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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 54001-23-33-000-2021-00052-01

Fecha
17 de julio de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 54001-23-33-000-2021-00052-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Confirmar la sentencia proferida el 13 de marzo de 2025 por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, que denegó las pretensiones de la demanda presentada por Yolanda Ramírez Vargas contra el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, y en su lugar se dispone: Segundo. No condenar en costas en esta instancia. Tercero. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del Consejo de Estado. Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente Aclara voto JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Firmado electrónicamente CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. (FNM/SLVA) 27

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 54001-23-33-000-2021-00052-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

17 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., diecisiete (17) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 54001-23-33-000-2021-00052-01 (1106-2025)
Demandante: Yolanda Ramírez Vargas
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio

Temas: Reconocimiento de pensión de jubilación. Docente vinculada con
posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el 13 de marzo de 2025 por el Tribunal Administrativo de Norte
de Santander, mediante la cual negó las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. Yolanda Ramírez Vargas presentó demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso-administrativo1, en orden a que
se declarara la nulidad del oficio del 29 de mayo de 2020 por el cual la Secretaría
de Educación de Norte de Santander le negó el reconocimiento de una pensión de

1 En lo que sigue CPACA.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 54001-23-33-000-2021-00052-01 (1106-2025)
Demandante: Yolanda Ramírez Vargas

jubilación.

2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó i) el reconocimiento de una pensión de jubilación con el 75% de los salarios
y primas que percibió en el año anterior a la adquisición del derecho, a partir del 5
de marzo de 2019 «momento en que cumplió los 55 años de edad y las 1000 semanas
de cotización», sin condicionarla al retiro del servicio; ii) el pago de las mesadas
atrasadas y la inclusión en nómina de la prestación; iii) el ajuste de valor de las
sumas reconocidas; iv) el cumplimiento del fallo en los términos de los artículos 192
y 195 del CPACA; v) los intereses moratorios a partir del día siguiente al de la
ejecutoria de la sentencia; vi) la condena en costas a la demandada.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

3.1. Yolanda Ramírez Vargas nació el 5 de septiembre de 1960.

3.2. Realizó aportes al Instituto de Seguros Sociales por 626.43 semanas

3.3. Se desempeñó como docente oficial desde el año 2005 hasta la fecha de la
presentación de la demanda2.

3.4. Solicitó el reconocimiento de la pensión de jubilación por aportes; sin embargo,
a través del acto acusado, la entidad negó tal petición.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales, se señalaron los artículos 7 de la Ley 71 de 1988; 15, numerales 1 y
2, de la Ley 91 de 1989; 6 de la Ley 60 de 1993; 115 de la Ley 115 de 1993; 279 de
la Ley 100 de 1993; 81 de la Ley 812 de 2003; y 1 y 2 del Decreto 3752 de 2003.

5. En cuanto al concepto de violación expuso lo siguiente3:

5.1. Con la expedición de la Ley 71 de 1988 se permitió computar aportes realizados
al ISS en cualquier tiempo con aquellos derivados del servicio en el sector público,
y acceder al beneficio pensional luego de completar 20 años de servicios o 1000
semanas de cotización y alcanzar el requisito de la edad.

2 El 8 de marzo de 2021; tal y como se advierte en el índice 10 del aplicativo Samai de Juzgados y

Tribunales. Archivo 2.
3 Índice 10 del aplicativo Samai de Juzgados y Tribunales, expediente digital, archivo 3 en formato

pdf.

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Radicado: 54001-23-33-000-2021-00052-01 (1106-2025)
Demandante: Yolanda Ramírez Vargas

5.2. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, los docentes
que se vincularan a partir del 1 de enero de 1990 tendrían derecho a las
prestaciones económicas y sociales vigentes para los servidores del orden nacional
previstas en los decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978 o aquellas
que se expidieran a futuro, lo que les permitía beneficiarse de las disposiciones de
la Ley 71 de 1988.

5.3. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 812 de 2003, los docentes vinculados con
anterioridad a ese año tendrían derecho al régimen prestacional previsto para el
magisterio en las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia
de esa ley. La expresión vinculados se refiere «a estar laborando o haber realizado
aportes al ISS, como normatividad aplicable a los servidores públicos del estado, antes del
23 de junio de 2003».

5.4. La demandante prestó sus servicios antes del 23 de junio de 2003, por lo que
podía beneficiarse de las prerrogativas de la Ley 71 de 1988 y comoquiera que
acreditó los requisitos para la pensión que esta norma establece, debe reconocerse
su derecho prestacional. Pues «[s]i un docente tiene acreditadas semanas de cotización
al ISS, seguramente fue porque tuvo una experiencia laboral importante antes del 26 de
junio de 2003, siendo la ley 812 de 2003, protectora de un docente del sector oficial del
orden nacional como lo exige la norma, que seguramente que por su avanzada edad no
podía completar los requisitos para su pensión de jubilación ordinaria, pudiera acreditar
tiempos de servicio oficial, junto son los realizados al ISS, para que su pensión pudiera
hacerse efectiva con la normatividad anterior».

1.2. Contestación de la demanda

6. El Fomag se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda 4, con
fundamento en que Yolanda Ramírez Vargas «fue docente provisional desde el 10 de
septiembre de 2003 hasta el 12 de julio de 2005. Posteriormente fue vinculada en propiedad
a partir del 18 de julio de 2005 y sigue ejerciendo hasta la fecha de la presentación de la
demanda»; de manera que su vinculación fue posterior a la entrada en vigencia de
la Ley 812 de 2003 y correspondía aplicarle el régimen pensional de la Ley 100 de
1993. Además, la compatibilidad de la pensión con el salario de la docente no era
aplicable en los términos señalados por la jurisprudencia de la Corte Suprema de
Justicia5.

4 Índice 10 del aplicativo Samai de Juzgados y Tribunales, expediente digital, archivo 10 en formato

pdf.
5 Aludió a una sentencia proferida por esa corporación, con ponencia del magistrado Jorge Mauricio

Burgos Ruiz, dentro del proceso con radicado 56046.

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Radicado: 54001-23-33-000-2021-00052-01 (1106-2025)
Demandante: Yolanda Ramírez Vargas

1.3. La sentencia apelada

7. El Tribunal Administrativo de Norte de Santander profirió sentencia el 13 de marzo
de 20256, mediante la cual negó las pretensiones de la demanda. Para el efecto
expuso lo siguiente:

7.1. La demandante se vinculó al servicio público educativo oficial el 5 de agosto de
2005, es decir, con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003,
por lo tanto, al no haber estado vinculada como docente oficial antes del 27 de junio
de 2003, requisito indispensable para conservar el régimen prestacional anterior, el
que le era aplicable era el previsto en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, y no el
establecido en la Ley 71 de 1988, razón por la cual no podía reclamar el
reconocimiento de una pensión por aportes con 55 años de edad y 1.000 semanas
de cotización.

7.2. Las semanas cotizadas a Colpensiones antes del 5 de agosto de 2005
únicamente acreditaban aportes al sistema general de pensiones, más no una
vinculación al servicio público educativo oficial que permitiera la aplicación del
régimen prestacional anterior.

7.3. Tampoco cumplía con las semanas cotizadas para acceder a la pensión de vejez
en el régimen de prima media, porque acreditó únicamente 1.017,32 semanas de
cotización. Esto porque, aunque el reporte de Colpensiones7 registraba un total de
626,43 semanas durante el periodo comprendido entre el 1 de agosto de 1999 y el
31 de enero de 2013, el Fomag certificó que al 25 de febrero de 2025 acreditaba
745,76 semanas cotizadas a dicho fondo, por lo tanto, no era posible contabilizar la
totalidad de las primeras porque parte de ellas se realizaron simultáneamente en
ambos regímenes. En consecuencia, únicamente se podían tener en cuenta las
cotizaciones a Colpensiones del 1 de agosto de 1999 al 31 de diciembre de 2004,
es decir, 271,56 semanas que sumadas a las del Fomag correspondían a 1.017,32,
cifra inferior a las 1.300 exigidas por el artículo 33 de la Ley 100 de 1993 modificado
por la Ley 797 de 2003.

1.4. El recurso de apelación

8. Yolanda Ramírez Vargas presentó recurso de apelación con fundamento en lo
siguiente8:

6 Índice 11 del aplicativo Samai de Juzgados y Tribunales.
7 Actualizado al 20 de agosto de 2016.
8 Índice 14 del aplicativo Samai de Juzgados y Tribunales, expediente digital, archivo en formato pdf.

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Radicado: 54001-23-33-000-2021-00052-01 (1106-2025)
Demandante: Yolanda Ramírez Vargas

8.1. Al ISS desde el 1 de agosto de 1999, de manera que podía beneficiarse de las
disposiciones de la Ley 71 de 1988 que se encuentran en concordancia con las de
las leyes 33 y 62 de 1985, por remisión del artículo 81 de la Ley 812 de 2003 en
tanto prevén una pensión equivalente al 75% de todos los factores salariales
devengados en el último año de servicio.

8.2. En aras de garantizar los derechos de acceso a la administración de justicia,
tutela judicial efectiva y el principio pro homine, debe determinarse la situación
pensional que le resulta aplicable, y evitar con ello que deba acudir nuevamente a
la jurisdicción para su definición. Al respecto, el Consejo de Estado ha adoptado la
postura de analizar la situación pensional de los docentes no solo conforme con el
régimen invocado en la demanda, sino también desde una perspectiva
constitucionalista que permite la incorporación de principios superiores al momento
de interpretar la norma en el caso concreto; de manera que, cuando un maestro no
cumple con los requisitos para el reconocimiento y pago de su pensión bajo el
régimen solicitado, debe examinarse su situación de acuerdo con los demás
regímenes pensionales aplicables, con el fin de determinar si le asiste el derecho a
la prestación. Lo anterior, toda vez que se discuten derechos que constituyen
beneficios mínimos e irrenunciables en materia de seguridad social.

8.3. El régimen especial de los docentes permite la compatibilidad entre el salario y
la pensión, sin que sea necesario entonces el retiro definitivo del servicio, pues esto
se deriva de lo dispuesto en los artículos 19, literal g) de la Ley 4ª de 1992 y 5 del
Decreto 224 de 1972.

1.5. Pronunciamiento en segunda instancia

9. De conformidad con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de
pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar9.

1.6. El Ministerio Público

10. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no se pronunció en esta
instancia10.

2. Consideraciones

9 Tal y como se indicó en el auto del 20 de mayo de 2025. Índice 6 de Samai.
10 Así se desprende del informe secretarial del 23 de julio de 2025. Índice 10 de Samai.

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Radicado: 54001-23-33-000-2021-00052-01 (1106-2025)
Demandante: Yolanda Ramírez Vargas

2.1. El problema jurídico

11. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, lo que
delimita la competencia del juez en segunda instancia11, se circunscriben a
establecer ¿si Yolanda Ramírez Vargas era beneficiaria de las prerrogativas
previstas en la Ley 812 de 2003 que le permitían acceder a la pensión prevista en
los regímenes anteriores a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993,
particularmente a la Ley 71 de 1988? De no beneficiarse de esa transición ¿cuál era
la normativa que rige su situación pensional?; y ¿si acreditó los requisitos para
acceder a esa pensión?

2.2. Marco normativo

2.2.1. Sobre el sistema de seguridad social creado por la Ley 100 de 1993 y el
régimen exceptuado de los docentes afiliados al Fomag

12. La Constitución Política previó la seguridad social en su artículo 48 como «un
servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y
control del Estado». Tiene esta connotación porque su finalidad es satisfacer, de
forma continua, una necesidad de carácter general consistente en amparar las
contingencias que se presenten para las personas derivadas de la vejez, invalidez,
enfermedad o muerte12. La norma le otorgó en su inciso segundo la calidad de
«derecho irrenunciable», por lo que es considerado un derecho fundamental al
repercutir directamente en la vida y dignidad de las personas13.

13. En virtud de lo anterior, el Estado asumió la obligación de diseñar e implementar
el sistema de seguridad social que conlleva la integración de normas que, de

11 Pues así lo dispone el artículo 328 del CGP, que señala: «Artículo 328. Competencia del superior.

El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por
el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la
ley.

Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere
adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.

En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso,
condenar en costas y ordenar copias.

El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la
modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.

En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades
procesales deberán alegarse durante la audiencia».
12 Sobre el particular se puede leer la providencia C-623 de 2004.
13 Al respecto se pueden consultar las siguientes sentencias. Sentencia T-019 de 2009, T-395 de

1998, T-076 de 1999, T-321 de 1999 y T-101 de 2001

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Demandante: Yolanda Ramírez Vargas

manera conjunta y coordinada, sirvan para regular la prestación de ese servicio
público y lograr su satisfacción14. Este mandato lo cumplió con la expedición de la
Ley 100 de 1993 que creó «el sistema de seguridad social integral» con el fin de «unificar
la normatividad y la planeación de la seguridad social […]»15. El sistema quedó
conformado por cuatro componentes o subsistemas: el Sistema General de
Pensiones, el Sistema General de Salud, el Sistema General de Riesgos
Profesionales y los Servicios Sociales Complementarios.

14. La ley reguló el Sistema General de Pensiones en su libro primero y con él unificó
los regímenes que existían con antelación, así lo señaló de forma expresa y fue
expuesto en sus antecedentes legislativos16. Está integrado por dos regímenes
específicos, autónomos e independientes, denominados: « Régimen Solidario de
Prima Media con Prestación Definida» y «Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad».
Para cada uno dispuso las instituciones encargadas de administrarlos, la afiliación,
su financiación a través de cotizaciones obligatorias y subsidios del Estado, los
requisitos para obtener la prestación social, las diferentes pensiones que reconocen,
los beneficiarios y el monto pensional.

15. El Sistema General de Pensiones reglado en la Ley 100 de 1993 rige en su
integridad todo lo relacionado con el reconocimiento pensional y las entidades que
lo administran. Es así porque su finalidad fue unificar todos los regímenes
pensionales que existían antes de su expedición, lo que consiguió al disponer que
todos los trabajadores públicos, privados e independientes deben cotizar a sus
subsistemas.

16. No obstante, el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 exceptuó del sistema integral
de seguridad social contenido en esa norma, entre otros, a los afiliados al Fomag,
para lo cual dispuso:

14 El término «sistema lo define la RAE como un «Conjunto de reglas o principios sobre una materia

racionalmente enlazados entre sí».
15 Preámbulo y artículo 6.
16 Ibidem. En la exposición de motivos de la ley se explicó lo siguiente: «[l]a dispersión de regímenes

pensiónales dentro del sector público se corresponde con gran multiplicidad, de entidades, lo cual
se refleja en la existencia de cerca de un millar de cajas, y en una tendencia a la deserción de
entidades y afiliados de Cajanal, que se suponía debía haber sido la entidad para centralizar y
homogenizar la previsión del nivel nacional. (…) Por último, se unificarán los sistemas pensionales
vigentes para el sector público y el sector privado. Los trabajadores del sector público tendrían un
régimen de beneficios y contribuciones idéntico al del sector privado, que se realizaría a través de
los mismos fondos. (…) A la larga, se eliminará la multiplicidad de regímenes e instituciones
previsionales del sector público así como las inequidades dentro del mismo, y respecto a las
pensiones del sector privado. Como en el sector privado, los beneficios extraordinarios en el sector
público tendrán que ser complementarios voluntarios y a cargo de los trabajadores y los recursos
propios de las entidades; en ningún caso estarán a cargo del fisco o de terceros, y tendrán que:
constituirse efectivamente las reservas necesarias». Congreso de la República Gaceta No. 087 -
1992 páginas 11 y 12.

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Radicado: 54001-23-33-000-2021-00052-01 (1106-2025)
Demandante: Yolanda Ramírez Vargas

«Artículo 279. Excepciones. El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la
presente Ley no se aplica a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía
Nacional, ni al personal regido por el Decreto ley 1214 de 1990, con excepción de aquel
que se vincule a partir de la vigencia de la presente Ley, ni a los miembros no
remunerados de las Corporaciones Públicas.

Así mismo, se exceptúa a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo serán
compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración. Este Fondo será
responsable de la expedición y pago de bonos pensionales en favor de educadores que
se retiren del servicio, de conformidad con la reglamentación que para el efecto se
expida». [Resalta la Sala].

17. Dentro de los denominados «regímenes exceptuados» de la aplicación de la Ley
100 de 1993, están comprendidos (i) los integrantes de las Fuerzas Militares y de la
Policía Nacional; (ii) el personal regido por el Decreto-Ley 1214 de 1990, excepto al
vinculado en vigencia de la referida ley; (iii) los miembros no remunerados de las
corporaciones públicas; (iv) los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio; y (v) los servidores de la Empresa Colombiana de Petróleos
vinculados antes de la vigencia de la Ley 797 de 200317.

18. Estos cuentan con normativa propia que fijan los requisitos que los trabajadores
beneficiarios deben cumplir para obtener la pensión y reglan sus distintas
modalidades de pensión.

19. En el sector docente oficial, la Ley 91 de 1989 «[p]or la cual se crea el Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio» distinguió entre el personal docente nacional,
nacionalizado y territorial y distribuyó las obligaciones prestacionales de los docentes
(artículos 1 y 2), según se resume a continuación:

Personal Tipo de vinculación Prestaciones sociales a Entidad responsable
docente cargo
Vinculados por Las causadas hasta 29 de La extinta Cajanal y el Fondo
nombramiento del diciembre de 1989 y en Nacional del Ahorro o las que
gobierno nacional adelante, los reajustes y la hicieren sus veces.
Nacional sustitución de pensiones
Las causadas a partir del 29 La nación y pagadas por el
de diciembre de 1989 Fomag
Las causadas hasta el 31 de Las respectivas entidades
diciembre de 1975 y en territoriales o las cajas de
adelante, los reajustes y la previsión, o las entidades que
sustitución de pensiones hicieren sus veces, a las cuales
Nacionalizado Vinculados por venía vinculado este personal
nombramiento de Las causadas en el período La Nación o las respectivas
entidad territorial de nacionalización (1 de entidades territoriales o las
enero de 1976 – 31 de cajas de previsión, o las

17 Artículo 3 que modificó el 15 de la Ley 100 de 1993.

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Demandante: Yolanda Ramírez Vargas

antes y después del diciembre de 1980), los entidades que hicieren sus
1/1/1976 (Ley 43/75) reajustes y la sustitución de veces (estas entidades deben
pensiones contribuir en los porcentajes
establecidos en el artículo 3 de
la Ley 43 de 1975).
Las causadas y no pagadas Las respectivas entidades
entre el 1 de enero de 1981 y territoriales o las cajas de
el 29 de diciembre de 1989 previsión social, o las
entidades que hicieren sus
veces, a las cuales estaba
vinculado dicho personal.
La nación debe hacer los
aportes correspondientes, en
virtud de lo pactado en los
convenios respectivos.
Las causadas a partir del 29 La nación y pagadas por el
de diciembre de 1989 Fomag

20. Uno de los componentes que regula la Ley 91 de 1989 es el régimen prestacional
con el ánimo de lograr cierta unidad e igualdad frente a la disparidad anterior, por lo
que el artículo 15 ibidem prevé que a partir de su entrada en vigor, los docentes
nacionales y aquellos que ingresen del 1° de enero de 1990 en adelante, estarán
regulados por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden
nacional, entre ellas, los decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o
que se expidan en el futuro, verbigracia, la Ley 344 de 1996.

21. En materia pensional, el citado artículo 15, numeral 3, literal b), dispone que i) a
los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989 mantendrían el régimen
prestacional que habían gozado en cada entidad territorial, de conformidad con las
normas vigentes; y ii) aquellos que ingresaron a partir del 1° de enero de 1990,
nacionales y nacionalizados, tienen derecho a una pensión de jubilación bajo el
régimen general y ordinario de pensiones del sector público nacional, de acuerdo
con los artículos 17 de la Ley 6ª de 1945 y 27 del Decreto 3135 de 1968, este último
derogado por el artículo 25 de la Ley 33 de 1985.

22. Ley 60 de 199318 asignó la administración de los servicios educativos estatales
a los municipios, financiados con recursos propios y con los provenientes de su
participación del situado fiscal, en conjunto con los departamentos. En el artículo 6
ibidem dispuso la incorporación del personal docente de los órdenes departamental,

18 «Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con

los artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y
357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.
[...]
Artículo 9. El situado fiscal, establecido en el artículo 356 de la Constitución Política, es el porcentaje
de los ingresos corrientes de la Nación que será cedido a los departamentos, el Distrito Capital y los
distritos especiales de Cartagena y Santa Marta, para la atención de los servicios públicos de
educación y salud de la población y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 49, 67 y 365 de
la Constitución Política. El Situado fiscal será administrado bajo responsabilidad de los
departamentos y distritos de conformidad con la Constitución Política».

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Radicado: 54001-23-33-000-2021-00052-01 (1106-2025)
Demandante: Yolanda Ramírez Vargas

distrital y municipal al Fomag, así como la conservación del régimen prestacional
anterior, mientras que a las nuevas vinculaciones se les aplicaría la Ley 91 de 1989.
En consecuencia, las prestaciones sociales causadas antes de la afiliación al
señalado fondo y sus reajustes, reliquidaciones y sustituciones serían cubiertas por
la respectiva entidad territorial o el ente de previsión social a la cual se hubieren
realizado los aportes; a diferencia de las que se hicieran exigibles con posterioridad,
que estarán a cargo del indicado fondo.

23. Sobre el particular, el Consejo de Estado, en sentencia del 23 de febrero de 2006,
expediente 2002 – 0594, con ponencia del magistrado Tarsicio Cáceres Toro, sobre
el tema objeto de análisis, precisó:

«De lo anterior resalta que los docentes nacionales y nacionalizados que se incorporen
a las plantas departamentales y distritales de educación en las condiciones señaladas
en la Ley 60 de 1993 quedan sometidos en cuanto a la pensión de jubilación – ordinaria
o derecho prevista en la Ley 91 de 1989, la cual es de régimen ‘ordinario’, como ya se
dijo. Y los docentes territoriales en cuanto a la citada pensión tenían que estar sometidos
a la ley pensional ‘ordinaria’ pertinente (salvo situaciones especiales que se deben
demostrar) debido a que las autoridades locales no tenían facultad constitucional para
regular esa materia; por eso algunas disposiciones dictadas en materia pensional para
los empleados territoriales por autoridades locales resultan contrarias al régimen
constitucional; claro está que las situaciones definidas y consolidadas en aplicación de
un régimen local gozan de protección conforme al Art. 146-1 de la Ley 100/93.
[…]

La Ley 115 de 1994, en la parte final del inciso 1º del artículo 115 claramente dispone:
‘El régimen prestacional de los educadores estatales es el establecido en la Ley 91 de
1989, en la Ley 60 de 1993 y en la presente Ley’. Pues bien, como ya se vio, en materia
de pensión de jubilación – ordinaria o derecho, ni la Ley 91 de 1989, ni la Ley 60 de 1993
consagraron un régimen ‘especial’; ahora, la actual ley, tampoco lo hace. Y se aclara
que el hecho que esta Ley disponga lo dicho sobre el régimen pensional en su artículo
115 que se intitula ‘Régimen Especial de los Educadores Estatales’, dado el contenido
de la norma, como ya se vio, realmente no consagra un régimen especial en materia de
pensión de jubilación – derecho de los docentes. Así, esta ley no hizo otra cosa que
ratificar el régimen de jubilación establecido en el momento, lo que indica que la Ley 33
de 1985, seguía siendo la norma aplicable para los docentes nacionales. Además, las
pensiones de jubilación de los docentes reconocidas en su tiempo al amparo de la Ley
6ª/45 o el D.L. 3135/68 (antecesoras de la Ley 33/85) lo fueron bajo disposiciones
‘generales’ de pensiones del sector administrativo, que no tuvieron el carácter de
‘especiales’.»

24. Por tanto, la Ley 33 de 1985 unificó el régimen de la pensión de jubilación de los
servidores públicos, aplicable a todos los niveles que no estuviesen exceptuados
por ley, tal como sucede para la pensión de jubilación ordinaria de los docentes
nacionales y nacionalizados respecto de quienes no se prevé un régimen legal
especial.

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Demandante: Yolanda Ramírez Vargas

25. En razón a que los docentes no gozan de régimen especial en materia pensional,
en principio, la norma aplicable es la Ley 33 de 1985, la cual dispone que los
empleados oficiales que sirvan o hayan servido 20 años continuos o discontinuos y
lleguen a la edad de 55 años tendrán derecho a pensionarse con el equivalente al
75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año
de servicio.

2.2.2. Interpretación del artículo 15, numeral 2, literal b), de la Ley 91 de 1989
en concordancia con lo regulado en las leyes 33 de 1985 y 71 de 1988

26. En cuanto a la posibilidad de aplicar la Ley 71 de 1988 a los docentes oficiales,
de conformidad con lo previsto en los artículos 81 de la Ley 812 de 2003 y 15,
numeral 2, literal b), de la Ley 91 de 1989. La Sala considera que es procedente su
aplicación, por las razones que se presentan a continuación y cuyo fundamento es
lo hasta ahora expuesto:

27. La primera razón tiene que ver con la intención que tuvo el legislador al
establecer en el numeral 2, literal b), del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 que los
docentes «gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional»
la cual permite concluir que la expresión también incluyó el régimen previsto en la
Ley 71 de 1988. Es así por cuanto en el debate legislativo del proyecto que condujo
a la expedición de la Ley 91 de 1989, al explicar el sentido del artículo 15, señaló:

«[e]l principio de iniciación prestacional o de régimen único es relativo y se entiende de
la siguiente manera: Todos los maestros colombianos, con excepción de los del nivel
superior o universitario, vinculados a la nación, de conformidad con las leyes vigentes, a
partir del 1 de enero de 1990, quedarán sometidos al sistema prestacional y de cesantías
aplicable a los empleados públicos del orden nacional […] [a]cerca del articulo 15
habría que referirse finalmente a dos aspectos: La Ley 71 de 1988 sobre pensiones de
jubilación; recoge amplias aspiraciones del movimiento pensional que al
beneficiar al Magisterio exonera de la repetición en este texto. El Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, recibe la autorización legal de extender los
servicios asistenciales a las familias de los docentes, cuando su situación financiera lo
permite»19 (se destaca).

28. De la sustentación en cita se infiere que para el legislador era innecesario
«repetir» de forma taxativa las disposiciones de la Ley 71 de 1988 o señalar la
remisión directa a esta dentro del texto de la Ley 91 de 1989, pues consideró que
aquellas se entendían incluidas dentro «del régimen vigente para los pensionados del
sector público nacional» al cual remite la segunda. En ese orden, es inviable

19 Ponencia para primer debate proyecto de Ley 49 de 1989 Senado «por la cual se crea el Fondo

Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio», página 5, Anal 103 del Congreso de la
República del 17 de octubre de 1989.

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Radicado: 54001-23-33-000-2021-00052-01 (1106-2025)
Demandante: Yolanda Ramírez Vargas

interpretar que al régimen pensional al que se refiere esta última es solo el de la Ley
33 de 1985. Aceptar ello equivaldría a restringir el campo de aplicación que el
legislador quiso darle al enunciado, máxime cuando no especificó, ni en la
exposición de motivos del proyecto de ley ni en su texto, qué parte de la Ley 71 de
1988 era aplicable y cuál no. Por ende, debe deducirse que se refería a toda.

29. Lo anterior concuerda con la segunda razón que permite asegurar que la Ley
71 de 1988 sí gobierna a los docentes por remisión del artículo 15.2 literal b) de la
Ley 91 de 1989. Este otro motivo se refiere a que aquella (incluido su artículo 7) de
manera explícita señaló que regula las pensiones de todos los servidores públicos,
sin excepción. En ese orden, también es un régimen aplicable a los empleados de
carácter nacional, por lo que encaja en el supuesto normativo contenido en la última
ley mencionada que remite para efectos pensionales de los docentes al «régimen
vigente para los pensionados del sector público nacional». El que la ley se aplique
también a trabajadores particulares no le quita este alcance y descifrarlo de este
modo desconoce su propio campo de reglamentación.

20
30. Ciertamente, el contenido de la Ley 71 de 1988 modificó las leyes que regían a
todos los servidores públicos en lo relacionado con el reajuste de las pensiones, su
monto máximo, las reglas de su sustitución, el momento a partir del cual puede
disfrutarse su pago y el derecho a la reliquidación de quien continuó en el servicio.
Lo anterior significa que sus postulados abarcaron a todos los trabajadores que
encajan en la categoría de servidores públicos.

31. Esto último también se predica del contenido de su artículo 7, puesto que el
nuevo régimen de pensión de jubilación por aportes no lo enfocó a un sector
determinado de los servidores públicos y, por el contrario, los incluyó a todos, al
prescribir que se aplicaría a los «empleados oficiales». Ello se refuerza con lo
explicado en los debates parlamentarios examinados con anterioridad y que dan
cuenta de que la norma buscó beneficiar a todos los trabajadores de los sectores
público y privado. Entonces, si legislador no señaló en la disposición normativa que
una parte de estos sería excluida del beneficio pensional, el intérprete no puede
darle ese alcance, pues del artículo no se desprende regla alguna que así permita
inferirlo.

32. Para la Sala, interpretar que el artículo 15.2 literal b), de la Ley 91 de 1989 no
remitió también al 7 de la Ley 71 de 1988 implicaría aceptar que los docentes no
hacen parte de la categoría de «empleados oficiales»21 a los que esta última norma

20 Leyes 4 de 1976, 33 de 1973, 12 de 1975, 44 de 1980 y 113 de 1985.
21 El Decreto 2277 de 1979 «Por el cual se adoptan normas sobre el ejercicio de la profesión

docente» los clasificó en su artículo 3 como «empleados oficiales de régimen especial».

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Radicado: 54001-23-33-000-2021-00052-01 (1106-2025)
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gobierna. Tal entendimiento conllevaría a aseverar, sin ser cierto, (i) que esta última
ley no contiene un régimen pensional aplicable a los empleados «del sector público
nacional» cuando los cobija a todos; y (ii) que la Ley 33 de 1985 es la única aplicable
a esta clase de trabajadores, cuando no es así.

33. Si bien la última expresión entre comillas puede dar lugar a la confusión referida,
en su entendimiento armónico con el artículo 7 de la Ley 71 de 1988 debe prevalecer
la interpretación que más garantice los derechos de los docentes en virtud del
principio de favorabilidad en materia laboral, según el cual cuando exista más de
una posible interpretación de una norma debe escogerse aquella que mayor
provecho otorgue al trabajador22. En ese orden, la que más se ajusta a la protección
de su derecho pensional es la que se afirma en esta providencia, pues amplía su
grado de protección pensional. Por consiguiente, debe inferirse que el texto
normativo también remite al artículo 7 de la Ley 71 de 1988.

34. Este último argumento se relaciona directamente con la tercera razón que avala
la tesis de aplicabilidad de la Ley 71 de 1988 a los docentes vinculados con
anterioridad a la expedición de la Ley 812 de 2003 y que consiste en afirmar que la
ley fijó unos derechos pensionales que no pueden ser desconocidos a ningún
servidor público o trabajador privado. En efecto, en su artículo 11, analizado antes
en esta providencia y que debe ser interpretado de manera sistemática con el 7 por
ser parte de un mismo texto legal y referirse a igual materia, determinó que su
contenido y las disposiciones que quedaron vigentes de las leyes 4 de 1976, 33 de
1973, 12 de 1975, 44 de 1980 y 113 de 1985, junto con la Ley 33 de 1985,
comprenden los «derechos mínimos» en materia de pensiones y sustituciones
pensionales aplicables «al sector público en general y en todos los niveles».

35. En este sentido, se debe destacar que la expresión « derechos mínimos» prevista
en este artículo fijó una base de protección de las garantías pensionales en favor
de todos los servidores públicos que no pueden ser desconocidas a un sector de
estos so pena de afectar su posibilidad de acceder a la pensión, lograr su reajuste
y sustitución. Por consiguiente, dejar de aplicar a los docentes el artículo 7 de la Ley

22 «[…]el principio de favorabilidad se utiliza en las situaciones en las que se presenta duda sobre

cuál es la disposición jurídica aplicable al momento de resolver un asunto concreto. La existencia de
este conflicto se da cuando dos o más textos legislativos que se encuentran vigentes al momento de
causarse el derecho que se reclama, son aplicables para su solución. En virtud del principio de
favorabilidad se debe escoger, en su integridad, el texto normativo que le represente mayor provecho
al trabajador, afiliado o beneficiario del Sistema de Seguridad Social (…) Igualmente, puede aplicarse
este principio cuando una norma admite más de una interpretación, caso en el cual siempre habrá
de escogerse aquella que es más favorable al trabajador». Consejo de Estado, Sección Segunda,
sentencia de unificación del 12 de abril de 2018, radicado 81001-23-33-000-2014-00012-01(1321-
15) CE-SUJ2-010-18.

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71 de 1988 suprimiría uno de esos derechos esenciales a los que se refiere el
artículo 11 ibidem, por cuanto se les impediría completar el requisito de aportes o
tiempo de servicios con la acumulación de los prestados en el sector privado y en
el público sin justificación constitucional o legal alguna.

36. Aunque puede afirmarse que ese derecho se garantiza con el régimen de
transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, puesto que si el docente
cumple con los requisitos allí establecidos, como cualquier servidor público, accede
a los beneficios de la Ley 71 de 1988, lo cierto es que una exégesis en esa dirección
va en contravía del querer del legislador de darle un tratamiento diferenciado y más
favorable en materia pensional a los docentes oficiales cuya razón de ser radica en
la naturaleza de la labor que desempeñan, que es única y que consiste en enseñar
en los planteles oficiales de educación23.

37. En esa línea, someterlos a que se rijan por el régimen transicional aludido
conlleva los siguientes efectos:

37.1. Desconoce que el hecho de ser «docente oficial» otorga por sí mismo el derecho
a regirse por el artículo 7 de la Ley 71 de 1988 porque esta categoría hace parte de
los «empleados oficiales» a los que gobierna, incluidos los «del sector público nacional»
a los que se refiere el artículo 15.2 literal b), de la Ley 91 de 1989;

37.2. Contradice el artículo 81 de la Ley 812 de 2003 y el parágrafo transitorio 1 del
Acto Legislativo 01 de 2005 que exoneraron de la aplicación de la Ley 100 de 1993
a tales docentes con el único requisito de ser vinculados antes del 27 de junio de
2003 sin supeditarlo al cumplimiento de otros, como puede ser que hubiesen
cotizado de manera exclusiva en el sector público;

37.3. Impone a los docentes cargas adicionales para acceder a la pensión por aportes
que el legislador no previó y que pone en riesgo su derecho en caso de no
completarlas; y

37.4. Desmejora su monto pensional al someter la pensión a una liquidación con el
IBL previsto en los artículos 36 y 21 de la Ley 100 de 1993, pues el régimen de

23 En efecto, de acuerdo con el artículo 2 del Decreto 2277 de 1979 «Por el cual se adoptan

normas sobre el ejercicio de la profesión docente» señala que es docente quien ejerce «[…]la
enseñanza en planteles oficiales y no oficiales de educación». La Ley 115 de 1994 en su artículo
104 los define como «[…]el orientador en los establecimientos educativos, de un proceso de
formación, enseñanza y aprendizaje de los educandos, acorde con las expectativas sociales,
culturales, éticas y morales de la familia y la sociedad». Y el Decreto 1278 de 2002 Por el cual se
expide el Estatuto de Profesionalización Docente» en el artículo 4 como quienes «[…] desarrollan
labores académicas directa y personalmente con los alumnos de los establecimientos educativos
en su proceso enseñanza aprendizaje […]».

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Radicado: 54001-23-33-000-2021-00052-01 (1106-2025)
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transición excluyó este aspecto como beneficio al aplicar el régimen anterior24.

38. Lo anterior lleva a la cuarta razón que sustenta la tesis de esta providencia y
que hace referencia a que no hay un mandato legal que disponga que los docentes
oficiales deben ejercer durante toda su vida laboral la enseñanza en el sector
público para que se les aplique el numeral 2 literal b), del artículo 15 de la Ley 91
de 1989, esto es, para tener derecho a pensionarse con las normas del régimen
pensional de los empleados del sector público nacional. En efecto, el numeral
referido trae como única condición la de ser docente oficial nacional o nacionalizado
vinculado a partir del 1.° de enero de 1981 o del 1.° de enero de 1990. En ninguno
de sus apartes exige que deba ejercerse durante un determinado tiempo la docencia
oficial.

39. Si bien el numeral aludido indicó que « cuando se cumplan los requisitos de Ley, se
reconocerá sólo una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio
del último año», lo cierto es que no especificó que la noma que contenía tales
requisitos era solo la Ley 33 de 1985. Esta expresión debe ser entendida en conjunto
con la que señala a continuación la norma y que reza que « [e]stos pensionados
gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional», que,
según se ha expuesto, comprendió también a la Ley 71 de 1988 por quererlo el
legislador y porque se aplica a todos los servidores públicos sin excepción y, por lo
tanto, encaja en el supuesto de ser un régimen aplicable a los empleados del sector
nacional, además de contener los derechos mínimos pensionales en su favor .

40. Así las cosas, el cumplimiento de «los requisitos de Ley» no puede limitarse a los
fijados en el artículo 1 de la Ley 33 de 1985 que exige 20 años de servicio en el
sector oficial, por cuanto no es la única ley a la que remite el numeral citado. En
consecuencia, exigir que el docente debió, para ser beneficiario de las disposiciones
del artículo 15.2 literal b) de la Ley 91 de 1989, ejercer durante ese periodo mínimo
la docencia en el sector público es un requerimiento ajeno al entendimiento integral
que debe hacerse de esta norma. Una interpretación en esa dirección se reitera, va
en contravía del principio de favorabilidad al elegirse una comprensión más gravosa
para el docente y, además, se adiciona la norma con un requisito que no fue fijado
por el legislador.

41. Bajo estos parámetros, el artículo 15 numeral 2 literal b), de la Ley 91 de 1989
es aplicable a un docente oficial vinculado a partir del 1° de enero de 1981 hasta
antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 (27 de junio de 2003), que
acumuló cotizaciones en otros empleos tanto del sector público como del privado,

24 Ver Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de unificación

del 28 de agosto de 2018, radicado 52001-23-33-000-2012-00143-0 y C-258 de 2013.

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Radicado: 54001-23-33-000-2021-00052-01 (1106-2025)
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pues la prerrogativa surge del hecho de ser docente oficial en tales circunstancias
y no existen otros requisitos en la ley para tal efecto.

42. La quinta razón que sustenta la tesis aquí planteada se refiere a que, si bien la
Ley 33 de 1985 en su artículo 1 dispuso que quedaban cobijados por sus reglas
todos los empleados públicos salvo «los empleados oficiales que trabajan en actividades
que por su naturaleza justifiquen la excepción que la Ley haya determinado expresamente,
ni aquellos que por ley disfruten de un régimen especial de pensiones», lo cierto es que
tal enunciado normativo que establece una excepción tan estricta no implica que a
los docentes no los pueda gobernar otra norma en temas pensionales porque las
leyes 71 de 1988 y 91 de 1989 se expidieron con posterioridad.

43. Ciertamente, si bien la naturaleza de la función docente no se exceptuó
expresamente del régimen general de pensiones ni se les impusieron condiciones
especiales distintas de las de la Ley 33 de 1985, fue el propio legislador el que
permitió que también se rigieran en materia pensional por esta última norma, al
prescribir que esta se aplicaba a todos los empleados oficiales, a través de la Ley
71 de 1988. En ese sentido, se fijó otra salvedad que permitió que los docentes no
se rigieran exclusivamente por la Ley 33 de 1985 y es aquella en la que se pretenda
acumular tiempos privados y públicos de servicio. Afirmar lo contrario conllevaría a
aceptar que ningún empleado público puede ser regido por la Ley 71 de 1988 y que
solo tendrían derecho a ello los que el artículo 1 de la Ley 33 de 1985 exceptuó de
su aplicación, conclusión que desconoce el contenido de la primera ley mencionada.

44. Las cinco razones presentadas permiten concluir que la regulación prevista en
los artículos 81 de la Ley 812 de 2003 y 15, numeral 2, literal b), de la Ley 91 de
1989 sí permite la aplicación de la Ley 71 de 1988 a los docentes oficiales, incluido
su artículo 7.

2.2.3. Entrada en vigencia del Acto Legislativo 1 de 2005 y sus efectos sobre
el régimen pensional de los docentes oficiales

45. El Acto legislativo 1 de 2005, en lo atinente al régimen pensional aplicable a los
docentes oficiales, prescribió que «[e]l régimen pensional de los docentes nacionales,
nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial es el
establecido para el Magisterio en las disposiciones legales vigentes con anterioridad a la
entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo 81 de esta. Los
docentes que se hayan vinculado o se vinculen a partir de la vigencia de la citada ley,
tendrán los derechos de prima media establecidos en las leyes del Sistema General de
Pensiones, en los términos del artículo 81 de la Ley 812 de 2003» (parágrafo transitorio
1).

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25
46. El mencionado artículo 81 de la Ley 812 de 2003 , al que hace alusión el Acto
legislativo 1 de 2005, en lo concerniente al tema bajo estudio, previó:

«Régimen prestacional de los docentes oficiales. El régimen prestacional de los
docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que se encuentren vinculados al
servicio público educativo oficial, es el establecido para el Magisterio en las disposiciones
vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley.

Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, serán
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y tendrán los derechos
pensionales del régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993
y 797 de 2003, con los requisitos previstos en él, con excepción de la edad de pensión de
vejez que será de 57 años para hombres y mujeres.
[…]

El valor total de la tasa de cotización por los docentes afiliados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio corresponderá a la suma de aportes que para salud
y pensiones establezcan las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, manteniendo la misma
distribución que exista para empleadores y trabajadores. La distribución del monto de estos
recursos la hará el Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, en lo correspondiente a las cuentas de salud y pensiones».

47. Respecto de las anteriores normas, la Sección Segunda de esta corporación, en
sentencia de unificación SUJ-014 -CE-S2 de 25 de abril de 201926, precisó:

«De acuerdo con el parágrafo transitorio 1 del Acto Legislativo 01 de 2005, son dos los
regímenes pensionales que regulan el derecho a la pensión de jubilación y/o vejez para
los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público
educativo oficial. La aplicación de cada uno de estos regímenes está condicionada a la
fecha de ingreso o vinculación al servicio educativo oficial de cada docente, así:

I) Régimen de pensión ordinaria de jubilación de la Ley 33 de 1985 para los docentes
nacionales, nacionalizados y territoriales vinculados al servicio público educativo oficial
con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.

II) Régimen pensional de prima media para aquellos docentes que se vincularon a
partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003. A estos docentes, también
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el régimen
pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los
requisitos previstos en dicho régimen, con excepción de la edad que será de 57 años
para hombres y mujeres».

48. En relación con el primer grupo de docentes, esto es, los vinculados al servicio
público educativo oficial con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de

25 «Artículo 137. Vigencia. La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga el

artículo 8º de la Ley 160 de 1994, el artículo 14 de la Ley 373 de 1997 y todas las disposiciones que
le sean contrarias». Decreto publicado en el diario oficial núm. 45.231 de 27 de junio de 2003.
26 Expediente con radicación 68001-23-33-000-2015-00569-01 (0935-2017), M.P. César Palomino

Cortés.

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Radicado: 54001-23-33-000-2021-00052-01 (1106-2025)
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2003, determinó:

«La Sección Segunda en su función unificadora, salvaguardando los principios
constitucionales de igualdad y seguridad jurídica, acoge el criterio de interpretación
sobre los factores salariales que se deben tener en cuenta para la liquidación de la
mesada pensional en el régimen de la Ley 33 de 1985 que fijó la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo y sienta jurisprudencia frente a los factores que se deben
tener en cuenta para la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los
docentes del servicio público oficial afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, fijando
la siguiente regla:

• En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes
vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que gozan del
mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación para los servidores
públicos del orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985, los factores que
se deben tener en cuenta son solo los factores sobre los que se hayan
efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1º de la Ley
62 de 1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los
enlistados en el mencionado artículo.

Con esta regla se sienta una postura interpretativa distinta a la que sostenía la
Sección Segunda a partir de la sentencia del 4 de agosto de 2010, según la cual, en
la base de liquidación de la pensión de jubilación ordinaria de los docentes se incluían
todos los factores salariales devengados durante el último año de servicios.

De acuerdo con el Acto Legislativo 01 de 2005 “Para la liquidación de las pensiones
sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere
efectuado las cotizaciones”. Los docentes no están exceptuados de esta disposición
para el goce de la pensión ordinaria de jubilación. Por lo que, en el ingreso base de
liquidación de esta pensión solo pueden ser tenidos en cuenta los factores sobre los
que se aporta y que están contenidos en el artículo 1º de la Ley 62 de 1985.
[…]

En resumen, el derecho a la pensión de jubilación de los docentes vinculados a partir
del 1 de enero de 1981 nacionales y nacionalizados y de los nombrados a partir del 1
de enero de 1990, de acuerdo con las Leyes 91 de 1989 y 33 de 1985, se rige por las
siguientes reglas:

✓ Edad: 55 años

✓ Tiempo de servicios: 20 años

✓ Tasa de remplazo: 75%

✓ Ingreso Base de Liquidación: Este componente comprende i) el período del último
año de servicio docente y ii) los factores que hayan servido de base para
calcular los aportes previstos en la Ley 62 de 1985, que son: asignación básica,
gastos de representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional y de
capacitación; dominicales y feriados; horas extras; bonificación por
servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada

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Radicado: 54001-23-33-000-2021-00052-01 (1106-2025)
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nocturna o en día de descanso obligatorio». [Se resalta]

49. En lo correspondiente al segundo grupo de maestros oficiales, conformado por
quienes ingresaron al servicio educativo a partir de la Ley 812 de 2003, en el mismo
fallo se sostuvo:

«68. Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de
2003, son igualmente afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, y son beneficiarios del régimen pensional de prima media en las
condiciones previstas en la Ley 100 de 1993 y 797 de 2003, salvo en lo que tiene que
ver con la edad, la que, según el artículo 81 de la citada Ley 812 de 2003 se unificó para
hombres y mujeres en 57 años27. Esto quiere decir, que para el ingreso base de
liquidación de este grupo de docentes debe tenerse en cuenta lo previsto en la Ley 100
de 1993 y el Decreto 1158 de 1994.

69. A este grupo de docentes les aplican las normas generales del sistema de pensiones
y no la regulación prevista en la Ley 91 de 1989. Los factores que se deben incluir en el
ingreso base de liquidación son los previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los que
se efectuaron las respectivas cotizaciones».

50. Así las cosas, tal como se consideró en la sentencia proferida de manera reciente
por esta Subsección28, de acuerdo con el parágrafo transitorio 1º. del Acto legislativo
1 de 2005, del régimen pensional de los docentes al servicio educativo depende de
si la fecha de vinculación es anterior o posterior a la entrada en vigencia de la Ley
812 del 2003, así:

50.1. Los docentes que ingresaron con anterioridad al 27 de junio de 2003 vinculados
como docentes nacionales, nacionalizados y territoriales tendrán derecho a adquirir
la pensión de jubilación de que trata la Ley 33 de 1985, al cumplir 55 años de edad29
y 20 de servicios, o según lo establecido en la Ley 71 de 1988 que la otorga con 60
años si es hombre o 55 si es mujer, cuando se acrediten 20 años o más de
cotizaciones continuas o discontinuas en el Instituto de Seguros Sociales (hoy
Administradora Colombiana de Pensiones) y en una o varias de las entidades de
previsión social del sector público. En ambos casos, con una tasa de reemplazo del
75% y sobre lo aportado durante el último año de servicios; y

50.2. Los educadores que ingresaron con posterioridad a dicha fecha podrán acceder

27 La Ley 1151 de 2007 en el artículo 160 conservó la vigencia del artículo 81 de la Ley 812 de 2003

y derogó el artículo 3 del Decreto 3752 de 2003.
28 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. sentencia del 15 de junio del 2023,

radicación 47001-23-33-000-2019-00449-01 (3521-2022), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
29 A menos que el maestro sea beneficiario del régimen de transición establecido en la Ley 33 de

1985, pues en tal caso le será aplicable la edad pensional prevista en la Ley 6ª de 1945 (50 años,
para los educadores territoriales y nacionalizados) y el Decreto 3135 de 1968 (50 años si son mujeres
y 55 si son hombres, para los del orden nacional).

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Radicado: 54001-23-33-000-2021-00052-01 (1106-2025)
Demandante: Yolanda Ramírez Vargas

a la pensión de vejez prevista en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993 (modificado
por el 9 de la Ley 797 de 2003), al colmar el número de semanas de cotización
establecido en esta última norma y llegar a la edad de 57 años de edad (sin importar
el género, pues la Ley 812 de 2003 unificó el requisito de edad para hombres y
mujeres), por lo que su liquidación será con el promedio de los salarios o rentas
sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los últimos 10 años de labores
(artículo 21 de la Ley 100) y en atención a los factores enunciados en el Decreto
1158 de 199430.

51. En suma, es procedente la aplicación de la Ley 71 de 1988, disposición que
también regla a los servidores públicos que tengan tiempos privados para alcanzar
una pensión de jubilación, sin que la Ley 91 de 1989 haya restringido la aplicación
del régimen general de pensiones de los empleados oficiales únicamente a la Ley
33 de 1985.

52. En ese sentido, los docentes que acumulen aportes por servicios prestados en
los sectores oficial y privado e ingresaron al servicio docente estatal con anterioridad
a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, también les son aplicables las
disposiciones de la Ley 71 de 1988, norma que regula la pensión por aportes de los
servidores públicos inmersos en esa situación.

2.3. Caso en concreto

2.3.1. Hechos probados

53. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:

53.1. Yolanda Ramírez Vargas nació el 5 de septiembre de 1960, según consta en el
registro civil de nacimiento y en su cédula de ciudadanía31.

53.2. Laresponsable del área administrativa y financiera de la Secretaría de
Educación del departamento de Norte de Santander emitió un certificado el 25 de
febrero de 2020, según el cual, a la fecha de expedición del documento se
encontraba vinculada y había prestado sus servicios en esa entidad territorial así32:

30 Que previó los siguientes factores sobre los que se debe efectuar aportes: a) asignación básica

mensual, b) gastos de representación; c) prima técnica, cuando sea factor de salario; d) primas de
antigüedad, ascensional y de capacitación cuando sean factor salarial; e) remuneración por trabajo
dominical o festivo; f) remuneración por trabajo suplementario o de horas extras, o realizado en
jornada nocturna; y g) bonificación por servicios prestados.
31 Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo en formato pdf «01Demanda», páginas 33 y 49.
32 Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo en formato pdf «01Demanda», páginas 34 a 36.

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Radicado: 54001-23-33-000-2021-00052-01 (1106-2025)
Demandante: Yolanda Ramírez Vargas

Novedad Acto administrativo Desde Hasta
Nombramiento en la escuela rural Int Decreto 440 del 25 de 5 de agosto de
6 de julio de 2006
presidente, municipio de Chitagá julio de 2005 2005
Nombramiento en propiedad en la
Decreto 403 del 7 de julio 7 de julio de 25 de febrero de
Escuela Rural Int presidente,
de 2006 2006 202033
municipio de Chitagá

53.3. De conformidad con el reporte de semanas cotizadas en pensiones, emitido por
Colpensiones actualizado al 20 de agosto de 201834, Yolanda Ramírez Vargas
registraba 626,43 semanas de cotización entre el 1 de agosto de 1999 y el 31 de
enero de 2013, producto de aportes realizados como trabajadora dependiente a
distintos empleadores y por cotizaciones efectuadas a su nombre; así:

Nombre o Razón Social Desde Hasta Total
Yolanda Ramirez Va 1 de agosto de 1999 31 de diciembre 1999 21,43
Yolanda Ramirez Varg 1 de febrero de 2000 31 de diciembre de 2000 47,14
Yolanda Ramirez Va 1 de enero de 2001 31 de diciembre 2001 50,86
Yolanda Ramirez Va 1 de enero de 2002 31 de enero de 2003 55,71
Yolanda Ramirez Va 1 de febrero de 2003 31 de enero de 2004 51,43
Yolanda Ramirez Va 1 de febrero de 2004 31 de marzo de 2004 8,57
Yolanda Ramirez Va 1 de abril de 2004 31 de diciembre de 2004 0
Consorcio Educadores 1 de abril de 2004 31 de diciembre de 2004 36,43
Yolanda Ramirez Va 1 de enero de 2005 31 de enero de 2005 4,29
Yolanda Ramirez Va 1 de febrero de 2005 28 de febrero de 2005 4,29
Yolanda Ramirez Va 1 de marzo de 2005 31 de agosto 2005 0
Cooperativa Multiact 1 de marzo de 2005 31 de marzo 2005 3,43
Cooperativa Multiact 1 de abril de 2005 31 de agosto de 2005 17,43
Yolanda Ramirez Va 1 de septiembre de 2005 31 de enero de 2006 21,43
Yolanda Ramirez Va 1 de febrero de 2006 31 de enero de 2007 47,14
Yolanda Ramirez Va 1 de febrero de 2007 31 de enero de 2008 51,14
Yolanda Ramirez Va 1 de febrero de 2008 31 de mayo de 2008 17,14
Yolanda Ramirez Va 1 de agosto de 2008 31 de agosto de 2008 4,29
Yolanda Ramirez Va 1 de noviembre de 2008 31 de enero de 2009 12,86
Yolanda Ramirez Va 1 de febrero de 2009 31 de marzo de 2009 8,57
Ramirez Vargas Yolan 1 de agosto de 2009 31 de diciembre de 2009 21,43
Ramirez Vargas Yolan 1 de febrero de 2010 31 de enero de 2011 51,43
Ramirez Vargas Yolan 1 de febrero de 2011 28 de febrero de 2011 4,29
Ramirez Vargas Yolan 1 de abril de 2011 31 de enero de 2012 42,86
Ramirez Vargas Yolan 1 de febrero de 2012 30 de abril de 2012 12,86
Ramirez Vargas Yolan 1 de junio de 2012 31 de enero de 2013 30

33 Por ser la fecha del certificado expedido por la Secretaría de Educación de Norte de Santander.
34 Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo en formato pdf «01Demanda», página 46.

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Radicado: 54001-23-33-000-2021-00052-01 (1106-2025)
Demandante: Yolanda Ramírez Vargas

Nombre o Razón Social Desde Hasta Total
Total, semanas cotizadas 626,43

53.4. El 19 de julio de 2019 solicitó al Fomag el reconocimiento de una pensión de
jubilación35.

53.5. Mediante oficio del 29 de mayo de 2020, la Secretaría de Educación del
departamento de Norte de Santander negó tal petición con fundamento en que la
docente se afilió al Fomag el 5 de agosto de 2005, por lo tanto, le resultaban
aplicables las disposiciones de la Ley 812 de 2003 que remitían a la Ley 100 de
1993; de manera que para acceder a la prestación reclamada debía acreditar 1.300
semanas de cotización, requisito que no cumplía36.

2.3.2. Análisis sustancial

54. De acuerdo con lo expuesto en el apartado anterior, Yolanda Ramírez Vargas
prestó sus servicios como docente oficial a partir del 5 de agosto de 2005, por lo
que no era beneficiaria de las prerrogativas dispuestas en el artículo 81 de la Ley
812 de 2003 por haberse vinculado al servicio educativo oficial con posterioridad a
su entrada en vigencia.

55. Al respecto conviene señalar que contrario, a lo manifestado por la demandante
para beneficiarse de la transición de la Ley 812, no bastaba con efectuar
cotizaciones con anterioridad al año 2003, era necesario que acreditara una
vinculación especial al servicio educativo oficial para mantener el régimen pensional
establecido para estos servidores.

56. No obstante, se ha reconocido que los docentes oficiales también podían acudir
a los regímenes anteriores, siempre y cuando fueran beneficiarios del régimen de
transición del artículo 36 de la Ley 100 que para el caso de las mujeres exige 35
años de edad o 15 años de servicios a la entrada en vigencia de la respectiva norma,
esto es al 1 de abril de 1994.

57. Sin embargo, comoquiera que nació el 5 de septiembre de 1960, a esa fecha [la
de la entrada en vigencia de la Ley 100] tenía 33 años, 6 meses y 27 días de edad,
de manera que no cumplía con el requisito de edad dispuesto en el referido artículo.
Tampoco podía hacerlo por razón del tiempo de servicio, pues sus primeras
cotizaciones a pensión las realizó el 1° de agosto de 1999, esto es, con posterioridad

35 Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo en formato pdf «01Demanda», páginas 23 a 28 y

41.
36 Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo en formato pdf «01Demanda», páginas 31 y 32.

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Radicado: 54001-23-33-000-2021-00052-01 (1106-2025)
Demandante: Yolanda Ramírez Vargas

a la vigencia de la norma.

58. Asílas cosas, la demandante no podía beneficiarse de los regímenes
pensionales anteriores a la vigencia de la Ley 100 de 1993, y le correspondía
entonces acreditar los requisitos previstos en esta última normativa.

59.Pues bien, de acuerdo con las cotizaciones reportadas completó más de 20
años de servicio, tal y como se muestra a continuación:

Total tiempo de
Modalidad Desde Hasta Años Meses Días
servicios
aportes 1 de agosto de 1999 31 de enero de 2013 626,43 semanas 12 5 14
ISS 1 de agosto de 1999 4 de agosto de 200537 297, 93 semanas 5 8 4
5 de agosto de 2005 6 de agosto de 2006 1 año, 2 días 1 0 2
Docente
13 años, 7 meses,
oficial 7 de julio de 2006 25 de febrero de 2020 13 7 19
19 días
19 15 25
+1 año -12 meses
20 3

60. Al respecto, es necesario advertir que, si bien Colpensiones reportó 626,43
semanas de cotización entre el 1 de agosto de 1999 y el 31 de enero de 2013, no
todas pueden computarse para efectos del reconocimiento pensional, pues parte de
ellas corresponde a períodos que se superponen con el tiempo servido como
docente oficial a partir del 5 de agosto de 2005. En consecuencia, para establecer
el número de semanas computables únicamente se tienen en cuenta las
cotizaciones efectuadas entre el 1 de agosto de 1999 y el 4 de agosto de 2005,
equivalentes a 297,93 semanas de cotización que no se superponen con el servicio
docente. Estas, que sumadas al tiempo de servicio acreditado como docente oficial
entre el 5 de agosto de 2005 y el 25 de febrero de 2020, equivalente a 756,71
semanas de cotización, arrojan un total de 1.043,69 semanas.

61. Lo anterior, en atención a que, de acuerdo con el reporte de Colpensiones, en el
lapso señalado [sin concurrencias] se efectuaron aportes por las siguientes
semanas:

37
Para establecer las semanas computables se tomaron íntegramente las cotizaciones registradas
entre el 1 de agosto de 1999 y el 31 de marzo de 2005, adicionalmente, el registro correspondiente
al período comprendido entre el 1 de abril y el 31 de agosto de 2005, que reporta 17,43 semanas,
para estas últimas fue necesario efectuar un prorrateo, pues durante ese lapso la demandante
ingresó al servicio docente oficial [el 5 de agosto de 2005]. En consecuencia, del total de 17,43
semanas, 14,35 semanas corresponden al período no superpuesto y 3,08 semanas al período
concurrente con el servicio docente, razón por la cual estas últimas no fueron tenidas en cuenta.

23

Radicado: 54001-23-33-000-2021-00052-01 (1106-2025)
Demandante: Yolanda Ramírez Vargas

Nombre o Razón Social Desde Hasta Total
Yolanda Ramirez Va 1 de agosto de 1999 31 de diciembre 1999 21,43
Yolanda Ramirez Varg 1 de febrero de 2000 31 de diciembre de 2000 47,14
Yolanda Ramirez Va 1 de enero de 2001 31 de diciembre 2001 50,86
Yolanda Ramirez Va 1 de enero de 2002 31 de enero de 2003 55,71
Yolanda Ramirez Va 1 de febrero de 2003 31 de enero de 2004 51,43
Yolanda Ramirez Va 1 de febrero de 2004 31 de marzo de 2004 8,57
Yolanda Ramirez Va 1 de abril de 2004 31 de diciembre de 2004 0
Consorcio Educadores 1 de abril de 2004 31 de diciembre de 2004 36,43
Yolanda Ramirez Va 1 de enero de 2005 31 de enero de 2005 4,29
Yolanda Ramirez Va 1 de febrero de 2005 28 de febrero de 2005 4,29
Yolanda Ramirez Va 1 de marzo de 2005 31 de agosto 2005 0
Cooperativa Multiact 1 de marzo de 2005 31 de marzo 2005 3,43
Cooperativa Multiact 1 de abril de 2005 31 de agosto de 2005 14,35
Total, semanas cotizadas 297,93

62. Por lo tanto, tal y como lo determinó el tribunal, Yolanda Ramírez Vargas no
completó los requisitos para beneficiarse del régimen pensional previsto en la Ley
100 de 1993 que exige 1300 semanas mínimas de cotizaciones. Lo anterior es así
pues lo cierto es que las semanas exigidas, responden a 25 años de servicios que,
como se estableció, no acreditó en el trámite este proceso.

63. Advierte la Sala que el anterior análisis se realizó en aplicación del principio iura
novit curia, conforme al cual, «[e]n materia pensional, por tratarse de un derecho
fundamental, irrenunciable y de aplicación inmediata, el juez contencioso administrativo no
está limitado para conocer del fondo del asunto a la luz del régimen pensional que invoque
la parte que reclama el reconocimiento de la prestación, sino que tiene la obligación de
aplicar el derecho y de resolver los conflictos sometidos a su conocimiento conforme la
normativa pensional que corresponda y a los supuestos fácticos de la litis»38; lo que
impone definir la controversia con fundamento en el régimen jurídico aplicable, no
obstante, la aplicación de este principio no releva a la parte demandante de acreditar
los requisitos sustanciales exigidos por el régimen correspondiente.

64. En efecto, esta Corporación39 ha expresado que el juez administrativo está en el
deber de interpretar la relación jurídico procesal trabada por las partes y no

38 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sentencia de
Unificación CE-SUJ2-010-18, 12 de abril de 2018, C. P. William Hernández Gómez, rad. 81001-23-
33-000-2014-00012-01 (1321-15).
39 Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 8 de marzo de 2018, radicado: 11001-03-25-000-

2013-00171-00(0415-13), C.P. Sandra Lisseth Ibarra

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Radicado: 54001-23-33-000-2021-00052-01 (1106-2025)
Demandante: Yolanda Ramírez Vargas

simplemente aplicar el principio de justicia rogada lo que es consecuente con el
deber de administrar justicia dispuesto en la Constitución Política, con el principio
de prevalencia del derecho sustancial y con el derecho de acceso a la
administración de justicia40. Asimismo, señaló que cuando se trata del
reconocimiento de una pensión de jubilación que se constituye en la materialización
de derechos fundamentales a la seguridad social y la vida digna el Estado debe
«dirigir, coordinar y controlar su efectiva ejecución»41, lo que se traduce en un deber
para las autoridades administrativas y judiciales de atender y, como consecuencia,
retirar los obstáculos formales que le impidan su satisfacción, por lo que cobra
mayor relevancia el análisis cuidadoso de la normativa y jurisprudencia aplicable al
asunto del peticionario que espera acceder al beneficio pensional42.

65. Con todo, el presente asunto, si bien la Sala examinó la situación pensional de
Yolanda Ramírez Vargas a la luz de los distintos regímenes que eventualmente
podrían ser aplicables, se concluyó que no reunía los presupuestos para acceder a
la prestación en ninguno de ellos, pues el régimen previsto en la Ley 71 de 1988 no
le era aplicable por haberse vinculado al servicio público educativo oficial con
posterioridad al 27 de junio de 2003 y no ser beneficiaria de la transición del artículo
36 de la Ley 100 de 1993 y, respecto del régimen de prima media, no acreditó el
número mínimo de semanas de cotización exigido para acceder a la pensión de
vejez.

66. En consecuencia, la Sala confirmará la sentencia proferida el 13 de marzo de
2025 por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, que denegó las
pretensiones de la demanda.

2.4. Costas

67. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

40 Sobre el particular se pueden consultar las sentencias de 27 de enero de 2000, proferida en el

expediente 10867; de 20 de enero de 2006, proferida por la Sección Quinta, en el expediente 3836;
de 23 de febrero de 2010, proferida en el expediente 2066; de 11 de septiembre de 2013, proferida
en el expediente 20601.
41 Sentencia T-164 de 2013
42 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 8 de mayo de 2025, radicado

08001-23-33-000-2017-01292-02 (5974-2023), MP. Juan Enrique Bedoya Escobar.

25

Radicado: 54001-23-33-000-2021-00052-01 (1106-2025)
Demandante: Yolanda Ramírez Vargas

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

68. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.

69. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma43.

70. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.

71. En el caso concreto, como no se evidenció que, en esta instancia, la parte
vencida actuase con temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia
irregular en el transcurso del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en
costas.

3. Conclusión

72. Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que Yolanda Ramírez Vargas
no era beneficiaria de las prerrogativas previstas en la Ley 812 de 2003 ni de la
transición prevista en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 que le permitieran acceder
a la pensión prevista en los regímenes anteriores a la entrada en vigencia de la Ley
100 de 1993, particularmente a la Ley 71 de 1988. De manera que es la Ley 100 de
1993 la normativa que rige su situación pensional, pero en esta oportunidad no
acreditó los requisitos para acceder a esta prestación.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

43En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).

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Radicado: 54001-23-33-000-2021-00052-01 (1106-2025)
Demandante: Yolanda Ramírez Vargas

F A L L A:

Primero. Confirmar la sentencia proferida el 13 de marzo de 2025 por el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander, que denegó las pretensiones de la demanda
presentada por Yolanda Ramírez Vargas contra el Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia, y en su lugar se dispone:

Segundo. No condenar en costas en esta instancia.

Tercero. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.

Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclara voto

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
(FNM/SLVA)

27

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