Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 54001-23-33-000-2021-00031-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 54001-23-33-000-2021-00031-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 54001-23-33-000-2021-00031-01
Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas
5 de octubre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D.C., cinco (5) de octubre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 54001-23-33-000-2021-00031-01 (6312-2022)
Demandante: Hugo Reinaldo Higuera Murillo
Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional
Temas: Reconocimiento pensional – Personal civil
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el 22 de septiembre de 2022 por el Tribunal Administrativo
de Norte de Santander, que accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo - CPACA, el señor Hugo Reinaldo Higuera Murillo, por
conducto de apoderada, formuló demanda en orden a que se declare la nulidad
del oficio OFI20-85386 MDNSGDAGPSAT del 28 de octubre de 2020, suscrito por la
coordinadora del Grupo de Prestaciones Sociales de la Dirección Administrativa
del Ministerio de Defensa, que le negó la pensión de jubilación.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 54001-23-33-000-2021-00031-01 (6312-2022)
Demandante: Hugo Reinaldo Higuera Murillo
Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, el
accionante solicitó condenar a la parte demandada, a lo siguiente: i) conceder el
retiro del servicio activo; ii) reconocer la pensión de jubilación, en cuantía del 75%
del último salario devengado y efectiva a partir del mes de julio de 2010; iii)
indexar el valor de las condenas y reconocer los intereses moratorios a que haya
lugar; iv) cumplir la sentencia en los términos del artículo 192 del CPACA; y v) pagar
las costas procesales.
1.1.2. Hechos
Como hechos relevantes, la apoderada del demandante señaló los siguientes:
i) El 10 de abril de 1985, el señor Hugo Reinaldo Higuera Murillo ingresó al Ejército
Nacional, Grupo de Caballería Mecanizado No. 5 General Hermógenes Maza,
como soldado regular.
ii) El 15 de agosto de 1993, el actor fue vinculado como trabajador oficial. Esta
contratación se mantuvo hasta el 31 de diciembre de 2000.
iii) El 1 de marzo de 2001, se modificaron las condiciones laborales y el accionante
fue nombrado como adjunto tercero, en el cargo de conductor y posteriormente la
denominación se modificó a auxiliar de servicios 7 y a la fecha de presentación de
la demanda ostenta el grado 9.1
iv) El 29 de septiembre de 2021, el interesado solicitó el reconocimiento de su
pensión de jubilación, al amparo del Decreto 1214 de 1990, ya que ha prestado
sus servicios de forma continua durante más de 20 años; sin embargo, esta
petición fue negada a través del acto administrativo acusado.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
1 La demanda fue interpuesta el 8 de febrero de 2021.
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Demandante: Hugo Reinaldo Higuera Murillo
Como tales se señalaron los artículos 13, 48, 53 y 216 de la Constitución Política;
el Decreto Ley 1214 de 1990; y las Leyes 33 de 1985 y 48 de 1993.
Al desarrollar el concepto de violación, la apoderada del demandante expuso lo
siguiente:
i) El tiempo que el actor prestó su servicio militar obligatorio y el acumulado en sus
restantes vinculaciones es computable para acceder a la pensión de jubilación
prevista en los artículos 98 y 99 del Decreto Ley 1214 de 1990, en armonía con el
artículo 40 de la Ley 48 de 1993.
ii) El artículo 279 de la Ley 100 de 1993 dispone que el sistema integral de
seguridad social no se aplica al personal regido por el Decreto Ley 1214 de 1990,
como es el caso del accionante, quien se vinculó con anterioridad a la entrada en
vigencia del sistema general de pensiones.
1.2. Contestación de la demanda
La apoderada de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejercito Nacional se opuso a
las pretensiones de la demanda, con fundamento en los siguientes razonamientos:
i) El señor Hugo Reinaldo Higuera Murillo ingresó a la Institución Castrense
mediante Orden Administrativa de Personal EJC 1026 del 1 de marzo de 2001.
ii) El artículo 98 del Decreto Ley 1214 de 1990 estableció la pensión de jubilación
por tiempo continuo, pero esta disposición solamente beneficia al personal civil
que se vinculó al Ministerio de Defensa Nacional antes de la entrada en vigencia
de la Ley 100 de 1993.
iii) El servicio militar obligatorio no puede tomarse como un referente de ingreso al
servicio público en las Fuerzas Militares o para determinar el régimen pensional
aplicable al actor, pues se trata de una obligación constitucional que deben cumplir
todos los colombianos mayores de 18 años y no genera vínculo laboral alguno.
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Demandante: Hugo Reinaldo Higuera Murillo
iv) El demandante se ingresó a la función pública con posterioridad al 1 de abril de
1994, por ende, su situación pensional no se rige por el Decreto Ley 1214 de
1990, sino por la Ley 100 de 1993 y sus Decretos reglamentarios, conforme lo
explicó la Corte Constitucional en la Sentencia C-1032 de 2002.
1.3. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Norte de Santander, mediante sentencia del 22 de
septiembre de 2022, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, con
sustento en las siguientes consideraciones:
i) El Decreto Ley 1214 de 1990 ampara a todo el personal civil que se hubiera
vinculado en tal condición antes del 1 de abril de 1994, sin importar que durante la
relación laboral se hubieran presentado interrupciones, pues en este último caso lo
procedente será reconocer la pensión por tiempos discontinuos regulada por el
artículo 99 ibidem.
ii) El demandante prestó su servicio militar obligatorio y laboró como trabajador
oficial antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993; sin embargo,
presentó una interrupción entre la terminación del contrato de trabajo que culminó
el 31 de diciembre de 2000 y el nombramiento como empleado público que ocurrió
el 6 de marzo de 2001; por lo tanto, tiene derecho a la prestación antes indicada.
iii) En consecuencia, se declara la nulidad del acto demandado y, a título de
restablecimiento del derecho, se ordena a la parte accionada a reconocerle al
actor la pensión de jubilación por tiempo discontinuo, liquidada con las partidas
establecidas en el artículo 102 del Decreto Ley 1214 de 1990, a partir del 1 de
junio de 2020. Se niegan las demás pretensiones de la demanda.
1.4. El recurso de apelación
La apoderada de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejercito Nacional interpuso
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recurso de apelación contra la referida sentencia con base en los siguientes
argumentos:
i) El Decreto Ley 1214 de 1990 solamente beneficia a aquellas personas que se
vincularon como personal civil antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de
1993, esto es, el 1 de abril de 1994.
ii) Conforme al artículo 4 ibidem, el empleado público del Ministerio de Defensa es
aquella persona natural a quien legalmente se le nombre para desempeñar un
cargo previsto en las plantas de personal del Ministerio de Defensa, las Fuerzas
Militares o la Policía Nacional y tome posesión del mismo.
iii) El lapso prestado en el servicio militar obligatorio únicamente puede ser tenido
en cuenta para sumar el tiempo tendiente al reconocimiento pensional, pero su
cómputo no determinaba el régimen aplicable, pues este se define por la fecha en
que se produjo el ingreso del empleado público.
iv) El artículo 98 del Decreto Ley 1214 de 1990 dispuso que no hay interrupción en
la prestación del servicio cuando la falta de continuidad es inferior a 15 días,
excepto cuando se trate del servicio militar; sin embargo, dicha situación hace
referencia a la obligación que tienen los empleadores de permitir a sus empleados
el cumplimiento de dicho deber constitucional, pero no puede tomarse como la
fecha en que una persona ingresa como empleado de la Fuerza Pública.
v) El señor Hugo Reinaldo Higuera Murillo ingresó a laborar en el año 2001, es
decir, que antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 no era
beneficiario de un régimen especial, «pues ni siquiera se encontraba vinculado al
servicio de la Institución Castrense».
vi) Las pruebas aportadas al plenario no permiten tener claridad de la clase de
vinculación que tuvo el actor entre el mes de agosto de 1993 y diciembre de 2010
[sic], por lo que no es posible concluir que cumple con los requisitos establecidos
en los artículos 1 al 5 del Decreto Ley 1214 de 1990, por ende, su situación
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pensional se rige por la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios.
1.5. Intervenciones en segunda instancia
Los sujetos procesales se abstuvieron de intervenir en esta instancia.
1.6. El Ministerio Público
El agente del Ministerio Público no rindió concepto.
La Sala decide, previas las siguientes
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
Conforme a los argumentos expuestos por la entidad apelante, el problema
jurídico consiste en determinar si el demandante es beneficiario de la pensión de
jubilación establecida por el Decreto Ley 1214 de 1990 para el personal civil del
Ministerio de Defensa y la Policía Nacional.
2.2. Marco normativo
La Ley 100 de 1993 creó el régimen general de pensiones con el objetivo de
unificar esta materia; sin embargo, en su artículo 279 estableció algunas
excepciones a la aplicación del sistema integral de seguridad social, en los
siguientes términos:
Artículo 279. Excepciones. El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en
la presente Ley no se aplica a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía
Nacional, ni al personal regido por el Decreto ley 1214 de 1990, con excepción
de aquel que se vincule a partir de la vigencia de la presente Ley, ni a los
miembros no remunerados de las Corporaciones Públicas.
[…]
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Las entidades empleadoras referidas en el presente artículo, quedan facultadas
para recibir y expedir los bonos correspondientes a los períodos de vinculación o
cotización a que hubiere lugar, de conformidad con la reglamentación que para tal
efecto se expida.
Por su parte, el Decreto Ley 1214 de 1990, que reformó el estatuto y el régimen
prestacional del personal civil del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional,
estableció el reconocimiento de pensiones de jubilación por tiempo continuo y
discontinuo, de la siguiente manera:
Artículo 98. Pensión de jubilación por tiempo continuo. El empleado público del
Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional que acredite veinte (20) años de servicio
continuo a éstas, incluido el servicio militar obligatorio, hasta por veinticuatro (24)
meses, prestado en cualquier tiempo, tendrá derecho a partir de la fecha de su retiro, a
que por el Tesoro Público se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación
equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del último salario devengado,
cualquiera que sea su edad, tomando como base las partidas señaladas en el artículo
103 de este Decreto.
Parágrafo. Para los reconocimientos que se hagan a partir de la vigencia del presente
Decreto, se entiende por tiempo continuo, aquel que no haya tenido interrupciones
superiores a quince (15) días corridos, excepto cuando se trate del servicio militar.
Artículo 99. Pensión de jubilación por tiempo discontinuo. El empleado público del
Ministerio de Defensa o de la Policía Nacional que sirva veinte (20) años discontinuos
al Ministerio de Defensa, a la Policía Nacional o a otras entidades oficiales, y llegue a
la edad de cincuenta y cinco (55) años si es varón, o cincuenta (50) años si es mujer,
tendrá derecho a partir de la fecha de su retiro a que por el Tesoro Público se le pague
una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento
(75%) del último salario devengado, tomando como base las partidas señaladas en el
artículo 102 de este Estatuto.
No quedan sujetas a esta regla las personas que trabajen en actividades que por su
naturaleza justifiquen excepción y que la ley determine expresamente.
[…]
De acuerdo con las normas antes transcritas, se concluye que el personal civil del
Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional vinculado antes del 1 de abril de
1994, fecha de entrada en vigor de la Ley 100 de 1993 para los empleados
públicos de la rama ejecutiva del orden nacional,2 tienen derecho al
reconocimiento de una pensión de jubilación a partir si retiro del servicio, luego de
acumular 20 años de labores ininterrumpidas, cualquiera que sea su edad, o el
mismo tiempo de trabajo discontinuo en tal calidad, caso en el cual también será
2 De acuerdo con los artículos 1° y 2° del Decreto 691 de 1994.
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Demandante: Hugo Reinaldo Higuera Murillo
necesario colmar el requisito de edad (55 hombres y 50 mujeres).
El anterior razonamiento encuentra respaldo en la sentencia C-665 de 1996,
suscrita por la Corte Constitucional, que declaró exequible la excepción contenida
en el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, con fundamento en los siguientes
argumentos:
En este sentido, cabe advertir que el artículo 11 de la misma ley señala que el
Sistema General de Pensiones, con las excepciones previstas en el artículo 279
ibídem, se aplica sin distingo alguno a todos los habitantes del territorio nacional.
Desde luego que la normatividad en referencia, respeta los derechos adquiridos
conforme a las disposiciones anteriores para quienes a la fecha de la vigencia de la
ley hubieren cumplido los requisitos para acceder a la pensión o ya estuvieren
pensionados por jubilación, vejez, invalidez, sustitución o sobrevivientes tanto del
sector público como del Instituto de Seguros Sociales y del sector privado en
general.
En esta forma, cabe señalar lo que la norma acusada protege son los derechos
adquiridos y regulados por disposiciones especiales para quienes al momento de la
vigencia de la ley se encontraban vinculados a las Fuerzas Militares, Policía
Nacional y personal regido por el Decreto 1214 de 1990. En tal sentido, con
respecto a los nuevos servidores, es decir, aquellos vinculados en el mismo
ramo dentro de la vigencia de la norma en referencia, no se desconocen
derechos adquiridos salvo lo estipulado en el artículo 11 de la Ley 100 de
1993.
Por lo tanto, el precepto impugnado, contrario a lo que sostiene el actor, no hace
cosa distinta que reconocer la voluntad del constituyente, diferenciando dos
situaciones, que no constituyen en manera alguna discriminación: de una parte, la
del personal que se había vinculado al Ministerio de Defensa, la Policía Nacional
y la Justicia Penal Militar antes de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993, para
quienes se mantendrán las disposiciones especiales en materia de seguridad
social y en especial, el previsto en el Decreto-Ley 1214 de 1990, cuyos derechos
adquiridos deben ser respetados y garantizados, y de la otra, el personal de las
mismas instituciones que se vinculó a partir de la vigencia de la citada ley, a quienes
se les aplica el Sistema Integral de Seguridad Social consagrado en la Ley 100 de
1993, y que por consiguiente no gozan de derechos adquiridos, razón por la cual es
procedente, dada la fecha de su vinculación, aplicarles el Sistema Integral de
Seguridad Social consagrado en la Ley 100 de 1993. [Resalta la Sala].
El criterio expuesto también fue acogido por la Corte Constitucional en la
Sentencia C-1143 de 2004, al concluir que «los civiles que laboran para el
servicio de esas entidades [Ministerio de Defensa y la Policía Nacional],
vinculados con posterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993 no cuentan
con un régimen especial, sino que por el contrario, se encuentran sujetos a la
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Demandante: Hugo Reinaldo Higuera Murillo
normatividad general del régimen de seguridad social, aplicable a todos los
servidores del Estado».
A su vez, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado tuvo
oportunidad de pronunciarse frente a la temática objeto de análisis y expresó que
«el Sistema de Seguridad Social integral de que trata la ley 100 de 1993 no se
aplica a los miembros activos de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional
independientemente de la fecha de su vinculación, ni al personal regulado por el
decreto ley 1214 de 1990, esto es, al personal Civil del Ministerio de Defensa y de
la Policía Nacional, que había sido vinculado antes de entrar en vigencia la ley
100 de 1993. Por el contrario, al personal Civil de estas instituciones cuya
vinculación fue posterior a la vigencia la ley 100, se le aplica en su totalidad el
referido Sistema».3
2.3. Hechos probados4
• El 28 de enero de 2013, el comandante del Grupo de Caballería Mecanizado No.
5 «GR. HERMÓGENES MAZA» hizo constar que el señor Hugo Reinaldo Higuera
Murillo, para los meses de enero y febrero de 2001, se encontraba laborando
como conductor – trabajador oficial en dicha dependencia y que estaba
«pendiente de nombramiento, el cual se dio mediante Orden Administrativa de
Personal No. 1026 de fecha 01-03-2001, con novedad fiscal 06 de marzo de
2001».5
• El 26 de febrero de 2013, por Oficio 20135620149731: MDN-CGFM-CE-JEDEH-
DIPER-SJU, el subdirector de Personal del Ejército Nacional le informó al
demandante lo siguiente:
Con toda atención y en respuesta a su petición, en la cual requiere el
reconocimiento de la pensión de jubilación, me permito indicar que una vez
3 Concepto del 22 de febrero de 2011, radicado 11001-03-06-000-2010-00081-00 (2020).
4 Las pruebas aportadas al plenario se encuentran en el expediente digital enviado por el Tribunal Administrativo de
Norte de Santander, visible en la plataforma SAMAI del Consejo de Estado.
5 Similar información fue suministrada el 31 de octubre de 2012 por el jefe de la Sección de Transportes del Grupo
Caballería Mecanizado No. 5 Maza.
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Radicación: 54001-23-33-000-2021-00031-01 (6312-2022)
Demandante: Hugo Reinaldo Higuera Murillo
verificados los documentos aportados por usted para el reconocimiento del tiempo
de servicio, comprendido entre el mes de Enero y Febrero de 2001, ya le fue
tramitado para efectos de su hoja de servicio, por tanto efectivamente usted está
cobijado bajo el régimen 1214 de 1990.
De acuerdo a lo anterior, usted puede tramitar su solicitud de retiro por PENSIÓN DE
JUBILACIÓN a través de la Unidad de la cual usted es orgánico, indicando la Novedad
Fiscal con la que desea ser retirado, a fin de expedir el Acto y Administrativo de
retiro y remitir a la DIRECCIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES y GRUPO DE PRESTACIONES
SOCIALES DEL MINISTERIO DE DEFENSA, paralo de su trámite.
• El 29 de mayo de 2014, mediante Oficio 20145620564471: MDN-CGFM-CE-JEDEH-
DIPER-SJU, el subdirector de Personal del Ejército Nacional le informó al accionante
que, una vez verificada su hoja de vida, se encontró que fue vinculado como
trabajador oficial, en vigencia del Decreto Ley 1214 de 1990, desde el 15 de
agosto de 1993 hasta el 31 de diciembre de 1994. Además, que tiene la calidad de
empleado público desde el 6 de marzo de 2001. A partir de este recuento, se
concluyó lo siguiente:
El Decreto 1214 de 1990 establece que la pensión de jubilación estará a cargo del
Ministerio de Defensa Nacional, siempre y cuando el empleado acredite (20) años
de servicio continuo y además señala que se entiende por tiempo continuo aquel
que no haya tenido interrupciones superiores a 15 días.
[…]
De acuerdo con lo anterior, es importante señalar que entre la fecha de terminación
de la prórroga 744 (31-12-2000) y la fecha de su nombramiento (06 de marzo de
2001) transcurrieron más de 60 días, por tanto se pierde la continuidad que exige el
artículo 98 del Decreto 1214 de 1990, pues como bien lo señala la norma, la
continuidad se pierde por interrupciones de tiempo superiores a 15 días.
Quiere decir lo anterior, que al haber perdido en este lapso la continuidad que le
daba los contratos de trabajo y sus respectivas prórrogas, su nombramiento como
empleado Público Civil el 06 de marzo de 2001, se lleva a cabo en vigencia de la
Ley 100 de 1993. Por tanto, su régimen pensional corresponde al de la Ley 100 de
1993.
[…]
• El 3 de agosto de 2020, por Oficio 2020313001312191, el oficial del Área
Administrativa de Personal del Ejército Nacional le informó al actor lo siguiente:
[…] consultado el Sistema de Información de Administración de Talento Humano
SIATH, encontramos:
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Radicación: 54001-23-33-000-2021-00031-01 (6312-2022)
Demandante: Hugo Reinaldo Higuera Murillo
• Tiempo como Trabajador Oficial que data en su primer registro del 15 de octubre
de 1993 y posterior. Su fecha de vinculación como empleado civil no uniformado
de la planta de empleados públicos del Ministerio de Defensa Nacional,
asignados al Ejército Nacional, fue del 6 de marzo de 2001 como adjunto tercero
mediante Orden Administrativa de Personal 1026 del 1 de marzo de 2001,
siendo en consecuencia su Régimen Pensional, aquel establecido en la Ley 100
de 1993, motivo por el cual se realizan sus aportes por pensión PORVENIR.
Bajo tal consideración para obtener el beneficio pensional tendrán que encontrarse
cumplidos los requisitos previstos en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993,
modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003 […].
• El 5 de septiembre de 2020, el oficial de la Sección Atención al Usuario DIPER
certificó que el señor Hugo Reinaldo Higuera Murillo con código MOCE GRUPO DE
CABALLERÍA MECANIZADA #5 GR. HERMÓGENES MAZA, ha prestado sus servicios de la
siguiente forma:
NOVEDAD DISPOSICIÓN FECHAS TOTAL
DE A AA-MM-DD
SERVICIO MILITAR CERTIF No. 4418 14-09-2010 10-04-1985 30-10- 01-06-20
1986
CONTRATO (TIEMPO COMPLETO) CONTTRAB No. 951 15-10-1993 15-08-1993 31-12- 00-04-16
1993
CONTRATO (TIEMPO COMPLETO) ACTCTO No. 147 14-03-1994 01-01-1994 31-12- 01-00-00
1994
CONTRATO (TIEMPO COMPLETO) ACTCTO No. 251 24-03-1995 01-01-1995 31-12- 01-00-00
1995
CONTRATO (TIEMPO COMPLETO) ACTCTO No. 269 21-05-1996 01-01-1996 31-12- 01-00-00
1996
CONTRATO (TIEMPO COMPLETO) ACTCTO No. 199 21-04-1997 01-01-1997 31-12-1997 01-00-00
CONTRATO (TIEMPO COMPLETO) ACTCTO No. 183 20-04-1998 01-01-1998 31-12-1998 01-00-00
CONTRATO (TIEMPO COMPLETO) ACTCTO No. 127 12-03-1999 01-01-1999 31-12-1999 01-00-00
CONTRATO (TIEMPO COMPLETO) ACTCTO No. 744 31-12-1999 01-01-2000 31-12-2000 01-00-00
CIVIL TIEMPO CONTINUO OAP-EJC No. 1026 01-03-2001 06-03-2001 05-09-2020 19-05-29
Total tiempos reconocidos en EJÉRCITO NACIONAL 28-05-05
Al expediente se allegó el Contrato de Trabajo 951 del 15 de octubre de 1993,
suscrito por el ministro de Defensa Nacional, en ejercicio de las facultades
conferidas por los Decretos 222 de 1983 y 1929 de 1991 y el artículo 136 del
Decreto 1214 de 1990. Mediante dicho acto, el demandante fue vinculado para
desempeñarse como conductor en el Grupo de Caballería Mecanizado No. 5
Maza. Además, se aportaron las actas de prórroga de dicho contrato para los años
1996 a 2000, en las que también se hizo alusión a las prórrogas de los años 1994
y 1995.
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Radicación: 54001-23-33-000-2021-00031-01 (6312-2022)
Demandante: Hugo Reinaldo Higuera Murillo
• El 28 de octubre de 2020, por oficio OFI20-85386 MDNSGDAGPSAT, la coordinadora
del Grupo de Prestaciones Sociales de la Dirección Administrativa del Ministerio
de Defensa le informó al demandante que el tiempo registrado «en el SIAHT del
Ministerio de Defensa no le es computable para adquirir la pensión de jubilación
contemplada en el artículo 98 del Decreto Ley 1214 de 1990, toda vez que usted
pertenece al régimen contemplado en la Ley 100 de 1993».
En consecuencia, «no existe actuación administrativa que adelantar por parte de
este Grupo de Prestaciones Sociales del Ministerio de Defensa Nacional, toda vez
que es al fondo de pensiones en el cual se encuentra realizando cotizaciones para
pensión en donde usted se debe dirigir una vez cumpla los requisitos establecidos
en la Ley 100 de 1993».
2.4. El caso concreto. Análisis de la Sala
La entidad apelante afirmó que el señor Hugo Reinaldo Higuera Murillo no es
beneficiario del régimen pensional previsto por el Decreto Ley 1214 de 1990 para
el personal civil del Ministerio de Defensa Nacional, por las siguientes razones: i)
el tiempo en que el interesado prestó el servicio militar obligatorio no es relevante
para los efectos pretendidos; ii) no existe certeza respecto de la clase de relación
laboral que tuvo el accionante durante los años 1993 a 2001; y iii) el demandante
se vinculó como empleado público a partir del 6 de marzo de 2001.
Frente al primer argumento de defensa, le asiste razón a la apoderada del
ministerio demandado, pues esta corporación en anteriores oportunidades ha
expresado que la prestación del servicio militar obligatorio no es un supuesto
válido para entender cumplida la vinculación antes de la entrada en vigencia Ley
100 de 1993, con miras a la aplicación del Decreto Ley 1214 de 1990, pues la
norma se dirige exclusivamente al personal civil del Ministerio de Defensa o de la
Policía Nacional.6
6 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 22 de abril de 2021, radicado 54001-23-33-000-2017-
00613-01 (4453-2019).
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Demandante: Hugo Reinaldo Higuera Murillo
En efecto, el artículo 2 ibidem prevé que conforman el personal civil del Ministerio
de Defensa y de la Policía Nacional, las personas naturales que presten sus
servicios en el Despacho del Ministro, en la Secretaría General, en las Fuerzas
Militares o en la Policía Nacional.
Sin embargo, la Sala se aparta de los demás razonamientos esbozados por dicha
cartera en el recurso de alzada, pues el aludido estatuto clasificó al personal civil
en empleados públicos y trabajadores oficiales.7 En lo que atañe a estos últimos
se destacan las siguientes disposiciones:
Artículo 7. Trabajador oficial. Denominase trabajador oficial la persona natural que
preste sus servicios en el Ministerio de Defensa, en las Fuerzas Militares o en la
Policía Nacional, cuando su vinculación se opere mediante contrato de trabajo.
Artículo 132. Vinculación laboral. El Ministerio de Defensa podrá vincular,
mediante contrato de trabajo, a personas naturales para el desempeño de labores
técnicas, docentes, científicas, de construcción y mantenimiento de obras y equipos,
de confecciones y talleres, cuando la actividad o labor no está contemplada para ser
desempeñada por empleados públicos.
Parágrafo. No podrán contratarse personas que se encuentren disfrutando de
pensión del Estado, salvo las excepciones previstas en la ley.
Artículo 136. Autoridad que contrata. Los contratos de trabajo y sus prórrogas
serán suscritos únicamente por el Ministro de Defensa, en representación del
Ministerio y por delegación del Presidente de la República.
En este caso se encuentra acreditado que el actor fue vinculado como trabajador
oficial para desempeñar el cargo de conductor en el en el Grupo de Caballería
Mecanizado No. 5 Hermógenes Maza y el contrato de trabajo cumplió con las
formalidades previstas en el artículo 136 del Decreto 1214 de 1990, pues lo
suscribió el ministro de Defensa e invocó dicha norma para ejercer su
competencia.8
A su vez, el Ejército Nacional en los diferentes escritos enviados al demandante,
en sede administrativa, le ratificó que hizo parte del personal civil desde el 15 de
7 Artículo 3 del Decreto Ley 1214 de 1990.
8 El artículo 3 del Decreto 1167 de 1926 dispuso que «[e]l Ejército se dividirá en las armas de Infantería, Caballería,
Artillería, Ingenieros y Aviación, y tendrá como auxiliares las tropas de sanidad».
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agosto de 1993. Inclusive, esa condición no varió en el mes de marzo de 2001, ya
que simplemente pasó de ser trabajador oficial a empleado público y mantuvo la
función de conductor para la que fue contratado inicialmente.
Así las cosas, se encuentra demostrado que el accionante se vinculó al personal
civil del Ejército Nacional antes del 1 de abril de 1994 y, por lo tanto, se encuentra
exceptuado de la aplicación de la Ley 100 de 1993, por cuanto así lo dispone
expresamente el artículo 279 de esta norma.
A su vez, esta corporación ha sostenido que el tiempo laborado bajo la modalidad
de trabajador oficial es válida para acceder al régimen ahora analizado, bajo el
entendido de que en virtud del artículo 140 del Decreto Ley 1214 de 1990 «se les
hizo extensivo a los servidores vinculados mediante contrato a término fijo el
sistema de seguridad social previsto en el Título VI del mismo decreto, en este
caso, lo referente a la pensión de jubilación (arts. 98 a 102)».9
Ahora bien, conforme a los documentos allegados al expediente se observa que la
parte accionada no desconoce que el actor ha estado vinculado en la planta de
personal civil, sino que la interrupción laboral que se presentó entre el 31 de
diciembre de 2000 y el 6 de marzo de 2001 se tradujo en la pérdida del régimen
pensional previsto en el Decreto Ley 1214 de 1990; sin embargo, esta corporación
ha expresado que dicho entendimiento no se encuentra ajustado al ordenamiento
superior por las siguientes razones:10
[…] la Sala observa que el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 previó que el sistema
general de seguridad social resultaba inaplicable al personal regido por el Decreto
ley 1214 de 1990, «con excepción de aquel que se vincule a partir de [su] vigencia
[…]», sin que pueda afirmarse que el legislador haya impuesto, a manera de requisito
sine qua non para conservar el régimen especial, tener la calidad de personal civil en
ese preciso momento. Entonces, como el artículo 48 de la Constitución Política
determinó que «[p]ara adquirir el derecho a la pensión será necesario cumplir con la
edad, el tiempo de servicio, las semanas de cotización o el capital necesario, así como
las demás condiciones que señala la ley», no es dable exigir requisitos no establecidos
9 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 28 de febrero de 2008, radicado 25000-23-25-000-
2000-07531-01 (5055-05).
10 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 8 de octubre de 2020, radicado 63001-23-33-000-
2017-00070-01 (0776-18).
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en el ordenamiento jurídico para mantener el régimen de jubilación por tiempo
discontinuo.
En ese sentido, debe decirse que si el régimen especial del personal civil consagró
posibilidades de pensionarse con períodos continuos o discontinuos, no podría
entenderse que la excepción en comento se refirió exclusivamente a una de aquellas
modalidades, puesto que la garantía de efectividad de las prerrogativas allí contenidas
implican el respeto de las expectativas legítimas de pensionarse bajo las normas más
favorables contenidas en el artículo 99 del Decreto ley 1214 de 1990 que tenían
todos aquellos que prestaron sus servicios en condición de personal civil del Ministerio
de Defensa Nacional, la Policía Nacional, la justicia penal militar y su Ministerio
Público antes del advenimiento del sistema general de seguridad social. Lo
contrario, sería admitir una suerte de derogatoria de tal articulado, conclusión
contraria al artículo 279 de la mencionada Ley 100, que precisamente quiso
preservar las condiciones de jubilación del aludido personal.
Así las cosas, si bien el cálculo de tiempo no continuo para efectos del artículo 99
del Decreto ley 1214 de 1990 permite la acumulación de períodos de vinculación
independientes posteriores a la Ley 100 de 1993, también lo es que no es adecuado
desconocer los interregnos de servicio prestados, como personal civil, antes de que
empezara a regir tal normativa. En efecto, resultaría contrario a los principios de
equidad, justicia social y pro homine, así como a los tratados internacionales
atañederos a estos11, desconocer que el trabajo efectuado bajo la égida de este antes
de la entrada en vigor de aquella, máxime cuando del mentado artículo 279 se infiere
que su aplicación es para los nuevos empleados civiles vinculados durante su
vigencia, mas no para los que con anterioridad fueron nombrados en dicha condición.
Esta interpretación se encuentra en consonancia con la jurisprudencia de esta
Corporación acerca de la aplicación en el tiempo de los regímenes pensionales
exceptuados12, en aquellos casos en que el servidor no mantiene inalterada la calidad
que lo hace destinatario de la norma especial y colma el requisito de tiempo con
vinculaciones posteriores a la entrada en vigor, para cada caso, de la Ley 100 de
199313.
De acuerdo con el anterior lineamiento interpretativo, el régimen pensional previsto
en el Decreto Ley 1214 de 1990 ampara al personal civil que haya estado
vinculado en esa calidad con antelación a la entrada en vigencia del sistema
11 V. gr. Art. 5 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); art. 29 Convención Americana sobre Derechos
Humanos (CADH); art. 5 Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (PIDESC); art. 1.1. Convención
contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; art. 41 Convención sobre los Derechos del
Niño.
12 Al respecto, puede verse la interpretación que sobre la aplicación de la Ley 812 de 2003 ha efectuado la Corporación
respecto del régimen exceptuado del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en sentencia de 5 de
diciembre de 2019, (sección segunda, subsección B), Expediente 17001-23-33-000-2014-00087-01 (4375-2015).
13 Sobre el aspecto en comento, la sala de consulta y servicio civil de esta Corporación, en concepto de 10 de agosto de
2012, expediente 11001-03-06-000-2011-00004-00(2048), C. P. Luis Fernando Álvarez Jaramillo, precisó que, de acuerdo
con la Ley 812 de 2003, existen dos grupos de personas: (i) «Integrado por los docentes nacionales, nacionalizados y
territoriales, que estaban vinculados al servicio público educativo oficial al momento de entrar en vigencia la ley 812
de 2003, es decir el 27 de junio de 2003; para este grupo el régimen prestacional aplicable es el establecido en las
normas que como docentes los regían para esa fecha, es decir, la ley 91 de 1989 y demás normas concordantes»; y (ii)
«Conformado por quienes estando vinculados a otros sistemas o sectores al entrar en vigencia la ley 812 de 2003, es
decir, el 27 de junio de ese año, ingresan por primera vez al sector público educativo oficial».
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general de seguridad social (1 de abril de 1994); y, por lo tanto, dichos servidores
tendrán derecho a que se les reconozca la pensión de jubilación, ya sea por
tiempos continuos o discontinuos, dependiendo de cómo se haya desarrollado la
relación laboral.
En consecuencia, las interrupciones que se hubieren podido presentar durante la
vinculación no generan la pérdida de los beneficios establecidos en dicho estatuto,
pues se desconocerían los principios pro homine y de favorabilidad que amparan a
aquel trabajador oficial o empleado público que hizo parte de la planta de personal
civil del Ministerio de Defensa o del Ejército Nacional antes del 1 de abril de 1994
y que por lo tanto tenía una expectativa legítima de mantener las condiciones
pensionales establecidas en el Decreto Ley 1214 de 1990, pues así lo dispuso el
artículo 279 de la Ley 100 de 1993 y lo ratificó la Corte Constitucional en las
Sentencias C-665 de 1996 y C-1143 de 2004.
Entonces, si bien es cierto que el señor Higuera Murillo tuvo una vinculación
laboral como personal civil del Ejército Nacional con posterioridad a la Ley 100 de
1993, también lo es que no existe razón para desconocer los servicios prestados,
en igual condición, antes de que empezara a regir dicha normativa.
Además, del artículo 279 ibidem se infiere que el régimen general de pensiones rige
para los nuevos servidores que ingresan como personal civil de la Fuerza Pública
durante su vigencia, mas no para los que con anterioridad fueron nombrados en la
aludida calidad, como es el caso del demandante.
En consecuencia, el actor es beneficiario de la pensión de jubilación por tiempos
discontinuos, regulada por el artículo 99 del Decreto Ley 1214 de 1990.
De otro lado, esta Subsección observa que en una de las respuestas a un derecho
de petición elevado por el accionante se dio a entender que estaba afiliado al
Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir; sin embargo, al plenario no se allegó
ningún tipo de afiliación o reporte de semanas que diera cuenta de tal situación, ni
el debate se edificó sobre ese supuesto.
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Sin embargo, en aras de que la pensión decretada por el a quo cuente con el
financiamiento necesario, se confirmará la decisión apelada con la aclaración de
que la parte demandada podrá adelantar las gestiones administrativas tendientes
a que se le devuelvan los aportes que hubiere girado a otros fondos o
administradoras de pensiones con ocasión de la vinculación laboral del
demandante.
2.5. De la condena en costas
El artículo 188 del CPACA establece que «[s]alvo en los procesos en que se ventile
un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil».
Con base en tal mandato, esta Subsección venía sosteniendo que para imponer
condena en costas, en vigencia del CPACA, se atendía una valoración objetiva,14
en la que el juez debía ordenarlas siempre y cuando se hubieran causado y en la
medida de su comprobación, sin considerar factores subjetivos como la buena fe o
la temeridad de las partes.
Sin embargo, dicho criterio debe revisarse a la luz del artículo 47 de la Ley 2080
de 2021, en tanto adicionó un inciso al artículo 188 del CPACA para precisar que
«[e]n todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento
legal».
De esta manera, debe entenderse que con la anterior modificación el juez está
llamado a analizar la conducta de las partes en el proceso, así como la
sustentación jurídica de sus intervenciones con el fin de determinar si es
procedente o no imponer costas a cargo de alguna de ellas.
14 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-2014), actor:
José Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: Dr. William Hernández Gómez.
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En el presente caso, los sujetos procesales ejercieron su defensa bajo la
convicción de que contaban con suficiente respaldo legal, también aportaron
pruebas y se apoyaron en la jurisprudencia vigente para obtener un
pronunciamiento favorable a sus intereses, por lo que esta Sala se abstendrá de
imponer condena en costas en segunda instancia.
3. Conclusión
Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices
jurisprudenciales trazadas por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional en
casos análogos fáctica y jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el
acervo probatorio, se concluye que la decisión del a quo se ajustó a las directrices
interpretativas que regían la situación particular de la demandante, por lo cual será
confirmada, pero con la aclaración de que la parte demandada podrá adelantar las
gestiones administrativas tendientes a que se le devuelvan los aportes que
hubiere girado a otros fondos o administradoras de pensiones con ocasión de la
vinculación laboral del demandante.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Confirmar la sentencia del 22 de septiembre de 2022, proferida por el
Tribunal Administrativo de Norte de Santander, que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda en el proceso promovido por el señor Hugo Reinaldo
Higuera Murillo contra la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, con la
aclaración de que la parte demandada podrá adelantar las gestiones
administrativas tendientes a que se le devuelvan los aportes que hubiere girado a
otros fondos o administradoras de pensiones con ocasión de la vinculación laboral
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Radicación: 54001-23-33-000-2021-00031-01 (6312-2022)
Demandante: Hugo Reinaldo Higuera Murillo
del demandante, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
Segundo. Sin condena en costas en segunda instancia.
Tercero. En firme esta sentencia, devolver el expediente al tribunal de origen,
previas las anotaciones de rigor.
Notifíquese y cúmplase
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.
cgg
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