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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 54001-23-33-000-2019-00057-01

Fecha
9 de abril de 2026
Consejero ponente
Myriam Stella Gutiérrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 54001-23-33-000-2019-00057-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. CONFIRMAR la sentencia apelada, proferida el 17 de julio de 2025, por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander. 25 Sentencia del 9 de septiembre de 2021, exp. 25197, M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto. 26 Ibidem. 27 Sentencia del 7 de marzo de 2024, exp. 25666, M.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello. 10 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 54001-23-33-000-2019-00057-01 (30578) Demandante: Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P. 2. CONDENAR en costas en segunda instancia a la demandada. En consecuencia, ordenar al tribunal que dé el trámite al respectivo incidente conforme con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 54001-23-33-000-2019-00057-01

Consejero ponente: Myriam Stella Gutiérrez Arguello

9 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., nueve (09) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación 54001-23-33-000-2019-00057-01 (30578)
Demandante CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A.
E.S.P. - CENS S.A. E.S.P.
Demandada SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS SSPD
Temas Contribución especial para empresas prestadoras de
servicios públicos domiciliarios. Año 2018. Reiteración de
jurisprudencia.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La sala decide el recurso de apelación interpuesto por la demandada contra la
sentencia del 17 de julio de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Norte
de Santander, que decidió1:
PRIMERO: Declarar la nulidad parcial de la Liquidación Oficial No. 20185340029716 del 3 de
agosto de 2018, proferida por el director Financiero de la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios, mediante la cual se fijó la contribución especial a pagar por la empresa
CENS por la vigencia de 2018, y la nulidad plena de las Resoluciones N° SSPD –
20185300113715 del 13 de septiembre de 2018, proferida por el director Financiero de la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, “Por la cual se resuelve el recurso de
reposición presentado por Centrales Eléctricas del Norte De Santander S.A E.S.P.” y la
Resolución N° SSPD 20185000126895 del 11 de octubre de 2018, suscrita por la Secretaria
General de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, “Por la cual se resuelve
el recurso de apelación”, por las razones expuestas en la parte motiva.
SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho se declara que la contribución especial a
cargo de la empresa CENS S.A., ESP, en favor de la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios, por la vigencia de 2018, corresponde a la suma de Cuatrocientos once millones,
seiscientos catorce mil ochocientos ochenta pesos ($411.614.880. 00).
En consecuencia, se condena a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, a
devolver a la empresa CENS S.A. ESP la suma de Mil Setenta y Cinco Millones Setecientos
Ochenta Mil Pesos ($1.075.780.000.00) debidamente indexados, conforme lo reglado en el
artículo 187 del CPACA
TERCERO: La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios deberá darle cumplimiento
a la presente sentencia en los términos y condiciones de los artículos 192 y 195 del CPACA.
CUARTO: Sin condena en costas en esta Instancia.
[…]

ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) expidió la liquidación
oficial 20185340029716 del 3 de agosto de 2018, que determinó la contribución
especial del artículo 85 de la Ley 142 de 1994, a cargo de Centrales Eléctricas del
Norte de Santander S.A. E.S.P. (en adelante CENS).
1
Samai de tribunal, índice 20, págs. 26 a 27.

1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 54001-23-33-000-2019-00057-01 (30578)
Demandante: Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P.

La sociedad interpuso los recursos de reposición y, en subsidio, de apelación contra
la anterior decisión, los cuales fueron resueltos mediante las resoluciones
20185300113715 del 13 de septiembre de 2018 y 20185000126895 del 11 de
octubre de la misma anualidad, respectivamente, de manera negativa.

ANTECEDENTES DEL PROCESO

Demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), la demandante formuló las
siguientes pretensiones en el escrito de la demanda2:
1.1. Se declare la nulidad parcial de los actos administrativos expedidos por la entidad
demandada que a continuación se relacionan:
1.1.1. Liquidación oficial número SSPD No. 20185340029716 del 3 de agosto de 2018 de la
Contribución Especial correspondiente al año 2018. Expediente 2018534260100267E.
1.1.2. RESOLUCIÓN N° SSPD – 20185300113715 del 13 de septiembre de 2018, Expediente
2018534260100267E “Por la cual se resuelve el recurso de reposición presentado por
CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. contra la Liquidación
Oficial SSPD No. 20185340029716 del 3 de agosto de 2018 correspondiente a la
contribución especial año 2018, por el servicio público domiciliario de Energía Eléctrica”,
notificada personalmente por medio electrónico el día 20 de septiembre de 2018.
1.1.3. RESOLUCIÓN N° SSPD 20185000126895 del 11 de octubre de 2018, Expediente
2018534260100267E “Por la cual se resuelve recurso de apelación”, presentado por
CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P., contra la Liquidación
Oficial sspd No. 20185340029716 del 3 de agosto de 2018, correspondiente a la
contribución especial año 2018, por el servicio público domiciliario de Energía Eléctrica,
notificada personalmente por medio electrónico el día 22 de octubre de 2018.
1.2. Que como consecuencia de la nulidad parcial de los actos administrativos antes
enunciados, se restablezca el derecho de mi representada, ORDENANDO a la
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS (SSPD) el reintegro de la suma
de dinero correspondiente al mayor valor cancelado por concepto de Contribución
Especial año 2018 correspondiente a los servicios de Energía Eléctrica equivalente a
Mil Setenta y Cinco Millones Setecientos Ochenta Mil Pesos M/cte (1.075.780.000) por el
mayor valor cancelado por la contribución especial del servicio de Energía Eléctrica,
suma que deberá ser indexada al momento de proferirse la sentencia.
1.3. Que se CONDENE a la entidad demandada a reconocer y pagar en favor de mi
representada los intereses legales causados sobre la suma reclamada, desde el
momento del pago de la contribución, -teniendo en cuenta el anticipo cancelado - y
hasta la fecha en la cual se verifique el cumplimiento efectivo de la sentencia con la cual
se ponga fin a la controversia.
1.4. Que se ORDENE a la entidad demandada a dar cumplimiento a la sentencia en los
términos establecidos en los artículos 192 y siguientes del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
1.5. Que se CONDENE a la entidad demandada al pago de las costas y agencias en derecho
a que haya lugar.

Invocó como normas violadas los artículos 9, 29, 95 (numeral 9), 338 y 363 de la
Constitución Política; 44 y 237 del Código de Procedimiento Administrativo y
Contencioso Administrativo; 85 (numeral 85.2) de la Ley 142 de 1994; 712 del
Estatuto Tributario.

2
Samai de tribunal, índice 19. Enlace de expediente digital, PDF demanda, pág. 1 a 2.

2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 54001-23-33-000-2019-00057-01 (30578)
Demandante: Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P.

El concepto de la violación se resume, así:

Alegó la violación de la constitución y la ley, dado que la demandada no podía
determinar de forma discrecional la base gravable de la contribución especial, de
conformidad con el artículo 338 de la Constitución y la jurisprudencia aplicable3, sino
que debe limitarse a los requisitos dispuestos en el artículo 85 de la Ley 142 de
1994.

Manifestó que, en el presente asunto, se agregaron otros gastos como «servicios
personales, generales, licencias, contribuciones y regalías, órdenes, contratos de mandamiento (sic)
y reparación, honorarios, servicios públicos, materiales y otros costos operacionales […]» 4, siendo
dicha ampliación injustificada e ilegal; agregando que no era posible establecer la
liquidación del tributo por una interpretación en las cuentas contables.

Adicionalmente, reiteró los argumentos expuestos en los recursos administrativos
(los cuales transcribió parcialmente), donde adujo que la entidad demandada violó
la prohibición de reproducir actos suspendidos o anulados por la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo, prevista en el numeral 6 del artículo 9 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, al insistir en fijar
la base gravable en contra de lo establecido por la jurisprudencia.

Indicó que fue vulnerado el principio de legalidad. Señaló que la Constitución
Política prevé que los elementos para la causación del tributo deben estar
claramente establecidos en la ley. Precisó que la contabilidad es empleada para
estructurar los estados financieros de las compañías, por la que se conforma la base
gravable de los impuestos, tasas o contribuciones, siguiendo lo dispuesto en el
catálogo general de cuentas, como lo exige la Contaduría General de la Nación,
autoridad que ha diferenciado el costo y el gasto.

Agregó que el artículo 85 de la Ley 142 de 1994 determinó que la contribución
especial no podía exceder del 1% del valor de los gastos de funcionamiento
asociados al servicio sometido a regulación, por lo que resultaba claro que cualquier
otro valor que no estuviese ligado a los anteriores gastos excedía el marco legal
aplicable.

Advirtió que en el caso en concreto los actos se encuentran viciados de nulidad por
haber incluido cuentas que no cumplían con los requisitos legales, así como por la
interpretación realizada por la entidad sobre cuentas que ella misma identificó.

Sostuvo que fue desconocido el precedente judicial, pues la Superintendencia
argumentó que los gastos de funcionamiento se relacionaban con las salidas de
recursos que directa e indirectamente se necesitan para el cumplimiento de las
funciones propias de la actividad de las compañías prestadoras de servicios, por lo
que eran equivalentes a los gastos operacionales u ordinarios, y concluyó
erróneamente que en la base gravable debían adicionarse las cuentas del grupo 75
también, siendo excluidas solo las del grupo 53; esto, ignorando el pronunciamiento
previo por parte del Consejo de Estado5, en el que se anuló lo referente a tener la
cuenta del grupo 75 como gastos de funcionamiento.

3
Citó las sentencias C-504 del 2002, C-455 de 1994 y C-452 de 2003.
4
Samai de tribunal, índice 19. Enlace de expediente digital, PDF demanda, pág. 26
5
Citó la sentencia del 23 de septiembre de 2010, exp. 16874, M.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.

3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 54001-23-33-000-2019-00057-01 (30578)
Demandante: Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P.

Así mismo, afirmó que en otra oportunidad6 la citada corporación también anuló
disposiciones de la SSPD que incluían dentro de la base gravable las cuentas 51 y
58, estableciendo una línea jurisprudencial clara sobre las cuentas que pueden
integrar la base gravable de la liquidación de la contribución especial, en las que
solo deben tenerse en cuenta los gastos de funcionamiento asociados al servicio,
razón por la que se encuentran viciados de nulidad por infracción de normas en que
debía fundarse y por vulneración al principio de legalidad7.

Realizó un cuadro comparativo entre los catálogos de cuentas de la Contaduría
General de la Nación antes y después de la implementación de las Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF)8, para efectos de explicar que la
compañía utilizó los sistemas contables ajustados a la contabilidad oficial en el
reporte de información, lo que evidenciaba una falta o falsa motivación por parte de
la autoridad demandada. Reforzó lo anterior en que la liquidación oficial no
desarrolló los elementos de cuantificación del tributo, incumpliendo de esta manera
los requisitos mínimos previstos en el artículo 712 del Estatuto Tributario.

Añadió que la SSPD expidió de forma irregular los actos al vulnerar las reglas de
interpretación consagradas en el artículo 27 del Código Civil, otorgándole a la norma
tributaria un sentido diferente al literal fijado por el legislador. También advirtió la
transgresión del artículo 12 de la Ley 1314 de 2009, toda vez que se dispuso un
tratamiento contable distinto para las entidades de gobierno en comparación con
otras entidades sujetas al marco de las NIIF.

Reiteró que la interpretación llevada a cabo por parte de la Superintendencia va en
contra de lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 142 de 1994, por lo que los actos
acusados infringen las normas en que debía fundarse; además, indicó que el
régimen de contabilidad pública comprendía distintas normas a las NIIF.

Argumentó que las resoluciones demandadas se encuentran fundamentadas en un
concepto que la SSPD solicitó al Consejo Técnico de la Contaduría Pública; sin
embargo, manifestó que, al realizar el cotejo entre lo transcrito con el escrito original,
el contenido no corresponde. Resaltó que, aunque en las NIIF se puedan agrupar los
costos con los gastos, esto no significa que sean iguales o sinónimos, puesto que
dicho tratamiento solo se refleja para efectos de la contabilidad financiera.

Por último, adujo que la entidad demandada contaba con la competencia y
posibilidad de requerir a la compañía información contable con el fin de determinar
la base gravable acorde con los lineamientos legales de la contribución especial.

Oposición de la demanda

La SSPD se opuso a las pretensiones9 señalando que las afirmaciones realizadas
por la demandante son erróneas y que los actos acusados no incurren en las
causales de nulidad previstas en los artículos 93, 137 y 138 de la Ley 1437 de 2011
ni suponen un agravio injustificado para la demandante, toda vez que el artículo 85
de la Ley 142 de 1994 dispuso la contribución especial para las personas sometidas
a la vigilancia y control por parte de la entidad, con la finalidad de recuperar los

6
Citó la sentencia del 14 de octubre de 2010, exp. 16650, sin identificar ponente. Indicando que ha sido reiterada por las
sentencias del 11 de junio de 2015, exp. 20988 y del 23 de julio de 2015, exp. 20920, M.P. Martha Teresa Briceño de
Valencia; y del 12 de noviembre de 2015, exp. 21737, M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
7
Citó la sentencia del 20 de septiembre de 2018, exp. 23050, sin identificar ponente.
8
Se puede observar en Samai de tribunal, índice 19. Enlace de expediente digital, PDF demanda, pág. 41.
9
Samai de tribunal, índice 19. Enlace de expediente digital, PDF contestación demanda.

4
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costos de la actividad; esto, sin desconocer que la tarifa no puede superar el 1% de
los gastos de funcionamiento, los cuales se basan en los estados financieros
informados por los contribuyentes.

Destacó que la Ley 1314 de 2009 dio paso a la aplicación de las NIIF, las cuales
sirvieron como fundamento para expedir la resolución 20185300100025 del 30 de
enero de 2018, acto general que respetó las decisiones proferidas por el Consejo
de Estado y señaló los conceptos que debían integrar la base gravable de la
contribución para la vigencia 2018, tratándose de las salidas de recursos necesarios
para el funcionamiento del prestador, aplicando el costo beneficio aprobado por la
entidad. Concluyó que las resoluciones demandadas se expidieron en cumplimiento
del ordenamiento legal, jurisprudencial y técnico de la materia.

Sostuvo que no existe norma expresa que determine lo que se entiende por gastos
de funcionamiento, ni que establezca los conceptos o actividades que se
enmarquen dentro de dicho grupo, por lo que resultaba procedente la remisión a la
jurisprudencia que realizaba la entidad.

Reiteró los argumentos expuestos en los actos que resuelven los recursos de
reposición y apelación contra la liquidación oficial, en cuanto al desconocimiento del
precedente judicial, para lo que indicó que las sentencias del Consejo de Estado10
que estima vulneradas se relacionaban con las cuentas que deben inaplicarse para
la vigencia 2018; sin embargo, aclaró que no eran aplicables teniendo en cuenta
que el marco contable había sido modificado, negando en consecuencia que
estuviera reproduciendo actos suspendidos o anulados por la jurisdicción en
contravención de la Ley 1437 de 2011.

Advirtió que los actos se encuentran debidamente motivados y soportados en los
hechos económicos registrados por los contribuyentes, y liquidados acorde con la
tarifa establecida para el período.

Por último, planteó la excepción de legalidad de los actos, y las que de oficio se
encontraran probadas dentro del proceso11. Finalmente, solicitó condenar en costas
a la demandante.

Sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Norte de Santander declaró la nulidad parcial de los
actos demandados y no impuso condena en costas, por lo siguiente12:

Previo al análisis de fondo, el tribunal precisó que las excepciones propuestas por
la demandada en realidad son argumentos de defensa, que debía resolverse al
dirimir el conflicto en la sentencia.

Expuso el contenido de la liquidación oficial acusada, de las normas que regulan la
materia y de la jurisprudencia aplicables a este caso, y relacionó los hechos
probados del proceso.

Respecto a la violación de la Constitución y la ley y el desconocimiento del principio
de legalidad indicó que la liquidación oficial del 3 de agosto de 2018 incluyó en la

10
Citó las sentencias proferidas en los expedientes 16873 y 20253.
11
La parte demandante presentó la oposición a las excepciones propuestas, reiterando los argumentos de la demanda.
Samai de tribunal, índice 19, PDF excepciones.
12
Samai de tribunal, índice 20.

5
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base gravable de la contribución por el año 2018 conceptos que no están permitidos,
según el parágrafo 2 del artículo 85 de la Ley 142 de 1994. Agregó que el Consejo
de Estado13 ha establecido en casos similares que los gastos operativos no pueden
ser aceptados como gastos de funcionamiento de las sociedades vigiladas.

Precisó que, por regla general, de los gastos asociados al servicio se excluyen los
«los gastos operativos, las compras en bloque y/o a largo plazo, compras en bolsa y/o corto plazo,
uso de líneas, redes y ductos»14, salvo cuando se justifique su inclusión por un faltante
presupuestal de la SSPD, situación totalmente excepcional. En el caso en concreto,
sostuvo que la entidad fundamentó la inclusión de dichos conceptos por representar
salidas de recursos para el funcionamiento de la sociedad, y por estar relacionados
con la prestación del servicio de energía, sin plantear ningún faltante presupuestal.

Dicho esto, expuso que en sentencia del 12 de noviembre de 2020 15 el Consejo de
Estado anuló parcialmente el artículo 2 de la resolución 20185300100025 del 30 de
julio de 2018, por verificar que los conceptos «(i) Servicios Personales, (ii) Generales, (iii)
Arrendamientos, (iv) Licencias, Contribuciones y Regalías, (v) Órdenes y Contratos de
Mantenimiento y Reparaciones, (vi) Peajes Terrestres, (vii) Honorarios, (viii) Servicios Públicos, (ix)
Materiales y otros Gastos de la operación, (x) Seguros, y (xi) Órdenes y Contratos por otros
Servicios»16 no eran gastos de funcionamiento, sino operativos, por lo que no podían
incluirse dentro de la base gravable del tributo.

Por lo anterior, manifestó que lo alegado por la demandante coincidía con lo
dispuesto en la citada jurisprudencia, razón por la que era procedente declarar la
nulidad parcial de los actos que liquidaron la contribución especial para el período
2018, citando los efectos de cosa juzgada17.

Al analizar los demás cargos, reiteró lo expuesto previamente, advirtiendo que no
era necesario estudiarlos nuevamente, toda vez que ya se encuentra probada la
ilegalidad de los actos liquidatorios, al estar sustentados en un acto general que fue
declarado nulo parcialmente por la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

En cuanto al restablecimiento del derecho, declaró que a la demandada le
correspondía devolver la suma de dinero cobrada de más en la liquidación oficial,
que en este caso asciende a $1.075.780.000, con la debida indexación del artículo
187 de la Ley 1437 de 2011.

No impuso condena en costas por no estar probada su causación.

Recurso de apelación

La SSPD sustentó su impugnación18 y defendió la inclusión de las cuentas del grupo
75 en la liquidación oficial acusadas, con fundamento en lo previsto en el parágrafo
segundo del artículo 85 de la Ley 142 de 1994.

Para estos efectos indicó que el a quo desconoció que se tuvo en cuenta las
políticas e ingreso aprobadas por la entidad, las cuales establecieron como base
del costo del beneficio del recaudo el valor medio del salario mínimo mensual legal
vigente para el año 2018, con lo cual se concluyó que era inconveniente liquidar
13
Citó las sentencias del 26 de febrero de 2014, exp. 19155, M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez; y del 12 de noviembre
de 2020, exp. 24498, M.P. Milton Chaves García.
14
Samai, índice 20. Pág. 19.
15
Exp. 24498, M.P. Milton Chaves García.
16
Ibidem, pág. 20.
17
Citó la sentencia del 23 de septiembre de 2021, exp. 25077, M.P. Milton Chaves García.
18
Samai de tribunal, índice 23.

6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 54001-23-33-000-2019-00057-01 (30578)
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aquellas contribuciones que fuesen inferiores a $390.621 o que la sumatoria de la
base gravable fuera menor de $43.296.815.

Reiteró lo expuesto en la contestación de la demanda, precisando que al momento
de liquidar la contribución especial para la vigencia 2018, se respetó la información
financiera reportada a 31 de diciembre de 2017, como el valor propuesto para
ingresos corrientes. Así, a su juicio, se atendió lo dispuesto por el Consejo de Estado
sobre los gastos de funcionamiento, los principios constitucionales y tributarios;
además de dar cumplimiento y acogerse a las NIIF que fueron integradas a la
legislación nacional mediante la Ley 1314 de 2009.

Explicó que para el momento de la interposición del recurso de apelación la SSPD
no había expedido el catálogo de cuentas para el registro contable, por lo que no
era procedente analizar una definición jurisprudencial o interpretar algún catálogo
vigente, teniendo en cuenta que, con la implementación de las NIIF, se modificaron
de fondo las reglas y principios contables. Agregó que los conceptos que
representan salidas de recursos para el funcionamiento de la sociedad se relacionan
con el servicio de vigilancia y control.

Destacó que, si bien en los principios contables no se observa una definición textual
de los gastos de funcionamiento, sí hay más elementos que permiten dar el
entendimiento del concepto, procedió a enunciar el marco conceptual del grupo 1
de las NIIF, destacando que la NIC 1 eliminó el concepto de partidas extraordinarias.

Advirtió que la entidad solicitó pronunciamiento del Consejo Técnico de la
Contaduría Pública, el cual tuvo en cuenta en la orientación técnica NIF-SSPD 002-
2018, donde se concluyó que los términos de costos y gastos son sinónimos, y que
el aspecto fundamental es que las erogaciones estén relacionadas con la prestación
del servicio.

Manifestó que no era cierta la afirmación realizada por el tribunal en cuanto a que
no se tenía un déficit presupuestal para el año 2018, sino un superávit, pues los
conceptos que hicieron parte de la liquidación se basaron en las decisiones
jurisprudenciales y técnicas que establecieron los gastos de funcionamiento y
operativos viables para la base gravable de la contribución especial. Agregó que, si
se determinara un déficit presupuestal, los ítems de las cuentas del grupo 75 pueden
tenerse en cuenta, según lo prevé el parágrafo segundo del artículo 85 de la Ley
142 de 1994.

Aclaró que no es cierto que pretenda subsanar en sede judicial un vacío en la
motivación de los actos administrativos, pues estos fueron claros respecto a los
factores de liquidación, y concluyó que en el presente asunto aplica el estudio
realizado por el Consejo de Estado sobre el faltante presupuestal para los períodos
2016 y 2017, toda vez que la motivación de estos no difiere de la que se discute.

Finalmente, solicitó revocar la sentencia apelada y que se imponga condena en
costas a la demandante.

Oposición a la apelación

La demandante19 controvirtió el recurso de la demandada exponiendo que lo
manifestado por la SSPD no se encuentra relacionadas con la realidad fáctica y
19
Samai, índice 10.

7
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Demandante: Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P.

jurídica del caso en concreto. Resaltó que en la liquidación del tributo se incluyeron
ítems, en específico cuentas del grupo 75, desconociendo lo dispuesto en el
parágrafo 2 del artículo 85 de la Ley 142 de 1994, al integrar a la base gravable
gastos operativos.

Reiteró la vulneración al principio de legalidad, en cuanto al exceso de la
competencia de la entidad al pretender fijar el tributo sin cumplimiento de los
requisitos establecidos en la ley. Aclaró que, si bien las NIIF tratan los costos como
elementos que son agrupables con gastos, esto no significaba que fuesen iguales
entre sí, puesto que dicha situación es para efectos de la información financiera.

Agregó que la administración cuenta con la posibilidad de realizar requerimientos a
los contribuyentes con la finalidad de conocer o aclarar la información contable que
permita determinar en debida forma la base gravable.

Intervención del ministerio público

El agente del ministerio público solicitó que se confirmara la sentencia apelada 20.
Puso de presente la sentencia del 12 de noviembre de 202021, que analizó la base
gravable de la contribución del año 2018 y precisó que el parágrafo 2 del artículo 85
de la Ley 142 de 1994 dispuso que los gastos operativos se deben excluir de los de
funcionamiento, y que estos solo podrán ser incluidos cuando exista un faltante
presupuestal, cuestión que no fue acreditada.

Consideró que la base gravable proyectada por la SSPD no se ajustaba a la ley y
que la entidad vulneró el principio de legalidad al agregar cuentas que no se
encontraban autorizadas por la norma.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Problema jurídico

En la apelación, la demandada afirmó que el a quo no tuvo en cuenta el análisis de
la relación costo-beneficio del recaudo. Al respecto, la sala advierte que la decisión
impugnada se sustentó en la improcedencia de adicionar las cuentas del grupo 75
a la base gravable del tributo, por no estar demostrado un faltante presupuestal para
el 2018 también reseñado en la sentencia del 12 de noviembre de 202022.

De este modo, el argumento referido de la apelación en realidad no constituye un
verdadero reparo contra la decisión del tribunal, por lo que no será estudiado, en
virtud del principio de congruencia previsto en los artículos 320 y 328 del Código
General del Proceso.

Precisado lo anterior, corresponde a la Sección decidir sobre la legalidad de la
liquidación oficial 20185340029716 del 3 de agosto de 2018, así como de las
resoluciones 20185300113715 del 13 de septiembre y 20185000126895 del 11 de
octubre de la misma anualidad, mediante las cuales la SSPD determinó la
contribución especial del artículo 85 de la Ley 142 de 1994, a cargo de CENS por el
año 2018.

20
Samai, índice 11.
21
Exp. 24498, M.P. Milton Chaves García.
22
Ibidem.

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Análisis del caso concreto

La SSPD apeló la decisión del a quo en el sentido de que no es procedente la
liquidación de la contribución especial para el año 2018 adicionando los gastos
operativos de las cuentas del grupo 75 y sostuvo que se atendió la información
financiera que registraron los contribuyentes con corte al 31 de diciembre de 2017,
la implementación de las NIIF y el hecho de que no se había expedido el catálogo de
cuentas por la Superintendencia, lo que permitía incluir en la base gravable los
gastos de funcionamiento y operativos, máxime cuando, como lo señaló el concepto
del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, no es procedente la diferenciación
entre costos y gastos.

Para decidir, la Sección pone de presente que el 12 de noviembre de 2020 profirió
sentencia23 en la que declaró la nulidad parcial del artículo 2 de la resolución SSPD
20185300100025 de 2018, fundamento de los actos objeto del litigio. Para llegar a
esta conclusión la providencia referida analizó la consecuencia de la
implementación de las NIIF, y expuso lo siguiente:
Independiente que en el marco conceptual para la información financiera no exista una
distinción entre el costo y gasto, pues la definición de este incluye todas partidas incurridas en
el transcurso de las operaciones ordinarias de la entidad inclusive los costos de ventas, ello
no implica que la Superintendencia adicione a la base gravable de la contribución especial de
manera indiscriminada rubros que expresamente el legislador no autorizó y que conforme con
el reporte de la información financiera en formato XBRL corresponde a gastos operativos y no
de funcionamiento.
Por lo anterior, el cambio o la ampliación del concepto de gasto en las normas de información
financiera no se traduce en el desuso del concepto de gasto de funcionamiento que establece
la norma para efectos fiscales desaparezca para el año en discusión, y por el contrario, al no
ser un concepto considerado contablemente incluso en las normas de información financiera,
se debe acoger la definición de gastos de funcionamiento desarrollada vía jurisprudencia para
determinar la contribución.

En este sentido, la providencia expuso: «Además, no se desconocen los lineamientos
jurisprudenciales sobre el alcance de la expresión “gastos de funcionamiento” que constituye la regla
general de determinación de la base gravable, en los que se reitera que las cuentas del grupo 75 -
costos de producción y del Grupo 53 - Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones,
no hacen parte de la base gravable de la contribución especial», y reiteró que la base gravable
de la contribución especial, estaba integrada por regla general de los gastos de
funcionamiento asociados al servicio regulado.

Con base en ello, la sentencia decidió que la disposición acusada quedaría así:
Artículo 2°. Base para fijar la liquidación de la contribución especial. Base para la liquidación
de la contribución especial de la vigencia 2018. Los conceptos que integrarán la base gravable
de la contribución especial de la vigencia 2018, por representar salidas de recursos para lograr
el funcionamiento del prestador y por encontrarse relacionados con la prestación del servicio
sujeto a la inspección, vigilancia y control de la Superservicios, de acuerdo con la taxonomía
para fines de presentación y lo señalado en la parte considerativa de la presente resolución,
son:
(+) Gastos de administración (-) Impuestos.

Como lo ha explicado esta Sección24, las sentencias que declaran la nulidad de un
acto administrativo de carácter general surten efectos inmediatos frente a las

23
Exp. 24498, M.P. Milton Chaves García.
24
Sobre este punto ver, entre otros, las sentencias del 8 de febrero de 2018, exp. 21803, M.P. Milton Chaves García y del
25 de febrero de 2021, exp. 23397, M.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.

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situaciones jurídicas no consolidadas, que corresponden a aquellas susceptibles de
debate en sede administrativa o judicial, supuesto que se cumple en el presente
asunto.

Por esto es que, en un litigio similar, la sala afirmó que «en los casos en que se anula el
acto administrativo de carácter general que reglamenta la base gravable de la Contribución Especial
del artículo 85 de la Ley 142 de 1994, se afectan las situaciones jurídicas no consolidadas» 25. Y, de
igual modo, en un caso que estudió la legalidad de actos de liquidación de la
contribución para el año 2018, concluyó que, debido a que «la sentencia del 12 de
noviembre de 2020 tiene efectos inmediatos en este caso, como se indicó en la providencia que se
reitera, no es procedente la liquidación del tributo a cargo de la demandante adicionando los gastos
operativos»26.

De este modo, los actos de carácter particular acusados desconocen las garantías
constitucionales, pues determinaron la contribución especial a cargo de la actora
por el 2018 con fundamento en una resolución que, a su vez, desconoció el principio
de legalidad. Y como se señaló en otra ocasión, «la consecuencia ineludible de aplicar una
norma contraria a la Constitución y la ley (…) como fundamento de un acto administrativo es su
nulidad»27.

Así las cosas, no prospera este cargo de apelación, pues le asistió la razón al
tribunal al declarar la nulidad parcial de los actos administrativos acusados con el
fin de excluir de la base gravable a los conceptos que fueron anulados por la
sentencia del 12 de noviembre de 2020.

Por último, se precisa que la SSPD no expuso ninguna inconformidad respecto al
restablecimiento del derecho ordenado por el a quo, por lo que en garantía del
derecho al debido proceso y del principio de congruencia, no se realizará ningún
pronunciamiento al respecto.

Costas

No se realizará pronunciamiento sobre la condena impuesta por el tribunal por este
concepto, dado que no fue apelada la decisión.

En cuanto a esta instancia, y según el acuerdo PCSJA-12355 del 28 de noviembre de
2025, como se confirmará la sentencia dictada por el a quo, es procedente condenar
a la apelante por concepto de agencias en derecho. Para el efecto, se tasan en un
(1) SMLMV, y se ordenará al tribunal tramitar el respectivo incidente de liquidación,
conforme a las reglas consagradas en el artículo 366 del Código General del
Proceso.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

FALLA

1. CONFIRMAR la sentencia apelada, proferida el 17 de julio de 2025, por el
Tribunal Administrativo de Norte de Santander.

25
Sentencia del 9 de septiembre de 2021, exp. 25197, M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
26
Ibidem.
27
Sentencia del 7 de marzo de 2024, exp. 25666, M.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.

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2. CONDENAR en costas en segunda instancia a la demandada. En consecuencia,
ordenar al tribunal que dé el trámite al respectivo incidente conforme con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de
origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente
dirección electrónica:https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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