Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 54001-23-33-000-2021-00082-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 54001-23-33-000-2021-00082-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 54001-23-33-000-2021-00082-01
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
27 de febrero de 2026
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, veintisiete (27) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 54001-23-33-000-2021-00082-01 (71.518)
Actor: ECOPETROL SA
Demandados: MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA
Medio de control: REPARACIÓN DIRECTA – CPACA
Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA
Síntesis del caso: la parte demandante pretende que se declare que el municipio de San José
de Cúcuta le debe restituir la suma de dinero pagada el 4 de diciembre de 2013 por concepto
del impuesto del alumbrado público liquidado por los períodos comprendidos de enero a
diciembre del 2012 y de enero a marzo del 2013, por cuanto dicho desembolso configuró un
enriquecimiento sin causa en atención a que la Sección Cuarta del Consejo de Estado en
sentencia del 14 de marzo del 2019 anuló las liquidaciones oficiales que lo sustentaron. El
tribunal de primera instancia declaró próspera la excepción de cosa juzgada formulada por el
ente territorial demandado. La parte actora apela para que se revoque la decisión. Se mantiene
la decisión impugnada.
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia proferida el 1º de junio de 2023 por el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander (SAMAI índice 2) que resolvió:
“PRIMERO: DECLARAR PROBADA la excepción de cosa juzgada
propuesta por la entidad demandada, lo que conlleva de (sic)
decretar la terminación del proceso, conforme a lo expuesto en la
parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: ABSTENERSE de condenar en costas en esta
instancia, conforme a lo expuesto anteriormente.
TERCERO: DEVUÉLVASE a la parte demandante el valor
consignado como gastos ordinarios del proceso o su remanente, si
lo hubiere.
CUARTO: Una vez ejecutoriada la presente sentencia,
ARCHÍVESE el expediente digital, previas las anotaciones
secretariales de rigor” (SAMAI índice 2, archivo digital denominado
“36_EXPEDIENTEDIGI_EXPTRIBUN_039SentenciaPrimerap_32_
20240715114809651.pdf - negrillas y mayúsculas fijas del original).
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Expediente 54001-23-33-000-2021-00082-01 (71.518)
Demandante: Ecopetrol SA
Reparación directa
Apelación de sentencia
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
La empresa Ecopetrol SA, por intermedio de apoderado judicial, presentó
demanda de reparación directa en contra del municipio de San José de Cúcuta1
(Norte de Santander) con las siguientes pretensiones:
“PRIMERA: Se DECLARE que el municipio de San (sic) de Cúcuta
adeuda o debe devolver a Ecopetrol S.A. la suma de $1.460.919.800
pagada el 4 de diciembre de 2013, por concepto de impuesto de
alumbrado público por ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA, teniendo
en cuenta que ECOPETROL realizó el pago de las liquidaciones
oficiales por este concepto y mediante sentencia del 14 de marzo de
2019, notificada el 8 de abril de 2019, el Consejo de Estado, Sala de
lo Contencioso Administrativo Sección Cuarta, revocó la sentencia
proferida el 19 de febrero de 2015 por el Tribunal Administrativo de
Norte de Santander, y en su lugar dispuso ANULAR las liquidaciones
oficiales que justificaron dicho pago.
SEGUNDA: CONDENAR a la demandada a devolver a Ecopetrol
S.A. el pago realizado el 4 de diciembre de 2013 por la suma de
$1.460.919.800, debidamente actualizada o indexada.
CUARTA: (sic) CONDENAR a la demandada, si no da cumplimiento
al fallo dentro del término previsto en el Artículo 195 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –
CPACA, a reconocer y pagar a favor de Ecopetrol S.A. los intereses
moratorios conforme a los términos y las tasas establecidas en el
Artículo 195 del CPACA.
QUINTA: CONDENAR en caso de oposición, en costas y agencias
en derecho a la parte demandada” (SAMAI índice 2, fl. 2 archivo
digital denominado “5_EXPEDIENTEDIGI_EXPTRIBUN_002
Demanda_1_20240715114806151.pdf” -negrillas y mayúsculas
sostenidas del original).
2. Hechos
Los fundamentos fácticos de la demanda son, en síntesis, los siguientes:
1) El 4 de diciembre de 2013 Ecopetrol SA pagó al municipio de San José de
Cúcuta (Norte de Santander) la suma de $1.460.919.800 por concepto del
impuesto de alumbrado público correspondiente a los periodos comprendidos
entre enero de 2012 y marzo de 2013.
1 SAMAI índice 2, archivo digital denominado “5_EXPEDIENTEDIGI_EXPTRIBUN_002
Demanda_1_20240715114806151.pdf”.
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Expediente 54001-23-33-000-2021-00082-01 (71.518)
Demandante: Ecopetrol SA
Reparación directa
Apelación de sentencia
2) En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Ecopetrol SA solicitó la nulidad de las liquidaciones oficiales números 003 del
24 de enero, 032 del 14 de febrero, 068 del 30 de marzo, 077 del 17 de abril,
146 del 31 de mayo, 157 del 12 de junio, 198 del 18 de julio, 223 del 24 de
agosto, 241 del 26 de septiembre, 273 del 29 de octubre, 303 del 29 de
noviembre y 398 del 26 de diciembre del 2012, y de las nos. 011 del 30 de
enero, 057 del 28 de febrero y 072 del 12 de marzo de 2013, y de sus actos
confirmatorios, a saber, las resoluciones números 168, 169, 170, 171, 172, 173,
174, 175 y 176 del 23 de mayo de 2013, 181 del 27 de mayo de 2013, 341, 342
y 343 del 15 de julio de 2013, 581 del 18 de junio de 2013 y 582 del 28 de
agosto de 2013, todas ellas proferidas por el municipio de San José de Cúcuta.
3) Por sentencia proferida el 14 de marzo de 2019 la Sección Cuarta del
Consejo de Estado revocó la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo
de Norte de Santander el 19 de febrero de 2015 y, en su lugar, anuló las
liquidaciones oficiales y las resoluciones confirmatorias antes relacionadas;
además, a título de restablecimiento del derecho dispuso que Ecopetrol no se
encontraba obligada a pagar el impuesto de alumbrado público correspondiente
a los períodos comprendidos entre enero de 2012 y marzo de 2013 fijado en
los actos anulados.
4) Transcurrido el término consagrado en el artículo 298 del CPACA de un (1)
año desde la ejecutoria de la providencia judicial, el municipio demandado no
efectuó la devolución de los dineros pagados por Ecopetrol SA por concepto de
impuesto de alumbrado público.
La parte demandante sostuvo que por razón de la anulación judicial de los actos
administrativos mediante los cuales se impuso a Ecopetrol SA el impuesto de
alumbrado público, el pago efectuado el 4 de diciembre de 2013 configuró un
enriquecimiento sin causa.
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Expediente 54001-23-33-000-2021-00082-01 (71.518)
Demandante: Ecopetrol SA
Reparación directa
Apelación de sentencia
3. Posición de la entidad demandada
1) El municipio de San José de Cúcuta2 se opuso a la prosperidad de las
súplicas de la demanda por estimar que el medio de control jurisdiccional de
reparación directa se ejerció de manera extemporánea, toda vez que el pago
que se alega constitutivo de enriquecimiento sin causa se efectuó el 4 de
diciembre de 2013, por lo cual la entidad demandante podía accionar hasta el
5 de diciembre de 2015; no obstante, la demanda se radicó en el año 2021.
2) Al propio tiempo, excepcionó la ineptitud sustantiva de la demanda por
indebida escogencia del medio de control porque “el presente asunto debía
ventilarse o promoverse a través del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, como quiera que la suma de dinero pretendida y
aparentemente cancelada por el accionante, tuvo su origen en los actos
administrativos emanados de la administración municipal mediante los cuales
se liquidó el impuesto por el servicio de alumbrado público a la sociedad actora,
respecto de los meses de enero a diciembre de 2012 y enero a marzo de
2013…”3.
3) En esa dirección, precisó que en el año 2013 la parte demandante promovió
el medio de control judicial de nulidad y restablecimiento del derecho contra las
liquidaciones oficiales mediante las cuales se le impuso el tributo de alumbrado
público correspondiente al año 2012 y al período comprendido entre enero y
marzo de 2013; sin embargo, en sentencia del 14 de marzo de 20194 la Sección
Cuarta del Consejo de Estado anuló dichos actos administrativos, pero negó la
pretensión de restablecimiento del derecho encaminada a obtener la
devolución de los valores reclamados por ese concepto por razón de la
deficiencia probatoria en que incurrió Ecopetrol SA respecto del pago efectivo,
de modo que, por existir un pronunciamiento judicial en firme sobre el mismo
aspecto debe declararse la prosperidad la excepción de cosa juzgada.
2 SAMAI índice 2, archivo digital denominado “16_EXPEDIENTEDIGI_EXPTRIBUN_016
ContestacionDeman_12_20240715114807479.pdf”.
3 SAMAI índice 2, documento electrónico denominado “16_EXPEDIENTEDIGI_EXPTRIBUN_
016ContestacionDeman_12_20240715114807479.pdf”.
4 Expediente identificado con número de radicación 54001-23-33-000-2013-00343-01 (21.957).
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Expediente 54001-23-33-000-2021-00082-01 (71.518)
Demandante: Ecopetrol SA
Reparación directa
Apelación de sentencia
4. Trámite procesal relevante en primera instancia
1) Mediante auto del 29 de marzo de 2022 el tribunal de primera instancia
declaró probada la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda por
indebida escogencia del medio de control judicial de reparación directa,
prescindió de la celebración de la audiencia inicial y adecuó el proceso al
trámite de sentencia anticipada con el propósito de resolver las excepciones de
caducidad y cosa juzgada formuladas por la entidad demandada y, en
consecuencia, corrió traslado a las partes para alegar de conclusión; los
fundamentos de la providencia son los que a continuación se trascriben debido
a su trascendencia para resolver el asunto de mérito:
“Teniendo en cuenta lo anterior, se observa que en el caso sub
examine, en efecto, gira en torno a procurar la devolución de unas
sumas de dinero que la sociedad demandante pagó a la entidad
demandada por concepto de alumbrado público, que, en efecto,
tuvo la oportunidad de exigir, mediante la anterior demandada
impetrada (radicación: 54001233300020130034301) y como
consecuencia de la declaración de nulidad de los actos
administrativos demandados, inclusive también pudo haber
solicitado la reparación del daño con ocasión a dicha situación
devenida de los mismos.
El Consejo de Estado ha determinado, pacífica y meridianamente,
que existen dos eventos excepcionales donde es posible demandar
mediante el medio de control de reparación directa un daño
antijurídico causado o que devenga de un acto administrativo,
siempre y cuando bajo este medio procesal (reparación directa) no
se cuestione la legalidad de ningún acto administrativo
circunstancia que sólo es posible mediante las acciones de nulidad
y nulidad y restablecimiento del derecho, estas dos son las
excepciones a saber:
“la primera tiene que ver con los daños que se hubieren
causado por un acto administrativo legal y la segunda con los
daños cuya fuente sea la ejecución de un acto administrativo
que haya sido objeto de revocatoria directa o de anulación por
parte de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo”
(…)
No obstante, debe señalarse que en la precitada providencia, el
Consejo de Estado también determinó que en la demanda
tramitada bajo el medio de control de nulidad y restablecimiento,
mediante el cual se declaró nulo el acto administrativo que soporta
los hechos materia de estudio en el proceso de reparación directa,
es necesario que se hayan agotado las exigencias procedentes en
dicho momento y bajo ese medio de control, a efectos de que luego
no se pretenda posteriormente en sede reparación directa, invocar
lo que se omitió en aquella oportunidad, pues al arbitrio del
demandante no pueden escogerse las vías procesales sobre las
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Expediente 54001-23-33-000-2021-00082-01 (71.518)
Demandante: Ecopetrol SA
Reparación directa
Apelación de sentencia
cuales tramitarse las acciones en sede judicial y menos aún las
oportunidades legales para solicitarlas.
( …)
Conforme a lo expuesto, se considera que en ninguna de las
situaciones excepcionales fijadas por los criterios jurisprudenciales
del Consejo de Estado se enmarca el asunto bajo estudio, dado que
para ello debe configurarse como presupuesto necesario que el
daño alegado no haya sido posible demandarlo mediante el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho, situación que
no es la presente en el sub exámine, puesto que bastaba con
solicitar la devolución de las sumas pagadas como restablecimiento
del derecho.
Efectivamente, está acreditado que, en atención a solicitud de
adición de sentencia elevada por la parte demandante, la Sección
Cuarta del Consejo de Estado mediante auto del 19 de septiembre
de 2019, resolvió negarla, considerando que “la actora sustenta la
solicitud en que aportó prueba del referido pago, sin embargo, se
insiste, la Sala no accedió a las demás pretensiones, pues el
documento contentivo de una «autorización de pago», constituye
prueba de la orden interna entre dependencias de Ecopetrol S.A.
que emite el «Departamento O&M Caño Limón» a «cuentas por
pagar», para que girara el valor reclamado de $1.460.919.800, no
obstante, no está acreditado tal pago, pues en dicho documento no
se aprecia ningún recibo de pago, sello de recibido del pago de la
entidad bancaria que recauda el tributo, o de la entidad territorial
que demuestre tal afirmación. De esta forma la Sala resolvió el caso
de acuerdo con las pruebas obrantes en el plenario, por lo que no
se advierte que hayan quedado sin resolver asuntos objeto de la
litis.” (ver págs. 137 PDF. 003AnexosDemanda)
Así las cosas, resulta irrefutable que el medio de control bajo el cual
se interpuso la presente demanda no es el procedente para
reclamar los perjuicios causados con el acto administrativo
enjuiciado en otra causa judicial y momento procesal distinto; donde
se tuvo la oportunidad y el medio idóneo para tal efecto,
circunstancia ésta que deja al caso fuera de cualquiera de las
hipótesis previstas por la jurisprudencia del Consejo de Estado para
que excepcionalmente sea procedente el medio de control de
reparación directa.
Por lo anterior, se configura la excepción previa en los términos
planteados por la entidad demandada.
Despejado aquello, teniendo en cuenta que la entidad demandada
en la contestación de la demanda, propuso la excepción de “cosa
juzgada”, con base en la existencia de un proceso anterior
tramitado con antelación por los mismos hechos y bajo el mismo
medio de control, al igual que la de “caducidad”, corresponde a
continuación ajustar el trámite para sentencia anticipada, tal y como
lo ordena el ultimo inciso del parágrafo 2 del artículo 175 de la Ley
1437 de 2011, modificado por el artículo 38 de la Ley 2080 de
20216, en los términos previstos en el numeral tercero del artículo
182A ibidem.
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Expediente 54001-23-33-000-2021-00082-01 (71.518)
Demandante: Ecopetrol SA
Reparación directa
Apelación de sentencia
Así las cosas, resueltas las excepciones de carácter previo
formuladas por la parte demandada, de conformidad con lo
establecido en la norma aludida, se procede a ajustar el trámite
procesal para dictar sentencia anticipada.
Establecido lo anterior, corresponderá decidir sobre el decreto de
las pruebas solicitadas y aportadas por las partes en la demanda y
sus contestaciones, que reúnen los requisitos de necesidad,
pertinencia, conducencia y utilidad, tal y como se dispondrá en la
parte resolutiva de la presente providencia.
Así mismo, se fija el litigio en el sub lite, teniendo en cuenta las
pretensiones y los argumentos de la demanda, así como los de la
contestación, en determinar si se encuentran probada las
excepciones de “caducidad” y/o “cosa juzgada” propuestas por el
MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA.
(…)”5 (negrillas y mayúsculas fijas sostenidas del original).
2) Contra las anteriores determinaciones la entidad demandante interpuso
recurso de reposición y en subsidio de apelación.
3) En auto del 2 de junio de 2022 el tribunal a quo no repuso el proveído del 29
de marzo de 2022 y rechazó por improcedente el recurso de apelación, decisión
que sustentó en el siguiente razonamiento:
“Desde ya reitera el Despacho la tesis adoptada en el auto recurrido
y que dio lugar a declarar probada la excepción previa de “ineptitud
sustantiva de la demanda por indebida escogencia del medio de
control”, toda vez que el medio de control bajo el cual se interpuso
la presente demanda de reparación directa no es el procedente
para reclamar los perjuicios causados con el acto administrativo
enjuiciado en otra causa judicial y momento procesal distinto, como
lo fue dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
(radicación: 54001233300020130034301), donde la parte
demandante tuvo la oportunidad y el medio idóneo para exigir la
devolución de los dineros pagados al ente territorial demandado por
concepto de alumbrado público, en calidad de restablecimiento del
derecho y como consecuencia de la declaración de nulidad de los
actos administrativos demandados, así mismo, de pretender la
reparación del daño que en el presente asunto reclama,
circunstancia ésta que deja al caso fuera de cualquiera de las
hipótesis previstas por la jurisprudencia del Consejo de Estado para
que excepcionalmente sea procedente el medio de control de
reparación directa; por ende, no se repondrá la decisión
cuestionada” 6.
5 SAMAI índice 2, documento electrónico denominado “50_EXPEDIENTEDIGI_EXPTRIBUN_
02021082RDVSMUNICIPI_46_20240715114811448.pdf”.
6 SAMAI índice 2, documento electrónico denominado “51_EXPEDIENTEDIGI_EXPTRIBUN_
02921082RDVSMPIOCUCU_47_20240715114811541.pdf”.
8
Expediente 54001-23-33-000-2021-00082-01 (71.518)
Demandante: Ecopetrol SA
Reparación directa
Apelación de sentencia
4) Posteriormente, en providencia del 18 de agosto de 2022 el tribunal de primer
grado negó la solicitud de adición elevada por la parte accionante por
considerar que corresponde a una inconformidad del extremo activo frente a lo
decidido y no a un aspecto de derecho sin resolver, pues, al declararse probada
la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda se adecuó la pretensión al
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho7, al respecto
sostuvo:
“En ese orden de ideas, abordando de fondo el estudio de la
solicitud de adición, es menester reiterar una vez más, tal como se
ha venido precisando en los pronunciamientos que anteceden a la
actuación, que en el presente asunto resulta irrefutable que el
medio de control bajo el cual se interpuso la demanda de reparación
directa no es el procedente para reclamar los perjuicios causados
con el acto administrativo enjuiciado en otra causa judicial y
momento procesal distinto, como lo fue dentro del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho radicación:
54001233300020130034301, donde la parte demandante tuvo la
oportunidad y el medio idóneo para tal efecto, esto es, reclamar la
devolución de los dineros pagados al ente territorial demandado por
concepto de alumbrado público, en calidad de restablecimiento del
derecho y como consecuencia de la declaración de nulidad de los
actos administrativos demandados, así mismo, de pretender la
reparación del daño que en el presente asunto reclama.
Por las razones allí plasmadas, en el auto del 29 de marzo de 2022,
numeral 2 de su parte resolutiva, se declaró probada la excepción
previa de “ineptitud sustantiva de la demanda por indebida
escogencia del medio de control”, propuesta por la entidad
demandada, correspondiendo, por tanto, en virtud de la
prerrogativa del artículo de que trata el artículo 171 del CPACA,
adecuar la demanda al medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho.
En dicha providencia del 29 de marzo de 2022, el Despacho,
posterior a la adecuación de la demanda al medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, procedió a ajustar el trámite
procesal para dictar sentencia anticipada, atendiendo que a
continuación habría lugar a examinar la procedencia de la figura
de la “caducidad” y/o “cosa juzgada”, propuestas por la entidad
demandada en la contestación de la demanda, ya que para el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho se debe
tener en cuenta que el término de caducidad es de cuatro (4) meses
contados a partir del día siguiente a su comunicación, notificación,
ejecución o publicación, según el caso, conforme a lo establecido
en el literal c) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA, sumado a
la existencia de un proceso tramitado por los mismos hechos y bajo
el mismo medio de control con antelación, y tal y como lo ordena el
ultimo inciso del parágrafo 2 del artículo 175 de la Ley 1437 de
7 SAMAI índice 2, documento electrónico denominado “52_EXPEDIENTEDIGI_EXPTRIBUN_
03421082RDVSMPIOCUCU_48_20240715114811635.pdf”.
9
Expediente 54001-23-33-000-2021-00082-01 (71.518)
Demandante: Ecopetrol SA
Reparación directa
Apelación de sentencia
2011, modificado por el artículo 38 de la Ley 2080 de 2021, la
caducidad y la cosa juzgada se analizan y deciden mediante
sentencia anticipada, en los términos previstos en el numeral
tercero del artículo 182A ibidem.
Bajo el anterior contexto, para el Despacho la solicitud de adición
que se examina realmente plantea el desacuerdo de la parte
demandante frente al sentido de la decisión adoptada y que fue
confirmada en el auto anterior, antes que la necesidad de resolver
sobre cualquiera de los extremos de la litis o sobre cualquier otro
punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de
pronunciamiento. La solicitud está encaminada a que se haga un
pronunciamiento sobre la excepción, que como se indicó en
párrafos anteriores, ya existió un pronunciamiento al respecto en
los autos del 29 de marzo de 2022 y del 2 de junio de 2022”8
(negrillas sostenidas del original).
5. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Norte de Santander en sentencia del 1º de junio
de 20239 declaró probada la excepción de cosa juzgada con sustento en el
siguiente razonamiento:
1) El presente asunto guarda identidad de partes, objeto y de causa con el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con la radicación
no. 54001-23-33-000-2013-00343-01, en el cual se solicitó la nulidad de las
liquidaciones oficiales que impusieron el pago del impuesto de alumbrado
público correspondiente al período comprendido entre enero de 2012 y marzo
de 2013 y, a título de restablecimiento del derecho, la consecuente devolución
de las sumas canceladas por ese concepto.
2) En el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho antes citado la
Sección Cuarta de esta Corporación en sentencia de segundo grado del 14 de
marzo de 2019 anuló el conjunto de actos administrativos demandados, pero
denegó la devolución de las sumas sufragadas por Ecopetrol SA debido a la
deficiencia probatoria respecto del pago efectivo del tributo.
8
SAMAI índice 2, fls. 2 y 3 documento electrónico denominado “52_EXPEDIENTEDIGI_EXP
TRIBUN_03421082RDVSMPIOCUCU_48_20240715114811635.pdf”.
9 SAMAI índice 2, documento electrónico denominado “058ED_57SENTENFIAPDF.pdf”.
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Expediente 54001-23-33-000-2021-00082-01 (71.518)
Demandante: Ecopetrol SA
Reparación directa
Apelación de sentencia
3) No es de recibo que Ecopetrol SA acuda a la pretensión de enriquecimiento
sin causa para solicitar la devolución de la suma de $1.460.919.800 pagada el
4 de diciembre de 2013 por concepto del gravamen fijado mediante las
liquidaciones oficiales que posteriormente fueron declaradas nulas en la
referida sentencia de segunda instancia proferida por del Consejo de Estado
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho antes citado,
pues, esa pretensión ya fue debatida y definida en sede judicial de manera
desfavorable a sus intereses.
6. El recurso de apelación
Inconforme con la decisión, la parte actora interpuso recurso de apelación10 a
través del cual solicitó revocar la decisión de primera instancia y acceder a las
pretensiones de la demanda11. Los argumentos del recurso son, en síntesis, los
siguientes:
1) El tribunal de primer nivel adecuó la demanda al medio de control judicial de
nulidad y restablecimiento del derecho sin conceder a Ecopetrol SA la
oportunidad de ajustarla, lo cual desconoció sus derechos de defensa y de
debido proceso; pues, con la demanda no se pretende la nulidad de ningún acto
administrativo, sino que, se busca recuperar el dinero pagado sin fundamento
jurídico, como consecuencia de la anulación de los actos administrativos que le
impusieron el tributo.
2) En el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho se declaró que
Ecopetrol SA no estaba obligada a pagar el impuesto de alumbrado público y
se negó la devolución del tributo sufragado el 4 de diciembre de 2013 por la
ausencia de prueba idónea del pago y no por la improcedencia de la pretensión;
en consecuencia, el medio de control judicial de reparación directa ejercido es
pertinente para obtener la restitución del monto cancelado sin justificación legal
ante la anulación de los actos administrativos que lo impusieron, pues, el
10 Mediante auto del 25 de junio de 2014 el tribunal concedió el recurso formulado (SAMAI
índice 2, documento electrónico denominado “45_EXPEDIENTEDIGI_EXPTRIBUN_048AUTO
CONCEDEAPELAC_41_20240715114811026.pdf”.
11 SAMAI índice 2, documento electrónico denominado “43_EXPEDIENTEDIGI_EXPTRIBUN_
046ApelacionDemandan_39_20240715114810854.pdf”.
11
Expediente 54001-23-33-000-2021-00082-01 (71.518)
Demandante: Ecopetrol SA
Reparación directa
Apelación de sentencia
aludido pago constituye un enriquecimiento sin causa en favor del municipio
demandado.
3) La excepción de cosa juzgada no se configura porque no se solicitó la
nulidad de ningún acto administrativo; de modo que, no hay identidad de causa
ni de objeto entre uno y otro litigio; además, según lo preceptuado en el artículo
189 del CPACA los efectos de la cosa juzgada recaen, exclusivamente, sobre
la nulidad de los actos administrativos y no sobre el restablecimiento del
derecho.
6. Actuación surtida en segunda instancia
Por auto del 10 de junio de 202512 se admitió el recurso de apelación
interpuesto por el extremo activo del litigio; durante el término de ejecutoria de
la providencia los sujetos procesales guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de
nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el asunto sometido
a consideración con el siguiente derrotero: 1) objeto de la controversia y
anuncio de la decisión, 2) análisis de la configuración de la cosa juzgada y, 3)
condena en costas.
1. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión
Corresponde a la Sala determinar si el municipio de San José de Cúcuta (Norte
de Santander) se enriqueció sin justa causa con el pago efectuado por la
empresa Ecopetrol SA el 4 de diciembre de 2013 por concepto de impuesto de
alumbrado público correspondiente a los períodos de enero a diciembre de
2012 y de enero a marzo de 2013 o, por el contrario, si se configura la excepción
de cosa juzgada por cuanto la restitución de dicho pago fue definida en
providencia judicial previa.
12 SAMAI índice 31.
12
Expediente 54001-23-33-000-2021-00082-01 (71.518)
Demandante: Ecopetrol SA
Reparación directa
Apelación de sentencia
La Sala confirmará la decisión apelada que declaró probada la excepción de
cosa juzgada, porque con antelación a la presente decisión se profirió una
sentencia de fondo y definitiva dentro del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho no. 54001-23-33-000-2013-00343-01 tramitado en segunda
instancia en la Sección Cuarta del Consejo de Estado, en la cual se negó el
reintegro la suma pretendida por Ecopetrol SA por concepto de impuesto de
alumbrado público del año 2012 y de los meses de enero a marzo de 2013
debido a la ausencia de prueba del pago efectivo, de modo que la pretensión
planteada en el presente litigio ya fue objeto de pronunciamiento judicial
anterior, por lo cual no puede ventilarse nuevamente invocando el ejercicio de
un cauce procesal distinto.
2. Análisis de la configuración de la cosa juzgada
1) De conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 187 del
CPACA “en la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre
cualquiera otra que el fallador encuentre probada”.
2) Acorde con esa competencia, la cosa juzgada constituye un impedimento
para pronunciarse de nuevo sobre una controversia ya suscitada y decidida por
el juez, por lo cual cualquier determinación posterior no produce efectos
procesales ni sustanciales ya que, las decisiones judiciales en relación con la
certeza de la definición objeto de litigio adquieren un carácter definitivo e
inmutable.
3) Al respecto, la Corte Constitucional ha determinado que la cosa juzgada es
“una institución jurídico procesal mediante la cual se otorga a las decisiones
plasmadas en una sentencia y en algunas otras providencias, el carácter de
inmutables, vinculantes y definitivas. Los citados efectos se conciben por
disposición expresa del ordenamiento jurídico para lograr la terminación
definitiva de controversias y alcanzar un estado de seguridad jurídica”13.
13 Sentencia de la Corte Constitucional, C-774 de 2001, MP Rodrigo Escobar Gil.
13
Expediente 54001-23-33-000-2021-00082-01 (71.518)
Demandante: Ecopetrol SA
Reparación directa
Apelación de sentencia
4) A su turno, esta Corporación ha sostenido que la cosa juzgada “(...) hace
referencia al carácter imperativo e inmutable de las decisiones que han
adquirido firmeza, lo cual implica de suyo la imposibilidad de volver sobre
asuntos ya juzgados, para introducir en ellos variaciones o modificaciones
mediante la adopción de una nueva providencia”; en consecuencia, es posible
“(…) predicar la existencia del fenómeno de la cosa juzgada, cuando llega al
conocimiento de la jurisdicción un nuevo proceso con identidad jurídica de
partes, causa y objeto”14.
5) En esa dirección, el marco legal que regula la materia en el artículo 303 del
Código del Código General del proceso prevé que “la sentencia ejecutoriada
proferida en proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada, siempre que el
nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, y se funde en la misma causa que
el anterior, y que entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes”.
6) Con el fin de determinar si en el presente asunto se configura la excepción
de cosa juzgada es relevante destacar que en los hechos de la demanda se
indicó que con anterioridad a esta acción Ecopetrol SA promovió un primer
proceso judicial de nulidad y restablecimiento del derecho; esta afirmación se
encuentra respaldada por los medios de prueba que se detallan a continuación:
a) Ecopetrol SA promovió demanda contencioso administrativa en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho la cual fue
conocida en primera instancia por el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander y en segunda por la Sección Cuarta del Consejo de Estado en el
expediente con radicación no. 54001-23-33-000-2013-00343-01 (21.957); las
pretensiones formuladas en dicho litigio fueron las siguientes:
“3.1. DECLARAR LA NULIDAD TOTAL de cada una de las
Resoluciones de Liquidación del Impuesto de Alumbrado Público
de los periodos Enero 2012 hasta Marzo 2013, proferidas por el
Subsecretario de Despacho Área Gestión de Recuperación de
Cartera de la Alcaldía de San José de Cúcuta y de las Resoluciones
por las cuales se admitió y resolvió el recurso de reconsideración
14 Pueden consultarse, entre otras, las sentencias del Consejo de Estado, del 5 de marzo de 2009, Sección
Primera, en el expediente no. 11001-03-24-000-2004-00262-01, MP Rafael Ostau de Lafont P, reiterada
en sentencia de la Sección Tercera, Subsección A, del 24 de marzo de 2011, MP Olga Mélida Valle De
La Hoz, en el expediente no. 34396 y en la sentencia de la Sección Tercera, Subsección B, del 24 de
mayo de 2012, en el expediente no. 23221, MP Stella Conto Díaz del Castillo.
14
Expediente 54001-23-33-000-2021-00082-01 (71.518)
Demandante: Ecopetrol SA
Reparación directa
Apelación de sentencia
interpuesto oportunamente por Ecopetrol S.A.
[…]
3.2. A título de restablecimiento DECLARAR que Ecopetrol S.A.
ostentaba para los períodos citados la calidad de usuario y ha
cumplido con el pago del impuesto del servicio de alumbrado
público en esta calidad y que por tanto, es improcedente el cobro
con base en la tarifa establecida en el artículo 11 del Acuerdo 101
de 2002 y el parágrafo segundo del artículo 150 del Acuerdo 040
de 2010 en razón a la condición establecida por el Consejo de
Estado en sentencia del 10 de marzo de 2011.
3.3. RESTABLECER O RESTAURAR el derecho conculcado a
Ecopetrol S.A. y en consecuencia ORDENAR a la Alcaldía de
Cúcuta la devolución total de los valores pagados en exceso por
concepto de alumbrado público de los períodos fiscales
correspondientes a los meses de Enero de 2012 a Marzo de 2013
debidamente actualizados o indexados.
3.4 DECLARAR que es INCONSTITUCIONAL, por violar los
principios consagrados constitucionalmente de igualdad ante las
cargas públicas, equidad, justicia y progresividad y por superar con
el recaudo, el cobro del impuesto de alumbrado público de forma
mensual a las empresas cuyos oleoductos atraviesan predios
situados en la jurisdicción rural o urbana del municipio de San José
de Cúcuta con la tarifa equivalente a 160 S.M.L.M.V., cuando
previamente se les ha cobrado en calidad de usuario y no se les
presta el servicio.
3.5. CONDENAR en costas de este proceso a la Alcaldía Municipal
de Cúcuta, Norte de Santander”15 (mayúsculas fijas y negrillas del
original).
b) En el aludido proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, el 14 de
marzo de 2019 la Sección Cuarta del Consejo de Estado profirió sentencia de
segunda instancia a través de la cual revocó la sentencia del 19 de febrero de
2015 dictada por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander y, en su
lugar, dispuso:
“1. REVOCAR la sentencia del 19 de febrero de 2015, proferida por
el Tribunal Administrativo de Norte de Santander. En su lugar, se
dispone:
1) ANULAR las Liquidaciones Oficiales Nº 003 del 24 de enero, 032
del 14 de febrero, 068 del 30 de marzo, 077 del 17 de abril, 146 del
31 de mayo, 157 del 12 de junio, 198 del 18 de julio, 223 del 24 de
agosto, 241 del 26 de septiembre, 273 del 29 de octubre, 303 del
29 de noviembre y 398 del 26 de diciembre del 2012, y las Nº 011
del 30 de enero, 057 del 28 de febrero y 072 del 12 de marzo de
2013, y sus confirmatorias, las Resoluciones N° 168, 169, 170, 171,
15 SAMAI índice 2, fls. 115 a 116 archivo digital denominado “6_EXPEDIENTEDIGI_EXPTRI
BUN_003AnexosDemanda_2_20240715114806244.pdf”.
15
Expediente 54001-23-33-000-2021-00082-01 (71.518)
Demandante: Ecopetrol SA
Reparación directa
Apelación de sentencia
172, 173, 174, 175, 176 del 23 de mayo de 2013, 181 del 27 de
mayo de 2013, 341, 342 y 343 del 15 de julio de 2013, 581 del 18
de junio de 2013 y 582 del 28 de agosto de 2013, proferidas por la
Subsecretaría de Despacho Área Gestión de Rentas e Impuestos y
la Secretaría de Despacho Área Dirección de Hacienda del
municipio de San José de Cúcuta.
2) A título de restablecimiento del derecho DECLARAR que la
demandante no está obligada a pagar el impuesto de alumbrado
público de los periodos enero de 2012 a marzo de 2013,
determinado en los actos anulados en el numeral anterior.
2. NEGAR las demás pretensiones de la demanda
3. Sin condena en costas en ambas instancias”16 (negrillas y
mayúsculas sostenidas del original).
Para arribar a las antedichas determinaciones esta Corporación esgrimió la
argumentación que a continuación se transcribe:
“En síntesis, la actora alega que se le considera sujeto pasivo del
impuesto de alumbrado público por su condición de usuario, y por
poseer oleoductos que atraviesan la zona rural del municipio de
Cúcuta, lo que implica el desconocimiento de lo dispuesto por esta
Corporación en la sentencia del 11 de marzo de 2010, Expediente
16667, que condicionó el cobro del gravamen a que no se hubiera
liquidado el impuesto en calidad de usuario del servicio.
Por su parte, el municipio señala que sí se debe cobrar el referido
tributo a la actora, en razón a que por poseer oleoductos en ese
territorio, debe ser considerada como usuario potencial del servicio,
conforme con la normativa local (Acuerdo 040 de 2010).
Al respecto, es importante precisar que en la citada providencia del
11 de marzo de 2010, la Sala dispuso expresamente en la parte
resolutiva la legalidad del acto acusado, esto es, gravar con el
impuesto de alumbrado público a las empresas cuyos oleoductos
atraviesen predios situados en la jurisdicción rural o urbana del
municipio de San José de Cúcuta que se encuentren establecidas
en dicha jurisdicción (aspecto no controvertido), siempre y cuando
el municipio no les liquide el impuesto en calidad de
“usuarios” del servicio de energía eléctrica.
Lo anterior, además en concordancia con el criterio expuesto por la
Sala, que ahora se reitera, en cuanto a que en los eventos de
“facturación del servicio de energía eléctrica como usuario
regulado, se impondría la carga adicional de declarar y pagar el
tributo por una condición diferente, lo cual transgrede los principios
de equidad, progresividad y legalidad del tributo”.
(…)
16 SAMAI índice 2, fls. 132 a 133 archivo digital denominado “6_EXPEDIENTEDIGI_EXPTRI
BUN_003AnexosDemanda_2_20240715114806244.pdf”.
16
Expediente 54001-23-33-000-2021-00082-01 (71.518)
Demandante: Ecopetrol SA
Reparación directa
Apelación de sentencia
En el caso concreto, la Sala encuentra probados los siguientes
hechos:
➢ Que la demandante es una empresa de exploración, explotación,
refinación, transporte, almacenamiento, distribución y
comercialización de hidrocarburos, cuyo domicilio principal es la
ciudad de Bogotá, pero que de acuerdo con el trámite en vía
administrativa y judicial, la apoderada de Ecopetrol S.A. informó
como dirección de notificaciones las instalaciones de la empresa
ubicadas en «Redoma de San Mateo, Autopista Internacional,
Cúcuta Norte de Santander» razón por la cual es un usuario
regulado del servicio de energía eléctrica en esa jurisdicción y, por
ende, contribuyente del impuesto de alumbrado público [numeral 2
del artículo 150 del Acuerdo 040 de 2010].
➢ La actora tributa por el impuesto de alumbrado público como
«usuario» regulado del servicio de energía eléctrica, por contar con
instalaciones en la jurisdicción del municipio de Cúcuta [numeral 7
del” artículo 150 Ib.], a través de las facturas emitidas por CENS,
de los periodos entre enero de 2012 a marzo de 2013.
➢ En el expediente está demostrado y es un hecho no
controvertido, que la actora pagó las facturas expedidas por el
municipio de San José de Cúcuta, por intermedio de CENS -
empresa que presta el servicio de energía eléctrica en su
jurisdicción- y recauda el impuesto de alumbrado público a los
usuarios.
➢ Posteriormente, la Alcaldía Municipal de San José de Cúcuta
expidió las Resoluciones Nº 003 del 24 de enero, 032 del 14 de
febrero, 068 del 30 de marzo, 077 del 17 de abril, 146 del 31 de
mayo, 157 del 12 de junio, 198 del 18 de julio, 223 del 24 de agosto,
241 del 26 de septiembre, 273 del 29 de octubre, 303 del 29 de
noviembre y 398 del 26 de diciembre del 2012, 011 del 30 de enero,
057 del 28 de febrero y 072 del 12 de marzo de 2013, mediante las
cuales liquidó el impuesto de alumbrado público a la empresa
ECOPETROL S.A., por los mismos periodos de enero de 2012 a
marzo de 2013, por poseer oleoductos que atraviesan predios
situados en su jurisdicción, conforme con lo dispuesto por los
artículos 11 del Acuerdo 101 de 2002 y 150 del Acuerdo 040 de
2010.
En esas condiciones, la Sala considera que la administración no
podía liquidar y cobrar el impuesto de alumbrado público a la
empresa demandante, bajo la condición de propietario de
oleoductos, por cuanto esta pagó el tributo que le asistía como
usuario regulado del servicio de alumbrado público (hecho no
discutido), lo cual quedó registrado en las facturas del servicio, con
lo cual cumplió el deber sustancial.
Una posición contraria implica el doble pago del tributo, pues
además del pago que la empresa realizó con la facturación del
servicio de energía eléctrica como usuario regulado, se impondría
la carga adicional de pagar el tributo por una condición diferente, lo
cual transgrede los principios de legalidad, equidad y progresividad
del tributo.
17
Expediente 54001-23-33-000-2021-00082-01 (71.518)
Demandante: Ecopetrol SA
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Apelación de sentencia
Por lo expuesto, la Sala se releva del estudio de los demás cargos
de la apelación, revocará la sentencia del 19 de febrero de 2015,
proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander y, en
su lugar, declarará la nulidad de los actos administrativos
demandados. Como restablecimiento del derecho, declarará que la
empresa no está obligada a pagar suma alguna por concepto del
impuesto de alumbrado público de los periodos enero de 2012 a
marzo de 2013, determinado en los actos que se anulan.
(…)”17 (negrillas y mayúsculas sostenidas del original).
c) Posteriormente, Ecopetrol SA presentó solicitud de adición de la referida
sentencia proferida el 14 de marzo de 2019 por “… considerar que se debía
ordenar la devolución de lo pagado en «exceso por concepto de alumbrado
público», pues «el valor total del restablecimiento que pretende mi
representada asciende a la suma de $1.460.919.800, suma que
corresponde al valor liquidado, causado por la entidad demandada, tal
como consta en la CERTIFICACIÓN de fecha 22 de noviembre de 2013 que
se adjunta y que fue pagada por Ecopetrol S.A. por concepto de
alumbrado público para los períodos de enero a diciembre del año 2012 y
los meses de enero a marzo del año 2013»”18.
d) Mediante providencia del 19 de septiembre de 2019 la Sección Cuarta de
esta Corporación negó la solicitud de adición con apoyo en el siguiente
razonamiento:
“En la sentencia objeto de la solicitud de adición se resolvió declarar
la nulidad de los actos administrativos demandados y, a título de
restablecimiento del derecho, declarar que la demandante no
estaba obligada a pagar el impuesto de alumbrado público de los
periodos enero de 2012 a marzo de 2013, bajo la condición de
propietaria de oleoductos, pues con fundamento en las pruebas que
obran en el proceso, la Sala concluyó que la actora tributó por el
impuesto de alumbrado público en su calidad de «usuario»
regulado del servicio de energía eléctrica, en virtud de las facturas
expedidas por el municipio de Cúcuta, a través de la empresa
CENS.
Lo anterior implica que a juicio de la Sala, y como se reitera, las
demás pruebas allegadas al proceso no dan cuenta de los pagos
que reclama realizó la demandante, en tanto el certificado del 22 de
noviembre de 2013, expedido por el Subsecretario del Área de
Gestión de Rentas e impuestos del municipio de San José de
Cúcuta se refiere expresamente a que «ECOPETROL S.A.,
17 SAMAI índice 2, fls. 126 a 127 y 129 a 131 archivo digital denominado
“6_EXPEDIENTEDIGI_EXPTRI BUN_003AnexosDemanda_2_20240715114806244.pdf”.
18 SAMAI índice 2, fl. 135 archivo digital denominado “6_EXPEDIENTEDIGI_EXPTRI
BUN_003AnexosDemanda_2_20240715114806244.pdf” – resaltado de la Sala.
18
Expediente 54001-23-33-000-2021-00082-01 (71.518)
Demandante: Ecopetrol SA
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Apelación de sentencia
adeuda la suma de dinero por capital de $1.316.266.213, y por
concepto de intereses la suma de $144.653.600 para una suma
total de capital más intereses de $1.460.919.8004», pero en nada
se refiere a que haya recibido ese pago, como lo quiere hacer ver
la demandante.
A su vez, la actora sustenta la solicitud en que aportó prueba del
referido pago, sin embargo, se insiste, la Sala no accedió a las
demás pretensiones, pues el documento contentivo de una
«autorización de pago», constituye prueba de la orden interna
entre dependencias de Ecopetrol S.A. que emite el «Departamento
O&M Caño Limón» a «cuentas por pagar», para que girara el valor
reclamado de $1.460.919.800, no obstante, no está acreditado tal
pago, pues en dicho documento no se aprecia ningún recibo de
pago, sello de recibido del pago de la entidad bancaria que recauda
el tributo, o de la entidad territorial que demuestre tal afirmación.
De esta forma la Sala resolvió el caso de acuerdo con las pruebas
obrantes en el plenario, por lo que no se advierte que hayan
quedado sin resolver asuntos objeto de la litis”19 (negrillas y
mayúsculas sostenidas del original).
7) Del anterior panorama fáctico y probatorio es posible establecer idónea y
fehacientemente identidad de partes, objeto y causa entre el mencionado
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho no. 54001-23-33-000-2013-
00343-01 (21.957) y el presente asunto, por las razones que se exponen a
continuación.
a) Existe coincidencia entre las partes, porque en ambos procesos fungen
como integrantes de la litis en condición de parte demandante la empresa
Ecopetrol SA y como demandado el municipio de San José de Cúcuta.
b) También se advierte satisfecho el presupuesto de identidad de objeto, toda
vez que, tanto en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho como
en el presente se persigue el mismo fin, esto es, la devolución de los valores
pagados por Ecopetrol SA por concepto de impuesto de alumbrado público por
el período comprendido entre enero de 2012 y marzo de 2013, equivalente a la
suma de $1.460.919.800; es decir, en los dos procesos la pretensión
resarcitoria es la misma.
19 SAMAI índice 2, fls. 136 a 137 archivo digital denominado “6_EXPEDIENTEDIGI_EXPTRI
BUN_003AnexosDemanda_2_20240715114806244.pdf”.
19
Expediente 54001-23-33-000-2021-00082-01 (71.518)
Demandante: Ecopetrol SA
Reparación directa
Apelación de sentencia
c) A su vez, se configura la identidad de causa debido a que en los dos
asuntos la pretensión económica o resarcitoria descansa en los mismos
fundamentos fácticos y jurídicos: el pago del impuesto de alumbrado público de
enero de 2012 a marzo de 2013 con ocasión de las liquidaciones oficiales
expedidas por el municipio de San José de Cúcuta.
Así, en el proceso previo de nulidad y restablecimiento del derecho el litigio se
concentró en la ilegalidad de los actos administrativos que impusieron la
obligación tributaria a la demandante por el hecho de inobservar la aplicación
condicionada del artículo 11 del Acuerdo 101 de 2002, fijada por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado en la sentencia del 11 de marzo de 2010, en la
cual se estableció la improcedencia del cobro del impuesto de alumbrado
público en los eventos en que dicho gravamen ya se hubiera causado en
condición de usuario del servicio de energía eléctrica, por lo cual, a título de
restablecimiento del derecho se peticionó la devolución de las sumas pagadas
por esa carga tributaria las cuales ascendían al monto de $1.460.919.800.
Por su parte, aunque en el presente proceso se acudió a la pretensión de
enriquecimiento sin causa en ejercicio del medio de control judicial de
reparación directa20 el fundamento del reclamo es el mismo, en tanto que
nuevamente se persigue la restitución de la suma de $1.460.919.800 con
sustento en la ilegalidad de los actos administrativos que le impusieron la
obligación tributaria a Ecopetrol SA.
8) En esta dirección, es clara la configuración de la institución procesal de la
cosa juzgada por cuanto en sentencia judicial anterior se definió el objeto de la
presente controversia.
9) De otro lado, en cuanto a los efectos de la sentencia debe acudirse al
contenido del artículo 189 del CPACA que dispone lo siguiente:
“Artículo 189. Efectos de la sentencia. La sentencia que declare
la nulidad de un acto administrativo en un proceso tendrá fuerza
de cosa juzgada erga omnes. La que niegue la nulidad pedida
20 El cual posteriormente fue adecuado por el tribunal de primer grado al medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho.
20
Expediente 54001-23-33-000-2021-00082-01 (71.518)
Demandante: Ecopetrol SA
Reparación directa
Apelación de sentencia
producirá cosa juzgada erga omnes pero solo en relación con la causa
petendi juzgada. Las que declaren la legalidad de las medidas que se
revisen en ejercicio del control inmediato de legalidad producirán
efectos erga omnes solo en relación con las normas jurídicas
superiores frente a las cuales se haga el examen.
(…)
La sentencia proferida en procesos de restablecimiento del
derecho aprovechará a quien hubiere intervenido en ellos y
obtenido esta declaración a su favor.
Las sentencias ejecutoriadas serán obligatorias y quedan
sometidas a la formalidad del registro de acuerdo con la ley.
(…)” (destaca la Sala).
Del postulado normativo anteriormente citado se tiene que la sentencia que
declara la nulidad de un acto administrativo produce efectos de cosa juzgada
erga omnes, es decir, sobre la cuestión decidida no es posible volver a efectuar
un estudio de legalidad, ni siquiera en el evento de que se formulen cargos de
violación diferentes a aquellos que derivaron en su anulación.
Ahora bien, tratándose del medio de control judicial de nulidad y
restablecimiento del derecho los efectos restaurativos se predican para los
sujetos intervinientes -inter partes-, de modo que la negativa respecto de la
reclamación resarcitoria planteada comporta un pronunciamiento judicial de
fondo y definitivo, razón por la cual no es jurídicamente viable que la parte cuyas
súplicas se deciden de manera desfavorable a sus intereses acuda a un
escenario jurisdiccional distinto con el propósito de obtener una nueva
sentencia sobre un mismo aspecto, so pretexto de no perseguir la anulación de
un acto administrativo, en la medida que aceptar ese proceder conduciría a
vaciar de contenido la institución de la cosa juzgada.
En esa dirección, el hecho de que la pretensión resarcitoria fuera denegada en
el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho por ausencia de prueba
del pago efectivo del impuesto de alumbrado público por parte de Ecopetrol SA
y no por ser abiertamente improcedente, no implica que la sentencia que definió
el asunto carezca de los efectos de la cosa juzgada ni tampoco permite la
reapertura del debate como una pretensión de enriquecimiento sin causa,
máxime porque este hecho resulta contraevidente en la medida que el eventual
21
Expediente 54001-23-33-000-2021-00082-01 (71.518)
Demandante: Ecopetrol SA
Reparación directa
Apelación de sentencia
traslado patrimonial que se reclama tuvo causa en uno actos expedidos por la
administración municipal, es decir, no careció de causa jurídica.
Finalmente, el reproche de la apelación relativo a la supuesta vulneración de
los derechos de defensa y debido proceso de Ecopetrol SA por la decisión del
tribunal de primer grado de adecuar la demanda al medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho carece vocación de prosperar por cuanto no fue
un asunto debatido en la sentencia de primer nivel, sino en una etapa procesal
anterior; por ende, la aludida determinación cobró firmeza y no puede volverse
sobre ella; en todo caso, con independencia de lo antedicho debe reiterarse
que, precisamente, la configuración de la institución de la cosa juzgada
constituye en un impedimento sustancial para emitir un nuevo pronunciamiento
de fondo sin que resulte relevante que la parte acuda a un medio de control
diferente.
10) Por lo expuesto, se impone a esta Corporación confirmar la sentencia de
primera instancia que declaró probada la excepción de cosa juzgada.
3. Condena en costas
En los términos de los artículos 188 del CPACA y 365 (numeral 3) del Código
General del Proceso, como se desestimó el recurso de apelación de la parte
demandante asumirá las costas procesales de la segunda instancia, las cuales
deberán ser liquidadas en forma concentrada por el tribunal de primera
instancia de conformidad con lo dispuesto en los artículos 365 y 366 del Código
General del Proceso.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN
B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley,
22
Expediente 54001-23-33-000-2021-00082-01 (71.518)
Demandante: Ecopetrol SA
Reparación directa
Apelación de sentencia
FALLA:
1º) Confírmase la sentencia proferida el 1º de junio de 2023 por el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander que declaró probada la excepción de
cosa juzgada.
2°) Condénase en costas de segunda instancia a la parte demandante,
tásense de manera concentrada por el tribunal de primera instancia.
3°) Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen, previas las respectivas constancias secretariales de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
(firmado electrónicamente)
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado
(firmado electrónicamente) (firmado electrónicamente)
FREDY IBARRA MARTÍNEZ DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Magistrado Magistrado
Presidente de Subsección
Constancia: la presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados
de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma
SAMAI, en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta de conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022.
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