Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 54001-23-33-000-2022-00017-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 54001-23-33-000-2022-00017-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 54001-23-33-000-2022-00017-01
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
13 de marzo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá D.C., trece (13) de marzo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Número único de radicación: 540012333000 2022 00017 01
Demandante: Pedro León Peñaranda Lozano, María de la Cruz Peñaloza Páez,
Mariana e Isabel Peñaranda Peñaloza
Demandado: Contraloría General de la República
Asunto: Proceso de responsabilidad fiscal: Elementos de la responsabilidad fiscal.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por la parte demandante y
demandada contra la sentencia proferida en primera instancia, el 11 de mayo de
2023 por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander.
La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
I. ANTECEDENTES
La demanda1
1. Pedro León Peñaranda Lozano, María de la Cruz Peñaloza Páez, Mariana e
Isabel Peñaranda Peñaloza2, en adelante la parte demandante, presentaron
1 Cfr. Índice SAMAI actuación núm. 2 “4ED_54001233300020220001(.zip)” folios 1 a 27 del archivo
“002Demanda.pdf “.
2 Por intermedio de apoderado
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www.consejodeestado.gov.co
2
Núm. único de radicación: 540012333000 2022 00017 01
Demandantes: Pedro León Peñaranda Lozano y otros
demanda contra la Contraloría General de la República, en adelante la parte
demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 20113.
Pretensiones
2. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones:
“[…] 1. Se declare la NULIDAD del AUTO Nº 1146 del 31 de mayo de 2021, notificado
el día 04 de junio de 2021 (POR EL CUAL SE PROFIERE FALLO DENTRO DEL
PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL No 2016-00286), expedido por la
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
2. Se declare la Nulidad del AUTO 1363 del 1 de julio de 2021, notificado el día 16 de
julio de 2021 (por el cual se deciden recursos de reposición y se conceden los
recursos de apelación contra el fallo de responsabilidad fiscal 1146 del 31-05- 2021),
expedido por la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
3. Se declare la Nulidad del AUTO ORD-801119 - 167-2021 del 9 de julio de 2021,
notificado el día 16 de julio de 2021 (Por el cual se resuelve el grado de consulta y
apelaciones interpuestas contra el Auto No. 1146 del 31 de mayo de 2021 dentro del
proceso de responsabilidad fiscal No. UCC-PRF-2016-00286), expedido por la
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA […]”
3. A título de restablecimiento del derecho, solicitó:
“4. Como consecuencia, de las anteriores declaraciones y a título de restablecimiento
del derecho, se ordene el reconocimiento y pago a favor de mis representados, por
CONCEPTO DE DAÑOS MORALES, las siguientes sumas:
• Para PEDRO LEON PEÑARANDA LOZANO, identificado con cédula de
ciudadanía No. 70.044.180, de Medellín (Antioquia); Demandante principal,
100 S.M.M.L.V al momento de hacerse efectivo el pago.
• Para MARIA DE LA CRUZ PEÑALOZA PÁEZ identificada con cédula de
ciudadanía Nº 60.343.425 de Cúcuta (Norte de Santander), (Esposa del
señor PEDRO LEON PEÑARANDA), 100 S.M.M.L.V al momento de hacerse
efectivo el pago.
[…].
• Para Mariana Peñaranda Peñaloza identificada con número de R.C:
1093590788 (Hija del señor PEDRO LEON PEÑARANDA), 100 S.M.M.L.V
al momento de hacerse efectivo el pago.
• Para Isabella Peñaranda Peñaloza identificada con número de R.C:
1093594465 (Hija del señor PEDRO LEON PEÑARANDA), 100 S.M.M.L.V
al momento de hacerse efectivo el pago”.
3 “[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”
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Demandantes: Pedro León Peñaranda Lozano y otros
Presupuestos fácticos
4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar
sus pretensiones4:
5. El señor Pedro León Peñaranda Lozano ejerció el cargo de rector en la
Universidad de Pamplona desde el 17 de diciembre de 2007 hasta el 17 de
diciembre del 2008.
6. La acción de responsabilidad fiscal tuvo como origen irregularidades detectadas
durante la ejecución del Convenio Interadministrativo de Cooperación núm. 0456
del 27 de diciembre de 2006, celebrado entre el Departamento de Casanare y la
Universidad de Pamplona, cuyo objeto era “aunar esfuerzos para construir 100
aulas de informática multipropósito e implementar y dotar 250 aulas virtuales en las
instituciones educativas oficiales del Departamento de Casanare”.
7. El valor inicial del convenio fue de treinta y tres mil cuatrocientos cuarenta y dos
millones setecientos ochenta y tres mil seiscientos ochenta y cuatro pesos M/Cte.
($33.442.783.684). Esta cifra se incrementó en mil quinientos cuarenta y seis
millones quinientos diez mil setecientos setenta y siete pesos ($1.546.510.777) por
concepto de la inclusión de nuevas cantidades de obra, destinadas a realizar las
adecuaciones necesarias para las 150 aulas virtuales.
8. La Contraloría General de la República, mediante Auto núm. 1688 de 2020,
imputó cargos responsabilidad fiscal en contra de Pedro León Peñaranda Lozano,
entre otros, debido a la no ejecución de los recursos que fueron girados por el
Departamento de Casanare a la Universidad de Pamplona por la suma de nueve
mil trescientos tres millones treinta mil trescientos sesenta y cuatro pesos M/Cte.
($9.303.030.364), los cuales “[…] debieron ser devueltos al Departamento de
Casanare y que hasta la fecha no han reembolsados, produciendo un daño fiscal”
(sic).
9. Pedro León Peñaranda Lozano “pese a no acceder al expediente digital, presentó
descargos solicitando al despacho proferir auto de desvinculación y archivo
4 Cfr. Índice SAMAI actuación núm. 2 “4ED_54001233300020220001(.zip)” folios 3 a 11 del archivo
“002Demanda.pdf “.
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definitivo del suscrito en cuanto a la investigación de carácter fiscal identificada con
el número: 2016- 00286 - CUN: AC82113-2013-14288 […]”.
10. El Contralor Delegado Intersectorial 2 profirió fallo de responsabilidad fiscal por
medio de Auto núm. 1146 de 31 de mayo de 2021 contra Pedro León Peñaranda
Lozano.
11. La parte demandada, mediante Auto núm. 1363 de 1.° de julio de 2021 resolvió
los recursos de reposición interpuestos contra el fallo con responsabilidad fiscal,
indicado supra.
12. La parte demandada, mediante Auto núm. ORD-801119 - 167-2021 de 9 de julio
de 2021, la Sala Fiscal y Sancionatoria “resuelve el grado de consulta y apelaciones
interpuestas contra el Auto No. 1146 del 31 de mayo de 2021 dentro del proceso de
responsabilidad fiscal No. UCC-PRF-2016- 00286”.
13. Concluyó que el reproche del proceso de responsabilidad fiscal se basa en que
Pedro León Peñaranda Lozano no era Rector de la Universidad de Pamplona en el
momento de la firma del Convenio Interadministrativo de Cooperación núm. 0456
de 2006, ni para el momento en que se suscribió el acta de recibo final de obra, esto
es, el 15 de abril de 2011, en la cual se indicó que únicamente se ejecutó la suma
de $19.228.926.050,41 del presupuesto asignado.
Normas violadas
14. La parte demandante invocó como vulneradas las siguientes normas:
• Artículos 15 y 29 de la Constitución Política.
• Artículos 3, 6, 9 y 47 de la Ley 610 de 20005.
Concepto de violación
15. La parte demandante formuló los siguientes cargos6:
5 "[…] Por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las
contralorías […]"
6 La Sala expondrá los cargos en el orden que el Tribunal Administrativo de Norte de Santander los resolvió en
la sentencia apelada y no como se presentaron en el escrito de la demanda.
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15.1. “[…] caducidad de la acción fiscal: de conformidad con el artículo 9 de
la ley 610 de 2000 […]”.
15.1.1. El hecho generador del daño fiscal ocurrió el 30 de diciembre de 2008, con
ocasión de la terminación de convenio, pero “[…] como no se liquidó, de
conformidad con el articulo 11 de la ley 1150 de 2007, la liquidación de dicho
contrato debió ser dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del
término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto
administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga.
En ese orden de ideas, se puede apreciar que pasaron mas de cinco (5) años sin
que hubiese acto de apertura de responsabilidad fiscal por parte de la contraloría
[…]” (sic).
15.2. “[…] la inexistencia del daño fiscal […]”.
15.2.1. De los documentos e informes técnicos allegados al expediente, se concluye
que no es posible determinar con alto nivel de certeza la cuantía del presunto daño
fiscal, debido a la falta de la liquidación del contrato correspondiente.
15.2.2. “[...][A]un las partes de conformidad con la Ley, podrán realizarla [liquidación
dle contrato] teniendo como soporte, las actividades realizadas en ejecución del
mismo, haciendo una revisión de las obligaciones y la cuantificación de las mismas;
de lo dicho hasta aquí se colige que no se ha demostrado la responsabilidad fiscal,
pues no se configura uno de sus elementos esenciales” (sic).
15.3. “[…] inexistencia de responsabilidad por parte del suscrito dentro del
presente proceso fiscal […]”.
15.3.1. “La liquidación es el procedimiento a través del cual una vez concluido el
contrato, las partes cruzan cuentas respecto sus obligaciones recíprocas. El objetivo
de la liquidación es determinar si las partes pueden declararse a paz y salvo mutuo
o si existen obligaciones por cumplir y la forma en que deben ser cumplidas. Por
esta razón, la liquidación sólo procede con posterioridad a la terminación de la
ejecución del contrato […]. Si las partes estipulan en el acta saldos a favor de
cualquiera de las partes, la liquidación es fuente de nuevas obligaciones, con el
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beneficio de ser un título ejecutivo, apto para cobrar las acreencia dentro de él
contenidas [...]” (sic).
15.3.2. La presunta responsabilidad fiscal se origina a partir del acta de recibo final
de obra del 15 de abril de 2011, en la cual se indica que solo se ejecutó un valor de
$19.228.926.050,41 del presupuesto transferido. Sin embargo, dicha
responsabilidad recae en funcionarios que tenían la obligación de liquidar el contrato
y realizar el seguimiento correspondiente.
15.3.3. Con los actos acusados “[…] se estaría sin duda alguna, violentado
principios constitucionales del debido proceso, además, se le estaría condenando a
pagar o resarcir una cantidad de dinero que sigue estando en poder el estado, es
decir, que dicha suma sigue haciendo parte del presupuesto de La Universidad de
Pamplona, la cual también es una entidad de Carácter Pública [...]” (sic).
15.3.4. No existía fundamento jurídico para declarar responsable fiscalmente a
Pedro León Peñaranda Lozano, toda vez que los hechos imputados ocurrieron fuera
de su periodo en el que ejerció su gestión.
15.4. “[…] los daños morales causados (lesión grave a la honra y al buen
nombre: […]”.
15.4.1. “[...] [L]a jurisprudencia constitucional ha establecido que se entiende
lesionado el derecho fundamental al buen nombre cuando se difunden afirmaciones,
informaciones o imputaciones falsas o erróneas respecto de las personas, que no
tienen fundamento en su propia conducta pública y que afectan su renombre e
imagen ante la sociedad […]”.
15.4.2. En este sentido, en la Sentencia T-228 de 1994, la Corte Constitucional
precisó que se vulnera el derecho al buen nombre cuando, sin justificación válida ni
causa real y objetiva, es decir, careciendo de fundamento, se difunden entre el
público —ya sea de manera directa y personal o a través de medios de
comunicación masiva— informaciones falsas o erróneas, o especies que
distorsionan la percepción pública del individuo, lo cual tiende a menoscabar el
prestigio y la confianza que este posee en su entorno social. Asimismo, se configura
una afectación a este derecho cuando se manipula la opinión general con el fin
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de desdibujar la imagen de la persona. Lo anterior fue reiterado en las Sentencias
C-489 de 2002 y T-494 de 2002.
Contestación de la demanda7
16. La Contraloría General de la República8 contestó la demanda, oponiéndose a
las pretensiones de la parte demandante y argumentando que la demanda carece
de fundamentos jurídicos y probatorios, así:
17.1. Respecto del cargo de “[…] la caducidad de la acción fiscal: de
conformidad con el artículo 9 de la ley 610 de 2000 […]”.
17.1.1. La caducidad de la acción fiscal fue materia de pronunciamiento en el fallo
de segunda instancia, al señalar lo siguiente:
17.1.2. El plazo pactado inicialmente fue “de un (1) año a partir de su
perfeccionamiento y suscripción del acta de iniciación. La vigencia del convenio será
el del plazo de ejecución y un mes más” y como el acta de inicio se suscribió el 27
de diciembre de 2006, la vigencia del convenio era hasta el 27 de diciembre de 2007
y su vigencia hasta el 27 de enero de 2008.
17.1.2. Posteriormente, mediante el Otro Sí núm. 02 modificatorio, las partes
modificaron “[e]l plazo de ejecución del presente convenio será de un (1) año,
contado a partir del recibo total del aporte del DEPARTAMENTO. La vigencia del
convenio será la del plazo de ejecución y cuatro (4) meses adicionales”.
17.1.3. Mediante el Otro Sí núm. 04 del 19 de julio de 2007, se modificó el Convenio
Interadministrativo núm. 0456 de 2006, ampliando su plazo de ejecución hasta el 30
de diciembre de 2008. Según la Cláusula Vigésima del convenio, las partes
acordaron un plazo de un mes posterior al vencimiento del plazo de ejecución (hasta
el 30 de enero de 2009) para realizar la “liquidación bilateral”, lo cual no ocurrió.
7 Cfr. Índice SAMAI actuación núm. 2 “4ED_54001233300020220001(.zip)” folios 3 a 11 del archivo
“008ContestaciónDemanda.pdf “.
8 Por intermedio de apoderado.
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17.1.4. De acuerdo con “[…] los postulados del artículo 60 de la Ley 80 de 1993, la
Administración contaba con un término de dos (2) meses siguientes al vencimiento
del plazo convenido por las partes, esto es hasta el 30 de marzo de 2009, para
realizar la liquidación de forma unilateral, sin que esta hiciera uso de esa facultad”
(sic).
17.1.5. Al no haberse realizado la liquidación dentro de los plazos establecidos, la
Administración perdió competencia para efectuarla. Conforme al artículo 136 del
Código Contencioso Administrativo, el interesado podía acudir a la jurisdicción para
solicitar la liquidación judicial dentro de los dos años siguientes al
incumplimiento, es decir, hasta el 30 de marzo de 2011.
17.1.6. Así, “[…] el termino de caducidad se debe contar a partir del 30-03-2011,
fecha en la cual la administración departamental tenía que acudir a la administración
de justicia para solicitar la liquidación del convenio. Dicho lo anterior, la Contraloría
General de la República, tenía cinco 5 años a partir de esa fecha para aperturar el
presente Proceso de Responsabilidad Fiscal, el cual tuvo lugar el 15-03-2016,
estando dentro del término legal para abrir el PRF 2016- 00286 […] (sic)”.
17.2. Respecto del cargo de “[…] la inexistencia del daño fiscal […]”.
17.2.1. El acta final de obra del Departamento del Casanare indica que se ejecutó
$19.228.926.050 ya que el total de los aportes comprometidos por un total de
$29.300.833.483,23 fueron girados a la Universidad de Pamplona, y la diferencia
frente a lo contratado y no ejecutado no ha sido reembolsado a favor del
Departamento de Casanare constituyendo un presunto daño fiscal en cuantía de
$10.071.907.432,82.
17.3 Frente al cargo de “[…] inexistencia de responsabilidad por parte del
suscrito dentro del presente proceso fiscal […]”.
17.3.1. Al momento de la posesión del señor Peñaranda como Rector, ya se había
efectuado un primer desembolso del 50% como avance del convenio. Este
desembolso había sido girado y pagado a la Universidad de Pamplona por parte del
Departamento de Casanare para su ejecución.
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17.3.2. Pedro León Peñaranda Lozano argumentó que el daño al patrimonio
público se originó a partir de la suscripción del acta de recibo final de obra el 15 de
abril de 2011, fecha en la cual ya no ejercía el cargo de Rector. Sin embargo,
las causas que antecedieron a la generación del daño tuvieron lugar durante su
gestión, específicamente desde su posesión el 17 de diciembre de 2007 hasta el 17
de diciembre de 2008.
17.3.3. Durante su mandato, el convenio seguía en ejecución, conforme al Otro Sí
Modificatorio del 19 de julio de 2007, que amplió la ejecución del convenio hasta
el 30 de diciembre de 2008. Pese a ello, no se evidencia en el expediente que el
señor Peñaranda haya realizado seguimiento alguno a los recursos ya girados y
pagados a la Universidad de Pamplona, ni que haya adoptado medidas para
garantizar el cumplimiento del objeto del convenio.
17.3.4. “Dentro de la gestión fiscal es posible señalar que su accionar influyó
causalmente en la generación del daño que aquí se predica. Por tanto, se configura
el segundo elemento del daño el cual es la existencia del nexo de causalidad entre
la conducta del Señor Pedro León Peñaranda y el daño al patrimonio del
Departamento del Casanare”.
17.4. Frente al cargo de “[…] los daños morales causados (lesión grave a la
honra y al buen nombre […]”.
17.4.1. No procede la indemnización de perjuicios morales en el presente caso, toda
vez que las decisiones adoptadas en los fallos de responsabilidad fiscal se
fundamentaron en las reglas de la sana crítica, conforme a las pruebas allegadas y
solicitadas durante el proceso. Dichas decisiones demuestran que los actos
administrativos impugnados fueron emitidos con apego a la legalidad y, por
tanto, no deben ser declarados nulos.
Alegatos de conclusión
18. El Magistrado Sustanciador, mediante auto de 5 de mayo de 20229, resolvió: i)
que por tratarse de un asunto de puro derecho y al no evidenciarse la necesidad de
la práctica de nuevos medios de prueba, anunció que proferiría sentencia anticipada
9 Índice 7, Samai del Tribunal.
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en los términos del artículo 182 A de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021 10; ii) fijó
el litigio; iii) declaró surtida la etapa probatoria; iv) corrió traslado común a las partes
por el término de diez (10) días para que alegarán de conclusión y le informó al
Agente del Ministerio Público que, antes del vencimiento del término para alegar de
conclusión, podía solicitar el traslado especial previsto en el mencionado artículo.
19. Las partes demandante y demandada reiteraron los argumentos expuestos en
la demanda y en la contestación de esta11.
Concepto del Ministerio Público
20. El Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad procesal.
Sentencia proferida, en primera instancia
21. El Tribunal Administrativo de Norte de Santander12, mediante sentencia
proferida el 11 de mayo de 2023, resolvió:
“[…] PRIMERO: DECLARESE la nulidad parcial, y en lo que atañe a la
responsabilidad fiscal del señor PEDRO LEÓN PENARANDA LOZANO, por las
razones expuestas en la parte motiva, de los siguientes actos: 1) AUTO 1146 del 31
de mayo de 2021, notificado el día 04 de junio de 2021, por el cual se profiere fallo
dentro del proceso de responsabilidad fiscal No 2016-00286, 2) AUTO 1363 del 1 de
julio de 2021, notificado el día 16 de julio de 2021, por el cual se deciden recursos de
reposición y se conceden los recursos de apelación contra el fallo de responsabilidad
fiscal 1146 del 31-05- 2021, y 3) AUTO ORD-801119 - 167-2021 del 9 de julio de
2021, notificado el día 16 de julio de 2021, por el cual se resuelve el grado de consulta
y apelaciones interpuestas contra el Auto No. 1146 del 31 de mayo de 2021 dentro
del proceso de responsabilidad fiscal No. UCC-PRF-2016-00286.
SEGUNDO: DECLÁRESE que el demandante PEDRO LEÓN PEÑARANDA
LOZANO no esta obligado al reconocimiento y pago de suma alguna al tesoro público,
impuesta en los actos referidos, cuya nulidad se declara.
TERCERO: NIÉGUENSE las demás pretensiones de la demanda.
CUARTO: ABSTENERSE de condenar en costas en esta instancia, conforme a lo
expuesto anteriormente. […]” Negrillas de texto original
10 “[…] Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo – Ley 1437 de 2011 – y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los
procesos que se tramitan ante la jurisdicción […]”
11 Cfr. Índice SAMAI actuación núm. 2 “4ED_54001233300020220001(.zip)” archivos
“013AlegatosDemanda.pdf y 014AlegatosDemandante.pdf “.
12 Cfr. Índice SAMAI actuación núm. 2 “4ED_54001233300020220001(.zip)” archivo “01622-017 (NYR) VS
CONTRALORIA GRAL - SENTENCIA ANTICIPADA - SALA 11-05-23 “.
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Demandantes: Pedro León Peñaranda Lozano y otros
Consideraciones del Tribunal
22. El Tribunal Administrativo de Norte de Santander consideró lo siguiente:
Frente al cargo de caducidad de la acción fiscal
23. En los términos del artículo 9 de la Ley 610 de 2000, se computan desde el
hecho generador del daño hasta el auto de apertura del proceso de responsabilidad
fiscal.
24. La Sección Primera del Consejo de Estado13 ha precisado que el término de
caducidad de la acción fiscal se cuenta a partir del hecho generador del daño al
patrimonio público que se evidencia o materializa en la fecha de liquidación del
contrato estatal.
25. En el caso concreto, según consta en el acta de recibo de final de obra del 15
de abril de 2011, emitida por el Departamento de Casanare, únicamente se ejecutó
un valor de $19.228.926.050, a pesar de que se giró la suma de $29.300.833.483 a
la Universidad de Pamplona. A partir de este último debe contarse la caducidad de
la acción fiscal, por cuanto el hecho o acto generador del daño al patrimonio público.
26. “[…] De este modo, tomando como fecha para computar el término de caducidad
de la acción fiscal el 15 de abril de 2011, día en que se firmó el acta de recibo final
de obra, última actividad del Convenio Interadministrativo de Cooperación No. 0456,
y al no haberse liquidado dicho contrato, la Sala encuentra que la fecha máxima
para iniciar el proceso de responsabilidad fiscal sin que operara el fenómeno de la
caducidad de la acción, sería el 16 de abril de 2016. Y como quiera que el auto de
apertura de investigación se expidió el 15 de marzo de 2016, para la Sala es claro
trascurrieron menos de los cinco (5) señalados en el artículo 9 de la Ley 610 de
2000, por lo que no se configuró la caducidad de la acción fiscal […]”. En
consecuencia, el cargo de caducidad de la acción de responsabilidad fiscal no
prosperó.
13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 16 de marzo de
2017; C.P. María Elizabeth García González; número único de radicación 85001-23-33-000-2014-00051-01.
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Demandantes: Pedro León Peñaranda Lozano y otros
Frente al cargo de “[…] la inexistencia del daño fiscal […]”.
27. Según el acta de recibo de final de obra del 15 de abril de 2011, se ejecutó un
valor de $19.228.926.050,41, de total de $ 29.300.833.483 girados a la Universidad
de Pamplona. La diferencia de $10.071.907.432,82 no fue reembolsada al
Departamento de Casanare, por lo que se configuró un daño fiscal.
28. Aunque la Universidad de Pamplona mantiene un saldo a favor
de $1.963.756.717,20 en sus cuentas, este monto no cubre la totalidad de la
diferencia no ejecutada.
29. La Contraloría General de la República “[…] para establecer el daño al
patrimonio público, determinó, a través de un estudio comparativo con base en las
pruebas recaudadas, que, de los componentes del convenio relacionados con las
salas de formación, gobiernos en línea, software educativo y obras, se dejó de
ejecutar la suma total de $10.071.907.432,82; y vencidos los plazos establecidos en
el contrato, no fueron reintegrados los recursos al Departamento de Casanare
indexados, lo cual fue en detrimento de la entidad estatal Gobernación del Casanare
[…]”.
30. Se acreditó la existencia de un daño fiscal por la suma $10.071.907.432,82,
derivado de la falta de ejecución del convenio de la referencia y la omisión en el
reembolso de los recursos no utilizados al patrimonio del Departamento de
Casanare. En virtud de lo expuesto, no prosperó el cargo de “inexistencia de daño
fiscal”.
Respecto del cargo de “[…] inexistencia de responsabilidad por parte del
suscrito dentro del presente proceso fiscal […]”.
31. De conformidad con el acta de posesión, se encuentra acreditado que Pedro
León Peñaranda Lozano ejerció el cargo de Rector de la Universidad de
Pamplona desde el 17 de diciembre de 2007 hasta el 17 de diciembre de 2008.
32. Además, de acuerdo con el Manual de Funciones de la Universidad de
Pamplona (Resolución 629 de 2000), las funciones de Rector incluían, entre otras,
las siguientes “[…] [s]uscribir los contratos y/o convenios y expedir los actos que
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sean necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la institución, atendiendo
a las disposiciones vigentes […] [e]jecutar el presupuesto aprobado por el Consejo
Superior conforme a las normas y leyes que rigen dicha ejecución […]”.
33. Las anteriores funciones se enmarcan dentro del concepto de gestión fiscal, en
los términos establecidos en el artículo 26, numeral 5, de la Ley 80 de 1993, toda
vez que estaban relacionadas con la ordenación, control, dirección, administración
y manejo de los bienes, recursos o fondos de la entidad.
34. La parte demandada imputó responsabilidad fiscal a Pedro León Peñaranda
Lozano por no ejecutar en su totalidad los recursos asignados al convenio, ni
reembolsar los fondos no utilizados. Sin embargo, no se demostró de manera clara
y específica que su conducta omisiva durante su gestión como Rector fuera
determinante en la generación del daño.
35. Sostuvo que, para declarar responsabilidad fiscal, es necesario demostrar que
la conducta del gestor fiscal fue culposa o dolosa y que existió un nexo causal entre
dicha conducta y el daño patrimonial. En este caso, no se acreditaron acciones u
omisiones concretas de que Pedro León Peñaranda Lozano que puedan calificarse
como culpa grave.
36. La parte demandada se centró exclusivamente en el estudio del daño
patrimonial al Estado, al considerar que “[…] los recursos que faltaron por el
contratista ejecutar del contrato y que como se advierte no fueron reembolsados a
la entidad territorial contratante, endilgando que la falta de cuidado en el manejo de
los recursos incidió en que para el 15 de abril de 2011 se encontrara una diferencia
de $10.071.907.432.82 sin ejecutar; no obstante, no argumentó en detalle
claramente sobre los hechos antecedentes en los que el aquí demandante participó
durante la ejecución contractual y que incidieron en tal resultado -falta de ejecución
presupuestal-, que dieran cuenta de la existencia de nexo de causalidad entre la
conducta omisiva constitutiva de culpa grave que se le atribuyó al aquí demandante
y el daño patrimonial […]”.
37. Además, los funcionarios encargados de la supervisión e interventoría del
convenio, quienes tenían la obligación de verificar el cumplimiento del objeto
contractual y realizar la liquidación, no fueron imputados con responsabilidad fiscal.
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38. Por lo tanto, resulta incongruente responsabilizar al demandante sin haber
establecido previamente la responsabilidad de quienes tenían un rol directo en la
supervisión y control de la ejecución del convenio.
39. No encontró fundamento para conceder la pretensión de perjuicios morales, ya
que se omitió acreditar una afectación emocional grave derivada de la declaratoria
de responsabilidad fiscal. La mera declaratoria de responsabilidad fiscal no es
suficiente, por sí sola, para demostrar la existencia de dicho perjuicio.
Recursos de apelación
40. La parte demandada y demandante interpusieron y sustentaron oportunamente
el recurso de apelación contra la sentencia proferida en primera instancia, para lo
cual exponen los siguientes argumentos:
Recurso de apelación de la parte demandada14
41. La sentencia de primera instancia incurrió en un error al no reconocer que se
acreditó la culpa grave y el nexo causal entre la conducta del demandante y el daño
al patrimonio público.
42. Aunque el demandante no era Rector de la Universidad de Pamplona al
momento de la suscripción del acta de recibo final de obra (15 de abril de 2011), las
causas que antecedieron al daño ocurrieron durante su gestión (17 de diciembre de
2007 al 17 de diciembre de 2008), periodo en el que no se evidenció un seguimiento
adecuado de los recursos girados por el Departamento de Casanare para la
ejecución del Convenio Interadministrativo de Cooperación núm. 0456 del 27-12-
2006.
43. Durante su gestión como Rector, el demandante “no se evidenció que haya
desplegado ninguna acción en torno al cumplimiento del mismo, y al posesionarse
el (sic) como rector esos dineros ya estaban en poder de la universidad”. No se
encontraron actas o registros que demostraran un seguimiento adecuado de las
14 Cfr. Índice SAMAI actuación núm. 2 “4ED_54001233300020220001(.zip)” archivo “018Apelación
demandado“.
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actividades del convenio durante su mandato, lo que evidencia una omisión
grave en la gestión fiscal.
44. El Comité Técnico Interinstitucional de Coordinación y Evaluación, conformado
por representantes de la Universidad de Pamplona y el Departamento de Casanare,
tampoco realizó las verificaciones y evaluaciones necesarias, lo que contribuyó a la
falta de ejecución total del convenio.
Recurso de apelación de la parte demandante15
45. El Consejo de Estado “[...] debe apreciar la información de carácter PÚBLICO
del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', expedido por la misma
CONTRALORIA […] y en el certificado de antecedentes disciplinarios expedido por
la Procuraduría General de la Nación […] en los certificados anexos al presente
memorial y en los diferentes sitios web anteriormente descritos, el buen nombre no
solamente de mi mandante está siendo violentado de forma abrupta y grosera sino
también de su núcleo familiar, toda vez que el señor PEDRO LEÓN PEÑARANDA
LOZANO actualmente ostenta la calidad de Representante de los Exrectores de la
Universidad de Pamplona al Consejo Superior Universitario (Hecho que se prueba
en los anexos de la demanda), por ende, su buen nombre y el de su familia se ve
afectado con dichos reportes.”
46. Por lo anterior, solicitó revocar el numeral tercero de la sentencia proferida el 11
de mayo de 2023, por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander y, en su
lugar, ordenara “[…] el reconocimiento y pago a favor de mis representados por
CONCEPTO DE DAÑOS MORALES […]”.
Trámite en segunda instancia
47. El Despacho sustanciador, mediante auto de 28 de octubre de 202416, admitió
el recurso de apelación interpuesto por las partes demandante y demandada contra
la sentencia proferida el 11 de mayo de 2023 por el Tribunal Administrativo de Norte
de Santander.
15 Cfr. Índice SAMAI actuación núm. 2 “4ED_54001233300020220001(.zip)” archivo “019Apelación
demandante“.
16 Cfr. Índice SAMAI actuación “[…] 005Autoquedeclar_31572024REMITEpdf […]”
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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
48. La Sala procederá al estudio de: i) la competencia de la Sala; ii) los actos
administrativos acusados; iii) el problema jurídico; iv) el marco normativo de las
atribuciones ejercidas por la Nación – Contraloría General de la República; v) el
marco normativo del proceso de responsabilidad fiscal; vi) el marco normativo de la
culpa como elemento de la responsabilidad fiscal; vii) el marco normativo del
régimen probatorio en los procesos de responsabilidad fiscal; viii) el acervo
probatorio; y ix) análisis del caso concreto.
Competencia de la Sala
49. Vistos los artículos 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo y el artículo 1317 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo
de 201918 expedido por la Sala Plena de esta Corporación, la Sección Primera del
Consejo de Estado es competente para conocer del presente asunto en segunda
instancia.
50. Agotados los procedimientos inherentes al medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho sin que se observe vicio o causal de nulidad que
puedan invalidar lo actuado, la Sala procede a resolver los recursos de apelación
interpuestos por las partes demandante y demandada.
51. Vistos los artículos 320 y 328 de la Ley 1564 de 12 de julio de 201219 sobre los
fines de la apelación y la competencia del superior, la Sala procederá a examinar
únicamente las argumentaciones expuestas por las partes demandante y
demandada en los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia proferida
el 11 de mayo de 2023 por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander,
mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, porque
estas, definen el marco de la decisión que ha de adoptarse en esta instancia.
17 Modificado por el artículo 1.° del Acuerdo núm 434 de 2024. “Por medio del cual se modifican los artículos
13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo número 080 de 2’019, y se adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88 y 90”
18 Reglamento interno del Consejo de Estado
19 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”
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Actos administrativos acusados
52. Los actos administrativos acusados20 son los siguientes:
52.1. Auto núm. 1146 de 31 de mayo de 2021 21, por medio del cual la Contraloría
Delegada Intersectorial núm.13 de la Unidad de Responsabilidad Fiscal de Regalías
resolvió, entre otros y respecto de la parte demandante, lo siguiente:
“[…] PRIMERO: FALLAR CON RESPONSABILIDAD FISCAL, en cuantía de Con una
cuantía (sic) del daño estimada en ONCE MIL NOVECIENTOS TRES MILLONES
TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS
CON 34/100 M/L.. ($11.903.364.169,34). Indexado a título de culpa grave, en forma
solidaria y atendiendo las razones expuestas en la parte considerativa de esta
providencia, de conformidad con el artículo 48 de la Ley 610 de 2000 en contra de:
[…]
PEDRO LEON PEÑARANDA, identificado con cédula de ciudadanía No.
70.044.180, en su condición de identificado con cédula de ciudadanía No. 70.044.180,
en su condición de REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD EJECUTORA DEL
CONVENIO […] (sic)."
52.2. Auto núm. 1363 de 1.° de julio de 2021 22, por medio del cual la Contraloría
Delegada Intersectorial núm.13 de la Unidad de Responsabilidad Fiscal de Regalías
resolvió, entre otros, y respecto de la parte demandante, lo siguiente:
“[…] PRIMERO: NO REPONER la decisión tomada en el Fallo con Responsabilidad
Fiscal N° 1146 del 31-05-2021, de acuerdo a las consideraciones expuestas respecto
de los siguientes responsables fiscales:
[…]
PEDRO LEON PEÑARANDA, identificado con cédula de ciudadanía No.
70.044.180, en su condición de REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD
EJECUTORA DEL CONVENIO.
SEGUNDO: CONCEDER, el RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la señora
MARIA ANTONIA GONZALEZ POSADA, defensora de oficio del señor WHITMAN
HERNEY PORRAS PEREZ […]”.
52.3. Auto núm. ORD-801119 - 167 de 9 de julio de 202123, por medio del cual los
Contralores Intersectoriales 1, 2 y 3 de la Sala Fiscal y Sancionatoria resolvieron,
entre otros, y respecto de la parte demandante, lo siguiente:
“[…] ARTÍCULO SEGUNDO: CONFIRMAR, en sede de apelación, la totalidad del
Auto No. 1146 del 31 de mayo de 2021, que falló con responsabilidad fiscal a título
20 Por la extensión de los mismos, se procede a transcribir los apartes más relevantes de la parte resolutiva, sin
perjuicio de las citas que se hagan al analizar cada uno de los cargos.
21 Cfr. Índice SAMAI actuación núm. 2 “4ED_54001233300020220001(.zip)” folios 181 a 299 del archivo
“002Demanda.pdf “.
22 Cfr. Índice SAMAI actuación núm. 2 “4ED_54001233300020220001(.zip)” folios 320 a 396 del archivo
“002Demanda.pdf “.
23 Cfr. Índice SAMAI actuación núm. 2 “4ED_54001233300020220001(.zip)” folios 397 a 397 del archivo
“002Demanda.pdf “.
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Demandantes: Pedro León Peñaranda Lozano y otros
de culpa grave, en cuantía de $11.903.364.169,34, en contra del señor PEDRO
LEÓN PEÑARANDA LOZANO, quien se desempeñó como como Rector de la
Universidad de Pamplona, desde el 17 de diciembre de 2007 hasta el 17 de
diciembre de 2008 […].
ARTÍCULO TERCERO: CONFIRMAR el Auto No. 1363 del 1° de julio de 2021, que
resolvió el recurso de reposición de manera desfavorable a los señores PEDRO
LEÓN PEÑARANDA LOZANO […] proferidos por la Contralora Delegada
Intersectorial No. 13 del Grupo Interno de Trabajo para la Responsabilidad Fiscal de
Regalías de la Contraloría General de la República, dentro del proceso de
responsabilidad fiscal No. UCC-PRF-2016-00286, de conformidad con lo expuesto
en la parte considerativa del presente proveído. [...]”.
Problema jurídico
53. Corresponde a la Sala, con fundamento en los recursos de apelación
interpuestos por las partes demandada y demandante, determinar:
53.1. Si mediante i) el Auto núm. 1146 del 31 de mayo de 2021; ii) el Auto núm.
1363 del 1.° de julio de 2021; y iii) el Auto núm. ORD-801119 - 167 del 9 de julio de
2021 se probó la conducta omisiva de la parte demandante por la falta de
seguimiento y control sobre la ejecución del Convenio Interadministrativo de
Cooperación núm. 0456 del 27 de diciembre de 2006.
53.2. Si mediante i) el Auto núm. 1146 del 31 de mayo de 2021; ii) el Auto núm.
1363 del 1.° de julio de 2021; y iii) el Auto núm. ORD-801119 - 167 del 9 de julio de
2021 se probó el nexo causal entre el daño al patrimonio del Estado y la conducta
omisiva.
53.3. En caso negativo, se deberá determinar si a la parte demandante se le debió
reconocer el pago de perjuicios morales conforme lo solicitado en las pretensiones
de la demanda.
53.4. Si en consecuencia, se debe confirmar, modificar o revocar la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, en primera instancia.
54. Los problemas jurídicos planteados se desarrollarán infra, de la siguiente
manera:
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Marco normativo de las atribuciones ejercidas por la Nación – Contraloría
General de la República
55. Visto el numeral 5.° del artículo 26824 de la Constitución Política, el Contralor
General de la República tiene como atribución “[…] [e]stablecer la responsabilidad
que se derive de la gestión fiscal, imponer las sanciones pecuniarias que sean del
caso, recaudar su monto y ejercer la jurisdicción coactiva sobre los alcances
deducidos de la misma […]”. La vigilancia de la gestión fiscal del Estado incluye el
ejercicio de un control financiero, de gestión y de resultados.
56. De la norma transcrita se colige que el Contralor General de la República, entre
otros aspectos, establece la responsabilidad que se derive de la gestión fiscal, la
cual, incluye el ejercicio de un control financiero, de gestión y de resultados.
Marco normativo del proceso de responsabilidad fiscal
57. El artículo 1. ° de la Ley 610, al definir el proceso de responsabilidad fiscal,
establece:
“[…] Definición. El proceso de responsabilidad fiscal es el conjunto de actuaciones
administrativas adelantadas por las Contralorías con el fin de determinar y
establecer la responsabilidad de los servidores públicos y de los particulares,
cuando en el ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión de ésta, causen por acción
u omisión y en forma dolosa o culposa un daño al patrimonio del Estado […]”.
58. Del mismo modo, el artículo 3.° de la Ley 610 definió el alcance de la gestión
fiscal como el conjunto de actividades económicas, jurídicas y tecnológicas, que
realizan los servidores públicos y las personas que manejen o administren recursos
o fondos públicos y cuyo objeto, conforme el artículo 4.º ibidem, es el resarcimiento
de los daños ocasionados al patrimonio público 25 como consecuencia de la
conducta dolosa o culposa de quienes realizaron la gestión fiscal mediante el pago
de una indemnización pecuniaria que compense el perjuicio sufrido por la respectiva
24 Artículo modificado por el artículo 2 del Acto Legislativo 4 de 2019 “[…] Por medio del cual se reforma el
Régimen de Control Fiscal […]”
25 Entendido como el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro de los
bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal
antieconómica, ineficaz, ineficiente, inequitativa e inoportuna, que en términos generales, no se aplique al
cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y
organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de las contralorías. Dicho daño podrá
ocasionarse por acción u omisión de los servidores públicos o por la persona natural o jurídica de derecho
privado, que en forma dolosa o culposa produzcan directamente o contribuyan al detrimento al patrimonio
público […]”25.
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entidad estatal. A su vez, el parágrafo 1.º del citado artículo determinó que “[…] la
responsabilidad fiscal es autónoma e independiente y se entiende sin perjuicio de
cualquier otra clase de responsabilidad […]”, correspondiéndole a cada uno
consecuencias diferentes.
59. Para el establecimiento de la responsabilidad fiscal la autoridad competente
debe tener en cuenta el cumplimiento de los principios rectores de la función
administrativa y de la gestión fiscal.
60. Ahora bien, la responsabilidad fiscal es autónoma e independiente y se
configura sin perjuicio de otra clase de responsabilidad.
61. Visto el artículo 5.° ibidem, los elementos de la responsabilidad fiscal son los
siguientes:
62. Una conducta dolosa o culposa atribuible a una persona que realiza gestión
fiscal.
63. Un daño patrimonial al Estado, entendido como la lesión del patrimonio público
por el menoscabo, la disminución, el perjuicio, el detrimento, la pérdida o el deterioro
de bienes o recursos públicos y de intereses patrimoniales públicos, generada por
una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente e inoportuna que, en términos
generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales
del Estado, particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o
proyecto de los sujetos de vigilancia y control de las contralorías26.
64. Del contenido de las normas citadas supra, en la responsabilidad fiscal
confluyen tres elementos: i) elemento objetivo, consistente en que exista prueba
que acredite con certeza, por un lado, la existencia del daño al patrimonio público,
y, por el otro, su cuantificación; ii) elemento subjetivo, que evalúa la actuación del
gestor fiscal y que implica que aquél haya actuado al menos con culpa; y iii)
elemento de relación de causalidad, según el cual debe acreditarse que el daño
al patrimonio sea consecuencia del actuar del gestor fiscal.
26 Artículo 6.° de la Ley 610
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65. En suma, el proceso de responsabilidad fiscal conduce a obtener una
declaración jurídica, en la cual se precisa con certeza que un determinado servidor
o particular debe cargar con las consecuencias que se derivan por sus actuaciones
irregulares en la gestión fiscal que ha realizado y que está obligado a reparar el
daño causado al erario público por su conducta dolosa o culposa.
Marco normativo de la culpa como elemento de la responsabilidad fiscal
66. La Ley 42 reglamentó en los artículos 72 y siguientes el proceso de
responsabilidad fiscal, pero no hizo mención al grado de culpa en que debían incurrir
quienes tuvieran a su cargo la gestión fiscal para efectos de declarar su
responsabilidad.
67. Visto el parágrafo 2 del artículo 4 de la Ley 610, se refirió al grado de culpa
generador de responsabilidad fiscal en los siguientes términos:
“[…] Artículo 4°. Objeto de la responsabilidad fiscal. La responsabilidad fiscal
tiene por objeto el resarcimiento de los daños ocasionados al patrimonio público como
consecuencia de la conducta dolosa o culposa de quienes realizan gestión fiscal
mediante el pago de una indemnización pecuniaria que compense el perjuicio sufrido
por la respectiva entidad estatal.
Para el establecimiento de responsabilidad fiscal en cada caso, se tendrá en cuenta
el cumplimiento de los principios rectores de la función administrativa y de la gestión
fiscal.
Parágrafo 1°. La responsabilidad fiscal es autónoma e independiente y se entiende
sin perjuicio de cualquier otra clase de responsabilidad.
Parágrafo 2°. El grado de culpa a partir del cual se podrá establecer
responsabilidad fiscal será el de la culpa leve." […]”. (Destacado fuera de texto)
68. Visto el artículo 53 de la Ley 610, respecto del mismo concepto dispuso:
“[…] "Artículo 53. Fallo con responsabilidad fiscal. El funcionario competente
proferirá fallo con responsabilidad fiscal al presunto responsable fiscal cuando en el
proceso obre prueba que conduzca a la certeza de la existencia del daño al patrimonio
público y de su cuantificación, de la individualización y actuación cuando menos con
culpa leve del gestor fiscal y de la relación de causalidad entre el comportamiento del
agente y el daño ocasionado al erario, y como consecuencia se establezca la
obligación de pagar una suma líquida de dinero a cargo del responsable.
Los fallos con responsabilidad deberán determinar en forma precisa la cuantía del
daño causado, actualizándolo a valor presente al momento de la decisión, según los
índices de precios al consumidor certificados por el DANE para los períodos
correspondientes. […]”. (Destacado fuera de texto)
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69. La Corte Constitucional27 declaró inexequibles los textos acusados con los
siguientes argumentos:
“[…] 6. (…) En el marco de la responsabilidad fiscal, el criterio normativo de
imputación no puede ser mayor al establecido por la Constitución Política en el
inciso 2° de su artículo 90 para el caso de la responsabilidad patrimonial de los
agentes frente al Estado.
6.1. (…) a diferencia de lo que ocurre con la acción de repetición, el constituyente no
señala un criterio normativo de imputación de responsabilidad fiscal -entendiendo por
tal una razón de justicia que permita atribuir el daño antijurídico a su autor […]
6.2. En ese contexto, es entendible que el criterio normativo de imputación de la
responsabilidad fiscal sea determinado por el legislador con base en el artículo 124
de la Carta, de acuerdo con el cual "La ley determinará la responsabilidad de los
servidores públicos y la manera de hacerla efectiva" […]
6.3. Pero entonces, surge el siguiente cuestionamiento: ¿El legislador es autónomo
para determinar la fuente de la responsabilidad fiscal? Desde luego que no. En
ejercicio de la libertad de configuración política, en particular para regular los
procedimientos judiciales y administrativos, aquél se encuentra sometido al conjunto
de valores, principios, derechos y garantías que racionalizan el ejercicio del poder en
el Estado constitucional. […]
6.4. […] El Legislador también está limitado por la manera como la Carta ha
determinado la naturaleza de la responsabilidad patrimonial de los agentes estatales
en otros supuestos. Eso es así, si se repara en el hecho de que la ley no puede
concebir un sistema de responsabilidad, como lo es el fiscal, rompiendo la relación de
equilibrio que debe existir con aquellos regímenes de responsabilidad cuyos
elementos axiológicos han sido señalados y descritos por el constituyente, para el
caso, en el inciso 2° del artículo 90 de la Carta […]
6.5. Y es precisamente en ese punto en donde resalta la contrariedad de las
expresiones acusadas con el Texto Superior, toda vez que ellas establecen un
régimen para la responsabilidad fiscal mucho más estricto que el configurado por el
constituyente para la responsabilidad patrimonial que se efectiviza a través de la
acción de repetición (C.P. art. 90-2), pues en tanto que esta última remite al dolo o a
la culpa grave del actor, en aquella el legislador desborda ese ámbito de
responsabilidad y remite a la culpa leve […]
6.6. Para la Corte, ese tratamiento vulnera el artículo 13 de la Carta pues configura
un régimen de responsabilidad patrimonial en el ámbito fiscal que parte de un
fundamento diferente y mucho más gravoso que el previsto por el constituyente para
la responsabilidad patrimonial que se efectiviza a través de la acción de repetición.
Esos dos regímenes de responsabilidad deben partir de un fundamento de imputación
proporcional […]
6.8. Téngase en cuenta que ambas modalidades de responsabilidad -tanto la
patrimonial como la fiscal- tienen el mismo principio o razón jurídica: la protección del
patrimonio económico del Estado. En este sentido, la finalidad de dichas
responsabilidades coincide plenamente ya que la misma no es sancionatoria (reprimir
una conducta reprochable) sino eminentemente reparatoria o resarcitoria, están
determinadas por un mismo criterio normativo de imputación subjetivo que se
estructura con base en el dolo y la culpa, y parten de los mismos elementos
axiológicos como son el daño antijurídico sufrido por el Estado, la acción u omisión
27 Corte Constitucional. Sentencia C- 619 de 8 de agosto de 2002
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imputable al funcionario y el nexo de causalidad entre el daño y la actividad del
agente. […]
6.11. […] desde una óptica estrictamente constitucional, lo que se advierte es que la
diferencia de trato que plantean las normas acusadas resulta altamente
discriminatoria, en cuanto aquella se aplica a sujetos y tipos de responsabilidad que,
por sus características y fines políticos, se encuentran en un mismo plano de igualdad
material. […]”. (Destacado fuera de texto)
70. Conforme la sentencia citada supra, al legislador le está vedado establecer un
régimen de responsabilidad patrimonial con una exigencia de conducta mayor que
aquella que es utilizada para determinar la responsabilidad patrimonial de los
servidores públicos a través de acción de repetición, en los términos previstos en el
artículo 90 de la Constitución Política.
Marco normativo del régimen probatorio en los procesos de responsabilidad
fiscal
71. Visto el Título II, Capítulo I de la Ley 610, sobre pruebas en el proceso de
responsabilidad fiscal, en especial los artículos 22 a 32, en las cuales se prevé lo
siguiente:
72. El principio de necesidad de la prueba en materia de responsabilidad fiscal
conforme al cual, los actos administrativos que contienen los fallos de
responsabilidad fiscal deben fundarse en pruebas legalmente producidas y
allegadas al proceso, sobre el daño patrimonial y la responsabilidad del
investigado28.
73. “[…] El investigado o quien haya rendido exposición libre y espontánea podrá
pedir la práctica de las pruebas que estime conducentes o aportarlas. La
denegación total o parcial de las solicitadas o allegadas deberá ser motivada y
notificarse al peticionario, decisión contra la cual proceden los recursos de
reposición y apelación […]”29.
28 Artículo 23
29 Artículo 24
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74. El daño patrimonial y la responsabilidad del investigado podrán demostrarse con
cualquier medio de prueba30 y las pruebas deberán apreciarse, en conjunto, de
acuerdo con las reglas de la sana crítica y la persuasión racional31.
75. El investigado podrá controvertir las pruebas a partir de la exposición
espontánea en la indagación preliminar, o a partir de la notificación del auto de
apertura del proceso de responsabilidad fiscal32.
76. El investigado podrá controvertir las pruebas vencido el término de traslado del
auto de imputación de responsabilidad fiscal de que trata el artículo 50 de la Ley
610, y podrá presentar los argumentos de defensa frente a las imputaciones
efectuadas, así como solicitar y aportar las pruebas que se pretendan hacer valer.
77. El artículo 51 de la Ley 610 regula el decreto y práctica de pruebas en el proceso
de responsabilidad fiscal, según el cual, una vez vencido el término de traslado del
auto de imputación, la Nación – Contraloría General de la República debe ordenar
la práctica de las pruebas solicitadas o decretar de oficio las que considere
pertinentes y conducentes.
78. La parte interesada podrá interponer los recursos de reposición y apelación
contra el auto que rechaza la solicitud de pruebas.
79. Visto el artículo 30 de la Ley 610, las pruebas recaudadas sin el lleno de las
formalidades sustanciales o en forma tal que afecten los derechos fundamentales
del investigado se tendrán como inexistentes, es decir, no podrán ser valoradas por
la autoridad para determinar la responsabilidad fiscal.
80. Visto el artículo 31 de la Ley 610, en la práctica de visitas especiales, el
funcionario investigador procederá a examinar y reconocer los documentos, hechos
y demás circunstancias relacionadas con el objeto de la diligencia y
simultáneamente irá extendiendo la correspondiente acta, en la cual anotará
pormenorizadamente los documentos, hechos o circunstancias examinados y las
manifestaciones que bajo la gravedad del juramento hagan sobre ellos las personas
que intervengan en la diligencia.
30 Artículo 25
31 Artículo 26
32 Artículo 32
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81. Cuando lo estime necesario, el investigador podrá tomar declaraciones
juramentadas a las personas que intervengan en la diligencia y solicitar documentos
autenticados, según los casos, para incorporarlos al informativo.
82. Visto el artículo 117 de la Ley 1474, los órganos de vigilancia y control fiscal
podrán comisionar a sus funcionarios para que rindan informes técnicos que se
relacionen con su profesión o especialización. Así mismo, podrán requerir a
entidades públicas o particulares, para que en forma gratuita rindan informes
técnicos o especializados que se relacionen con su naturaleza y objeto. Estas
pruebas estarán destinadas a demostrar o ilustrar hechos que interesen al proceso.
El informe se pondrá a disposición de los sujetos procesales para que ejerzan su
derecho de defensa y contradicción, por el término que sea establecido por el
funcionario competente, de acuerdo con la complejidad de este.
Análisis del caso concreto
83. De conformidad con el marco normativo y los criterios jurisprudenciales
indicados supra, la Sala procede a realizar el análisis del acervo probatorio para,
posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso concreto.
84. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas solicitadas, decretadas
y recaudadas, en primera instancia, de conformidad con las reglas de la sana crítica
y en los términos del artículo 176 de la Ley 156433, aplicando para ello las reglas de
la lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de
decidir lo que en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos
planteados en los recursos de apelación interpuestos por las partes demandada y
demandante.
Acervo y análisis probatorio
85. En el expediente obra como prueba, entre otras, el expediente administrativo de
responsabilidad fiscal34.
33 Artículo 187 del Código de Procedimiento Civil.
34 Índice 18 de Samai, Carpeta: “Antecedentes Dte Pedro León”.
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86. La Sala procede a pronunciarse sobre los argumentos expuestos por las partes
demandada y demandante en los recursos de apelación, de acuerdo con el
problema jurídico indicado supra.
Recurso de apelación interpuesto por la parte demandada
87. La parte demandada expone que, durante la gestión como Rector de Pedro
León Peñaranda Lozano “no se evidenció que haya desplegado ninguna acción en
torno al cumplimiento del mismo, y al posesionarse el como rector esos dineros ya
estaban en poder de la universidad” (sic). Tampoco se encontraron actas o registros
que demostraran un seguimiento adecuado de las actividades del convenio durante
su mandato, lo que evidencia una omisión grave en la gestión fiscal.
De la culpa grave
88. Conforme con los argumentos expuestos en el recurso de apelación interpuesto
por la parte demandada, corresponde a la Sala analizar si la parte demandante,
incurrió en culpa grave.
89. Sobre el particular, la Contraloría General de la República en el Auto núm. 1146
de 31 de mayo de 2021, le atribuyó culpa grave a Pedro León Peñaranda Lozano
justificado así:
“[…] no existe dentro del expediente ningún acta o registro de seguimiento de las
actividades realizadas durante su desempeño como rector de la Universidad de
Pamplona.
[…]
Ahora bien, dicho lo anterior, como podemos observar el señor PEDRO LEON
PEÑARANDA fungiendo como rector y representante de la Universidad de
Pamplona conforme al Convenio Interadministrativo de Cooperación N° 0456 del 27-
12-2006, cuyo objeto era “aunar esfuerzos para construir 100 aulas de informática
multipropósito e implementar y dotar 250 aulas virtuales en las instituciones
educativas oficiales del Departamento de Casanare, es responsable de la ejecución
del mismo, y deberá asumir todas las responsabilidades que de tal condición se
derive, se tiene que dentro de la conformación y obligaciones del Comité Técnico
Interinstitucional y de Coordinación y Evaluación, del cual hacen parte tanto la
Gobernación del Casanare como la Universidad de Pamplona a través de sus
representantes legales cuyo objeto principal era verificar y evaluar el cumplimiento
de las obligaciones estipuladas en el convenio, no existen actas que den cuenta de
dichas evaluaciones o verificaciones.
[…]
Es de anotar que la conducta hace relación a la persona que realiza la gestión fiscal,
es decir de quienes realizan gestión fiscal o de servidores públicos o particulares
que participen, concurran, incidan o contribuyan directa o indirectamente en la
producción del mismo.
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La ley 80 de 1993 hace referencia a los principios de economía, eficacia y
transparencia en la contratación pública, refiriéndose a la contratación en si para la
ejecución de la obra, lo cual debe hacerse con sentido técnico y legal, asegurando
el recurso económico del Estado que tutela el interés público de la comunidad, que
en últimas es la que recibe el beneficio o perjuicio de la obra contratada (Congreso
de la República. Exposición de motivos Ley 80 de 1993).
Esto pone en evidencia que la necesidad no se suple con la celebración del contrato,
sino con la debida ejecución de los recursos destinados al logro en condiciones de
calidad y oportunidad del bien o servicio que se espera recibir.
De lo dicho anteriormente, se desprende que el manejo de los asuntos públicos, y
el cumplimento de los fines estatales, comportan el uso eficiente de los recursos y
el desempeño adecuado de las funciones, y para ello debe existir un estricto orden
en la adopción de medidas que efectivamente materialicen el interés común; y el
señor PEDRO LEON PEÑARANDA como representante de la Universidad de
Pamplona omitió este deber, actuando de manera negligente, ya que no ejecuto en
su totalidad los recursos que habían sido con anterioridad girados y pagados en
torno al Convenio Interadministrativo de Cooperación N° 0456 del 27- 12-2006, ni
reembolsados a la administración departamental, habiéndose desempeñado como
rector de dicha universidad desde el 17- 12- 2007 hasta el 17- 12-2008.
[…]
Dichas omisiones permitieron que se dejaran de ejecutar y no ingresaran en las
arcas de la administración departamental, los recursos destinados para el
cumplimiento del objeto contractual, lo que nos permite calificar su conducta a título
de culpa grave, pues su actuar negligente, fue determinante en la generación del
detrimento patrimonial investigado […]” (sic).
90. Lo anterior fue reiterado en el Auto núm. 1363 de 1.° de julio de 2021, que, al
resolver el recurso de reposición interpuesto por la parte demandante, calificó la
conducta de esta: “[…] a título de culpa grave, pues su actuar negligente, fue
determinante en la generación del detrimento patrimonial […].”
91. Asimismo, en el Auto núm. ORD-801119 - 167 de 9 de julio de 2021, que resolvió
el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, se calificó la conducta
a título de culpa grave, en los siguientes términos:
“En el periodo durante el cual, el señor LEÓN PEÑARANDA, fungiera como Rector
de la Universidad de Pamplona, estaba vigente el Convenio mencionado, y para la
funcionaria de primera instancia, el señor PEDRO LEON PEÑARANDA, en
representación de la Universidad de Pamplona, no realizó un debido seguimiento a
los recursos que por parte de la administración departamental del Casanare le
fueron girados prácticamente en su totalidad por el orden de los
$29.300.833.483,23, pero que al indicarse la existencia de un acta de recibo final de
obra del 15 de abril de 2011, en análisis efectuado por el A-quo, se pudo decantar
que en efecto, que sólo se ejecutó la suma de $19.228.926.050,41 en contraste con
lo pagado por la Gobernación del Casanare en el marco del Convenio
Interadministrativo de Cooperación No. 0456 de 2006.
Frente a la diferencia de $10.071.907.432,82 entre lo pagado y lo realmente
ejecutado por la Universidad de Pamplona, el señor PEÑARANDA nunca demostró
cuales fueron las actividades que se ejecutaron bajo su rectoría, en aras de darle
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cumplimiento a lo que se obligó la Universidad en el marco del Convenio
Interadministrativo de Cooperación No. 0456 de 2006.
Por ello, cuando el A-quo le señaló frente a su versión libre, el no ser de recibo que,
ejerciendo como Rector de la Universidad de Pamplona, para el periodo
comprendido entre el 17 de diciembre de 2007 y el 17 de diciembre de 2008, hubiera
expuesto afirmaciones como "Se estableció un equipo de trabajo, pero no cambió
muchas cosas, porque los profesionales de la universidad conocían el proyecto. No
previeron que muchas de las escuelas a las que tenían que llevar la tecnología
tendrían que ser transportadas por chalupa, y las condiciones de invierno dificulto
las obras que se habían terminado. Se llegó a un acuerdo con el personal
administrativo para ver que se podía hacer. Todo eso en el primer semestre. En el
segundo semestre la nueva administración se desplazó al sitio de las tareas,
realizando un registro fotográfico para determinar cuántos recursos se necesitaban
para sacar adelante el proyecto. Todo ese proceso lo deje para la nueva
administración cuando llego el convenio ya estaba en ejecución", frente a un
desembolso de $29.300.833.483,23 efectuado para el año 2007, para darle
cumplimiento al Convenio lnteradministrativo de Cooperación No, 0456 del 27 de
diciembre de 2006, toda vez que, si de inconvenientes se trató, en aras de darle
cumplimiento a dicho convenio, no se esperaba menos que un grado de avance de
ejecución que estuviera acorde a lo desembolsado.
Por ello, encontró ésta Sala de Decisión, que cuando la funcionaria de conocimiento
calificó su actuar a título de culpa grave, teniendo como nexo causal, la relación
directa entre la conducta omisiva del señor PEDRO LEÓN PEÑARANDA, obrando
en calidad de Rector de la Universidad de Pamplona, lo hizo porque dicha falta de
cuidado en el manejo de los recursos que le fueran entregados a la Universidad en
cabeza de su antecesor, incidió en que para el 15 de abril de 2011, se encontró una
diferencia de $10.071.907.432,82 sin ejecutar, pese a haberse recibido la totalidad
del recurso del convenio […] (sic).”
92. En el caso sub examine, está demostrado que el 27 de diciembre de 2006 se
celebró el Convenio Interadministrativo de Cooperación núm. 045635 entre el
Departamento de Casanare y la Universidad de Pamplona, cuyo objeto fue la
construcción de 100 aulas de informática multipropósito y la implementación y
dotación de 250 aulas virtuales en las instituciones educativas oficiales del
Departamento de Casanare, con el fin de fortalecer la infraestructura tecnológica y
educativa en la región.
93. Inicialmente, el convenio tenía una duración de un año, contado a partir de la
fecha de su suscripción, es decir, desde el 27 de diciembre de 2006 hasta el 26 de
diciembre de 2007. Sin embargo, mediante el Otrosí núm. 02 del 23 de mayo de
2007, las partes modificaron la cláusula segunda del Convenio Interadministrativo
de Cooperación núm. 0456 de 2006, estableciendo lo siguiente: “SEGUNDA.
PLAZO. Modifíquese la cláusula segunda del convenio No. 0456 de 2006, la cual
quedará así: ‘PLAZO DE EJECUCIÓN Y VIGENCIA. El plazo de ejecución del
35 Índice 18 de Samai, Carpeta: “Antecedentes Dte Pedro León”, Subcarpeta “principal 1”, archivo
“5_20130723_ER0076690_REMISIÓN CONTRATO A CGR_FLs 81-140”, página 26 a 36.
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presente convenio será de un (1) año contado a partir del recibo total del aporte del
DEPARTAMENTO. La vigencia del convenio será el del plazo de ejecución y cuatro
(4) meses más”. Posteriormente, en el Otrosí núm. 04, suscrito el 19 de julio de
2007, se introdujo una nueva modificación al convenio, ampliando el “plazo de
duración hasta el 30 de diciembre de 2008”.
94. También se acreditó que la parte demandante ocupó el cargo de Rector de la
Universidad de Pamplona entre el 17 de diciembre de 2007 y el 16 de diciembre de
2008.
95. La Sala advierte que Pedro León Peñaranda Lozano fue Rector de la
Universidad de Pamplona durante el período en el cual se ejecutó el Convenio
Interadministrativo de Cooperación núm. 0456 de 2006, específicamente desde el
17 de diciembre de 2007 hasta el 16 de diciembre de 2008.
96. Ahora bien, no solo las conductas descritas en el artículo 3 de la Ley 610 de
2000, constituyen el criterio para determinar el ejercicio de gestión fiscal, sino que
se hace necesario, en cada caso particular, cotejarlas con las funciones que
desempeña el servidor público en atención al manual de funciones que le impone el
respectivo cargo que ejerza.
97. En ese sentido, la parte demandada, para determinar si un servidor público es
gestor fiscal, corresponde en principio revisar las funciones que tiene asignadas por
ley o el acto que lo invistió de funciones públicas, y, si de ellas, tomando en cuenta
la definición que trae el artículo 3° de la ley 610 de 2000, comportan el manejo de
fondos y bienes del Estado, es decir, implican la titularidad administrativa o
dispositiva de los mismos, materializada mediante planes de acción, programas,
actos de recaudo, inversión y gasto, entre otros, o comprendan actividades de
ordenación, control, dirección y coordinación del gasto, fuerza afirmar que se
configura gestión fiscal.36
98. Con todo, la Corte Constitucional en la sentencia C-840 de 2001, hace
referencia a la responsabilidad fiscal del funcionario no solamente en el ejercicio de
la gestión fiscal, sino también al servidor que actúe con ocasión a la gestión fiscal,
lo que supone la existencia de dos títulos de imputación en materia de
36 Corte Constitucional, sentencia C840 de 9 de agosto de 2001, Magistrado Ponente; Jaime Araujo Rentería.
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responsabilidad fiscal: i) de manera directa cuando en el ejercicio de la gestión fiscal
concurren todos los elementos definitorios de la gestión fiscal; y ii) de forma
indirecta que aunque no estén presentes todos los atributos de la gestión fiscal, se
despliegan actos que comportan una relación de conexidad próxima y necesaria
para con el desarrollo de la gestión fiscal. Al respecto consideró:
“[…] La gestión fiscal presuntamente irregular puede producir un daño al patrimonio
del Estado, de manera directa o indirecta. El primer caso ocurre cuando se trata de
un gestor fiscal típico; el segundo caso ocurre cuando interviene un servidor público
o particular que no es gestor fiscal de los recursos involucrados, pero que con
ocasión de la gestión fiscal del titular de la misma contribuye a la producción del
daño, mediante una relación de "conexidad próxima y necesaria. […]”
99. El común denominador de las conductas que comportan gestión fiscal está dado
por la capacidad de disposición que tiene el servidor público, de manera directa o
indirecta sobre los bienes públicos, y atribuida funcional (legal o
reglamentariamente) o de forma contractual. Esta disponibilidad no solo tiene un
contenido material sobre el patrimonio público, sino una disponibilidad jurídica sobre
el mismo, esto es, con real capacidad para disponer del mencionado patrimonio de
manera válida y legítima, lo que pone al servidor público en una posición de garante
sobre los recursos a su cargo.
100. En ese orden de ideas, corresponde analizar si durante su gestión incumplió
las obligaciones establecidas en el convenio y las funciones propias de su cargo
como Rector de la Universidad de Pamplona.
101. Al respecto, la Resolución núm. 629 de 24 de abril de 200037 asignó al Rector
de la Universidad de Pamplona las funciones de “[…] • Dirigir el funcionamiento
general de la Universidad e informar periódicamente a los Consejos Superior
Universitario y Académico sobre el particular. • Cumplir y hacer cumplir las normas
legales estatutarias y reglamentarias vigentes. […] • Suscribir contratos y/o
convenios y expedir los actos que sean necesarios para el cumplimiento de los
objetivos de la institución, atendiendo a las disposiciones vigentes. • Ejecutar el
presupuesto aprobado por el Consejo Superior conforme a las normas y leyes que
rigen dicha ejecución […].”38
37 “Por la cual se modifica el manual específico de funciones y requisitos para la planta global de personal de la
Universidad de Pamplona y se dictan otras disposiciones”.
38Ver:https://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_111/recursos/01general/31012018/manual
_de_funciones.pdf
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102. Además, en la cláusula quinta del convenio, se estableció que “[…]
UNIPAMPLONA, será la responsable de la ejecución del objeto del presente
convenio, asumiendo por tanto todas las responsabilidades que de tal condición se
derivan. PARAGRAFO. UNIPAMPLONA, podrá ejecutar directamente las
actividades inherentes al objeto del presente convenio, para ello deberá contar con
capacidad técnica y administrativa o contratará las actividades con terceros cuando
ello no fuere posible, de conformidad con la cláusula décima quinta” […].
103. Y en el parágrafo de la cláusula sexta del convenio se dispuso que “[…]
UNIPAMPLONA, deberá además cumplir con las siguientes obligaciones: a)
Consignar en una cuenta bancaria el cual se denominará con el número del
respectivo convenio destinada para tal fin, los recursos aportados por el
DEPARTAMENTO. Dichos recursos, una vez consignados en la referida cuenta, no
podrán ser trasladados a otras cuentas o aplicados al pago de obligaciones
diferentes a las del plan de inversión. b) Llevar contabilidad separada de los
recursos entregados para la ejecución del plan de inversión. c) Destinar los recursos
del convenio exclusivamente a cubrir las actividades que demande la realización de
las actividades establecidas en el plan de inversión. d) Presentar un informe
detallado de gastos por cada actividad al Interventor del Convenio designado por el
Departamento, así como los informes generales y financieros de ejecución y
desarrollo del mismo, adjuntando soportes contables con los requisitos mínimos
legales correspondientes. e) Realizar la asistencia técnica, diplomados y desarrollo
de aplicaciones. O Cancelar a las entidades respectivas los descuentos de ley en
los plazos fijados para tal fin. g) Presentar informe de inversión de los recursos
objeto del presente convenio, cuando el interventor lo requiera […]”.
104. Otra de las obligaciones que adquirió la Universidad de Pamplona, con ocasión
del convenio, fue la conformación de un Comité Técnico Interinstitucional de
Coordinación y Evaluación para verificar y evaluar el cumplimiento de las
obligaciones contractuales, en los siguientes términos:
“CLÁUSULA NOVENA. CONFORMACIÓN Y OBLIGACIONES DEL COMITÉ
TECNICO INTERINSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN Y EVALUACIÓN: Con el
fin verificar y evaluar el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el presente
convenio se conformará un COMITÉ INTERINSTITUCIONAL, conformado por un
representante de UNIPAMPLONA y un representante del DEPARTAMENTO, El
Comité Técnico se constituye con el fin de facilitar el proceso de supervisión, control,
seguimiento y acompañamiento de la ejecución del Convenio, de tal forma que se
garantice el cumplimiento de los aspectos técnicos, administrativos y financieros
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propuestos, sus funciones serán: 1-. Verificar el cumplimiento de los términos del
convenio. 2- Avalar las firmas ejecutoras y el personal que se contrate en desarrollo
del convenio. 4. Resolver inquietudes y recomendar los ajustes que se consideren
necesarios para el logro del objeto del convenio. 5-. Revisar los informes de
ejecución de los contratos celebrados para el desarrollo del convenio. 6-. El comité
técnico se reunirá cuando las partes así lo requieran, dejando constancia escrita de
las decisiones y asuntos tratados, mediante las respectivas actas”.
105. De conformidad con las cláusulas quinta y sexta del convenio, la Universidad
de Pamplona, representada legalmente por su Rector, asumió la responsabilidad de
ejecutar el objeto contractual, garantizando la correcta administración de los
recursos, la presentación de informes detallados de ejecución y la conformación de
un Comité Técnico Interinstitucional de Coordinación y Evaluación para supervisar
el cumplimiento de las obligaciones.
106. Asimismo, el Manual de Funciones del Rector le imponía la obligación de dirigir
el funcionamiento general de la universidad, cumplir y hacer cumplir las normas
legales, suscribir contratos y convenios, y ejecutar el presupuesto conforme a las
disposiciones vigentes.
107. Sin embargo, una vez revisadas las pruebas del proceso de responsabilidad
fiscal, la Sala evidencia que no se acreditó el cumplimiento de las obligaciones
derivadas del convenio ni de las funciones propias de su cargo. En particular, no se
probó la realización de un seguimiento adecuado a la ejecución del convenio, ni la
presentación de informes detallados de gastos y avances, ni la conformación y
funcionamiento efectivo del Comité Técnico Interinstitucional.
108. Es más, en la versión libre rendida por la parte demandante señaló que “[…]
[s]e estableció un equipo de trabajo, pero no cambió muchas cosas, porque los
profesionales de la universidad conocían el proyecto. No previeron que muchas de
las escuelas a las que tenían que llevar la tecnología tendrían que ser transportadas
por chalupa, y las condiciones de invierno dificulto las obras que se habían
terminado. Se llegó a un acuerdo con el personal administrativo para ver que se
podía hacer. Todo eso en el primer semestre. En el segundo semestre la nueva
administración se desplazó al sitio de las tareas, realizando un registro fotográfico
para determinar cuántos recursos se necesitaban para sacar adelante el proyecto.
Todo ese proceso lo deje para la nueva administración cuando llego el convenio ya
estaba en ejecución […] (sic)”.
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109. Entonces, contrario a lo señalado por el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander, para esta Sala está plenamente demostrada la conducta omisiva de la
parte demandante, consistente en el incumplimiento de las obligaciones derivadas
del Convenio Interadministrativo de Cooperación núm. 0456 de 2006, así como de
las funciones propias de su cargo como Rector de la Universidad de Pamplona.
Estas omisiones se materializaron en la falta de seguimiento, control y verificación
de la ejecución del convenio, la ausencia de informes detallados de gastos y
avances, y la inexistencia de actas o registros que acreditaran la conformación y
funcionamiento del Comité Técnico Interinstitucional de Coordinación y Evaluación,
tal como lo establecían las cláusulas quinta, sexta y novena del convenio.
110. Además, el hecho de que los funcionarios encargados de la supervisión e
interventoría del convenio no hayan sido imputados con responsabilidad fiscal no
constituía un impedimento para declarar responsable fiscalmente a Pedro León
Peñaranda Lozano. La responsabilidad fiscal es personal y deriva de las acciones
u omisiones específicas de cada servidor público en el ejercicio de sus funciones.
111. En este caso, la parte demandante, en su calidad de Rector y representante
legal de la Universidad de Pamplona, tenía la obligación directa de garantizar el
cumplimiento del objeto contractual y la correcta administración de los recursos
públicos, independientemente de las responsabilidades que pudieran corresponder
a otros funcionarios.
112. Por lo tanto, su negligencia en el cumplimiento de estas obligaciones es
suficiente para declarar su responsabilidad fiscal, sin que ello dependa de la
imputación o no de otros intervinientes en el proceso.
Del nexo causal entre el daño patrimonial y la conducta ejercida por Pedro
León Peñaranda Lozano
113. Conforme lo indicado supra, la Sala considera que está demostrado el
detrimento patrimonial del Estado con la falta de ejecución del convenio de la
referencia y la omisión en el reembolso de los recursos no ejecutados, con ocasión
del Convenio Interadministrativo de Cooperación núm. 0456 del 27 de diciembre de
2006. Lo anterior, en razón a la falta de diligencia en el manejo de los recursos y en
la ejecución del convenio de la parte demandante.
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Núm. único de radicación: 540012333000 2022 00017 01
Demandantes: Pedro León Peñaranda Lozano y otros
114. Así las cosas, esta Sala considera que, está demostrado la configuración del
nexo causal entre la conducta o la gestión fiscal atribuida a la parte demandante, y
el daño patrimonial ocasionado al Estado.
Recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
115. El Tribunal, en la sentencia proferida en primera instancia, respecto del
restablecimiento del derecho no accedió al reconocimiento de perjuicios, debido a
que no se fiscal acreditó una afectación emocional grave derivada de la declaratoria
de responsabilidad. No obstante, su estudio es inane en esta instancia procesal,
porque, como viene claro, se probó la conducta omisiva de la parte demandante por
la falta de seguimiento y control sobre la ejecución del Convenio Interadministrativo
de Cooperación núm. 0456 del 27 de diciembre de 2006.
Conclusiones de la Sala
116. En suma, la Sala considera que los argumentos expuestos por la parte
demandada en el recurso de apelación están llamados a prosperar, por cuanto en
el caso sub examine, la parte demandante actuó negligentemente en el
cumplimiento de sus deberes contractuales y funcionales, lo cual fue determinante
para la generación de un detrimento patrimonial al erario.
Condena en costas
117. Visto el numeral 8.° del artículo 365 de la Ley 1564 sobre condena en costas,
y atendiendo al criterio objetivo valorativo de las mismas y a que en el expediente
no aparecen causadas ni probadas, la Sala no condenará en costas a la parte
demandante.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley
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III. RESUELVE:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 11 de mayo de 2023 por el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.
SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda presentada por la parte
demandante contra la Contraloría General de la República, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: No condenar en costas en esta instancia, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.
CUARTO: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta
GERMÁN EDUARDO OSORIO HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CIFUENTES Consejero de Estado
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la
Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza
la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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