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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 54001-23-33-000-2019-00005-01

Fecha
28 de noviembre de 2025
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 54001-23-33-000-2019-00005-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. REVOCAR la sentencia de 27 de marzo de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, por medio de la cual se accedió a las pretensiones, en su lugar NEGAR las pretensiones, de conformidad con las razones expuestas en esta sentencia. SEGUNDO. CONDENAR en costas de segunda instancia al demandante. Para tal efecto, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal Administrativo de Norte de Santander. Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 - Bogotá D.C. – Colombia 11 www.consejodeestado.gov.co Radicado: 54001 23 33 000 2019 00005 01 (1242-2025) Demandante: Alirio Alfonso Reyes Grazziani TERCERO: Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado-“SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 54001-23-33-000-2019-00005-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

28 de noviembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 54001 23 33 000 2019 00005 01 (1242-2025)
Demandante: Alirio Alfonso Reyes Grazziani
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
Temas: Reconocimiento de pensión gracia. Naturaleza de la
vinculación docente. Ley 1437 de 2011

Decisión: Confirma la sentencia de primera instancia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

1. La Sala de Subsección A procede a resolver el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander el 27 de marzo de 2025, que accedió a las
pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES1

1.1. Hechos y pretensiones

2. El señor Alirio Alfonso Reyes Grazziani, por intermedio de apoderado
judicial solicitó declarar la nulidad de las Resoluciones 037063 del 26 de
septiembre de 2017, 044028 del 23 de noviembre de 2017 y 047250 del 19 de
diciembre de 2017 por medio de las cuales la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social-UGPP-
negó el reconocimiento y pago de una pensión gracia.

3. A título de restablecimiento del derecho, solicitó el reconocimiento de la
pensión gracia a partir de la adquisición del estatus jurídico y con la inclusión de
todos los factores, condenar a la entidad al pago de los reajustes pensionales
anuales consagrados por el Gobierno Nacional, la indexación de la condena de
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 187 de la Ley 1437 de 2011, intereses
moratorios de conformidad con el artículo 192 del CPACA; y que se condene en
costas a la UGPP.

4. Manifestó que nació el 23 de diciembre de 1955, por lo que cumplió 50
años de edad el 23 de diciembre de 2005; que estuvo vinculado como docente

1 01Demanda.pdf

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Demandante: Alirio Alfonso Reyes Grazziani

en los siguientes períodos: i) desde el 25 de abril de 1979 hasta el 14 de abril de
1980 con vinculación nacionalizada; y ii) desde el 30 de mayo de 1995 hasta el
24 de agosto de 2016 con vinculación departamental.

5. En consideración a que cumplió con los requisitos, solicitó a la UGPP el
reconocimiento y pago de la pensión gracia, sin embargo, le fue negado el
derecho a través de los actos administrativos demandados por estimar que los
tiempos de servicio fueron del orden nacional.

1.2. Fundamentos de derecho y concepto de violación

6. Aseguró que la entidad demandada infringió los artículos 2, 3, 6, 13, 25,
48 y 53 de la Constitución Política; los artículos 1°, 4° y 5° de la Ley 114 de 1993;
6° de la Ley 116 de 1928; 3° de la Ley 37 de 1933 y el Decreto 2277 de 1979.
Expuso que se cumplieron los requisitos exigidos para el reconocimiento de la
pensión gracia, no obstante, el órgano de previsión social incurrió en error al
determinar que la segunda vinculación fue como docente nacional.

1.3. Contestación de la demanda2

7. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales-UGPP se opuso a la prosperidad de las
pretensiones, argumentando que el accionante no cumplía con los requisitos para
acceder a la pensión gracia, puesto que, de acuerdo con lo certificado el 24 de
agosto de 2016 por la Secretaría de Educación de Cúcuta, el tiempo de servicio
posterior al 30 de mayo de 1995 es nacional.

1.4. Sentencia de primera instancia3

8. El Tribunal Administrativo de Norte de Santander, mediante sentencia del
27 de marzo de 2025, accedió a las pretensiones de la demanda, y se abstuvo
de condenar en costas.

9. Para el efecto, de conformidad con el material probatorio estableció el
cumplimiento de los requisitos por parte del actor para obtener el reconocimiento
de la pensión gracia, al haber acreditado su vinculación como docente territorial
con anterioridad al 31 de diciembre de 1980, así como el cumplimiento de los
veinte (20) años de servicio en el sector territorial, y haber alcanzado la edad
mínima de cincuenta (50) años en el año 2005, sin que obrara sanción que
afectara su buena conducta.

10. Precisó que el señor Alirio Alfonso Reyes Grazziani consolidó su estatus
pensional el 9 de junio de 2014, fecha en la que completó el tiempo de servicio
exigido, razón por la cual, contaba hasta el 9 de junio de 2017 para reclamar el

2 Visible en el archivo 011Contestacion Demanda que reposa en el expediente digital

La demanda se presentó el 18 de enero de 2019, y fue admitida el 13 de diciembre de 2019
3 Visible en el archivo 008Sentenciadepr_000201900005VSUGPPPE que reposa en el expediente digital

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derecho y como quiera que presentó la solicitud pensional el día 8 de junio de
2017, no operó la prescripción extintiva del derecho.

11. Finalmente, el Tribunal ordenó liquidar la prestación en el 75% del
promedio salarial del año anterior a la adquisición del estatus de pensionado (9
de junio de 2013 a 8 de junio de 2014), incluyendo todos los factores salariales.

1.5. Recurso de apelación4

12. A manera de síntesis, se tiene que la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –
UGPP, mediante apoderada judicial, solicita se revoque la sentencia estimando
que el actor no acreditó el cumplimiento de los requisitos contemplados en la Ley
114 de 1913, concretamente, haber prestado servicios como docente
departamental, distrital, municipal o nacionalizado antes del 31 de diciembre de
1980 y posterior a 1995.

13. Argumentó que el a quo no valoró adecuadamente el Decreto de
nombramiento 000505 del 26 de mayo de 1995 que en sus consideraciones se
consignó que en virtud de la Ordenanza Departamental 001 expedida el 6 de
marzo de 1995, se crearon 1141 nuevas plazas docentes para incorporar a los
maestros que prestaban sus servicios en el programa de soluciones educativas
departamentales.

14. Que en decisión adoptada el 2 de octubre de 20205 por el Consejo de
Estado, se estableció que los profesores que venían laborando en el programa
de soluciones educativas pertenecían al orden nacional y no territorial.

15. Aseguró que no se aportó el certificado CETIL, siendo el único procedente
para verificar la legalidad de los actos administrativos, el cual busca evitar que se
realicen pagos que afecten el patrimonio nacional.

1.6. Trámite correspondiente a segunda instancia

16. Mediante auto de 26 de julio de 2025, se admitió el recurso de apelación
presentado por la parte demandada. No hubo intervenciones en esta instancia.
Finalmente, se advierte que tramitado en forma legal el proceso y no observando
la Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se procederá a
resolver la alzada, previas las siguientes,

II. CONSIDERACIONES

2.1 Competencia

4 Visible en el archivo 009_MemorialWeb_RECURSODEAPELACION-RAD-
ALIRIOALFONSOREYESGRAZZIANI que reposa en el expediente digital
5 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. Expediente:

68001-23-33-000-2016-00368-01 (5573-2018). CP Carmelo Perdomo Cuéter.
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17. El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo6.

18. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del
Proceso7, la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a lo
expuesto por el apelante y, comoquiera que, en el caso de la referencia,
únicamente la parte demandada presentó recurso de alzada, el análisis se
encuentra limitado a lo allí plasmado.

2.2. Problema jurídico

19. Corresponde a esta Sala de Subsección determinar si el señor Alirio
Alfonso Reyes Grazziani, tiene derecho al reconocimiento y pago de una pensión
gracia por haber cumplido los requisitos para ello, en especial lo relativo a la
vinculación con anterioridad al 31 de diciembre de 1980, y los 20 años de servicio
como docente territorial o nacionalizado; o si, por el contrario, no acredita las
exigencias para dicho reconocimiento.

2.3. Normas y jurisprudencia aplicable al asunto

2.3.1 La pensión gracia

20. La pensión gracia fue consagrada mediante el artículo 1 de la Ley 114 de
1913 en favor de los maestros de las escuelas primarias oficiales que hayan
servido en el magisterio por un término no menor de 20 años.

21. En ese sentido, respecto de los condicionantes para acceder a la pensión
gracia, la Ley 114 de 1913 exige a los docentes que aspiran a su reconocimiento,
además de los 20 años de servicio, lo siguiente: i) haberse desempeñado en los
empleos con honradez, consagración y buena conducta; ii) no haber recibido o
recibir otra pensión o recompensa de carácter nacional; y iii) cumplir 50 años de
edad. Por su parte, se reitera, la Ley 91 de 1989 exige que el docente se haya
vinculado al servicio oficial con anterioridad al 31 de diciembre de 1980.

22. Posteriormente, el artículo 6 de la Ley 116 de 1928 extendió el beneficio
de la pensión gracia a los empleados y profesores de las escuelas normales,
junto a los inspectores de instrucción pública. De manera que autorizó la suma
de los servicios prestados en diversas épocas al computar los años en la
enseñanza primaria, la normalista y la inspección, con el fin de completar el
tiempo requerido para acceder a la pensión.

6 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
7 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los

argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley.»
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23. Más adelante, con la Ley 37 de 1933, el beneficio gratuito de la pensión
gracia se hizo extensivo a los maestros de escuela que hubieren completado el
tiempo de servicios señalado por la ley en establecimientos de enseñanza
secundaria.

24. Luego, se expidió la Ley 91 de 1989, en cuyo artículo 1, distinguió entre
los conceptos de docente «nacional» y «nacionalizado», así:

«Artículo 1. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos tendrán
el alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:
Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del
Gobierno Nacional.
Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta
fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.
Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito
establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.» [Negrillas fuera de texto].

25. El numeral 2 del artículo 15 de la mencionada ley limitó el reconocimiento
de la pensión gracia para los docentes al establecer:

«Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente
nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero de
1990 será regido por las siguientes disposiciones:
[…]
A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato
de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las
hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la
pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad
de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de
previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión
ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la
nación. […]»

26. De las diferentes normas enunciadas, esta Corporación ha advertido que
la pensión gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los
requisitos citados, sino que, en virtud de sus condicionantes, esta solo está
prevista para los de carácter territorial y nacionalizado, es decir, con exclusión de
los docentes nacionales. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado
en sentencia S-699 del 26 de agosto de 19978 señaló:

«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan
incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados
que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el
31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de
gracia (…) siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. Y por último,
que sin la Ley 91 de 1989, en especial la norma contenida en el literal A, numeral
2, de su artículo 15, dichos servidores no podrían beneficiarse del reconocimiento

8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S-699 de 26 de agosto

de 1997.

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de tal pensión, pues habiéndose nacionalizado la educación primaria y secundaria
oficiales, dicha prestación, en realidad, no tendría el carácter de graciosa que
inicialmente le asignó la ley. […].»

27. Ahora bien, con el fin de determinar el carácter o naturaleza del docente
(nacional, nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del
Consejo de Estado en sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de
junio de 20189 previó las siguientes pautas jurisprudenciales:

«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las
entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando
permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o fuente
nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de
propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas.
ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos
que les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones, por
asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.
iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos
regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades
territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los
entes locales destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de
los referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso
2.º, de la Ley 24 de 1988).
iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que
generaban los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados,
resulta factible colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas
de las erogaciones salariales originadas por el servicio que prestaban los
educadores territoriales, ya que los recursos destinados para tal fin provenían
tanto de la Nación —situado fiscal— como de las entidades territoriales, y
además, en uno y otro caso, el universo de esos recursos le pertenecía de forma
exclusiva a los entes locales dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad
de rentas exógenas y endógenas.
v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados
se convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación
interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado
permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta
administradora del respectivo fondo educativo regional, así, este último,
certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal; y (ii) por
el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su
origen o fuente en la Nación.
vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer
con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha
previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la
respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera
inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente
oficial es de carácter territorial.
vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente
relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la
plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues
conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que
respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía
directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las

9 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).

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exógenas —situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a través de los
fondos educativos regionales; y en lo que tiene que ver con los educadores
nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los
recursos del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones.»
(Resaltado del texto original)

28. Por último, en reciente sentencia de unificación SUJ-030-CE-S2-2022
del 11 de agosto de 202210 la Sección Segunda, incorporó adicionalmente como
regla jurisprudencial sobre la interpretación del artículo 15, numeral 2.º, literal a,
de la Ley 91 de 1989, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, que:

«Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29
de diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación
territorial o nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y
cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos para su
reconocimiento».

29. Las anteriores providencias de unificación jurisprudencial definieron que
las mismas tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de obligatoria
aplicación para aquellos casos pendientes de resolución tanto en sede
administrativa como judicial.

30. Así las cosas y según las preceptivas expuestas, queda claro que para
acceder al reconocimiento de la pensión gracia se debe acreditar la labor docente
durante 20 años en establecimientos oficiales, departamentales o municipales,
en primaria o en secundaria o como normalista o inspector de instrucción pública,
o en calidad de docente nacionalizado, con alguna posibilidad de adicionar
tiempos en uno y otro cargo, siempre y cuando se demuestre que se ostentó
dicha vinculación con anterioridad al 31 de diciembre de 1980 y que cumple
con los demás requisitos exigidos por la Ley 114 de 1913.

2.4. Actuación administrativa

31. El demandante, actuando por intermedio de apoderado, presentó el 8 de
junio de 201711, ante la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social-UGPP, solicitud de
reconocimiento y pago de una pensión gracia, la cual fue negada mediante la
Resolución RDP 037063 del 26 de septiembre de 201712, por considerar que
el período de prestación de servicios con posterioridad al 30 de mayo de 1995
fue vinculación nacional.

32. Inconforme con dicha respuesta interpuso los recursos de reposición y
apelación, los cuales fueron desatados a través de las Resoluciones RDP 044028
de 23 de noviembre de 2017 y RDP 047250 de 19 de diciembre de 2017,
respectivamente, confirmando la negativa.

10 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicado: 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
11 Pg 13 a la 17 del archivo 003AnexosDemanda que reposa en el expediente digital
12 Pg 81 a la 83 del archivo 003AnexosDemanda que reposa en el expediente digital
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Demandante: Alirio Alfonso Reyes Grazziani

2.5. Caso concreto

33. Así entonces, pasa la Sala a resolver el problema jurídico planteado, en
orden a determinar si el demandante cumple con las exigencias contenidas en la
Ley 114 de 1913, demás normas complementarias y la jurisprudencia del Consejo
de Estado, para el reconocimiento de la pensión gracia.

2.5.1 Del cumplimiento de los requisitos

• Edad

34. Se encuentra acreditado que el señor Alirio Alfonso Reyes Grazziani nació el

23 de diciembre de 1955, razón por la que, el 23 de diciembre de 2005, cumplió
50 años; requisito este frente al cual no existe discusión.

• Buena conducta

35. En cuanto al desempeño del ejercicio docente, no se observan reproches
que pongan en duda su actuar en el desarrollo de la actividad educativa, por lo
que también se entiende cumplido dicho requisito.

• Vinculación del demandante y tiempo de servicios

36. Previo a la verificación de este requisito, y en vista de las inconformidades
planteadas en el recurso de apelación y las razones en que se sustentó el acto
acusado que negó la prestación, resulta necesario indicar que, teniendo en
cuenta lo señalado en sentencia de unificación SUJ-030-CE-S2-2022 del 11
de agosto de 2022 proferida por esta Sección del Consejo de Estado, la
interpretación que debe darse al artículo 15, numeral 2.º, literal a, de la Ley 91 de
1989, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, es que los docentes
pueden acceder a la misma en la medida que cumplan con el requisito de
demostrar una vinculación territorial o nacionalizada antes del 31 de diciembre
de 1980, y claro está, acrediten los demás requisitos de ley, esto último, incluso
con posterioridad a dicha data.

37. En ese orden, no tiene vocación de prosperidad el argumento de la parte
recurrente, relacionado con que debía la docente acreditar la totalidad de los
requisitos para la pensión gracia, antes de la vigencia de la Ley 91 de 1989.

38. Ahora bien, se observan las siguientes novedades laborales de la parte
actora como docente oficial:

• Con antelación al 31 de diciembre de 1980. Desde el 25 de abril de
1979 hasta el 14 de abril de 1980 (11 meses y 19 días)

39. Se observa que respecto a este período no se aportó el acto de
nombramiento, sin embargo, se allegó el acta de posesión del accionante el cargo

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Radicado: 54001 23 33 000 2019 00005 01 (1242-2025)
Demandante: Alirio Alfonso Reyes Grazziani

de aspirante seccional de la Escuela Urbana Marco Fidel Suárez del municipio
de Tibú en la que se advierte que fue nombrado a través del Decreto 315 del 6
de abril de 1979, tomando posesión del cargo el 25 de abril de 1979.

40. Dicha Acta del 25 de abril de 197913 da cuenta que el actor tomó posesión
ante el alcalde del municipio de Tibú del cargo de «aspirante seccional de la
Escuela Urbana Integrada “Marco Fidel Suárez” del municipio de Tibú, cargo para
el cual fue nombrado por Decreto 315 de abril 6 de 1979 emanado de la
Secretaría Departamental de Educación».

41. Igualmente, obra certificación expedida el 11 de diciembre de 201314 por
el profesional universitario del área de archivo y correspondiente de la
gobernación de Norte de Santander, en la cual especificó que «no se encontró
información alguna relacionada con el Decreto No. 315 del 6 de abril de 1979
relacionado con el nombramiento del señor ALIRIO ALFONSO REYES
GRAZZIANI […]. Lo anterior debido al incendio ocurrido el 02 de octubre de 1989
(Incendio del Palacio de la Gobernación)».

42. También reposa en el expediente certificación expedida por el FOMAG -
Secretaría de Educación Departamental de Norte Santander del 3 de diciembre
de 201615, en la cual se indica que el régimen de pensiones es nacionalizado, sin
embargo, nada se especifica frente a la naturaleza de la vinculación del docente.
En todo caso, se reafirma el tiempo de servicio desde el 25 de abril de 1979 hasta
el 14 de abril de 1980.

13 Pg 2 del archivo 012Anexos Contestacion Demanda que reposa en el expediente digital
14 Pg 73 del archivo 012Anexos Contestacion Demanda que reposa en el expediente digital
15 Pg 60 y 61 del archivo 003AnexosDemanda que reposa en el expediente digital
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Radicado: 54001 23 33 000 2019 00005 01 (1242-2025)
Demandante: Alirio Alfonso Reyes Grazziani

43. Ahora bien, al expediente no se aportaron elementos adicionales que
permitan verificar la naturaleza de la vinculación, pues, como se señaló
previamente, el decreto de nombramiento no se encuentra en la entidad territorial
con ocasión del incendio del 2 de diciembre de 1989 en el palacio de la
gobernación de Norte de Santander.

44. En punto a este período, estima esta Sala que, contrario a lo sostenido por
el tribunal de instancia, no es posible computar el tiempo de servicio alegado por
la parte actora del 25 de abril de 1979 hasta el 14 de abril de 1980, dado que
el material probatorio obrante en el plenario no ofrece certeza suficiente sobre el
desarrollo de la labor educativa en el orden territorial o nacionalizado.

45. Valga mencionar que, si bien es cierto a la luz de la sentencia de
unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 201816, la prueba de la calidad
docente territorial puede acreditarse no solo a partir del acto de designación sino
también de certificaciones expedidas por el nominador que de manera inequívoca
permitan establecer ello; en este caso, revisada el acta de posesión allegada al
plenario se observa que si bien se incluyó el nombre del docente demandante,
dicha acta no se encuentra firmada por este. A ello se suma que, aunque la
entidad empleadora reafirma mediante certificado laboral, que el actor prestó
servicios por el lapso que se analiza, infiere la Sala que tal información se basó
en la misma acta de posesión a la cual en esta ocasión se le resta mérito
probatorio, y a esa conclusión se arriba en tanto, como se explicó, el acto de
nombramiento no fue allegado, y aunque la razón de ello, es la incineración
ocurrida en la entidad responsable de su custodia, no se allegó documento
alguno que reflejara la realización de algún trámite de reconstrucción.

46. En ese orden, el certificado de tiempos de servicios resulta insuficiente,
en la medida que no permite establecer de manera inequívoca la prestación del
servicio docente territorial o nacionalizado, por las razones mencionadas en
párrafo anterior, habiendo incumplido el demandante la carga probatoria que le
asiste al tenor del artículo 167 del CGP.

47. Así, se concluye que el actor no demostró la vinculación docente en las
modalidades mencionadas, antes del 31 de diciembre de 1980, requisito
indispensable para continuar con el análisis de las demás exigencias, entre estas,
la labor docente durante 20 años, para lo cual se aportaron actos de
nombramiento a partir del año 1995 y hasta el 24 de agosto de 2016, tiempo
frente al cual no se emitirá ninguna valoración, pues se itera, no se prueba el
requisito esencial del vínculo antes de 1980.

48. Por lo anterior, se impone revocar en su totalidad17 la sentencia de primera
instancia para en su lugar negar las pretensiones de la demanda.

16
Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
17 Incluida la condena en costas a la entidad

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Demandante: Alirio Alfonso Reyes Grazziani

2.6 Condena en costas

49. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.

50. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.

51. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

52. En consecuencia, se impondrán costas al demandante -parte vencida-, por
cuanto el recurso de apelación no tiene prosperidad. Para el efecto, de
conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas
por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas
por la secretaría del Tribunal Administrativo de Norte de Santander.

53. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO. REVOCAR la sentencia de 27 de marzo de 2025, proferida por el
Tribunal Administrativo de Norte de Santander, por medio de la cual se accedió
a las pretensiones, en su lugar NEGAR las pretensiones, de conformidad con
las razones expuestas en esta sentencia.

SEGUNDO. CONDENAR en costas de segunda instancia al demandante. Para
tal efecto, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la
primera instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal
Administrativo de Norte de Santander.

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Demandante: Alirio Alfonso Reyes Grazziani

TERCERO: Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del Consejo de Estado-“SAMAI”, y ejecutoriada esta
providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA

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