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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 54001-23-33-000-2019-00290-01

Fecha
9 de abril de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 54001-23-33-000-2019-00290-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: REVOCAR el numeral cuarto de la sentencia de 19 de enero de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander; en cuanto declaró la prescripción. En su lugar, se declara no probada la excepción de prescripción, conforme lo dicho en la motivación. SEGUNDO: MODIFICAR los numerales segundo y tercero de la sentencia apelada, los cuales quedarán así: «SEGUNDO: DECLARAR que entre la señora JENNY PAOLA VILLAMIZAR CLAVIJO y la UNIVERSIDAD DE PAMPLONA, existió una relación laboral encubierta en los siguientes períodos: del 13 de febrero de 2009 al 13 de abril de 2009, del 11 de mayo de 2009 al 30 de junio de 2010, del 2 de agosto de 2010 al 17 de diciembre de 2010, del 18 de enero al 30 de junio de 2011, del 01 de agosto de 2011 al 16 de diciembre de 2011, del 12 de enero de 2012 al 07 de marzo de 2012, del 8 de marzo de 2012 al 8 de agosto de 2012 y del 10 de agosto de 2012 al 21 de diciembre de 2012, del 21 de enero al 18 de diciembre de 2013, del 20 de enero de 2014 al 24 de junio de 2016 y del 2 de agosto de 2016 a 30 de diciembre de 2017, por lo ya dicho. TERCERO: Como consecuencia de la anterior declaración, y a título de restablecimiento del derecho, SE CONDENA a la UNIVERSIDAD DE PAMPLONA a pagar en favor la señora JENNY PAOLA VILLAMIZAR CLAVIJO setenta y un millones quinientos cuarenta y dos mil ochocientos cincuenta y cuatro pesos ($71.542.854), por concepto de las prestaciones sociales incluidas en la liquidación realizada en la parte motiva de esta providencia. Igualmente, la demandada debe reconocer la dotación de calzado y vestido de labor a la demandante a partir de la vinculación de 2011 hasta 2017 y se a título de indemnización, teniendo en cuenta el valor establecido por la entidad en cada vigencia fiscal al momento de la adquisición de la dotación. w w w . con se jod e e sta d o.go v. co 19 Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 54001 23 33 000 2019 00290 01 Finalmente, la entidad demandada deberá realizar los aportes de ley al sistema de seguridad social en pensiones a favor de la demandante, por todo […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 54001-23-33-000-2019-00290-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

9 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá, DC, nueve (9) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 54001 23 33 000 2019 00290 01 (3342–2023)1
Demandante: Jenny Paola Villamizar Clavijo
Demandado: Universidad de Pamplona

Temas: Relación laboral encubierta. Configuración de la prescripción

Decisión: Modifica sentencia que accedió parcialmente a las pretensiones

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
_________________________________________________________________

1)La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide el recurso
de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de 19 de
enero de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander,
mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y se
declaró la prescripción parcial.

I. ANTECEDENTES

1.1. Pretensiones de la demanda2

2) La señora Jenny Paola Villamizar Clavijo por intermedio de apoderada presentó
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Universidad de
Pamplona, con el objeto de declarar la nulidad del Oficio de 9 de mayo de 2019,
por medio del cual se negó la existencia de una relación laboral y el reconocimiento
y pago de prestaciones sociales, devolución de aportes a seguridad social y otras
acreencias.

3) Como restablecimiento del derecho solicitó el reconocimiento y pago de los
emolumentos laborales adquiridos durante el tiempo de vinculación; horas extras,
la sanción de un día de salario por cada día de retardo en el pago de las cesantías
y de las prestaciones sociales.

4)De igual manera, exigió la devolución de dineros correspondientes a aportes de
seguridad social y riesgos laborales, así como el reintegro de dineros pagados por

1
Los documentos del proceso se encuentran visibles en el expediente digital disponible en la Sede Electrónica de la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo – SAMAI.
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=540012333000201900290011100103
2
Demanda disponible en el archivo 001 del expediente digitalizado y compartido por el tribunal.

w w w . con se jod e e sta d o.go v. co 1
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concepto de la estampilla pro-hospital Erasmo Meoz al momento de la suscripción
de cada contrato.

1.2. Hechos que fundamentan la demanda

5)La señora Jenny Paola Villamizar Clavijo prestó sus servicios a la Universidad
de Pamplona durante el extremo temporal comprendido entre el 12 de febrero de
2009 y el 30 de diciembre de 2017, a través de la suscripción de sucesivas órdenes
de prestación de servicios.

6) Precisó que durante la ejecución del vínculo desempeñó diversas funciones de
apoyo administrativo y logístico en diferentes sedes y con convenios de la
institución, tales como: auxiliar administrativa en el Centro Regional de Educación
a Distancia de Norte de Santander; apoyo logístico en las regiones de San José del
Guaviare, Caquetá y La Guajira a través del Convenio “Fondo de Comunicaciones
No. 238”; apoyo administrativo para la implementación del campus académico y el
sistema institucional en la Fundación Universitaria de San Gil; y auxiliar
administrativa tanto en el Consultorio Jurídico como en la Coordinación del
Programa de Derecho de la sede de Villa del Rosario.

7) Indicó que elevó reclamación administrativa ante el ente universitario solicitando
el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales derivadas de dicha
vinculación, por configurarse el contrato realidad; no obstante, la entidad negó la
petición mediante el acto administrativo acusado.

1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración

8)Indicó que se vulneraron los artículos 1, 2, 4, 5, 13, 25, 29, 53, 83 y 122 de la
Constitución; así como el Código Sustantivo del Trabajo, las Leyes 50 de 1990, 19
de 1995, 909 de 2004 y 790 de 2002, entre otras disposiciones.

9) Argumentó que, aunque el ente universitario goza de autonomía para establecer
su propio régimen de contratación, dicha facultad no lo exime de respetar la realidad
fáctica de la ejecución de los contratos celebrados, en la cual concurrieron los tres
elementos constitutivos de una relación laboral, que son, la prestación personal del
servicio, la remuneración y, especialmente, la continuada subordinación y
dependencia.

10) En esa línea, sostuvo que la entidad incurrió en desviación de poder y en un uso

abusivo de la figura del contrato de prestación de servicios, que utilizó para disfrazar
una verdadera relación laboral y evadir el pago de prestaciones sociales.

11) Alrespecto, explicó que las funciones desempeñadas eran de carácter
permanente, propias del giro ordinario de la institución y correspondían a las que
debían ser ejecutadas por el personal de planta.

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1.4. Contestación de la demanda3

12) La Universidad de Pamplona por conducto de apoderado se opuso a las
pretensiones. Sostuvo que la relación con la demandante fue de naturaleza
estrictamente contractual y se rigió por la autonomía universitaria, ajustándose a
los períodos académicos semestrales propios del servicio de educación superior.

13) Explicó que las órdenes de prestación de servicios se suscribieron de manera
discontinua, existiendo interrupciones fácticas reales entre una y otra, lapsos
durante los cuales la contratista no prestó servicio alguno ni recibió remuneración,
lo que desvirtúa la unicidad del vínculo alegado.

14) Así mismo, propuso las siguientes excepciones: caducidad, prescripción e
inexistencia de la obligación.

1.5. Sentencia de primera instancia4

15) En sentencia de 19 de enero de 2023, el Tribunal accedió a las pretensiones
de la demanda, declarando la relación laboral encubierta entre el 11 de mayo de
2009 y el 30 de junio de 2010; 18 de enero de 2011 y el 30 de junio de 2011; 21 de
enero de 2013 y 18 de septiembre de 2013; 20 de enero de 2014 y el 24 de junio
de 2016 y 2 de agosto de 2016 al 30 de diciembre de 2017; asimismo, declaró la
prescripción parcial.

16) Explicó que las funciones desempeñadas por la actora, específicamente
auxiliar administrativa y apoyo logístico correspondían al giro ordinario y misional
de la Universidad de Pamplona, con lo cual se desbordó el carácter temporal y
especializado propio del contrato de prestación de servicios, por tanto, aplicó el
principio de la primacía de la realidad sobre las formas, y llegó a la conclusión que
se configuraron los tres elementos constitutivos de la relación laboral, en especial
la subordinación continuada.

17) En cuanto al restablecimiento del derecho, declaró probada la excepción de
prescripción trienal, toda vez que determinó que entre los distintos contratos
suscritos existieron interrupciones superiores a un mes, coincidentes con los
recesos académicos, lo que impidió declarar la unidad del vínculo laboral por todo
el extremo temporal entre febrero de 2009 y diciembre de 2017. En consecuencia,
reconoció únicamente las prestaciones sociales causadas durante los vínculos no
prescritos contados tres años hacia atrás desde la fecha de reclamación
administrativa.

1.6. Recurso de apelación5
18) La apoderada de la señora Jenny Paola Villamizar Clavijo, interpuso recurso de
apelación en donde reclamó la inclusión de períodos contractuales no reconocidos
por la sentencia de primera instancia, específicamente los siguientes:

3
Escrito disponible en el archivo 006 del expediente digitalizado y compartido por el tribunal.
4
Fallo disponible en el archivo 033 del expediente digitalizado y compartido por el tribunal.
5
Escrito disponible en el archivo 035 del expediente digitalizado y compartido por el tribunal.

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i) 13 de febrero de 2009 a 13 de abril de 2009.
ii) 02 de agosto de 2010 a 17 de diciembre de 2010.
iii) 01 de agosto de 2011 a 16 de diciembre de 2011.
iv) 12 de enero de 2012 a 07 de marzo de 2012.
v) 08 de marzo de 2012 a 08 de agosto de 2012.
vi)10 de agosto de 2012 a 21 de diciembre de 2012.

19) Al respecto, argumentó que obran en el expediente certificaciones y pruebas
testimoniales que demuestran la prestación personal del servicio incluso en los
lapsos donde no existía contrato formalizado, que, además, la demandante
ejecutaba las labores por instrucción de la entidad para garantizar su continuidad.

20) Así mismo, censuró la declaratoria de prescripción sobre las acreencias
anteriores al 25 de abril de 2016, pues sostuvo que no existió solución de
continuidad entre los contratos, toda vez que las interrupciones fueron meramente
formales; afirmó que se continuó prestando sus servicios durante los períodos
vacacionales a petición de la Universidad. En tal sentido, considera que se trató de
un solo vínculo laboral desde el 13 de febrero de 2009 hasta el 30 de diciembre de
2017, por lo que no se configuró la prescripción.

1.7. Trámite de segunda instancia

21) En auto de 28 de noviembre de 20236, se admitió el recurso de apelación, el
cual fue notificado en debida forma sin que la demandante ni la parte demandada
se pronunciaran.

22) La Procuradora Segunda Delegada ante el Consejo de Estado, allegó
concepto7 en el cual solicitó confirmar la sentencia apelada, pues acorde con la
jurisprudencia vigente se configuró una interrupción del vínculo superior a 30 días,
específicamente 40 días hábiles entre el contrato finalizado el 24 de junio de 2016
y el iniciado el 2 de agosto de 2016, circunstancia que obliga a contabilizar el
término de prescripción de manera independiente para cada uno de los vínculos.

23) En consecuencia, señaló que las prestaciones derivadas de los vínculos
previos al 22 de abril de 2016 se encuentran prescritas, siendo procedente
únicamente el reconocimiento sobre el último lapso comprendido entre agosto 2016
a diciembre 2017, frente a la cual la reclamación administrativa de 2019 fue
oportuna.

Como no se observa causal que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir
previas las siguientes,

6
Auto visible en el índice 5 del expediente digital disponible en SAMAI.
7
Documento visible en el índice 11 del expediente digital disponible en SAMAI.

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II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

24) De acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de

lo Contencioso Administrativo8, el Consejo de Estado es competente para resolver
el recurso de apelación interpuesto. De igual manera, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso9, la competencia del
juez de segunda instancia está circunscrita a lo expuesto en el recurso de alzada.
Razón por la cual, la Sala estudiará únicamente los reparos efectuados por la parte
demandante.

2.2. Problema jurídico

25) De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, y en
consideración a que la sentencia declaró la existencia de una relación laboral
encubierta entre Jenny Paola Villamizar Clavijo y la Universidad de Pamplona, el
problema jurídico se contrae en establecer i) ¿si ese mismo vínculo se dio en los
lapsos no reconocidos por el a quo (13 de febrero de 2009 al 13 de abril de 2009,
del 2 de agosto de 2010 al 17 de diciembre de 2010, del 1.° de agosto de 2011 al
16 de diciembre de 2011, del 12 de enero de 2012 al 7 de marzo de 2012, del 8 de
marzo de 2012 al 8 de agosto de 2012 y del 10 de agosto de 2012 al 21 de diciembre
de 2012).

26) De acreditarse esa relación laboral encubierta, debe determinarse si hubo o no

solución de continuidad en la prestación del servicio desde febrero de 2009 y
diciembre de 2017, y si se configuró o no la prescripción en la forma indicada en la
sentencia apelada.

27) Igualmente,debe establecerse cuales son las prestaciones sociales a que
tendría derecho la demandante.

2.3. De la relación laboral encubierta o subyacente

28) En lo relacionado con el derecho al trabajo, el artículo 53 Constitucional
consagra los derechos fundamentales de los trabajadores relacionados con la
igualdad de oportunidades, remuneración mínima vital y móvil proporcional a la
cantidad y calidad de trabajo, irrenunciabilidad a los beneficios mínimos
establecidos en normas laborales, situación más favorable al trabajador en caso de
duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho y primacía
de la realidad sobre las formalidades establecidas por las partes.

29) En lo que respecta al contrato estatal de prestación de servicios el numeral 3.º
del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, señala que no son fuente de una relación

8
«El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
9
«Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos
por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.»

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laboral ni generan la obligación de reconocer y pagar prestaciones sociales; sin
embargo, la jurisprudencia de esta Corporación y de la Corte Constitucional ha
admitido que tal disposición no es aplicable cuando se demuestran los elementos
configurativos de una relación laboral, a saber: la subordinación continuada, la
prestación personal del servicio y la remuneración.

30) En esa lógica, en la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, la Sección
Segunda del Consejo de Estado reiteró ciertos criterios elaborados por la
jurisprudencia para identificar, en el marco de los contratos de prestación de
servicios, el elemento de la subordinación, en cuanto requisito sine qua non para
declarar la existencia de una relación laboral encubierta o subyacente, a saber: i)
el lugar de trabajo, ii) el horario de las labores, iii) la dirección y control efectivo de
las actividades a ejecutar, que se materializa, por ejemplo, con el ius variandi o con
la inserción del prestador del servicio en el círculo rector, organizativo o disciplinario
de la entidad; y iv) que las actividades o tareas a desarrollar correspondan de
manera idéntica, semejante o equivalente a las que tienen asignadas los servidores
de planta, siempre y cuando se reúnan los elementos configurativos de la relación
laboral5.

31) En ese orden de ideas, cuando se acredite que el servicio se prestó de manera
personal, fue remunerado y en el desarrollo del mismo se siguieron - en cualquier
momento -órdenes o instrucciones, -en cuanto al modo, tiempo o cantidad de
trabajo-, y/o el contratante impuso reglamentos al contratista, que desbordan la
coordinación que debe existir entre ellos a la hora de ejecutar el objeto contractual,
se da paso a la continuada dependencia propia de los vínculos de trabajo y se
configura la relación laboral encubierta, pues el contratista no ejerció su labor con
independencia.

2.4. Análisis de la Sala sobre el primer problema jurídico

32) Sobre el asunto en discusión, se recuerda que nos encontramos frente a un

recurso de apelación presentado por la parte demandante, quien hace reparos
sobre dos aspectos en particular, i) el desconocimiento de períodos de relación
laboral por parte del tribunal y ii) la aplicación de la prescripción.

33) En ese orden, en virtud del principio de non reformatio in pejus, la Sala limitará

su estudio a esos aspectos sin realizar valoración alguna a los lapsos que fueron
declarados por el a quo como de existencia de la relación laboral encubierta.

34) Con el fin de demostrar esa relación al proceso se aportaron copia de diferentes

contratos de prestación de servicios suscritos por las partes, así como de la
certificación expedida el 19 de enero de 201910, por la Oficina de Gestión del
Talento Humano del ente universitario, en la cual se indicó que la señora Villamizar
Clavijo suscribió las siguientes órdenes de prestación del servicio, objetos,
extremos y valor:

10
Certificación visible en las páginas 535 a 540 del Archivo 002Anexos del expediente compartido por el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander.

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No. Contrato Objeto contratado Inicio Finalización Valor

Sin datos
• de 20 de febrero de 2009 Sin datos 13/02/2009 13/04/2009

Prestar apoyo logístico en las regiones de San José del
Guaviare, Caquetá y Guajira las cuales se encuentran $7.946.667
• de 8 de mayo de 2009 11/05/2009 30/06/2009
contempladas en el desarrollo del convenio Fondo de M/cte.
Comunicaciones No 238
Prestar apoyo como coordinadora logística de las
$2.980.000
• de 17 de julio de 2009 actividades de capacitación en el desarrollo del convenio 21/07/2009 30/12/2009
M/cte.
CONSORCIO UNIKMA
Prestar apoyo en las actividades administrativas
relacionadas con la implementación del Campus $7.500.000
• de 1 de febrero de 2010 01/02/2010 30/06/2010
Académico y Estratégico SNAC de la Suite Academusoft M/cte.
en la Fundación Universitaria de San Gil
Prestar apoyo en actividades administrativas en el Sin datos
• de 2 de agosto de 2010 Consultorio Jurídico en la sede de Villa del Rosario 02/08/2010 17/12/2010

Prestar apoyo en actividades administrativas en el $5.433.333
• de 18 de enero de 2011 Consultorio Jurídico en la sede de Villa del Rosario 18/01/2011 30/06/2011
M/cte.
Prestar apoyo en actividades administrativas en el Sin datos
• de 1 de agosto de 2011 Consultorio Jurídico en la sede de Villa del Rosario 01/08/2011 16/12/2011

Prestar apoyo en el Consultorio Jurídico Sede Villa del Sin datos
30 de 12 de enero de 2012 Rosario de la Universidad de Pamplona 12/01/2012 07/03/2012

Prestar apoyo en el Consultorio Jurídico Sede Villa del Sin datos
160 de 8 de marzo de 2012 Rosario de la Universidad de Pamplona 08/03/2012 08/08/2012

Prestar apoyo en el Consultorio Jurídico Sede Villa del
770 de 10 de agosto de 2012 Rosario de la Universidad de Pamplona 10/08/2012 21/12/2012 Sin datos

En su calidad de trabajador independiente, se obliga a $12.632.37
073 de 21 de enero de 2013 prestar apoyo en las actividades administrativas del 21/01/2013 18/12/2013 3
consultorio jurídico en la sede de Villa del Rosario M/cte.
El contratista se obliga a prestar sus servicios
$6.488.533
386 de 20 de enero de 2014 personales en el consultorio jurídico (Sede Villa del 20/01/2014 27/06/2014
M/cte.
Rosario)
Prestar sus servicios personales en el consultorio $6.693.867
1514 de 7 de julio de 2014 jurídico (sede de Villa del Rosario) 07/07/2014 19/12/2014
M/cte.
Prestar sus servicios personales en la Decanatura de la
161 de 20 de enero de 2015 Facultad de Artes y Humanidades Extensión Villa del 16/01/2015 15/03/2015 $2.422.939
Rosario de la universidad de Pamplona
Prestar servicios personales en el Consultorio Jurídico $11.088.00
990 de 19 de marzo de 2015 extensión Villa del Rosario de la Universidad de Pamplona 19/03/2015 18/12/2015 0
M/cte.
Prestar sus servicios personales en la Decanatura de la
$5.200.000
118 de 19 de enero de 2016 Facultad de Artes y Humanidades Extensión Villa del 19/01/2016 24/06/2016
M/cte.
Rosario de la universidad de Pamplona
Prestar como contratista sus servicios personales en el
2134 de 2 de septiembre de área de coordinación de laboratorios y recursos físicos de $3.150.000
02/09/2016 16/12/2016
2016 la extensión de Villa del Rosario de la Universidad de M/cte.
Pamplona
Prestar como contratista sus servicios personales en el
manejo de los diferentes procesos académicos modalidad
$2.866.667
041 de 5 de enero de 2017 presencial en la oficina de admisiones registro académico 05/01/2017 30/03/2017
M/cte.
de la extensión de Villa del Rosario de la Universidad de
Pamplona
Prestar como contratista sus servicios personales en los
$10.720.00
diferentes procesos académicos en la oficina de
753 de 3 de abril de 2017 03/04/2017 30/12/2017 0
admisiones registro académico de la extensión de Villa del
M/cte.
Rosario de la Universidad de Pamplona

35) De lo anterior, vale la pena precisar que el a quo reconoció la existencia de una

relación laboral subyacente entre las partes por los siguientes lapsos: del 11 de
mayo de 2009 al 30 de junio de 2010, del 18 de enero al 30 de junio de 2011, del
21 de enero al 18 de diciembre de 2013, del 20 de enero de 2014 a 24 de junio de
2016 y del 2 de agosto de 2016 a 30 de diciembre de 2017, por estar acreditado
dentro del proceso la existencia de los contratos de prestación de servicios
celebrados en esos períodos.

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Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
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36) En ese orden, negó los extremos reclamados por la apelante por no existir en el

expediente copia de sus contratos.

37) Pues bien, la Sala se aparta de esa consideración del Tribunal toda vez que en

reiteradas decisiones se ha indicado que para el establecimiento de la relación
laboral no existe tarifa legal, ya que lo esencial es la acreditación de los elementos
que la conforman11, para lo cual la parte interesada puede hacer uso de los medios
de prueba que dispone el artículo 165 del CGP 12 —por remisión normativa del
artículo 211 del CPACA—.

38) En esa línea, esta Subsección considera que, para acreditar la prestación
personal del servicio como elemento esencial de la relación laboral subyacente, las
certificaciones expedidas por la autoridad competente que identifiquen claramente
las partes, los extremos temporales, el objeto contractual, las obligaciones y la
cuantía, constituyen pruebas idóneas, pertinentes y útiles, al mismo nivel que los
propios contratos de prestación de servicios13.

39) Teniendo en cuenta ello, el material probatorio recaudado en el proceso
demuestra que la demandante prestó sus servicios como auxiliar administrativa
según certificado de expedido por el director del Centro de Soporte y Certificación
Norte de Santander de 2 de julio de 2009, desde el 13 de febrero de 2009 hasta el
30 de junio de 2009, en el cargo de auxiliar administrativo.

40) Asimismo, obran en el expediente copias de correos electrónicos enviados a la

demandante y de esta a personal de la Universidad de Pamplona en los lapsos en
discusión, así:

i) El 3 de septiembre de 2009 la actora remite correo a la coordinadora de gestión
proyectos de la universidad, solicitando permiso por el día 4 de los mismos para
motivos personales y familiares.
ii) El 21 de junio de 2010 la señora Jenny Villamizar remite a la señora Carolina
Martínez Quintero el informe del mes de junio.
iii) El 5 de octubre de 2010 la señora Mónica Lucía Barbanti remite correo a la actora
de revisión de información para que fuese organizada y luego reenviar; el 4 de
agosto de 2010 le remite email con el asunto citación a reunión y el 14 de diciembre
de 2010 le solicita que «inicie con las impresiones deben estar listas todas para
firma hoy en la mañana de los asesores».
iv) El 6 de diciembre de 2011 la señora Mónica Lucía Barbanti envía a la actora
correo con el asunto «invitación cuarta reunión mesa de fortalecimiento» con la
solicitud «reenviar a rectoría y confirmar si debo asistir».

11
Ver, por ejemplo, la sentencia Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección
A. Sentencia de 30 de noviembre de 2023, radicado: 47001-23-33-000-2018-00036-01 (0701-2020) CP Jorge Iván Duque
Gutiérrez.
12
El artículo en cita dispone lo siguiente: «Artículo 165. Medios de prueba. Son medios de prueba la declaración de parte, la
confesión, el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los indicios,
los informes y cualesquiera otros medios que sean útiles para la formación del convencimiento del juez. El juez practicará
las pruebas no previstas en este código de acuerdo con las disposiciones que regulen medios semejantes o según su
prudente juicio, preservando los principios y garantías constitucionales».
13
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del siete (7) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024).
Rad. 25000-23-42-000-2017-06066-01 (0631-2023); veintiséis (26) de junio de dos mil veinticinco (2025) 17001-23-33-000-
2015-00149-02 (6053-2024) C.P: LUIS EDUARDO MESA NIEVES.

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v) El 7 de julio de 2011 el decano de la facultad de Artes y Humanidades de la
universidad remite email a la demandante aclarando el tema de los cursos
vacacionales y el 27 de septiembre de 2012 le requiere solucionar problemas de
clave de pruebas caes.
vi) El 13 de marzo de 2012 a la demandante le remiten el email con el asunto
«citación talleres SCIO, miércoles 14 de marzo de 2012, 9:00 a.m. virtualteca tres
(Villa del Rosario)».
vii) El 8 de octubre de 2012, se cita a la demandante a reunión de docentes de
la facultad de derecho.

41) También aparecen los siguientes extractos bancarios de la demandante con

consignaciones de la demandada a ella, así:

i) De enero a marzo de 2009, aparece abono de la Universidad de Pamplona del
27 de marzo de 2009 por valor de $486.237.
ii) De abril a junio de 2009, registra abono por valor de $1.326.723 (abril), de
$574.913 (mayo) sin consignación del mes de junio.
iii) De julio a septiembre de 2010, tiene consignación de $1.350.000 por el primer
mes, sin valor alguno por agosto y septiembre.
iv) De octubre a diciembre de 2010, aparece abono en octubre de $1.663.800;
noviembre $846.000 y diciembre $846.000.
v) De julio a septiembre de 2011, aparece consignación de $1.000.000 por el primer
mes y $985.000 por septiembre, no aparece valor alguno por agosto.
vi) De octubre a diciembre de 2011, figura abono de octubre por $985.000;
noviembre $995.000 y diciembre $995.000.
vii) De enero a marzo de 2012, registra pago en febrero de $714.231; en marzo
de $1.127.733 y de enero no aparece nada.
viii) De abril a junio de 2012, presenta por $864.595 en abril; por $1.127.733 en
mayo y en junio por $1.127.733.
ix) De julio a septiembre de 2012, registra abono de $1.127.733 por el primer mes
y por septiembre $1.090.141, no aparece valor alguno por agosto.
x) De octubre a diciembre de 2012, se consignó en octubre $1.107.833; en
noviembre $1.107.833 y en diciembre $1.127.733.

42) En el oficio de 21 de enero de 2019, la directora de la Oficina de Talento Humano

de la demandada da respuesta a una petición de la demandante relacionada con la
solicitud de certificación completa y suficiente de su vinculación, en la que se
manifestó lo siguiente:

43) En la certificación de 27 de septiembre de 2018, la entidad demandada sobre el

tiempo en discusión por la recurrente certificó lo siguiente:
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«Del 2 de agosto de 2010 al 17 de diciembre de 2010 desarrolló el siguiente objeto
contractual prestar apoyo administrativo en el consultorio jurídico en la sede de Villa
de Rosario.

Del 1.° de agosto de 2011 al 16 de diciembre de 2011, tuvo un contrato por cuatro
meses y 16 días, con el mismo objeto del ya citado.

Del 12 de enero de 2012 al 7 de marzo de 2012, celebró el contrato 30, con el mismo
objeto contractual y con las siguientes actividades:

Del 8 de marzo de 2012 al 8 de agosto de 2012 se certificó que celebró el contrato
160, así:

Del 10 de agosto de 2012 al 21 de diciembre de 2012 se indicó que celebró el contrato
770 con el siguiente objeto:

»

44) El 7 de diciembre de 2012, se certificó a favor de la demandante el apoyo y

gestión en las actividades relacionadas a la atención de la Población en situación

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de desplazamiento forzado, actividad desarrollada por el Consejo Noruego para
Refugiados con la Universidad de Pamplona.14

45) De los anteriores documentos, constata la Sala que la demandante sí prestó sus

servicios por los siguientes tiempos del 13 de febrero de 2009 al 13 de abril de
2009, del 2 de agosto de 2010 al 17 de diciembre de 2010, del 01 de agosto de
2011 al 16 de diciembre de 2011. Del 12 de enero de 2012 al 07 de marzo de 2012,
del 8 de marzo de 2012 al 8 de agosto de 2012 y del 10 de agosto de 2012 al 21
de diciembre de 2012.

46) En cuanto a los testimonios recaudados en primera instancia y solo respecto a

lo que es objeto de debate (lapsos 2009 a 2012) se destaca que la señora Cándida
Rosa Rojas Vega explicó que desde el año 2008 ingresó a trabajar como docente
de hora catedra en la universidad y conoció a la demandante desde el segundo
semestre del año 2009 cuando empezó como docente de tiempo completo hasta el
año 2015. Explicó que la conoció porque ella era quien atendía a los docentes y
alumnos15; que desempeñaba labores de secretaria del consultorio jurídico,
además afirmó «y Jenny era la persona que, por decirlo así, a veces teníamos clase
a las seis de la mañana y Jenny a esa hora llegaba y abría las puertas de consultorio
jurídico, nos veníamos a las seis, seis y media de la noche, Jenny cerraba las
puertas de consultorio jurídico. Jenny era la persona que atendía desde que iniciaba
labores a los usuarios, o sea, le daba los buenos días, buenas tardes, qué desean,
nos daba los formatos para las asesorías que los estudiantes miembros de
consultorio jurídico debían prestarle asesoría a esos usuarios, ¿sí? Entonces Jenny
era la primera persona que uno encontraba para recibir esa información. En más,
Jenny una vez recepcionaba esos asuntos, se le entregaban y ella llevaba sus
carpetas, se hacían los repartos para saber a qué estudiantes le correspondía el
caso. Además, ella ejercía funciones de archivo y pues acataba las órdenes e
instrucciones que le daba a su superior jerárquico y en ese entonces era la doctora
Mónica Lucía Barbanti, quien era la directora de consultorio jurídico y ella era pues
la que le daba las órdenes de qué debía hacer» (sic).

47) Asimismo, la testigo afirmó que la demandante también ejecutaba «funciones de

la coordinación de derechos. Y era lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Y si
había brigadas los sábados, ella tenía que estar ahí atenta…aparte de asistir a las
brigadas jurídicas, aparte de enviar los correos, aparte de estar pendiente del
archivo... también ella nos colaboraba por orden de su directora jurídica, en lo que
tenía que ver con el centro de conciliación». A la pregunta de si la demandante era
autónoma e independiente para ejecutar su labor, contestó: «No, señor. Ella recibía

14
Página 612 del Archivo 002Anexos del expediente.
15
Afirmó la testigo «O sea, ella en la parte de abajo donde quedaba la coordinación del programa, cuando llega uno a la
universidad, al frente de una plazoleta, ahí quedaba la oficina de Jenny. Uno llegaba y entraba y empujaba la puerta de vidrio
y encontraba a Jenny quien nos daba a nosotros como docentes unas listas y esas listas era donde ella nos llevaba a nosotros
el control de la hora de llegada, la hora de salida, cuáles eran, ella nos explicaba cuáles eran los salones donde debíamos
dar las clases, nos daba la información. ¿sí? Y ya después, cuando se crea consultorio jurídico, el programa de derecho,
entonces Jenny ya no queda ahí en la coordinación, sino pasa a la sede donde queda el consultorio jurídico que es hacia la
parte de arriba de la universidad, después de una cancha de microfútbol y básquet. Entonces, ahí hay un edificio y en ese
edificio nos instalamos en consultorio jurídico. Entonces, para esa época la directora del consultorio jurídico, la doctora Mónica
Lucía Barbanti Castellanos, estaba el coordinador del programa, el doctor Alfonso Cabrera, y pues Jenny era la secretaria del
consultorio jurídico. Entonces, por eso es que tengo el conocimiento que Jenny trabajaba para la universidad y era la secretaria
del consultorio jurídico» (sic).

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órdenes, instrucciones de parte de su superior jerárquico, que era la doctora Mónica
Lucía Barbanti Castellanos, directora de consultorio jurídico y era la directora del
centro de conciliación. Y Jenny también hacía esas funciones», agregó que ella
debía asistir a reuniones, mandar los correos electrónicos, cumplir las órdenes,
llevaba la agenda de todo lo que se hablaba en las reuniones para levantar el acta
respectiva.

48) El señor Hernán Abelardo Rivera Parada por su parte, indicó que como
estudiante de la Universidad de Pamplona conoció a Jenny Paola Villamizar Clavijo
en septiembre u octubre de 2009; declaró que ella laboró como auxiliar de la
coordinación del programa de derecho y del consultorio jurídico, que ella realizaba
«notificaciones de casos a los estudiantes, participaba en jornadas fuera de la
universidad, obviamente con el aval de la universidad, en jornadas de asistencia
legal, brindando apoyo con todo el tema de recepción de los listados, de temas de
recopilar la información, para demostrar que se había realizado la jornada de
asistencia legal. También realizaba acciones secretariales, llevaba la agenda de la
doctora Mónica. También para el 2011, en la parte de coordinación, recibía órdenes
del doctor Alfonso Cabrera y también de la doctora Mónica Lucía Barbanti» (sic).

49) El testigo refirió que la demandante tenía un horario de 6 am y 7pm; que ella

recibía órdenes y llamados de atención del director del programa y de la directora
del consultorio, que no era autónoma en la realización de sus actividades.
Finalmente, explicó que él, como estudiante, presenció oportunidades en las que la
demandante solicitaba permisos para ausentarse por cuestiones familiares.

La señora Mercedes Andrade Fonseca Montes rindió testimonio en el cual explicó
que conoció a la señora demandante en 2010 cuando ingresó como estudiante y la
señora Jenny Paola se desempeñaba como auxiliar de la coordinación del
programa. Sin embargo, precisó que comenzó a tener trato con la demandante en
el año 2013 cuando ingresó al consultorio jurídico, el cual terminó en el año 2015.
Sobre las funciones de la demandante expresó «ella nos asignaba los procesos,
los casos que nosotros teníamos que llevar. Nos asignaba audiencias en varias
oportunidades, pues en varias oportunidades recuerdo que nos cuidó en parciales,
llevaba, tomaba la lista de asistencias, hacía los informes, nos ayudaba con los
archivos de los casos que teníamos que pues archivar, nos asignaba las audiencias
y pues en varias oportunidades también nos acompañó a brigadas jurídicas que
hacía la Universidad de Pamplona con el Consejo Noruego y ella nos acompañaba
en representación de la universidad. Estas brigadas a veces eran aquí en el
municipio, en Cúcuta y a veces teníamos que trasladarnos a otros municipios y
pues ella iba en representación de la universidad» (sic). La testigo afirmó que esas
funciones las ejecutaba la demandante de manera presencial, que ella estaba en
el consultorio jurídico de la universidad y que recibía órdenes de la directora.

50) La señora María Díaz Soto Pavón por su parte, sostuvo que conoció a la
demandante en el año 2010 porque la fue persona que le recibió sus documentos
cuando ingresó a la universidad, y luego en el año 2013 cuando empezó consultorio
jurídico. Explicó que solo sabía que «ella trabajaba como secretaria del consultorio
jurídico bajo las órdenes de la directora del consultorio la doctora Mónica Barbanti,
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Jenny siempre estaba durante toda la jornada laboral de la mañana a la tarde», que
ella hacía toda la actividad secretarial, era la que asignaba los casos a los
estudiantes, les enviaba los correos electrónicos, atendía público.

51) Pues bien, con el material probatorio allegado al proceso se evidencia que la

señora Jenny Paola Villamizar Clavijo cumplió con la carga de demostrar la
prestación personal del servicio como auxiliar administrativa en la Universidad
de Pamplona entre el i) 13 de febrero a 13 de abril de 2009, ii) 2 de agosto de agosto
a 17 de diciembre de 2010, iii) 1 de agosto a 16 de diciembre de 2011 y iv) del 12
de enero a 21 de diciembre de 2012, salvo interrupciones.

52) De lo descrito hay que tener en consideración que, en primer lugar, es la misma

institución educativa quien certificó dichos periodos, y, segundo, tanto los
documentos descritos como los testimonios dan cuenta que, en efecto, la señora
Villamizar Clavijo laboró en esos períodos en la universidad como auxiliar
administrativa.

53) En cuanto a la contraprestación, que se refiere a las sumas de dinero recibidas

por la contratista durante la ejecución de las actividades convenidas, advierte la
Sala que no hay prueba sobre este elemento, toda vez que los documentos nada
revelan sobre ello como tampoco los testimonios recaudados, sin embargo, como
es una característica de los contratos de prestación de servicios la onerosidad, y
que en los lapsos reconocidos por el a quo que comprenden 2009, 2010 y 2011 se
acreditó el monto de los honorarios percibidos, se considera que la demandante
percibió en ese tiempo remuneración, por lo que de acreditarse la continuada
subordinación la Sala establecerá el monto de los honorarios más adelante.

54) En ese orden, la continuada subordinación y dependencia, que se refiere al

cumplimiento de órdenes por parte del contratista en cualquier momento, en cuanto
al modo, tiempo o cantidad de trabajo, la Sala procede a determinar su
configuración, para ello tendrá en cuenta los criterios determinados por esta
Corporación en la sentencia de unificación SUJ-025-CES2- 2021.

55) Así, como lugar de trabajo, se probó que la demandante tuvo las instalaciones

de la Coordinación del Programa de Derecho y el Consultorio Jurídico de la
Universidad de Pamplona. A esta conclusión se llega luego de analizar las
obligaciones que desplegó como auxiliar administrativa, según dan cuenta las
pruebas documentales y testimoniales referidas.

56) Por otro lado, en cuanto al horario de labores, vale reiterar que el servicio

prestado por la accionante comprendió desde el 13 de febrero de 2009 y el 21 de
diciembre de 2012, sin que en el expediente exista algún documento que demuestre
que la entidad demandada le imponía el cumplimiento de alguna jornada.

57) Los testimonios por su parte no fueron unívocos a la hora de precisar el inicio y

final del horario de la demandante, pero sí coincidieron que en el tiempo de
prestación del servicio del consultorio jurídico la demandante estaba allí, incluso
desde las 6:00 a.m. hasta las 7:00 p.m.

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58) En todo caso, la Sala considera que por la naturaleza de la labor la demandante

debía ejecutar sus funciones en un horario, pero como ya se ha reiterado el
cumplimiento de un horario constituye un factor esencial a convenir entre las partes
del contrato a efectos de lograr su correcta ejecución; por lo tanto, analizado
individualmente, se erige como un parámetro natural y lógico27. De suerte que este
indicio debe analizarse con los otros elementos de prueba a efectos de establecer
si, en conjunto, todos ellos acreditan la existencia de la subordinación del servicio.

59) Con relación a la dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar,

es de reiterar que el control y manejo directo de la entidad contratante sobre las
actividades ejecutadas por el contratista resultan ser un requisito fundamental a
efectos de constatar la presencia o no del elemento de subordinación. De forma
que, para probar la existencia de la relación laboral encubierta, debe la parte
demandante acreditar que se encontraba dentro del círculo rector, disciplinario y
organizativo de la entidad, a modo tal que se concluya que las actividades
ejecutadas eran dirigidas de manera contundente por la entidad contratante.

60) Pues bien, la prueba documental y testimonial revela que la demandante se

desempeñó como auxiliar administrativa en la entidad demandada, ejercía
funciones secretariales, recibía órdenes por correo electrónico, atendía usuarios,
llevaba el archivo del consultorio jurídico, estaba pendiente de lo que los docentes
y estudiantes requerían. Estas actividades son operativas, y por tal han sido
consideradas que solo pueden ejecutarse bajo continua dependencia.

61) En ese sentido, la actora no era autónoma e independiente en el desarrollo
de las labores secretariales16, pues como lo ha reiterado la Sala ello riñe con la
naturaleza misma de la actividad17.

62) De tal manera que para la Sala que la Sala revocará la sentencia apelada en
cuanto negó el reconocimiento de la relación laboral encubierta en el lapso
comprendido entre el 13 de febrero de 2009 y el 13 de abril de 2009, del 2 de agosto
de 2010 al 17 de diiembre de 2010, del 1 de agosto de 2011 al 16 de diciembre de
2011, del 12 de enero de 2012 al 7 de marzo de 2012, del 8 de marzo de 2012 al 8
de agosto de 2012 y del 10 de agosto de 2012 al 21 de diciembre de 2012.

Análisis de la Sala al segundo problema jurídico (interrupción y prescripción)

63) El a quo reconoció la relación laboral desde el 11 de mayo de 2009, por
haber ejecutado la demandante la misma actividad que en segunda instancia se
comprobó ejecutó bajo subordinación, en ese orden atendiendo que ahora se hace
desde el 13 de febrero de 2009 al 13 de abril de 2009, es evidente que entre la
terminación de este vínculo y la inciación de aquel solo transcurrieron 18 días
hábiles por lo que no hubo interrupción laboral. De tal manera que este vínculo
continuó hasta el 30 de junio de 2010.

16 ver la sentencia del 25 de enero de 2014, expediente 2014-00192-02 (radicado interno 3635-2022).
17 En ese sentido, ver, entre otras, las sentencias del 23 de junio de 2005, expediente 1998-00027; del 16 de abril de 2021,
expediente 2015-04688-01 y del 16 de junio de 2022, expediente 2017-00253-01 (0865-2020).

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64) De esa data a la de 2 de agosto de 2010 cuando inicia otro contrato realidad
con la demandante, transcurrieron 23 días hábiles, por lo que tampoco hubo
interrupción laboral hasta el 17 de diciembre de 2010 fecha final de este contrato.
65) El que tampoco se interrumpe con el siguiente período reconocido por el
tribunal comprendido entre el 18 de enero y el 30 de junio de 2011, pues solo
pasaron 20 días hábiles.

66) Desde esa útima fecha hasta la iniciación del otro vínculo que se reconoce
en esta sentencia (1 de agosto de 2011) transcurrieron 19 días hábiles, por lo que
tampoco hubo interrupción laboral; la que tampoco se presentó desde la finalización
de este (16 de diciembre de 2011) hasta la iniciación del otro (12 de enero de 2012)
pues solo pasaron 17 días hábiles, y desde la finalización de este y el incio del otro
contrato y los subsiguientes tampoco hubo interrupción labora, dado que no
pasaron más de dos hábiles entre el uno y el otro hasta el 21 de diciembre de 2012
(fecha final del extremo que se reconoce en segunda instancia).

67) A partir de esa fecha a la iniciación del otro extremo laboral reconocido por
el tribunal, 21 de enero de 2013, tampoco hubo interrupción, pues solo pasaron 16
días hábiles.

68) Por lo tanto, entre los extremos reconocidos en esta sentencia y los de
primera instancia no hubo interrupción.

69) En cuanto a la prescripción se tiene que el tribunal declaró probada esta
excepción, respecto de los derechos prestacionales causados con anterioridad al
25 de abril de 2016, reconociendo estas desde el 25 de abril de 2016 y el 30 de
diciembre de 2017. Aspecto que es objeto de apelación por la demandante.

70) Pues bien, la finalización del vínculo contractual ocurrió el 30 de diciembre
de 2017, la reclamación administrativa se presentó el 22 de abril de 2019, a la cual
se dio respuesta el 9 de mayo de 2019. El 9 de septiembre de 2019 se solicitó la
conciliación extrajudicial, la cual se celebró el 17 de octubre de 2019 y se declaró
fallida, y la demanda se incoó el 18 de octubre de 2019, esto es dentro de los tres
años siguientes a la terminación del último contrato celebrado entre las partes,
razón por la cual no hubo prescripción, y en este aspecto será revocada la sentencia
apelada.

Análisis de la Sala del tercer problema jurídico, restablecimiento del derecho

71) Una vez corroborada la existencia de la relación laboral y que en los períodos
reconocidos tanto en primera como en segunda instancia no acaeció el fenómeno
de prescripción, procede el estudio del restablecimiento del derecho de la actora.
Esto, se materializa a partir del reconocimiento y pago de las prestaciones dejadas
de percibir durante su labor con ocasión a los contratos de prestación de servicios
celebrados con la entidad demandada.

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72) En ese sentido, las sentencias de unificación SUJ2-005-16 de 25 de agosto
de 2016 y SUJ-025-CE-S2-2021 de 9 de septiembre de 2021, en cuanto el
restablecimiento del derecho cuando se reconoce la existencia de una relación
laboral, han señalado que deben tenerse en cuenta las prestaciones sociales del
orden legal recibidas por los servidores públicos de planta de la entidad de igual
categoría, liquidadas no sobre el salario de ellos, si no conforme a los honorarios
pactados en los respectivos contratos de prestación de servicios.

73) El a quo efectuó el reconocimiento de las prestaciones sociales de orden
legal causadas entre el 25 de abril de 2016 y el 30 de diciembre de 2017, pero como
ya se indicó, se hará por todo el tiempo de la relación laboral, esto es, del 13 de
febrero de 2009 al 13 de abril de 2009, del 11 de mayo de 2009 al 30 de junio de
2010, del 2 de agosto de 2010 al 17 de diciembre de 2010, del 18 de enero al 30
de junio de 2011, del 01 de agosto de 2011 al 16 de diciembre de 2011, del 12 de
enero de 2012 al 07 de marzo de 2012, del 8 de marzo de 2012 al 8 de agosto de
2012 y del 10 de agosto de 2012 al 21 de diciembre de 2012, del 21 de enero al
18 de diciembre de 2013, del 20 de enero de 2014 al 24 de junio de 2016 y del 2
de agosto de 2016 a 30 de diciembre de 2017.

74) Como el tribunal no especificó cuáles eran esas prestaciones, la Sala precisa
que son aquellas dispuestas en los Decretos 1042 y 1045 de 1978 que regulan el
régimen prestacional aplicable a los empleados públicos.

75) Estas, corresponden a aquellas a cargo del empleador y a las que tiene
derecho un servidor público vinculado a una entidad pública del orden territorial, por
ser la demandada de tal orden, según las exigencias previstas en las normas
antes citadas, es decir, cesantías, intereses a las cesantías, las vacaciones,
prima de vacaciones, prima de navidad, auxilio de alimentación, prima de
servicios de que trata el Decreto 2531 de 2014, a partir de 2015 y bonificación
por servicios prestados a partir del 1.° de enero de 2016 con fundamento en
el Decreto 2418 de 2015.

76) Procede la Sala a su liquidación, aclarando que por el primer lapso laboral
se atenderá el monto de los honorarios percibidos de mayo a junio de 2009
($1.788.000), por ser de la misma anualidad. Asimismo, se atenderán los montos
de las consignaciones efectuadas por la demandada a la demandante, que
coinciden con los valores de los honorarios pactados en algunos contratos.

77) En ese orden, se tomará el valor de $1.500.000, que figura como devengado
en 2010, $1.000.000 por 2011 y $1.127.733 por el 2012. En los demás tiempos
reconocidos por el a quo se atenderán los montos pactados en los contratos de
prestación de servicios.

78) Se reconocerá el auxilio de transporte, el subsidio de alimentación y la
dotación de calzado y vestido de labor a partir de 2011 hasta la finalización del
vínculo, por devengar menos de dos salarios mínimos legales mensuales vigentes,
pues en 2009 y 2010 superó esos montos.

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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 54001 23 33 000 2019 00290 01

Liquidación:

# INTERES
AUXILIO AUXILI
mes SALARIO SOBRE
# AUXILI DE AUXILI O DE CESANTI PRIMA
IPC es PROMED. TOTAL LA PRIMA DE
Desde IPC Dias O DE TRANSPT O DE ALIME CESANTI A DE
INICIA com MENSUA ANUAL CESANTI SERVICIO
Año FINAL por TRANS . ALIME NT A INDEXAD SERVICI
L plpo L POR SALARIOS A INDEXADA
año PT. INDEXAD NT INDEX A O
r AÑO INDEXAD
O ADO
año A

71,38
2009 60 2 1.788.000 0 0 0 0
155,73 3.576.000 304.237 663.755 13.275 0 0
71,35
2009 50 1,6 1.788.000 0 0 0 0
155,73 2.980.000 252.546 551.211 9.187 0 0
71,20
2009 180 6 1.490.000 0 0 0 0
155,73 8.940.000 792.209 1.732.735 103.964 0 0

2010 180 6 1.500.000 0 0 0 0
155,73 72,95 9.000.000 797.526 1.702.519 102.151 0 0
73,45
2010 135 4,5 1.500.000 0 0 0 0
155,73 6.750.000 589.142 1.249.109 56.210 0 0
75,31
2011 162 5,4 1.000.000 63.600 131.515 42.528 87.942
155,73 5.400.000 476.558 985.452 53.214 0 0
76,19
2011 136 4,5 1.000.000 63.600 129.996 42.528 86.926
155,73 4.533.333 396.366 810.161 36.727 0 0
78,05
2012 341 11,3 1.127.733 67.800 135.279 44.655 89.098
155,73 12.818.565 1.202.041 2.398.384 272.616 0 0
79,56
2013 326 10,8 1.155.400 70.500 137.996 46.192 90.416
155,73 12.555.347 1.171.474 2.293.033 249.176 0 0
82,47
2014 341 11,3 1.232.000 72.000 135.959 47.551 89.792
155,73 14.003.733 1.313.045 2.479.454 281.831 0 0
88,05
2015 360 12 1.232.000 74.000 130.880 49.767 88.021
155,73 14.784.000 1.453.793 2.571.257 308.551 616.000 1.089.491
92,54
2016 174 5,8 1.000.000 77.700 130.757 53.634 90.257
155,73 5.800.000 533.565 897.904 52.078 282.549 475.484
93,11
2016 180 6 1.000.000 77.700 129.956 53.634 89.705
155,73 6.000.000 553.878 926.382 55.583 293.750 491.308
96,92
2017 354 11,8 1.200.000 83.140 133.588 57.255 91.997
155,73 14.160.000 1.446.433 2.324.112 274.245 793.058 1.274.277

BONIFICA-
PRIMA DE PRIMA DE BONIFICA-
PRIMA DE VACACION PRIMA DE CIÓN POR
NAVIDAD VACACION VACACION CIÒN POR
NAVIDAD INDEXADA VACACION SERVICIO
INDEXADA INDEXADA SERVICIO
INDEXADA

300.069 654.663 149.000 325.074 149.000 325.074 0 0

239.780 523.348 124.167 271.009 124.167 271.009 0 0

760.521 1.663.426 372.500 814.739 372.500 814.739 0 0

765.625 1.634.418 375.000 800.531 375.000 800.531 0 0

571.289 1.211.257 281.250 596.311 281.250 596.311 0 0

459.333 949.833 248.879 514.645 248.879 514.645 0 0

381.529 779.834 208.935 427.057 208.935 427.057 0 0

1.108.041 2.210.828 587.367 1.171.949 587.367 1.171.949 0 0

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1.083.058 2.119.968 575.975 1.127.408 575.975 1.127.408 0 0

1.210.364 2.285.559 640.110 1.208.734 640.110 1.208.734 0 0

1.341.963 2.373.468 703.550 1.244.337 703.550 1.244.337 0 0

512.906 863.139 282.503 475.407 282.503 475.407 169.167 284.680

531.723 889.327 292.599 489.383 292.599 489.383 175.000 292.694

1.336.883 2.148.089 708.442 1.138.318 708.442 1.138.318 413.000 663.604

CONSOLIDADO
INTERES
CESANTI PRIMA DE
AUXILIO DE AUXILIO DE A SERVICIO PRIMA DE PRIMA DE BONIFICACIÒN
TRANSPTE ALIMENT CESANTIAS INDEXAD INDEXAD NAVIDAD VACACIONES VACACIONES POR SERVICIO
INDEXADO INDEXADO INDEXADA O A INDEXADA INDEXADAS INDEXADA INDEXADA

$ 1.195.927 $ 804.153 $21.585.467 $ 1.868.810 $3.330.561 $20.307.154 $10.604.902 $10.604.902 $ 1.240.978

TOTAL PRESTACIONES SOCIALES INDEXADAS: $ 71.542.854

GRAN TOTAL $ 71.542.854

79) En ese orden por concepto de prestaciones sociales le corresponden a la
demandante $71.542.854.

80) Por concepto de dotación de calzado y vestido de labor la demandante tiene
derecho a partir de la vinculación de 2011 hasta 2017 y se aclara que, dicho
reconocimiento deberá realizarse a título de indemnización por cada uno de
esos años de servicio, teniendo en cuenta el valor establecido por la entidad
demandada en cada vigencia fiscal al momento de la adquisición de la dotación.

De la condena en costas en segunda instancia

81) La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.

82) La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente
de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público;
creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha
imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás
asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.

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83) En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

55. En consecuencia, se impondrán costas a la parte demandada, por cuanto
prosperaron los reparos de la apelación. Para el efecto, de conformidad con el
artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado
ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría
del Tribunal.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: REVOCAR el numeral cuarto de la sentencia de 19 de enero de 2023
proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander; en cuanto declaró
la prescripción. En su lugar, se declara no probada la excepción de prescripción,
conforme lo dicho en la motivación.

SEGUNDO: MODIFICAR los numerales segundo y tercero de la sentencia
apelada, los cuales quedarán así:

«SEGUNDO: DECLARAR que entre la señora JENNY PAOLA VILLAMIZAR
CLAVIJO y la UNIVERSIDAD DE PAMPLONA, existió una relación laboral encubierta
en los siguientes períodos: del 13 de febrero de 2009 al 13 de abril de 2009, del
11 de mayo de 2009 al 30 de junio de 2010, del 2 de agosto de 2010 al 17 de
diciembre de 2010, del 18 de enero al 30 de junio de 2011, del 01 de agosto
de 2011 al 16 de diciembre de 2011, del 12 de enero de 2012 al 07 de marzo
de 2012, del 8 de marzo de 2012 al 8 de agosto de 2012 y del 10 de agosto
de 2012 al 21 de diciembre de 2012, del 21 de enero al 18 de diciembre de
2013, del 20 de enero de 2014 al 24 de junio de 2016 y del 2 de agosto de
2016 a 30 de diciembre de 2017, por lo ya dicho.

TERCERO: Como consecuencia de la anterior declaración, y a título de
restablecimiento del derecho, SE CONDENA a la UNIVERSIDAD DE PAMPLONA a
pagar en favor la señora JENNY PAOLA VILLAMIZAR CLAVIJO setenta y un
millones quinientos cuarenta y dos mil ochocientos cincuenta y cuatro pesos
($71.542.854), por concepto de las prestaciones sociales incluidas en la
liquidación realizada en la parte motiva de esta providencia.

Igualmente, la demandada debe reconocer la dotación de calzado y vestido
de labor a la demandante a partir de la vinculación de 2011 hasta 2017 y se
a título de indemnización, teniendo en cuenta el valor establecido por la
entidad en cada vigencia fiscal al momento de la adquisición de la dotación.

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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
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Finalmente, la entidad demandada deberá realizar los aportes de ley al
sistema de seguridad social en pensiones a favor de la demandante, por todo
el tiempo indicado en el numeral segundo de esta resolutiva».

TERCERO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada.

CUARTO: CONDENAR en costas en segunda instancia a la demandada, las
cuales serán fijadas y liquidadas en primera instancia.

QUINTO: Por Secretaría, devolver el expediente al tribunal de origen para lo de su
trámite.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

La presente actuación se encuentra firmada en el expediente digital disponible en la Sede Electrónica de la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado – SAMAI.
https://samai.consejodeestado.gov.co/

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