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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 54001-23-33-000-2018-00307-01

Fecha
21 de noviembre de 2024
Consejero ponente
Wilson Ramos Girón

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 54001-23-33-000-2018-00307-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la sentencia apelada. 2. Sin condena en costas en esta instancia. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 13 Radicado: 54001-23-33-000-2018-00307-01 (28693) Demandante: Distribuciones Dupraga SAS 3. Reconocer personería a Héctor Javier Acevedo Pedraza como apoderado de la demandada (índice 11 de Samai).

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 54001-23-33-000-2018-00307-01

Consejero ponente: Wilson Ramos Girón

21 de noviembre de 2024

Radicado: 54001-23-33-000-2018-00307-01 (28693)
Demandante: Distribuciones Dupraga SAS

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá D.C., veintiuno (21) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 54001-23-33-000-2018-00307-01 (28693)
Demandante: Distribuciones Dupraga SAS
Demandada: DIAN

Temas: IVA. 6.° bimestre de 2014. Adición de ingresos. Carga probatoria.
Denuncia penal.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación1 interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia del 28 de febrero de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander, que decidió2:

Primero. Niéguense las pretensiones de la demanda … de conformidad con los considerandos de la
presente providencia.

Segundo. Abstenerse de efectuar condena en costas en esta instancia …

ANTECEDENTES

Actuación administrativa

Mediante la Liquidación Oficial de Revisión 072412017000008, del 12 de junio de 2017,
la demandada modificó la declaración del 6° bimestre del IVA del 2014, presentada por la
actora, con el fin de adicionar ingresos brutos por operaciones gravadas, toda vez que
determinó diferencias entre los valores reportados en el denuncio privado y la información
en medios magnéticos, la cual fue contrastada con las respuestas de los terceros a los
múltiples requerimientos ordinarios. Consecuentemente, el fisco incrementó el tributo a
cargo e impuso sanciones por inexactitud -en el equivalente al 100% del mayor impuesto-
y al representante legal y al revisor fiscal de la sociedad. Tras recurrirse la decisión, esta
fue confirmada mediante la Resolución 992232018000050, del 24 de mayo de 20183.

Demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el
artículo 138 del CPACA (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Ley 1437 de 2011), la parte formuló las siguientes pretensiones4:

1
Samai CE, índice 3, certificado BA1D59EF7A8C9C88 68C6B14F107CD90E 3C64BB5B5411277C A6A056F19A0FB2F9 (pdf), p. 1.
2
Samai tribunal, índice 20, certificado 579A4C06C57AF880 EBFCED2EEFB7C4B3 4121C9725A33E9BC 6A3D50044D9CB0AE (pdf),
pp. 33 a 34.
3
Samai CE, índice 2, certificado 2AB635247FF1D4D9 ADCB51A1B837B55A 8032709462F35957 79EA3CA1E96FC006 (pdf), pp. 2
a 37 y 47 a 61.
4
Samai CE, índice 2, certificado 081ECC81CD70A5DC 358D77A304D74515 4D9587F1E78659B1 8FCFA37DCE527707 (pdf), pp. 1
a 2.

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www.consejodeestado.gov.co
1

Radicado: 54001-23-33-000-2018-00307-01 (28693)
Demandante: Distribuciones Dupraga SAS

Declarativas

Primera. Declarar la nulidad de los actos administrativos que a continuación relaciono: 1) Liquidación
Oficial de Revisión NRO. 072412017000008 de junio 12 de 2017; 2) Resolución Sanción No.
992232018000050 de mayo 24 de 2018 que resuelve recurso de reconsideración que confirma
liquidación oficial de revisión NRO. 072412017000008 de junio 12 de 2017.

Condenatorias

Primera. Que, a título de restablecimiento del derecho se declare que la sociedad ... no debe suma
de dinero alguno producto de los actos de los que se declara la nulidad e igualmente se condene a
la [demandada] … a reintegrar a mi cliente, … los valores que por cualquier concepto tenga que
pagar a la DIAN, como consecuencia de la aplicación de los actos demandados, en caso de hacerse
efectiva por medios coactivos.

Segunda. Que, como producto de la declaratoria de nulidad de los actos administrativos aquí
demandados, se diga que el señor Domingo Carrillo Ortega … en su condición de representante legal
de la sociedad …, no debe pagar suma alguna por la sanción que se pretende imponer en su contra.

Tercera. Que, como producto de la declaratoria de nulidad de los actos administrativos aquí
demandados, se diga que el señor Germán Jesús Cabrera Uribe … en su condición de revisor fiscal
de la sociedad …, no debe pagar suma alguna por la sanción que se pretende imponer en su contra.

Cuarta. Que, a título de restablecimiento del derecho, igualmente, se condene a la [demandada] a
pagar a [la demandante], el monto correspondiente a la pérdida del valor adquisitivo del peso
colombiano, y de los intereses por las sumas que esa corporación ordene reintegrar, desde el
momento de la causación y hasta que se haga respectivo su fallo respectivo (sic).

Quinta. Condenar a la [demandada] en costas del proceso de conformidad con el [CGP] en armonía
con el artículo 188 del [CPACA].

Sexta. Condenar a la [demandada] a reconocer y pagar el interés comercial sobre las sumas de
dineros liquidadas reconocidas en la sentencia durante los seis (6) meses siguientes a la ejecutoria
de la misma, y moratorios después de este término.

Séptima. Que, se ordene a la [demandada] a dar cumplimiento a las sentencias conforme a lo
establecido en los artículos 188, 192 y 195 del Código Contencioso Administrativo.

Invocó como vulnerados los artículos 2, 4, 6, 29, 83, 95 y 228 de la Constitución; 3 y 137
(inciso segundo) del CPACA; y 615, 616, 617, 618, 671, 683, 689, 714, 730, 732, 734,
742, 745, 759 y 771-2 del ET (Estatuto Tributario). En términos generales, aseguró que
los actos demandados vulneraron su debido proceso porque pretendían modificar una
declaración que adquirió firmeza, quebrantaron las normas en que debían fundarse,
incurrieron en falsa motivación de hecho y derecho y observaron pruebas que no podían
utilizarse en su contra. A tales efectos, presentó el siguiente concepto de violación5:

-Violación al debido proceso al modificar la declaración tomando información que no
corresponde a la realidad. Recurrió a los artículos 29 constitucional y 742 del ET y
describió que tres sociedades -Global Importaciones Ltda., Impomuebles del Caribe SAS y
Tecnoprocesos SAS.- informaron a la demandada operaciones de venta que presuntamente
ocurrieron durante el bimestre fiscalizado, por las cuales había emitido facturas
[identificadas con los números 679, 698, 699, 777, 780, 781, 782, 784 y 787]. No obstante,
rechazó la realidad de tales transacciones, de manera que los títulos valores descritos
por los terceros fueron adulterados, eran falsos y, en consecuencia, su revisor fiscal
denunció ante la Fiscalía General de la Nación la comisión del delito de falsedad.

5
Samai CE, índice 2, certificado 081ECC81CD70A5DC 358D77A304D74515 4D9587F1E78659B1 8FCFA37DCE527707 (pdf), pp. 5
a 11.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2

Radicado: 54001-23-33-000-2018-00307-01 (28693)
Demandante: Distribuciones Dupraga SAS

Luego, adujo que no utilizó ni expidió las facturas de venta 697, 698 y 699 en la vigencia
2014 -presuntamente proferidas a Global Importaciones Ltda.-, pues profirió dichos
documentos en 2015 y a nombre de otros terceros, como lo probó en sede administrativa.
Frente a las facturas 777 y 784, que según su contraparte también reflejaban operaciones
con Global Importaciones Ltda., sostuvo que no fueron expedidas «a la fecha de presentación
de esta respuesta», dado que el último documento diligenciado correspondió al número 720,
para lo que incorporó un «registro gráfico» de las fotografías de las facturas con numeración
posterior en blanco. Por consiguiente, concluyó que los terceros no podían soportar
impuestos descontables mediante títulos valores «que a la fecha no han sido utilizados».

Aseveró que las declaraciones del 6.° bimestre del IVA presentadas por las compañías
informantes no habían adquirido firmeza, de modo que la Administración debió
investigarlas, pues el soporte del impuesto descontable que declararon correspondía a
documentos inexistentes. A partir de todo lo anterior, se opuso a la sanción a su
representante legal y revisor fiscal, como quiera que la irregularidad invocada no obedeció
a una actuación «negligente» de estos, sino a «artimañas ilegales» de Global Importaciones
Ltda., Impomuebles del Caribe SAS y Tecnoprocesos SAS. Asimismo, señaló que la DIAN
no concedió valor probatorio a la denuncia presentada ante la fiscalía y, por el contrario,
tomó por ciertos las manifestaciones de las empresas denunciadas.

Contestación de la demanda

La demandada se opuso a las pretensiones de la actora6 con los siguientes argumentos:

Respecto de la violación al debido proceso asociada a la falsedad de la información,
defendió que dicha postura no tenía sustento ni validez porque constató, precisó y probó
los hechos indicados en la investigación, de ahí que no eran apreciaciones subjetivas. En
línea con ello, destacó su observancia de las etapas del proceso de determinación e
imposición de sanciones, así como al régimen de notificaciones, en aplicación del
principio de publicidad. De igual forma, explicó que los actos fueron emitidos por
funcionario competente, respetaron los términos legales y garantizaron el derecho de
impugnación. Aclaró que el ejercicio de su potestad sancionadora estaba limitado al
respeto de las garantías procesales y que sus decisiones especificaron los fundamentos
legales que amparaban la adición de los ingresos omitidos y el mayor tributo generado.

Subrayó que el único argumento de la demanda fue la inexistencia de las ventas
informadas por Global Importaciones Ltda., Impomuebles del Caribe SAS y
Tecnoprocesos SAS, para lo cual su contraparte remitió una denuncia. No obstante, tal
consideración era insuficiente para desvirtuar las glosas del requerimiento especial. Al
respecto, enfatizó que sus facultades de fiscalización permitían la constatación de la
contabilidad de la investigada -que nunca fue exhibida- y de terceros con quienes realizó
operaciones, cuyas respuestas eran pruebas testimoniales. Igualmente, recordó que la
información en medios magnéticos constituía una «herramienta fundamental» para el
desarrollo de sus funciones de fiscalización y control, pues permitía (entre otras cosas)
detectar inexactitudes en los denuncios privados. Así, mediante dicha herramienta,
identificó «una posible omisión de ingresos» por diferencias entre lo reportado por terceros -
amparado en la contabilidad- y los registros de la actora en la declaración investigada.

Además, mediante un requerimiento ordinario solicitó a la contribuyente los auxiliares de
las cuentas de ingresos, el IVA generado y el «balance general y estado de ganancias y pérdidas»
entre el 01 de enero y 31 de diciembre de 2014. Sin embargo, esta solicitud no fue

6
Samai CE, índice 2, certificado 443015FFAB037160 C1F4756A5D9B89BA F90852940887361A F2959E8CFE1E8434 (pdf), pp. 1 a
22.

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3

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atendida. Por tal motivo, con miras a confirmar la información reportada en medios
magnéticos, profirió requerimientos ordinarios o autos de verificación (entre otros) a todos
los terceros con quienes la demandante celebró operaciones, entre ellos las sociedades
Global Importaciones Ltda., Impomuebles del Caribe SAS y Tecnoprocesos SAS. La
primera de estas compañías confirmó transacciones por $3.674.436.169, que incluye un
IVA generado de $506.818.781-de lo cual remitió cinco (5) facturas de venta (697, 698,
699, 0777 y 784), libros auxiliares de las cuentas «caja general, proveedores nacionales,
retención en compras e impuesto sobre las ventas de enero a diciembre de 2014 », fotocopia de las
facturas de venta, relación de declaraciones de importación, veintisiete (27)
comprobantes de egreso y precisó que la realización de los pagos fue en efectivo.

A su turno, Impomuebles del Caribe SAS ratificó operaciones por $726.160.000, que
incluía IVA generado de $100.160.000 soportadas en tres (3) facturas de venta (780, 781
y 782), declaraciones de importación, tres (3) comprobantes de egreso donde dos
reportaban pagos en efectivo y el otro una consignación en una entidad financiera y libro
auxiliar de las cuentas «caja general, Banco Occidente, inventario, proveedores, retención en la fuente
en compras e impuesto sobre las ventas realizadas de enero a diciembre de 2014 ». Para finalizar,
Tecnoprocesos SAS informó negocios por $420.100.001 -IVA generado de $57.944.828-
soportados en dos (2) facturas de venta (787 y 788), declaraciones de importación, ocho
(8) comprobantes de egreso e informe de las cuentas «caja general, inventario, proveedores,
retención en compras e impuesto sobre las ventas realizadas de enero a diciembre de 2014 ». En adición,
destacó que la información suministrada por los terceros fue firmada por sus
representantes legales y revisores fiscales, lo cual garantizaba su veracidad y la
observancia tanto a la ley como a los principios de contabilidad generalmente aceptados.

Manifestó que, en virtud de la renuencia de la demandante a responder el requerimiento
ordinario, profirió un auto de inspección contable para solicitar todos los documentos que
conformaban su contabilidad, no obstante, durante las visitas del 13 y 28 de abril, la
funcionaria comisionada no pudo ubicar a la actora la dirección informada en el Rut, de
ahí que en esa oportunidad tampoco pudo obtener información para verificar los hechos
consignados en la declaración privada, entre ellos los ingresos. Tras lo anterior, se refirió
al alcance de la contabilidad al tenor de los artículos 50 del Código de Comercio y 1 del
Decreto 2649 de 1993 y, en materia tributaria, apuntó que el artículo 773 del ET previó
que esta debía «mostrar fielmente el movimiento diario de ventas y compras y cumplir los requisitos
señalados por el Gobierno». Así, como la actora no exhibió su contabilidad, no pudo verificar
que la información cumpliera con los principios básicos en la materia y, por ello, no
existían pruebas para corroborar los ingresos registrados y declarados. Por añadidura,
sostuvo que dicha conducta concretaba el indicio del artículo 781 ídem. En ese sentido,
reprodujo jurisprudencia sobre las consecuencias de «no exhibir los libros de contabilidad» y
enfatizó las obligaciones de informar consignadas en los artículos 632 y 686 ibidem.

En consecuencia, se opuso a la vulneración al debido proceso, pues la demandante no
presentó pruebas que demostraran los hechos consignados en su declaración privada en
ninguna de las oportunidades otorgadas. De igual forma, no especificó la cuantía ni los
terceros con quienes efectuó operaciones en la vigencia investigada. Por otra parte,
calificó como «curioso» que el revisor fiscal presentara la denuncia y no el representante
legal. Asimismo, resaltó la inexistencia de documentos diferentes a los « cruces de
información (…) y las facturas y documentos de exportación del (…) 2015 » como soporte de la
presunta falsedad. A continuación, indicó que los denuncios del IVA del año 2014, incluido
el del 5 bimestre, no fueron firmados por el revisor fiscal, de ahí que la sociedad las
corrigió -a solicitud del fisco-, el 30 de noviembre de 2015, fecha en la cual también
actualizó su Rut para incluir como revisor fiscal a la persona sancionada en sede
administrativa. Después, describió los efectos de la firma del contador público (art. 581

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del ET) y la postura de la Corte Constitucional sobre «la relevancia de la actividad contable».

Afirmó que la actora no había presentado su declaración del impuesto sobre la renta ni el
reporte en medios magnéticos del periodo 2014 y, ante la ausencia de información de la
propia contribuyente, la revisión a la documentación remitida por terceros evidenció
«ingresos en dicho año de por lo menos $13.962.906.000». Adicionalmente, catalogó como
«extraña» la conducta del extremo activo frente a la información suministrada en el Rut,
pues la funcionaria comisionada para adelantar la inspección contable no pudo localizarla
en la dirección allí registrada y, en una actualización posterior, relacionó otra locación
donde tampoco funcionaba la sociedad, de modo que profirió «suspensión del Rut». A
manera de cierre, trajo a colación el artículo 746 del ET y reivindicó que la obligada debía
demostrar el supuesto de hecho de las normas cuya aplicación pretendía, lo cual no hizo.

En torno a la sanción al representante legal y al revisor fiscal, citó el artículo 658-1 ídem
y abogó por su procedencia ante la comprobación de irregularidades en las declaraciones.
Manifestó que la conducta sancionable consistía en la «preparación, presentación y aprobación
de estados financieros, libros de contabilidad y declaraciones » y estaba sujeta a los términos del
proceso de determinación. Defendió su legalidad porque la demandante omitió ingresos
gravados, lo cual fue aprobado por su representante legal y revisor fiscal con sus
respectivas firmas -que tenían efectos jurídicos y reflejaban la aceptación sobre el
contenido del denuncio-. Del mismo modo, indicó que la cuantía de la multa observó el
monto de la sanción por inexactitud «conforme a la aplicación del principio de favorabilidad». En
consecuencia, solicitó desestimar la prosperidad del cargo por su observancia al debido
proceso de la actora y la idoneidad de los hallazgos que soportaron la modificación a la
declaración investigada. Por último, se opuso a la condena en costas.

Sentencia apelada

El tribunal negó las pretensiones de la demanda y no condenó en costas7. Concluyó que
la DIAN expidió los actos conforme a derecho y los sustentó en un «proporcional» material
probatorio. Explicó que la Administración requirió a Tecnoprocesos SAS, Impomuebles
del Caribe SAS y Global Importaciones SAS para obtener: (i) copias de las facturas
proferidas por la demandante entre marzo y diciembre de 2014 que reflejaban las
operaciones reportadas en los formatos 1001 y 1005; (ii) comprobantes de egreso que
evidenciaran la forma de pago; (iii) facturas o guías de transporte de las mercancías; (iv)
medios para cancelar el transporte; (v) registro contable de las operaciones (auxiliar de
las cuentas «13-Deudores, IVA descontable, 14-inventario o compras»); y (vi) retenciones en la
fuente a título de renta y/o IVA y, en general, las cuentas afectadas con las transacciones.

Posteriormente, los terceros remitieron la documentación de manera oportuna. En ese
sentido, señaló que la investigación de la demandada evidenció que los valores
declarados no correspondían a la realidad en virtud de una «omisión de ingresos»
provenientes de las prenotadas transacciones con las citadas sociedades, sin que la
actora aportara que desvirtuaran esos hallazgos. Por ende, aseguró que la autoridad
consideró los documentos aportados al proceso y la decisión observó los «hechos
probados», entre ellos las facturas y los documentos contables y no se vulneró ninguna
disposición del ET. A partir del artículo 750 ídem, señaló que no existían dudas sobre la
omisión de ingresos, pues el fisco podía efectuar «cruces de información» con terceros. De
igual forma, llamó la atención sobre la falta de respuesta por parte de la contribuyente al
requerimiento ordinario que solicitó su información contable, razón por la cual era válido
soportar el mayor IVA y la sanción por inexactitud con información reportada por terceros.

7
Samai tribunal, índice 20, certificado 579A4C06C57AF880 EBFCED2EEFB7C4B3 4121C9725A33E9BC 6A3D50044D9CB0AE (pdf),
pp. 1 a 34.

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Por otro lado, adujo que la contabilidad debía reflejar una historia «clara, completa y fidedigna»
de los negocios. Sin embargo, la renuencia de la contribuyente en su entrega obligó a que
la DIAN resolviera la investigación solo con los documentos allegados por los terceros.
Resumió la postura de esta corporación respecto de las consecuencias de no exhibir los
libros contables y concluyó que la Administración garantizó el debido proceso, toda vez
que la actora tuvo todas las oportunidades para controvertir las pruebas sin que haya
demostrado lo contrario. Igualmente, rechazó la «falta de motivación de los actos», en la
medida que estos expresaron con claridad las razones de sus decisiones y efectuó una
relación concreta entre los hechos y las consideraciones de carácter jurídico.

Expuso que «la valoración de pruebas no comporta en sí mismo violación al debido proceso». En este
caso, manifestó que los medios que supuestamente vulneraron esa garantía «fueron
practicados dentro de otra investigación (…) contra la (…) demandante», por lo que pudo conocerlas
en ese procedimiento y controvertirlas en sede administrativa y judicial. Frente a las
«declaraciones a terceros», adujo que la respuesta al requerimiento especial no presentó
ninguna solicitud de pruebas, pues la defensa pretendía la aceptación a la declaración
privada con base en la denuncia presentada ante la Fiscalía General de la Nación y sus
documentos adjuntos, pero no desvirtuó la realización de operaciones con los terceros
enunciados en las decisiones. Ahora bien, al probarse los hechos que sustentaron la
omisión de ingresos, no hubo violación al debido proceso ni falsa motivación en los actos.

Frente a la sanción por inexactitud, afirmó que las decisiones observaron las normas
aplicables, pues el fundamento de la multa fue la omisión de ingresos. Para finalizar, se
abstuvo de condenar costas con arreglo en lo dispuesto en el artículo 365.8 del CGP.

Recurso de apelación

La demandante recurrió la decisión del a quo8, para lo cual insistió en las «argumentaciones
jurídicas» y fácticas presentadas en la demanda, en los siguientes términos:

-Violación al debido proceso al modificar la declaración tomando información que no
corresponde a la realidad. Como el requerimiento especial y la liquidación oficial de
revisión obedecieron a una «presunta omisión de ingresos» al analizar la información en
medios magnéticos reportada por terceros, subrayó que nunca recibió tales rentas y, en
su lugar, fue víctima de un «ilícito» que informó a la Fiscalía General de la Nación, tal y
como lo evidenció el a quo «con la certificación enviada de dicha entidad». Más adelante, señaló
que, una vez recibió el requerimiento especial y verificó su contabilidad, encontró que las
ventas reportadas en las respuestas a requerimientos ordinarios de Global Importaciones
Ltda., Impomuebles del Caribe SAS y Tecnoprocesos SAS no ocurrieron, por lo tanto, las
facturas eran «adulteradas», no correspondían a títulos ejecutivos reales, razón por la cual
su revisor fiscal presentó la respectiva denuncia «por el delito de falsedad». En consonancia,
negó la utilización de las facturas 679, 698 y 699, que supuestamente fueron emitidas a
favor de Global Importaciones Ltda. en el año gravable 2014, pues profirió dichos
documentos en 2015 y a nombre de otros sujetos, como lo probó en sede administrativa.

Frente a las facturas 777 y 784, que según la demandada reflejaron operaciones con
Global Importaciones Ltda., adujo que no habían sido expedidas «a la fecha de presentación
de esta respuesta», dado que el último título valor utilizado se identificaba con el número
720. A tales efectos, incorporó un «registro gráfico» compuesto de fotografías de facturas
con numeración posterior en blanco. Así, concluyó que los terceros no podían soportar
impuestos descontables con documentos «que a la fecha no han sido utilizados». Sobre el

8
Samai tribunal, índice 23, certificado CB82D646114567BC CF9387DFA854FEB8 A1D8856926C44497 39339322AB27C0BC (pdf),
pp. 1 a 7.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
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particular, afirmó que las declaraciones del 6 bimestre del IVA presentadas por tales
compañías no habían adquirido firmeza y, como el soporte del impuesto descontable eran
documentos inexistentes, la DIAN debió investigar a dichos terceros, pero esto no fue
considerado. Indicó que los mismos argumentos también servían para controvertir las
sanciones a su representante legal y revisor fiscal, como quiera que la irregularidad
invocada no obedeció a una actuación «negligente», sino a «artimañas ilegales» de Global
Importaciones Ltda., Impomuebles del Caribe SAS y Tecnoprocesos SAS. Por último,
declaró que el tribunal no tuvo en cuenta la citada denuncia presentada por su revisor
fiscal y, en su lugar, tomó por ciertas las alegaciones de las sociedades denunciadas.

Pronunciamientos finales

La demandada9 solicitó la confirmación del fallo de primera instancia. Señaló que el a quo
no se apartó de las pruebas aportadas y les asignó el mérito correspondiente, por lo que
observó la realidad procesal y no vulneró las garantías referidas por su actora. Frente a
la falta de análisis a la «denuncia» presentada ante la Fiscalía General de la Nación, afirmó
que aquella era la única «prueba» de la sociedad para soportar sus reclamos, aun cuando
debía realizar un despliegue mayor para demostrar la inexistencia de las transacciones
con los terceros y, en todo caso, esta no podía suplir el vacío generado por la ausencia
de su contabilidad. Por su parte, el ministerio público guardó silencio.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1- Juzga la Sala la legalidad de los actos acusados atendiendo los cargos de apelación
planteados por la parte demandante, en calidad de apelante única, contra la sentencia de
primera instancia que negó las pretensiones de la demanda y no condenó en costas.

Problema jurídico

Corresponde a la Sección evaluar si, como lo aduce la actora, la DIAN violó el debido
proceso en la medida en que las operaciones de compraventa que terceras compañías
señalaron haber efectuado con ella en el bimestre investigado fueron inexistentes, pues
las facturas era adulteradas, no las emitió a favor de tales entidades y prueba de ello fue
la denuncia presentada por su revisor fiscal, de manera que se desvirtuó la idoneidad de
la adición de ingresos brutos por operaciones gravadas de las decisiones acusadas.

De manera preliminar, la Sala evidencia que los actos sometidos a control judicial
impusieron las sanciones del artículo 658-1 del ET al representante legal y revisor fiscal
de la compañía. Sobre tal particular, aunado al poder conferido por el representante legal
a nombre de la sociedad, figura un poder otorgado por el revisor fiscal al mismo
apoderado de la compañía, de modo que -eventualmente- operaría una falta de
legitimación en causa por activa de la persona natural del representante legal, quien fue
objeto de multa en los actos acusados, en la medida que no suscribió un poder en nombre
propio al indicado mandatario judicial. Con todo, la Sala constata que el único argumento
de la demanda y del recurso de apelación para desvirtuar dichas sanciones fue la
supuesta «artimaña» de Global Importaciones Ltda., Impomuebles del Caribe SAS y
Tecnoprocesos SAS, consistente en soportar impuestos descontables a través de
facturas inexistentes, cuestionamiento este que se subsume en los planteamientos de
nulidad de la persona jurídica demandante en oposición a la adición de ingresos
efectuada, razón por la cual no se trata de un argumento independiente de las personas

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Samai CE, índice 2, certificado FCBBEA33A7B7BEBA 9A8B4BE44F63DF11 9781BE129478B37A 21FB41E120772B4B (pdf), pp. 1
a 9.

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naturales para controvertir la legalidad de las sanciones al representante legal y revisor
fiscal y, en consecuencia, la conclusión a la que se arribe sobre la legalidad de los actos
tendrá una incidencia directa en la sanción impuesta a las dos personas naturales.

Finalmente, la Sección evidencia que el recurso de apelación solicitó como prueba
requerir a la Fiscalía General de la Nación para que informara el estado actual de su
denuncia contra de las mencionadas sociedades. Al respecto, la Sala evidencia que, en
el marco de la audiencia inicial del 03 de junio de 2021, el a quo decretó dicha prueba
documental, razón por la cual se expidió el Oficio P-284, del 04 de junio de 2021, que
concedió a dicha entidad un término de diez (10) para que informara «el estado actual de la
investigación que se adelanta por la denuncia penal realizada por el señor German Jesús Cabrera Uribe,
(…) en calidad de revisor fiscal de DISTRIBUCIONES DUPAGRA S.A.S (…), por la supuesta comisión del
delito de falsedad», el cual fue atendido mediante correo electrónico del 10 de junio de 2021,
por parte del Fiscal 1 Local de Puerto Santander, quien informó que la investigación
estaba «en [e]tapa de Indagación, recaudando elementos materiales probatorios y evidencia física, a
efecto de lograr establecer los posibles autores de la conducta punible », de ahí que la prueba fue
practicada en una etapa previa y sobre la misma se referirá más adelante la Sección.

Análisis del caso concreto

2- La impugnante señaló que los actos se basaron en una «presunta omisión de ingresos»
identificada en el análisis a la información en medios magnéticos y en las respuestas a
los requerimientos ordinarios entregadas por Global Importaciones Ltda., Impomuebles
del Caribe SAS y Tecnoprocesos SAS, respecto de lo cual adujo que las transacciones
indicadas por los terceros no ocurrieron, pues las facturas fueron «adulteradas» y, por ello,
su revisor fiscal presentó la respectiva denuncia penal por falsedad. Negó la expedición
de las Facturas 679, 698 y 699 en el 2014 a Global Importaciones Ltda.-, pues profirió
dichos documentos en 2015 y a nombre de otros sujetos. Frente a las Facturas 777 y 784,
que según la demandada reflejaban operaciones con Global Importaciones Ltda., adujo
que estas no habían sido elaboradas «a la fecha de presentación de esta respuesta», pues el
último título valor utilizado se identificaba con el número 720, de ahí que los terceros no
podían soportar impuestos descontables con documentos no expedidos a la fecha, por lo
que la demandada debió investigar sus declaraciones de IVA. Adicionalmente, afirmó que
tales argumentos también servían para cuestionar la sanción impuesta a su representante
legal y al revisor fiscal, como quiera que la irregularidad obedeció a «artimañas ilegales» de
los reportantes. Para finalizar, reprochó que el a quo no consideró la denuncia y, en su
lugar, tomó por ciertas las alegaciones de las citadas compañías.

En oposición, la DIAN sostuvo que el único argumento de la demanda fue la inexistencia
de las ventas informadas por Global Importaciones Ltda., Impomuebles del Caribe SAS y
Tecnoprocesos SAS, lo cual era insuficiente para desvirtuar la glosa. Destacó que la
actora no respondió a un requerimiento ordinario que se solicitaba sus auxiliares de las
cuentas de ingresos, IVA generado y el «balance general y estado de ganancias y pérdidas» entre
el 01 de enero y 31 de diciembre de 2014. Señaló que los anotados terceros remitieron
facturas, comprobantes de egreso, declaraciones de importación y auxiliares contables
que confirmaron la información reportada en medios magnéticos. Negó la vulneración al
debido proceso porque la demandante no allegó pruebas que demostraran los hechos
consignados en su denuncio privado. Afirmó que la actora no presentó su declaración del
impuesto sobre la renta ni el reporte de medio magnéticos del 2014 y, ante la ausencia
de información de la contribuyente como su contabilidad, la revisión a la información de
terceros evidenció «ingresos en dicho año de por lo menos $13.962.906.000 ». Asimismo, calificó
como «extraña» la conducta de su contraparte frente a la información suministrada en el
Rut, pues nunca pudo localizarla en las direcciones informadas. En relación con la sanción
al representante legal y revisor fiscal, sostuvo que esta procedía con la comprobación de

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«irregularidades en las declaraciones» y, como esos sujetos aprobaron la omisión de ingresos
gravados en la declaración con sus firmas, la multa era procedente.

Por su parte, el a quo negó las pretensiones porque la Administración requirió a
Tecnoprocesos SAS, Impomuebles del Caribe SAS y Global Importaciones SAS, con el
fin de obtener soportes sobre las operaciones realizadas por la actora entre marzo y
diciembre de 2014 y, una vez verificada sus respuestas, evidenció que los valores
declarados no correspondían a la realidad por la «omisión de ingresos» con los prenotados
terceros, sin que la obligada aportara pruebas para desestimar los hallazgos oficiales.
Así, consideró que la demandada había considerado todos los documentos arrimados al
proceso y, por ende, las decisiones observaron los hechos probados y respetaron la ley.

2.1- Con miras a dirimir la controversia, la Sala reiterará, en lo pertinente, el criterio de
decisión adoptado en la sentencia del 29 de septiembre de 2022 (exp. 25628, CP: Julio
Roberto Piza Rodríguez), que definió una controversia entre las mismas partes asociada
a la declaración del IVA correspondiente al 5.° bimestre del año gravable 2014.

Según la tesis que se replica en esta oportunidad, la Sección precisa que, en virtud del
principio general de la carga de la prueba consagrado en el artículo 167 del CGP
(aplicable por disposición del artículo 742 del ET), cuando la discusión verse sobre la
adición de ingresos a la base gravable, la Administración tiene la obligación de demostrar
todos los aspectos que atañen a comprobar que fueron omitidos, en la medida en que es
el sujeto que invoca tal modificación a su favor10. De esa forma, deberá mediar un
despliegue probatorio del fisco cuya vocación permita cuestionar la veracidad de los
hechos consignados en el denuncio privado y, en grado a ratificar los montos declarados,
el obligado tributario estará en la carga de soportar las sumas autoliquidadas11.

Por otra parte, esta corporación advierte que la denuncia ante autoridades penales o
administrativas solo pone en conocimiento «la perpetración de una conducta presumiblemente
delictuosa (…) careciendo, en sí misma, de valor probatorio»12 a los efectos de pretender demostrar
con grado de certeza la comisión de un delito que enerve el aspecto fáctico de la glosa.

2.2- Una vez precisado el marco jurídico aplicable, la Sala destaca los siguientes hechos
y/o medios probatorios relevantes para resolver el problema jurídico:

(i) Mediante el Formulario 3001616320201, del 30 de noviembre de 2015, la actora
presentó su declaración del 6.° bimestre del IVA del 2014, donde informó «ingresos por
operaciones gravadas a la tarifa general» por $1.580.406.000. La Administración consultó la
información reportada en medios magnéticos a su nombre por la señalada vigencia, en
particular los formatos 1001 y 1005, así como la totalidad de «ingresos por operaciones
gravadas a la tarifa general» declarados por la contribuyente en el año 2014, cuyos resultados
reflejaron diferencias con las sumas reportadas por terceros. En lo concerniente al
bimestre revisado, un mayor valor de ventas de $2.090.551.445 por las cuales debió
generar un IVA de $334.448.192.

(ii) Por ende, la autoridad profirió el Requerimiento Ordinario 072382015000706, del 23
de diciembre de 2015, en el que solicitó a la demandante los auxiliares de las cuentas
«ingresos» e «Iva generado» y el «balance general y estado de pérdidas y ganancias» entre el 01 de
enero y 31 de diciembre de 2014. Sin embargo, la contribuyente no allegó la información.

10
Sentencias del 29 de febrero de 2024 (exp. 26763, CP: Myriam Stella Gutiérrez Argüello); del 07 de marzo de 2024 (exp. 28125, CP:
Milton Chaves García); y del 30 de agosto de 2024 (exp. 28642, CP: Stella Jeannette Carvajal Basto)
11
Sentencia del 31 de mayo de 2018, exp. 20813, CP: Julio Roberto Piza Rodríguez.
12
Corte Constitucional, sentencia C-1177 de 2005. MP: Jaime Córdoba Triviño.

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(iii) Posteriormente, la demandada profirió múltiples requerimientos ordinarios y/o autos
de verificación o cruce a los terceros con quienes la contribuyente realizó operaciones en
la vigencia investigada, para que allegaran la siguiente información: (a) facturas
expedidas por Distribuciones Dupraga SAS que sustentaban las operaciones reportadas
en medios magnéticos; (b) comprobantes de egreso que señalaran la forma de pago de
las mercancías adquiridas y su contabilización; (c) facturas o guías de transporte de la
mercancía despachada desde Cúcuta; y (d) registro contable de las transacciones
efectuadas con la actora entre marzo y diciembre de 2014, en particular «Auxiliar de las
cuentas 13-Deudores, Iva descontables, 14-Inventarios o compras, retenciones a título de Iva y/o renta (si
se practicaron) y en general de las cuentas que fueron afectadas con las transacciones ». Por su parte
los representantes legales y revisores fiscales de Global Importaciones Ltda.,
Impomuebles del Caribe SAS y Tecnoprocesos SAS remitieron la siguiente información:

Global Importaciones Ltda.
Número y fecha de Valor de la Observaciones Documentación
la factura operación (con Iva) contable
y concepto
697 del 01 de $1.101.999.994 por El tercero entregó los comprobantes de egreso Remitió el
octubre de 2014. «polipropileno de alta 5984, 5985, 5988, 5990, 5992, 5994, 5995, «Movimiento de
fluidez y alto impacto». 5996, 6000, 6001, 6004, 6009, 6010, 6011, terceros»
698 del 06 de $493.000.220 por 6015, 6017, 6115, 6183, 6235, 6250, 6287, asociada a la
octubre de 2014. «polipropileno de alta 6289, 6295, 6335, 6343 y 6392, los cuales actora, con
densidad». incorporaron un sello de «recibí a conformidad» énfasis en las
699 del 10 de $1.304.999.539 por por parte de Distribuciones Dupraga SAS, por cuentas 110505,
octubre de 2014. «lámina pulida y lámina valor de $3.595.245.734. 220601,
HR». 23654001,
777 del 12 de $275.805.312 por 24081004 y
noviembre de 2014. «polipropileno de alta 710505.
densidad».
784 del 12 de $498.631.104 por
diciembre de 2014. «polipropileno de alta
densidad».
Total del bimestre $774.436.416
fiscalizado

Para efectos del bimestre fiscalizado objeto de litigio, el ingreso adicionado correspondió
a las facturas 777 y 784 de noviembre y diciembre de 2014, respectivamente.

Impomuebles del Caribe SAS
Número y fecha Valor de la operación Observaciones Documentación
de la factura (con Iva) y concepto contable
780 del 02 de $324.205.500 por Entregó los siguientes comprobantes de Adjuntó copia del
diciembre de «polipropileno de alta egreso: (a) 4679 del 2 de diciembre de 2014, libro auxiliar de
2014. fluidez y polietileno de alta relativo a un pago en efectivo de $200.000.000 las operaciones
densidad». de la Factura 780, restando un «saldo a cancelar con el proveedor.
781 del 04 de $308.600.345 por por valor» por $117.218.313; (b) 4680 del 30 de
diciembre de «lámina HR y polietileno diciembre de 2014, que canceló el saldo de la
2014. de alta densidad». Factura 780 por $117.218.313 y abonó a la
782 del 02 de $93.354.156 por Factura 781 $83.291.687, quedando un
diciembre de «lámina HR». remanente de $218.657.789; y (c) 4681 del 31
2014. de diciembre de 2014, que reflejó la
cancelación mediante cheque del saldo de la
Factura 781 y pago de la Factura 782 por
$91.342.211.
Total $726.160.001

En este caso, la demandada adicionó los ingresos correspondientes a las tres (3) facturas
antes anotadas, todas correspondiente al mes de diciembre de 2014.

Tecnoprocesos SAS
Número y fecha Valor de la operación Observaciones Documentación
de la factura (con Iva) y concepto contable

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787 del 18 de $362.100.001 por Adjuntó los comprobantes de egreso 1908, Entregó el «libro
diciembre de «perfilería en aluminio 1910, 1916, 1919, 1923 y 1925, que auxiliar entre el
2014. para estructuras». relacionaron abonos en efectivo por 01701/2014 y el
$32.155.179, $60.000.000, $60.000.000, 31/12/2014», que
$60.000.000, $60.000.000 y $82.140.950, relacionó el
respectivamente, para un total de movimiento de
$354.296.129. Las retenciones en la fuente las cuentas
ascendieron a $7.803.879. 11050501,
788 del 18 de $58.000.000 por Incorporó los comprobantes de egreso 1930, 143505, 220505,
diciembre de «Lámina HR». 1931, que soportaron pagos en efectivo por 23654001 y
2014. $26.750.000 y $30.000.000, para un total de 24081010 y
$56.750.000. Las retenciones en la fuente detalló sus
ascendieron a $1.250.000. operaciones con
la actora.
Total 420.100.001

Al igual que en el caso anterior, los ingresos adicionados se tomaron de los títulos valores
indicados en precedencia, ambas del mes de diciembre de 2014.

(iv) El 31 de marzo de 2016, la DIAN expidió el Auto de Inspección Contable
072382016000007, para obtener la «exhibición de los libros de contabilidad» de la investigada.
No obstante, a través del acta de diligencia del 12 de abril de 2016, la funcionaria
comisionada consignó que «[e]n visita efectuada (…) al domicilio fiscal del contribuyente (…), se
observa que en esta dirección, la oficina se encuentra desocupada con dos letreros “SE ARRIENDA” (…).
Al consultar en el muisca el RUT, se observa que éste actualizó el RUT (…) el día 08 de abril de 2016,
actualizando la dirección (…) posterior a la publicación del Auto de Inspección Contable (…). Por lo anterior,
se procederá a realizar nuevamente la Inspección Contable a la nueva dirección registrada en el RUT ».
Ahora bien, en el marco de la nueva diligencia de inspección del 28 de abril de 2016, el
fisco indicó que en «el domicilio fiscal del contribuyente (…), según RUT actualizado el 08 de abril de
2016, se observa que en esta dirección no funciona la sociedad, sino que funciona un café internet, cuya
propietaria manifestó no conocer al (…) representante legal de la sociedad, y que el número de teléfono
registrado en el RUT (…) no corresponde a este local. (…) También se preguntó al celador del edificio si el
[representante legal] residía en este edificio o había tenido negocios en este local, manifestando que ni
conocía al señor en mención, ni ha residido en este edificio».

(v) Con la Liquidación Oficial de Revisión 072412017000008, del 12 de junio de 2017, el
fisco expuso los hallazgos y concluyó que el valor declarado como «ingreso gravado e Iva
generado (…) producto de las facturas emitidas durante el sexto bimestre (…) difieren ampliamente del
valor que certifican los terceros como compras realizadas ». En particular, aseguró que dicho valor
ascendió a $3.670.957.445, por lo que el IVA generado era $587.353.192, lo cual
materializó una diferencia en ingresos gravados por $2.090.551.445 e IVA generado de
$334.488.192 y, en consecuencia, modificó el denuncio privado en esos términos. A su
turno, la actora interpuso recurso de reconsideración mediante el Radicado
007E2017006868, del 08 de agosto de 2017, en el cual expuso las mismas
consideraciones fácticas y jurídicas invocadas en sede judicial. Desde una perspectiva
probatoria, subrayó el «registro gráfico» que, en su criterio, demostraba que nuca expidió
las facturas 777 y 784, así como la denuncia por «falsedad» presentada por su revisor
fiscal. Finalmente, a través de la Resolución 992232018000050, del 24 de mayo de 2018,
la Administración confirmó su decisión. Sobre el particular, resaltó su observancia al
debido proceso porque el contribuyente «utilizó los medios legítimos para ser oído dentro del
proceso administrativo», respetó las formas previas del procedimiento tributario y los actos
fueron proferidos por funcionarios competentes. Insistió en la idoneidad de sus hallazgos
para soportar la modificación a la declaración y, en relación con los efectos de la denuncia
por falsedad, afirmó que dicha conducta estaba «por determinar y el sindicado por establecer».

(vi) El despliegue probatorio de la demandante en sede judicial consistió en aportar «una
copia de la denuncia presentada ante la Fiscalía General de la Nación » y solicitar al tribunal que
conminara a dicha entidad informar sobre el estado de tal actuación, quien accedió a

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dicha petición en el marco de la audiencia inicial. En ese sentido, mediante correo
electrónico del 10 de junio de 2021, el Fiscal 1 Local de Puerto Santander informó que la
investigación estaba «en [e]tapa de Indagación, recaudando elementos materiales probatorios y
evidencia física, a efecto de lograr establecer los posibles autores de la conducta punible».

Respecto de las facturas 697, 698 y 699, la actora sostuvo que fueron proferidas en 2015
y a nombre de otros terceros. Igualmente, aseguró que fueron anexadas como «prueba en
la denuncia». Sobre el particular, la Sala evidenció la existencia de la Factura 697, del 05
de junio de 2015, a nombre de Comercializadora y Otros Favagarro por $70.406.780 (IVA
incluido), la cual fue acompañada de una declaración de importación, la Remisión 0478,
del 27 de mayo de 2015 y una comunicación de la actora en la cual confirmó la realización
de un pago a favor de una empresa transportadora. Asimismo, obra la Factura 698, del
10 de junio de 2015, expedida a nombre de Cordex SAS por $47.867.400 (IVA incluido),
acompañada de la Remisión 479, del 05 de junio de 2015 y los documentos que
acreditaban el pago de los servicios de transporte de la mercancía. Finalmente, la
demandante anexó la Factura 699, a nombre de Proveedora de PVC SAS por
$87.685.342 (Iva incluido), a la cual adjuntó la Remisión 480, del 10 de junio de 2016, una
declaración de importación y constancias del transporte de los bienes vendidos

2.3- Con base en las consideraciones fácticas y legales expuestas, la Sala concluye que
el despliegue probatorio de la demandante fue insuficiente para desvirtuar la procedencia
de la adición de ingresos por operaciones gravadas realizada en los actos demandados.
La contribuyente no arrimó al proceso documentación para soportar que el valor de los
ingresos percibidos en el periodo correspondía a los que fueron reportados en la
declaración privada, pues su defensa se limitó a cuestionar la realidad de los hallazgos
de la Administración a partir de una denuncia presentada por su revisor fiscal, la que si
bien acredita que se informó a la autoridad -Fiscalía General de la Nación- sobre la
presunta comisión de un delito, no tiene la virtualidad de enervar las pruebas del proceso,
esto es, la información en medios magnéticos y los soportes suministrados por los
terceros, sobre todo cuando la actora no entregó su contabilidad, que era el medio
probatorio útil, pertinente y conducente para respaldar los ingresos declarados y, en
consecuencia, para controvertir la información suministrada por los terceros.

Adicionalmente, del resumen fáctico y probatorio anterior se extrae que el fisco efectuó
todas las acciones posibles para obtener información de la demandante, pues incluso
ordenó la práctica de una inspección contable. Sin embargo, esta no pudo realizarse
porque la dirección informada en el Rut -modificada por la sociedad en forma previa a la
realización de la diligencia y que motivó un segundo intento de visita- no correspondía al
lugar de su funcionamiento, razón por la cual es evidente la renuencia de la actora a
suministrar la documentación y, en general, colaborar con el desarrollo de la fiscalización.

En cuanto a la suficiencia de la información en medios magnéticos, la Sala resalta que
esta no fue el único sustento de la glosa, toda vez que su veracidad fue confirmada con
las respuestas a múltiples requerimientos ordinarios y/o autos de verificación o cruce de
los terceros que realizaron operaciones con la demandante en 2014. A tales efectos,
aunque la apelante refirió un supuesto «registro gráfico» para demostrar que cualquier
factura aducida por los terceros y/o la DIAN con consecutivo posterior a 720 era falsa, tal
«registro» no son más que fotografías de las facturas en blanco, lo cual es inapropiado
para desvirtuar su expedición, pues con las respuestas de Global Importaciones Ltda.,
Impomuebles del Caribe SAS y Tecnoprocesos SAS se entregaron las respectivas
facturas y también reposaban comprobantes de egreso que precisaron las fechas y
método de pago de los valores acordados con la demandante. Asimismo, tales compañías
aportaron auxiliares contables que reflejaban el registro de las operaciones.

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Frente al uso de las facturas 697, 698 y 699 en la anualidad 2015 y no en el 2014 -objeto
de fiscalización-, la Sala comprueba que la denuncia presentada por su revisor fiscal
enunció como pruebas «19 folios que constan de Facturas 697, 698 y 699, con sus (…) soportes de
envío y declaración de importación que corresponden a la realidad ». Sin embargo, se destaca de la
verificación a la liquidación oficial de revisión sometida a control judicial que las Facturas
697, 698 y 699 del 2014, que reportó Global Importaciones Ltda., no fueron consideradas
por la Administración dentro de la adición de ingresos del bimestre fiscalizado, razón por
la cual lo alegado por la contribuyente respecto de estas no tendría incidencia en el
presente asunto. En lo relativo a la falsedad de las facturas que tenían un consecutivo
posterior al 720, la Sección encuentra que si bien se acompañó un «registro gráfico» no hay
certeza de su temporalidad, razones por las cuales no puede concluirse que tales
documentos no habían sido proferidos a la fecha de la demanda.

Por todo lo señalado, no accederá la Sala a anular los actos administrativos emitidos
contra la sociedad actora, porque una parte de los ingresos adicionados corresponde a la
información en medios magnéticos de otros terceros sobre los cuales no presentó reparo,
todo lo cual, implica que la confirmación de las multas impuestas al revisor fiscal y
representante legal, el primero quien a pesar de estar legitimado para intervenir en la
presente actuación no formuló juicios de ilegalidad independientes a los plasmados por
la persona jurídica contribuyente y, el segundo, que a pesar de no figurar como parte
procesal estaba afectado con las consecuencias jurídicas que acarreará la firmeza de los
actos acusados tras la ejecutoria de la presente decisión.

No prospera el cargo de apelación.

Conclusión

3- Por lo razonado en precedencia, la Sala establece como contenido interpretativo de la
presente sentencia que: (i) cuando la discusión verse sobre la adición de ingresos a la
base gravable, la Administración tiene la obligación de demostrar la cuantía de los
ingresos que considera omitidos, en la medida que es el sujeto que invoca tal modificación
a su favor y, según el despliegue probatorio efectuado por la autoridad que sustente la
inexactitud en los hechos consignados en la declaración, será carga probatoria del
obligado tributario acreditar los valores autoliquidados; y (ii) la denuncia penal o
administrativa solo pone en conocimiento la posible perpetración de un hecho
presumiblemente delictuoso, no siendo por sí misma suficiente para desestimar las
pruebas obrantes en el proceso, sobre todo cuando el accionante no despliega ninguna
actividad probatoria dirigida a acreditar los hechos cuya realidad alega.

Costas

4- Por no estar probado en el expediente, la Sala se abstendrá de condenar en costas en
esta instancia, conforme al artículo 365.8 del CGP.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Cuarta, administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Confirmar la sentencia apelada.

2. Sin condena en costas en esta instancia.

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3. Reconocer personería a Héctor Javier Acevedo Pedraza como apoderado de la
demandada (índice 11 de Samai).

Notifíquese y comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

La integridad de este documento electrónico puede comprobarse con el «validador de documentos» disponible en:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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