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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 54001-23-33-000-2018-00343-01

Acción de tutela contra providencia judicial: sentencia de primera instancia que accede a las pretensiones

Fecha
7 de marzo de 2019
Consejero ponente
Jaime Enrique Rodríguez Navas
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 54001-23-33-000-2018-00343-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA 1. CONFIRMAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander el 12 de diciembre de 2018, que negó la tutela incoada por Gladys y Freddy Porras Gómez. 2. NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados por el medio más expedito. 3. ENVÍAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 54001-23-33-000-2018-00343-01

Consejero ponente: Jaime Enrique Rodríguez Navas

7 de marzo de 2019

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Sentencia de primera instancia que accede a las pretensiones / MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES – Restitución de bien inmueble arrendado / AUSENCIA DE DEFECTO SUSTANTIVO – Adecuada aplicación normativa / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE – Inexistencia / CONTRATOS ESTATALES DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES - Se rigen por el régimen de derecho privado previsto en los Códigos Civil y o de Comercio / TRÁMITE PROCESAL DE RESTITUCIÓN DE INMUEBLE ARRENDADO EN VIRTUD DE UN CONTRATO ESTATAL – No fue previsto en las normas de procedimiento de la jurisdicción de lo contencioso administrativo por lo que el juez tienen la facultad de acudir al Código General del Proceso / RESTITUCIÓN DE INMUEBLE ARRENDADO - Por el incumplimiento del arrendatario del pago de los cánones de arrendamiento

El artículo 13 de la Ley 80 de 1993 establece que “los contratos que celebren las entidades a que se refiere el artículo 2° del presente estatuto se regirán por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, salvo en las materias particularmente reguladas en esta ley”. A su vez, el artículo 32 de la referida ley dispone que “son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad”. (…) ante la ausencia de regulación de los contratos de arrendamiento en el Estatuto de Contratación Estatal, estos deben atender las disposiciones comerciales o civiles que se ocupen del tema, por ejemplo, en los casos en que el bien inmueble arrendado tenga una destinación comercial por expresa disposición contractual, la normativa aplicable será la contenida en el Código de Comercio y, en lo no previsto allí, se acudirá al Código Civil. (…) En relación con el trámite procesal aplicable a las controversias contractuales surgidas en contratos estatales de arrendamiento solo se cuenta con la previsión del artículo 75 de la Ley 80 de 1993, según el cual la jurisdicción de lo contencioso administrativo es la encargada de conocer de las controversias que surjan en los contratos estatales. Al ser la jurisdicción de lo contencioso administrativo la encargada de atender los conflictos que surgen en los contratos estatales y en la ejecución y cumplimiento de los mismos, es necesario acudir a las acciones previstas en el Código de Procedimiento Administrativo y, en la actualidad, a los medios de control establecidos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (…) Las acciones o medios de control de asuntos contractuales previstos en las normas de procedimiento de la jurisdicción de lo contencioso administrativo no prevén el trámite procesal de restitución de inmueble arrendado en virtud de un contrato estatal razón por la cual, en el caso bajo análisis, el juez consideró procedente acudir al artículo 384 del Código General del Proceso (…) la Sala considera que el Juzgado Primero Oral Administrativo de Cúcuta no incurrió en defectos sustantivo, fáctico y en desconocimiento del precedente constitucional al expedir las decisiones de 15 y 29 de agosto de 2018 y, en consecuencia, no vulneró los derechos fundamentales de los demandantes por las siguientes razones: i) El contrato estatal de arrendamiento de bienes inmuebles está regido por las normas de derecho civil y/o comercial que prevén las obligaciones de las partes, las causales de terminación y la obligación de restitución al vencimiento del plazo contractual. En ese orden, el juez no incurrió en defecto sustantivo al aplicar esa normativa en la sentencia atacada que ordenó la restitución del bien. ii) El juez tiene la facultad de aplicar las normas procesales respecto del trámite de restitución de inmueble arrendado y, conforme a estas, decidir “no tener en cuenta el escrito de contestación” conforme a lo dispuesto en el artículo 384 del C.G.P., razón por la cual, en este caso en el que se atendió esa facultad, el juez no incurrió en defecto sustantivo. En este punto es importante evidenciar que el defecto fáctico alegado no se configura dado que la sustentación del mismo hace referencia a la aplicación de la norma procesal y no a la falta o indebida valoración probatoria. iii) El juez consideró que se cumplieron los presupuestos para la restitución del bien por el incumplimiento del pago de los cánones de arrendamiento porque se acreditó “la existencia de una relación jurídica sustancial entre las partes, constituida por el contrato de arrendamiento No. 127 suscrito el 22 de mayo de 2001” y no se demostró el pago de las sumas adeudadas.

En consecuencia, no se configura el alegado defecto sustancial. iv) La decisión de no escuchar al demandado y, en consecuencia, no analizar el material probatorio allegado en el escrito de contestación por el no pago de los cánones adeudados se sustentó en lo previsto en el artículo 384 del C.G.P. razón por la cual, se repite, no se configuró un defecto sustantivo dado que la norma referida le otorga al juez esa facultad. v) El precedente de la Corte Constitucional contenido en la sentencia T-118 de 2012, que reitera la regla contenida en sentencias anteriores respecto de la no aplicación de los numerales 2 y 3 del parágrafo 2 del artículo 424 del CPC, en la actualidad artículo 384 del C.G.P. no resulta aplicable al caso bajo estudio en razón a que el juez no observó ninguna duda “sobre la existencia del contrato de arrendamiento”, por el contrario, consideró “plenamente acreditada la existencia de una relación sustancial entre las partes, constituida por el contrato de arrendamiento No. 127”

FUENTE FORMAL: LEY 80 DE 1993 – ARTÍCULO 2 / LEY 80 DE 1993 – ARTÍCULO 13 / LEY 80 DE 1993 – ARTÍCULO 32 / LEY 80 DE 1993 – ARTÍCULO 75 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO - ARTÍCULO 384

NOTA DE RELATORÍA: Con aclaración de voto del Consejero Guillermo Sanchez Luque, sin medio magnético a la fecha (15/05/2019)

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá, D.C., siete (7) de marzo de dos mil diecinueve (2019)

Radicación número: 54001-23-33-000-2018-00343-01(AC)

Actor: GLADYS PORRAS GÓMEZ Y OTRO

Demandado: JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE CÚCUTA

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA - SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por los actores contra el fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander el 12 de diciembre de 2018 que negó las pretensiones de tutela.

ANTECEDENTES

Solicitud de tutela

Gladys y Freddy Martín Porras Gómez, quienes actúan en nombre propio, solicitaron la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa, contradicción, igualdad y acceso a la administración de justicia que consideraron vulnerados por el Juzgado Primero Oral del Circuito de Cúcuta al incurrir en defectos sustantivo, fáctico y desconocimiento del precedente en las siguientes decisiones: i) sentencia de 15 de agosto de 2018 que declaró judicialmente terminado el contrato de arrendamiento suscrito entre los actores, en calidad de arrendatarios, y la empresa Central de Transportes, en calidad de arrendador, y ordenó la restitución voluntaria de la caseta ubicada en el centro comercial Santander de la Central de Transportes; ii) auto de 29 de agosto del mismo año que rechazó por improcedente el recurso de reposición y en subsidio de apelación interpuesto contra la decisión anterior y decidió en forma negativa la solicitud de nulidad de la sentencia.

Hechos probados

2.1. El 22 de mayo de 2001, la Central de Trasportes de Cúcuta suscribió contrato de arrendamiento con Freddy Martín Porras Gómez, en calidad de arrendatario, y con Gladys Porras Gómez, como codeudora, del inmueble distinguido como caseta 24/24/24 bis, ubicado en el centro comercial Santander, para uso comercial, por el plazo de tres años.

2.2. La Central de Trasportes de Cúcuta, entidad autónoma descentralizada del orden municipal, instauró proceso de restitución de inmueble arrendado por el incumplimiento del arrendatario del pago de los cánones de arrendamiento desde el 1 de octubre de 2010 hasta el 5 de junio de 2014.

2.3. El Juzgado Primero Oral Administrativo del Circuito de Cúcuta, por auto de 22 de octubre de 2014, admitió la demanda “de controversias contractuales-restitución de inmueble arrendado” y ordenó notificar la decisión en forma personal a los demandados Freddy y Gladys Porras Gómez “de acuerdo a lo normado en el artículo 199 del CPACA. La diligencia procesal de notificación se cumplió el 12 de junio de 2015 y el 24 de agosto de ese año, se allegó al expediente la contestación de la demanda.

2.4. El proceso de restitución de inmueble arrendado con radicado 2014-01081-00, fue decidido en sentencia de 15 de agosto de 2018 que “declaró judicialmente terminado el contrato de arrendamiento No. 127 del 22 de mayo de 2001”, ordenó la restitución voluntaria del bien inmueble arrendado en un término de cinco días y dispuso que, en caso “de desacato judicial”, se llevaría a cabo el “lanzamiento físico”. Condenó al señor Freddy Porras Gómez, actor de esta tutela, al pago de las costas procesales y a las agencias en derecho.

2.4. El Juez Primero Administrativo Oral del Circuito de Cúcuta sustentó la decisión en la no acreditación del pago de los cánones de arrendamiento y, en consecuencia, consideró demostrada la mora en que incurrió el arrendatario y dictó “sentencia de lanzamiento conforme al artículo 384, numeral 3° del Código General del Proceso”.

2.5. En auto de 29 de agosto de 2018, el Juez Primero Administrativo Oral del Circuito de Cúcuta rechazó por improcedente el recurso de reposición y en subsidio de apelación interpuesto por Freddy Porras Gómez y negó la solicitud de nulidad de la sentencia de 15 de agosto de 2018.

Argumentos de la solicitud de tutela

Los actores de la presente acción sustentaron la pretensión de amparo en que el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Cúcuta incurrió en los defectos fáctico, sustantivo y desconocimiento del precedente al expedir la sentencia de 15 de agosto de 2018.

Freddy y Gladys Porras Gómez sustentaron el defecto fáctico en el hecho de que el juez, al expedir la decisión de restitución del bien inmueble, no tuvo en cuenta las pruebas que aportaron en el sentido de acreditar que el demandante es una entidad pública sometida al régimen de contratación estatal y, en consecuencia, no le resultaban aplicables las normas de derecho privado en las que se sustentó la sentencia.

El defecto sustantivo lo sustentaron en la indebida aplicación de los artículos 384 del Código General del Proceso y 518 del Código de Comercio dado que, al tratarse de un contrato de arrendamiento suscrito con una entidad pública, el régimen contractual aplicable era el de derecho público previsto en la Ley 80 de 1993.

Alegaron, además, que se desconoció la interpretación jurisprudencial del Consejo de Estado contenida en las sentencias 29851 de 20014, relacionada con la caducidad de los contratos de arrendamiento con entidades públicas, y 1995-00156, respecto del aumento del canon de arrendamiento en un 20%.

Los actores adujeron que el juez incurrió en el desconocimiento del precedente constitucional contenido en las siguientes sentencias de la Corte Constitucional: T-1082 de 2007, T-808 de 2009 y T-118 de 2012, en las que se analizó la “excepción de no reconocimiento del demandante como arrendador”, T-537-09 sobre principio de buena fe y T-162 de 2005, T-035, 326, 601, 613 y 810 de 2006, T-150, 427 y 1082 de 2007, T-178 de 2008, T-808 de 2009, T-067-10 y T-118 de 2012 por medio de las cuales la Corte inaplicó “la norma respecto a la prueba de cánones de arrendamiento para ser oído en juicio contenida en el numeral 2 del parágrafo del art. 424 del C.P.C.”.

Pretensiones

Los actores solicitaron suspender “los actos objeto de esta tutela” y que “se disponga la nulidad absoluta de todo lo actuado en el proceso radicado 54-001-33-33-001-2014-01081-00” de restitución de inmueble arrendado.

Fundamentos de la oposición

5.1. El Juez Primero Administrativo Oral del Circuito de Cúcuta solicitó negar el amparo de los derechos fundamentales que los actores invocan como violados porque la decisión judicial desfavorable para sus intereses no incurrió en defecto alguno dado que se sustentó en la falta de acreditación de pago de los cánones de arrendamiento.

Afirmó que las falencias que alegan los actores respecto del contrato de arrendamiento relacionadas con la celebración y con los requisitos de validez, no son aspectos que pudieran analizarse en el trámite del proceso de restitución de inmueble arrendado sino en el medio de control de controversias contractuales.

Sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo de Norte de Santander, en sentencia de 12 de diciembre de 2018, negó la tutela de los derechos invocados como violados por Gladys y Freddy Porras Gómez porque no se acreditó que las providencias cuestionadas en el trámite de la presente acción hubieran incurrido en defecto alguno.

Consideró que la decisión judicial que ordenó la restitución del inmueble arrendado obedeció a la acreditación de existencia del contrato de arrendamiento y a la falta de prueba del pago de los cánones.

Afirmó que el incumplimiento de los deberes legales que tienen los demandados para ser escuchados dentro del proceso de restitución de inmueble fue lo que le impidió al juez analizar las pruebas aportadas por lo que se descarta la configuración de los requisitos formales o específicos de procedencia de la tutela contra providencia judicial.

Impugnación

Los actores reiteraron los fundamentos de la acción de tutela en el sentido de afirmar que la restitución del inmueble arrendado debía someterse al régimen legal de la contratación estatal porque una de las partes es una entidad pública y no al régimen de derecho privado. En consecuencia, insistieron en que las providencias acusadas incurrieron en defectos sustantivo, fáctico y en desconocimiento del precedente.

CONSIDERACIONES

Competencia

La Sala es competente para conocer la impugnación del fallo de tutela expedido por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander en virtud de lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, en el Decreto 1983 de 2017 que modificó el Decreto 1069 de 2015 y en el Acuerdo 377 de 2018, por medio del cual se modificó el reglamento interno del Consejo de Estado.

Trámite de tutela

El Tribunal Administrativo de Norte de Santander, por medio de auto de 4 de diciembre de 2018, admitió la presente acción de tutela, ordenó comunicar a las partes la decisión para que ejercieran los derechos de defensa y contradicción, solicitó el expediente de restitución de inmueble arrendado al Juzgado Primero Administrativo Oral de Cúcuta y denegó la solicitud de suspensión de las decisiones judiciales cuestionadas porque no evidenció la violación de derechos fundamentales.

La sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de tutela fue expedida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander el 12 de diciembre de 2018 y la impugnación fue concedida por medio de auto de 17 de enero de 2019.

Problema jurídico

La Sala debe determinar si debe confirmar, modificar o revocar el fallo de primera instancia que negó las pretensiones de tutela encaminadas a determinar si el Juzgado Primero Administrativo Oral de Cúcuta vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia e igualdad al incurrir en defecto sustantivo, fáctico y en desconocimiento de precedente constitucional al expedir la sentencia de 15 de agosto de 2018 que ordenó la restitución de un bien inmueble en aplicación del régimen de derecho privado a pesar de que el contrato de arrendamiento fue suscrito con una entidad pública.

Solución al caso concreto

Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala realizará el análisis del caso en el siguiente orden: i) requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, ii) definición de los requisitos específicos de procedencia de la acción, para este asunto los defectos sustantivo, fáctico y el desconocimiento del precedente, iii) régimen legal de los contratos de arrendamiento celebrados entre una entidad pública y un particular y el trámite procesal aplicable a la restitución del inmueble arrendado objeto de un contrato estatal, iv) análisis del precedente constitucional aplicable al caso.

4.1. Requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

La acción de tutela dispuesta en el artículo 86 de la Constitución Política, es un procedimiento preferente y sumario que toda persona tiene a su alcance para reclamar la protección inmediata de los derechos constitucionales vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de un particular, en los casos que establece la ley.

De acuerdo con la norma referida, la acción de tutela solo procede cuando el afectado no tiene otro mecanismo de defensa judicial para la protección de los derechos fundamentales o, a pesar de tenerlo, acude al amparo como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

En ese orden, los requisitos esenciales de la acción de tutela previstos en la Constitución Política son: i) la inmediatez, entendida como el plazo razonable entre el hecho que generó la vulneración y la interposición de la acción y, ii) la subsidiariedad o acreditación de haber agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial, salvo que se trate de evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, evento en el cual se analiza la idoneidad y eficacia del mecanismo de defensa.

Además de la subsidiariedad y la inmediatez dispuestos en la Constitución Política como características esenciales de la tutela, la Corte Constitucional ha fijado los siguientes requisitos de procedencia: i) que se argumente o se justifique en forma suficiente la relevancia constitucional, ii) que se identifiquen, en forma razonada, los hechos que generaron la vulneración. En los casos en que la acción se interpone contra providencias judiciales se exigen, además de los anteriores requisitos, que no se trate de sentencias de tutela y que las irregularidades procesales que se aleguen sean decisivas o determinantes en la providencia que se impugna.

Acreditados los requisitos generales referidos, con las precisiones hechas por esta Corporación, el juez de tutela puede analizar la procedencia del amparo solicitado a partir las causales específicas de procedencia de la tutela contra sentencias, también denominados defectos: i) sustantivo, ii) procedimental absoluto, iii) fáctico, iv) material o sustantivo, v) error inducido, vi) decisión sin motivación, vii) desconocimiento del precedente y viii) violación directa de la Constitución.

La identificación de las causales o de los defectos citados pretende evitar que, en sede de tutela, se reabra la discusión como si se tratara de una tercera instancia o instancia adicional al mecanismo ordinario o extraordinario de defensa en el que se profirió la decisión cuestionada.

La Sala considera que la cuestión que se discute tiene relevancia constitucional toda vez que los defectos sustantivo, fáctico y el desconocimiento del precedente pueden traducirse en una violación de los derechos fundamentales al debido proceso e igualdad dado que el caso bajo estudio no se trata de un asunto de puro derecho o de contenido económico.

El requisito de subsidiariedad de la acción de tutela se encuentra acreditado dado que los actores no tienen mecanismos de defensa ordinarios o extraordinarios para la defensa y protección de sus derechos fundamentales dado que la sentencia que se cuestiona fue expedida en única instancia. Además, en auto posterior, se rechazó por improcedente el recurso de reposición y en subsidio de apelación y se negó la solicitud de nulidad del fallo.

La solicitud de tutela cumple el requisito de inmediatez porque la providencia cuestionada se notificó el 22 de agosto de 2018 y la solicitud de amparo se presentó el 3 de diciembre del mismo año, es decir, dentro de un término que no sobrepasó el plazo de seis meses que el Consejo de Estado ha considerado como razonable para el ejercicio de la acción de tutela contra providencia judicial.

Los actores plantearon en forma clara los hechos en que sustentaron la solicitud de tutela y las razones por las cuales consideraron que la autoridad judicial, al proferir la providencia cuestionada, violó sus derechos fundamentales.

Por último, la providencia cuestionada en la presente acción de tutela no es una sentencia de tutela.

4.2. Defectos sustantivo, fáctico y desconocimiento del precedente

La Corte Constitucional ha considerado que el defecto sustantivo se configura cuando el juez desborda los principios de autonomía e independencia de interpretación y aplicación de las normas jurídicas y procede a tomar decisiones sin sustento legal, a aplicar disposiciones legales inaplicables al caso o a realizar interpretaciones que contravienen postulados de rango constitucional o que conducen a resultados desproporcionados.

En ese orden, la Corte Constitucional ha fijado las siguientes hipótesis de configuración del defecto sustantivo: i) cuando existe una carencia absoluta de fundamento jurídico, es decir, la decisión se sustenta en una norma que no existe, que ha sido derogada o que ha sido declarada inconstitucional, ii) cuando la aplicación de una norma requiere interpretación sistemática con otras que no son tenidas en cuenta y resultan necesarias para la decisión adoptada, iii) cuando la providencia incurre en incongruencia entre los fundamentos jurídicos y la decisión, iv) cuando se aplica una norma cuya interpretación desconoce una sentencia de efectos erga omnes, es decir, se aplica una norma en sentido diferente al fijado en una sentencia de constitucionalidad o de legalidad, v) cuando se aplican normas abiertamente inconstitucionales, evento en el cual si bien el contenido normativo no ha sido declarado inexequible, este es abiertamente contrario a la Constitución o cuando la norma aplicable, si bien no es inconstitucional, al ser aplicada al caso concreto vulnera derechos fundamentales, razón por lo que debe ser inaplicada, vi) cuando la autoridad judicial realiza una interpretación irrazonable porque le otorga a la disposición jurídica un sentido y alcance que esta no tiene (contraevidente); o le confiere a la disposición legal una interpretación que en principio resulta formalmente posible a partir de las varias opciones que ofrece pero que en realidad contraviene postulados de rango constitucional o conduce a resultados desproporcionados.

Además de las hipótesis referidas, la Corte ha considerado que el desconocimiento del precedente es una causal constitutiva de defecto sustantivo en los casos en que no se exponen clara y razonadamente los fundamentos jurídicos que justifiquen la decisión dado que con ello se compromete el principio de seguridad jurídica y la garantía de igualdad ante la ley e igualdad de trato de las autoridades.

En virtud de lo anterior, la Corte Constitucional define el precedente judicial como la sentencia o conjunto de sentencias previas al caso que se habrá de resolver que presentan similitudes en (i) patrones fácticos y en (ii) problemas jurídicos y  en la ratio decidendi fijan una regla para resolver la controversia que sirve también para solucionar los casos en los que se acredite semejanzas de hecho y de derecho.

En ese orden, el precedente será obligatorio siempre y cuando “la ratio decidendi de la sentencia antecedente (i) establezca una regla relacionada con el caso a resolver posteriormente; (ii) haya servido de base para solucionar un problema jurídico semejante, o una cuestión constitucional similar a la que se estudia en el caso posterior; y (iii) los hechos del caso o las normas juzgadas en la providencia anterior sean semejantes o planteen un punto de derecho parecido al que debe resolverse posteriormente”. La decisión judicial previa será solo un antecedente con carácter orientador, cuando exista similitud en algunos puntos de derecho con o sin semejanzas en los supuestos fácticos, que sirven de guía para la solución de casos posteriores.

La obligatoriedad de aplicar el precedente no es absoluta dado que la autoridad judicial puede apartarse de él en virtud de los principios de independencia y autonomía judicial, sin embargo, debe exponer clara y razonadamente los fundamentos que lo llevan a apartarse del precedente. En los casos en que se omita esa carga argumentativa, se incurre en la causal específica de procedencia de tutela contra providencia judicial denominada defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial.

En relación con el defecto fáctico, la Corte Constitucional ha precisado que se presenta cuando el funcionario judicial expide una providencia “(…) sin que los hechos del caso se subsuman adecuadamente en el supuesto de hecho que legalmente la determina, como consecuencia de una omisión en el decreto o valoración de las pruebas; de una valoración irrazonable de las mismas; de la suposición de una prueba, o del otorgamiento de un alcance contraevidente a los medios probatorios”.

El juez de tutela, al analizar el defecto fáctico, debe privilegiar los principios de autonomía e independencia judicial en lo que atañe a la apreciación de las pruebas de acuerdo con las reglas de la sana crítica. Bajo esa consideración, el defecto se configura: i) cuando existe una omisión en el decreto de pruebas que eran necesarias en el proceso; ii) se verifica una valoración caprichosa y arbitraria de las pruebas presentadas; o iii) no se valora en su integridad el material probatorio.

En ese orden, el defecto fáctico tiene dos dimensiones o facetas: una positiva, que se presenta cuando el juez incurre en un error de apreciación de la prueba o realiza una valoración por “completo equivocada” y, una negativa, que ocurre cuando el juez omite o ignora la valoración de una prueba determinante o no decreta su práctica sin justificación alguna.

4.3. Régimen legal aplicable a los contratos de arrendamiento celebrados por entidades estatales e interpretación jurisprudencial

El artículo 13 de la Ley 80 de 1993 establece que “los contratos que celebren las entidades a que se refiere el artículo 2° del presente estatuto se regirán por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, salvo en las materias particularmente reguladas en esta ley”. A su vez, el artículo 32 de la referida ley dispone que “son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad”.

Con relación al juez competente para conocer de las controversias que surjan en los contratos estatales, el artículo 75 de la Ley 80 de 1993 prevé que es la jurisdicción de lo contencioso administrativo la encargada de conocer esos procesos y los de “ejecución o cumplimiento”.

Así, ante la ausencia de regulación de los contratos de arrendamiento en el Estatuto de Contratación Estatal, estos deben atender las disposiciones comerciales o civiles que se ocupen del tema, por ejemplo, en los casos en que el bien inmueble arrendado tenga una destinación comercial por expresa disposición contractual, la normativa aplicable será la contenida en el Código de Comercio y, en lo no previsto allí, se acudirá al Código Civil.

La jurisprudencia del Consejo de Estado ha considerado que si bien los contratos estatales de arrendamiento se rigen por el régimen de derecho privado civil y/o comercial, no les son aplicables las disposiciones sobre prórroga del contrato prevista en el artículo 2014 del Código Civil ni la renovación automática dispuesta en el artículo 518 del Código de Comercio dado que tales prerrogativas se oponen a los principios de la contratación estatal, a los de la función pública, a los propios del servicio público y a los fines del Estado.

En relación con el trámite procesal aplicable a las controversias contractuales surgidas en contratos estatales de arrendamiento solo se cuenta con la previsión del artículo 75 de la Ley 80 de 1993, según el cual la jurisdicción de lo contencioso administrativo es la encargada de conocer de las controversias que surjan en los contratos estatales.

Al ser la jurisdicción de lo contencioso administrativo la encargada de atender los conflictos que surgen en los contratos estatales y en la ejecución y cumplimiento de los mismos, es necesario acudir a las acciones previstas en el Código de Procedimiento Administrativo y, en la actualidad, a los medios de control establecidos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo para resolver asuntos relacionados con “la existencia o nulidad” del contrato, “su incumplimiento”, “la nulidad de los actos administrativos contractuales”, “indemnización de perjuicios actuaciones”, “otras declaraciones o condenas”, “liquidación judicial” o la nulidad de “actos proferidos antes de la celebración del contrato”.

Las acciones o medios de control de asuntos contractuales previstos en las normas de procedimiento de la jurisdicción de lo contencioso administrativo no prevén el trámite procesal de restitución de inmueble arrendado en virtud de un contrato estatal razón por la cual, en el caso bajo análisis, el juez consideró procedente acudir al artículo 384 del Código General del Proceso:

“RESTITUCIÓN DE INMUEBLE ARRENDADO. Cuando el arrendador demande para que el arrendatario le restituya el inmueble arrendado se aplicarán las siguientes reglas:
1. Demanda. A la demanda deberá acompañarse prueba documental del contrato de arrendamiento suscrito por el arrendatario, o la confesión de este hecha en interrogatorio de parte extraprocesal, o prueba testimonial siquiera sumaria.
2. Notificaciones. Para efectos de notificaciones, incluso la del auto admisorio de la demanda, se considerará como dirección de los arrendatarios la del inmueble arrendado, salvo que las partes hayan pactado otra cosa.
3. Ausencia de oposición a la demanda. Si el demandado no se opone en el término de traslado de la demanda, el juez proferirá sentencia ordenando la restitución.
4. Contestación, mejoras y consignación. Cuando el demandado alegue mejoras, deberá hacerlo en la contestación de la demanda, y se tramitará como excepción.
Si la demanda se fundamenta en falta de pago de la renta o de servicios públicos, cuotas de administración u otros conceptos a que esté obligado el demandado en virtud del contrato, este no será oído en el proceso sino hasta tanto demuestre que ha consignado a órdenes del juzgado el valor total que, de acuerdo con la prueba allegada con la demanda, tienen los cánones y los demás conceptos adeudados, o en defecto de lo anterior, cuando presente los recibos de pago expedidos por el arrendador, correspondientes a los tres (3) últimos períodos, o si fuere el caso los correspondientes de las consignaciones efectuadas de acuerdo con la ley y por los mismos períodos, a favor de aquel.

Cualquiera que fuere la causal invocada, el demandado también deberá consignar oportunamente a órdenes del juzgado, en la cuenta de depósitos judiciales, los cánones que se causen durante el proceso en ambas instancias, y si no lo hiciere dejará de ser oído hasta cuando presente el título de depósito respectivo, el recibo del pago hecho directamente al arrendador, o el de la consignación efectuada en proceso ejecutivo.
(…)
9. Única instancia. Cuando la causal de restitución sea exclusivamente la mora en el pago del canon de arrendamiento, el proceso se tramitará en única instancia.”

En relación con la aplicación de la norma referida a los procesos de controversias contractuales tramitados ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, la Sección Tercera del Consejo de Estado, en sentencia de 8 de marzo de 2007, expediente 15883, decidió revocar la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho y, en su lugar, declaró la nulidad de los actos que ordenaron “la desocupación del local comercial que había sido objeto de los contratos de arrendamiento” bajo las siguientes consideraciones:

“En el caso sometido a estudio, cabe cuestionar qué sucede cuando el arrendatario se niega a cumplir con la obligación de desocupar y restituir el bien entregado, a título de arrendamiento, al vencimiento del contrato celebrado con la Administración? Se encuentra legalmente facultada la entidad pública arrendadora para ordenar la desocupación y restitución del inmueble, mediante acto administrativo? La respuesta debe ser negativa por las razones que a continuación se exponen:

El proceso de restitución de inmueble arrendado no fue regulado en el Código Contencioso Administrativo, razón por la cual y en virtud de lo prescrito en su artículo 267, deberá seguirse el procedimiento previsto en las normas del Código de Procedimiento Civil. Por su parte, el artículo 408 ibídem, establece que la restitución del inmueble arrendado se tramitará y decidirá mediante el procedimiento abreviado que se encuentra previsto en los artículos 409 a 414 ibídem; luego, es este el trámite que debe adelantarse para aquellos casos en los cuales el arrendatario se niegue al cumplimiento de la obligación de restitución del bien, al término del contrato.
(…)
Como quiera que es evidente que la permanencia del demandante en el inmueble de propiedad del Distrito de Santa Marta tuvo origen en el contrato de arrendamiento celebrado el 1º de agosto de 1986, al término del cual el arrendatario no cumplió con la obligación de restitución del inmueble, es claro que el procedimiento que debía adelantar la Administración para hacer efectivo el cumplimiento de la obligación correspondía al previsto en el artículo 408 y ss. del C. de P. C., el cual debe tramitarse ante la autoridad judicial y se inicia con la presentación de la demanda, según lo prescrito por el artículo 409 ibídem.

En este orden de ideas, es claro que la Administración Distrital, afectada por el incumplimiento del arrendatario respecto de su obligación de restitución del bien al finalizar el contrato, no estaba facultada para resolver la controversia suscitada mediante acto administrativo y, con esta decisión, hacer efectiva la desocupación y restitución del bien, toda vez que la ley ha asignado esta facultad al juez del contrato, en ejercicio del control jurisdiccional, sin que le sea dado a la Administración sustituir al juez, puesto que a ella tan solo le compete el control gubernativo, de conformidad con la distribución de los poderes impuesta por la ley.”

En sentencia de 28 de febrero de 2011, expediente 28281, la Sección Tercera del Consejo de Estado, confirmó la sentencia de primera instancia que accedió a las pretensiones incoadas en la “acción contractual – restitución de inmueble arrendado” en el sentido de declarar terminados los contratos y ordenar la restitución del bien inmueble arrendado, con los siguientes antecedentes y consideraciones:

“El 7 de julio de 2003, por intermedio de apoderado judicial a través del proceso abreviado de restitución de tenencia, la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil formuló demanda contra la sociedad Parking International Ltda., con las siguientes pretensiones: Que se declare la terminación de los contratos de arrendamiento (…) Que, en consecuencia, se ordene la desocupación y entrega a la demandante de los inmuebles referidos.
(…)
En auto de 13 de marzo de 2003 el Tribunal a quo admitió la demanda de restitución de bien inmueble y ordenó las notificaciones personales al Agente del Ministerio Público y a los demandados.
(…)
Por lo tanto, como bien lo explicó el juez a quo en la sentencia impugnada, la realidad probatoria permite colegir que la sociedad demandada incumplió su obligación de restituir los inmuebles sobre los que versan los contratos Nos. 6.763 de 1989 y 7.477 de 1990, porque una vez vencido el plazo de ejecución pactado en los mismos de cinco (5) y tres (3) años, lo cual ocurrió el 27 de diciembre y el 13 de junio de 1994, respectivamente, continuó ejerciendo la tenencia de los bienes inmuebles arrendados, sin que a la fecha haya realizado su entrega material.

En efecto, el estatuto civil en el artículo 2008, prevé que el contrato de arrendamiento termina por la expiración del plazo estipulado para el arrendamiento. A su vez, el artículo 2005 establece la obligación del arrendatario de restituir la cosa arrendada al finalizar el contrato de arrendamiento. Por consiguiente, al producirse la terminación del contrato de arrendamiento, por vencimiento del plazo, se hace exigible la obligación del arrendatario de restituir o devolver el bien objeto del arrendamiento y la del arrendador de recibirlo.
Es decir, como lo ha señalado la jurisprudencia, “...aunque estas obligaciones existen desde la suscripción misma del contrato, el cual constituye su fuente, su cumplimiento se difiere en el tiempo hasta que sobrevenga la terminación de la relación contractual, ocurrido lo cual dichas obligaciones de restitución y recibo se hacen exigibles y deben ser cumplidas”; pero “el no cumplimiento de la obligación de restitución del bien arrendado por parte de arrendatario, al término del contrato, en manera alguna puede tener el efecto jurídico de extender el vínculo contractual indefinidamente, hasta el momento en que se dé el cumplimiento de la obligación de restitución, puesto que tal vínculo se extingue así subsistan algunas de las obligaciones que se originaron en él, tal como ya quedó indicado.”

Bajo el marco legal y jurisprudencial referido, resulta claro i) que los contratos estatales de arrendamiento de bienes inmuebles están sometidos al régimen de derecho privado previsto en los Códigos Civil y/o de Comercio por expresa remisión del artículo 13 de la Ley 80 de 1993, excepto en los aspectos específicamente reguladas por en esa norma y ii) que es la jurisdicción de lo contencioso administrativo la competente para resolver las controversias contractuales producidas en los contratos estatales (artículo 75 ibídem), sin embargo, iii) el trámite procesal aplicable a la restitución de un inmueble arrendado objeto de un contrato estatal no está definido en la ley ni en la jurisprudencia.

4.4. Precedente constitucional sobre el trámite del proceso de restitución de un inmueble arrendado bajo un contrato estatal

La Corte Constitucional, en sentencia T-697 de 2017, se pronunció respecto del trámite procesal aplicado en un caso de restitución de inmueble arrendado objeto de un contrato estatal, en el siguiente sentido:

“Para esta Sala, las actuaciones adelantadas por la Alcaldía Municipal de Oiba –Santander- frente a la terminación del contrato de arrendamiento y la consiguiente restitución del bien inmueble, se encuentran ajustadas al ordenamiento jurídico, en la medida en que, por un lado, dicha terminación del contrato se dio por vencimiento de la vigencia pactada y, por el otro, la accionada acudió a un trámite contenido en el Código Nacional de Policía y Convivencia, teniendo competencia para ello, sin que se pueda vislumbrar vulneración alguna al derecho fundamental al debido proceso. Lo anterior, por cuanto tras el vencimiento del término del contrato, la accionante se encontraba obligada a restituir el inmueble arrendado, pues carecía de título para continuar ocupando el mismo. En este sentido, esta Sala observa que la ocupación del bien por parte de la actora, tras la respectiva terminación del contrato entre las partes, constituye una vía de hecho contraría al ordenamiento jurídico, de modo que la Administración se encontraba facultada para solicitar su restitución por medio el procedimiento previsto en el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, como una medida de carácter provisional y con efecto inmediato, que buscaba recuperar un bien fiscal, con el fin de adelantar las adecuaciones fitosanitarias necesarias, dando prevalencia así al interés general, en aplicación de los principios que deben regir la función administrativa contenidos en el artículo 209 de la Constitución.

102. Por las anteriores razones, esta Sala considera que, independientemente de las posibles controversias que puedan surgir en torno al contrato suscrito entre las partes, aspecto que compete resolver al juez ordinario, en lo que respecta a su competencia como juez de tutela, no se evidencia que se haya presentado vulneración alguna al derecho fundamental al debido proceso de la accionante, por lo que se procederá a negar el amparo en la parte resolutiva de la presente sentencia. Independientemente de lo anterior, esta Sala resalta que, debido a que el procedimiento de restitución de inmueble contenido en la Ley 1801 de 2016 tiene un carácter provisional, la Administración deberá acudir al juez ordinario, mediante el proceso de restitución de inmueble arrendado contenido en el artículo 384 del Código General del Proceso, con el fin de que sea éste el que decida definitivamente sobre la cuestión.”

En relación con el trámite procesal de restitución de inmueble arrendado contenido en el artículo 384 del Código General del Proceso que, conforme a la sentencia citada, resulta procedente en los contratos estatales de arrendamiento, la Corte Constitucional, en sentencia T-118 de 2012, consideró:

“En diferentes oportunidades el Tribunal Constitucional ha encontrado ajustadas a la Carta Política las limitaciones al derecho de defensa del arrendatario demandado en un proceso de restitución de inmueble arrendado. Restricciones que lo obligan a consignar el valor total de los cánones adeudados como presupuesto para ser escuchado en el juicio, o que haya cancelado el valor de los costos de servicios, cosas o usos conexos y adicionales que hayan asumido en virtud del contrato, e incluso que durante el trámite del proceso de restitución de tenencia de inmueble arrendado continúe con el pago de la renta mientras este culmina.
(…)
Pues bien, no es posible entender que la carga procesal prevista en los numerales 2º y 3º del parágrafo 2º del artículo 424 del CPC deba extenderse a los supuestos en los que se presentan serias dudas sobre la existencia del contrato de arrendamiento, comoquiera que ello violaría el derecho fundamental al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, entre otros.”

4.5. Conclusiones

Una vez analizado el régimen legal de los contratos estatales de arrendamiento y el trámite procesal aplicado a las controversias contractuales de restitución de inmueble arrendado, la Sala considera que el Juzgado Primero Oral Administrativo de Cúcuta no incurrió en defectos sustantivo, fáctico y en desconocimiento del precedente constitucional al expedir las decisiones de 15 y 29 de agosto de 2018 y, en consecuencia, no vulneró los derechos fundamentales de los demandantes por las siguientes razones:

i) El contrato estatal de arrendamiento de bienes inmuebles está regido por las normas de derecho civil y/o comercial que prevén las obligaciones de las partes, las causales de terminación y la obligación de restitución al vencimiento del plazo contractual. En ese orden, el juez no incurrió en defecto sustantivo al aplicar esa normativa en la sentencia atacada que ordenó la restitución del bien.

ii) El juez tiene la facultad de aplicar las normas procesales respecto del trámite de restitución de inmueble arrendado y, conforme a estas, decidir “no tener en cuenta el escrito de contestación” conforme a lo dispuesto en el artículo 384 del C.G.P., razón por la cual, en este caso en el que se atendió esa facultad, el juez no incurrió en defecto sustantivo. En este punto es importante evidenciar que el defecto fáctico alegado no se configura dado que la sustentación del mismo hace referencia a la aplicación de la norma procesal y no a la falta o indebida valoración probatoria.

iii) El juez consideró que se cumplieron los presupuestos para la restitución del bien por el incumplimiento del pago de los cánones de arrendamiento porque se acreditó “la existencia de una relación jurídica sustancial entre las partes, constituida por el contrato de arrendamiento No. 127 suscrito el 22 de mayo de 2001” y no se demostró el pago de las sumas adeudadas. En consecuencia, no se configura el alegado defecto sustancial.

iv) La decisión de no escuchar al demandado y, en consecuencia, no analizar el material probatorio allegado en el escrito de contestación por el no pago de los cánones adeudados se sustentó en lo previsto en el artículo 384 del C.G.P. razón por la cual, se repite, no se configuró un defecto sustantivo dado que la norma referida le otorga al juez esa facultad.

v) El precedente de la Corte Constitucional contenido en la sentencia T-118 de 2012, que reitera la regla contenida en sentencias anteriores respecto de la no aplicación de los numerales 2º y 3º del parágrafo 2º del artículo 424 del CPC, en la actualidad artículo 384 del C.G.P. no resulta aplicable al caso bajo estudio en razón a que el juez no observó ninguna duda “sobre la existencia del contrato de arrendamiento”, por el contrario, consideró “plenamente acreditada la existencia de una relación sustancial entre las partes, constituida por el contrato de arrendamiento No. 127”

Por las razones expuestas, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia que negó el amparo solicitado por Gladys y Freddy Porras Gómez, pero por las razones expuestas en esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

1. CONFIRMAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander el 12 de diciembre de 2018, que negó la tutela incoada por Gladys y Freddy Porras Gómez.

2. NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados por el medio más expedito.

3. ENVÍAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Presidente de Sala

GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE
Magistrado
Aclaración de voto Cfr. Rad. 11001-03-15-000-2018-03386-01/19.
Folio 58
Folio 70
Folio 10 del anexo 1
Folio 2 del anexo 1
Folio 42 del anexo 1
Folio 66
Folios 58 y 72
Folio 61
Folios 70 a 72
Folio 56
Folios 87 a 89
Folio 100
Folios 106 a 140
Folio 84
Folios 100 y 142
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
Corte Constitucional, sentencia C-917 de 5 de diciembre de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
Los artículos 228 y 230 de la Constitución Política establecen que las decisiones de los jueces son independientes, solo están sometidas al imperio de la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. A su vez, la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, en el artículo 5, prevé la autonomía e independencia de la Rama Judicial en el ejercicio de su función constitucional y legal de administrar justicia y dispone que ningún superior jerárquico administrativo o jurisdiccional podrá insinuar, exigir, determinar o aconsejar a un funcionario judicial las decisiones o criterios que deba adoptar en sus providencias.
Corte Constitucional, sentencias SU-632 de 2017, SU, 168 de 2017 y SU-210 de 2017.
El artículo 7 del Código General del Proceso establece que el juez que se aparte de “la doctrina probable” o que cambie el criterio aplicado en decisiones de casos análogos, está obligado a exponer clara y razonadamente los fundamentos jurídicos que justifiquen su decisión.
Artículo 13 de la Constitución Política.
Corte Constitucional, sentencia T-328 de 13 de agosto de 2018. En relación con el valor normativo del precedente jurisprudencial, ver sentencias C-621 de 2015, C-539 de 2011 y C-836 de 2001.
Corte Constitucional, sentencia T-714 de 17 de octubre de 2013
Corte Constitucional, sentencia SU-004 de 8 de febrero de 2018.
Corte Constitucional, sentencia T-041 de 16 de febrero de 2018.
Ibídem
Se denominan entidades estatales: a) La Nación, las regiones, los departamentos, las provincias, el distrito capital y los distritos especiales, las áreas metropolitanas, las asociaciones de municipios, los territorios indígenas y los municipios; los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta en las que el Estado tenga participación superior al cincuenta por ciento (50%), así como las entidades descentralizadas indirectas y las demás personas jurídicas en las que exista dicha participación pública mayoritaria, cualquiera sea la denominación que ellas adopten, en todos los órdenes y niveles.

Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 29 de octubre de 2014, expediente No. 29851, C.P. Hernán Andrade Rincón (E).
Artículo 141 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Sin que existiera la necesidad de efectuar requerimiento alguno para que quedara constituido en mora, porque en el caso concreto, se acordó que el arrendatario renunciaba en forma expresa a los requerimientos (cláusula quinta), entre ellos el contemplado en el artículo 2007 del Código Civil, renuncia que resulta válida como producto de la autonomía privada y por mirar el interés individual de los renunciantes (art. 16 C.C.).
“Artículo 2008. El arrendamiento de cosas expira de los mismos modos que los otros contratos y, especialmente:“(..)” 2º) Por la expiración del tiempo estipulado para la duración del arriendo.
“Artículo 2005. El arrendatario está obligado a restituir la cosa al fin del arrendamiento.”
CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION TERCERA, sentencia de 8 de marzo de 2007, Exp. 15883.

En el mismo sentido, ver sentencias Sentencia T-838 de 2004, T-494 de 2005, T-1080 de 2007, T-808 de 2009 y T-067 de 2010
Folio 61
Folios 65 y 66

ACCIÓN DE TUTELA
Radicación número: 54001-23-33-000-2018-00343-01
Actor: GLADYS PORRAS GÓMEZ Y OTRO

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