Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 54001-23-33-000-2018-00354-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Acción de tutela contra providencia judicial
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 54001-23-33-000-2018-00354-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 54001-23-33-000-2018-00354-01
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
6 de marzo de 2019
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / AUSENCIA DE DEFECTO PROCEDIMENTAL ABSOLUTO / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE – No configuración / FORMALIDAD DEL CONTRATO ESTATAL DE ARRENDAMIENTO - Debe ser de forma escrita
Para la Sala no está configurado el defecto procedimental absoluto respecto de la Sentencia de 17 de noviembre de 2017 y el Auto de 14 de junio de 2018 proferidos por el Juzgado 5 Administrativo de Cúcuta, dentro del proceso de restitución de bien inmueble. (…) [L]a demanda presentada por la Central de Transportes – Estación Cúcuta fue incoada contra quien figuraba como arrendataria en el contrato de arrendamiento No. 82 de 1999, esto es la señora [MM], quien por lo demás fue debidamente notificada (notificación personal) del Auto admisorio de la demanda. De allí, se tiene entonces que no existe reproche alguno para la entidad demandante, ni para el Juzgado que conoció del proceso, pues el primero demandó a quien figuraba como arrendataria y el segundo, ante la falta de oposición a la demanda, falló el proceso en los términos que señala la ley.(…) En consecuencia, la [accionante] nunca fue parte contractual de la entidad demandante, por lo que no tendría por qué ser llamada a juicio para desatar la litis sobre la restitución del bien inmueble. (…) En lo que respecta, al presunto desconocimiento del precedente, la Sala tampoco lo considera configurado. (…) Las consideraciones hechas en las referidas Sentencias de tutela de la Corte Constitucional, sobre la carga procesal relativa al pago de los cánones de arrendamiento, que se impone al demandado en un proceso de restitución de inmueble arrendado como requisito para ser oído en el juicio, son criterio auxiliar para el juez a la hora de fallar un caso concreto, de conformidad con el alcance que el legislador estatutario dio a estas providencias. (…) Finalmente, debe agregarse que las Sentencias invocadas como desconocidas nada disponen sobre la caducidad en el contrato de arrendamiento y el incremento en el canon en los contratos estatales de arrendamiento.
FUENTE FORMAL: LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 2 / LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 41
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: ALBERTO MONTAÑA PLATA
Bogotá, D.C., seis (6) de marzo de dos mil diecinueve (2019)
Radicación número: 54001-23-33-000-2018-00354-01(AC)
Actor: GLADYS PORRAS GÓMEZ
Demandado: JUZGADO 5 ADMINISTRATIVO DE CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER
Procede la Sala a resolver la impugnación del fallo de 14 de enero de 2019 proferido por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, presentada por la parte actora, señora Gladys Porras Gómez, dentro de la acción de tutela de la referencia.
Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.
ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Solicitud de amparo. 1.2. Hechos. 1.3. Fundamentos de la vulneración. 1.4. Actuaciones procesales relevantes.
Solicitud de amparo
La señora Gladys Porras Gómez instauró acción de tutela contra el Juzgado 5 Administrativo de Cúcuta, por la presunta vulneración de sus derechos al debido proceso, defensa y contradicción, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia, al considerar que, en la Sentencia de 17 de noviembre de 2017 y en el Auto de 14 de junio de 2018, dictados por aquel Juzgado, dentro del proceso de restitución de bien inmueble arrendado No. 2014-01029-00, se configuró un defecto procedimental absoluto, por la falta de notificación del Auto admisorio de la demanda, y el desconocimiento del precedente.
A título de amparo constitucional, la accionante solicitó (se trascribe):
“ASUNTO: AUTO DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2018 QUE DICTA SENTENCIA Y AUTO DE FECHA 14 DE JUNIO DEL AÑO 2018, QUE RESUELVE UNA NULIDAD DENTRO DEL PROCESO DE RESTITUCIÓN DE BIEN INMUEBLE ARRENDADO RADICADO 54001-33-33-005-2014-01029-00.
[…]
Con fundamento en los derechos constitucionales mencionados y en los que el despacho considere y encuentre que han sido vulnerados, solicito SE SUSPENDAN LOS ACTOS OBJETO DE ESTA TUTELA, que ya ampliamente debatidos y relacionados en esta tutela”.
Hechos
Como hechos relevantes para sustentar la acción de tutela de la referencia, fueron narrados los siguientes:
1) Indicó que desde el 5 de noviembre de 2003 y el 29 de agosto de 2005, era la “propietaria” de las casetas No. 1 y 2 en el Centro Comercial Santander de la Central de Transportes – Estación Cúcuta, las cuales fueron compradas a la señora Mercedes Martínez de Sandoval. Esta situación fue puesta en conocimiento de la Secretaría de Hacienda Municipal de Cúcuta para informar que la señora Porras Gómez sería quien se encargaría del pago del impuesto de industria y comercio, respecto de las casetas.
2) Adujo que, pese a que la Central de Transportes de Cúcuta - Estación Cúcuta conocía su condición propietaria y tenedora de las casetas No. 1 y 2,, se inició un proceso judicial de restitución de bien inmueble arrendado en contra de la señora Mercedes Martínez de Sandoval, sin su vinculación.
3) Señaló también que conoció de la existencia del proceso de restitución de inmueble arrendado, en el que ya se había proferido fallo y resuelto un incidente de nulidad contra el mismo, con ocasión a una conversación que sostuvo con la señora Martínez de Sandoval, pues nunca se le notificaron las decisiones del proceso.
Fundamentos de la vulneración
Según la accionante, la entidad demandante dentro del proceso ordinario conocía de su calidad de propietaria y tenedora, sin embargo, omitió esa información y condujo al juez a error; debiendo haber sido vinculada al proceso en calidad de demandada o como tercera interesada.
Consideró que al no haber sido notificada del Auto admisorio de la demanda se vulneraron sus derechos al debido proceso, de defensa y contradicción, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia, toda vez que la finalidad de la notificación de la primera providencia del proceso es (se trascribe) “enterar al demandando que contra el cursa un proceso, para que dentro del término de traslado conteste la demanda y así ejerza su derecho de defensa, principio fundamental de cualquier procedimiento”.
Manifestó que (1) no es de recibo el argumento sobre la no aplicabilidad del artículo 121 de la Ley 1564 de 2012 (CGP) a los procesos que se tramitan ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo para negar el incidente de nulidad contra el proceso No. 2014-01029-00, y (2) le causa duda por qué no fue decretado el desistimiento tácito de la demanda, si (a) entre la expedición del Auto admisorio y su notificación a la señora Martínez de Sandoval, trascurrieron 9 meses y 14 días, por la falta de gestión e inactividad de la Central de transporte de Cúcuta - Estación Cúcuta en su deber de allegar a la demandada, en el proceso ordinario, la respectiva comunicación para que esta última se presentara al Juzgado a notificarse, y (b) pese a haber sido decretada una medida cautelar de embargo y secuestro, ella no fue practicada por la falta de interés en la misma por parte de la entidad, lo que dilató injustificadamente la notificación del Auto admisorio.
Igualmente, señaló que, el Juzgado vulneró su derecho al debido proceso por omitir las formas propias de cada juicio, específicamente, lo relativo al desistimiento tácito de la demanda de que trata el artículo 317 de la Ley 1564 de 2012 (CGP).
A su vez, sostuvo que la Sentencia enjuiciada desconoció los precedentes que la Corte Constitucional y el Consejo de Estado han establecido sobre (1) las cargas procesales cuando hay dudas sobre existencia del contrato de arrendamiento en los procesos de restitución de bien inmueble arrendado, (2) la caducidad en el contrato de arrendamiento, (3) la no aplicación de normas civiles y comerciales relativas a la renovación tácita y prórroga automática del contrato de arrendamiento, cuando una de las partes es una entidad pública, y (4) el incremento en el canon en los contratos estatales de arrendamiento.
Con fundamento en lo anterior, el accionante invocó como causales específicas: 1) el defecto procedimental absoluto, y 2) el desconocimiento del precedente.
Actuaciones procesales relevantes
Fallo de tutela de primera instancia
El Tribunal Administrativo de Norte de Santander, mediante Sentencia de 14 de enero de 2019, declaró improcedente la acción de tutela por considerar que, a pesar de que se cumplieron los requisitos generales de procedibilidad, no se configuró ninguna de las causales específicas para la procedencia de la tutela contra providencia judicial, comoquiera que la señora Mercedes Martínez de Sandoval, en su calidad de demandada en el proceso ordinario, no contestó la demanda ordinaria, siendo esa la oportunidad para que se hubiese controvertido el perfeccionamiento y vigencia del contrato de arrendamiento, por lo que, el Juzgado 5 Administrativo de Cúcuta, no tuvo duda sobre la existencia de dicho contrato.
Impugnación
Contra la decisión arriba reseñada, la parte accionante presentó escrito de impugnación, en el que insistió en los argumentos esbozados en su solicitud de amparo y agregó que el fallo tutela de primera instancia se fundó en un único argumento de carácter legal, como lo es la no contestación de la demanda en el proceso de restitución de bien inmueble arrendado, sin hacer ningún análisis sobre aspectos constitucionales relacionados con la violación al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, a causa de la falta de notificación del Auto admisorio de la demanda y su no vinculación al proceso.
Adujo igualmente que, en el proceso ordinario, no se tuvo en consideración que (1) a la luz de los artículos 60 a 70 de la Ley 1564 de 2012 (CGP) ella, como propietaria de las casetas No. 1 y 2, debió haberse vinculado al proceso como “otra parte” por poder resultar interesada en las resultas del proceso, y (2) el juez tenía el deber de hacer efectiva la igualdad de las partes en el proceso y la facultad, en materia de pruebas de oficio, para verificar los hechos alegados por las partes.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Contenido: 2.1. Competencia. 2.2. Problema jurídico. 2.3. Verificación de requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. 2.4. Verificación de causales específicas de la acción de tutela contra providencia judicial. 2.5. Conclusiones.
Competencia
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, los Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015 y 1983 de 2017 y el Acuerdo 377 de 2018 de esta Corporación, la Sala es competente para resolver el presente asunto.
Problema jurídico
Corresponde a esta Sala determinar si revoca, modifica o confirma el fallo de tutela de primera instancia proferido el 14 de enero de 2019 por Tribunal Administrativo de Norte de Santander.
Para tal fin, deberá determinar si están configurados o no los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.
En el evento en el que la respuesta a este interrogante sea afirmativa, deberá establecerse si se estructuró el defecto procedimental absoluto y el desconocimiento del precedente en la Sentencia de 17 de noviembre de 2017 y en el Auto de 14 de junio de 2018, proceso No. 2014-01029-00, del Juzgado 5 Administrativo de Cúcuta.
Verificación de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutelas contra providencia judicial
En el sub judice, se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela, toda vez que:
La providencia que ahora se cuestiona fue proferida el 17 de noviembre de 2017 y esta ejecutoriada. La misma se adoptó dentro de un proceso de única instancia, sometido a las pautas procesales de la Ley 1564 de 2012 (CGP), respecto de la cual no existe recurso ordinario que permita a la parte accionante alegar en sede ordinaria los argumentos planteados en la acción de tutela.
Ahora bien, la Sala no desconoce que el artículo 134 de la Ley 1564 de 2012 (CGP) señala que la nulidad por falta de notificación o emplazamiento en forma legal (se trascribe, corchetes fuera del texto) “[…] podrá también alegarse en [1] la diligencia de entrega o [2] como excepción en la ejecución de la sentencia, o [3] mediante el recurso de revisión, si no se pudo alegar por la parte en las anteriores oportunidades”.
Sin embargo, de un lado, la accionante, de conformidad con el artículo 309 ibídem, en la calidad que ostenta, no podía oponerse a la entrega judicial del bien inmueble y, de otro, aunque podría pensarse que la accionante contaba con el recurso extraordinario de revisión para alegar la indebida notificación, lo cierto es que, la Sala estima que en el presente asunto, ese recurso no constituye mecanismo de defensa judicial eficaz, dado que la inminente ejecución de la Sentencia que ordenó el lanzamiento físico del inmueble arrendado, tiene la potencialidad de causar un perjuicio cierto e irremediable a la señora Porras Gómez.
En virtud de ello, se supera el requisito de subsidiariedad, y la tutela se convierte en un mecanismo transitorio para evitar un eventual perjuicio.
Sobre el requisito de inmediatez es necesario precisar que, si bien es cierto, en principio, podría pensarse que respecto de la Sentencia de 17 de noviembre de 2017, no se cumple el mencionado requisito, no puede perderse de vista que, con posterioridad a esa actuación, se radicó una solicitud de nulidad por parte de la entonces demandada, que fue resuelto con Auto interlocutorio, de 14 de junio de 2018 y la acción de tutela fue presentada el 7 de diciembre de 2018.
Adicionalmente, resulta preciso tener en cuenta que de los hechos que relató la accionante, ella solo conoció del proceso por noticia que recibió de quien en su momento fue la demandada en el proceso ordinario, después de proferidas las providencias objeto de control -incluido el Auto que resolvió el incidente de nulidad-.
Por lo tanto, el requisito en comento se entiende cumplido, toda vez que el Auto por medio del cual el Juzgado 5 Administrativo de Cúcuta resolvió el incidente de nulidad contra la Sentencia, fue proferido el 14 de junio de 2018 y notificado por estado el 15 de junio del mismo año, y la acción de tutela fue radicada el 7 de diciembre de 2018, esto es, dentro del plazo razonable de los 6 meses.
La acción no se dirigió contra una Sentencia de tutela.
Se identificaron de manera razonable los hechos que generaron la vulneración de sus derechos.
La controversia bajo examen es de relevancia constitucional porque, en primer lugar, la discusión se circunscribe a la posible vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia de la accionante, con ocasión de 2 providencias judiciales proferidas por el Juzgado 5 Administrativo de Cúcuta, respecto de la cual se alega la configuración de un defecto procedimental absoluto y el desconocimiento del precedente.
Asimismo, debe tenerse en cuenta que, el defecto procedimental que se invocó en la solicitud de amparo tiene causa, según la accionante, en la falta notificación del Auto admisorio de la demanda, en un proceso de única instancia, que tuvo fallo, cuyos efectos la afectan directamente, al punto en el que, pese a que no hizo parte del proceso y no ejerció sus derechos de defensa y contradicción, por orden judicial, debe restituir el bien inmueble.
Lo expuesto, prima facie, indica una presunta vulneración a sus derechos fundamentales que merece ser objeto de estudio en sede de tutela.
En consecuencia, evidenciado que la acción de tutela satisface los requisitos generales, la Sala procede a comprobar si en las decisiones adoptadas por el Juzgado 5 Administrativo de Cúcuta, el 17 de noviembre de 2017 y el 14 de junio de 2018, se configuró un defecto procedimental absoluto y el desconocimiento del precedente, no sin antes hacer una relación de los hechos probados en el proceso.
Verificación de las causales específicas de la acción de tutela contra providencia judicial
Defecto procedimental absoluto en el marco del proceso de la restitución de bien inmueble arrendado y su marco auxiliar.
En los términos de la Corte Constitucional, el defecto procedimental absoluto se origina cuando el juez actúa al margen del procedimiento establecido, ya sea porque (a) sigue un trámite completamente ajeno al pertinente, (b) pretermite eventos o etapas propias del juicio o (c) imprime de forma excesiva y manifiesta formalismos al proceso, profiriendo así una decisión manifiestamente arbitraria que vulnera los derechos fundamentales del usuario del aparato de justicia.
Asimismo, la Corte ha señalado que no cualquier irregularidad procesal configura este defecto y, en tal sentido, expresamente ha sostenido:
“2.3 En todo caso, cualquiera que sea la situación, la procedencia de la tutela en presencia de un defecto procedimental se sujeta a la concurrencia de los siguientes elementos: (i) Que no haya posibilidad de corregir la irregularidad por ninguna otra vía, de acuerdo con el carácter subsidiario de la acción de tutela; (ii) que el defecto procesal sea manifiesto y tenga una incidencia directa en el fallo que se acusa de ser vulneratorio de los derechos fundamentales; (iii) que la irregularidad haya sido alegada al interior del proceso ordinario, salvo que ello hubiera sido imposible, de acuerdo con las circunstancias del caso específico; (iv) que la situación irregular no sea atribuible al afectado; y (v) que como consecuencia de lo anterior se presente una vulneración a los derechos fundamentales”.
En el caso concreto, se alega la indebida notificación de la accionante al interior de un proceso de restitución de bien inmueble. Con el fin de poner en contexto el asunto conviene revisar el marco de ese proceso.
Comoquiera que la Ley 1437 de 2011 (CPACA) no prevé reglas procesales especificas para adelantar un procesos de restitución bien inmueble arrendado para los eventos en los que uno de los extremos del contrato sea una entidad pública, gracias a la incorporación normativa que hace el artículo 306 ídem, resultan aplicables aquellas disposiciones que sobre el particular consagra la Ley 1564 de 2012 (CGP).
En ese sentido, se tiene entonces que el proceso de restitución de inmueble arrendado, que se tramite ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, se guía por las pautas procedimentales del artículo 384 del CGP, según el cual:
“Artículo 384. Restitución de inmueble arrendado. Cuando el arrendador demande para que el arrendatario le restituya el inmueble arrendado se aplicarán las siguientes reglas:
1. Demanda. A la demanda deberá acompañarse prueba documental del contrato de arrendamiento suscrito por el arrendatario, o la confesión de este hecha en interrogatorio de parte extraprocesal, o prueba testimonial siquiera sumaria.
2. Notificaciones. Para efectos de notificaciones, incluso la del auto admisorio de la demanda, se considerará como dirección de los arrendatarios la del inmueble arrendado, salvo que las partes hayan pactado otra cosa.
3. Ausencia de oposición a la demanda. Si el demandado no se opone en el término de traslado de la demanda, el juez proferirá sentencia ordenando la restitución.
4. Contestación, mejoras y consignación. Cuando el demandado alegue mejoras, deberá hacerlo en la contestación de la demanda, y se tramitará como excepción.
Si la demanda se fundamenta en falta de pago de la renta o de servicios públicos, cuotas de administración u otros conceptos a que esté obligado el demandado en virtud del contrato, este no será oído en el proceso sino hasta tanto demuestre que ha consignado a órdenes del juzgado el valor total que, de acuerdo con la prueba allegada con la demanda, tienen los cánones y los demás conceptos adeudados, o en defecto de lo anterior, cuando presente los recibos de pago expedidos por el arrendador, correspondientes a los tres (3) últimos períodos, o si fuere el caso los correspondientes de las consignaciones efectuadas de acuerdo con la ley y por los mismos períodos, a favor de aquel.
Cualquiera que fuere la causal invocada, el demandado también deberá consignar oportunamente a órdenes del juzgado, en la cuenta de depósitos judiciales, los cánones que se causen durante el proceso en ambas instancias, y si no lo hiciere dejará de ser oído hasta cuando presente el título de depósito respectivo, el recibo del pago hecho directamente al arrendador, o el de la consignación efectuada en proceso ejecutivo.
Los cánones depositados en la cuenta de depósitos judiciales se retendrán hasta la terminación del proceso si el demandado alega no deberlos; en caso contrario se entregarán inmediatamente al demandante. Si prospera la excepción de pago propuesta por el demandado, en la sentencia se ordenará devolver a este los cánones retenidos; si no prospera se ordenará su entrega al demandante.
Los depósitos de cánones causados durante el proceso se entregarán al demandante a medida que se presenten los títulos, a menos que el demandado le haya desconocido el carácter de arrendador en la contestación de la demanda, caso en el cual se retendrán hasta que en la sentencia se disponga lo procedente.
Cuando se resuelva la excepción de pago o la del desconocimiento del carácter de arrendador, se condenará al vencido a pagar a su contraparte una suma igual al treinta por ciento (30%) de la cantidad depositada o debida.
Cuando el arrendatario alegue como excepción que la restitución no se ha producido por la renuencia del arrendador a recibir, si el juez la halla probada, le ordenará al arrendador que reciba el bien arrendado y lo condenará en costas.
5. Compensación de créditos. […]
6. Trámites inadmisibles. En este proceso son inadmisibles la demanda de reconvención, la intervención excluyente, la coadyuvancia y la acumulación de procesos. En caso de que se propongan el juez las rechazará de plano por auto que no admite recursos.
El demandante no estará obligado a solicitar y tramitar la audiencia de conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad de la demanda.
7. Embargos y secuestros. […]
8. Restitución provisional. […]
9. Única instancia. Cuando la causal de restitución sea exclusivamente la mora en el pago del canon de arrendamiento, el proceso se tramitará en única instancia.”
Desconocimiento del precedente y su marco auxiliar
En lo que respecta al desconocimiento del precedente, la Corte ha indicado que este defecto se configura cuando habiendo sido fijado el alcance de un derecho fundamental por parte de la Corte Constitucional, la respectiva autoridad judicial aplica un precepto legal que limita el mismo. No obstante, dada la importancia que la jurisprudencia ha tomado en el sistema de fuentes de derecho, así como el reparto competencial que hace la Constitución Política de 1991 respecto los diferentes órganos de cierre de las jurisdicciones y la autonomía judicial, no puede perderse de vista la vinculatoriedad del precedente emanado por la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado.
Así mismo, debe señalarse que, como presupuesto para su configuración, deberá existir el mencionado precedente, es decir, que no se trate de una providencia asilada. Todo en ello en aras de garantizar la efectividad de los principios de igualdad y seguridad jurídica.
Explicado lo anterior, debe indicarse que según la accionante, en la Sentencia de 17 de noviembre de 2017, dentro del proceso de restitución de bien inmueble arrendado No. 2014-01029-00, la autoridad judicial desconoció los precedentes contenidos en las Sentencias T-601 de 2006, T-107 de 2014, T-340 de 2015 de la Corte Constitucional, y las Sentencias de 29 de octubre de 2014, Rad. 2001-01477-01 (29851), y 4 de octubre de 2005, Rad. 11001-03-15-000-1999-00156-01, del Consejo de Estado.
Sobre el particular, sea lo primero indicar que el numeral 2 del artículo 48 de la Ley 270 de 1996, establece que “[l]as decisiones judiciales adoptadas en ejercicio de la acción de tutela tienen carácter obligatorio únicamente para las partes. Su motivación sólo constituye criterio auxiliar para la actividad de los jueces”.
En las referidas Sentencias de la Corte, entiéndase, T-601 de 2006, T-107 de 2014, T-340 de 2015, el Alto Tribunal Constitucional, estudiando casos tutelas contra providencias judiciales dictadas en procesos de restitución de bien inmueble arrendado, señaló que la carga procesal, relativa al pago o consignación de los valores adeudados, que se impone al demandado para ser oído en juicio, (1) se justifica en la medida que (a) se exige a este que acredite aquello que está en condiciones de probar si no ha incumplido el contrato (el pago de sus obligaciones), y (b) constituye una garantía para el demandante quien se ve afectado con el presunto incumplimiento del contrato y la no restitución del inmueble, a causa de la acumulación de obligaciones insatisfechas; y (3) es de aplicación restrictiva, pues el juez solo podrá acudir a ella cuando se configure los supuestos facticos precisos descritos en la norma.
En lo que respecta las Sentencias de 29 de octubre de 2014 y 5 de octubre de 2005 del Consejo de Estado, debe manifestarse lo siguiente:
En la Sentencia de 5 de octubre de 2005, el Consejo de Estado, a través de una Sala Especial Transitoria de Decisión, desató un recurso de súplica contra una Sentencia proferida por el Sección Tercera de la Corporación; en dicha oportunidad sostuvo:
“[…] las normas del Decreto Ley 222 de 1983 relativas al contrato de arrendamiento en cuanto al valor del mismo y sus reajustes remitían a las normas legales o reglamentarias vigentes en materia de control de arrendamientos las cuales estaban contenidas en el Código de Comercio para los contratos que no fueran de vivienda y en la Ley 56 de 1985 para los inmuebles urbanos destinados a vivienda.”
Por su parte, en la Sentencia de 29 de octubre de 2014, el Consejo de Estado, como juez de segunda instancia, tuvo la oportunidad de resolver una litis relacionada con los contratos de arrendamiento de los locales comerciales de un aeropuerto, específicamente, en lo que tiene que ver con la improcedencia de la prórroga automática y de la renovación tácita en el contrato estatal de arrendamiento.
Pruebas.
– Acuerdo No. 22 de 7 de octubre de 1992 del Concejo Municipal de Cúcuta, por el cual se reguló el funcionamiento orgánico de la Central de Transportes – Estación Cúcuta, y se organizó estructura administrativa; y en el que se dispuso que (se trascribe) “la Central de Transportes, ´Estación Cúcuta´, ser{a una entidad autónoma descentralizada con personería Jurídica patrimonio propio constituido por las rentas que la Central de Transportes produzca, donaciones, cesiones, y transferencias que a nivel Municipal, Departamental y Nacional se den a su favor”.
– Contrato de arrendamiento No. 82 de 15 de julio de 1999 suscrito entre la gerente de la Central de Transportes “Estación Cúcuta” y la señora Mercedes Martínez de Sandoval sobre la caseta No. 2 del Centro Comercial Santander.
– Resolución 335 de 21 de agosto de 2013, por medio de la cual, la Gerente de la Central de Transportes – Estación Cúcuta ordenó recurrir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo para que se declare el incumplimiento del contrato de arrendamiento de la caseta No. 2 del Centro Comercial Santander, y notificar de la misma a la señora Mercedes Martínez de Sandoval.
– Oficio presentado el 2 de septiembre de 2013, por los señores Luis Guillermo Sandoval y Mercedes Martínez de Sandoval ante la Central de Transportes – Estación Cúcuta, por medio del cual se informó que las casetas No. 1 y 2 ubicadas en el Centro Comercial Santander fueron vendidas a la señora Gladys Porras Gómez y ella no ha hecho el debido traspaso con la entidad.
– Resolución 530 de 3 de octubre de 2013, por medio de la cual la Gerente de la Central de Transportes – Estación Cúcuta, confirma la Resolución 335 de 21 de agosto de 2013, con ocasión de un recurso de reposición presentado por la señora Mercedes Martínez de Sandoval.
– Oficio de 7 de octubre de 2013, por el cual se da respuesta a la petición de 2 de septiembre de 2013 presentada por los señores Luis Guillermo Sandoval y Mercedes Martínez de Sandoval, en la que el Gerente de la Central de Transportes – Estación Cúcuta señaló:
“[…] me permito informarle que revisados los documentos que reposan en la entidad, se pudo constatar que solo el día 31 de Julio del año 2012, mediante oficio No. 935, se informó a la Entidad la Venta hecha por ustedes a la señora GLADYS PARRA GÓMEZ, y a la fecha, la mencionada señora, no ha realizado los trámites necesarios para asumir su condición de usuaria, por lo que ustedes deben responder, de manera solidaria, por la deuda en mora. La cesión del contrato produce efectos entre el cedente y el concesionario desde que esta se celebra, pero respecto del contratante cedido y de terceros solo produce efectos desde la notificación de la cesión”.
– Certificación de 8 de febrero de 2014 de la Asociación de Comerciantes del Centro Comercial Santander, en la que consta que la señora Gladys Porras Gómez es la tenedora del local comercial identificado con los números de caseta 1 y 2.
– Demanda presentada el 27 de junio de 2014 en la Oficina de Apoyo Judicial de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial del Norte de Santander por la Central de Transportes – Estación Cúcuta contra la señora Mercedes Martínez de Sandoval, orientada a obtener la “RESTITUCIÓN DE INMUEBLE ARRENDADO Y EL RECONOCIMIENTO DE LOS PAGOS A QUE HUBIERE LUGAR” con ocasión del contrato de arrendamiento No. 82 de 1999. A este proceso le fue asignado el número de radicado 54001-33-33-005-2014-01029-00.
– Auto de 23 de enero de 2015, por el cual el Juzgado 5 Administrativo de Cúcuta admitió la demanda dentro del proceso No. 2014-01029-00. Esta providencia se notificó el 26 de enero de 2015 (1) por estado, y (2) por correo electrónico a los siguientes buzones:
“ HYPERLINK "mailto:notificaciones.cucuta@mindefensa.gov.co" notificaciones.cucuta@mindefensa.gov.co; HYPERLINK "mailto:henrypachecoc@hotmail.com" henrypachecoc@hotmail.com;
HYPERLINK "mailto:contactoabogados2013@gmail.com" contactoabogados2013@gmail.com; HYPERLINK "mailto:contactenos@ocaña-nortedesatander.gov.co" contactenos@ocaña-nortedesatander.gov.co; HYPERLINK "mailto:juridica@ocaña-nortedesatander.gov.co" juridica@ocaña-nortedesatander.gov.co; HYPERLINK "mailto:ycampas@hotmail.com" ycampas@hotmail.com; HYPERLINK "mailto:ricruz@hotmail.com" ricruz@hotmail.com; HYPERLINK "mailto:amogollonh@dian.gov.co" amogollonh@dian.gov.co; HYPERLINK "mailto:rojascarlosal@hotmail.com" rojascarlosal@hotmail.com; HYPERLINK "mailto:transrisaralda@hotmail.com" transrisaralda@hotmail.com; HYPERLINK "mailto:notificacionescucuta@lopezquinteroabogados.com" notificacionescucuta@lopezquinteroabogados.com; HYPERLINK "mailto:notificaciones_judiciales@cucuta-nortedesatander.gov.co" notificaciones_judiciales@cucuta-nortedesatander.gov.co; HYPERLINK "mailto:secjuridica@nortedesantander.gov.co" secjuridica@nortedesantander.gov.co; HYPERLINK "mailto:sistemas@ctranscucuta.goc.co" sistemas@ctranscucuta.goc.co;
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– Constancia de notificación personal de 6 de noviembre de 2015, en la que registra que la señora Mercedes Martínez de Sandoval se notificó personalmente del Auto admisorio de la demanda de 23 de enero de 2015 del proceso No. 2014-01029-00, proferido por el Juzgado 5 Administrativo de Cúcuta.
– Informe secretarial de 18 de diciembre de 2016, en el que consta que no hubo contestación de la demanda en el proceso No. 2014-01029-00.
– Sentencia de 17 de noviembre de 2017 proferida dentro del proceso No. 2014-01029-00 por el Juzgado 5 Administrativo de Cúcuta, cuya parte resolutiva estableció (se trascribe):
“PRIMERO: Declárese judicialmente terminado el contrato de arrendamiento No. 82, fechado el 15 de julio de 1999, suscrito entre la señora Mercedes Martínez de Sandoval […] (arrendataria) y la Central de Transportes “Estación Cúcuta” (arrendador), respecto del bien arrendado identificado como caseta No. 02 ubicada en el Centro Comercial Santander de la Central de Transportes, de acuerdo con las consideraciones expuestas en esta sentencia.
SEGUNDO: Ordénese la restitución voluntaria del bien inmueble arrendado por parte de la señora Mercedes Martínez de Sandoval […]
TERCERO: Ofíciese a la señora Mercedes Martínez de Sandoval con el objeto de que voluntariamente restituya el inmueble arrendado […]
CUARTO: En caso de desacato judicial por parte de la señora Mercedes Martínez de Sandoval, decrétese su lanzamiento físico así como el de todas las personas y enseres que se encuentren en el inmueble, que dependan de ella y/o deriven sus derechos de la misma, haciéndose entrega al demandante.
[…]”
– Constancia de notificación personal de 5 de diciembre de 2017, en la que consta que la señora Mercedes Martínez de Sandoval se notificó personalmente de la Sentencia de 17 de noviembre de 2017 proferida por el Juzgado 5 Administrativo de Cúcuta, dentro del proceso No. 2014-01029-00.
– Memorial radicado el 19 de diciembre de 2017 por medio del cual la señora Mercedes Martínez de Sandoval solicita se decrete la nulidad del proceso por (1) omitirse el decreto del desistimiento tácito de la demanda, en los términos del artículo 317 de la Ley 1564 de 2012 (CGP), y (2) la configuración del supuesto de hecho del artículo 121 ibídem.
– Auto de 14 de junio de 2018, por el cual el Juzgado 5 Administrativo de Cúcuta negó una solicitud de nulidad dentro del proceso No. 2014-01029-00.
Caso concreto
Para resolver el caso concreto, la Sala se pronunciará respecto de los defectos alegados en su orden, (1) defecto procedimental absoluto, (2) desconocimiento del precedente,
(1) Defecto procedimental absoluto. En el caso sub examine, para la Sala no está configurado el defecto procedimental absoluto respecto de la Sentencia de 17 de noviembre de 2017 y el Auto de 14 de junio de 2018 proferidos por el Juzgado 5 Administrativo de Cúcuta, dentro del proceso de restitución de bien inmueble arrendado No. 2014-01029-00, por las razones que se señalan a continuación:
De conformidad con las pautas procesales sobre el proceso de restitución de bien inmueble arrendado se tiene que (1) la demanda va dirigida contra quien figura como arrendatario en el contrato y a la demanda deberá acompañarse: [a] prueba documental del contrato de arrendamiento suscrito por el arrendatario, [b] o la confesión de este hecha en interrogatorio de parte extraprocesal, [c] o prueba testimonial siquiera sumaria. y (2) en el evento en el que el demandado no conteste la demanda, el juez proferirá Sentencia ordenando la restitución del bien inmueble.
En ese sentido, previo a descender en el análisis del caso, resulta necesario precisar que la Central de Transporte es una entidad administrativa descentralizada del nivel municipal y en esa medida, a la luz de lo previsto en el artículo 2 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con el artículo 41, el contrato de arrendamiento únicamente podía tener la forma escrita.
Revisado el expediente del proceso ordinario, se tiene que la demanda presentada por la Central de Transportes – Estación Cúcuta fue incoada contra quien figuraba como arrendataria en el contrato de arrendamiento No. 82 de 1999, esto es la señora Mercedes Martínez de Sandoval, quien por lo demás fue debidamente notificada (notificación personal) del Auto admisorio de la demanda.
De allí, se tiene entonces que no existe reproche alguno para la entidad demandante, ni para el Juzgado que conoció del proceso, pues el primero demandó a quien figuraba como arrendataria y el segundo, ante la falta de oposición a la demanda, falló el proceso en los términos que señala la ley.
Aunado a ello, debe precisarse que no es de recibo el argumento según el cual existía una cesión irregular del contrato de arrendamiento entre las señoras Martínez de Sandoval y Porras Gómez, y que, en esa medida, debía vincularse a ésta última dado que (1) la ley es clara en exigir la forma escrita como formalidad ad sustanciam actus para el perfeccionamiento del contrato estatal (2) no existe prueba, siquiera sumaria, de la autorización para la cesión del contrato por parte de la entidad, o de la modificación contractual sobre las partes en el acuerdo existente en el referido Contrato No. 82 de 1999, y (3) no se configura la causal de excepción a la forma escrita del formato, esto es, la urgencia manifiesta.
En consecuencia, la señora Gladys Porras Gómez nunca fue parte contractual de la entidad demandante, por lo que no tendría por que ser llamada a juicio para desatar la litis sobre la restitución del bien inmueble.
Por tal motivo, para la Sala resulta que no era exigible y/o necesario llamar y vincular al proceso a la señora Porras Gómez, puesto que, de acuerdo con las características del proceso, debía llamarse a quien acreditara la calidad de arrendataria, esto es, Mercedes Martínez de Sandoval, quien en efecto fue vinculada al proceso. Ahora bien, la tenencia material que alega la accionante, presuntamente, derivó de una relación sustancial entre ésta y la señora Martínez de Sandoval, la cual no es oponible a la entidad demandante, en el marco de la contratación pública.
(2) Desconocimiento del precedente. En lo que respecta, al presunto desconocimiento del precedente, la Sala tampoco lo considera configurado, por las razones que a continuación se señalan:
Las consideraciones hechas en las referidas Sentencias de tutela de la Corte Constitucional, sobre la carga procesal relativa al pago de los cánones de arrendamiento, que se impone al demandado en un proceso de restitución de inmueble arrendado como requisito para ser oído en el juicio, son criterio auxiliar para el juez a la hora de fallar un caso concreto, de conformidad con el alcance que el legislador estatutario dio a estas providencias judiciales (Ley 270 de 1996, artículo 48, numeral 2).
En gracia de discusión, las subreglas jurisprudenciales establecidas en ellas no son aplicables al caso concreto, porque al no existir oposición a la demanda ordinaria, entiéndase contestación, no se presentaron dudas sobre (1) la existencia del contrato o (2) el incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de la arrendataria, eventos que darían lugar a eximir a la demandante de la carga procesal de pagar o consignar los cánones para ser oída en juicio.
Caso similar se presenta frente a las subreglas de las Sentencias del Consejo de Estado, pues en ellas lo que se discutió fue el régimen jurídico aplicable al contrato estatal de arrendamiento respecto la prórroga automática o renovación tacita del contrato, elementos no debatidos en las providencias objeto de reproche de tutela.
Finalmente, debe agregarse que las Sentencias invocadas como desconocidas nada disponen sobre la caducidad en el contrato de arrendamiento y el incremento en el canon en los contratos estatales de arrendamiento.
Conclusiones
Así las cosas, se revocará la decisión del Tribunal Administrativo de Norte de Santander, de declarar improcedente la acción, y, en consecuencia, se negará el amparo de tutela solicitado por no estar configurado el defecto procedimental absoluto, ni el descornamiento del precedente.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: REVOCAR la Sentencia de 14 de enero de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, en el proceso de tutela de la referencia, por las razones anotadas en esta providencia.
SEGUNDO: NEGAR el amparo de tutela solicitado por la señora Gladys Porras Gómez en contra el Juzgado 5 Administrativo de Cúcuta, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR por el medio más expedito y eficaz a las partes (Artículo 16 Decreto 2591 de 1991), entregándoles copia íntegra del fallo.
CUARTO: ENVIAR copia de esta providencia al despacho de origen.
QUINTO: Por Secretaría, REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Cuando la tutela sea devuelta por la Corte Constitucional excluida de revisión, la Secretaría procederá a su archivo.
NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.
RAMIRO PAZOS GUERRERO
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Repartida el 6 de febrero de 2019. Folios 139 y 140. Folios 1 a 44
Folio 44. Dado que en respuesta a una petición emitida, el gerente del Terminal, el 2 de septiembre de 2013, le manifestó que (se trascribe) “solo desde el día 31 de julio del año 2012, mediante oficio No. 935, se informó a la entidad, venta hacia a la señora GLADYS PORRAS GÓMEZ (Folios 2 y 3.)
Folio 4. 23 de enero de 2015. 6 de noviembre de 2015. Corte Constitucional, Sentencias T-601 de 2006, T-107 de 2014, T-340 de 2015. Consejo de Estado, Sentencias (1) de 29 de octubre de 2014, Rad. 2001-01477-01 (29851) y (2) de 4 de octubre de 2005, Rad. 11001-03-15-000-1999-00156-01. Folios 96 a 100. Folios 102 a 134. Al respecto: Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005; Consejo de Estado. Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, Exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01
El siguiente análisis se hace de conformidad con el orden establecido por la Corte Constitucional en la Sentencia T-066 de 2019. Artículo 302. Ejecutoria. Las providencias proferidas en audiencia adquieren ejecutoria una vez notificadas, cuando no sean impugnadas o no admitan recursos. No obstante, cuando se pida aclaración o complementación de una providencia, solo quedará ejecutoriada una vez resuelta la solicitud. Las que sean proferidas por fuera de audiencia quedan ejecutoriadas tres (3) días después de notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido los términos sin haberse interpuesto los recursos que fueren procedentes, o cuando queda ejecutoriada la providencia que resuelva los interpuestos. Artículo 309. Oposiciones a la entrega. Las oposiciones a la entrega se someterán a las siguientes reglas: 1. El juez rechazará de plano la oposición a la entrega formulada por persona contra quien produzca efectos la sentencia, o por quien sea tenedor a nombre de aquella. 2. Podrá oponerse la persona en cuyo poder se encuentra el bien y contra quien la sentencia no produzca efectos, si en cualquier forma alega hechos constitutivos de posesión y presenta prueba siquiera sumaria que los demuestre. El opositor y el interesado en la entrega podrán solicitar testimonios de personas que concurran a la diligencia, relacionados con la posesión. El juez agregará al expediente los documentos que se aduzcan, siempre que se relacionen con la posesión, y practicará el interrogatorio del opositor, si estuviere presente, y las demás pruebas que estime necesarias. 3. Lo dispuesto en el numeral anterior se aplicará cuando la oposición se formule por tenedor que derive sus derechos de un tercero que se encuentre en las circunstancias allí previstas, quien deberá aducir prueba siquiera sumaria de su tenencia y de la posesión del tercero. En este caso, el tenedor será interrogado bajo juramento sobre los hechos constitutivos de su tenencia, de la posesión alegada y los lugares de habitación y de trabajo del supuesto poseedor.
[…]
Inmediatez. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, radicado. 11001-03-15-000-2012-02201-01 y Corte Constitucional, Sentencias T-001 de 1992, T-328 de 2010, T-217 de 2013, T-505 de 2013 T-031 de 2016. Supra. pie de página 12. Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005. Cfr. Corte Constitucional, Sentencias T-1049 de 2012, SU-949 de 2014 y T-025 de 2018. Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-508 de 2011. Corte Constitucional, Sentencias T-1049 de 2012. En el mismo sentido: Corte Constitucional, Sentencias SU-565 de 2015, T-612 de 2016 y T-577 de 2017. Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Supra. pie de página 19. Rad. 2001-01477-01 (29851). Rad. 11001-03-15-000-1999-00156-01. Folios 15 a 23 del cuaderno principal del expediente en préstamo. Folio 11 del cuaderno principal del expediente en préstamo.
Folios 27 a 30 del cuaderno principal del expediente en préstamo. Folio 45. Folios 38 y 39 del cuaderno principal del expediente en préstamo. Folio 51. Folio 47. Folios 2 a 9 del cuaderno principal del expediente en préstamo. Folio 43 del cuaderno principal del expediente en préstamo. Folio 51 del cuaderno principal del expediente en préstamo. Ídem. Folio 52 del cuaderno principal del expediente en préstamo. Folio 57 del cuaderno principal del expediente en préstamo. Folio 59 del cuaderno principal del expediente en préstamo. Folios 67 a 71 del cuaderno principal del expediente en préstamo. Esta Sentencia fue notificada vía correo electrónico el 22 de noviembre de 2017 a las direcciones HYPERLINK "mailto:proc97adm@gmail.com" proc97adm@gmail.com y HYPERLINK "mailto:gerencia@terminalcucuta.gov.co" gerencia@terminalcucuta.gov.co. Folio 57 del cuaderno principal del expediente en préstamo. Folios 77 a 90 del cuaderno principal del expediente en préstamo. Folios 91 a 93 del cuaderno principal del expediente en préstamo. Folios 15 a 23 del cuaderno principal del expediente en préstamo. El artículo 41 de la Ley 80 de 1993 dispone que el contrato estatal se perfecciona cuando (1) se logra acuerdo sobre el objeto y la contraprestación, y (2) dicho acuerdo se eleve a escrito. Asimismo, dispone la norma en comento que los contratos estatales son intuito personae y, en consecuencia, una vez celebrados no podrán cederse sin previa autorización escrita de la entidad contratante. Dicha regla, sobre la solemnidad escrita del contrato, tiene a su vez una excepción referida a los casos en los que se presenta una urgencia manifiesta que no permite la suscripción del contrato escrito; evento en el que debe dejarse constancia escrita de la autorización impartida por la entidad contratante.
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