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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 54001-23-33-000-2019-00020-01

Fecha
30 de enero de 2025
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 54001-23-33-000-2019-00020-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 27 de julio de 2023, por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Norte de Santander accedió parcialmente a las súplicas de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. En su lugar se dispone: SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda. TERCERO: Sin condena en costas en esta instancia. CUARTO: Por Secretaría, devolver el expediente al Tribunal de origen. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 54001-23-33-000-2019-00020-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

30 de enero de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero de Estado: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., treinta (30) de enero de dos mil veinticinco (2025)

Radicado: 54-001-23-33-000-2019-00020-01 (6542-2023)1
Demandante: Nubia Stella Pinto Flórez
Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
(UGPP)
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de
2011
Tema: Reconocimiento de pensión gracia

Asunto
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada
contra la sentencia del 27 de julio de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo de Norte Santander, que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda. Para el efecto, se tendrán en cuenta los
siguientes:

I. ANTECEDENTES

1. La demanda.

1.1. Pretensiones.

La señora Nubia Stella Pinto Flórez, por intermedio de apoderado judicial,
acudió a la jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA),
para solicitar la nulidad de la Resoluciones No. RDP 9499 del 10 de mayo de

1
Expediente digita, puede ser consultado en Samai Consejo de Estado en el siguiente enlace:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=540012333000201900020011100103

2

Numero interno: 6542-2023
Demandante: Nubia Stela Pinto Flórez
Demandado: UGPP

2004, por medio de la cual, la Caja Nacional de Previsión Social-Cajanal, negó
el reconocimiento y pago de la pensión gracia y 9136 del 20 de octubre de
2004, que resolvió el recurso de reposición, contra dicha decisión.

A título de restablecimiento del derecho, la parte actora pidió que se
declare que tiene el derecho al reconocimiento y pago de una pensión gracia
de jubilación, con la inclusión de todos los factores salariales devengados
durante el año previo a cumplir el estatus pensional, a cargo de la Unidad
Administrativa de Gestión pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social UGPP.

Se condene a la UGPP a reajustar la pensión en los términos del artículo 1º
de la Ley 71 de 1988 y al pago de la indexación sobre las sumas reconocidas,
de intereses causados, así como las costas.

Los hechos en que se fundan las pretensiones son los siguientes:

La demandante Indicó que cumplió 50 años de edad el 20 de mayo de 2003 e
inició su labor docente en el departamento de Cúcuta desde el 27 de mayo de
1980, hasta completar más de 20 años de servicio como docente
nacionalizada.

La señora Nubia Estela Pinto informó que el 28 de mayo de 2003 solicitó a
Cajanal el reconocimiento y pago de la pensión gracia, negada con los actos
administrativos demandados.

1.2. Concepto de violación.

La demandante refirió que la pensión gracia es un reconocimiento del
legislador a la labor docente sin ninguna clase de discriminación relacionada
con la vinculación del interesado, de ahí que para acceder a ella solamente es
necesario acreditar la edad de 50 años, una vinculación antes del 31 de
diciembre de 1980, la prestación del servicio docente con honradez, y buena
conducta, exigencias que se encuentran acreditadas en este caso.

La parte actora aseguró que aun cuando tuvo una vinculación nacional, en
virtud de la descentralización de la educación, esta relación nacional mutó a

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Numero interno: 6542-2023
Demandante: Nubia Stela Pinto Flórez
Demandado: UGPP

territorial y, por ello, ese tiempo es apto para el reconocimiento de la prestación
pedida.

La señora Pinto Flores afirmó que la negativa por parte de la demandada al
reconocimiento y pago de la pensión gracia desnaturalizó la finalidad de este
beneficio, por consiguiente, los actos administrativos deben ser anulados.

2. Contestación de la demanda.

La accionada se opuso a las pretensiones de la demanda. Afirmó que una vez
verificado el expediente administrativo se acreditó que no hay lugar al
reconocimiento de la pensión gracia, a favor de la demandante, por cuanto no
se demostró el cumplimiento de los requisitos previstos en la ley, en concreto:
i) 20 años de servicios en la docencia oficial del orden departamental,
municipal o distrital y, ii) la vinculación como maestra en un ente territorial al
31 de diciembre de 1980.

La UGPP sostuvo que con las certificaciones aportadas se pudo concluir que
la vinculación de la señora Pinto Flórez es de carácter nacional y, por ello, no
es posible acceder al reconocimiento de la prestación deprecada.

La entidad propuso como excepciones las que denominó: inexistencia de la
obligación demandada y prescripción.

3. La sentencia de primera instancia.

El Tribunal Administrativo de Norte de Santander, mediante sentencia
proferida el 27 de julio de 20232, accedió parcialmente a las pretensiones de
la demanda, sin condena en costas.

El a quo consideró que la parte actora logró desvirtuar la presunción de
legalidad de los actos administrativos demandados, porque acreditó la
prestación de sus servicios como docente nacionalizada, con anterioridad al
31 de diciembre de 1980 y por un lapso superior a 20 años; tiempos que
resultaron aptos para el reconocimiento y pago de la pensión gracia, además,
demostró la edad de 50 años.

2
Expediente digital.

4

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Demandante: Nubia Stela Pinto Flórez
Demandado: UGPP

En la sentencia, el tribunal de instancia precisó que, de acuerdo con la
jurisprudencia de esta sección, es posible contabilizar los tiempos de servicio
posteriores al 29 de diciembre de 1989, para efectos de reconocer la pensión
gracia de jubilación, siempre y cuando el docente hubiera tenido una
vinculación en el magisterio oficial anterior al 31 de diciembre de 1980 y
cumpliera con todos los requisitos previstos en la Ley 114 de 1913.

Finalmente, el fallo cuestionado indicó que conforme con la certificación
emitida por la Secretaría de Educación del municipio de San José de Cúcuta
se estableció que la demandante prestó sus servicios desde el 27 de mayo de
1980, desempeñó el cargo de docente con nombramiento en propiedad, por
más de 20 años, no se encontraron sanciones disciplinarias en su hoja de vida
y acreditó la edad de 50 años.

4. El recurso de apelación.

La parte demandada solicitó revocar la sentencia de primera instancia3.
Afirmó que el tribunal incurrió en una incorrecta aplicación de la norma y
valoración probatoria, porque la actora no tiene derecho al reconocimiento de
una pensión gracia, dado que no acreditó los 20 años de servicio como
docente oficial vinculada con anterioridad al 31 de diciembre de 1980.

La entidad indicó que no se valoraron adecuadamente los documentos
aportados, puesto que del expediente administrativo de la docente se
evidenció que la vinculación inicial fue como maestra nacional y, por ello, no
puede ser acreedora a la pensión que ordenó el tribunal en la sentencia que
se cuestiona.

La accionada dijo que, en el presente caso, la demandante no cumple con el
precepto que impone el artículo 15 numeral 2, literal A, de la Ley 91 de 1989,
sobre estar vinculado al 31 de diciembre de 1980 como docente oficial de
carácter territorial [Departamental, Municipal, Distrital y/o Nacionalizado].

La UGPP agregó que su vinculación inicial fue como docente nacional y no es

3
Memorial adjuntado a la herramienta electrónica para la gestión judicial denominada Samai, archivo «EXPEDIENTE
DIGITAL» índice 2.

5

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Demandado: UGPP

posible concluir que el tiempo de servicios prestado con posterioridad al 4 de
agosto de 1997 se transformó, con ocasión de la descentralización de la
educación que operó en el departamento de Norte de Santander, en tiempo
de servicio como docente territorial o nacionalizada.

La entidad recurrida concluyó que, conforme a los tiempos de servicio
aportados, se puede observar que la actora no cumplió con la carga probatoria
que le impone el ordenamiento legal para demostrar su derecho pensional, en
consecuencia, la sentencia debe ser revocada.

5. Trámite del recurso de apelación

Mediante auto del 22 de marzo de 20244, el despacho sustanciador admitió el
recurso de apelación y precisó que como el asunto del epígrafe se rige por la
Ley 2080 de 25 de enero de 2023, de acuerdo con el numeral 4 del artículo
247 del CPACA, no corrió traslado para alegar de conclusión.

El 22 de agosto de 20245, en uso de la facultad oficiosa para esclarecer puntos
oscuros o difusos de la contienda, como lo prevé el artículo 213 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA)6, la
Sala dispuso la práctica de algunas pruebas. Los documentos aportados
fueron dejados a disposición de las partes por el término de 3 días7.

El proceso ingresó para fallo el 17 de enero de 20258.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

4
Índice 6aplicativo Samai
5
Índice 11 Samai
6
«PRUEBAS DE OFICIO. En cualquiera de las instancias el Juez o Magistrado Ponente podrá decretar de oficio las
pruebas que considere necesarias para el esclarecimiento de la verdad. Se deberán decretar y practicar conjuntamente
con las pedidas por las partes.
Además, oídas las alegaciones el Juez o la Sala, sección o subsección antes de dictar sentencia también podrá disponer
que se practiquen las pruebas necesarias para esclarecer puntos oscuros o difusos de la contienda. Para practicarlas
deberá señalar un término de hasta diez (10) días.
En todo caso, dentro del término de ejecutoria del auto que decrete pruebas de oficio, las partes podrán aportar o solicitar,
por una sola vez, nuevas pruebas, siempre que fueren indispensables para contraprobar aquellas decretadas de oficio.
Tales pruebas, según el caso, serán practicadas dentro de los diez (10) días siguientes al auto que las decrete».

Índice 22
7

8
Índice 29

6

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Demandado: UGPP

La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este
proceso de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA. De
igual forma, según el artículo 328 del Código General del Proceso (CGP) 9, el
juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos
expuestos en el recurso de apelación.

2. Problema jurídico

En los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada,
le corresponde a la Sala establecer si ¿la demandante cumple los requisitos
exigidos por la Ley 114 de 1913 para ser beneficiaria de la pensión gracia?

Con el propósito de desatar el problema jurídico, se abordarán los siguientes
aspectos: 2.1. Marco normativo y jurisprudencial sobre la pensión gracia; 2.2.
La incorporación de los profesores a los entes territoriales, en virtud de la
descentralización de la educación pública; 2.3. Hechos probados; y 2.4. Caso
concreto.

2.1. Marco normativo y jurisprudencial sobre la pensión gracia.

En principio, debe señalarse que la pensión gracia se considera una prestación
especial otorgada a los docentes estatales territoriales, como reconocimiento
a su esfuerzo, capacidad, dedicación y conocimientos al servicio de la
actividad educativa cumplida durante un lapso no inferior a 20 años, entre otras
exigencias. Su regulación normativa se condensa en los siguientes párrafos:

El artículo 1º de la Ley 114 de 191310 consagró por primera vez la pensión
gracia:

«Los Maestros de Escuelas Primarias Oficiales que hayan servido en el
Magisterio por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una pensión

9
«ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente
sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso,
el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas
y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera
indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales
deberán alegarse durante la audiencia.»
10
«[Q]ue crea pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela».

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de jubilación vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la presente Ley».

El numeral 3 del artículo 4 de la citada Ley determina que, para gozar de la
gracia de la pensión, es preciso que el interesado compruebe «[q]ue no ha
recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional […]».

De acuerdo con los antecedentes normativos, en concepto de la Sala, el
propósito de esta pensión fue compensar los bajos niveles salariales que
recibían los profesores de primaria en las entidades territoriales respecto de
las asignaciones que recibían los docentes vinculados directamente con la
Nación; tal diferencia surgía porque, en virtud de la Ley 39 de 1903 11, la
educación pública primaria estaba en cabeza de los municipios o
departamentos, en tanto que la secundaria lo era a cargo de la Nación.

Posteriormente, la Ley 116 de 192812 amplió el beneficio de la pensión gracia
a los maestros de escuelas normales e inspectores de instrucción, así:

«Artículo 6º. Los empleados y profesores de las Escuelas Normales y los
Inspectores de Instrucción Pública tienen derecho a la jubilación en los términos
que contempla la ley 114 de 1913 y demás que a ésta complementan. Para el
cómputo de los años de servicio se sumarán los prestados en diversas épocas,
tanto en el campo de la enseñanza primaria como en el de la normalista,
pudiéndose contar en aquella la que implica la inspección».

Al remitirse la norma transcrita a la Ley 114 de 1913, dejó incólume la
exigencia de no recibir otra pensión de carácter nacional para poder acceder
a la pensión gracia de jubilación, es decir, mantuvo la prohibición establecida
en la Constitución Nacional de 1886 de recibir doble asignación del erario,
limitación que también consagra el artículo 128 de la Carta actual13.

La Ley 37 de 193314 tampoco introdujo modificaciones a los presupuestos
contenidos en las Leyes 114 de 1913 y 116 de 1928, pero hizo extensiva la
pensión de gracia a los profesores que prestaran sus servicios en el nivel

11
«[S]obre Instrucción Pública».
12
«Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927».
13
«ARTICULO 128. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de una
asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el
Estado, salvo los casos expresamente determinados por la ley. Entiéndase por tesoro público el de la Nación, el de
las entidades territoriales y el de las descentralizadas».
14
«Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de algunos empleados».

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Demandante: Nubia Stela Pinto Flórez
Demandado: UGPP

secundario.

La Corte Constitucional, en sentencia C-479 de 9 de septiembre de 199815,
con ocasión de demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 1º
(parcial) y 4 (numeral 3) de la Ley 114 de 1913, expresó:

«En cuanto al aparte acusado del numeral 3 del artículo 4 de la ley 114 de 1913,
que consagra como requisito para gozar de la pensión de gracia el no haber
recibido ni recibir actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional,
no encuentra la Corte que viola la Ley Suprema, concretamente el principio de
igualdad, pues el legislador, en virtud de las facultades que la misma Carta le
confiere, es competente para regular los aspectos relativos a la pensión,
incluyendo, obviamente, las condiciones para acceder a ella.

Por otra parte, es pertinente señalar que los recursos económicos del Estado
para satisfacer el pago de prestaciones sociales no son infinitos sino limitados y,
por tanto, es perfectamente legítimo que se establezcan ciertos
condicionamientos o restricciones para gozar de una pensión de jubilación. En
este orden de ideas, la norma parcialmente acusada, tiene una justificación
objetiva y razonable, pues lo único que pretende es evitar la doble remuneración
de carácter nacional y así garantizar el precepto constitucional vigente desde la
Constitución de 1886 (art. 34), reproducido en la Carta de 1991 (art. 128), sobre
la prohibición de recibir doble asignación del Tesoro Público, salvo las
excepciones que sobre la materia establezca la ley».

A raíz del proceso de nacionalización de la educación ordenado por la Ley 43
de 197516, los profesores de primaria y secundaria quedaron vinculados a la
Nación, como lo dispuso esta normativa, «[l]a educación primaria y secundaria oficial
será un servicio público a cargo de la Nación». Como consecuencia de esta
transformación, ya no existirían diferencias salariales entre los distintos
docentes del sector oficial.

Luego, se expidió la Ley 91 de 1989, en cuyo artículo 15 (ordinal 2º), respecto
de las pensiones, preceptuó:

«[…]

A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato
de las leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las

15
M. P. Carlos Gaviria Díaz.
16
«[P]or la cual se nacionaliza la educación primaria y secundaria que oficialmente vienen prestando los
departamentos, el Distrito Especial de Bogotá los municipios, las intendencias y comisarías; y se distribuye una
participación, se ordenan obras en materia educativa y se dictan otras disposiciones».

9

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hubieren desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la
pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad
de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de
Previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la
pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar esta a cargo total o
parcial de la Nación.

B. Para los docentes vinculados a partir del 1º de enero de 1981, nacionales y
nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1º de enero de 1990,
cuando se cumplan los requisitos de ley, se reconocerá solo una pensión de
jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año. Estos
pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector
público nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una
mesada pensional.»

Las normas trascritas permiten concluir que el legislador acabó con el
reconocimiento de la pensión gracia; seguramente por la razón antes
enunciada, esto es, por quedar todos los docentes vinculados con la Nación.

Por ello, se acata el criterio expuesto por la sala plena de esta Corporación en
fallo de 26 de agosto de 1997, en el sentido de que el artículo 15 (numeral 2)
de la Ley 91 de 1989 es de carácter transitorio, para no desconocer los
derechos adquiridos en relación con la pensión gracia, en tratándose de los
docentes nacionalizados.

En la aludida providencia el Consejo de Estado sostuvo:

«[…] La disposición transcrita se refiere de manera exclusiva a aquellos
docentes departamentales o regionales y municipales que quedaron
comprendidos en el mencionado proceso de nacionalización. A ellos, por
habérseles sometido repentinamente a este cambio de tratamiento, se les dio la
oportunidad de que se les reconociera la referida pensión, siempre que reunieran
la totalidad de los requisitos y que hubiesen estado vinculados de conformidad
con las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933, con el aditamento de su
compatibilidad “[...] con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de
estar ésta a cargo total o parcial de la Nación”, hecho que modificó la Ley 114 de
1913 para dichos docentes, en cuanto ésta señalaba que no podía disfrutar de la
pensión gracia quien recibiera “[…] otra pensión o recompensa de carácter
nacional».

[…]

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Demandante: Nubia Stela Pinto Flórez
Demandado: UGPP

5. La norma pretranscrita, sin duda, regula una situación transitoria, pues su
propósito, como se ve, no es otro que el colmar las expectativas de los docentes
vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 e involucrados, por su labor, en el
proceso de nacionalización de la educación primaria y secundaria oficiales.

6. De lo anterior se desprende que para los docentes nacionalizados que se
hayan vinculado después de la fecha a que se acaba de hacer referencia, no
existe la posibilidad del reconocimiento de tal pensión, sino de la establecida en
el literal B del mismo precepto, o sea la “[…] pensión de jubilación equivalente al
75% del salario mensual promedio del último año”, que se otorgará por igual a
docentes nacionales o nacionalizados (literal B, No.2, artículo 15 Ib.) hecho que
indica que el propósito del legislador fue ponerle fin a la pensión gracia.

También, que dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan
incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que,
como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de
diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia
[…] siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. Y, por último, que
sin la ley 91 de 1989, en especial la norma contenida en el literal A, numeral 2,
de su artículo 15, dichos servidores no podrían beneficiarse del reconocimiento
de tal pensión, pues habiéndose nacionalizado la educación primaria y
secundaria oficiales, dicha prestación, en realidad, no tendría el carácter de
graciosa que inicialmente le asignó la ley17.»

Recientemente, la sección segunda de esta Colegiatura se ocupó de dilucidar
la interpretación aplicable de la letra a del numeral 2 del artículo 15 de la
mencionada Ley 91 de 1989, mediante sentencia de unificación SUJ-030-CE-
S2-2021 de 11 de agosto de 2022, expediente 15001-23-33-000-2016-00278-
01 (3018-2017), en la que se fijó la siguiente regla en torno al tema, así:

«Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de
diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o
nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los
demás requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento.»

Lo anotado, al considerar que, como lo coligió la Corte Constitucional en fallo
SU-14 de 202018, esa disposición

«[…] «solo tiene una lectura posible, esto es, la interpretación literal, gramatical y
finalista, conforme a la cual, los profesores de primaria, los empleados y docentes
de las Escuelas Normales, los inspectores de instrucción pública y los docentes

17
Expediente S-699 del 26 de agosto de 1997, actor: Wilberto Therán Mogollón, magistrado ponente Nicolás Pájaro
Peñaranda.
18
M. P. José Fernando Reyes Cuartas.

11

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Demandado: UGPP

oficiales de secundaria aún podrían acceder a la prestación [después del 29 de
diciembre de 1989,] siempre que se hubiesen vinculado hasta el 31 de diciembre de
1980 y cumplieran los demás requisitos de ley». A partir de dicho entendimiento, se
reconoció la pensión gracia a una docente que se vinculó antes de la referida fecha
y consolidó su estatus con posterioridad a la promulgación de la Ley 91 de 1989».

De acuerdo con las anterior normativa y jurisprudencia, nótese que en criterio
de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado resulta dable conceder la
pensión gracia a quien, pese a colmar los requisitos con posterioridad al 29 de
diciembre de 1989 (entrada en vigor de la Ley 91 de ese año), sirvió al sector
educativo antes del 31 de diciembre de 1980, umbral que precisamente previó
el legislador como plazo máximo para iniciar tales labores y, por ende, ser
acreedor de esa prestación.

En relación con la constitucionalidad del artículo 15, numeral 2, letra b, de la
Ley 91 de 1989, la Corte Constitucional, en sentencia C-84 de 17 de febrero
de 1999, expuso:

«[…]

Los apartes acusados de la norma demandada, son exequibles.

3.2.1. De la propia evolución histórico-legislativa de la vinculación laboral de los
“docentes oficiales”, aparece claro que, en razón de la Ley 43 de 1975, tanto la
educación primaria como la secundaria oficial constituyen “un servicio a cargo
de la Nación”, lo que significa que culminado el tránsito entre el régimen anterior
y el establecido por dicha ley, el 31 de diciembre de 1980, no subsistió la antigua
distinción entre docentes nacionales y territoriales, pues todos pasaron a ser
pagados con dineros de la Nación, por conducto de los Fondos Educativos
Regionales (FER), girados por concepto del situado Fiscal.

Por ello, con la expedición por el Congreso de la Ley 91 de 1989, en su artículo
15, numeral 2º, literal A, se dispuso que quienes venían vinculados como
docentes oficiales hasta el 31 de diciembre de 1980 y por mandato de las
leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933 y, para entonces “tuviesen o
llegaren a tener derecho a la pensión gracia”, continuarían con ese
derecho, para que la misma le fuere reconocida con el lleno de los requisitos
legales correspondientes.
[…]
Así mismo, se observa por la Corte que, antes de la “nacionalización” de la
educación primaria y secundaria oficial decretada por la Ley 43 de 1975 para ser
cumplida en un período de cinco años, es decir hasta el 31 de diciembre de 1980,
existían dos categorías de docentes oficiales, a saber: los nacionales, vinculados

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Demandante: Nubia Stela Pinto Flórez
Demandado: UGPP

laboralmente de manera directa al Ministerio de Educación Nacional; y los
territoriales, vinculados laboralmente a los departamentos, en nada se oponía a
la Constitución entonces en vigor, que existiera para éstos últimos la denominada
“pensión gracia”, de que trata la Ley 114 de 1913.

Posteriormente extendida a otros docentes por las leyes 116 de 1928 y 37 de
1933, como tampoco se opone la prolongación de sus efectos en el tiempo para
quienes actualmente la disfrutan, o reunieron los requisitos sustanciales para
tener derecho a ella antes del 31 de diciembre de 1980, pues la diversidad de
empleados (nación o departamento), permitía, conforme a la Carta, establecer
un trato distinto y una excepción al principio general prohibitivo de devengar dos
asignaciones del Tesoro Público, situación ésta que resulta igualmente
acompasada con la Constitución Política de 1991, pues la norma acusada
(artículo 4º, numeral 3º Ley 114 de 1913), en nada vulnera el principio de la
igualdad consagrado por el artículo 13 de la Carta Magna, el cual prohíbe
dispensar trato diferente y discriminado “por razones de sexo, raza, origen
nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica”, nada de lo cual
ocurre en este caso.

La supuesta vulneración al derecho a la igualdad consagrado por el artículo 13
de la Constitución Política por los apartes de la norma acusada, no existe. En
efecto, el legislador, conforme a lo establecido por el artículo 150 de la
Constitución Nacional, en ejercicio de la función de “hacer las leyes”, que
asignaba también al Congreso Nacional el artículo 76 de la Constitución anterior,
puede regular lo atinente al régimen prestacional del Magisterio, como
efectivamente lo ha hecho.

La circunstancia de que, en ejercicio de esa función el Congreso Nacional haya
preceptuado que la “pensión de gracia” creada por la Ley 114 de 1913 para los
maestros oficiales de primaria y extendida luego a otros docentes, sólo se
conserve como derecho para quienes estaban vinculados al servicio antes
del 1º de enero de 1981 y que no se conceda a los vinculados con posterioridad
a esa fecha, no implica desconocimiento de ningún “derecho adquirido”, es decir,
no afecta situaciones jurídicas ya consolidadas, sino que se limita, simplemente,
a disponer que quienes ingresaron a partir de esa fecha, no tendrán posibilidad
de adquirir ese derecho, que constituía una “mera expectativa” la que,
precisamente por serlo, podía, legítimamente, ser suprimida por el legislador,
pues a nadie se afecta en un derecho ya radicado en cabeza suya de manera
particular y concreta, por una parte; y, por otra, si las situaciones fácticas de
quienes ingresaron al Magisterio oficial antes y quienes ingresaron después del
1º de enero de 1981 no son las mismas, es claro, entonces, que por ser disímiles
no exigen igualdad de trato, y que, las consideraciones sobre la antigüedad de
la vinculación laboral que se tuvieron en cuenta por el Congreso Nacional al
expedir la normatividad cuya exequibilidad se cuestiona, son razones que

13

Numero interno: 6542-2023
Demandante: Nubia Stela Pinto Flórez
Demandado: UGPP

legitiman lo dispuesto por los apartes del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, objeto
de la acusación19 [se subraya y destaca].”

De manera que para el reconocimiento y pago de la pensión gracia es
indispensable acreditar el cumplimiento de la totalidad de los requisitos
establecidos en la normativa que la regula, entre los que se encuentran, haber
prestado los servicios como docente en planteles departamentales, distritales
o municipales por un término no menor de veinte (20) años y que estuviere
vinculado antes del 31 de diciembre de 1980; cumplir cincuenta (50) años de
edad; y desempeñarse con honradez, consagración y buena conducta.

2.2. La incorporación de los profesores a los entes territoriales, en virtud
de la descentralización de la educación pública.

A través de la Ley 60 de 199320, el Congreso de la República dio paso a la
descentralización del servicio educativo, para lo cual dejó en cabeza de los
entes locales su administración, incluida la del personal docente, mientras que
la Nación sería responsable de su regulación, coordinación y asistencia:

«Artículo 2°. Competencias de los municipios. Corresponde a los Municipios,
a través de las dependencias de su organización central o de las entidades
descentralizadas municipales competentes […]:
1. En el sector educativo, conforme a la Constitución Política y a las disposiciones
legales sobre la materia:
• Administrar los servicios educativos estatales de educación preescolar, básica
primaria y secundaria y media.
[…]
Artículo 3°. Competencias de los departamentos. Corresponde a los
departamentos, a través de las dependencias de su organización central o de las
entidades descentralizadas departamentales competentes, conforme a la
Constitución Política, la ley, a las normas técnicas nacionales y a las respectivas
ordenanzas:
[…]
A. En el sector educativo, conforme a la Constitución Política y las disposiciones
legales sobre la materia:
• Dirigir y administrar directa y conjuntamente con sus municipios la prestación de
los servicios educativos estatales en los niveles de preescolar, básica primaria y
secundaria y media.
• Participar en la financiación y cofinanciación de los servicios educativos
estatales y en las inversiones de infraestructura y dotación.
• Asumir las funciones de administración, programación y distribución de los
recursos del situado fiscal para la prestación de los servicios educativos
estatales.

19
En la sentencia C- 480 de 2000 la Corte reiteró que «por expresa voluntad del legislador la Ley 114 de 1913,
continúa teniendo vigencia en el tiempo pese a su derogación por el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, pues, como
acaba de verse, el legislador expresamente dispuso que a los docentes “vinculados hasta 31 de diciembre de 1980”
que “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la
totalidad de los requisitos”. Ello significa, a contrario sensu, que ella no rige para los vinculados a partir del 1º de enero
de 1981, pues éstos docentes, “nacionales y nacionalizados”, tendrán derecho “sólo a una pensión de jubilación
equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año» (se destaca). La parte en negrillas de la Ley 91 de
1989 no ha sido retirada del orden jurídico.
20
«Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con los artículos
151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y 357 de la Constitución Política
y se dictan otras disposiciones».

14

Numero interno: 6542-2023
Demandante: Nubia Stela Pinto Flórez
Demandado: UGPP

[…]
La prestación de los servicios educativos estatales y las obligaciones
correspondientes, con cargo a los recursos del situado fiscal, se hará por los
departamentos, caso en el cual los establecimientos educativos y la planta de
personal tendrán carácter departamental, distribuida por municipios, de acuerdo
con las necesidades de prestación del servicio; de todas maneras, la
administración del personal docente y administrativo se hará conforme a lo
previsto en el artículo 6. de la presente Ley.
[…]
Artículo 4°. Competencias de los distritos. Corresponde a los distritos, a través
de las dependencias de su organización central o de las entidades
descentralizadas competentes, conforme a la Ley, a las normas técnicas
nacionales y a los respectivos acuerdos:
[…]
La prestación de los servicios educativos estatales y las obligaciones
correspondientes, con cargo a los recursos del situado fiscal, se hará por los
distritos, caso en el cual los establecimientos educativos y la planta de personal
tendrán carácter distrital; de todas maneras, la administración del personal
docente y administrativo se hará conforme a lo previsto en el artículo 6°. de la
presente ley.
[…]
Artículo 5°. Competencias de la nación. En relación con las materias de
carácter social, corresponde a la Nación, a través de los Ministerios,
Departamentos Administrativos y demás organismos y autoridades de la
administración central o de las entidades descentralizadas del orden nacional,
conforme a las disposiciones legales sobre la materia:
• Formular las políticas y objetivos de desarrollo.
• Establecer normas técnicas, curriculares y pedagógicas que servirán de
orientación a las entidades territoriales.
• Administrar fondos especiales de cofinanciación.
[…]
• Impulsar, coordinar y financiar campañas y programas nacionales en materia
educativa y de salud.
[…]
• Distribuir el situado fiscal; reglamentar la delegación y delegar en las entidades
territoriales la ejecución de las campañas y programas nacionales, o convenir la
asunción de las mismas por parte de las entidades territoriales, cuando fuere el
caso, con la asignación de los recursos respectivos para su financiación o
cofinanciación; establecer los programas de cofinanciación en forma acorde a las
políticas y a las prioridades nacionales.
[…] (se subraya).

Conforme a la aludida Ley 60 de 1993, los departamentos y distritos
certificados asumieron la prestación de la labor educativa; en materia
prestacional, se contemplaron mecanismos que no afectaran (i) a los maestros
nacionales o nacionalizados incorporados sin solución de continuidad a las
entidades territoriales y a los nuevos, a quienes les sería aplicada la Ley 91 de
1989, (ii) mientras que quienes laboraban en los departamentos, distritos y
municipios que acogieron el personal descentralizado, continuarían con las
prerrogativas ya reconocidas por estos, según el caso.

Posteriormente, se expidió la Ley 715 de 200121, que derogó la 60 de 1993 y
dispuso que los municipios y distritos certificados en educación tendrían a su
cargo ese servicio en los niveles de preescolar, básica y media, incluidos

21
6 «Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos
151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para
organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros».

15

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Demandante: Nubia Stela Pinto Flórez
Demandado: UGPP

nombramientos, ascensos y traslados, pero «[…] sin superar en ningún caso el monto
de los recursos de la participación para educación del Sistema General de Participaciones
asignado a la respectiva entidad territorial […]» (artículos 6° y 7°).

Además, los artículos 3422 y 3723 de la Ley 715 determinaron que «Las plantas
de cargos docentes y de los administrativos de las instituciones educativas serán organizadas
conjuntamente por la Nación, departamentos, distritos y municipios […]», los servidores

«[…] que fueron nombrados con el lleno de los requisitos, mantendrán su vinculación
sin solución de continuidad» y «[…] los docentes, directivos docentes y funcionarios
administrativos de los planteles educativos que se financien con recursos del Sistema General
de Participaciones, sólo se les podrá reconocer el régimen salarial y prestacional establecido
por ley o de acuerdo con esta [artículo 38]».

En atención a que la normativa trascrita24, como ya se anotó, prescribió que
una vez
«Establecidas las plantas, los docentes, directivos docentes y administrativos de
los planteles educativos […] mantendrán su vinculación sin solución de
continuidad» [se subraya], la sala mayoritaria de esta subsección, al desatar
medios de control instaurados por docentes estatales con el ánimo de obtener la
pensión gracia, ha dicho que «[…] si bien es cierto que el Departamento […] para
asumir la administración del sector de la educación dentro del modelo de
descentralización administrativa, incorporó a su planta de personal a algunos
docentes, directivos docentes y administrativos, […] también lo es que esto no
conllevó a que la calidad de la vinculación de estos mutara de nacional a
territorial, pues […] el artículo 1º de la Ley 91 de 1989 estableció que los docentes
vinculados por nombramiento del Gobierno Nacional […] son personal nacional.
Además, la nominación es una sola y es diferente a la incorporación»25 (sic;
se subraya).

En suma, la postura adoptada por la sala de decisión aquí integrada se contrae
a que a los maestros nacionales incorporados a los entes territoriales con ocasión
de las Leyes 60 de 1993 y 715 de 2001 no pueden ser acreedores de la pensión
gracia, puesto que, además de que no existe sinonimia entre los términos
nombramiento («nominación») y homologación, en todo caso esta no comporta
cambio del tipo de vinculación, pues fue sin solución de continuidad26.

22
«Incorporación a las plantas».
23
«Organización de plantas».
24
Artículos 6º de la Ley 60 de 1993 y 34 de la Ley 715 de 2001.
25
Ver, por ejemplo, fallos de (i) 25 de agosto, expediente 76001-23-33-000-2015-01378-01 (2785-2018), C. P. César
Palomino Cortés; y (ii) 1° de septiembre de 2022, expediente 68001-23-33-000-2019-00272-01 (2401-2022), entre
otros. Y más recientemente se puede consultar: sentencia de 23 de noviembre de 2023, expediente 08001-23-33-
000-2019-00085-01 (1126-2021), C. P. Jorge Edison Portocarrero Banguera.
26
Sentencia de 25 de agosto de 2022, expediente 76001-23-33-000-2015-01378-01 (2785-2018), C. P. César
Palomino Cortés: «De modo que, como la accionante […], al ser incorporada a la planta del municipio de Cali sin
solución de continuidad, mantuvo su calidad de docente con vinculación nacional […]».

16

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Demandante: Nubia Stela Pinto Flórez
Demandado: UGPP

2.3. Hechos probados.

i) Según cédula de ciudadanía y el registro civil, la demandante nació el 20 de
mayo de 195327.

ii) Mediante la Resolución 07636 del 14 de mayo de 198028, el ministro de
educación nacional designó a la demandante como profesora de enseñanza
secundaria, en el colegio cooperativo Calasanz de Cúcuta y acta de posesión
ante la Secretaría de Educación de Cúcuta, del 27 de mayo de 1980.

27
Documentos aportados con la demanda, visibles en el expediente digital. Índice 2 del aplicativo Samai
28
Documentos aportados por el ministerio de educación nacional, visible a índices 23 y 24 del aplicativo Samai

17

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Demandante: Nubia Stela Pinto Flórez
Demandado: UGPP

iii) También se aportó el Telegrama 000250, por medio del cual, el jefe de
personal del Ministerio de Educación Nacional comunicó a la actora que había
sido designada a partir del 2 de mayo de 1980 en el cargo de profesora de
enseñanza secundaria.

iv) En igual forma obra el certificado de la secretaría de educación municipal
de Cúcuta, del 18 de noviembre de 202429, en que se advierte que la
demandante prestó sus servicios desde el 27 de mayo de 1980 hasta el 21 de
julio de 2021 en el cargo de docente de aula, en el colegio Juan Atalaya de la

29
Índice 19

18

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Demandante: Nubia Stela Pinto Flórez
Demandado: UGPP

ciudad de Cúcuta; en total 41 años, 1 mes y 25 días.

v) Actualización de datos personales30, en el que se indica lo siguiente:

vi) Certificación de la Secretaría de Educación de San José de Cúcuta, el 24
de noviembre de 202031 en la que se hace constar:

«Que revisados los registros de planta de: PINTO FLOREZ NUBIA STELLA
identificada con C.C. número 23275875 expedida en Tunja (Boy, ingresó a esta
entidad el 27 de mayo de 1980, hasta la fecha. Desempeña el cargo de Docente
de aula grado 14, en el (a) COLEGIO INTG JUAN ATALAYA, en la ciudad de
Cúcuta (Nsan), con tipo de nombramiento en Propiedad, con una asignación
básica mensual de 4.244.314. [..]»

vii) Acta de posesión del 8 de junio de 1981, de la actora ante el alcalde de
San José de Cúcuta, como maestra de la escuela urbana integrada Núm. 30
Antonio María Claret de dicho municipio, designada por Decreto 908 del 27 de
mayo de 198132.

viii) Constancia del tesorero pagador del Fondo Educativo Regional de Norte
de Santander, del 6 de octubre de 1989, en el que indicó que la actora se
desempeñaba como profesora de la jornada adicional del Colegio Cooperativo
Calasanz, del municipio de Cúcuta33.

30
Índice 24 Samai Consejo de Estado
31
Aportado por la secretaría de Educación de Cúcuta
32
Documento aportado por la Secretaría de Educación de Santander, expediente digital
33
Índices 23 y 24 Samai

19

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Demandante: Nubia Stela Pinto Flórez
Demandado: UGPP

ix) Certificado de tiempo de servicio número 2984, del 22 de mayo de 200334:

x) Extracto de cesantías de la señora Pinto Flórez, del Fondo nacional de
Ahorro, del 11 de noviembre de 1991, en el que se identifica como entidad
empleadora al Ministerio de Educación Nacional.

xi) Notificación de cesantía liquidada año 198935.

xii) Certificado de tiempo de servicio número 2984, del 22 de mayo de 2003,
expedido por la Coordinadora de Hojas de Vida de la Secretaría de educación
del departamento de Norte de Santander:

34
Documento aportado con la demanda
35
Índices 23 y 24 aplicativo Samai

20

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Demandante: Nubia Stela Pinto Flórez
Demandado: UGPP

xiii) Formato Único para la expedición de certificado de historia laboral,
consecutivo núm. 15136 en donde la secretaría de educación de San José de
Cúcuta hace constar que la demandante se encuentra vinculada como docente
nacionalizada, pagada con recursos del sistema general de participaciones,
así:

21

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Demandante: Nubia Stela Pinto Flórez
Demandado: UGPP

xiv) De acuerdo con el Formato Único para la expedición de certificado de
salarios, expedido por la Secretaría de Educación de Cúcuta, del 2 de agosto
de 201836; la demandante prestó sus servicios en calidad de docente de básica
secundaria, con vinculación nacionalizada, desde el 1 de enero hasta el 30 de
diciembre de 2004; y desde el 1 de enero hasta el 30 de diciembre de 2006 y
2007 devengó como factores salariales la asignación básica, la prima de
navidad y la prima vacacional.

xv) El Formato Único para la expedición de certificado de salarios37, da cuenta
de la vinculación de la actora como docente nacionalizada de básica
secundaria y que, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de los años
2008 y 2009, devengó como factores salariales la asignación básica, la prima
de navidad y la prima vacacional.

xvi) Formato Único para la Expedición de Certificado de Salarios, consecutivo
992, del 2 de agosto de 2018; para esta fecha la actora se desempeñaba como
docente nacionalizada de básica secundaria y desde el 1 de enero hasta el 31
de diciembre de los años 2010, 2011, 2012, 2013, devengó como factores
salariales la asignación básica, sueldo de vacaciones, la prima de navidad y la
prima de vacaciones docentes.

Desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2014, 2015, 2016, 2017, sus
factores salariales fueron la asignación básica, la bonificación mensual, el
sueldo de vacaciones, la prima de servicios, la prima de vacaciones docentes,
la prima de navidad. Y desde el 1 de enero hasta el 1 de agosto de 2018:
asignación básica, bonificación mensual docentes, sueldo vacaciones
docentes y prima de servicios.

xvii) Formato único para la expedición de certificado de historia laboral,
consecutivo 23038, en donde se observa que la demandante se desempeñó
como docente de secundaria, con tipo de vinculación nacional y el resumen de
la historia laboral es como sigue:

36
Ídem
37
Ídem
38
Ídem

22

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Demandante: Nubia Stela Pinto Flórez
Demandado: UGPP

Actuación administrativa

i) El 23 de mayo de 200339 la actora formuló reclamación administrativa ante
la UGPP, orientada a obtener la pensión gracia.

ii) Mediante Resolución 9499 de 2004, la UGPP negó el reconocimiento de la
pensión gracia pedida por la demandante el 23 de mayo de 2003, dado que su
vinculación a la docencia fue de carácter nacional.

2.4. Caso concreto.

La parte actora acude en sede de nulidad y restablecimiento del derecho para
solicitar la anulación de los actos administrativos por los cuales la entidad
demandada le negó el reconocimiento de la pensión gracia, al estimar que no
cumplió con los requisitos para acceder a la prestación, porque todo el tiempo

39
De acuerdo con la información consignada en la Resolución 9499 del 3 de mayo de 2004

23

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Demandante: Nubia Stela Pinto Flórez
Demandado: UGPP

laboró a través de un vinculo nacional.

El Tribunal Administrativo de Norte de Santander accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda, por considerar que la demandante acreditó la
totalidad de los requisitos para ser acreedora de la pensión gracia.

La parte demandada interpuso recurso de apelación contra la anterior
decisión, en el que insiste en que la vinculación no fue de carácter territorial y,
por ello, no es posible el reconocimiento de la pensión gracia.

Pues bien, de las pruebas antes enunciadas se desprende que la accionante
nació el 20 de mayo de 1953 y prestó sus servicios para la educación oficial
así:

Acto de
Nominador
nombramiento

Ministerio de
Resolución 7636 del
Educación
14 de mayo de 1980
Nacional
Secretaría de Resolución1223 del 4
Educación Norte de agosto de 1997
de Santander Incorporación
Secretaria de Decreto 159 del 5 de
Educación de mayo de 2004
Cúcuta Incorporación
Resolución 0428 del
25 de julio de 2017

El 28 de mayo de 2003 la actora solicitó a Cajanal el reconocimiento de la
pensión gracia de jubilación, la cual fue negada con los actos administrativos
enjuiciados, puesto que, en criterio de la entidad, no cumplió con el requisito
de los 20 años de servicio como maestra del orden territorial.

En el sub lite se tiene que la actora prestó sus servicios para la educación
oficial, desde el 27 de mayo de 1980, hasta el 27 de mayo de 200040, con
ocasión de la designación que le hiciera el Ministerio de Educación Nacional,
por Resolución 7636 del 14 de mayo de 1980.

40
Ídem

24

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Al respecto, resulta oportuno aclarar que por medio de la Ley 43 de 1975, se
nacionalizó la educación primaria y secundaria, para lo cual se concedió un
término de 5 años [artículo 341], esto es, hasta el 31 de diciembre de 1980, de
lo que se colige que con antelación a dicho trámite únicamente existían dos
categorías de maestros oficiales, a saber: nacionales y territoriales. Posterior
a la referida nacionalización de la educación, se clasificaron en nacionales,
nacionalizados y territoriales, cuya diferenciación quedó establecida en el
artículo 1º de la Ley 91 de 1989, así:

i) Personal nacional. Son los vinculados por nombramiento del Gobierno
nacional. ii) Personal nacionalizado. Los designados por nombramiento de
entidad territorial antes del 1º de enero de 1976 y los vinculados a partir de
esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975. Y iii)
Personal territorial. Son los vinculados por nombramiento de entidad
territorial a partir del 1º de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito del
artículo 1042 de la Ley 43 de 1975.

La distinción que trae la norma clasifica la vinculación oficial docente en dos
grandes grupos: (i) los vinculados por nombramiento del Gobierno nacional
[personal nacional] y (ii) los nombrados por entidades territoriales [personal
nacionalizado y territorial].

Así las cosas, quedó demostrado que la señora Nubia Stella Pinto tuvo una
vinculación nacional desde el 27 de mayo de 1980 porque el Ministerio de
Educación Nacional la designó a través de la Resolución 7636 del 14 de mayo
de 1980, para ocupar una plaza del mismo nivel43, hecho que además se
evidencia en el acta de posesión y en el certificado de tiempo servido de la
sectaria de educación de Santander; por ello, no se encuentra acreditado el
requisito de una vinculación anterior al 30 de diciembre de 1980

41
«A partir del 1º. de enero y hasta el 31 de diciembre de 1976, la Nación pagará el veinte por ciento (20%) de los
gastos de funcionamiento (personal) de la educación a que se refiere el artículo primero, conforme a los presupuestos
respectivos del año de 1975; y así sucesivamente en cada vigencia subsiguiente, aumentará en un veinte por ciento
(20%) su aporte a dichos gastos, hasta llegar a absorber el ciento por ciento (100%) de los mismos en 1980 (de 1976
a 1980)».
42
«En adelante ningún departamento, intendencia o comisaría, ni el Distrito Especial, ni los municipios podrán con
cargo a la Nación, crear nuevas plazas de maestros y profesores de enseñanza primaria o secundaria, ni tampoco
podrán decretar la construcción de nuevos planteles de enseñanza media, sin la previa autorización, en ambos casos,
del Ministerio de Educación Nacional».
43
En la sentencia de unificación CE- SUJ-SII-11-2018 (SUJ-11-S2) se precisó que: «lo esencialmente
relevante frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de
carácter territorial o nacionalizada y no el origen de los recursos de la entidad nominadora destinados para cubrir las
acreencias que genera el respectivo vínculo».

25

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Demandante: Nubia Stela Pinto Flórez
Demandado: UGPP

Tampoco es dable computar los tiempos servidos por la accionante, con
posterioridad al 4 de agosto de 1997, por la descentralización de la educación
y la incorporación que hiciera el departamento de Norte de Santander, puesto
que, como se explicó en líneas anteriores, su vinculación [valga recordar,
nacional] no varió con la descentralización de la función educativa.

De modo que, está probado que en el presente asunto la vinculación de la
señora Nubia Stella Pinto Flórez era nacional, sin que exista en el expediente
medio probatorio en contrario, por tanto, el tiempo servido no puede ser tenido
en cuenta para efectos de reconocer la pensión gracia. Por ello, como quiera
que la demandante solo tuvo una vinculación y esta fue nacional, no cumplió
con los requisitos para acceder a la prestación solicitada, de suerte que se
revocará la sentencia de primera instancia, que accedió a las pretensiones de
la demanda.

3. Condena en costas.

De la interpretación del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, esta Sala ha sido
del criterio que la norma transcrita deja a disposición del juez valorar la
procedencia o no de la condena en costas, ya que para ello debe examinar la
actuación procesal de la parte vencida, debe tener certeza de su causación y
que la conducta desplegada adolece de temeridad y mala fe, no basta el simple
hecho de las resultas del proceso.

En el caso concreto, si bien es cierto que la parte demandante fue vencida en
el proceso, no lo es menos que, revisado su proceder a lo largo de la actuación,
no se evidencia temeridad o mala fe, sino simplemente la defensa propia de
sus intereses, de modo que no se condenará en esta instancia.

III. DECISIÓN

En atención a lo anterior, la Sala revocará la sentencia del Tribunal
Administrativo de Norte de Santander, que accedió parcialmente a las súplicas
de la demanda.

26

Numero interno: 6542-2023
Demandante: Nubia Stela Pinto Flórez
Demandado: UGPP

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 27 de julio de 2023, por medio de la
cual el Tribunal Administrativo de Norte de Santander accedió parcialmente a
las súplicas de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva
de esta providencia. En su lugar se dispone:

SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda.

TERCERO: Sin condena en costas en esta instancia.

CUARTO: Por Secretaría, devolver el expediente al Tribunal de origen.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
ELIZABETH BECERRA CORNEJO JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Con aclaración de voto

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad. Integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA

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