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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 54001-23-33-000-2021-00284-01

Fecha
3 de julio de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 54001-23-33-000-2021-00284-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de primera instancia proferida el 3 de octubre de 2024 por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. CONDENAR en costas en segunda instancia a la parte demandante por las razones expuestas en la presente providencia. TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 54001-23-33-000-2021-00284-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

3 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá D.C., tres (03) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 54001-23-33-000-2021-00284-01 (0142-2025)
Demandante: Luis Leonardo Salcedo Sierra
Demandado: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (CREMIL)

Tema: Pérdida de fuerza ejecutoria del acto que reconoció
asignación de retiro por reintegro provisional al servicio
activo. Diferencia entre pérdida de ejecutoria y revocatoria
directa. Compatibilidad entre asignación de retiro y salario de
militar reintegrado por orden judicial.

Decisión: Se confirma la sentencia que negó las pretensiones de la
demanda, al concluirse que CREMIL actuó conforme al
artículo 91 del CPACA al declarar la pérdida de fuerza
ejecutoria del acto que reconoció la asignación de retiro
debido al reintegro provisional del demandante al servicio
activo, situación que hacía incompatible la percepción
simultánea de salarios y asignación de retiro respecto del
mismo vínculo funcional y durante el mismo período.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia de primera instancia del 3 de octubre de 2024 proferida por
el Tribunal Administrativo de Norte de Santander.

I. ANTECEDENTES

Demanda1

1. El demandante, en ejercicio del medio de control de la referencia, solicitó
que se declare la nulidad de la Resolución 5290 del «27 de mayo de 2020»,
expedida por la entidad demandada, por medio de la cual se declaró la pérdida
de ejecutoria de la Resolución 3823 del 11 de agosto de 2011 que había
establecido el reconocimiento y pago de la asignación de retiro en su favor, y se
ordenó su extinción.

1 Documento PDF «3_ED_002DEMANDA(.pdf) NroActua 13» visible en el índice 13 de SAMAI del Tribunal.

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Demandante: Luis Leonardo Salcedo Sierra

2. Igualmente, pidió la nulidad de la Resolución 14221 de 2020, mediante la
cual la entidad resolvió desfavorablemente el recurso de reposición interpuesto
contra la Resolución 5290 del 27 de mayo del 2020. De igual forma solicitó la
nulidad del «Auto No. 365» del 30 de noviembre de 2020, dentro del expediente
No. 2020-1614 del proceso de cobro coactivo impulsado por la entidad
demandada, en el que se resuelven las excepciones de mérito.

3. Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se declarara que no estaba
obligado a reintegrar suma alguna a favor de CREMIL y que se ordenara a la
entidad continuar con el pago de la asignación de retiro reconocida mediante la
Resolución 3823 de 2011. Asimismo, pidió el pago de las sumas dejadas de
percibir desde mayo de 2019, junto con los perjuicios ocasionados por la
suspensión del pago de la prestación.

4. Como fundamento fáctico señaló que fue retirado del Ejército Nacional
como teniente coronel mediante Resolución 6837 del 22 de diciembre de 2010
por llamamiento a calificar servicios. Indicó que posteriormente CREMIL le
reconoció asignación de retiro mediante Resolución 3823 del 11 de agosto de
2011, por acreditar más de 15 años de servicio.

5. Manifestó que con anterioridad promovió acción de nulidad y
restablecimiento del derecho contra el acto administrativo que dispuso su retiro
del servicio, dentro de la cual el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de
Cúcuta decretó la suspensión provisional del acto de retiro y ordenó su reintegro
al servicio activo mediante auto del 15 de febrero de 2011. Expuso que en
cumplimiento de dicha medida cautelar, el Ministerio de Defensa lo reintegró
temporalmente al servicio activo a través de la Resolución 6104 del 1 de
diciembre de 2011.

6. Indicó que, pese a que el reintegro obedeció exclusivamente al
cumplimiento de una medida cautelar provisional, CREMIL profirió la Resolución
5290 del «27 de mayo de 2020», mediante la cual declaró la pérdida de ejecutoria
de la Resolución 3823 de 2011 y extinguió la asignación de retiro bajo el
argumento de que el reintegro al servicio activo implicaba incompatibilidad con el
reconocimiento de dicha prestación.

7. Sostuvo que nunca fue notificado personalmente de la Resolución 5290 y
que únicamente tuvo conocimiento de su existencia cuando se suspendió el pago
de la asignación de retiro en mayo de 2019. Relató las diferentes actuaciones
adelantadas ante CREMIL para obtener copia del acto administrativo y lograr su
notificación, así como la acción de tutela promovida para garantizar su derecho
de defensa y contradicción.

8. Adujo que la entidad vulneró los artículos 19 de la Ley 4 de 1992 y 97 del
CPACA por cuanto el reintegro derivado de una suspensión provisional no
generaba incompatibilidad entre el servicio activo y la asignación de retiro, ni

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facultaba a la administración para revocar directamente un acto particular y
concreto sin consentimiento del titular. También alegó vulneración del debido
proceso y del derecho de defensa al haberse omitido la notificación personal de
la Resolución 5290 de 2020.

Contestación de la demanda2

9. La entidad demandada se opuso a las pretensiones de la demanda y
solicitó negar las condenas reclamadas por el actor, incluidas las relacionadas
con costas y agencias en derecho.

10. Frente a los hechos de la demanda, aceptó que el actor fue retirado del
servicio activo mediante Resolución 6837 del 22 de diciembre de 2010 y que
posteriormente se le reconoció asignación de retiro mediante Resolución 3823
del 11 de agosto de 2011. Sin embargo, indicó que dicho reconocimiento estuvo
precedido por diversas actuaciones judiciales y administrativas relacionadas con
la suspensión provisional del acto de retiro y el posterior reintegro temporal del
demandante al servicio activo.

11. Manifestó que mediante fallo de tutela proferido por la Sala Laboral del
Tribunal Superior de Cúcuta se ampararon los derechos fundamentales al debido
proceso y defensa del actor, debido a irregularidades en la notificación de la
Resolución 6837 de 2010, razón por la cual el Ministerio de Defensa Nacional
ordenó su reintegro al servicio activo mediante Resolución 0465 del 8 de febrero
de 2011. Señaló que esta circunstancia obligó a CREMIL a revocar inicialmente
el reconocimiento efectuado mediante Resolución 0662 del 22 de febrero de
2011.

12. Indicó que, una vez notificado nuevamente el acto de retiro y agotado el
trámite correspondiente, CREMIL reconoció nuevamente la asignación de retiro
mediante Resolución 3823 del 11 de agosto de 2011. Igualmente, señaló que el
demandante promovió proceso de nulidad y restablecimiento del derecho contra
el acto de retiro, dentro del cual se decretó medida cautelar de suspensión
provisional y se ordenó su reintegro temporal al servicio activo mediante
Resolución 6104 del 1 de diciembre de 2011.

13. Sostuvo que la Resolución 5290 del 27 de mayo de 2020 no constituyó
una revocatoria directa del acto que reconoció la asignación de retiro, sino una
declaratoria de pérdida de fuerza ejecutoria de la Resolución 3823 de 2011 con
fundamento en el artículo 91 del CPACA, por haber desaparecido los
fundamentos de hecho y de derecho que dieron origen al reconocimiento
prestacional.
14. Como sustento de su defensa, afirmó que la asignación de retiro es
incompatible con el servicio activo y que el reintegro provisional del actor hacía
imposible jurídicamente continuar reconociendo dicha prestación. Precisó que el

2
Documento PDF «11_ED_010CONTESTACIONDEMAN(.pdf) NroActua 13» ibidem.

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Demandante: Luis Leonardo Salcedo Sierra

reconocimiento de la asignación de retiro se encuentra supeditado a que el militar
tenga la condición de retirado del servicio activo, requisito que desapareció con
ocasión del reintegro ordenado judicialmente.

15. Agregó que la entidad actuó conforme a las facultades previstas en el
artículo 91 del CPACA dado que la pérdida de fuerza ejecutoria procede cuando
desaparecen los fundamentos de hecho o de derecho del acto administrativo. En
ese sentido, sostuvo que el fundamento esencial de la Resolución 3823 de 2011
consistía en el retiro efectivo del actor del servicio activo, circunstancia que cesó
con el reintegro ordenado judicialmente.

16. La entidad negó que se hubiese configurado vulneración del debido
proceso o del derecho de defensa e indicó que, aunque inicialmente se
presentaron inconsistencias en la notificación de la Resolución 5290 de 2020,
posteriormente se efectuó la notificación correspondiente y la situación fue
superada en sede de tutela.

17. Asimismo, rechazó la tesis del demandante según la cual resultaba
aplicable el artículo 19 de la Ley 4 de 1992. Explicó que la posibilidad de percibir
simultáneamente asignación de retiro y otra asignación proveniente del tesoro
público únicamente aplica para quien ostente efectivamente la condición de
retirado, lo que no ocurría en el caso concreto debido al reintegro al servicio
activo.

Sentencia apelada3

18. El Tribunal Administrativo de Norte de Santander negó las pretensiones
de la demanda mediante sentencia del 3 de octubre de 2024. Asimismo, se
abstuvo de condenar en costas.

19. Como fundamento de su decisión el a quo señaló que estaba acreditado
que el actor fue retirado del servicio activo mediante Resolución 6837 del 22 de
diciembre de 2010 y que posteriormente CREMIL le reconoció asignación de
retiro mediante la Resolución 3823 del 11 de agosto de 2011. No obstante, indicó
que dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido
contra el acto de retiro se decretó la suspensión provisional de sus efectos y se
ordenó el reintegro del demandante al servicio activo mediante Resolución 6104
del 1 de diciembre de 2011.

20. Consideró que CREMIL actuó conforme al artículo 91 del CPACA al
declarar la pérdida de fuerza ejecutoria de la Resolución 3823 de 2011, dada la
desaparición de los fundamentos de hecho y de derecho que dieron origen al
reconocimiento prestacional teniendo en cuenta que el demandante recuperó la
condición de militar activo como consecuencia de la orden judicial de reintegro.

3 Índice 33 visible en la plataforma SAMAI del Tribunal.

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Demandante: Luis Leonardo Salcedo Sierra

21. El a quo sostuvo que no se configuró una revocatoria directa del acto
particular y concreto, sino la aplicación de la figura de pérdida de fuerza
ejecutoria. Explicó que la finalidad de la administración fue evitar el pago
simultáneo de salario y asignación de retiro provenientes del tesoro público
respecto de una misma relación legal y reglamentaria, situación proscrita por el
artículo 128 de la Constitución Política.

22. Asimismo, indicó que la asignación de retiro exige como presupuesto
indispensable el retiro efectivo del servicio activo, razón por la cual no era
jurídicamente posible que el actor continuara percibiendo dicha prestación
mientras se encontraba reintegrado al servicio por orden judicial.

23. El Tribunal también descartó la vulneración del artículo 19 de la Ley 4 de
1992 alegada por la parte demandante. Señaló que la excepción allí prevista
respecto de la posibilidad de percibir simultáneamente asignación de retiro y otra
asignación del tesoro público únicamente opera respecto de quien ostente
efectivamente la condición de retirado, circunstancia que no se configuraba en el
caso concreto debido al reintegro ordenado judicialmente.

24. De igual forma, consideró que las actuaciones administrativas adelantadas
por CREMIL no desconocieron el debido proceso ni el derecho de defensa del
actor —pese a las irregularidades iniciales relacionadas con la notificación de la
Resolución 5290 de 2019—, toda vez que posteriormente se garantizó el ejercicio
de los recursos administrativos correspondientes.

25. Finalmente, concluyó que los actos administrativos demandados fueron
expedidos conforme a la normatividad aplicable y que no se acreditó vulneración
alguna que permitiera declarar su nulidad, razón por la cual negó las pretensiones
de la demanda.

Recurso de apelación4

26. La parte demandante interpuso recurso de apelación solicitando revocar
la sentencia de primera instancia y, en su lugar, acceder a las pretensiones de la
demanda.

27. Sostuvo que no se configuró la pérdida de fuerza ejecutoria de la
Resolución 3823 del 11 de agosto de 2011 mediante la cual CREMIL le reconoció
la asignación de retiro, debido a que dicho reconocimiento se efectuó porque
cumplía los requisitos previstos en los artículos 13 y 14 del Decreto 4433 de 2004,
circunstancia que no desapareció con ocasión del reintegro provisional ordenado
judicialmente.

28. Al respecto, indicó que la entidad demandada aplicó indebidamente el
numeral 2 del artículo 91 del CPACA, pues no desaparecieron los fundamentos
de hecho y de derecho que dieron origen al reconocimiento prestacional, a más

4 Índice 36 visible en el aplicativo SAMAI del Tribunal.

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que no se demostró fraude, falsedad documental o incumplimiento de requisitos
que permitieran extinguir el derecho reconocido.

29. Manifestó que la asignación de retiro constituía un derecho adquirido
protegido por el artículo 1 del Acto Legislativo 01 de 2005, razón por la cual no
podía ser suspendida, revocada ni extinguida por vía administrativa sin acudir a
los mecanismos legales correspondientes.

30. Advirtió además que CREMIL realmente adelantó una revocatoria directa
disfrazada bajo la figura de pérdida de fuerza ejecutoria, desconociendo lo
previsto en el artículo 97 del CPACA. En ese sentido, afirmó que la entidad no
podía revocar un acto particular y concreto sin el consentimiento previo, expreso
y escrito del titular del derecho, debiendo acudir ante la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo para obtener la nulidad de la Resolución 3823 de
2011.

31. De igual forma, mencionó que resultaba aplicable la excepción prevista en
el literal b) del artículo 19 de la Ley 4 de 1992, relativa a las asignaciones
percibidas por el personal con asignación de retiro o pensión militar o policial. En
consecuencia, afirmó que no existía incompatibilidad entre la asignación de retiro
reconocida y las sumas derivadas del reintegro ordenado judicialmente.

32. Finalmente, reiteró que se vulneró el debido proceso y el derecho de
defensa del demandante por la indebida notificación de la Resolución 552 del 10
de febrero de 2020, aunado a que dicho acto administrativo fue remitido
tardíamente a su dirección física, circunstancia que ocasionó el rechazo por
extemporáneo del recurso de reposición interpuesto contra dicha decisión, pese
a haber sido presentado oportunamente.

II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

33. Mediante auto del 20 de febrero de 20255 se admitió el recurso de
apelación presentado por el demandante y se le advirtió a la parte demandada
que tenía hasta la ejecutoria de dicha providencia para pronunciarse. Igualmente,
se le informó al Ministerio Público que disponía hasta antes de que el expediente
ingresara al despacho para fallo para emitir concepto.

34. La parte demandada y el Ministerio Público guardaron silencio.

III. CONSIDERACIONES

Competencia

35. De acuerdo con lo previsto en el artículo 150 del CPACA, modificado por
los artículos 615 del CGP y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de Estado es

5 Índice 5 de SAMAI del Consejo de Estado.

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Demandante: Luis Leonardo Salcedo Sierra

competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos.

Problema jurídico

36. Corresponde a la Sala determinar si era procedente que la entidad
demandada declarara la pérdida de fuerza ejecutoria de la Resolución 3823 del
11 de agosto de 2011 —mediante la cual se había reconocido una asignación de
retiro al demandante— con fundamento en la suspensión provisional del acto de
retiro y el reintegro provisional al servicio activo ordenado por la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo, o si, por el contrario, al tratarse de un acto
administrativo particular y concreto que reconocía un derecho prestacional debía
acudir al mecanismo de revocatoria directa con consentimiento del titular o ejercer
la acción de lesividad prevista en el artículo 97 del CPACA.

37. Asimismo corresponde a la Sala establecer si los salarios y prestaciones
percibidos por el demandante con ocasión del reintegro provisional al servicio
activo resultaban compatibles con la asignación de retiro previamente reconocida,
en aplicación de la excepción prevista en el literal b) del artículo 19 de la Ley 4ª
de 1992 o si, por el contrario, dicha concurrencia configuraba una doble
asignación incompatible con el artículo 128 de la Constitución Política, por haber
recuperado el actor la condición de militar activo.

Análisis del problema jurídico

38. La Sala confirmará la sentencia por cuanto encuentra que los actos
administrativos acusados fueron expedidos con fundamento en las competencias
y disposiciones aplicables.

39. Para sustentar esta conclusión, la Subsección abordará los cargos
formulados en el recurso de apelación relacionados con la procedencia de la
figura de pérdida de fuerza ejecutoria respecto del acto que reconoció la
asignación de retiro al demandante, así como con la alegada compatibilidad entre
los pagos percibidos por concepto de salarios derivados del reintegro provisional
al servicio activo y la asignación de retiro reconocida por CREMIL.

Sobre la procedencia de la pérdida de fuerza ejecutoria de la Resolución
3823 del 11 de agosto de 2011, mediante la cual se reconoció una
asignación de retiro al demandante

40. La parte demandante sostuvo que CREMIL acudió indebidamente a la
figura de la pérdida de fuerza ejecutoria para dejar sin efectos la Resolución 3823
del 11 de agosto de 2011, mediante la cual se le reconoció asignación de retiro,
pese a que se trataba de un acto administrativo de carácter particular y concreto
que reconocía un derecho prestacional a su favor. En ese sentido, afirmó que la
entidad demandada realmente adelantó una revocatoria directa sin su

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consentimiento y sin acudir al medio de control de lesividad previsto en el artículo
97 del CPACA.

41. Sobre el particular, la Sala recuerda que la figura de la pérdida de fuerza
ejecutoria de los actos administrativos corresponde a la situación en la cual un
acto administrativo que adquirió firmeza deja de ser obligatorio, ya sea de manera
temporal o definitiva, esto es, cesan sus efectos de ejecutividad y ejecutoriedad.

42. Esta Subsección6 ha precisado que la fuerza ejecutoria de los actos
administrativos consiste en la facultad de que goza la administración para hacer
cumplir directamente sus propias decisiones, sin necesidad de acudir
previamente a otra autoridad, lo que quiere decir que esta figura opera de pleno
derecho cuando se configura alguna de las causales previstas en el artículo 91 7
del CPACA.

43. En efecto, el artículo mencionado establece que los actos administrativos
en firme perderán obligatoriedad y, por tanto, no podrán ejecutarse, entre otros
eventos, «cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho». Esta
causal, conocida doctrinal y jurisprudencialmente como decaimiento del acto
administrativo, se configura cuando desaparecen las circunstancias fácticas o
jurídicas que servían de sustento a la decisión administrativa, situación que le
hace perder eficacia y ejecutoriedad.

44. A su turno, esta Corporación8 también ha señalado que el decaimiento del
acto administrativo constituye una forma de extinción de sus efectos, derivada de
la desaparición de los fundamentos jurídicos o fácticos que sustentaban el
respectivo acto administrativo.

45. Así, esta causal ocurre cuando varían o desaparecen las circunstancias
fácticas y jurídicas que dieron lugar a la expedición del acto administrativo, por lo
que el mismo pierde la posibilidad de continuar produciendo efectos obligatorios.

46. Igualmente, el numeral 1 del artículo 91 del CPACA, establece el
decaimiento o pérdida de fuerza ejecutoria de los actos administrativos cuando
sean suspendidos provisionalmente sus efectos por la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo.

6
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 4 de febrero del 2016, rad. 15001-23-
33-000-2013-00194-01(2874-13), C.P. William Hernández Gómez.
7 «ARTÍCULO 91. Salvo norma expresa en contrario, los actos administrativos en firme serán obligatorios

mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Perderán
obligatoriedad y, por lo tanto, no podrán ser ejecutados en los siguientes casos:
1. Cuando sean suspendidos provisionalmente sus efectos por la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo.
2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho.
3. Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la autoridad no ha realizado los actos que le
correspondan para ejecutarlos.
4. Cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido el acto.
5. Cuando pierdan vigencia.»
8
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 11 de abril del 2018, rad. 11001-03-
25-000-2012-00209-00 (0828-12), C.P. Carmelo Perdomo Cuéter.

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47. En el presente asunto, se encuentra acreditado que la Resolución 3823
del 11 de agosto de 2011 reconoció asignación de retiro al demandante a partir
del 16 de junio de 2011, con fundamento en su condición de retirado del servicio
activo del Ejército Nacional.

48. No obstante, con posterioridad a dicho reconocimiento, dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido contra el acto de
retiro, se decretó la suspensión provisional del acto administrativo de
desvinculación y, en cumplimiento de dicha decisión judicial, el Ministerio de
Defensa Nacional dispuso el reintegro del demandante al servicio activo
mediante Resolución 6104 del 1 de diciembre de 2011.

49. En esas condiciones, la Sala considera que desapareció el presupuesto
fáctico esencial que servía de fundamento al reconocimiento de la asignación de
retiro, esto es, la condición de retiro del servicio activo del demandante. En efecto,
como consecuencia del reintegro ordenado judicialmente, el actor recuperó la
calidad de militar en servicio activo, circunstancia que resulta incompatible con la
continuidad de los efectos de un acto que reconoce una prestación propia del
retiro.

50. Así las cosas, contrario a lo afirmado por la parte apelante, la entidad
demandada no cuestionó la validez originaria de la Resolución 3823 de 2011, ni
sostuvo que el reconocimiento prestacional hubiese sido irregular o contrario al
ordenamiento jurídico al momento de su expedición. Por el contrario, lo que se
evidenció fue la desaparición sobreviniente de los fundamentos fácticos y
jurídicos del acto, situación que conllevó a la imposibilidad de continuar
ejecutándolo.

51. Más aún, se advierte que la pérdida de fuerza ejecutoria del referido acto
administrativo se encontraba plenamente configurada, no solo por el decaimiento
derivado de la desaparición de su fundamento fáctico, sino también por la
existencia de una medida cautelar de suspensión provisional del acto de retiro,
lo cual constituye una causal autónoma de pérdida de fuerza ejecutoria conforme
al artículo 91 del CPACA.

52. En ese contexto, la administración actuó dentro del marco de sus
competencias al reconocer los efectos jurídicos de dicha situación, sin que ello
implique la configuración de una revocatoria directa en los términos alegados por
la parte demandante.

53. A su vez, no le asiste razón al apelante al sostener que CREMIL debía
promover acción de lesividad contra la Resolución 3823 de 2011, toda vez que
la administración no pretendió retirar del ordenamiento jurídico un acto ilegal, sino
declarar la pérdida de fuerza ejecutoria de sus efectos como consecuencia de la
configuración de las causales previstas en el artículo 91 del CPACA.

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54. Por las razones expuestas, los reparos formulados por la parte apelante
en relación con estos aspectos no están llamados a prosperar, por cuanto la
actuación de la entidad demandada se ajustó al marco jurídico aplicable y a las
consecuencias derivadas de la pérdida de fuerza ejecutoria del acto
administrativo analizado.

Sobre la alegada compatibilidad entre la asignación de retiro reconocida al
demandante y los salarios percibidos con ocasión de su reintegro al
servicio activo

55. La parte apelante sostuvo que los valores percibidos por concepto de
salarios y prestaciones derivados del reintegro provisional al servicio activo
resultaban compatibles con la asignación de retiro reconocida mediante
Resolución 3823 del 11 de agosto de 2011, en virtud de la excepción prevista en
el literal b) del artículo 19 de la Ley 4 de 1992 relativa a los efectos
indemnizatorios de los pagos derivados de reintegros judiciales.

56. Sobre el particular, la Sala considera necesario precisar la naturaleza
jurídica de la asignación de retiro. Esta prestación ha sido entendida como un
derecho prestacional de carácter periódico que surge de una relación legal y
reglamentaria, reconocido a favor de los miembros de la Fuerza Pública una vez
se produce el retiro del servicio activo.

57. Esta Subsección9 señaló que la asignación de retiro fue concebida como
una prestación destinada a garantizar condiciones dignas de subsistencia una
vez el uniformado culmina el servicio activo.

58. En consonancia con lo anterior, el artículo 163 del Decreto 1211 de 1990
dispone que la asignación de retiro se reconoce a «los Oficiales y Suboficiales
de las Fuerzas Militares que sean retirados del servicio activo», de donde se
desprende que el presupuesto esencial para acceder y mantener dicha
prestación consiste precisamente en ostentar la condición de retirado del servicio.

59. En consecuencia, quien se encuentra efectivamente retirado del servicio
activo puede percibir asignación de retiro; mientras que quien ostenta la
condición de militar activo tiene derecho a devengar los salarios y prestaciones
derivados de dicha vinculación legal y reglamentaria, sin que resulte
jurídicamente admisible la concurrencia simultánea de ambos ingresos respecto
de un mismo vínculo y durante un mismo período.

60. En efecto, el artículo 128 de la Constitución Política prohíbe percibir
simultáneamente más de una asignación proveniente del tesoro público, salvo
las excepciones expresamente previstas por el legislador. Si bien el literal b) del
artículo 19 de la Ley 4 de 1992 exceptúa de dicha prohibición las asignaciones

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Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 10 de octubre de 2019, C.P. William
Hernández Gómez.

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Demandante: Luis Leonardo Salcedo Sierra

de retiro de la Fuerza Pública, es menester precisar que dicha compatibilidad
opera respecto de salarios provenientes de empleos públicos desempeñados con
posterioridad y de manera independiente al retiro del servicio, mas no frente a
situaciones en las cuales el servidor recupera judicialmente la condición de militar
activo y respecto del mismo vínculo que dio origen a la prestación periódica.

61. En igual sentido, el artículo 36 del Decreto 4433 de 2004 prevé la
compatibilidad de la asignación de retiro con salarios derivados del desempeño
de otros empleos públicos; sin embargo, dicha compatibilidad presupone la
existencia real y efectiva del retiro del servicio activo.

62. Sobre el particular, esta Subsección10 sostuvo que la excepción prevista
para los miembros de la Fuerza Pública no autoriza la percepción simultánea de
salarios y asignación de retiro respecto del mismo vínculo funcional y durante un
mismo período de tiempo.

63. En el presente asunto, se encuentra acreditado que mediante Resolución
6104 del 1 de diciembre de 2011 el Ministerio de Defensa Nacional ordenó el
reintegro del demandante al servicio activo, en cumplimiento del auto que decretó
la suspensión provisional dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho promovido contra el acto de retiro.

64. Así las cosas, a partir del reintegro dispuesto judicialmente, el actor
recuperó la condición de militar activo, circunstancia que hacía incompatible la
percepción simultánea de salarios derivados del servicio activo a cargo del
Ministerio de Defensa Nacional y de la asignación de retiro reconocida por
CREMIL.

65. En ese sentido, no le asiste razón al apelante cuando afirma que los pagos
derivados del reintegro tenían naturaleza exclusivamente indemnizatoria y, por
ello, resultaban compatibles con la asignación de retiro. Más aún cuando en el
presente caso no se acreditó un reintegro definitivo ni mucho menos la
suspensión provisional fue concedida efectos indemnizatorios, sino una
reincorporación transitoria y cautelar que produjo la recuperación efectiva de la
condición de militar activo y, con ello, el restablecimiento de la relación funcional
con la administración.

66. Bajo ese entendido, la Sala concluye que la situación del demandante no
se enmarcaba dentro de la excepción prevista en el literal b) del artículo 19 de la
Ley 4ª de 1992, razón por la cual resultaba incompatible la percepción
concurrente de salarios como militar activo y de la asignación de retiro respecto
del mismo período.

67. Finalmente, la Sala advierte que, aun cuando el actor alegó vulneración

10 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 8 de octubre de 2020, rad. 20001-23-

39-000-2016-00172-01 (0909-18), C.P. Rafael Francisco Suárez.

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Demandante: Luis Leonardo Salcedo Sierra

del debido proceso con ocasión de las irregularidades presentadas en la
notificación de algunos actos administrativos relacionados con el cobro de las
sumas pagadas, lo cierto es que tales circunstancias no desvirtúan la legalidad
de la Resolución 5290 de 2019 ni modifican la incompatibilidad material existente
entre la condición de militar activo y la percepción simultánea de asignación de
retiro, tal como se consideró en la primera instancia. Por las razones expuestas,
se negará el presente cargo formulado por el apelante.

Conclusión

68. Así las cosas, se confirmará la decisión de primera instancia del 3 de
octubre del 2024 por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander que negó
las pretensiones de la demanda.

Condena en costas

69. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.

70. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.

71. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

72. En consecuencia, se impondrán costas al demandante en segunda
instancia, por cuanto se niegan totalmente las peticiones de su recurso de
apelación. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las
agencias en derecho serán fijadas por el magistrado sustanciador de la primera
instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal de origen.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

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Demandante: Luis Leonardo Salcedo Sierra

IV. RESUELVE

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de primera instancia proferida el 3 de
octubre de 2024 por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. CONDENAR en costas en segunda instancia a la parte demandante
por las razones expuestas en la presente providencia.

TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR
las anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de
origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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