Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 54001-23-33-000-2022-00052-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 54001-23-33-000-2022-00052-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 54001-23-33-000-2022-00052-01
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
15 de junio de 2022
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá D.C, quince (15) de junio de dos mil veintidós (2022).
Consejero Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 54001-23-33-000-2022-00052-01
Demandante: CELESTINO LEÓN DUARTE
Demandado: JUZGADO SÉPTIMO ADMINISTRATIVO DEL
CIRCUITO JUDICIAL DE CÚCUTA
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL
PROFERIDA EN UN TRÁMITE INCIDENTAL DE
DESACATO
Síntesis del caso: el actor consideró que la autoridad accionada vulneró sus
derechos constitucionales fundamentales por no adoptar los instrumentos jurídicos
necesarios para hacer cumplir un fallo de tutela. La Sala analizó la procedencia de
la acción de tutela contra providencias proferidas en el trámite incidental de
desacato y denotó que la solicitud de amparo no superó los requisitos exigidos por
la jurisprudencia, razón por la cual revocará el fallo de primera instancia que negó
las pretensiones de la demanda y, en su lugar, declarará la improcedencia de la
acción de tutela.
La Sala decide la impugnación interpuesta por el demandante contra la sentencia
de 31 de marzo de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander mediante la cual se dispuso:
“PRIMERO: ACEPTAR los impedimentos planteados por los Magistrados
Robiel Amed Vargas González y Hernando Ayala Peñaranda, por lo
expuesto en la parte motiva de esta decisión.
SEGUNDO: NEGAR el amparo solicitado por el señor CELESTINO LEÒN
DUARTE, de conformidad con lo expuesto en los considerandos de la
presente providencia.
TERCERO: EXHORTAR a la JUEZ SÉPTIMO ADMINISTRATIVO ORAL
DE CÚCUTA para que haga uso de todos los mecanismos que contempla
el Decreto 2591 de 1991 para hacer cumplir la decisión de tutela proferida
dentro del proceso 2022-00005 en su integridad, incluido dar inicio
oficioso a un nuevo trámite incidental, ajustando la orden inicialmente
impartida o emitiendo otras adicionales en aras de hacer efectiva la
protección dispensada y los derechos amparados, en el evento de
encontrar que las circunstancias de incumplimiento persisten; decisión, en
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Expediente: 54001-23-33-000-2022-00052-01
Actor: Celestino León Duarte
Acción de tutela – Impugnación de fallo
la que puede corroborar si la funcionaria de la NUEVA EPS aportó prueba
documental inexacta que conllevó a que el Tribunal Administrativo de
Norte de Santander revocara la sanción impuesta por el Juzgado con auto
del 28 de febrero de 2022, haciendo uso de las sanciones que contempla
la Ley en dicho escenario.
CUARTO: Comuníquese la presente decisión en los términos previstos
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
QUINTO: Si esta providencia no es impugnada, envíese a la H. Corte
Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.”. (archivo disponible en medio
magnético en el aplicativo SAMAI – mayúsculas y negrillas del original)
I. ANTECEDENTES
1. Los hechos de la demanda
El señor Celestino León Duarte presentó acción de tutela con el fin de que le sean
amparados sus derechos constitucionales fundamentales a la salud, vida digna,
debido proceso y acceso a la administración de justicia, los cuales consideró
vulnerados por la titular del Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de
Cúcuta por no adoptar todas las medidas necesarias para lograr el cumplimiento del
fallo de tutela proferido el 28 de enero de 2022 en contra de la Nueva EPS, en el
que se ampararon sus derechos constitucionales fundamentales a la salud y vida
digna.
Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:
1) El demandante, quien es un profesional del derecho, presentó acción de tutela
en la que solicitó el amparo de sus derechos constitucionales fundamentales a la
salud y vida digna porque no le fueron autorizadas 20 sesiones de terapia para tratar
afecciones en su hombro, ordenadas con prescripción médica.
2) En primera instancia el asunto correspondió al Juzgado Séptimo Administrativo
del Circuito Oral de Cúcuta, autoridad judicial que en sentencia de fecha 28 de enero
de 2022 ordenó a la Nueva EPS el cumplimiento del plan de tratamiento que le fue
prescrito al actor.
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Expediente: 54001-23-33-000-2022-00052-01
Actor: Celestino León Duarte
Acción de tutela – Impugnación de fallo
3) Esa decisión fue impugnada por la Nueva EPS y el Tribunal Administrativo de
Norte de Santander, en segunda instancia, la confirmó con fundamento en que no
existía ningún documento que acreditara la autorización de las terapias exigidas a
favor del señor Celestino Duarte León.
4) En escrito de 4 de febrero de 2022 el demandante presentó un incidente de
desacato en contra de la Nueva EPS en el que adujo que no cumplió con fallo de
tutela.
5) Con auto de 18 de febrero de 2022 se resolvió el incidente de desacato y se
impuso sanción de un salario mínimo mensual legal vigente a la gerente zonal de la
Nueva EPS tras evidenciar que no adelantó las actuaciones administrativas
pertinentes a fin de garantizar el tratamiento integral del demandante.
6) El demandante señaló que, ante la presunta falta de interés en lograr el
acatamiento del fallo de tutela, presentó derechos de petición al Juzgado Séptimo
Administrativo del Circuito Judicial de Cúcuta los días 11, 18 y 23 de febrero de
2022.
7) El 25 de febrero del presente año el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito
Judicial de Cúcuta devolvió al actor tales escritos, considerados como
irrespetuosos, en los que de manera “sumamente grosera” expresó sus molestias
frente al trámite otorgado a la solicitud incidental de desacato. Lo anterior, de
conformidad con el numeral 6 del artículo 44 del Código General del Proceso que
faculta al juez para hacer tal devolución.
8) En esa providencia se ordenó compulsar copias de la actuación del señor León
Duarte con destino a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial a efectos de que
esa autoridad determinara si constituyó una falta contra el debido respeto a la
administración de justicia, de acuerdo con lo consagrado en el artículo 32 de la Ley
1133 de 2007.
9) Si bien no hizo parte de los hechos de la demanda, la Sala debe señalar que, a
través de auto de 28 de febrero de 2022, esto es, previo a la presentación de la
presente demanda, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander resolvió el
grado jurisdiccional de consulta, en el que revocó la sanción impuesta por encontrar
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Expediente: 54001-23-33-000-2022-00052-01
Actor: Celestino León Duarte
Acción de tutela – Impugnación de fallo
que se realizaron las gestiones tendientes para cumplir la orden impartida en el fallo
de tutela y se autorizaron las terapias que requirió el accionante.
2. Pretensiones
Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó el amparo de las
siguientes súplicas:
“1. Se ordene a la Accionada JUEZ SÉPTIMO ADMINISTRATIVO DEL
CIRCUITO DE CÚCUTA, ABOGADA SONIA LUCIA CRUZ RODRIGUEZ
que de manera efectiva, pronta y sin dilaciones HAGA CUMPLIR DE
MANERA INMEDIATA EL FALLO DE TUTELA Y ORDENE A LA NUEVA
EPS, AUTORICE las 20 SES DEF SITEIRAPAI DE HOMBRO DERECHO
CLAVO HUMERAL (sic).
2. Se ordene JUEZ SÉPTIMO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE
CÚCUTA (sic), ABOGADA SONIA LUCIA CRUZ RODRIGUEZ, (sic) para
que dichas AUTORIZACIONES (sic) sean enviadas de manera directa al
correo del juzgado con copia a mi correo personal
celestinoabogado1973@yahoo.es. Lo anterior HONORABLE
MAGISTRADO con la finalidad que la NUEVA EPS en un último intento
de dilatar la entrega de las autorizaciones pretenda someter al usuario a
un trámite administrativo que se llegue a inventar, a última hora.
3. Solicito Honorable MAGISTRADO compulsar copias a la FISCALIA
GENERAL DE LA NACION. Por las posibles conductas punibles que haya
incurrido tanto la JUEZ SÉPTIMO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE
CÚCUTA, ABOGADA SONIA LUCIA CRUZ RODRIGUEZ, (sic) como la
Dra. Johana Carolina Guerrero, en su condición de gerente zonal de la
NUEVA EPS-CUCUTA.
4. De conformidad con el Decreto 2591 de 1991, me permito solicitar que
en el fallo por usted dictado se prevenga a la entidad accionada “para que
en ningún caso vuelva a incurrir en las acciones u omisiones que dieron
mérito para conceder la tutela, y que, si procediere de modo contrario,
será sancionada de acuerdo con lo establecido en el artículo
correspondiente de este decreto, todo sin perjuicio de las
responsabilidades en que ya hubiere incurrido”. Más aun teniendo en
cuenta mis antecedentes clínicos en relación a mi enfermedad cardiaca,
infarto anterior extenso, con presencia de enfermedad arterial coronaria
severa aterotrombótica de vaso arterial descendente anterior a nivel
proximal, Angioplastia de rescate, con implante de un stents convencional
a la arteria descendente anterior. Debido a la severa disfunción
cardiovascular generada por el IAM presentado, lo que hacer persista en
un alto riesgo de MORBIMORTALIDAD. Y el lamentable estado de salud
que actualmente presento. (sic)
5. Que se ordene el amparo de aquellos derechos fundamentales no
invocados como amenazados, violados y/o vulnerados y que usted, en su
función de guardián de la Constitución, puede establecer como violados,
amenazados y/o vulnerados.”. (archivo disponible en medio magnético en
el aplicativo SAMAI – mayúsculas del original)
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Expediente: 54001-23-33-000-2022-00052-01
Actor: Celestino León Duarte
Acción de tutela – Impugnación de fallo
2. Los fundamentos de la vulneración
La parte actora alegó que el proceder de la titular del Juzgado Séptimo
Administrativo del Circuito Judicial de Cúcuta vulneró sus derechos constitucionales
fundamentales a la salud, vida digna, debido proceso y acceso a la administración
de justicia porque no logró el cumplimiento efectivo del fallo de tutela proferido el 28
de enero de 2022.
Afirmó que en la parte resolutiva de la providencia que resolvió el incidente de
desacato se incurrió en un error mecanográfico consistente en anotar mal su
segundo apellido (es Duarte en lugar de Durán), lo que estimó trasgresor de sus
garantías fundamentales.
Agregó que la juez no realizó las actuaciones necesarias para hacer cumplir su fallo,
pese a las repetidas ocasiones en las que le reclamó el cumplimiento.
A pesar de que la decisión de 25 de febrero de 2022, en la que el juzgado ordenó
“compulsar copias” en su contra ante la Comisión Seccional de Disciplina Judicial,
no hizo parte del acápite de pretensiones de la acción de tutela, el demandante
afirmó de manera sucinta que esa providencia vulneró sus derechos fundamentales,
sin que precisara cuáles, y evidenció la complicidad entre el despacho y la Nueva
EPS.
3. Actuación en primer grado
El Tribunal Administrativo de Norte de Santander por auto de 14 de marzo de 2022
admitió la tutela y dispuso notificar al Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito
Judicial de Cúcuta para que presentara un informe sobre los hechos que dieron
lugar a la presente acción.
4. Actuación de la autoridad demandada
El Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Cúcuta allegó informe de
respuesta en el que manifestó que en la acción de amparo constitucional de tutela
presentada por parte del señor Celestino León Duarte en contra de la Nueva EPS
no existen trámites incidentales pendientes de impulso o trámite.
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Expediente: 54001-23-33-000-2022-00052-01
Actor: Celestino León Duarte
Acción de tutela – Impugnación de fallo
Afirmó que el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, en grado jurisdiccional
de consulta, revocó la sanción de desacato impuesta en contra de la gerente zonal
de la Nueva EPS por considerar que esa autoridad cumplió los requisitos objetivos
de cumplimiento a la orden de tutela.
5. Sentencia de primera instancia
El 31 de enero de 2022 el Tribunal Administrativo de Norte de Santander profirió
sentencia en la que negó las pretensiones de la acción de tutela por considerar que
el juzgado demandado no vulneró los derechos constitucionales fundamentales del
demandante.
La autoridad judicial accionada invocó la jurisprudencia de la Corte Constitucional
en la que se analizó la procedencia de la acción de tutela contra providencias
proferidas en el trámite incidental de desacato y destacó que existe una regla
general de improcedencia con la excepción de aquellos casos en que “sea evidente
la vulneración grave de derechos fundamentales en el trámite del incidente.”.
A pesar de lo anterior, el a quo entró a resolver de fondo la controversia y concluyó
que la parte accionada sí ejerció debidamente su poder jurisdiccional al imponer la
sanción por desacato.
Señaló, además, que gracias a esa decisión se logró un cumplimiento parcial de la
sentencia, con la autorización inicial de 10 de las 20 terapias reclamadas por el
actor.
Adicionalmente, el a quo exhortó a la autoridad judicial accionada para que use los
mecanismos previstos en el Decreto 2591 de 1991 en aras de lograr el cumplimiento
total de la decisión de tutela.
6. Impugnación
El actor presentó impugnación al fallo de primera instancia y le fue concedida en
auto de 6 de abril de 2022.
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Expediente: 54001-23-33-000-2022-00052-01
Actor: Celestino León Duarte
Acción de tutela – Impugnación de fallo
Como fundamentos para controvertir la sentencia de primera instancia adujo, en
términos generales, que el fallo impugnado no fue congruente, no se ajustó a los
antecedentes y a los hechos que motivaron la acción de tutela, no cumplió con el
mandato legal, se fundó en consideraciones inexactas e incurrió en error esencial
de derecho.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado procede la Sala a resolver el asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela, 2) el
caso concreto y 3) conclusión.
1. Finalidad de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991,
disposiciones estas que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce
mediante un procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera
inmediata y eficaz, los derechos constitucionales fundamentales amenazados o
vulnerados por una acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.
Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender
sustituir recursos ordinarios o extraordinarios, tampoco para desplazar o variar los
procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir con ella términos
precluidos o acciones caducadas.
De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando
exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos
fundamentales del demandante.
2. El caso concreto
En el asunto que ocupa la atención de la Sala se demanda por esta vía
constitucional al Juzgado Séptimo del Circuito Judicial de Cúcuta con el fin de que
se protejan los derechos fundamentales del actor por la presunta negativa de la
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Expediente: 54001-23-33-000-2022-00052-01
Actor: Celestino León Duarte
Acción de tutela – Impugnación de fallo
autoridad judicial demandada en hacer cumplir el fallo de tutela de 28 de enero de
2022 en el que se ordenó garantizar al demandante el tratamiento encaminado a
tratar las patologías derivadas de una “fractura de la epífisis superior del húmero.”.
La Sala estima necesario precisar que un análisis detallado y bajo una interpretación
extensiva del escrito de tutela el señor Celestino León Duarte permite inferir que el
actor sustentó la presunta vulneración de derechos fundamentales con las
siguientes razones:
i) Cuestionó las consideraciones del auto de 18 de febrero de 2022, en el que el
Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial Cúcuta resolvió el incidente de
desacato e impuso sanción en contra de una funcionaria de la Nueva EPS porque
a juicio del demandante esa providencia no logró el cumplimiento efectivo del fallo
de tutela que amparó sus derechos y afirmó que el error mecanográfico presente en
la parte resolutiva de esa providencia trasgredió sus garantías fundamentales.
ii) Entre los hechos de la demanda el actor reprochó el auto de 25 de febrero de
2022, en el que se ordenó “compulsar copias” en su contra ante la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial, y afirmó que esa providencia vulneró sus derechos
fundamentales.
2.1. De los cuestionamientos al auto de 18 de febrero de 2022
Una vez aclarado que la acción de tutela se dirigió a controvertir las consideraciones
de una providencia que dio fin a un trámite incidental de desacato, la Sala destaca
que, en sentencia de unificación SU-038 de 3 de mayo de 2018, la Corte
Constitucional precisó que la procedencia de este mecanismo contra providencias
judiciales proferidas en el curso de un incidente de este tipo es excepcional y que
depende de si está configurada la vulneración al debido proceso de las partes.
De lo anterior, extrajo la Corte que el juez constitucional que asuma el conocimiento
de una acción de tutela enfilada contra una providencia dictada en el curso de un
incidente de desacato solo está autorizado para examinar la observancia del debido
proceso en el trámite y la adecuación de la decisión adoptada en virtud del mismo,
pero no puede revisar, cuestionar y/o modificar la decisión de tutela y el alcance o
contenido sustancial de las órdenes impartidas por el juez de la tutela primigenia,
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Expediente: 54001-23-33-000-2022-00052-01
Actor: Celestino León Duarte
Acción de tutela – Impugnación de fallo
pues se trata de un debate que ya fue zanjado y respecto del cual operó la cosa
juzgada, de suerte que en el ejercicio de sus atribuciones ha de ceñirse al trámite
incidental objeto de estudio.
En la sentencia aludida la Corte Constitucional compiló así los requisitos que se
deben cumplir para que proceda la tutela contra providencias que se resuelven
durante el trámite incidental de desacato:
“En suma, se tiene que la jurisprudencia trazada por esta Corporación
sostiene que para enervar mediante acción de tutela la providencia que
resuelve un incidente de desacato, es preciso que se reúnan los
siguientes requisitos:
i) La decisión dictada en el trámite de desacato se encuentre ejecutoriada;
es decir que la acción de tutela es improcedente si se interpone antes de
finalizado el trámite –incluido el grado jurisdiccional de consulta, si es del
caso–.
ii) Se acrediten los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales y se sustente, por lo menos, la
configuración una de las causales específicas (defectos).
iii) Los argumentos del promotor de la acción de tutela deben ser
consistentes con lo planteado por él en el trámite del incidente de
desacato, de manera que a) no debe traer a colación alegaciones nuevas,
que dejó de expresar en el incidente de desacato, y b) no puede solicitar
nuevas pruebas que no fueron pedidas en un principio dentro del desacato
y que el juez no tenía que practicar de oficio.”.1
Descendiendo al caso concreto, para la Sala resulta claro que la acción de tutela
presentada por el actor no cumplió con los requisitos de procedencia referidos
porque si bien la decisión de 18 de febrero de 2022 que resolvió el incidente de
desacato se encuentra ejecutoriada y respecto de ella se surtió el grado
jurisdiccional de consulta, lo cierto es que el actor no sustentó la configuración de
alguno de los defectos específicos de procedencia de la acción de tutela para
cuestionar providencias judiciales que den por terminado el trámite incidental de
desacato y en definitiva no probó de manera fehaciente la vulneración de su derecho
fundamental al debido proceso que tornara viable la intervención del juez
constitucional para procurar su amparo.
Basta con remitirse a las razones de la tutela para denotar que en ellas el
demandante se limitó a reiterar, como lo hizo en los múltiples derechos de petición
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Corte Constitucional, sentencia SU-038 de 3 de mayo de 2018. MP Alberto Rojas Ríos.
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Expediente: 54001-23-33-000-2022-00052-01
Actor: Celestino León Duarte
Acción de tutela – Impugnación de fallo
que radicó ante la autoridad judicial accionada y como lo alegó en el trámite
incidental de desacato, que el juzgado se negó a hacer cumplir el fallo de tutela de
28 de enero de 2022 en el que se ampararon sus derechos fundamentales a la salud
y vida digna.
Lo anterior, a pesar de que en el texto de la demanda se reconoce que el 18 de
febrero de 2022 el juzgado resolvió el incidente de desacato que se propuso en
contra de la Nueva EPS y sancionó a la gerente zonal de esa autoridad tras colegir
que no adelantó las actuaciones administrativas tendientes a garantizar el
tratamiento integral del señor Celestino León Duarte, siendo justamente esa la
prerrogativa principal con que cuenta la autoridad judicial en el trámite incidental a
efectos de lograr el cumplimiento del fallo.
La Sala examinó la observancia del debido proceso en el trámite otorgado al
incidente de desacato, en los términos de la sentencia SU-038 de 2018 de la Corte
Constitucional, y denotó que la autoridad judicial accionada aseguró tal garantía a
las partes.
En efecto, se evidencia que el juzgado admitió el incidente de desacato presentado
por el actor dentro de los 10 días siguientes a la radicación de la solicitud (la solicitud
se presentó el 4 de febrero de 2022 y el auto de apertura del trámite incidental es
del 7 de febrero de 2022), se corrió traslado de esa actuación a la contraparte y,
finalmente, se profirió una decisión de fondo que sancionó a la funcionaria de la
Nueva EPS con lo que se dio por terminado el trámite incidental de desacato.
Para esta instancia es claro que durante el trámite incidental de desacato el juzgado
accionado brindó todas las garantías a los sujetos procesales para que acreditaran
el cumplimiento de la orden de tutela, en la que se impuso una serie de mandatos
que implicaron la prestación de servicios integrales en salud, entre los cuales se
encontró el servicio denominado como “tratamiento integral para la patología de (...)
S422 – Fractura de la Epífisis Superior del Húmero”, mismo que fue prescrito por el
médico tratante del señor Celestino León Duarte. Sin embargo, ante la ausencia de
pruebas que acreditaran la prestación de ese servicio en concreto, el Juzgado
Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Cúcuta corroboró un incumplimiento
de la orden dictada, por lo que impuso sanción a la gerente zonal de la Nueva EPS.
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Expediente: 54001-23-33-000-2022-00052-01
Actor: Celestino León Duarte
Acción de tutela – Impugnación de fallo
Basta lo expuesto para concluir que el demandante no cumplió con los requisitos
exigidos por la jurisprudencia constitucional para que resulte procedente la acción
de tutela en contra de una providencia que dio por terminado un trámite incidental
de desacato, por lo que el juez de tutela no puede entrar a revisar la decisión
cuestionada y el alcance de la orden impartida por el juez del incidente.
Aunado a lo anterior, para la Sala resulta como mínimo curioso que en la solicitud
de amparo el demandante no hizo mención alguna a la providencia proferida el 28
de febrero de 2022 en la que el Tribunal Administrativo de Norte de Santander
resolvió el grado jurisdiccional de consulta y revocó la sanción impuesta por el
juzgado a la funcionaria de la Nueva EPS, porque encontró que a la fecha se dio
solución a la reclamación del señor Celestino León Duarte con la autorización de
las terapias requeridas para tratar sus afecciones.
Es claro que con antelación a la presentación de la acción de tutela el actor sí
conoció el contenido de la decisión del tribunal, da cuenta de ello el simple hecho
de que esa providencia fue aportada por el demandante como documento anexo a
su escrito de tutela.
A pesar de lo anterior, los planteamientos que expuso el actor, en los que no se
invocó alguno de los requisitos especiales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, se enfilaron a controvertir el proceder de la titular del
Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Cúcuta, las cuales –como
quedó dicho– respetaron la garantía fundamental del debido proceso, no así las
razones que tuvo el Tribunal para revocar la sanción y tener por cumplido el fallo de
tutela.
Por último, se debe señalar que no es procedente que por la vía de tutela se
presenten cuestionamientos en contra de la parte resolutiva de la providencia
cuestionada por contener un error mecanográfico ya que el demandante no hizo uso
de la oportunidad procesal idónea para solicitar esa corrección y o aclaración.
Además, es claro que el hecho de haberse anotado el apellido del actor como Durán
y no Duarte no conllevó una equivocación de naturaleza insubsanable que
trasgrediera los derechos fundamentales del actor, máxime cuando respecto de esa
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Expediente: 54001-23-33-000-2022-00052-01
Actor: Celestino León Duarte
Acción de tutela – Impugnación de fallo
providencia se surtió el grado jurisdiccional de consulta y el Tribunal Administrativo
de Norte de Santander decidió revocarla por encontrar probado el debido
cumplimiento a la orden de tutela.
2.2. De los cuestionamientos al auto de 25 de febrero de 2022
Como quedó dicho en antelación, entre las pretensiones de la acción de tutela no
se encuentra alguna expresamente dirigida a controvertir de manera puntual la
providencia de 25 de febrero de 2022, en la que el Juzgado Séptimo Administrativo
del Circuito Judicial de Cúcuta ordenó la devolución de los derechos de petición
presentados por el actor, por considerarlos escritos irrespetuosos, con fundamento
en el numeral 6 del artículo 44 del Código General del Proceso.
A pesar de lo anterior, a partir de los extensos y confusos hechos de la tutela, la
Sala evidenció que también se alegó la trasgresión de derechos fundamentales por
lo resuelto en esa oportunidad.
Sobre el particular, basta con señalar que es reiterada la jurisprudencia de la Corte
Constitucional en la que se señaló que la remisión de copias contra los profesionales
del derecho no constituye, por sí sola, una vulneración de derechos fundamentales
o un perjuicio irremediable ya que corresponde al ejercicio de una facultad otorgada
a los servidores judiciales cuando estimen pertinente la investigación de una
conducta:
“De los antecedentes jurisprudenciales reseñados se deriva que la
decisión (…) de compulsar copias a fin de que se establezcan las posibles
responsabilidades de orden penal o disciplinario, si a ello hubiere lugar,
atendidas las especificidades de la decisión y las circunstancias que
rodearon la privación de la libertad, no entraña en sí misma una
vulneración de derechos fundamentales del funcionario potencialmente
investigado. (…)
Respecto a que un Juez de la República, como cualquier autoridad,
estime que podría estar incurso el mencionado abogado en una infracción
(…) pedir que se inicie una investigación no ocasiona ningún perjuicio
irremediable. No es solo una facultad sino una obligación de los
funcionarios poner los hechos que puedan significar una contravención o
que presuntamente sean delictuosos en conocimiento de las autoridades
pertinentes. El comportamiento de quien ordena remitir copias para iniciar
una investigación no puede estimarse atentatorio de los derechos
fundamentales.”.2
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Corte Constitucional, sentencia T-738 de 2007 MP Jaime Córdoba Triviño, entre otras.
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Expediente: 54001-23-33-000-2022-00052-01
Actor: Celestino León Duarte
Acción de tutela – Impugnación de fallo
La Corte consideró que los profesionales del derecho que cuestionen la decisión de
remitir copias para que se investigue su conducta cuentan con la oportunidad de
ejercer su derecho de defensa y expresar su versión sobre los acontecimientos ante
la autoridad competente.
Así entonces, las razones de reproche relacionadas con la debida diligencia de la
titular del Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Cúcuta deberán
ser manifestadas y probadas por el actor ante la autoridad disciplinaria
correspondiente en su debida oportunidad.
Con lo expuesto, resulta forzoso concluir que no es posible que el señor Celestino
León Duarte, como profesional del derecho, cuestione la decisión en la que se
dispuso remitir copias para que se investigue su conducta en el trámite incidental
de desacato no. 54001-33-33-007-2022-00005-00, con destino a la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial pues, tal proceder constituye el ejercicio de una
prerrogativa legal con que cuentan las autoridades judiciales y él tiene la posibilidad
de acudir a los mecanismos legales para ventilar tales cuestionamientos.
Conclusión
Como corolario de lo expuesto, para esta Sala resulta forzoso modificar el fallo de
primera instancia en el que se negaron las pretensiones de la tutela para, en su
lugar, declararlas improcedentes ya que, a pesar de que el a quo reconoció que la
procedencia de la acción de tutela contra actuaciones judiciales en el trámite
incidental de desacato solo opera “en aquellos eventos en los que sea evidente la
vulneración grave de derechos fundamentales en el trámite del incidente.”. 3 y
concluyó que no hubo trasgresión a los derechos fundamentales del actor, resolvió
de fondo la controversia.
En consecuencia, la Sala modificará el ordinal segundo de la sentencia de primera
instancia en el que se negó el amparo solicitado por el señor Celestino León Duarte
para en su lugar declarar la improcedencia de la acción de tutela.
3
Folio 7 de la providencia impugnada.
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Expediente: 54001-23-33-000-2022-00052-01
Actor: Celestino León Duarte
Acción de tutela – Impugnación de fallo
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, EN SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B-,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,
FALLA
1º) Modifícase el ordinal SEGUNDO de la sentencia proferida el 31 de marzo de
2022 por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander. En su lugar se dispone:
Declárese improcedente la acción de tutela presentada por el
señor Celestino León Duarte en contra del Juzgado Séptimo
Administrativo del Circuito Judicial Cúcuta, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
2º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes e intervinientes o por el
medio que resulte más expedito y eficaz.
3º) Comuníquesele este fallo a la Sala que resolvió la controversia en primera
instancia y remítasele copia de la misma.
4º) Por Secretaría, publíquese la presente providencia en la página web de esta
Corporación.
5º) Ejecutoriada esta providencia remítase el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión, con las respectivas anotaciones secretariales previas.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI,
en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta
de conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.
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