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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 54001-23-33-000-2018-00342-01

Fecha
13 de febrero de 2025
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 54001-23-33-000-2018-00342-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de fecha 4 de noviembre de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, mediante la cual negó las pretensiones de la demanda promovida por Carlos Eugenio Torrado Flórez contra el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO. Sin condena en costas en esta instancia conforme a lo indicado en esta providencia. TERCERO. Reconocer al abogado José Gabriel Calderón García, para actuar como apoderado de la entidad demandada, según poder que obra a índice 6 de la plataforma SAMAI del Consejo de Estado. CUARTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 54001-23-33-000-2018-00342-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

13 de febrero de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá, D.C., trece (13) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 54 001 23 33 000 2018 00342 01 (5755-2022)
Demandante: Carlos Eugenio Torrado Flórez
Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF
Tema: Prima técnica por evaluación de desempeño.

Decisión: Confirma sentencia de primera instancia.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación presentado
por el apoderado de la parte demandante contra la sentencia de fecha 4 de
noviembre de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander, que negó las pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar
en costas.

I. ANTECEDENTES

1.1 Pretensiones de la demanda.

A través del medio de control de la referencia, se exigió lo siguiente:

Primera. Anular el oficio N° S-2018-449080-0101 de 2 de agosto de 2018,1 por
medio del cual la entidad accionada negó la prima técnica por evaluación de
desempeño y las publicaciones realizadas por el actor.

Segunda. Condenar a la demandada a reconocer y pagar al actor la prima
técnica desde el mes de abril de 1992 y durante todos los periodos en los que
sus calificaciones por evaluación de desempeño anual hubieren sido iguales o
superiores al 90% del total de puntos posibles.

Tercera. Condenar al ICBF a reconocer y pagar al demandante el incremento del
3% por concepto de la prima técnica por formación avanzada, por las
publicaciones realizadas y a reliquidar las prestaciones sociales y los aportes al
sistema de seguridad social que dependan de esa prestación.

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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 54 001 23 33 000 2018 00342 01 (5755-2022)
Demandante: Carlos Eugenio Torrado Flórez

Cuarta: ordenar al ICBF cumplir la sentencia en los términos establecidos en el
artículo 192 de la Ley 1437 de 2011.

1.2 Hechos que fundamentan la demanda.

Como hechos relevantes, se señalaron los siguientes:

El demandante ingresó al ICBF el 18 de enero de 1982. Por Resolución 816 de
23 de mayo de 1990, fue nombrado en el cargo de Jefe de División, código 2040,
grado 09, de la Regional Norte Santander.

A la fecha de presentación de la demanda, el actor ejerce el empleo de
profesional especializado, código 2028, grado 19 de esa misma regional y se
encuentra inscrito en el registro público de empleados de carrera administrativa.

Durante todo el tiempo de labor, el accionante obtuvo las siguientes calificaciones
en las evaluaciones de desempeño:

Fecha calificación Puntaje obtenido Puntaje máximo Porcentaje
1990 451 puntos 500 puntos 90.2%
1991 409 puntos 500 puntos 81.8%
1992 635 puntos 700 puntos 90.7%
2007 980.75 puntos 1000 puntos 98.7%
2008 980.75 puntos 1000 puntos 98.7%
2009 100 puntos 100 puntos 100%
2010 89 puntos 100 puntos 89%
2011 89 puntos 100 puntos 89%
2012 100 puntos 100 puntos 100%
2013 100 puntos 100 puntos 100%
2014 100 puntos 100 puntos 100%
2015 100 puntos 100 puntos 100%
2016 100 puntos 100 puntos 100%
2017 100 puntos 100 puntos 100%

Entre el 1.° de mayo de 1991 y el 30 de abril de 1992 obtuvo una calificación
superior al 90% de los puntos posibles, lo que le permite ser beneficiario del
régimen de transición contenido en el artículo 4.° del Decreto 1724 de 1997. Por
tanto, y en atención a que las calificaciones anuales de servicios posteriores a la
vigencia de ese decreto han superado el porcentaje mínimo exigido, le asiste el
derecho a recibir la prima técnica por evaluación del desempeño desde el 1.° de
marzo de 1992.

En 1988, el demandante publicó en coautoría el libro denominado “Sistema
Jurídico de la Familia en Colombia”, que le concede el derecho a la prima técnica
por formación avanzada con un incremento del 3%, emolumento que no ha sido
reconocido ni pagado por la accionada.

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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 54 001 23 33 000 2018 00342 01 (5755-2022)
Demandante: Carlos Eugenio Torrado Flórez

1.3 Fundamentos de derecho.

Se señalaron como vulneradas las siguientes disposiciones:

• Artículos 1, 2, 4, 5, 13, 23, 25, 53, 83 y 85 de la Constitución política.
• Artículos 1 al 6 y 9 del Decreto 1661 de 1991.
• Artículos 5, 7 y 10 del Decreto 2164 de 1991.
• Artículo 4 del Decreto 1724 de 1997.

En breve, el vocero judicial expresó que con la expedición del acto acusado la
demandada vulneró los derechos laborales que la Carta Política consagra en
favor del actor, quien demostró el cumplimiento de todos los requisitos exigidos
para el reconocimiento de la prima técnica por evaluación del desempeño.

Adveró que también se vulneró el derecho a la igualdad, pues en casos análogos
el ICBF ha reconocido tal emolumento sin más exigencias a sus empleados que
los requisitos establecidos en la ley.

Al tenor de lo preceptuado en los Decretos 1661 y 2164 de 1991, el señor Torrado
Flórez tiene derecho a la prima técnica por evaluación del desempeño, en
atención a que ocupó el cargo de Jefe de División en el mes de julio de 1991,
fecha en la cual entró en vigencia el Decreto 1661 de 1991 y, además, obtuvo
una calificación de servicios superior al 90% para el periodo comprendido entre
el 1.° de mayo de 1991 y el 30 de abril de 1992.

Así las cosas, el actor es beneficiario del régimen de transición establecido en el
artículo 4.° del Decreto 1724 de 1997, por cuanto para el periodo antes indicado
obtuvo una calificación por evaluación del desempeño en un porcentaje superior
al 90%.

Finalmente, sostuvo que el accionante tiene derecho a un incremento del 3% en
la prima técnica por formación avanzada, en virtud de que publicó en coautoría
el libro “Sistema Jurídico de la Familia en Colombia”, cuando ejercía las funciones
de Jefe de Oficina Asesora en la Regional Norte de Santander.

1.4 Contestación de la demanda.

Dentro de la oportunidad de ley, el ICBF contestó la demanda,2 oponiéndose a la
prosperidad de las pretensiones en ella contenidas. Como argumentos de defensa
esgrimió los siguientes:

• El Decreto 1661 de 1991 señaló los criterios para el reconocimiento de la prima
técnica, preceptuando que la de evaluación por desempeño operaba para todos
los niveles de empleo. Sin embargo, con la expedición del Decreto 1724 de 1997,
se limitaron los niveles que eran beneficiarios de tal emolumento, quedando

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Demandante: Carlos Eugenio Torrado Flórez

únicamente para los niveles directivo, asesor o ejecutivo. No obstante, el artículo
4.° ejusdem estableció un régimen de transición con el fin de respetar los derechos
adquiridos de quienes no estaban ubicados en los niveles antes señalados.

• Para su reconocimiento no es suficiente que la prima técnica esté contemplada
en la ley pues al tenor de lo establecido en el artículo 7.° del Decreto 2164 de
1991, es necesario que el Jefe del organismo y/o las juntas o consejos directivos
o superiores determinen por medio de resolución motivada los niveles o grupos
ocupacionales susceptibles de tal emolumento.

• Los empleados que desempeñan cargos en provisionalidad no son beneficiarios
de esa prestación, dado que la misma solo es reconocida a los funcionarios de
carrera administrativa y de libre nombramiento y remoción en ciertos casos.

• El actor no realizó ninguna reclamación durante la vigencia de los Decretos 1661
y 2164 de 1991.

Corolario, propuso las excepciones de “falta de reglamentación de la prima técnica
por evaluación del desempeño al interior del ICBF”, “ausencia de cumplimiento de
requisitos para acceder a la prima técnica por evaluación de desempeño”, “cobro
de lo no debido”, “obligación de respetar el precedente judicial de naturaleza
vertical fijado por el Consejo de Estado”, “incompatibilidad de la prima técnica por
formación avanzada y experiencia altamente calificada, con la prima técnica por
calificación de desempeño” y “prescripción”.

1.5 Sentencia de primera instancia.

Mediante sentencia de fecha 4 de noviembre de 2021,3 el Tribunal Administrativo
de Norte de Santander negó las súplicas de la demanda y se abstuvo de
condenar en costas a la parte demandante.

Para arribar a esa decisión, el a quo, luego de referenciar el marco normativo y
jurisprudencial de la prima técnica, así como las pruebas recaudadas en el trámite
procesal, concluyó que:

• De acuerdo con lo estipulado en los artículos 7.° y 8.° del Decreto 2164 de
1991, el derecho a la prima técnica surge a partir de su creación legal y su
respectiva reglamentación por parte de la entidad pública.

• A nivel interno, el ICBF emitió el Acuerdo 04 de 1993 creando la prima técnica
por evaluación de desempeño en favor de los empleos de secretario general
y jefe de oficina. Posteriormente, con el Acuerdo 03 de 1994 se redujo esa
prestación para el cargo de director regional. En lo tocante al estipendio
dimanado de formación avanzada y experiencia altamente calificada, el

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Demandante: Carlos Eugenio Torrado Flórez

Acuerdo 41 de 1994 la concibió en pro de los empleos ubicados en los niveles
de asesor, ejecutivo y profesional.

• Entre los años 1990 a 1992, el demandante se desempeñó como Jefe de
Sección, empleo que no lo hacía acreedor a dicha prima. Además, no cumplió
con los requisitos para ser beneficiario del régimen de transición establecido
en el artículo 4.° del Decreto 1724 de 1997, en tanto no demostró derecho
alguno sobre ese emolumento con anterioridad a su vigencia, ni mucho menos
evidenció una solicitud en ese sentido.

• El actor tampoco tiene derecho al reconocimiento de la prima técnica por el
periodo comprendido entre los años 2007 a 2017, en razón a que si bien
ocupaba en propiedad el empleo de profesional especializado, tal cargo no se
encuentra adscrito al Despacho del Director General del ICBF. Además, no
demostró que en vigencia de la norma anterior le fue reconocido tal privilegio.

• No es posible el reconocimiento de la prima técnica por el criterio de formación
avanzada -con ocasión de la publicación del libro denominado “Sistema
Jurídico de la Familia en Colombia”, del cual es coautor el demandante, toda
vez que no aportó prueba que demuestre que solicitó la revisión de la prima
técnica ante el funcionario competente, con anterioridad a la entrada en
vigencia del Decreto 1661 de 1991.

1.6 Recurso de apelación.

Inconforme con esa decisión, el apoderado de la parte demandante la recurrió en
apelación4.

En primer lugar, expresó que su cliente si tiene derecho a la prima técnica por
evaluación de desempeño, pues durante la vigencia del Decreto 1661 de 1991
se desempeñó como Jefe de División -cargo adscrito a la Dirección General del
ICBF- y, además, obtuvo una calificación de servicios superior al 90%. En
consecuencia, se consolidó en su favor un derecho adquirido desde el mes de
abril de 1992, que no puede ser desconocido por la demandada.

En segundo lugar, fundado en las anteriores razones, sostuvo que el
demandante si es beneficiario del régimen de transición contenido en el artículo
4.° del Decreto 1724 de 1997.

Con tales fines, aseguró que el accionante cumple con los requisitos señalados
por esta Corporación en la sentencia de fecha 21 de octubre de 2010, expediente
25000-2325-000-2008-00632-01, para ser beneficiario de ese sistema.

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1.7 Trámite correspondiente a la segunda instancia.

1.7.1 La admisión del recurso. Mediante auto adiado 15 de septiembre de
2023,5 se admitió el recurso de apelación.

Dentro de los plazos previstos en los numerales 4.° y 6.° del artículo 247 de la
Ley 1437 de 2011, no se registraron intervenciones de las partes ni del Agente
del Ministerio Público Delegado ante esta Corporación.

1.8 El control de legalidad.6 Luego de las revisiones de rigor, la Sala no advierte
ninguna causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado hasta ahora, por lo que
procederá a resolver la alzada, previas las siguientes:

II. CONSIDERACIONES

2.1 Competencia.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,7 esta Sala de Subsección del
Consejo de Estado es competente para resolver los recursos de apelación
presentados por las partes.

2.2 Marco de análisis de la segunda instancia.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del
Proceso,8 la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a los
argumentos expuestos por el recurrente. No obstante, en caso de que ambas
partes hayan apelado toda la sentencia, el superior resolverá sin limitaciones.

En el caso concreto es necesario pronunciarse respecto de los argumentos
expuestos por el apoderado de la parte demandante, en su condición de apelante
único.

2.3 Problemas jurídicos.

De conformidad con lo expuesto en el recurso de apelación le corresponde a la
Subsección determinar sí ¿El demandante cumple con todos los requisitos para
acceder a la prima técnica por evaluación de desempeño?

5 Expediente digital índice 18 SAMAI.
6 El artículo 207 de la Ley 1437 de 2011 establece que «Agotada cada etapa del proceso, el juez ejercerá

el control de legalidad para sanear los vicios que acarrean nulidades, los cuales, salvo que se trate de
hechos nuevos, no se podrán alegar en las etapas siguientes».
7 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las

apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
8 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los

argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley […]».

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En orden a resolver los anteriores planteamientos, la Sala abordará los siguientes
aspectos: i) marco normativo de la prima técnica por evaluación del desempeño;
y; ii) la reglamentación emitida por el ICBF frente a la aludida prestación.

2.4 Normas y jurisprudencia aplicable al asunto.

2.4.1 La prima técnica por evaluación de desempeño.

El Decreto Ley 1661 de 1991, definió en su artículo 1.° la prima técnica en los
siguientes términos:

«Artículo 1o. Definición y campo de aplicación. La Prima Técnica es un
reconocimiento económico para atraer o mantener en el servicio del Estado a
funcionarios o empleados altamente calificados que se requieran para el
desempeño de cargos cuyas funciones demanden la aplicación de conocimientos
técnicos o científicos especializados o la realización de labores de dirección o de
especial responsabilidad, de acuerdo con las necesidades específicas de cada
organismo. Asimismo, será un reconocimiento al desempeño en el cargo, en los
términos que se establecen en este Decreto […]».

Con tales fines, el artículo 2.° concibió dos criterios para garantizar el acceso a
esa prestación a saber: i) por formación avanzada y experiencia altamente
calificada y; ii) por evaluación de desempeño. La norma en cita dice a letra que:

«Artículo 2.- Criterios para otorgar Prima Técnica. Para tener derecho a Prima
Técnica serán tenidos en cuenta alternativamente uno de los siguientes criterios,
siempre y cuando, en el primer caso, excedan de los requisitos establecidos para
el cargo que desempeñe el funcionario o empleado.

a) Título de estudios de formación avanzada y experiencia altamente calificada en
el ejercicio profesional o en la investigación técnica o científica en áreas
relacionadas con las funciones propias del cargo durante un término no menor de
tres (3) años, o

b) Evaluación del desempeño […]»

Por su parte, el artículo 3.º estableció que la proveniente de formación avanzada
y experiencia altamente calificada sería reconocida a quienes desempeñen
empleos en los niveles profesional, ejecutivo, asesor o directivo; mientras que la
dimanada «con base en la evaluación del desempeño podrá asignarse en todos
los niveles».

Así entonces, y en razón a que el artículo 5.° de ese dispositivo estableció que
«[s]erá competente para asignar la Prima Técnica el jefe del organismo
respectivo», es dable concluir que la asignación de ese emolumento quedó en
cabeza del jefe o director de la correspondiente institución descentralizada quien,
para esos propósitos, debía ceñirse a los parámetros regulados en el artículo 9.°
que dice:

«Artículo 9o. Otorgamiento de Prima Técnica en las entidades
descentralizadas. Dentro de los límites consagrados en el presente Decreto, las

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entidades y organismos descentralizados de la Rama Ejecutiva, mediante
resolución o acuerdo de sus Juntas, Consejos Directivos o Consejos Superiores,
tomarán las medidas pertinentes para aplicar el régimen de Prima Técnica, de
acuerdo con sus necesidades específicas y la política de personal que adopten».

En lo que respecta a su extinción, el artículo 8.° previó que la sanción disciplinaria
de suspensión en contra del empleado y/o su retiro del servicio, implicaban la
pérdida del respectivo derecho. Adicionalmente, y en lo que atañe a la derivada
de la evaluación del desempeño, tal fenecimiento se produce «si cesan los
motivos por los cuales se asignó».9

Posteriormente, el artículo 5.° del Decreto Reglamentario 2164 de 1991,
condicionó el reconocimiento de la prima técnica por evaluación de desempeño
al cumplimiento de las siguientes exigencias:

i) ejercer en propiedad un empleo que sea susceptible de asignación de ese
emolumento en los términos del artículo 7.°.
ii) que ese cargo pertenezca a algunos de los niveles allí previstos: directivo,
asesor, ejecutivo, profesional, técnico, administrativo y operativo y;
iii) obtener en la calificación anual de servicios inmediatamente anterior a
la solicitud de reconocimiento, un resultado igual o superior al 90%.

En este contexto, es indispensable referenciar que el artículo 7.° fijó los criterios
conforme a los cuales el jefe de la entidad y/o las juntas o consejos directivos o
superiores debían asignar, mediante resolución motivada, la prima técnica. Es
decir, el derecho a ese emolumento y su respectivo reconocimiento no nace
automáticamente con la ley, sino que requiere, además, la emisión de la
reglamentación interna por parte de cada institución. La señalada norma
establece que:

«Artículo 7º. De los empleados susceptibles de asignación de Prima Técnica.
El Jefe del organismo y, en las entidades descentralizadas, las Juntas o Consejos
Directivos o Superiores, conforme con las necesidades específicas del servicio,
con la política de personal que se adopte y con sujeción a la disponibilidad
presupuestal, determinarán, por medio de resolución motivada o de acuerdo,
según el caso, los niveles, las escalas o los grupos ocupacionales, las
dependencias y los empleos susceptibles de asignación de prima técnica, teniendo
en cuenta la restricción establecida en el artículo 3º del Decreto-ley 1661 de 1991,
y los criterios con base en los cuales se otorgará la referida prima, señalados en
el artículo 3º del presente Decreto».

Mas tarde, el Decreto 1724 de 1997, redujo los destinatarios de ese emolumento
a los cargos ubicados en los niveles directivo, asesor o ejecutivo. Sin embargo,
en el artículo 4.° introdujo un régimen de transición como instrumento para
garantizar los derechos adquiridos de todos aquellos que, con antelación a su
vigencia, venían disfrutando de esa prima. En ese dispositivo se puede leer:

9 Con el artículo 11 del Decreto 2164 de 1991, se amplificó el régimen extintivo del citado estipendio.

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«Artículo 4°. Aquellos empleados a quienes se les haya otorgado prima técnica,
que desempeñen cargos de niveles diferentes a los señalados en el presente
decreto, continuarán disfrutando de ella hasta su retiro del organismo o hasta que
se cumplan las condiciones para su pérdida, consagradas en las normas vigentes
al momento de su otorgamiento».

Aunque la norma en mención solo se refiere a los empleados «a quienes se les
haya otorgado prima técnica», esta Corporación amplió el radio de acción de ese
privilegio a todos aquellos que, en vigencia del régimen anterior, tuvieron derecho
a ese estipendio, indistintamente que hubieran logrado o no su reconocimiento.
En sentencia de 30 de julio de 2015,10 la Sección Segunda, Subsección B de este
tribunal concluyó:

«[…]Con la segunda tesis, la cual prevaleció en esta Subsección14, y que hoy
constituye el parámetro para el reconocimiento de la misma, sí es posible aplicar
el régimen de transición del artículo 4 del Decreto 1724 de 1997 a quienes, sin
ocupar cargos de los niveles directivo, asesor, ejecutivo o sus equivalentes bajo el
nuevo régimen, cumplieran con los siguientes requisitos:

(i) que tuvieran derecho al reconocimiento de la prima técnica por evaluación
de desempeño bajo el régimen del Decreto 1661 de 1991, esto es, que hubieren
laborado para la respectiva entidad en la vigencia de la normativa mencionada
y que, desde luego, cumplieran los requisitos legales exigidos por la misma;

(ii) que hubieran reclamado la prima técnica antes o después de la entrada en
vigencia del Decreto 1724 de 1997, siempre que tuvieren derecho a la prima
mencionada en vigencia del Decreto 1661 de 1991;

(iii) que la entidad demandada injustificadamente hubiera guardado silencio
frente a la petición o, se entiende, hubiera resuelto la misma en forma negativa.

Consideró la Sala que el Decreto 1724 de 1997 puede ser aplicado a servidores
que no se encuentren en los niveles a los que se refiere el citado decreto, a saber,
directivo, asesor o ejecutivo o sus equivalentes, si el servidor público tuvo derecho
a la prima técnica bajo el régimen anterior, el del Decreto 1661 de 1991, y el mismo
le fue negado contraviniendo esta última disposición […]».

Luego, con el Decreto 1336 de 2003 -modificado por el Decreto 2177 de 2006-,
los beneficiarios de la prestación en estudio fueron reducidos a los cargos que
cumplieran funciones «del nivel Directivo, Jefes de Oficina Asesora y a los de
Asesor cuyo empleo se encuentre adscrito a los despachos de los siguientes
funcionarios: Ministro, Viceministro, Director de Departamento Administrativo,
Superintendente y Director de Unidad Administrativa especial o sus equivalentes
en los diferentes órganos y Ramas del Poder Público».11

Finalmente, el Decreto 1164 de 2012, determinó que la prima técnica también
será concedida a los cargos del nivel Directivo, Jefes de Oficina Asesora y de
Asesor adscritos a los Despachos de los siguientes funcionarios: Ministro,

10 Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 30 de julio de 2015, expediente No. 11 001 03 25 000

2010 00009 00 (0051-10).
11 En el artículo 1.° del Decreto 2177 de 2006 se señaló que los cargos en mención también serán acreedores

de la prima técnica cuando estén adscritos a los despachos de Subdirector de Departamento Administrativo.

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Demandante: Carlos Eugenio Torrado Flórez

Viceministro, Director de Departamento Administrativo, Subdirector de
Departamento Administrativo, Superintendente, Director de Establecimiento
Público, Director de Agencia Estatal y Director de Unidad Administrativa Especial
o sus equivalentes en los diferentes órganos y Ramas del Poder Público. Es
decir, amplió las dependencias en las que se puede devengar esa prestación.

2.4.2 La reglamentación emitida por el ICBF frente a la prima técnica por
evaluación de desempeño.

La entidad demandada reglamentó la aludida prestación a través de los acuerdos
que se señalan a continuación:

a) 4 de 1993: estableció la prima técnica por evaluación del desempeño para
los empleos de secretario general y jefe de oficina de la planta de personal.12

b) 3 de 1994: concibió ese mismo beneficio para el empleo de director
regional.13

c) 41 de 1994: fijó la prima técnica por formación avanzada y experiencia
altamente calificada para los empleos del nivel asesor, ejecutivo y
profesional.14

d) 19 de 2000: creó la prima técnica por evaluación del desempeño para el
cargo director seccional.15

e) 0001 de 2017: limitó la prima técnica -por los dos criterios existentes- a los
empleos del nivel directivo y asesor adscritos al despacho del director
general de la entidad.16 Estableció que tendrían derecho al otorgamiento de
la prima técnica por evaluación de desempeño aquellos funcionarios
nombrados en titularidad en empleos del nivel directivo y asesor cuyo
empleo se encuentre adscrito al despacho del director general del ICFB.

Sobre la necesidad de reglamentación interna de la prima técnica como
condicionante para la estructuración del respectivo derecho, esta Subsección, en
sentencia de 20 de junio de 202417 concluyó:

«[…] En efecto, la prima técnica por evaluación de desempeño se otorgaba, en
principio, para los cargos del nivel directivo, asesor, ejecutivo, profesional, técnico,
administrativo y operativo, pero las entidades podían limitar la prestación a
determinados niveles, dependencias o empleos, según las necesidades del
servicio, la política de personal y la disponibilidad presupuestal; de modo tal que

12 Artículo 1.°.
13 Artículo 1.°.
14 Artículo 1.°.
15 Artículo 1.°.
16 El artículo 15 derogó los Acuerdos 004 de 1993, 003 y 041 de 1994 y 019 de 2000, así cualquier otra

disposición que le sea contraria.
17 Expediente No. 05 001 23 33 000 2020 02572 01 (0194-2024), consejero ponente Dr. Jorge Iván Duque

Gutiérrez.

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Demandante: Carlos Eugenio Torrado Flórez

se permitía a cada ente regular internamente, de conformidad con los anteriores
criterios, si se reconocía y a qué empleos, cargos y niveles se concedería, siempre
dentro del margen previsto por el legislador.18

[…]

Ahora bien, frente a la interpretación del artículo 7 del Decreto 2164 de 1991, la
jurisprudencia de esta Corporación precisó que para el reconocimiento de la prima
técnica «no basta con la existencia de normas nacionales que establezcan la prima
técnica, sino que, además, se hace necesario que la entidad respectiva indique las
condiciones para su asignación. El derecho se concreta primero con la creación de la
prima técnica por parte del legislador y segundo con la reglamentación interna que haga el
Jefe del Organismo, requisito indispensable con el fin de establecer las condiciones que
regirán esta prestación». Además, la citada providencia agregó:19

Esta Subsección “B” de la Sección Segunda del Consejo de Estado sobre asunto
similar20 señaló:

“La prima técnica implica el cumplimiento de un conjunto de elementos, que
no son sólo requisitos que debe cumplir el demandante sino también
condiciones de la entidad accionada. En este caso, como se expuso en
párrafos precedentes, que se hubiera expedido la respectiva reglamentación
por la entidad que otorgue la prima técnica, lo cual tiene una explicación
fiscal razonable pues las entidades no pueden asumir compromisos
inconsultos frente a sus posibilidades financieras”.

En el sub lite el MINISTERIO DE TRANSPORTE no había regulado la prima
técnica por evaluación de desempeño para los años que reclama su
reconocimiento y en consecuencia, se impone por la Sala confirmar la sentencia
apelada por las razones consignadas en la parte motiva de este proveído.

Igualmente, esta Sección en sede constitucional se pronunció sobre la prima
técnica por evaluación de desempeño del ICBF y precisó lo siguiente:21

En último lugar, la Sala advierte que la línea hermenéutica de esta Corporación
conlleva a establecer que si el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar no había
regulado el reconocimiento de la prima técnica por evaluación de desempeño para
el nivel profesional, se concluye que al entrar en vigencia del Decreto 1724 de 1997
no habría un derecho adquirido objeto de protección, motivo por el cual sería
improcedente el reconocimiento de la prestación reclamada.

Además, en providencia del 16 de noviembre de 201922 proferida por esta Sección
se concluyó:

De conformidad con los acuerdos expedidos por el ICBF, se observa que la prima
técnica por evaluación de desempeño se reglamentó sólo para los empleos de
secretaria general, jefe de oficina y director regional, de tal suerte que los demás
empleos no fueron objeto de dicha prestación, incluidos los desempeñados por las
demandantes.

Por ende, en ningún momento se contrariaron las disposiciones normativas y el
marco jurisprudencial sobre la materia al negar su reconocimiento, pues, al ser el

18 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 16 de noviembre de 2023 radicado

63001-23-33-000-2018-00146-01 (3872-2019).
19 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, M.P. Gerardo Arenas Monsalve, sentencia del 31

de julio de 2008 radicado 08001233100020020257101 (0712-2007).
20 Proceso adelantado por el señor Fabio García García, sentencia del 27 de septiembre de 2007. Radicado

2201-04.
21 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, fallo del 21 de noviembre de 2018 radicado 11001-

03-15-000-2018-03774-00(AC).
22 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 16 de noviembre de 2023 radicado

63001-23-33-000-2018-00146-01 (3872-2019).

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ICBF una entidad descentralizada, con autonomía administrativa y financiera,
personería jurídica, patrimonio independiente, tenía competencia para regular la
prima técnica dentro de los límites dispuestos en los Decretos 1661 y 2164 de
1991, esto es en atención a las necesidades específicas y la política de personal
que adoptó. Significa que si bien el legislador reguló los niveles en los cuales era
viable el reconocimiento de la prima técnica, lo cierto es que también facultó a la
entidad para considerar los aspectos de orden fáctico y presupuestal a los que
hace alusión el ordenamiento positivo.

No se trata entonces de un derecho adquirido que pueda predicarse respecto de
todos los empleos del ICBF, como lo pretenden hacer ver las demandantes, pues
su reconocimiento depende, entre otros factores, del ejercicio de la facultad legal
otorgada a la entidad por virtud de los Decretos 1661 y 2164 de 1991, por lo que
no estaba en la obligación de reconocer este concepto en favor de sus empleados
[…]».

En el mismo sentido se pronunció la Sección Segunda de esta Corporación en el
auto de fecha 26 de enero de 2023,23 a través del cual resolvió la solicitud de
unificación jurisprudencial elevada por el ICBF en un caso de contornos similares
al presente. Por su importancia aquí, se transcriben in extenso sus
consideraciones:

«[…] i) De la necesidad de reglamentación interna para el reconocimiento de
la prima técnica por evaluación de desempeño

Según se expuso en el acápite sobre la prima técnica por evaluación de
desempeño, el artículo 9 del Decreto Ley 1661 de 1991 precisó sobre el
otorgamiento de la prima técnica en las entidades del orden nacional de la rama
ejecutiva que, sus entes directivos tomarían “las medidas pertinentes para aplicar el
régimen de Prima Técnica, de acuerdo con sus necesidades específicas y la política de
personal que adopten”.

A su turno, el Decreto reglamentario 2164 de 1991 en el inciso segundo del
parágrafo del artículo 5 indicó que la cuantía sería “determinada por el jefe del
organismo y en las entidades descentralizadas por las Juntas o Consejos Directivos o
Superiores, según el caso”. Así mismo, en el artículo 7 prescribió que los organismos
directivos (Jefe del organismo y, en las entidades descentralizadas, las Juntas o
Consejos Directivos o Superiores), fijarían mediante resolución motivada los
niveles, las escalas o los grupos ocupacionales, las dependencias y los empleos
susceptibles de asignación de prima técnica, conforme las necesidades
específicas del servicio, la política de personal que se adopte, con sujeción a la
disponibilidad presupuestal.

Con fundamento en este marco normativo, la Sección Segunda, Subsección A del
Consejo de Estado, en sentencia de 28 de julio de 2005, en proceso adelantado
contra el Ministerio de Transporte consideró que el actor no tenía un derecho
adquirido al pago de la prima técnica por evaluación de desempeño en aplicación
del Decreto Ley 1661 de 1991 y el Decreto Reglamentario 2164 del mismo año,
porque no había sido expedido el reglamento interno del organismo definiendo las
particularidades y porcentajes de asignación del derecho, e hizo énfasis en que el
nacimiento de dicha prerrogativa solo requiere de la ocurrencia de los supuestos
de hecho que tal reglamentación estipulara. En efecto, consideró:

“(…) si bien la creación del régimen jurídico objetivo de prima técnica fue un
acto de competencia exclusiva del legislador; la “asignación” a los empleados

23 Expediente No. 08 001 33 33 010 2018 00247 01 (2092-2020), consejero ponente Dr. Cesar Palomino

Cortés.

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de una determinada entidad constituye una determinación exclusiva de ésta y
concretamente del organismo que ha sido investido de competencia por la ley,
para dictar el reglamento que contiene las condiciones particulares y los
porcentajes de asignación del derecho a sus funcionarios. (…) Una vez
expedida dicha reglamentación, y definida de forma pormenorizada y clara, las
condiciones para adquirir el derecho y la ponderación de los factores que
determinan el porcentaje asignable a cada empleado, el derecho de prima
técnica solo requiere para nacer, de la ocurrencia de los supuestos de hecho
que tal reglamentación estipula”24.

La Subsección B de la Sección Segunda, en sentencia de 31 de julio de 2008,
también en un proceso adelantado contra el Ministerio de Transporte reiteró que
“no basta con la existencia de normas nacionales que establezcan la prima técnica, sino
que, además, se hace necesario que la entidad respectiva indique las condiciones
para su asignación. El derecho se concreta primero con la creación de la prima técnica
por parte del legislador y segundo con la reglamentación interna que haga el Jefe del
Organismo, requisito indispensable con el fin de establecer las condiciones que regirán
esta prestación”.

[…]

Este criterio relativo a la necesidad de reglamentación interna se mantuvo en el
fallo de 26 de julio de 2012 de la Sección Segunda, Subsección A, en proceso
contra la Contraloría Municipal de Popayán, donde consideró que “al no existir una
reglamentación en la que la entidad demandada definiera las condiciones particulares de
asignación del derecho a la prima técnica, ésta no pudo materializarse mientras tuvo
vigencia el decreto 1661 de 1991, como un derecho subjetivo adquirido del actor. Por lo
anterior, resulta irrelevante estudiar las consecuencias generadas por la variación
normativa posterior (decreto 1724 de 1997)” 25.

[…]

Posteriormente, el 30 de julio de 201526 la Sección Segunda, Subsección B dictó
sentencia dentro de una acción pública de nulidad contra el artículo 1º del Acuerdo
N° 036 de 31 de octubre de 1991, expedido por el Consejo Directivo de la
Superintendencia de Notariado y Registro. El reproche se centró en no haberse
reglamentado el criterio de la prima técnica por evaluación de desempeño, sino
solamente el de formación avanzada y experiencia altamente calificada.

En esta providencia se negó la nulidad de la disposición acusada con fundamento
en que en el artículo 6° del Decreto Ley 1661 de 1991 solo fija el procedimiento
general, porque “el surgimiento de la prima técnica tiene dos momentos: una la
competencia del Legislador y otra la de las entidades al adoptarla y reconocerla a los
beneficiarios conforme a los criterios que ha optado para tal fin”.

Así pues, precisó que el hecho de haber excluido del marco de aplicación del
Acuerdo No. 036 de 1991 a la prima técnica por el criterio de evaluación de
desempeño, no desbordó la facultad reglamentaria, en la medida que el Consejo
Directivo de la Superintendencia de Notariado y Registro tenía “autonomía al
seleccionar solo un criterio para la asignación de la prima técnica como es el de “formación
avanzada y experiencia altamente calificada” sin que ello signifique que por tal razón se
haya agotado la competencia, pues en cualquier momento puede hacerlo previo estudio
de los presupuestos para ello”.

24 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 28 de julio de 2005, M.P. Ana Margarita

Olaya Forero, proceso con radicado 25000-23-25-000-2001-09341-01(1305-04).
25 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 26 de julio de 2012, M.P. Luis Rafael Vergara
Quintero, proceso con radicado 19001-23-31-000-2003-01071-02(1556-07).
26 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, M.P. Gerardo Arenas Monsalve, proceso con radicado 11001-
03-25000-2010-00009-00 (0051-10).

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[…]

Como resultado se concluye que para tener derecho a la prima técnica por
evaluación de desempeño regulada en los Decretos 1661 y 2164 de 1991, la
Sección Segunda de esta Corporación ha considerado que en virtud de la
transición ordenada por el Decreto 1724 de 1997, se debe tener una calificación
del 90%, como mínimo, del total de puntos de cada una de las calificaciones de
servicios realizadas en el año inmediatamente anterior a la entrada en rigor del
citado decreto, lo que da lugar a la existencia de un derecho adquirido que a
la luz de la transición debe ser reconocido, siempre y cuando se cumplan los
demás requisitos27. Cuando no se acredita la calificación en los términos
expuestos, no es exigible el derecho al reconocimiento a la prima técnica por
evaluación de desempeño con fundamento en Decretos 1661 y 2164 de 1991 para
los empleos que fueron excluidos por el Decreto 1724 de 1997». (El énfasis es
nuestro)

Deviene de lo anterior que el derecho a la prima técnica por evaluación del
desempeño en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar nace con:

• Su creación a través de la ley y/o un acto de similar naturaleza.

• La emisión por parte del consejo directivo institucional de un reglamento
en el que señalen «los niveles, las escalas o los grupos ocupacionales, las
dependencias y los empleos susceptibles de asignación de prima
técnica», previó análisis y sujeción a las necesidades del servicio, las
respectivas políticas de personal y la correspondiente disponibilidad
presupuestal.

• El cumplimiento de cada uno de los requisitos exigidos para su
consolidación: i) desempeñar en propiedad uno de los empleos señalados
como beneficiarios de la prima técnica por parte del respectivo consejo
directivo y; ii) obtener en el año inmediatamente anterior a la solicitud de
reconocimiento prestacional una calificación de servicios igual o superior
al 90%.

• La satisfacción del pedimento estipulado en el régimen de transición del
artículo 4.° del Decreto 1724 de 1997 -para quienes este sea aplicable- y
que se relaciona con la obtención en el año inmediatamente anterior a la
fecha de entrada en vigencia de aquel dispositivo -11 de julio de 1997-, de
una calificación de servicios igual o superior al 90%.

Con sustento en lo explicado, la Sala resolverá el interrogante arriba planteado.

2.5 Caso concreto.

Pues bien, de acuerdo con lo estudiado, la Subsección responde que el señor
Carlos Eugenio Torrado Flórez no tiene derecho al reconocimiento y pago de la

27 Que el empleo sea susceptible del reconocimiento y que el nombramiento sea en propiedad.

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prima técnica por evaluación de desempeño, pues no cumple con la totalidad de
los requisitos para ser beneficiario de tal emolumento.

En efecto, si bien el demandante desempeñaba un cargo en propiedad y obtuvo
una calificación anual de servicios superior al 90% para el año 1992, no existía
al interior del ICBF una reglamentación que señalara «los niveles, las escalas o
los grupos ocupacionales, las dependencias y los empleos susceptibles de
asignación de prima técnica».

En otras palabras, el accionante no tiene derecho a esa prestación, por cuanto
para el periodo reclamado el Consejo Directivo del ICBF no había expedido el
acto administrativo que definiera «los niveles, las escalas o los grupos
ocupacionales, las dependencias y los empleos susceptibles de asignación de
prima técnica», previó análisis y sujeción a las necesidades del servicio, las
respectivas políticas de personal y la correspondiente disponibilidad
presupuestal.

Revisado el material probatorio28, encuentra la Sala que durante el periodo en
que estuvieron vigentes los Decretos 1661 y 2164 de 1991, el señor Torrado
Flórez ocupó el cargo de «Jefe de Sección» que, por cierto, no se aviene a los
señalados anteriormente.

En efecto, se recuerda que a través del Acuerdo 4 de 20 de enero de 1993, la
Junta Directiva del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar estableció la prima
técnica para el empleo denominado «Jefe de Oficina».

Para esa fecha se encontraban vigentes las plantas de personal aprobadas por
los Decreto 1076 de 199029 y 204 de 28 de enero de 199330, en las que solo
existía un cargo de esa naturaleza adscrito, en el primero de ellos, a la Oficina de
Planeación y, en el segundo, a la planta global de la sede nacional.

Posteriormente, mediante los Decreto 2523 de 15 de diciembre de 1993, 2042 de
27 de noviembre de 1995 y 1428 de 27 de julio de 1998 se mantuvo un único
empleo de esa estirpe, todos ellos vinculados a la planta global.

Finalmente, con el Decreto 2206 11 de noviembre 1999, además del cargo en
cita, se crearon dos más bajo la denominación de «Jefe de Oficina Asesora
Jurídica y Jefe de Oficina Asesora de Prensa».

Todo esto permite concluir que el establecimiento de la prima técnica en favor del
empleo de «Jefe de Oficina» no cobija la ocupación desarrollada por el actor entre

28 Expediente digital índice 2 SAMAI.
29 A través del artículo 1.° se dispuso «[a]probar los siguientes Acuerdos de la Junta Directiva del Instituto

Colombiano de Bienestar Familiar: Acuerdo número 007 de marzo 13 de 1990, "por el cual se establece la
Planta de Personal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Acuerdo número 012 de abril 17 de
1990, "por el cual se modifica el Acuerdo número 007 de marzo 13 de 1990"».
30 En cuyo artículo 1.° se estableció «[a]pruébase el Acuerdo número 003 del 20 de enero de 1993 por el

cual se modifica la Planta de Personal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar […]».

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los años 1993 a 2000, en tanto fue durante este lapso que fungió como «Jefe de
Sección».

Corolario, se confirmará la decisión de primera instancia.

2.6 Condena en costas

En el caso concreto, no se advierte que haya lugar a imponer condena en costas.
Lo dicho, en razón a que si bien en anteriores oportunidades esta Sala de
Subsección realizaba una valoración objetiva para determinar si había o no lugar
a aplicar esa sanción, lo cierto es que actualmente, con la entrada en vigencia
de la Ley 2080 de 2021, es procedente efectuar un estudio respecto de la
conducta de las partes en el proceso y la carencia de fundamentación jurídica.

En estos términos, y al extender esa interpretación al caso bajo análisis y luego
de revisar los argumentos del apelante, no se advierte esa situación. Por el
contrario, se avizora la sustentación de las razones en defensa jurídica de sus
intereses, por lo que, se repite, no se condenará en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de fecha 4 de noviembre de 2021,
proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, mediante la cual
negó las pretensiones de la demanda promovida por Carlos Eugenio Torrado
Flórez contra el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, por las
razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO. Sin condena en costas en esta instancia conforme a lo indicado en
esta providencia.

TERCERO. Reconocer al abogado José Gabriel Calderón García, para actuar
como apoderado de la entidad demandada, según poder que obra a índice 6 de
la plataforma SAMAI del Consejo de Estado.

CUARTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
providencia devolver el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

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Demandante: Carlos Eugenio Torrado Flórez

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente)

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los Consejeros de Estado en la sede electrónica
para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley y el artículo 186 del CPACA.

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