Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 54001-23-33-000-2018-00336-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 54001-23-33-000-2018-00336-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 54001-23-33-000-2018-00336-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
28 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá D.C., veintiocho (28) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 54001 23 33 000 2018 00336 01 (5597-2023)
Demandante: Martha Consuelo Pérez Espitia
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Tema: Pensión gracia. Naturaleza de la vinculación docente. Valor
probatorio del acto de nombramiento frente al certificado de
historia laboral. Condena en costas.
Decisión: Se confirma la sentencia apelada por cuanto la parte
demandante acreditó el cumplimiento de todos los requisitos
legales para acceder a la pensión gracia, en especial haber
prestado sus servicios como docente de carácter territorial
durante más de 20 años.
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia de primera instancia del 25 de mayo de 2023, proferida por el
Tribunal Administrativo de Norte de Santander.
I. ANTECEDENTES
Demanda
1. La parte actora, en ejercicio del medio de control previsto en el artículo 138
de la Ley 1437 de 2011 (CPACA), solicitó que se declare la nulidad de las
Resoluciones UGM 6912 del 7 de septiembre de 2011 expedida por la extinta
Caja Nacional de Previsión Social (CAJANAL EICE) y RDP 002095 del 22 de
enero de 2016 emitida por la UGPP, así como del auto ADP 004105 del 1 de junio
de 2018, igualmente proferido por esta última entidad, mediante los cuales se
negó el reconocimiento y pago de la pensión gracia y, posteriormente, se dispuso
el archivo de una nueva solicitud pensional.
2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se condene a la
entidad demandada a reconocer y pagar dicha prestación a partir del 3 de
diciembre de 2011, fecha en la cual consolidó su estatus pensional. Asimismo,
pidió el reconocimiento y pago del retroactivo pensional causado desde esa
fecha, la inclusión de todos los factores salariales devengados durante el último
año de servicios, el reconocimiento de los reajustes pensionales anuales
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Demandante: Martha Consuelo Pérez Espitia
establecidos por el Gobierno nacional, la actualización monetaria de las sumas
adeudadas y la condena en costas.
3. Como hechos relevantes, indicó que nació el 26 de enero de 1954 y que
cumplió 50 años de edad el 26 de enero de 2004. Señaló, además, que prestó
sus servicios como docente oficial en el departamento de Norte de Santander en
dos periodos: el primero, comprendido entre el 29 de agosto de 1979 y el 31 de
diciembre de 1982, con vinculación de carácter nacionalizado; y el segundo,
desde el 17 de marzo de 1995 hasta el 8 de febrero de 2018, con vinculación de
carácter territorial departamental financiada con recursos propios. Afirmó que,
con dichos tiempos de servicio, acreditó más de 20 años de servicio docente
oficial.
4. Expuso, además, que presentó una primera solicitud de reconocimiento de
la pensión gracia ante la UGPP, la cual se negó mediante la Resolución RDP
003781 del 14 de junio de 2012 bajo el argumento de que su segunda vinculación
docente tenía carácter nacional. Posteriormente, formuló una nueva solicitud el
14 de septiembre de 2015, resuelta desfavorablemente mediante la Resolución
RDP 002095 del 22 de enero de 2016, con fundamento en la misma
consideración. Finalmente, radicó una tercera solicitud el 8 de marzo de 2018, la
cual fue archivada mediante el auto ADP 004105 del 1 de junio de 2018, por
considerar la entidad que ya existía un pronunciamiento previo respecto de la
misma pretensión.
5. La demandante sostuvo que los actos administrativos acusados
incurrieron en falsa motivación toda vez que la entidad demandada interpretó de
manera errónea los certificados de tiempo de servicio expedidos por la Secretaría
de Educación de Norte de Santander y la demás documentación aportada con
las solicitudes pensionales, en los cuales se acredita que su segunda vinculación
no fue de carácter nacional, sino territorial departamental y financiada con
recursos propios, circunstancia que permite computar dicho tiempo para efectos
del reconocimiento de la pensión gracia.
6. Finalmente, sostuvo que cumple con la totalidad de los requisitos previstos
en las leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y 91 de 1989 por cuanto
acreditó una vinculación docente nacionalizada con anterioridad al 31 de
diciembre de 1980, más de 20 años de servicio docente oficial y el requisito de
edad, razón por la cual solicitó el reconocimiento y pago de la prestación
reclamada.
Contestación de la demanda
7. La entidad demandada se opuso a la prosperidad de las pretensiones de
la demanda argumentando que la actora no acreditó el cumplimiento de los
requisitos legales exigidos para acceder al reconocimiento de la pensión gracia.
8. Como fundamento de su defensa, sostuvo que, si bien la demandante
acreditó más de 20 años de servicios docentes oficiales, los tiempos aportados
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al expediente administrativo correspondían a vinculaciones de carácter nacional,
las cuales no resultan computables para efectos del reconocimiento de dicha
prestación especial.
9. Indicó que, al revisar los antecedentes administrativos y la documentación
aportada por la interesada, en particular la certificación laboral expedida por la
Secretaría de Educación de Norte de Santander, concluyó que los servicios
prestados por la demandante con posterioridad a su primera vinculación
correspondían a nombramientos del orden nacional, razón por la cual no era
posible tener por acreditados los 20 años de servicio en calidad de docente
territorial o nacionalizada exigidos por la normativa aplicable.
10. Propuso como excepciones de mérito la presunción de legalidad de los
actos administrativos, la buena fe en la actuación administrativa, la prescripción
de eventuales mesadas o diferencias pensionales no reclamadas oportunamente
y solicitó que se declararan probadas todas aquellas que resultaran acreditadas
dentro del proceso.
Sentencia apelada
11. El Tribunal Administrativo de Norte de Santander, mediante sentencia del
25 de mayo de 2023, accedió a las pretensiones de la demanda, declaró la
nulidad de los actos administrativos acusados y ordenó a la entidad demandada
reconocer y pagar a favor de la demandante la pensión gracia a partir del 17 de
noviembre de 2011, en cuantía equivalente al 75 % del promedio de lo devengado
durante el año anterior a la consolidación de su estatus pensional, con inclusión
de la asignación básica y de las doceavas partes de las primas de vacaciones y
de Navidad.
12. Igualmente, dispuso la indexación de las sumas reconocidas y limitó los
efectos fiscales a las mesadas causadas a partir del 8 de marzo de 2015, en
aplicación del fenómeno prescriptivo.
13. Para el efecto, el a quo encontró acreditado que la demandante nació el
26 de enero de 1954 y, por tanto, cumplió 50 años de edad el 26 de enero de
2004. Asimismo, estableció que consolidó su estatus pensional el 17 de
noviembre de 2011, fecha para la cual reunía la totalidad de los requisitos
exigidos por la normativa aplicable.
14. En cuanto al requisito temporal, concluyó que la actora acreditó más de 20
años de servicio docente oficial estimando que estuvo vinculada como docente
nacionalizada en el departamento de Norte de Santander entre el 29 de agosto
de 1979 y el 31 de diciembre de 1982, y posteriormente como docente
departamental financiada con recursos propios desde el 17 de marzo de 1995;
tiempos que, valorados de manera conjunta, satisfacen la exigencia legal prevista
para acceder al reconocimiento de la pensión gracia.
15. Por último, se abstuvo de imponer condena en costas.
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Recurso de apelación
16. La entidad demandada interpuso recurso de apelación con el propósito de
que se revoque la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se nieguen las
pretensiones de la demanda.
17. Sostuvo que el a quo incurrió en una incorrecta aplicación de la normativa
que regula la pensión gracia y en una indebida valoración del material probatorio
arguyendo que la actora no acreditó más de 20 años de servicios docentes
válidos para el reconocimiento de dicha prestación. Lo anterior, por cuanto, si
bien la demandante demostró una primera vinculación de carácter nacionalizado
entre el 29 de agosto de 1979 y el 31 de diciembre de 1982, su segunda
vinculación, iniciada el 17 de marzo de 1995, correspondió a un nombramiento
de carácter nacional, razón por la cual dicho tiempo no podía computarse para
efectos pensionales.
18. Indicó que el tribunal omitió valorar adecuadamente los documentos
obrantes en el expediente administrativo, en particular el certificado de historia
laboral consecutivo 1590 del 9 de agosto de 2010, expedido por la Secretaría de
Educación de Norte de Santander, así como las demás certificaciones allegadas
al proceso, de las cuales se desprende que la demandante fue nombrada
mediante el Decreto 202 del 7 de marzo de 1995 y tomó posesión del cargo el 17
de marzo de 1995, con una vinculación de carácter nacional.
19. Adicionalmente, manifestó que no resulta jurídicamente viable modificar la
naturaleza de una vinculación docente por el solo hecho de que el servicio
hubiera sido financiado con recursos transferidos a las entidades territoriales, ni
por la incorporación del personal docente a las plantas departamentales con
ocasión de los procesos de descentralización administrativa. En consecuencia,
insistió en que la demandante no cumple la totalidad de los requisitos legales
exigidos para acceder a la prestación reclamada.
II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
20. Mediante auto del 20 de febrero de 2025 se admitió el recurso de apelación
y se advirtió a los sujetos procesales que disponían hasta la ejecutoria de dicha
providencia para pronunciarse sobre la alzada. Asimismo, al Ministerio Público
se le indicó que podría emitir concepto hasta antes de que el proceso ingresara
al despacho para sentencia.
21. La parte demandante solicitó confirmar el fallo apelado indicando que en
el expediente se encuentra debidamente acreditada la naturaleza nacionalizada
y territorial de las vinculaciones que sostuvo con el departamento de Norte de
Santander.
22. El Ministerio Público y la parte demandada guardaron silencio.
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III. CONSIDERACIONES
Competencia
23. De acuerdo con lo previsto en el artículo 150 del CPACA, modificado por
los artículos 615 del CGP y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de Estado es
competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos.
Problema jurídico
24. Corresponde a la Sala determinar si la vinculación docente de la
demandante en el departamento de Norte de Santander, derivada del Decreto
202 del 7 de marzo de 1995, es de naturaleza nacional —como lo sostiene la
UGPP— o territorial —como lo concluyó el a quo—, a efectos de establecer si el
tiempo correspondiente es computable para el reconocimiento de la pensión
gracia.
25. En consecuencia, deberá precisarse el valor probatorio del acto
administrativo de nombramiento frente al certificado de historia laboral expedido
por la Secretaría de Educación, conforme al estándar fijado en la sentencia de
unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 2018.
Análisis del problema jurídico
26. La Sala anticipa su decisión de confirmar la sentencia de primera instancia
que accedió a las pretensiones de la demanda, con base en los argumentos que
se expondrán a continuación.
27. Para beneficiarse de la pensión gracia, el interesado debe cumplir de
manera concurrente todos los requisitos previstos en las Leyes 114 de 1913, 116
de 1928, 37 de 1933 y 91 de 1989, a saber: i) haberse vinculado como docente
territorial o nacionalizado antes del 31 de diciembre de 1980; ii) haber prestado
servicios como docente nacionalizado o territorial (municipal o departamental) por
un período no inferior a 20 años, ya sean continuos o discontinuos; iii) haber
cumplido 50 años de edad; iv) haber ejercido la docencia con honradez,
consagración y buena conducta; y v) no haber recibido ni estar recibiendo otra
pensión o recompensa de carácter nacional.
28. Aclarado lo anterior, en el asunto sub lite no está en discusión que la
demandante satisfizo el requisito de la edad, pues nació el 26 de enero de 1954
y cumplió 50 años el 26 de enero de 20041. Tampoco se controvierte lo
relacionado con el requisito de haber laborado con buena conducta y honradez,
pues en el recurso de apelación no se planteó un reparo al respecto ni obra en el
expediente prueba alguna que demuestre que a la actora se le haya impuesto
alguna sanción disciplinaria2.
1 Cfr. Cédula de ciudadanía obrante en el folio 13 del expediente digitalizado.
2 Cfr. Certificado de Antecedentes 106369230 del 23 de febrero de 2018, que reposa en el folio 14 ibidem.
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29. De igual modo, en el proceso está probado que la demandante se vinculó
como docente nacionalizada antes del 31 de diciembre de 1980. Al respecto, en
el expediente obra copia del Formato Único para la Expedición de Certificado de
Historia Laboral 421 del 8 de febrero de 20183, mediante el cual la Secretaría de
Educación de Norte de Santander registró que ella prestó sus servicios como
directivo docente, con tipo de vinculación nacionalizada, en la Escuela Rural
Buenos Aires del municipio de Ragonvalia (Norte de Santander), entre el 29 de
agosto de 1979 y el 31 de diciembre de 1982, en atención del nombramiento
efectuado a través del Decreto 769 del 22 de agosto de 19794.
30. Como soporte de lo anterior, en el expediente obra copia del referido
Decreto 769 del 22 de agosto de 19795, a través del cual el gobernador del Norte
de Santander nombró a la demandante como directora de la Escuela Rural
Buenos Aires del municipio de Ragonvalia (Norte de Santander), cargo del cual
tomó posesión el 29 de agosto de 19796.
31. El mencionado acto lo suscribió el gobernador del mencionado ente
territorial, en uso de sus facultades legales, sin que se evidencie la intervención,
aprobación o delegación del Ministerio de Educación Nacional o alguno de sus
delegados ante la entidad territorial, ni la autorización presupuestal por parte del
Fondo Educativo Regional.
32. En este sentido, pese a que en el Formato Único para la Expedición de
Certificado de Historia Laboral analizado previamente se catalogó dicha
vinculación como del orden nacionalizado, lo cierto es que este fue de naturaleza
territorial-departamental, tal como lo prevé el artículo 1 de la Ley 91 de 1989
según el cual son territoriales «los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito
establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975».
33. En otras palabras, la anterior conclusión se justifica porque el acto fue
expedido por la entidad territorial después del 1 de enero de 1976 y no se advierte
que la plaza docente hubiese sido creada por autorización o pertenezca a la
planta del Ministerio de Educación Nacional.
34. En este punto, vale la pena resaltar que esa Sección, mediante la
sentencia de unificación jurisprudencial CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 2018,
fijó el siguiente estándar para acreditar la plaza docente en asuntos de pensión
gracia:
(iv) para acreditar la calidad de docente territorial, se requiere copia de los
actos administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda
establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el
legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede
3 Folio 39.
4 La anterior información coincide con el Certificado de Información Laboral del 30 de diciembre de 2015
(página 322 del archivo «008ContestacionDemanda»).
5 Página 74, ibidem.
6 Página 75, ibidem.
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acreditar con la respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé
cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra
sometido el docente oficial es de carácter territorial. (Se resalta)
35. De acuerdo con lo anterior, en estos casos, el juez debe examinar el
expediente con el fin de verificar la existencia de actos administrativos que le
permitan determinar la naturaleza jurídica del vínculo o de la plaza docente en
cuestión. Esto es fundamental toda vez que el contenido del acto administrativo
de nombramiento proporciona al fallador información crucial sobre las
condiciones jurídicas del cargo a desempeñar, así como las condiciones a las
que quedó sujeto el servidor.
36. No obstante, en ausencia de estos documentos, el juez tiene la opción de
recurrir a otros elementos que deben ser analizados en conjunto bajo las reglas
de la sana crítica, tales como las certificaciones emitidas por las autoridades
nominadoras, constatando que la veracidad de la información contenida en ellas
sea indiscutible.
37. En el presente caso, el Decreto 769 del 22 de agosto de 19797 tiene mayor
fuerza probatoria que la certificación de historia laboral expedida por la Secretaría
de Educación de Norte de Santander, en lo relativo al tipo de vinculación de la
actora. Ello se debe a que ese acto permitió reconstruir con mayor precisión las
circunstancias fácticas y jurídicas del nombramiento, por lo que, a partir de su
contenido, la Sala concluye que la vinculación fue territorial y no nacionalizada.
38. Por consiguiente, queda demostrado entonces que la demandante
acreditó haberse vinculado como docente territorial antes del 31 de diciembre de
1980 y, por ende, los tiempos de servicio que ejerció como tal entre el 29 de
agosto de 1979 y el 31 de diciembre de 1982, equivalentes a 3 años, 4 meses y
3 días, son computables para efectos de la pensión gracia reclamada.
Requisito de haber prestado sus servicios docentes como territorial o
nacionalizada durante 20 años
39. Con el fin de demostrar la precitada exigencia, en el expediente obra copia
del Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia Laboral del 8 de
agosto de 20188, a través del cual la Secretaría de Educación de Norte de
Santander certificó que la demandante, para esa fecha, prestaba sus servicios
como docente de primaria en propiedad, con vinculación de carácter territorial,
desde el 17 de marzo de 1995, en el Instituto Técnico Agrícola de Gramalote, en
virtud del nombramiento efectuado mediante el Decreto 202 del 7 de marzo de
1995.
40. Lo anterior coincide con el Decreto 000202 del 7 de marzo de 19959, por
medio del cual el gobernador del Norte de Santander nombró a la demandante
7 Página 74, ibidem.
8 Folios 37 y 38 del expediente digitalizado.
9 Folio 72 al 155.
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como docente de primaria en la Escuela Rural Miraflores del municipio de
Gramalote.
41. Dicho acto administrativo también fue suscrito por el gobernador del
departamento, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 305 de
la Constitución Política y de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2277 de
1979 y en el parágrafo 1 del artículo 105 de la Ley 115 de 1994.
42. Asimismo, en el referido decreto se consignó que las vinculaciones
efectuadas obedecían a la creación de nuevas plazas docentes por parte de la
Asamblea Departamental, mediante la Ordenanza 001 del 6 de marzo de 1995,
con el propósito de incorporar a los docentes que venían laborando en soluciones
educativas departamentales con anterioridad al 8 de febrero de 1994.
43. Con base en lo anterior, la naturaleza del segundo vínculo docente debe
analizarse a la luz del artículo 1 de la Ley 91 de 1989, según el cual son
territoriales los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial a
partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido en el
artículo 10 de la Ley 43 de 1975.
44. En cuanto a la ubicación temporal del nombramiento, este se realizó el 7
de marzo de 1995, esto es, con posterioridad a la expedición de la Ley 60 de
1993, por medio de la cual se inició el proceso de descentralización educativa y
se trasladó a las entidades territoriales la competencia para administrar el servicio
educativo, así como la creación y provisión de plazas docentes con cargo a sus
propios recursos.
45. En lo atinente al origen de la plaza, en el Decreto 202 del 7 de marzo de
1995 se consignó expresamente que las vinculaciones obedecían a la creación
de nuevas plazas docentes por parte de la Asamblea Departamental de Norte de
Santander, mediante la Ordenanza 001 del 6 de marzo de 1995, con el propósito
de incorporar a los docentes que venían laborando en soluciones educativas
departamentales con anterioridad al 8 de febrero de 1994. De este modo, la plaza
ocupada por la demandante fue creada por una corporación pública del orden
territorial, financiada con recursos propios y adscrita a la planta de personal del
departamento, sin intervención del Ministerio de Educación Nacional.
46. En consecuencia, y contrario a lo manifestado por la entidad recurrente, el
segundo vínculo docente de la demandante es de carácter territorial-
departamental, por cuanto: i) se efectuó por nombramiento del representante de
la entidad territorial con posterioridad al 1 de enero de 1976, en los términos del
artículo 1 de la Ley 91 de 1989; ii) se perfeccionó con posterioridad a la Ley 60
de 1993, dentro del marco de la descentralización educativa; y iii) recayó sobre
una plaza adscrita al ente territorial creada por la Asamblea Departamental
mediante la Ordenanza 001 del 6 de marzo de 1995. Estas tres circunstancias,
valoradas en conjunto, descartan con nitidez que la vinculación bajo estudio haya
sido del orden nacional.
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47. Ahora, en cuanto al reparo de la apelante sobre la supuesta indebida
valoración probatoria de certificado de historia laboral consecutivo 1590 del 9 de
agosto de 2010, expedido por la Secretaría de Educación de Norte de Santander,
así como las demás certificaciones allegadas al proceso, de las cuales, según su
criterio, se desprende que el nombramiento derivado del aludido Decreto 202 del
7 de marzo de 1995 fue de carácter nacional, es pertinente advertir que no tiene
vocación de prosperidad.
48. Lo anterior, tal como se especificó en los párrafos 32 al 37 de esta
providencia, el Decreto 202 del 7 de marzo de 1995 demuestra con mayor
claridad las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se efectuó el
nombramiento de la demandante, el cual desplaza probatoriamente lo certificado
por la entidad nominadora, ya que la definición de la naturaleza de la plaza
docente deviene de la ley y, como se estableció en precedencia, se pudo concluir
que dicha relación legal y reglamentaria fue territorial.
49. A mayor abundamiento, y aun admitiendo que los mencionados
certificados de historia laboral, en especial el 1590 del 9 de agosto de 201010 y el
9313 del 30 de noviembre de 201111 tuvieran la fuerza probatoria para establecer
la naturaleza del pluricitado vínculo docente, lo cierto es que, el primero lo
cataloga como del orden departamental —lo cual se acompasa con el análisis
realizado— y, el segundo, se marcó como nacional la casilla de régimen de
pensiones, que, como lo ha dicho esta Subsección en reiterada jurisprudencia,
dicha circunstancia no se refiere a la naturaleza del vínculo docente, sino al
régimen de pensiones ordinario de jubilación o vejez, que difieren de los
requisitos relacionados con la pensión gracia12.
50. Así las cosas, tal como lo estableció el a quo, en el sub lite está
demostrado que la demandante prestó sus servicios como docente territorial-
departamental entre el 17 de marzo de 1995 y el 8 de agosto de 2018 —fecha
del último certificado de historia laboral aportado al proceso—, esto es, por un
lapso de 23 años, 4 meses y 22 días, los cuales son computables para efectos
del reconocimiento de la pensión gracia.
51. Por consiguiente, la libelista acreditó un total de 26 años, 8 meses y 25
días de servicios como docente del orden territorial, según se evidencia en la
siguiente tabla:
Carácter de la Desde Hasta Tiempo laborado
plaza ocupada Día Mes Año Día Mes Año Años Meses días
Territorial 29/08/1979 31/12/1982 3 4 3
Territorial 17/03/1995 08/08/2018 23 4 22
TOTAL 26 8 25
10 Páginas 153 y 155 del expediente administrativo que reposa en el archivo «008ContestacionDemanda».
11 Páginas 372 y 373, ibidem.
12 Esta Subsección ha sostenido dicho criterio en la siguientes providencias: i) sentencia del 4 de septiembre
de 2025, rad. 66001 23 33 000 2020 00004 01 (1470-2022), C.P. Juan Camilo Morales Trujillo; ii) sentencia
del 21 de agosto de 2025, rad. 13001 23 33 000 2017 00756 01 (6606-2019), C.P. Juan Camilo Morales
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52. En consecuencia, la actora cumplió con todos los requisitos exigidos para
acceder a la pensión gracia, a saber: el de la edad, el de buena conducta, el de
vinculación docente territorial antes del 31 de diciembre de 1980 y el de los 20
años de servicio docente oficial. Asimismo, no obra en el expediente prueba
alguna de que perciba o haya percibido pensión o recompensa de carácter
nacional incompatible con la prestación reclamada, requisito que tampoco fue
controvertido por la entidad demandada en su recurso. Por lo anterior, habrá lugar
a confirmar la sentencia apelada.
53. De igual modo, se comparte la decisión del tribunal en cuanto estableció
que el estatus pensional surgió el 17 de noviembre de 2011, fecha en la que la
actora completó los 20 años de servicios, esto es, con posterioridad al día en que
cumplió 50 años de edad (26 de enero de 2004).
54. Adicionalmente, la Sala comparte lo resuelto respecto de la prescripción
de las mesadas pensionales causadas con anterioridad al 8 de marzo de 201513
debido a que la solicitud de reconocimiento pensional se presentó el 8 de marzo
de 2018 cuando ya habían transcurrido más de tres años desde el surgimiento
del estatus pensional (ocurrido el 17 de noviembre de 2011) y la demanda solo
se radicó el 23 de noviembre de 201814.
Condena en costas
55. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura
armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera
significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.
56. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.
57. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
58. En consecuencia, se impondrán costas en segunda instancia a la entidad
demandada por cuanto se niegan totalmente las peticiones del recurso de
13 Información tomada de la Resolución 005237 del 14 de febrero de 2011, visible en el folio 10.
14 Folio 110.
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Radicación: 54001 23 33 000 2018 00336 01 (5597-2023)
Demandante: Martha Consuelo Pérez Espitia
apelación. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las
agencias en derecho serán fijadas por el magistrado sustanciador de la primera
instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal
Administrativo de Norte de Santander.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
IV. RESUELVE
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 25 de mayo de 2023 proferida por el
Tribunal Administrativo de Norte de Santander, mediante la cual se accedió a las
pretensiones de la demanda presentada por la señora Martha Consuelo Pérez
Espitia contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social.
SEGUNDO. CONDENAR en costas de segunda instancia a la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP,
las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado sustanciador de la
primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal
Administrativo de Norte de Santander.
TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR
las anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
(Ausente con permiso)
CONSTANCIA: La presente providencia se firmó electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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