en 2014. Se allegaron las devoluciones
01-75550, del 1 enero de 2014, por $1.055.172,62; 01-17573, del 1 de enero, por
$112.068,92; 01-1784, del 2 de enero, por $586.206,72; 01-16512, del 8 de enero, por
$337.931,03; 26179, del 2 de abril, por $17.672,77; 2068, del 17 de mayo, por
$2.184.482,41; 003, del 25 de mayo, por $3.206.896,38; 0004, del 1 de junio, por
$1.208.793,2; 186, del 6 de junio, por $203.448,48; 0005, del 27 de junio, por
$240.517,47; 0006, del 30 de junio, por $61.206,81; 84403, del 15 de julio, por
$3.204.310,16; 007, del 28 de julio, por $191.810,65; 008, del 4 de agosto, por
$468.965,12; 009, del 4 de agosto, por $30.172,77; 5-1439, del 4 de agosto, por
$31.255,86; 010, del 11 de agosto, por $340.517,41; 011, del 5 de septiembre, por
$372.413,61; 012, del 5 de septiembre, por $392.241,72; 013, del 12 de septiembre, por
$216.206,78; 014, del 12 de septiembre, por $153.448,52; 018, del 19 de septiembre,
$765.086,42; 015, del 25 de septiembre, por $66.379,57; 016, del 25 de septiembre, por
$318.965,1; 017, del 30 de septiembre, por $392.241,72; 532, del 2 de octubre, por
635.775,76; 019, del 30 de octubre, por $682.759,03; YAD146, del 31 de octubre, por
$267.241,72; 389, del 2 de noviembre, por $1.427.586,41; 030, del 13 de noviembre, por
$509.913,64; 035, del 14 de noviembre, por $681.034,83; 024, del 18 de noviembre, por
$953.448,41; 022, del 21 de noviembre, por $972.413,62; 023, del 24 de noviembre, por
$952.586,35; 031, del 26 de noviembre, por $612.068,97; 2152, del 30 de noviembre, por
$1.060.775,73; 2153, del 30 de noviembre, por $969.827,24; 2154, del 30 de noviembre,
por $969.827,24; 020, del 2 de diciembre, por $1.101.724,2; 021, del 2 de diciembre, por
$1.325.431,08; 027, del 3 de diciembre, por $1.254.310,52; 025, del 4 de diciembre, por
$1.303.448,47; 028, del 6 de diciembre, $353.448,53; 029, del 12 de diciembre, por
$840.086,28; 034, del 19 de diciembre, por $1.208.189,35; 026, del 22 de diciembre, por
$779.741,78; 033, del 24 de diciembre, por $762.068,83; 036, del 28 de diciembre, por
$38.362,07; 032, del 29 de diciembre, por $441.379,57; (ff. 102 a 152 cca). Al
cuantificarse dichas notas crédito se totaliza que las devoluciones en venta suman
$36.261.842, esto es, una diferencia con el valor certificado de $46.810, por cuanto no
aportó las notas crédito del mes de febrero.

d) Copia de la declaración de renta de la actora del período 2014 por el sistema IMAS
(impuesto mínimo alternativo simple) para trabajadores por cuenta propia, en la cual
reportó ingresos brutos de $625.505.000, devoluciones, rebajas y descuentos de
$36.309.000 e ingresos netos por valor de $589.196.000 (f. 167 caa).

e) Copia del estado de resultado integral del periodo 2014 (f. 169 cca) que refleja ingresos
operacionales por $621.333.546 e ingresos no operacionales de $4.172.360,
devoluciones en ventas de $36.308.672, para un total de ingresos netos de
$589.197.234.

f) Copia de las declaraciones de IVA de los periodos comprendidos en el año gravable
2014 (ff. 170 a 175 cca), las cuales se resumen como sigue:

Declaraciones bimestrales del impuesto sobre las ventas PG 2014
Devoluciones en
Periodo Formulario Autoadhesivo Ingresos brutos Ingresos netos
ventas
2014-1 3001600437657 91000224051171 $494.000 $2.138.000 0
2014-2 3001602783021 91000237692611 $29.948.000 $18.000 $29.930.000
2014-3 3001603747965 91000244217018 $71.914.000 $7.105.000 $64.809.000
2014-4 3001605207804 9100254471158 $105.693.000 $4.264.000 $101.429.000
2014-5 3001606226528 91000262960842 $168.240.000 $4.263.000 $163.977.000
2014-6 3001608400129 91000272517262 $244.856.000 $18.518.000 $226.338.000
Total $621.145.000 $36.306.000 $596.483.000

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Demandante: Hilda Ruth Bolívar Cely

5- Para la Sala, el anterior acervo probatorio sustenta los mejores argumentos
presentados en la demanda en relación con el ingreso, y permite establecer el periodo
de percepción de los mismos, según la fecha de la facturación de las ventas efectuadas,
valor anual que concuerda con el de los estados financieros. Ahora bien, aunque es cierto
que varias facturas son ilegibles, es lo cierto que aleatoriamente, el despacho tomó las
facturas legibles a los efectos de comparar su fecha, número y valores con lo identificado
en el certificado de contador público aportado por la actora, encontrando la Sala que el
contenido de las siguientes facturas es coincidente con lo descrito en el certificado de
contador público: (a) enero: F-1886, valor antes del IVA $581.193, IVA $6.207; (b)
febrero: F-1891, valor antes del IVA $38.793, IVA $6.206; (c) marzo: F-1894, valor antes
del IVA $544.827, IVA: $87.172; (d) abril: F-1898, valor antes del IVA $1.504.310, IVA
240.689; (e) mayo: Factura F-1939, valor antes del IVA $912.931, IVA $146.069; agosto:
F-2000, valor antes del IVA $340.517, IVA: $54.483; (f) septiembre: F-2012, valor antes
del IVA: $113.793, IVA $18.207; (g) octubre: F-2079, valor antes del IVA $4.163.793, IVA
666.207; (h) noviembre: F-2130, valor antes del IVA $1.989.224, IVA $318.276; y (i)
diciembre: F-2273, valor antes del IVA $141.380, IVA $22.621.

La citada revisión aleatoria permitió evidenciar que la certificación contable coincide con
la facturación emitida mensualmente -atendida la fecha de facturación-; certificado en el
que se hace constar que la información fue tomada de la contabilidad de la actora, que
la misma fue llevada en debida forma y que las operaciones registradas en los libros
contables «(…) están respaldadas por comprobantes internos y externos y, en consecuencia, evidencian
la historia clara, completa y fidedigna de los asientos individuales y el estado general de los negocios »,
así que este elemento probatorio ofrece certeza sobre la periodicidad de los ingresos
gravados y desvirtúa la atribución proporcional de los ingresos efectuada en los actos
acusados.

Igualmente, la precitada certificación da cuenta de devoluciones en cuantía de
$36.308.652, valor que difiere de las notas crédito aportadas en la suma de $46.810 -que
corresponde al mes de febrero-, lo que para la Sala no le resta suficiencia probatoria a la
certificación, por lo que prospera el cargo de apelación de la demandante y en
consecuencia se ordenará atender la periodicidad de los ingresos en la forma establecida
en el certificado de contador público aportado y aceptar las correspondientes
devoluciones en ventas.

6- Seguidamente, procede la Sección a atender el problema jurídico relativo a la
procedencia de la compensación de pérdidas para la liquidación del IBC.

A juicio de la demandante, el a quo limitó la procedencia de la compensación de pérdidas
fiscales únicamente a las sociedades por lo que estimó desafortunado restringir su
aplicación para las personas naturales, en tanto de la legislación tributaria se infiere su
procedencia, máxime cuando se trata de aquellas obligadas a llevar contabilidad. Al
respecto, precisó que el artículo 147 del ET trata sobre la compensación de pérdidas para
sociedades; no obstante, esto no es un beneficio fiscal, como lo entendió el tribunal, sino
que ese tratamiento deriva del principio de capacidad contributiva, a fin de recaer el
tributo en la riqueza susceptible de ser gravada, sobre lo cual versa el presente tributo.
Al respecto, hizo referencia al Concepto DIAN 100208221-1564, del 14 de septiembre de
2018, en el cual se extendió ese tratamiento a las personas naturales. Con base en todo
lo anterior, realizó un cálculo aritmético donde tomó como base sus ingresos
mensualizados según lo efectivamente devengado, restando las devoluciones en ventas
generadas, los costos y gastos incurridos en cada periodo y compensando las pérdidas
fiscales que sufrió en periodos anteriores; en consecuencia, determinó el IBC mensual
durante el 2014, teniendo como base sus ingresos netos, una vez compensadas las

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Demandante: Hilda Ruth Bolívar Cely

pérdidas fiscales y aplicando el 40%. Como resultado de dicho cálculo, concluyó que
únicamente estaba obligada a aportar al SPS por los meses de noviembre y diciembre
de 2014.

Seguidamente, sostuvo que al haberse asimilado a los comerciantes como prestadores
de servicios debió formarse el IBC sobre el 40% de los ingresos netos, tal como lo
permiten los artículos 135 de la Ley 1753 de 2015 y 244 de la Ley 1955 de 2019, para lo
cual citó el Concepto 201570010855132, del 22 de diciembre de 2015 y mencionó que,
a través de la Resolución 209 de 2020, se aludió al artículo 139 de la Ley 2010 de 2019
sobre esquemas de presunción de costos aplicable a procesos de fiscalización en curso
o los iniciados por cualquier vigencia. Seguido de ello, planteó que de no aceptarse la
compensación de pérdidas debían establecerse sus aportes en un ejercicio aritmético
que allí elaboró, del cual se extrae que toma los ingresos percibidos mensualmente,
menos las devoluciones en ventas, costos y gastos, lo que permitió cuantificar la utilidad
y a dicha columna le fue aplicado el 40% para establecer el IBC, sobre el cual liquidó los
presuntos aportes que estarían a su cargo.

Su contraparte guardó silencio sobre ello en la contestación de la demanda y en los actos
acusados tampoco hubo pronunciamiento en torno a ello. Por su parte, el tribunal
consideró que el tratamiento de compensación de pérdidas fiscales del artículo 147 del
ET se encuentra previsto para sociedades y ello era diferente de lo estudiado en el caso
concreto.

6.1- La Sala precisa que las normas aplicables a los aportes al SPS no consagran norma
alguna ni autónoma ni de reenvío, que permita a los aportantes compensar las pérdidas
en períodos futuros de cotización. Las normas en materia de seguridad social que
remiten a la regulación del ET, entre ellas la Ley 1151 de 2007 art. 156 no incluyen el
artículo 147 cuya aplicación pretende la actora. Dicha regla de depuración se encuentra
prevista y restringida a la obligación tributaria que gobierna el impuesto sobre la renta;
en materia de los aportes al SPS lo que previo el legislador fue la posibilidad de que los
independientes depuraran la base imponible con costos y gastos incurridos en el
respectivo período, lo que implica que al generarse pérdida en el período, no haya lugar
a efectuar aportes a la seguridad social, lo que privilegia la capacidad contributiva.

Así, el aspecto cuantitativo de la obligación tributaria al SPS se configura únicamente
cuando los ingresos netos develan capacidad contributiva para el financiamiento del
sistema, tal como lo propone la actora en su ejercicio aritmético, pues al detraer costos y
gastos en algunos meses se obtiene un valor negativo o inclusive cuando el valor
resultante se sitúa por debajo del monto del salario mínimo mensual exigido para hacer
el respectivo aporte. De esa forma, al tenor de los artículos 1 del Decreto 510 de 2003 y
17 del Decreto 187 de 1975, únicamente se predicará capacidad económica de las
personas naturales para efectos de estar obligadas a realizar los aportes al SPS cuando
sus ingresos netos sean iguales o superiores a 1 smlmv.

En suma, el IBC para los trabajadores independientes se erige sobre el concepto de
«ingresos netos», lo que implica que estará conformado por el resultado de tomar todos
los ingresos brutos y detraer lo correspondiente a devoluciones, descuentos y rebajas
(por concepto de menor valor del ingreso) así como de costos y deducciones que
cumplan los requisitos del artículo 107 del ET.

6.2- Por lo anotado, aunque no procede reconocer la amortización de las pérdidas
fiscales que reclama la actora, lo cierto es que el ejercicio aritmético de la actora devela
el hecho de que en algunos períodos no se generó base imponible. Como resultado de

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ello, la Sala a partir del reconocimiento de los ingresos mensualizados en la forma
certificada por la contadora pública y de la devolución en ventas también acreditada con
dicha certificación y con los soportes obrantes en el expediente, menos los costos y
gastos reconocidos por la demandada desde el acto que desató el recurso de
reconsideración, ordenará la siguiente reliquidación del IBC por los doce meses del año
2014:
Devoluciones Costos y gastos Resultado del Ingreso base de
Mes (2014) Ingresos probados
probadas aceptados periodo cotización
Enero $753.608 $2.091.379 $5.523.011 ($6.860.782) 0
Febrero $282.586 46.810 $23.844.041 ($23.608.265) 0
Marzo $627.629 0 $22.793.955 ($22.166.326) 0
Abril $29.319.915 $17.672 $33.032.791 ($3.730.548) 0
Mayo $48.448.071 $5.391.379 $42.225.651 $831.041 $831.000
Junio $23.465.677 $1.713.966 $35.060.323 ($13.308.612) 0
Julio $42.159.178 $3.396.120 $37.382.606 $1.380.452 $1.380.000
Agosto $63.725.202 $870.911 $59.452.254 $3.402.037 $3.402.000
Septiembre $78.499.655 $2.676.973 $74.517.922 $1.304.760 $1.305.000
Octubre $89.740.429 $1.585.776 $83.277.798 $4.876.855 $4.877.000
Noviembre $193.580.290 $9.109.480 $61.058.899 $123.411.911 $15.400.000
Diciembre $54.902.761 $9.408.186 $35.692.274 $ 9.802.301 $ 9.802.000
Total 625.505.000 36.308.652 513.861.525

Ahora bien, en lo atinente al reconocimiento de la base imponible en el equivalente al
40% de los ingresos netos, se advierte que, acorde con la jurisprudencia de la Sección27,
esta base solo aplica para «los independientes contratistas de prestación de servicios» y
tratándose de rentistas de capital o trabajadores por cuenta propia, la base corresponde
a los ingresos efectivamente percibidos (sentencias del 03 de agosto de 2023 y del 02
de noviembre de 2023, exps. 26724 y 26639, CP: el primero sin ponente y el segundo de
la consejera Stella Jeannette Carvajal Basto, entre otras). Solo a partir de la Ley 1753 de
2015 se reconoció dicha base imponible para el caso en cuestión y, por ello, no procede
su aplicación al período discutido -2014-, atendiendo el principio constitucional de
irretroactividad, pues no se trata de una norma sancionadora.

Por otra parte, adviértase que no tiene ninguna pertinencia con lo debatido la alusión que
hizo la actora en la apelación a la Resolución 209 de 2020, concerniente a esquemas de
presunción de costos aplicable a procesos de fiscalización en curso o los iniciados por
cualquier vigencia (art. 139 de la Ley 2010 de 2019), pues el debate no versó sobre tal
aspecto.

En consecuencia, se ordenará a la UGPP reliquidar la base imponible y, en
consecuencia, los aportes a cargo de la actora, de conformidad con el IBC determinado
anteriormente. Por consiguiente, en la medida en que obtuvo ejercicios gravables
negativos se considerará que no surgió la obligación tributaria y se desestimarán los
restantes cargos de apelación de la actora, así como el reparo de la entidad demandada
sobre el alcance probatorio de los documentos allegados para respaldar los ingresos
mensualizados y las devoluciones en ventas.

7- Finalmente, respecto de la procedencia de la sanción impuesta y la configuración de
la causal de exoneración punitiva del error en la interpretación del derecho aplicable, la
demandante refirió que no debió imponerse la multa por omisión, en tanto no existía una
disposición expresa que obligara a declarar a los comerciantes los aportes al SPS en el
periodo gravable sub lite, así como por la existencia de múltiples interpretaciones y
criterios no pacíficos de la Administración respecto de tal obligación.

27
Sentencia del 15 de junio de 2023, exp. 26698, CP: Myriam Stella Gutiérrez Argüello, reiterada en sentencia del 07 de diciembre
de 2023, exp. 26692, CP: Wilson Ramos Girón.

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Por su parte, la demandada adujo que la causal de exoneración punitiva no era aplicable
a la imposición de sanciones en materia de los aportes al SPS, debido a que la remisión
que se hizo en el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007 al ET únicamente se hizo para
aspectos procedimentales, cuya aplicación es de carácter residual y clarificó que en la
liquidación de la sanción por omisión reconoció el principio de favorabilidad en materia
sancionadora, por cuanto aplicó el artículo 314 de la Ley 1819 de 2016 que morigeró las
consecuencias punitivas que inicialmente se establecían en el artículo 179 de la Ley 1607
de 2012.

A su turno, el tribunal encontró como improcedente la exoneración de la imposición de la
sanción por omisión a la actora, por cuanto esta se encontraba obligada a afiliarse y
pagar las contribuciones parafiscales del SPS para el periodo gravable 2014.

7.1- En criterio de esta corporación (entre otras, sentencias del 11 de junio de 2020, exp.
26140, CP: Julio Roberto Piza Rodríguez y del 07 de marzo de 2024, exp. 26882, CP:
Myriam Stella Gutiérrez Argüello) resulta procedente la exculpación de la multa de
sanción por omisión, dado que es cierto que la interpretación jurídica normativa de la
demandante era razonable frente a su no sujeción del tributo. Al respecto, la literalidad
de la norma llevaba a fundamentar un entendimiento de que en la categoría de trabajador
independiente no residía la de los comerciantes, así que ha sido producto de las
decisiones judiciales la clarificación de que, en una interpretación amplia de los artículos
13, 15, 156 y 157 de la Ley 100 de 1993, en la categoría de independientes estaban
integrados aquellos que no cuentan con un contrato de trabajo o una relación legal o
reglamentaria, pero que tienen capacidad de pago. A partir de ello, en otras
oportunidades se ha reconocido que el «el juicio de comprensión de la actora sobre la obligación
fue razonable, lo que propició la errónea creencia de no incurrir en un comportamiento antijurídico »
(sentencia del expediente invocado 26882 y del 08 de febrero de 2018, exp. 21351, CP:
Jorge Octavio Ramírez Ramírez).

En consecuencia, la Sala levantará la multa impuesta ante la observancia de la causal
exonerativa por error de interpretación en el derecho aplicable.

En definitiva, se modificará el restablecimiento del derecho ordenado por el tribunal en el
ordinal segundo de la providencia, para ajustarlo a lo reconocido en esta instancia judicial,
incluido el levantamiento de la sanción.

Conclusión

8- Por lo razonado en precedencia, la Sala establece como contenido interpretativo en
este caso que: (i) todas las personas con capacidad contributiva, incluidos los
comerciantes, están obligadas a efectuar aportes al SPS; (ii) la mensualización lineal de
los ingresos debe ceder ante la demostración del período de obtención de los ingresos
por parte del obligado a efectuar los aportes (iii) procede el reconocimiento de las
devoluciones rebajas y descuentos que sean debidamente acreditadas; (iv) no procede
la aplicación de la compensación de pérdidas fiscales, a efectos de determinar la base
de aportes a la seguridad social. Tal previsión solo se encuentra regulada para el
impuesto sobre la renta, sin perjuicio de lo cual, si al depurar el ingreso con costos y
gastos, resulta un valor negativo o inferior al salario mínimo no habría lugar al pago de
aportes; (v) el juicio de comprensión de la actora sobre su no sujeción al tributo fue
razonable, lo que propició la errónea creencia de no incurrir en un comportamiento
antijurídico que le significara una multa, por lo cual se encuentra demostrada la causal
de exculpación por el error de interpretación en el derecho aplicable.

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Costas

9- Siguiendo la posición mayoritaria de la Sala, no se condenará en costas por no estar
probadas en el expediente, conforme con el artículo 365.8 del CGP.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Cuarta, administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Modificar el ordinal segundo de la sentencia de primera instancia, conforme a la parte
motiva de la providencia. En su lugar:

Segundo. A título de restablecimiento del derecho, se ordena a la UGPP reliquidar los aportes al
SPS a cargo de la actora por los doce meses del año 2014, de acuerdo con el IBC determinado en
las consideraciones de la sentencia de segunda instancia. Asimismo, se levanta la sanción por
omisión impuesta, por las razones anotadas en la providencia.

2. Confirmar en lo demás la sentencia apelada.

3. Sin condena en costas en esta instancia.

Cópiese, notifíquese, comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta Aclara voto

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN

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