Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 54001-23-33-000-2021-00068-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 54001-23-33-000-2021-00068-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 54001-23-33-000-2021-00068-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
9 de julio de 2026
Radicado: 54001-23-33-000-2021-00068-01 (0141-2024)
Demandante: Sandra Milena Durán Sanguino
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., nueve (9) de julio de dos mil veintiséis (2026).
Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Radicación: 54001-23-33-000-2021-00068-01 (0141-2024)
Demandante: Sandra Milena Durán Sanguino
Demandado: Municipio de San José de Cúcuta – Fondo de pensiones
Públicas
Temas: Sustitución pensional. Aplicación de la Ley 100 de 1993.
Acredita convivencia real y efectiva.
Decisión: Revoca decisión que niega las pretensiones de la demanda.
I. ASUNTO
1. La Sala de Subsección A decide el recurso de apelación interpuesto por la
parte demandante, contra la sentencia de 6 de julio de 2023, proferida por el
Tribunal Administrativo de Norte de Santander, que negó las pretensiones de la
demanda.
II. ANTECEDENTES
2.1. La demanda1.
2.1.1. Pretensiones.
2. La accionante, por intermedio de apoderado instauró demanda en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el
artículo 138 de la Ley 1437 de 20112 en contra del Municipio de San José de
Cúcuta – Fondo de Pensiones Públicas del Municipio de San José de Cúcuta,
con el objeto de que se declare la nulidad de la Resolución No 102 de 19 de
diciembre de 2018, mediante la cual se negó la solicitud de reconocimiento y
pago de «la pensión de sobrevivientes», causada con ocasión del fallecimiento
del señor José Tarcicio Santafé Peñaranda.
1 Expediente digital – Índice 00002 SAMAI -PDF 002Demanda
2 «Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo».
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3. A título de restablecimiento del derecho, solicitó ordenar a la entidad
demandada el reconocimiento y pago de la «pensión de sobrevivientes» a favor
de Sandra Milena Durán Sanguino, en calidad de compañera permanente, a
partir del 11 de noviembre de 2017; junto con los reajustes legales
correspondientes, el pago de las sumas dejadas de percibir debidamente
indexadas hasta la respectiva inclusión en nómina, y la condena en costas y
agencias en derecho a la entidad demandada.
2.1.2. Hechos.
4. Señaló como fundamentos fácticos relevantes los siguientes:
5. Mediante Resolución No 069 de 8 de marzo de 1989 la Caja de previsión Social
del municipio de Cúcuta reconoció pensión de jubilación al señor José Tarcicio
Santafé Peñaranda, quien falleció por causas naturales el 11 de noviembre de
2017.
6. Expuso que el causante convivió en unión marital de hecho con la demandante
desde el 20 de junio de 2003 hasta el 11 de noviembre de 2017 compartiendo
techo, lecho, y mesa de manera permanente y singular como marido y mujer, de
acuerdo con las declaraciones extrajuicio rendidas en las notarías del círculo de
Cúcuta en los años 2005, 2007, 2011, 2014 y 2017.
7. Finalmente, señaló que presentó solicitud de reconocimiento de pensión de
sobrevivientes ante el Fondo de Pensiones Públicas del Municipio de San José
de Cúcuta, la cual fue negada mediante la Resolución N° 102 del 19 de diciembre
de 2018.
2.1.3. Normas violadas y concepto de la violación.
8. Señaló como vulnerados los artículos 1, 2, 13, 16, 24, 42 y 48 de la Constitución
Política; los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993 modificados por los artículos
12 y 13 de la Ley 797 de 2003; Ley 54 de 1990 artículo 4 modificado por la Ley
979 de 2005 artículo 2, Decreto 924 de 2005 artículo 1 y 31.
9. En el concepto de violación sostuvo, en síntesis, que los actos acusados
desconocieron el derecho de la demandante al reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes en calidad de compañera permanente del señor José Tarcicio
Santafé Peñaranda, pese a que, según afirmó, acreditó una convivencia
permanente, singular e ininterrumpida con el causante desde junio de 2003 hasta
su fallecimiento, así como una relación de dependencia económica respecto de
éste.
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10. Asimismo, afirmó que, con la decisión adoptada, el Fondo de Pensiones
Públicas del Municipio de San José de Cúcuta le vulneró a la demandante sus
derechos fundamentales a la seguridad social, a la igualdad y a la protección
integral de la familia, al desconocer las pruebas que daban cuenta de la
existencia de una unión marital de hecho y de una comunidad de vida estable
entre aquella y el causante. En ese sentido, afirmó que la entidad realizó una
valoración errónea e incompleta del material probatorio obrante en el expediente
administrativo, en especial, las declaraciones extraproceso rendidas por el
causante, por la demandante y por terceros, así como de los documentos que
acreditaban la convivencia y la dependencia económica alegadas.
11. Con fundamento en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, el Consejo
de Estado y la Corte Suprema de Justicia, argumentó que la convivencia exigida
para acceder a la pensión de sobrevivientes se debe tener en cuenta factores
como el de ayuda, socorro mutuo, ayuda económica, acompañamiento espiritual,
cariño, la convivencia bajo el mismo techo no es un factor primordial para que se
genere la prestación, siempre y cuando se justifique tal circunstancia, lo cual, en
su criterio, se encontraba demostrado en el caso concreto.
12. Por lo anterior, concluyó que la entidad demandada desconoció los
presupuestos legales y jurisprudenciales que regulan el reconocimiento de la
pensión de sobrevivientes para los compañeros permanentes, razón por la cual
solicitó la nulidad de los actos administrativos demandados y el consecuente
reconocimiento de la prestación objeto de demanda.
2.2. Contestación de la demanda3.
2.2.1. Municipio de San José de Cúcuta, por intermedio de apoderado judicial,
se opuso a las súplicas de la demanda al considerar que la demandante no
acreditó la calidad de compañera permanente del señor José Tarcicio Santafé
Peñaranda ni el cumplimiento de los requisitos previstos en los artículos 46 y 47
de la Ley 100 de 1993, modificados por la Ley 797 de 2003, es decir, no existió
convivencia efectiva durante los cinco años anteriores al fallecimiento del
causante, sino una relación sentimental.
13. Agregó que, existió oposición formulada por la señora Martha Santafé
Villamizar, hija del causante, quien allegó declaraciones extraprocesales en las
que afirmó que su padre residió durante los últimos años de su vida en el
inmueble ubicado en el barrio Quinta Oriental junto con miembros de su familia,
y no con la demandante. Añadió que diversos documentos obrantes en el
expediente administrativo registraban dicha dirección como lugar de residencia
3 Expediente digital – Índice 00002 SAMAI -PDF 015Contestación 21-00068
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del pensionado.
14. Señaló que las declaraciones extraprocesales aportadas por la demandante
y por el causante no resultaban suficientes para acreditar la unión marital de
hecho, por cuanto no correspondían a ninguno de los mecanismos previstos en
el artículo 2 de la Ley 979 de 2005, esto es, escritura pública ante Notario,
conciliación prejudicial o sentencia judicial, sin que se evidencie dentro del
plenario dicha protocolización.
15. De igual forma, indicó que, de acuerdo con la información por SaludCoop
EPS, se evidenciaba que la señora Sandra Milena Durán Sanguino figuró como
beneficiaria del cotizante entre enero de 2009 a octubre de 2013, circunstancia
que, a su juicio, desvirtuaba la convivencia exigida durante los cinco años
inmediatamente anteriores al fallecimiento ocurrido el 11 de noviembre de 2017.
16. Finalmente, afirmó que la señora Martha Santafé Villamizar, puso en
conocimiento que el 29 de agosto de 2018 la UGPP presentó denuncia contra la
demandante por los delitos de falso testimonio, estafa agravada en la modalidad
de tentativa y fraude procesal por las inconsistencias en la validación de los
documentos aportados para el reconocimiento pensional. En consecuencia, pidió
negar las pretensiones de la demanda.
2.3. La sentencia apelada4
17. El Tribunal Administrativo de Norte de Santander, mediante sentencia de 6
de julio de 2023, negó las pretensiones de la demanda.
18. Dicha Corporación fijó como problema jurídico determinar si el acto
demandado, se encontraba viciado de nulidad al negar el reconocimiento de la
pensión de sobrevivientes solicitada por la demandante con ocasión del
fallecimiento del señor José Tarcicio Santafé Peñaranda, y si, en consecuencia,
procedía el reconocimiento de dicha prestación.
19. Luego de analizar el fundamento normativo y jurisprudencial aplicable a la
pensión de sobrevivientes, consideró que el requisito esencial para el
reconocimiento de dicha prestación en favor del compañero permanente consiste
en acreditar una convivencia real y efectiva con el causante durante los cinco
años anteriores a su fallecimiento, entendida como una comunidad de vida
estable, permanente y singular, caracterizada por el apoyo mutuo, la solidaridad
y la vocación de permanencia.
4 Expediente digital – Índice 00002 SAMAI -PDF 044SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
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20. Concluyó que, de acuerdo con el material probatorio, si bien se acreditó la
existencia de una relación sentimental entre la demandante y el causante, no
ocurrió lo mismo respecto de la convivencia exigida por la ley. Señaló que las
declaraciones extraproceso y testimoniales aportadas no demostraban de
manera suficiente la conformación de un proyecto común de vida durante los
cinco años anteriores al fallecimiento del causante, ni permitían establecer que
la actora hubiera compartido con él un proyecto de vida común en los términos
exigidos por la jurisprudencia.
21. En ese sentido, destacó que varios testimonios daban cuenta de que el señor
José Tarcicio Santafé Peñaranda residía en el inmueble ubicado en el barrio
Quinta Oriental junto con integrantes de su familia, mientras que otros elementos
probatorios evidenciaban que la señora Sandra Milena Durán Sanguino tenía un
domicilio distinto, circunstancia que impedía tener por demostrada la convivencia
alegada.
22. Con fundamento en lo anterior, concluyó que la demandante no acreditó los
requisitos previstos en los artículos 47 de la Ley 100 de 1993 y 13 de la Ley 797
de 2003 para ser beneficiaria de la pensión de sobrevivientes, razón por la cual
negó las pretensiones de la demanda y se abstuvo de imponer condena en
costas.
2.4. Recurso de apelación5
23. El apoderado de la parte actora interpuso recurso de apelación contra la
sentencia de primera instancia, mediante el cual solicitó su revocatoria y, en su
lugar, se accediera a las pretensiones de la demanda.
24. Como fundamento de su inconformidad sostuvo que, el Juez de primera
instancia realizó una valoración incorrecta al restar mérito probatorio a las
declaraciones extrajuicio rendidas tanto por el señor José Tarcicio Santafé
Peñaranda como por la señora Sandra Milena Durán Sanguino, en las cuales
afirmaron mantener una unión marital de hecho desde junio de 2003, bajo el
mismo techo, con ayuda, socorro mutuo, acompañamiento espiritual y
dependencia económica de la demandante respecto del causante.
25. Adujo que las declaraciones rendidas por el causante en los años 2014 y
2017 constituyen pruebas relevantes que acreditan la existencia de una
comunidad de vida permanente y que debieron ser valorados conjuntamente con
los demás medios de prueba obrantes en el expediente, pues evidencian la
voluntad del causante y la demandante, en establecer un hogar con todas las
responsabilidades que conlleva vivir como marido y mujer.
5 Expediente digital – Índice 00002 SAMAI -PDF 046Apelación demandante.
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26. Igualmente, afirmó que el juez de primera instancia desconoció el alcance de
los testimonios practicados tanto en sede administrativa como judicial, los cuales,
en su criterio, corroboran que la demandante y el causante convivieron de
manera permanente como compañeros hasta el fallecimiento de este último, por
lo cual, destacó las declaraciones de Yorley Rincón Parra, Marcela Peñaranda,
María del Socorro Contreras Méndez, Wilberto Giovanni Cantón Rojas y Verónica
López de Cárdenas, quienes dieron cuenta de la convivencia como marido y
mujer, el apoyo mutuo y la existencia de un hogar común compartiendo techo,
lecho y mesa.
27. Resaltó que el testimonio rendido por la señora Marcela Peñaranda, familiar
del causante, evidenció el conflicto familiar que tenía el señor José Tarcicio
Santafe con sus hijas, quienes, además, hicieron oposición a la pensión de
sobrevivientes en sede administrativa, lo cual, le resta certeza a su testimonio por
el interés directo en el resultado de la controversia.
28. Añadió que, las afirmaciones de los testimonios rendidos por Rocio Santafe
Villamizar, Martha Santafe Villamizar y Maria Andrea Jejen Santafe como hijas y
nieta del causante sobre el estado de salud del señor José Tarcicio Santafé
Peñaranda y su permanencia en el inmueble ubicado en el barrio Quinta Oriental
no encontraban respaldo en la historia clínica ni en los demás elementos
probatorios allegados al proceso.
29. De otro lado, destacó que la afiliación de la demandante como beneficiaria
del causante en el sistema de salud desde enero de 2009 hasta octubre de 2013,
así como los registros clínicos en los que aquel aparece identificado como
cónyuge o familiar responsable durante las hospitalizaciones de la actora,
constituyen elementos que evidencian la existencia de una convivencia
permanente y singular, con vocación de acompañamiento espiritual, moral,
económico y de soporte mutuo.
30. Finalmente, adujo que, el hecho de que el señor José Tarcicio Santafé
Peñaranda visitara con frecuencia el inmueble de su propiedad ubicado en la
calle 3 No 9-51 Quinta Oriental, y algunas veces dormía en dicho inmueble, era
consensuado con la demandante, pues ahí residían algunos de sus familiares y
su único bisnieto, aunado a que su nieta era enfermera y aprovechaba para
algunos cuidados de salud, sin embargo, ello no se debe confundir con el hogar
formado entre la demandante y la causante ubicado en la calle 9 No 4-51 Barrio
Nuevo Escobal, en donde compartieron como marido y mujer hasta el 11 de
noviembre de 2017.
31. Con fundamento en lo cual, insistió en que se acreditó la unión marital de
hecho y el cumplimiento de los requisitos para acceder a la pensión de
sobrevivientes reclamada.
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2.5. Trámite en Segunda Instancia
32. El 13 de febrero de 2024 se admitió el recurso de apelación6; las partes
procesales no efectuaron pronunciamiento. El Ministerio Público, tampoco
emitió concepto.
33. Como no se observa causal que invalide lo actuado, la Sala de Subsección
procede a decidir previas las siguientes
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
34. Esta Subsección es competente para conocer del asunto de la referencia, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 1507 de la Ley 1437 de 2011.
35. Al tenor de lo dispuesto por el artículo 328 del Código General del Proceso,
la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a los argumentos
expuestos por la apelante. No obstante, en caso de que ambas partes hayan
apelado la sentencia, el superior resolverá sin limitaciones.
36. En el asunto objeto de estudio la parte demandante es apelante única, por lo
que la competencia de la Sala de Subsección se encuentra limitada a lo expuesto
en el recurso de apelación.
3.2. Problema jurídico
37. La Sala debe determinar si la señora Sandra Milena Durán Sanguino acreditó,
en los términos del artículo 47 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo
13 de la Ley 797 de 2003, una convivencia real, efectiva, continua y con vocación
de permanencia con el señor José Tarcicio Santafé Peñaranda durante los 5 años
anteriores a su fallecimiento, ocurrido el 11 de noviembre de 2017 y, en
consecuencia, si hay lugar a revocar la sentencia de primera instancia que negó
las pretensiones de la demanda.
6 Expediente digital – Índice 00002 SAMAI 00004
7 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las
apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando
no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que
corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia. […]».
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3.3. Marco normativo y jurisprudencial aplicable.
3.3.1. Sustitución pensional y pensión de sobrevivientes.
38. Esta Sala de Subsección8, ha aclarado que si bien la pensión de
sobrevivientes y la sustitución pensional tienen por finalidad evitar que los
beneficiarios de un trabajador fallecido carezcan del apoyo económico que éste
les brindaba; la sustitución pensional es aquella prestación que se le otorga al
núcleo familiar de un pensionado que fallece o del afiliado que cumple con los
requisitos legalmente exigibles para pensionarse y fallece, en tanto que la
pensión de sobrevivientes es aquella prestación que se le otorga al núcleo
familiar del afiliado no pensionado, que fallece sin cumplir con los requisitos
mínimos para obtener la pensión9.
39. En materia de sustitución pensional los artículos 36 y 39 del Decreto 3135 de
196810, así como los artículos 80 y 92 del Decreto 1848 de 196911 consagraron
la posibilidad de trasmitir el derecho jubilatorio a favor de los beneficiarios del
causante únicamente en dos eventos, a saber: (i) cuando fallece el empleado
público en goce de pensión y (ii) cuando el empleado público muere con derecho
a pensión sin que en efecto se haya efectuado el reconocimiento. Esto con el
siguiente tenor:
«Decreto 3135 de 1968.
Artículo 36. Al fallecimiento de un empleado público o trabajador oficial con
derecho a pensión de jubilación, sus beneficiarios, en el orden y proporción
señalados en el artículo 34, tienen derecho a recibir de la respectiva entidad de
previsión la pensión que le hubiere correspondido durante dos (2) años, sin
perjuicio de las prestaciones anteriores.
[…]
Artículo 39. Sustitución de Pensión. Fallecido un empleado público o trabajador
oficial en goce de pensión de jubilación, invalidez o vejez, su cónyuge y sus hijos
menores de 18 años o incapacitados para trabajar por razón de sus estudios o
por invalidez, que dependieren económicamente de él, tendrán derecho a percibir
la respectiva pensión durante los dos años subsiguientes. Decreto Reglamentario
1848 de 1969.
[…]
Artículo 80. Fallecimiento del empleado con derecho a pensión. Cuando fallezca
un empleado oficial que hubiere causado en su favor el derecho a pensión de
jubilación, por reunir los requisitos legales, sin haberla hecho efectiva en vida,
ese derecho se transmite a las personas señaladas en el Artículo 92 de este
Decreto, para el solo efecto de recibir de la entidad obligada el pago de la pensión
que le hubiere correspondido al causante, durante los dos (2) años a que se
refiere la citada norma legal.
8 Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A. Sentencia de 9 de noviembre de 2017. Consejero
Ponente: William Hernández Gómez.
9 Sentencia T-564 de 2015.
10 «Por el cual se prevé la integración de la seguridad social entre el sector público y el privado y se regula
el régimen prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales.»
11 «Por el cual se reglamenta el Decreto 3135 de 1968».
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[…]
Artículo 92. Transmisión de la Pensión. Cuando fallezca el pensionado por
invalidez, jubilación o retiro por vejez, su cónyuge y sus hijos menores de
dieciocho (18) años o incapacitados para trabajar por razón de estudios o por
invalidez, que dependieren económicamente del causante, tendrán derecho a
percibir la respectiva pensión durante los dos (2) años subsiguientes al
fallecimiento del pensionado. […]».
40. Luego, en esta misma materia se expidió la Ley 33 de 197312, la cual señaló
que para que se diera la sustitución pensional, el trabajador particular o el
empleado o trabajador del sector público, debía estar pensionado o al momento
de su fallecimiento tener el derecho a pensión de jubilación, invalidez o vejez.
«Artículo 1°. Fallecido el particular pensionado o con derecho a pensión de
jubilación, invalidez o vejez, o un empleado o trabajador del sector público, sea
este oficial o semioficial con el mismo derecho, su viuda podrá reclamar la
respectiva pensión en forma vitalicia.
[…]
Parágrafo 2°. A las viudas que se encuentren en la actualidad disfrutando, o
tengan derecho causado a disfrutar, de los cinco (5) años de sustitución de la
pensión, les queda prorrogado su derecho dentro de los términos de esta Ley.»
41. Posteriormente, la Ley 12 de 197513 solo exigió que el trabajador o empleado
haya completado el tiempo de servicio, de manera que, si fallecía antes de
cumplir la edad cronológica para tener derecho a la pensión de jubilación, había
lugar a la sustitución pensional, así:
«Artículo 1° El cónyuge supérstite, o la compañera permanente, de un trabajador
particular o de un empleado o trabajador del sector público y sus hijos menores
o inválidos, tendrán derecho a la pensión de jubilación del otro cónyuge si este
falleciere antes de cumplir la edad cronológica para esta prestación, pero que
hubiere completado el tiempo de servicio consagrado para ella en la Ley o en
convenciones colectivas».
42. Por lo anterior, en principio el derecho a la sustitución pensional solo surgía
para los beneficiarios de un empleado público cuando a la fecha de su
fallecimiento éste había perfeccionado o consolidado completamente el derecho
jubilatorio; solo con posterioridad el Legislador lo extendió para los casos en los
que el empleado público hubiese logrado el tiempo de servicios sin reunir o
completar la edad pensional, con el fin de amparar con tal medida el derecho de
la familia del mismo, que por la contingencia de muerte no logró consolidar
plenamente su derecho pensional.
43. Posteriormente, a través de la Ley 100 de 1993, el legislador organizó el
sistema de seguridad social integral, en lo que tiene que ver con el régimen de
pensiones, cuyo objetivo fue garantizar a la población el amparo contra las
12 «Por el cual se transforman en vitalicia las pensiones de las viudas.»
13 «[Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre régimen de pensiones de jubilación».
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eventualidades derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte, mediante el
reconocimiento de las pensiones y prestaciones que se determinan en la citada
ley.
44. En este sentido, se tiene que el sistema de que trataba la Ley 12 de 1975,
artículo 1.º, fue derogado de manera tácita por el señalado en los artículos 46 a
49 y 73 a 78 de la Ley 100 de 1993, establecido con la finalidad de atender la
contingencia derivada de la muerte, donde el legislador previó a las denominadas
pensión de sobrevivientes y la sustitución pensional, para suplir la ausencia
repentina del apoyo económico que brindaba el afiliado al grupo familiar y, por
ende, evitar que su deceso se traduzca en un cambio sustancial de las
condiciones mínimas de subsistencia de las personas beneficiarias de dicha
prestación. Es decir, que su reconocimiento se fundamenta en normas de
carácter público y constituye un desarrollo del principio de solidaridad.
45. Ahora bien, de conformidad con los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993,
modificados por los artículos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003, tendrán derecho a
la sustitución pensional, los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez
que fallezca, advirtiéndose tres grupos de beneficiarios excluyentes entre sí, toda
vez que a falta de uno lo sucederá el otro, así: (i) cónyuge o compañera
permanente e hijos con derecho; (ii) padres con derecho; y (iii) hermanos con
derecho.
46. El artículo 47 de la norma en mención señala quienes son los beneficiarios,
frente a los cuales establece los requisitos para que se acceda al reconocimiento
prestacional, en los siguientes términos:
«Artículo 47. Beneficiarios de la Pensión de Sobrevivientes. Son beneficiarios de la
pensión de sobrevivientes:
a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o
supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del
causante, tenga 30 o más años de edad. En caso de que la pensión de
sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera
o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo
vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido
no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte.
b) En forma temporal, el cónyuge o la compañera permanente supérstite, siempre y
cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga menos de
30 años de edad, y no haya procreado hijos con este. La pensión temporal se pagará
mientras el beneficiario viva y tendrá una duración máxima de 20 años. En este caso,
el beneficiario deberá cotizar al sistema para obtener su propia pensión, con cargo a
dicha pensión. Si tiene hijos con el causante aplicará el literal a).
Si respecto de un pensionado hubiese un compañero o compañera permanente, con
sociedad anterior conyugal no disuelta y derecho a percibir parte de la pensión de
que tratan los literales a) y b) del presente artículo, dicha pensión se dividirá entre
ellos (as) en proporción al tiempo de convivencia con el fallecido.
<Aparte subrayado CONDICIONALMENTE exequible> En caso de convivencia
simultánea en los últimos cinco años, antes del fallecimiento del causante entre un
cónyuge y una compañera o compañero permanente, la beneficiaria o el beneficiario
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de la pensión de sobreviviente será la esposa o el esposo. Si no existe convivencia
simultánea y se mantiene vigente la unión conyugal pero hay una separación de
hecho, la compañera o compañero permanente podrá reclamar una cuota parte de lo
correspondiente al literal a en un porcentaje proporcional al tiempo convivido con el
causante siempre y cuando haya sido superior a los últimos cinco años antes
del fallecimiento del causante. La otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge con
la cual existe la sociedad conyugal vigente;
c) <Apartes tachados INEXEQUIBLES> Los hijos menores de 18 años; los hijos
mayores de 18 años y hasta los 25 años, incapacitados para trabajar por razón de
sus estudios y si dependían económicamente del causante al momento de su muerte,
siempre y cuando acrediten debidamente su condición de estudiantes y cumplan
con el mínimo de condiciones académicas que establezca el Gobierno; y, los
hijos inválidos si dependían económicamente del causante, esto es, que no tienen
ingresos adicionales, mientras subsistan las condiciones de invalidez. Para
determinar cuando hay invalidez se aplicará el criterio previsto por el artículo 38 de la
Ley 100 de 1993;
d) <Aparte tachado INEXEQUIBLE> A falta de cónyuge, compañero o compañera
permanente e hijos con derecho, serán beneficiarios los padres del causante si
dependían económicamente de forma total y absoluta de este;
[…]
Parágrafo. Para efectos de este artículo se requerirá que el vínculo entre el padre, el
hijo o el hermano inválido sea el establecido en el Código Civil».
47. De los aludidos grupos de beneficiarios la Corte Constitucional resumió los
requisitos que deben acreditar para el reconocimiento prestacional, en sentencia
C- 336 de 201414, en los siguientes términos:
Modalidad de la
Beneficiario Causante Condiciones
pensión
Cónyuge o
Edad cumplida al momento del
Compañero
Afiliado o fallecimiento y demuestre vida
permanente mayor Vitalicia
pensionado marital durante los 5 años
de 30 años de
anteriores a la muerte.
edad.
Cónyuge o
Compañero
Afiliado o Temporal No haber procreado hijos con el
permanente menor
pensionado -20 años- causante.
de 30 años de
edad.
Cónyuge o
Haber procreado hijos con el
Compañero
Afiliado o causante y demuestre vida marital
permanente menor Vitalicia
pensionado durante los 5 años anteriores a la
de 30 años de
muerte.
edad.
Compañero Sociedad anterior conyugal no
Pensionado Cuota parte
permanente disuelta y derecho a percibir
Cónyuge y
Afiliado o Convivencia simultánea durante
Compañero Partes iguales
pensionado los 5 años anteriores a la muerte.
permanente
Inexistencia de convivencia
Cónyuge con
simultánea, acreditación por parte
separación de
Afiliado o del cónyuge de la separación de
hecho y Partes iguales
pensionado hecho, compañero permanente
Compañero
con convivencia durante los 5 años
permanente
anteriores a la muerte.
14 Con ponencia del Magistrado Mauricio González Cuervo.
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48. La jurisprudencia no ha sido pacífica cuando concurren en la reclamación
prestacional la (el) compañera (o) permanente y el cónyuge supérstite, por lo que
ha distinguido los efectos jurídicos que se generan cuando: (i) existe convivencia
simultánea, (ii) cuando hay separación de hecho, (ii) cuando no existe sociedad
conyugal vigente y (ii) cuando se ha efectuado la disolución de la sociedad
conyugal con y sin convivencia simultánea.
49. En ese orden de ideas, y dado que el fallecimiento del causante ocurrió el 11
de noviembre de 2017, las normas que gobiernan la sustitución pensional
debatida son las vigentes al momento del deceso de causante, es decir, la Ley
100 de 1993, modificada por la Ley 797 de 2003, la cual, respecto de los
beneficiarios estableció lo siguiente.
«ARTÍCULO 47. BENEFICIARIOS DE LA PENSIÓN DE
SOBREVIVIENTES. Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes:
[…]
a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente
o supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento
del causante, tenga 30 o más años. En caso de que la pensión de
sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la
compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que
estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya
convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con
anterioridad a su muerte.[…]»
50. Como se aprecia, a través de la norma en cita, el Legislador estableció el
requisito de la convivencia durante los últimos cinco años anteriores a la muerte
para el compañero o cónyuge supérstite, para evitar situaciones donde solo se
busca aprovechar el beneficio económico, tal como ha sido reconocido la Corte
Constitucional en varias providencias, entre las cuales debe destacarse la
sentencia C-1176 de 2001 en la que expresó:
«[…] busca favorecer económicamente a aquellos matrimonios y uniones
permanentes de hecho que han demostrado un compromiso de vida real y
con vocación de continuidad; pero también, que dicha disposición intenta
amparar el patrimonio del pensionado, de posibles maniobras fraudulentas
realizadas por personas que, con la falsa motivación de instituir una vida
marital responsable y comprometida, sólo pretenden derivar un beneficio
económico de la transmisión pensional.
[…]Que el propósito de la institución es proteger al pensionado y a su
familia de posibles convivencias de última hora que no se configuran como
reflejo de una intención legítima de hacer vida marital, sino que persiguen
la obtención del beneficio económico que reporta la titularidad de una
pensión de vejez o invalidez. En este sentido, es claro que la norma
pretende evitar la transmisión fraudulenta de la pensión de
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sobrevivientes».
3.4. Análisis del caso concreto
51. En el expediente se encuentra demostrado y no es objeto de controversia el
reconocimiento de la pensión vitalicia de jubilación por la extinta Caja de
Previsión Social Municipal de Cúcuta a favor del señor José Tarcicio Santafé
Peñaranda15, quien falleció el 11 de noviembre de 2017, conforme consta en el
registro civil de defunción con indicativo serial Nro. 0922928516.
52. Tampoco se discute que la señora Sandra Milena Durán Sanguino solicitó el
reconocimiento de la sustitución pensional en calidad de compañera permanente
del causante, prestación que fue negada17 por la administración al considerar que
no acreditó los requisitos previstos en los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993,
modificados por los artículos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003.
53. Bajo ese contexto, y atendiendo los argumentos expuestos en el recurso de
apelación, como se dijo, la controversia se circunscribe a establecer si el material
probatorio obrante en el expediente permite concluir que entre la demandante y
el señor José Tarcicio Santafé Peñaranda existió una convivencia efectiva y una
comunidad de vida permanente en los términos exigidos en la norma en cita, para
acceder a la prestación pretendida.
54. En ese orden, y para resolver el problema jurídico, la Sala estima necesario
efectuar una valoración conjunta de las pruebas allegadas al plenario, a fin de
determinar si en el sub judice se encuentra acreditado la convivencia que afirma
haber mantenido la demandante con el causante, pues mientras la parte
accionante afirma que entre ella y el causante existió una unión marital de hecho
desde el año 2003 hasta su fallecimiento, la cual se desarrolló en el sector de
Nuevo Escobal; la parte demandada sostiene que aquel residió de manera
permanente en el inmueble familiar ubicado en calle 3 No. 9E-51 del barrio Quinta
Oriental, integrado a su núcleo familiar y asistido por sus hijas y también por su
nieta, circunstancia que, según su criterio, desvirtúa la convivencia alegada.
55. En este punto, la Sala debe precisar que no existe controversia sobre la
existencia de una relación sentimental entre Sandra Milena Durán Sanguino y
José Tarcicio Santafé Peñaranda, el debate se circunscribe a determinar si dicha
relación trascendió el plano afectivo para consolidarse como una convivencia real
y afectiva en los términos exigidos por el articulo 47 de la Ley 100 de 1993,
modificado por el articulo 13 de la Ley 797 de 2003, norma que prescribe como
15 Mediante Resolución No 069 de 8 de marzo de 1989-Expediente digital – Índice 00002 SAMAI -PDF
002Demanda – folio 272
16 Expediente digital – Índice 00002 SAMAI -PDF 002Demanda – folio 39
17 Resolución No 102 de 19 de diciembre de 2018
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requisitos para que en forma vitalicia se conceda la sustitución pensional, los
siguientes:
i. La calidad de cónyuge o compañera permanente, el cual es un
presupuesto que está relacionado con la legitimación para reclamar el
derecho, es decir, quién tiene la vocación para pretender la titularidad de
este.
ii. Tener, a la fecha de fallecimiento del causante, 30 o más años.
iii. La vida marital con el causante hasta su muerte, el cual está referido a
demostrar la vida bajo un mismo techo, las situaciones de socorro y ayuda
mutua de la pareja, que constituyen elementos fundamentales de un
núcleo familiar, protegido por la Constitución y las leyes.
Por ello, quien aduzca tener la condición de beneficiario de la sustitución
pensional, debe acreditar un compromiso de vida real y con vocación de
permanencia, lo cual pretende dejar de lado aquellas conductas que
pudieran dirigirse únicamente a obtener el beneficio económico de manera
artificial e injustificada.
iv. La convivencia con el fallecido por no menos de 5 años continuos,
inmediatamente anteriores a su muerte. El requisito de convivencia por 5
años que trae la norma pretende evitar las convivencias de última hora con
quien está a punto de fallecer y así acceder a la sustitución pensional.
56. Bajo esa perspectiva, resulta pertinente examinar en primer lugar la prueba
documental allegada por la parte demandante, debido a que, se trata, en su
mayoría, de manifestaciones efectuadas en vida por el causante, en distintos
momentos de la convivencia alegada.
57. En efecto, obran en el expediente varias declaraciones extraprocesales
rendidas por el causante durante distintos años: 200518, 200719, 201120, 201421 y
201722, en las cuales manifestó convivir en unión marital de hecho con la señora
Sandra Milena Durán Sanguino desde el año 2003 y que ella dependía de él.
Para la Sala, la relevancia de estos documentos no radica solo en su contenido
individual, sino en la uniformidad y persistencia que reflejan a lo largo del tiempo,
que no se trata de una manifestación circunstancial, sino de una conducta
reiterada mantenida durante un lapso considerable y hasta meses antes de su
18 5 de agosto de 2005- Expediente digital – Índice 00002 SAMAI -PDF 002Demanda – folio 46
19 Expediente digital – Índice 00002 SAMAI -PDF 002Demanda – folio 271
20 19 de agosto de 2011 - Expediente digital – Índice 00002 SAMAI -PDF 002Demanda – folio 40
21 16 de diciembre de 2014 - Expediente digital – Índice 00002 SAMAI -PDF 002Demanda – folio 41
22 27 de marzo de 2017 - Expediente digital – Índice 00002 SAMAI -PDF 002Demanda – folio 43
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fallecimiento, en la que el propio José Tarcicio reconoció de manera persistente
a la demandante como su compañera permanente.
58. A ello se suma la actualización de datos suscritas por el señor José Tarcicio
Santafé Peñaranda el 12 de noviembre de 201623, en la que reportó como
dirección de residencia al sector de Nuevo Escobal; lo cual, a juicio de la Sala
adquiere relevancia, en tanto guarda relación con la versión sostenida por la
demandante respecto del lugar donde se desarrolló la convivencia alegada y
encuentra además, respaldo en las declaraciones extraprocesales rendidas en
sede administrativa por los testigos que afirmaron conocer la relación existente
entre las partes.
59. En esa misma línea, se advierte certificación de la afiliación24 de la señora
Sandra Milena Durán Sanguino como beneficiaria en el Sistema Social en Salud
entre los años 2009 y 2013 del cotizante José Tarcicio Santafé Peñaranda; si
bien este documento no acredita por sí solo la convivencia en los términos
exigidos por la normativa en cita, sí constituye un acto formal de reconocimiento
efectuado por el propio causante ante una entidad del Sistema de Seguridad
Social, lo cual, también resulta consistente con la existencia de la relación
alegada.
60. De igual manera, obra certificación expedida por el banco Fundación de la
Mujer25 que hace constar que tanto el señor José Tarcicio Santafé Peñaranda
como la demandante se encontraban a paz y salvo con dicha institución
financiera, documento que sirve como indicios sobre la existencia de un proyecto
de vida en común como pareja. Asimismo, a partir de la documentación
relacionada con la atención medica recibida por la demandante en la Clínica
Stella Maris26, el causante manifestó ser su cónyuge al momento de acompañarla
en dicho centro asistencial, evidenciando que se autopercibía como tal.
61. Así las cosas, valorado de manera conjunta los anteriores documentos
permiten advertir un patrón uniforme de conducta desplegada por el causante
durante varios años, orientado a reconocer a la demandante como su compañera
permanente. En efecto, a juicio de la Sala, la fuerza probatoria de tales medios
proviene de la correlación que existe entre ellos y de la reiteración en el tiempo
de las manifestaciones efectuadas por el propio causante.
62. Ahora bien, la prueba testimonial practicada a instancia de la parte
demandante en audiencia de pruebas27 resulta concordante con las
23 Expediente digital – Índice 00002 SAMAI -PDF 002Demanda –Folio 263
24 Emanada de SaludCoop EPS En Liquidación - Expediente digital – Índice 0002 SAMAI -PDF 002Demanda
PDF 60
25 Expediente digital – Índice 0002 SAMAI -PDF 002Demanda – folio 59
26 Control de visitas octubre de 2014 - Expediente digital – Índice 0002 SAMAI -PDF 002Demanda – folios
72 y SS
27 Practicada 22 de octubre de 2021
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documentales precitadas. En efecto, Nancy Contreras Méndez, Yurley Rincón
Parra, Maria del Rosario Contreras Méndez, Wilber Giovanny Cantor Rojas,
coincidieron en afirmar que conocían la relación existente entre la demandante y
el señor José Tarcicio Santafé Peñaranda, que éste permanecía en el inmueble
ubicado en Nuevo Escobal en el municipio de Cúcuta, en donde adecuó un
espacio independiente en la casa de la madre de la demandante, en el cual
convivían; refieren una relación publica, estable y conocida socialmente, señalan
que los observaban frecuentemente caminando, tomados de la mano y
compartiendo actividades cotidianas, lo cual, desde la percepción de los
declarantes, dichas actuaciones eran propios de una pareja estable; asimismo,
coinciden en el relato, en que la convivencia se prolongó hasta el fallecimiento
del causante.
63. La Sala advierte que algunas afirmaciones relacionadas con aspectos
económicos o con la dinámica intima de la relación provienen de inferencias
derivadas de la cercanía como vecinos, y no del conocimiento directo de todos
los aspectos de la vida de la pareja, sin embargo, ello no resta valor a los hechos
que manifestaron haber percibido de manera personal, tales como la presencia
frecuente del causante en el lugar señalado por la demandante, el trato público
de la pareja, la relación afectiva que existió entre ambos, y el reconocimiento
social de dicha unión.
64. En cuanto a la prueba testimonial de la parte demandada28 se recibieron las
declaraciones de Martha Santafé Villamizar, Rocio Santafé Villamizar y María
Andrea Jején Santafé, Verónica López de Cardenas, Carmen Cecilia Delgado
Galvis.
65. En desarrollo de sus relatos, las referidas declarantes coincidieron en afirmar,
que, durante los años previos a su fallecimiento, el señor José Tarcicio presentó
una marcada disminución de su movilidad derivadas de la diabetes y sus
complicaciones, y una dependencia de terceros para sus actividades cotidianas,
debido a su condición de salud, pues no controlaba esfínteres, asimismo,
precisaron que el causante residía en el inmueble localizado en la calle 3N° 9E-
51 del barrio Quinta Oriental.
66. Rocio Santafé Villamizar y María Andrea Jején Santafé, relataron ser, hija
y nieta del causante, respectivamente, y residir junto a él en la vivienda ubicada
en Quinta Oriental conformando un núcleo familiar permanente en esa vivienda
junto con el menor Aron Danilo Jejen Santafé, hijo de Maria Andrea. Señalaron
que el señor José Tarcicio contribuía económicamente al sostenimiento de la
casa y ayudaba a su familia con sus gastos personales y educativos.
28 Practicada el 22 de octubre de 2021, y su continuación, el 10 de noviembre de 2021
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67. A su turno, la declaración de Carmen Cecilia Delgado Galvis dio cuenta de
la dinámica cotidiana del señor José Tarcicio, y de los cuidados que éste requería
debido a sus condiciones de salud, también manifestó no conocer a la
demandante, y de haberla visto en dos ocasiones. No obstante, al contrastar su
relato con las manifestaciones efectuadas en sede administrativa29, la Sala
advierte que en la entrevista ante la Oficina de Pensiones la declarante refirió
haber conocido a la señora Sandra Durán en una panadería y que fue el señor
Santafé quien se la presentó, en dicha entrevista indicó que tea conocimiento de
encuentros entre ambos en dicho establecimiento y en una tienda que identificó
como «de la señora Mariela», y que la madre de la demandante llamaba
periódicamente al causante para que éste le cancelara el canon de arriendo, que
según afirmó, correspondía la habitación donde vivía la demandante.
68. La señora Verónica López de Cardenas, manifestó conocer al causante
hacia muchos atrás, relató que en un tiempo trabajaron juntos, y que eran vecinos
en el barrio Quinta Oriental en el cual residía. No obstante, también afirmó no
tener conocimiento de aspectos relacionados con la vida personal del señor José
Tarcicio Santafé Peñaranda.
69. Por su parte, Martha Santafé Villamizar, afirmó que aproximadamente
durante los 5 años anteriores a la muerte de su padre, el señor José Tracicio no
realizaba desplazamientos distintos a los requeridos para asistir a las citas
médicas, controles o tratamientos derivados de sus patologías. Adicionalmente,
manifestó haber promovido la oposición presentada en sede administrativa frente
a la solicitud elevada por la demandante, circunstancia que evidencia su
conocimiento directo de la controversia, pero que también le impone a la Sala, el
deber de valorar su declaración teniendo en cuenta su interés en el litigio, en
efecto, en sede administrativa en entrevista de 29 de mayo de 201830 admitió
tener conocimiento de la relación sostenida entre su padre y la demandante,
respecto de los cuales indicó en dicha entrevista, que se veían «los sábados en
la tarde en la tienda del barrio», según su relato, compartían cada 8 días.
70. Así las cosas, para la Sala, las testimoniales practicadas a instancia de la
parte demandada, permiten acreditar las condiciones de salud del causante
durante sus últimos años de vida, la asistencia brindada por su familia, su arraigo
en Quinta Oriental y la dinámica desarrollada en dicho entorno.
71. Asimismo, es pertinente precisar, que si bien, algunas de las declarantes de
la parte demandada en sede judicial, sostuvieron no conocer a la señora Sandra
Milena Durán Sanguino y de no tener información sobre una relación sentimental
entre ésta y el causante. Sin embargo, al contrastar tales afirmaciones con las
actuaciones surtidas en sede administrativa se observa que en varias de las
29 Entrevista de 30 de mayo de 2018 - Expediente digital – Índice 0002 SAMAI -PDF
015ContestacionDemanda 21-00068 -folio 116
30 Expediente digital – Índice 0002 SAMAI -PDF 015ContestacionDemanda 21-00068 -folio 124
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entrevistas practicadas se efectuaron referencias concretas a la demandante e
incluso al lugar donde era identificados los encuentros con el causante en el
sector de Quinta Oriental; por lo cual, se infiere que, la demandante no era una
persona desconocida para el entorno familiar del causante.
72. En efecto, para la Sala la circunstancia de que el señor José Tarcicio Santafé
Peñaranda hubiera permanecido en el inmueble ubicado en Quinta Oriental
durante los años previos a su fallecimiento no conduce a descartar la convivencia
alegada por la demandante, pues la propia prueba testimonial aportada por la
demandada permite establecer que el causante padecía un progresivo deterioro
de salud, caracterizado por severas limitaciones de movilidad y dependencia de
terceros para el desarrollo de actividades cotidianas.
73. Bajo ese contexto, resulta razonable inferir que su permanencia en dicho
inmueble encontraba explicación, en la necesidad de recibir asistencia y cuidados
permanentes por parte de su núcleo familiar, y en el conflicto que se infiere existió
entre las hijas del causante frente a su relación con la demandante31; sin
embargo, ello no resulta suficiente, para desvirtuar la conducta desplegada por
el señor José Tarcicio Santafé Peñaranda durante muchos años, conducta
además reiterada, al reconocerse en una unión marital con la señora Sandra
Milena Durán.
74. En concordancia con lo expuesto, esta Corporación32 ha señalado que la
convivencia «no se refiere, en forma exclusiva, a compartir el mismo techo y
habitar junto al otro, sino que los elementos que en mayor medida definen esa
convivencia se relacionan con el acompañamiento espiritual, moral y
económico y el deber de apoyo y auxilio mutuo. Además de ello, es preciso
tener en cuenta el factor volitivo de la pareja de mantener un hogar y tener
la vocación y convicción de establecer, constituir y mantener una familia».
75. De otro lado, se advierte orden de archivo33 de proceso de investigación y
judicialización con SPOA 110016000050201821837, correspondiente a la
denuncia presentada por la UGPP contra la demandante, por lo cual, por
sustracción de materia, no se efectuará pronunciamiento alguno en este sentido.
76. Así las cosas, para la Sala, contrario a lo afirmado por el Juez A quo, las
pruebas recaudadas y valoradas bajo las reglas de la sana critica, permiten tener
por demostrada la existencia de una comunidad de vida entre la demandante y
31 Se advierte Acta No 1 de fecha 2 de mayo de 2018, correspondiente a la entrevista realizada por parte de
la a la señora Marcela Peñaranda – en la tienda Mixta Marce ubicada en la avenida 10AE No 2-43 Quinta
Oriental, en la cual se menciona que el causante tuvo un conflicto con sus hijas - Expediente digital – Índice
0002 SAMAI - Índice 0002 SAMAI -PDF 002Demanda – folio 174
32 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 10 de diciembre de 2020, radicado
05001 23 33 000 2015 02507 01 (2372-2018). En las cuales citó las siguientes: sentencia del 24 de octubre
de 2012, en el radicado 25000 23 25 000 2010 00860 01 (2475-11): y sentencia del 7 de abril de 2001, en
el radicado 76001 23 31 000 2005 02741 01 (0669-2008).
33 Expediente digital – Índice 0002 SAMAI -PDF 037 Rta. De la UGPP
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el causante en los términos establecidos en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993,
modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003.
77. Razón por la cual, la sentencia apelada será revocada y, en su lugar, se
ordenará al municipio de San José de Cúcuta a reconocer y pagar la sustitución
de la pensión que en vida devengaba el señor José Tarcicio Santafé Peñaranda
a favor de la señora Sandra Milena Durán Sanguino, en forma vitalicia34 -lit. a),
art. 47, Ley 100-, el monto de la pensión se liquidará de conformidad con el
artículo 48 de la Ley 100 de 1993, reconocimiento que deberá efectuarse a partir
del 11 de noviembre de 201735, como quiera que no ocurrió el fenómeno de la
prescripción pues la petición de reconocimiento de la prestación se elevó el 20
de diciembre de 2017; el acto administrativo que negó el derecho pretendido fue
expedido el 19 de diciembre de 2018, y notificado por aviso fijado el 2 de enero
de 2019, y la demanda se presentó el 18 de marzo de 202136.
3.5. De la condena en costas en ambas instancias
78. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
Corporación frente a la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura
armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera
significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.
79. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.
80. En tal virtud, se impondrá condena en costas a la parte demandada en ambas
instancias por resultar vencida toda vez que prosperó la apelación y se revocará
la sentencia de primera; la liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo
366 del CGP teniendo en cuenta la remisión contenida en el primer inciso del
artículo 188 del CPACA.
34 La demandante nació el 16 de abril de 1979, por lo cual, a la fecha del fallecimiento del causante, tenía
más de 30 años de edad.
35 Fecha fallecimiento del causante.
36 Expediente digital – Índice 0002 SAMAI -PDF 004 ActaReparto.
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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 54001-23-33-000-2021-00068-01 (0141-2024)
Demandante: Sandra Milena Durán Sanguino
81. En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 6 de julio de 2023, proferida por el
Tribunal Administrativo de Norte de Santander, que negó las pretensiones de la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho incoada por la señora Diana
Milena Durán Sanguino, en contra del municipio de San José de Cúcuta, por las
razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de la Resolución N° 102 de 19 de diciembre
de 2018, proferida por la Secretaría General de la Alcaldía municipal de San José
de Cúcuta - Fondo de Pensiones Públicas, que resolvió negar a la señora Sandra
Milena Durán Sanguino el reconocimiento de la «pensión de sobrevivientes».
TERCERO: CONDENAR al municipio de San José de Cúcuta a reconocer y
pagar a la señora Sandra Milena Durán Sanguino, identificada con cédula de
ciudadanía No 60.393.690 una sustitución pensional con ocasión del
fallecimiento del señor José Tarcicio Santafé Peñaranda en forma vitalicia,
reconocimiento que deberá efectuarse a partir del 11 de noviembre de 2017. El
monto de la pensión se liquidará de conformidad con el artículo 48 de la Ley 100
de 1993. La entidad demandada deberá incluir en nómina de pensionados a la
demandante.
CUARTO: Las sumas que resulten a favor de la parte actora por concepto de
mesadas causadas y no pagadas se ajustarán de acuerdo con la siguiente
fórmula:
R= Rh x índice final
Índice inicial
QUINTO: CONDENAR en costas en ambas instancias a la parte demandada.
Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en
derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las
expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo de Norte
de Santander.
SEXTO: El municipio de San José de Cúcuta, dará cumplimiento a esta sentencia
en los términos de los artículos 187, 192 y 195 del CPACA.
SÉPTIMO: RECONOCER personería a la abogada Jennifer Paola Pineda Meza,
identificado con CC No 1.090.405.942, y tarjeta profesional No 230827 del CS de
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Demandante: Sandra Milena Durán Sanguino
la J, en calidad de apoderada sustituta de la parte demandante, en los términos
del poder conferido37
OCTAVO: Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones correspondientes en el programa «SAMAI».
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Constancia: La anterior providencia fue firmada electrónicamente por la Sala a través de la plataforma
SAMAI del Consejo de Estado, con lo cual se garantiza su autenticidad, integridad, conservación, y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo y demás normas concordantes del Código General del Proceso.
37 Expediente digital – Índice 00011 SAMAI
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