Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 54001-23-33-000-2022-00048-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 54001-23-33-000-2022-00048-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 54001-23-33-000-2022-00048-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 54001-23-33-000-2022-00048-01
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
28 de abril de 2022
1
Radicado: 54001 23 33 000 2022 00048 01
Demandante: ALEJANDRO QUIJANO
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá D.C., veintiocho (28) de abril de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 54001 23 33 000 2022 00048 01
Demandante: ALEJANDRO QUIJANO
Demandado: JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO ORAL DEL
CIRCUITO DE CÚCUTA
Temas: Improcedencia de la acción de tutela promovida para la
protección de los derechos fundamentales a la igualdad y a
la dignidad humana, si los argumentos del accionante
pueden ser invocados mediante una solicitud de prelación
de turno para fallo ante la autoridad judicial accionada, y
no se advierte perjuicio irremediable. Existencia de otro
medio de defensa judicial. Subsidiariedad.
No vulnera el derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia la autoridad judicial que no ha
proferido fallo de primera instancia como consecuencia del
fenómeno de la congestión judicial. No se configuró la mora
judicial injustificada.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora en contra de
la sentencia de 17 de marzo de 2022, dictado por el Tribunal Administrativo
de Norte de Santander.
I. SÍNTESIS DEL CASO
El señor Alejandro Quijano, actuando por intermedio de apoderado judicial,
solicitó el amparo de sus derechos fundamentales de petición, acceso a la
administración de justicia, igualdad y dignidad humana que estimó
vulnerados por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial
de Cúcuta como consecuencia de la presunta omisión de respuesta a la
petición elevada el 24 de enero de 2022, y porque a la fecha la autoridad
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2
Radicado: 54001 23 33 000 2022 00048 01
Demandante: ALEJANDRO QUIJANO
judicial en comento no ha dictado sentencia de primera instancia dentro del
proceso de reparación directa con radicado número 54001 33 33 002 2013
00029 00, pese a encontrarse al despacho para tal efecto desde el 28 de
marzo de 2016.
II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN
2.1. Mediante auto de 7 de marzo de 2022 el Tribunal Administrativo de
Norte de Santander admitió la presente acción de tutela, y ordenó notificar
de la misma al Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Cúcuta.
2.2. El Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Cúcuta
adujo que en el presente asunto no se reúnen los requisitos generales y
específicos de procedencia de la acción de tutela, y que tampoco incurrió en
violación a los derechos fundamentales invocados. Explicó el escenario de
congestión por el que atraviesan los despachos judiciales, y advirtió que el
9 de marzo del presente año dio respuesta al derecho de petición elevado
por el accionante, en prueba de lo cual adjuntó su constancia de envío.
III. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
Mediante fallo de 17 de marzo de 2022, el Tribunal Administrativo de Norte
de Santander negó el amparo solicitado por la parte accionante, bajo las
siguientes consideraciones:
“[…] Si bien es cierto el expediente se encuentra al despacho para sentencia desde
mediados del año 2016, no puede catalogarse que dicha omisión es caprichosa o
negligente, pues dicha circunstancia obedece a las razones objetivas y razonables,
se repite, producto de la congestión judicial que enfrenta la jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo y que como tal adujera en su respuesta el titular del
despacho.
Por demás y en cuanto a las circunstancias de salud propuestas por el actor, las
mismas sólo la comprenden sus manifestaciones, dado que no se acreditaron las
mismas […].
[…] de acuerdo con lo anterior, no se cumplen los requisitos para declararse la mora
judicial, de lo que deviene no se haya (sic) vulneración de los derechos
fundamentales invocados por el actor […].
En lo que concierne al derecho de petición […] se declarará la carencia actual de
objeto por hecho superado ante la respuesta que emitió y notificó el Juzgado […].
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3
Radicado: 54001 23 33 000 2022 00048 01
Demandante: ALEJANDRO QUIJANO
IV. IMPUGNACIÓN
La parte actora impugnó el fallo de primera instancia señalando lo siguiente:
“[…] Primero, la justificación dada por el Juzgado referente la alta carga de proceso,
se desvirtúa con la prelación que debe recibir el señor ALEJANDRO QUIJANO al ser una
persona de la tercera edad, la cual se encuentra desprotegida, ya que la privación
injusta de la libertad de la cual fue víctima alteró su vida, de tal forma que este debió
soportar una carga absurda y desproporcional. Junto a ello, está el paso de los años,
puesto que es innegable que con el paso del tiempo el estado de salud desmejora
notablemente y se convierte en una limitante para llevar una vida normal y
autosuficiente.
Como segundo argumento, no es entendible como el JUZGADO 02 ADMINISTRATIVO
alega que no ha podido emitir sentencia porque una unión temporal tiene el
expediente. Es decir, está poniendo una carga desproporcional sobre mi prohijado
quien debe asumir las consecuencias de aquella tardanza. Es deber del Juzgado exigirle
a la Unión Temporal que remita a la mayor brevedad posible el respectivo expediente
en físico, y ya digitalizado. En el caso en concreto, el Juzgado se lava las manos
atribuyéndole la responsabilidad a la Unión Temporal, pero es él quien debe exigirle a
esta última que cumpla con su obligación y entregue el expediente lo más pronto
posible.
Adicional a lo anterior, el Tribunal Administrativo debió llamar a la Unión Temporal y
exigirle que brindara información acerca del expediente que supuestamente les fue
entregado. Aquello, con el fin de garantizar los derechos que asisten al señor
ALEJANDRO QUIJANO, y con el fin de evitar un perjuicio irremediable sobre éste,
puesto que no se justifica el hecho de que impongan sobre mi prohijado una carga tan
desproporcional, como lo es soportar la tardanza y el menoscabo de su expectativa de
que algún día podrá llegar a ser reparado por el daño del cual fue víctima, al haber
estado privado injustamente de su libertad. […]”.
V. CONSIDERACIONES DE LA SALA
5.1. COMPETENCIA
De conformidad con lo previsto por el numeral quinto del artículo 2.2.3.1.2.1
del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1º del
Decreto 333 de 2021, y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de
marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que asigna a esta
Sección el conocimiento de estas acciones constitucionales, esta Sala es
competente para conocer del presente asunto.
5.2. HECHOS
5.2.1. El señor Alejandro Quijano y otros promovieron demanda en ejercicio
del medio de control de reparación directa en contra de Nación – Rama
Judicial - DEAJ y la Fiscalía General de la Nación que se tramitó bajo el
número de radicado 54001-33-33-000-2013-00029-00, por los perjuicios
causados con ocasión de la privación de la libertad posiblemente injusta que
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4
Radicado: 54001 23 33 000 2022 00048 01
Demandante: ALEJANDRO QUIJANO
habría soportado el señor Quijano, correspondiéndole conocer del asunto al
Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cúcuta.
5.2.2. El 24 de enero del presente año, el referido demandante, por
conducto de su apoderado judicial, e invocando el derecho constitucional de
petición, elevó ante el Juzgado en mención la siguiente solicitud:
“PRIMERO: SOLICITO explicación de cuál es el sistema del que dispone el JUZGADO
SEGUNDO ADMINISTRATIVO DE CÚCUTA para abordar el orden en que se estudia y
resuelve cada caso que se pone a su consideración.
SEGUNDO: SOLICITO el Orden interno que maneja el despacho con cada proceso,
y que posición ocupa el proceso de Radicado No. 54001333300220130002900 en el
mismo.
TERCERO: SOLICITO que el JUEZ SEGUNDO ADMINISTRATIVO DE CÚCUTA exponga
las razones por las cuales no se ha emitido sentencia en el proceso de Radicado No.
54001333300220130002900.
CUARTO: SOLICITO Copia Digital integra y completa de todo el expediente del
proceso de radicado No. 54001333300220130002900, el cual cursa en el JUZGADO
SEGUNDO ADMINISTRATIVO DE CÚCUTA.”
5.2.3. El 9 de marzo de 2022, la autoridad judicial accionada dio respuesta a
la solicitud elevada por el señor Quijano, mediante mensaje enviado al correo
electrónico juanpablovelandia@hotmail.com, en el que manifestó lo siguiente:
“El Despacho establece turno para proyección de los fallos en los procesos ordinarios
conforme a su pase al despacho una vez concluida la etapa correspondiente, por lo
cual el radicado mencionado actualmente cuenta con el número 48.
Asimismo, debido al alto nivel de congestión que se maneja en este Juzgado el impulso
a los procesos ordinarios ha sido precario por cuanto prevalecen sobre su trámite las
acciones constitucionales, cuyos términos perentorios obligan a postergar cualquier
gestión sobre aquellos.[…]
Por lo tanto, una vez se encuentre escaneado el proceso de la referencia se le remitirá
el respectivo link a fin de que sea consultado por las partes y de igual manera se
dispondrá de la proyección del fallo una vez se cuente con la digitalización del mismo.”
5.2.4. A la fecha el Juzgado 2º Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Cúcuta no ha dictado sentencia de primera instancia dentro del proceso de
reparación directa con radicado 54001 33 33 002 2013 00029 00, por lo que
el accionante promovió la presente solicitud de amparo constitucional.
5.3. CUESTIÓN PREVIA
De manera previa al estudio de las consideraciones expuestas por el
accionante en la presente acción de tutela, esta Sala debe hacer claridad
sobre los siguientes antecedentes:
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5
Radicado: 54001 23 33 000 2022 00048 01
Demandante: ALEJANDRO QUIJANO
I) La sentencia de primera instancia dictada el 17 de marzo del 2022, se
notificó electrónicamente al accionante el 22 del mismo mes y año. Sobre
este punto, debe entenderse que la providencia en comento se notificó de
conformidad con lo previsto en el artículo 8º del Decreto Ley 806 de 2020,
según el cual “La notificación personal se entenderá realizada una vez
transcurridos dos días hábiles siguientes al envío del mensaje y los términos
empezarán a correr a partir del día siguiente al de la notificación.” Conforme
a esta regla, el actor tenía hasta el 29 de marzo de 2022 para impugnar la
decisión.
II) El accionante, por intermedio de su apoderado judicial, presentó
memorial el 25 de marzo del presente año, mediante el cual solo manifestó
impugnar el fallo de tutela dictado en primera instancia, aunque sin exponer
las razones de su inconformidad. Pese a ello, el a quo concedió la
impugnación por auto dictado en esa misma fecha.
III) Posteriormente, el 29 de marzo del corriente año, el actor presentó
escrito en el que expuso el sustento de la impugnación del fallo de tutela.
Así las cosas, como quiera que, tanto el memorial respecto del cual se
concedió la impugnación, como aquel que contiene las razones por las cuales
el accionante recurre la decisión de primera instancia, se presentaron dentro
del término dispuesto para ello, esta Sala abordará el estudio de la presente
impugnación, dentro de la solicitud de amparo de la referencia.
5.4. ANALISIS DE LA SALA
De conformidad con los argumentos presentados por el accionante en su
escrito de impugnación del fallo de tutela de primera instancia, corresponde a
esta Sala estudiar la presente solicitud de amparo respecto de las siguientes
cuestiones: i) la tardanza injustificada por parte de la autoridad judicial
accionada para proferir sentencia de primera instancia dentro del proceso de
reparación directa con radicado número 54001 33 33 002 2013 00029, con
la cual presuntamente se vulneró el derecho fundamental al acceso a la
administración de justicia; y ii) las circunstancias fácticas que afectan al
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6
Radicado: 54001 23 33 000 2022 00048 01
Demandante: ALEJANDRO QUIJANO
accionante, por las cuales, en su concepto, la autoridad judicial debería
atender prioritariamente su demanda y que ocasionan la supuesta vulneración
de los derechos fundamentales a la igualdad y dignidad humana.
Es del caso aclarar que en relación con la vulneración del derecho fundamental
de petición alegado por el accionante en primera instancia, y dado que este
aspecto no fue objeto de discusión en este momento procesal, el mismo no
se abordará. En consecuencia, la Sala se estará a lo resuelto por el a quo a
ese respecto, esto es, la declaratoria de carencia actual de objeto por hecho
superado, y así se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
5.4.1. PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA
5.4.1.1. El requisito general de subsidiariedad para la procedencia de
la acción de tutela
Conforme al artículo 86 de la Constitución Política y al artículo 6º del Decreto
2591 de 19911, la acción de tutela es un recurso subsidiario y residual para
la protección de los derechos fundamentales, lo que implica que sólo será
procedente cuando se agoten todos los mecanismos de defensa judicial de
los que se disponga ante la conducta activa u omisiva de las autoridades, o
no exista en el ordenamiento jurídico un medio idóneo y eficaz para el
amparo judicial de esa categoría de derechos.
Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado que la solicitud de amparo
constitucional procede de forma excepcional cuando a pesar de existir otros
mecanismos, i) ellos no resultan idóneos o eficaces para la protección de los
derechos fundamentales, o ii) se ejerce la tutela para evitar la ocurrencia
de un perjuicio irremediable. De haber lugar a conceder el amparo, en el
primero de los casos la orden de protección sería definitiva y, en el segundo,
sería transitoria.
En el caso concreto, el actor en la sustentación de la impugnación manifestó
que la accionada debió, de manera prioritaria, dictar sentencia dentro del
1
Por el cual se reglamenta la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7
Radicado: 54001 23 33 000 2022 00048 01
Demandante: ALEJANDRO QUIJANO
proceso de reparación directa promovido por él, por cuanto es una persona
de la tercera edad con padecimientos de salud, y como tal resulta ser sujeto
de protección especial por las autoridades judiciales, circunstancias que, en
su opinión, son suficientes para que el juez de la causa otorgue prelación al
turno asignado para decidir de fondo el trámite ordinario.
En este punto el actor consideró lo siguiente: “[…] es claro que en el caso
en concreto si (sic) estamos ante una circunstancia que amerita un trato
excepcional, puesto que el señor ALEJANDRO QUIJANO es una persona de
la tercera edad, ya tiene 80 años de edad, tal como puede constatarse
revisando su respectiva cédula de ciudadanía. Atendiendo a aquella
situación y al deteriorado estado de salud, provocado por el paso de los
años, mi prohijado debe ser objeto de un trato especial por parte de la Rama
Judicial, el cual permita preservar sus derechos y recibir una pronta
reparación por los daños de los cuales fue víctima por el actuar del Estado.”
Así pues, conviene recordar que los jueces tienen la obligación de dictar
sentencias exactamente en el mismo orden en que haya pasado el
expediente al despacho para tal fin, según lo dispuso el artículo 18 de la Ley
446 de 1998. Ciertamente, este sistema para proferir los fallos es un método
razonable, conveniente y justo, tanto para las partes como para el juez, en
cuanto desarrolla las garantías del debido proceso y del derecho a la
igualdad. Sin embargo, la Corte Constitucional ha considerado que “la
posibilidad de inaplicar excepcionalmente el orden de fallo en turno se
encuentra constitucionalmente justificada y responde a la necesidad de dar
prioridad a casos especiales que, por sus características, no dan espera”2.
En armonía con lo anterior, los artículos 16 de la Ley 1285 de 22 de enero
de 20093 y 7º de la Ley 1105 de 13 de diciembre de 20064 disponen los
eventos en los que de manera oficiosa o a petición de parte, se podrá alterar
el orden en el que ingresan los procesos para proferir las respectivas
sentencias:
2
Sentencia T-945A de 2008 (M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra).
3
“Por medio de la cual se reforma la Ley 270 de 1996 Estatutaria de la Administración de Justicia”.
4
“Por medio de la cual se modifica el Decreto-ley 254 de 2000, sobre procedimiento de liquidación
de entidades públicas de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional y se dictan otras disposiciones”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8
Radicado: 54001 23 33 000 2022 00048 01
Demandante: ALEJANDRO QUIJANO
(i) Cuando existan razones de seguridad nacional,
(ii) Para prevenir la afectación grave del patrimonio nacional,
(iii) Por graves violaciones de los derechos humanos o crímenes de lesa
humanidad,
(iv) En asuntos de especial trascendencia social, y
(v) Cuando una entidad de carácter público que se encuentra en liquidación,
tenga la calidad de parte procesal.
Sin embargo, la constatación de los supuestos que permiten dar prelación y
adoptar decisión de fondo, corresponde al juez natural de la causa, que es
el primer habilitado por la ley para ponderar las condiciones especiales de
los casos puestos en su conocimiento y para autorizar un posible cambio en
el turno de resolución del pleito. Esto ha sido defendido por el alto tribunal
constitucional, a partir de considerar los principios de autonomía e
independencia judicial, de modo que “el juez de tutela está inhabilitado, en
principio, para subvertir el orden de prelación de los fallos judiciales, pues
tal determinación hace parte de la órbita de decisión del juez natural”5.
Con todo ello, es claro que para que se contemple la posibilidad de alteración
de los turnos asignados a cada proceso para dictar fallo, es necesario que la
parte interesada le solicite al juez de conocimiento una decisión en tal sentido,
según las previsiones legales y constitucionales antes referidas.
Ahora bien, a partir de la información que consta en el escrito de tutela, así
como de la impugnación, se observa que el accionante no demostró haber
presentado la respectiva solicitud de prelación para fallo ante la autoridad
judicial que conoce su caso, exponiendo las razones que justificaran tal
pedimento, aunque sí, como ya se indicó, presentó memorial mediante el cual
solicitó información sobre el turno asignado al proceso y las razones por las
que no se ha dictado sentencia. Aunado a ello, revisado el sistema de consulta
de procesos de la rama judicial, esta Sala advierte que a la fecha el señor
Alejandro Quijano no ha elevado la solicitud primeramente referida.
5
Cfr. en este sentido, la ya citada sentencia T-945A de 2008 (M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra),
al igual que la sentencia T-1019 de 2010 (M. P. Nilson Pinilla Pinilla).
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9
Radicado: 54001 23 33 000 2022 00048 01
Demandante: ALEJANDRO QUIJANO
En razón a este hecho, la presente acción de tutela deviene improcedente por
cuanto no cumple con el requisito general de subsidiariedad, ya que, en primer
lugar, el accionante tiene a su disposición otro medio judicial idóneo, como es
la solicitud de prelación para fallo, a efectos de exponer ante el juez de la
causa las circunstancias especiales que le aquejan, para que éste decida si es
del caso dictar sentencia de manera prioritaria.
En segundo lugar, aunque el señor Quijano aportó copia de su historia clínica,
la cual da cuenta de sus diagnósticos médicos, es del caso señalar que allí se
describen padecimientos de salud que no comprometen su vida ni lo sitúan en
una especial condición de vulnerabilidad que daba ser atendida con urgencia
por el juez constitucional. A ello debe agregarse que, tal como lo ha
determinado la Corte Constitucional, el solo criterio etario, per se, no resulta
suficiente para que una persona sea sujeto de especial constitucional, pues
en su caso deben concurrir otras circunstancias que justifiquen un trato
diferenciado, supuesto que no se cumple en el presente asunto.
Finalmente, como quiera que no se advierte la inminencia de perjuicio
irremediable alguno, esta Sala no estaría habilitada para exceder la órbita de
conocimiento del juez de la causa, a quien corresponde evaluar las
circunstancias particulares por las que sería viable o no dar prioridad al
proceso ordinario del actor, en tanto que la acción de tutela no puede utilizarse
para omitir el agotamiento de los medios judiciales disponibles en cada
proceso, ya que ello desnaturalizaría su carácter residual y excepcional.
En consecuencia, respecto del argumento presentado por el accionante
tendiente a poner de presente que en su caso concurren circunstancias
fácticas especiales, por las cuales la autoridad judicial debió atender
prioritariamente su demanda y que ocasionan la supuesta vulneración de los
derechos fundamentales a la igualdad y a la dignidad humana, la solicitud de
amparo de la referencia resulta improcedente, por ausencia del requisito
general de subsidiariedad.
Ahora bien, como quiera que esta Sala advierte que en relación con los
argumentos dirigidos a exponer la vulneración del derecho de acceso a la
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10
Radicado: 54001 23 33 000 2022 00048 01
Demandante: ALEJANDRO QUIJANO
administración de justicia como consecuencia de la tardanza injustificada por
parte de la autoridad judicial accionada para proferir sentencia de primera
instancia dentro del proceso de reparación directa con radicado número
54001 33 33 002 2013 00029, se encuentran cumplidos los requisitos general
de procedibilidad, se pasará a estudiar de fondo la tutela impetrada en relación
con este derecho fundamental.
5.4.2. LA MORA JUDICIAL INJUSTIFICADA Y LA VULNERACIÓN DE
LOS DERECHOS FUNDAMENTALES AL DEBIDO PROCESO Y AL ACCESO
A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
La Corte Constitucional, en sentencia T-803 del 11 de octubre de 2012, se
refirió a la violación del debido proceso por mora judicial en los siguientes
términos:
“[…] 9.2. Esta corporación ha definido la mora judicial como `un fenómeno
multicausal, muchas veces estructural, que impide el disfrute efectivo del derecho
de acceso a la administración de justicia´ [61]6, y que se presenta como `resultado
de acumulaciones procesales estructurales que superan la capacidad humana de los
funcionarios a cuyo cargo se encuentra la solución de los procesos´ [62]7. No
obstante, para establecer si la mora en la decisión oportuna de las
autoridades es violatoria de derechos fundamentales, es preciso acudir a
un análisis sobre la razonabilidad del plazo y establecer el carácter
`injustificado´ en el incumplimiento de los términos.
De esta manera, puede afirmarse que, de conformidad con la doctrina sentada por
esta Corporación, la mora judicial o administrativa que configura [la] vulneración
del derecho fundamental al debido proceso, se caracteriza por: (i) el
incumplimiento de los términos señalados en la ley para adelantar alguna
actuación por parte del funcionario competente; (ii) [el desborde del]
concepto de plazo razonable que involucra [un] análisis sobre la
complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado, la conducta de
la autoridad competente y el análisis global de procedimiento;[y finalmente;]
(iii) la falta de motivo o justificación razonable en la demora´[63]8 […]”9
Además, la jurisprudencia constitucional coincide en que la tardanza en la
resolución de un asunto sometido al conocimiento de la jurisdicción, en
circunstancias específicas, puede derivar en vulneración al derecho
fundamental al debido proceso, de manera que habrá que analizar “[…] (i)
el volumen de trabajo y el nivel de congestión de la dependencia, (ii) el
6
Sentencia T-945A de 2008.
7
Ibídem.
8
Sentencia T-297 de 2006 (M. P. Jaime Córdoba Triviño).
9
Sentencia T-803 de 2012 (M. P. Jorge Iván Palacio Palacio).
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
11
Radicado: 54001 23 33 000 2022 00048 01
Demandante: ALEJANDRO QUIJANO
cumplimiento de las funciones propias de su cargo por parte del funcionario,
(iii) complejidad del caso sometido a su conocimiento y (iv) el cumplimiento
de las partes de sus deberes en el impulso procesal. […]”10, en aras de
determinar si se está ante un escenario de mora judicial injustificada, o si
la ponderación de las circunstancias específicas explica el retardo.
Así por ejemplo, la Corte Constitucional ha entendido como justificada la
mora judicial cuando “[…] Se está ante asuntos de alta complejidad en los
que se demuestra de manera integral una diligencia razonable del juez que
los atiende, o se constata la existencia de problemas estructurales, de
exceso de carga laboral u otras circunstancias que pueden ser catalogadas
como imprevisibles e ineludibles.[…]11”.
Por su parte, en lo concerniente al acceso a la administración de justicia, la
Sala, en sentencia de tutela proferida el 3 de mayo de 201812, al estudiar
también un caso sobre mora en la adopción de una decisión judicial, estimó
que, dentro de las garantías de este derecho, se encuentra el derecho a
obtener la tutela judicial efectiva, la cual no solo exige de la autoridad
judicial un pronunciamiento respecto del asunto sometido a su definición,
sino, además, que esa respuesta de la judicatura sea oportuna, por cuanto
el artículo 228 de la Constitución establece que “los términos procesales se
observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado”.
En el caso de autos, el actor aduce que la tardanza del juzgado accionado en
dictar el fallo de primera instancia dentro del proceso de reparación directa
con radicado número 54001 33 33 002 2013 0002, desconoce su derecho
fundamental de acceso a la administración de justicia (que conforma el debido
proceso constitucional), pues los argumentos presentados por la autoridad
accionada, a saber, el fenómeno de la congestión judicial y las diligencias
administrativas relativas a la digitalización de los expedientes, no son
suficientes para justificar la mora en el cumplimiento de las funciones
judiciales.
10
Sentencia T-366 de 2005 (M. P. Clara Inés Vargas Hernández).
11
Cfr. en sentido semenjante las sentencias SU-333 de 2020 (M. P. Alberto Rojas Ríos) y SU-048 de
2021 (M. P. Diana Fajardo Rivera).
12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, radicación número:
11001-03-15-000-2018-00809-00(AC), C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
12
Radicado: 54001 23 33 000 2022 00048 01
Demandante: ALEJANDRO QUIJANO
A ese respecto, y en cuanto a la presunta mora judicial, en primer lugar, la
Sala advierte que, si bien ha pasado tiempo considerable entre la fecha en
la que el proceso pasó al despacho para proferir sentencia (2016) y la fecha
de radicación de la presente tutela (2022), también es cierto que la
autoridad accionada se manifestó ante este trámite constitucional
explicando que tiene a su cargo un alto número de procesos judiciales, entre
los cuales se encuentran procesos de prioridad constitucional como las
acciones de tutela e incidentes de desacato, circunstancias por las cuales a
la demanda de reparación directa promovida por el aquí accionante le
corresponde actualmente el turno 48 para dictar sentencia de primera
instancia, de conformidad con lo previsto en el artículo 18 de la Ley 446 de
1998, que dispone que “es obligatorio para los jueces dictar las sentencias
exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al
despacho para tal fin sin que dicho orden pueda alterarse, salvo en los casos
de sentencia anticipada o de prelación legal”.
Por lo anterior, debe recordarse que el sistema de turnos establecido por la
ley es una regla razonable, justa y proporcionada, tanto para las partes,
como para el juez responsable de emitir los fallos respectivos, pues
desarrolla las garantías del debido proceso y la igualdad al impedir que el
encargado de definir un litigio pueda anticipar o posponer decisiones a su
propio arbitrio, lo que dejaría a la administración de justicia bajo un manto
de duda sobre las razones que hubieren impulsado al funcionario judicial a
alterar el orden para proferir las sentencias que son de su resorte13 .
Así las cosas, es claro que el retardo que el actor censura con la presente
acción de tutela se enmarca en uno de los supuestos en los que la Corte
Constitucional ha considerado como justificada la mora judicial, esto es, el
exceso de carga laboral y la asunción de un volumen significativo de
procesos por el despacho.
Finalmente, aunque el accionante refiere que las tareas de digitalización de
expedientes no puede constituirse en una justificación a la tardanza para
13
Sentencia T-945A de 2008.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
13
Radicado: 54001 23 33 000 2022 00048 01
Demandante: ALEJANDRO QUIJANO
proferir decisiones, tampoco puede perderse de vista la necesidad de agotar
dicha tarea administrativa respecto de un gran número de procesos como
consecuencia de la implementación del trabajo en casa establecido desde
marzo de 2020 por el Consejo Superior de la Judicatura como consecuencia
de la emergencia sanitaria aun vigente, factores que impiden concluir que
el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Cúcuta hubiese
actuado con negligencia o retardo deliberado e injustificado.
Sea del caso precisar que la Sala no desconoce que los trámites y las
decisiones que se adoptan en los procesos judiciales deben observar los
plazos legalmente previstos. Sin embargo, se pone de presente la existencia
de diferentes aspectos que deben analizarse de manera particular, pues
temas como el de la congestión actual y sistemática del aparato judicial,
sugieren motivos razonables que impiden la configuración de la mora
injustificada del juzgador accionado, razón por la cual no se advierte
vulneración al derecho fundamental al acceso a la administración de justicia,
y en consecuencia, sobre este punto se confirmará la sentencia impugnada,
en el sentido de negar la solicitud de amparo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR el numeral primero del fallo dictado el 17 de
marzo de 2022 por Tribunal Administrativo de Norte de Santander, en lo
relativo a negar la solicitud de amparo del derecho fundamental al acceso a
la administración de justicia, así como el numeral segundo de la misma
providencia, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta decisión.
SEGUNDO: MODIFICAR al fallo del 17 de marzo de 2022 proferido por el
Tribunal Administrativo de Norte de Santander, en el sentido de DECLARAR
IMPROCEDENTE la solicitud de amparo en cuanto a los derechos
fundamentales a la igualdad y a la dignidad humana.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
14
Radicado: 54001 23 33 000 2022 00048 01
Demandante: ALEJANDRO QUIJANO
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
CUARTO: REMITIR el expediente a la Honorable Corte Constitucional para
su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria
de esta providencia.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la sede electrónica
para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.