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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 54001-23-33-000-2022-00189-01

Fecha
20 de octubre de 2022
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 54001-23-33-000-2022-00189-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1º) Confírmase el fallo de primera instancia que declaró improcedente la acción de tutela, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2º)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 54001-23-33-000-2022-00189-01

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

20 de octubre de 2022

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, veinte (20) de octubre de dos mil veintidós (2022).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 54001-23-33-000-2022-00189-01
Demandante: CIRO ANDRÉS CASADIEGO ORTIZ
Demandado: JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO ORAL DEL
CIRCUITO JUDICIAL DE CÚCUTA
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: LISTA DE ELEGIBLES. VACANCIA TRANSITORIA. NIEGA
NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD. SE DECLARA
IMPROCEDENTE POR CUANTO NO SE CUMPLE CON EL
REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD.

Síntesis del caso: el demandante indicó que la autoridad judicial demandada vulneró sus
derechos fundamentales, por cuanto, si bien el cargo de citador grado 3 se encontraba vacante
de manera temporal, no fue nombrado en este, a pesar de que hacía parte del registro de
elegibles vigente.

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte demandante contra la sentencia
de 20 de septiembre de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander mediante la cual se dispuso:

“PRIMERO: NEGAR la solicitud de vinculación del Juzgado Penal del Circuito
Especializado de Extinción de Dominio, por las razones expuestas.

SEGUNDO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela
presentada por el señor Ciro Andrés Casadiego Ortiz, por las razones
expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes del contenido de la presente sentencia, de
conformidad con el artículo 30 del decreto 2591 de 1991. OFÍCIESE al
respecto.”. (archivo disponible en medio magnético a través del aplicativo
SAMAI- negrillas y mayúsculas del original).

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Expediente: 54001-23-33-000-2022-00189-01
Demandante: Ciro Andrés Casadiego Ortiz
Acción de tutela – Impugnación fallo

I. ANTECEDENTES
1. La demanda

El 7 de septiembre de 2022 el señor Ciro Andrés Casadiego Ortiz presentó proceso de
acción de tutela en contra del Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Cúcuta con el fin de que se protegieran sus derechos constitucionales fundamentales del
debido proceso, mínimo vital, igualdad y carrera administrativa y, por tanto, se accediera
a las siguientes súplicas:

“Con fundamento en lo anteriormente expuesto le solicito señores magistrados
que se tutelen mis derechos fundamentales invocados como amenazados,
violados y/o vulnerados, se proceda bien a mi respectivo nombramiento o que
sea convocado el cargo a los que como yo estamos en lista de elegibles.

Así mismo solicito la vinculación de la doctora Leidy Liliana Archila, a fin de que
informe las circunstancias de su nombramiento.”. (archivo disponible en medio
magnético a través del aplicativo SAMAI).

2. Los hechos de la demanda

Como fundamento fáctico de la acción ejercida la parte demandante señaló, en síntesis,
lo siguiente:

1) Se inscribió en la convocatoria realizada por la Sala Administrativa del Consejo
Seccional de la Judicatura de Norte de Santander, mediante el Acuerdo no. 396 del 6 de
octubre de 2017, para aspirar al cargo de citador, grado 3, en los juzgados administrativos
de Cúcuta y como aprobó el concurso y superó todas las etapas quedó en la lista de
elegibles correspondiente.

2) Tuvo conocimiento que en el cargo de citador del Juzgado Quinto Administrativo Oral
del Circuito Judicial de Cúcuta se abrió una vacante transitoria, pues la persona que
estaba ocupándolo en propiedad solicitó una licencia no remunerada; sin embargo, este
se proveyó sin tener en cuenta los integrantes del registro de elegibles vigente.

3) Por lo anterior, presentó derecho de petición para que el titular del juzgado informara
si había dado aplicación a lo establecido por el Consejo Superior de la Judicatura en la
Circular PCSJC17-36 del 25 de septiembre de 2017 que establece que, en caso de

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Demandante: Ciro Andrés Casadiego Ortiz
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vacancia transitoria, deben tenerse en cuenta los integrantes de los registros de elegibles
vigentes, y que, de no ser así, se ofertara el cargo y se procediera a su nombramiento.

4) El 1 de septiembre del presente año la Juez Quinta Administrativo Oral del Circuito
Judicial de Cúcuta atendió la petición e informó que no se presentaba el supuesto de
“vacante transitoria” del cargo de citador, teniendo en cuenta que, si bien al titular de este
le había sido concedida licencia no remunerada, por necesidad del servicio, se
encontraba provisto en provisionalidad por la señora Leidy Liliana Archila, sin que
existiera razón alguna para removerla del mismo, por tal razón no había lugar a proceder
a su nombramiento.

3. El fundamento de la vulneración

La parte actora señaló que el Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Cúcuta vulneró sus derechos fundamentales, pues, a pesar de que hacía parte de la lista
de elegibles, no se le nombró en el cargo de citador, grado 3, que se encontraba en
vacancia temporal.

Si bien toda vacante provisional que se presente debe ser proveída preferiblemente con
personal de carrera y vinculado por el sistema de mérito, en el presente caso ello no
ocurrió, situación que ocasionó un perjuicio irremediable, pues desde hace más de un
año se encuentra sin trabajo, lo cual ha impedido que pueda aportar para la manutención
de su familia, en especial de su hijo de tres años, aunado a que tiene serios problemas
de depresión.

4. Actuación de primer grado

Mediante providencia de 7 de septiembre de 2022 el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander admitió la acción de tutela y ordenó notificar al Juzgado Quinto Administrativo
Oral del Circuito Judicial de Cúcuta y a la señora Leidy Liliana Archila para que allegaran
un informe sobre los hechos que motivaron el ejercicio de la acción.

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Demandante: Ciro Andrés Casadiego Ortiz
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5. Sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo de Norte de Santander en sentencia de 20 de septiembre de
2022 declaró improcedente la acción de tutela, pues consideró que el demandante
contaba con otro mecanismo judicial para atacar el nombramiento de la señora Leidy
Liliana Archila, aunado a que no se acreditó la ocurrencia de un perjuicio irremediable
que justificara la falta de agotamiento del proceso ordinario.

De igual manera, sostuvo que no se cumplía con el requisito de inmediatez, debido a que
el nombramiento de la señora Leidy Liliana Archila se realizó el 23 de marzo de 2022, por
lo que el demandante contaba con el término de 4 meses para demandar dicho acto
administrativo.

6. Impugnación

La parte demandante presentó impugnación contra el fallo de primera instancia,
concedida en auto del 3 de octubre de 2022.

Informó que el acto de nombramiento de la señora Leidy Liliana Archila no fue
comunicado ni notificado a los integrantes de la lista de elegibles conformada mediante
la Resolución CSJNS2022-028.

La acción de tutela interpuesta cumplió con el requisito de subsidiariedad pues la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho no es la herramienta idónea ni mucho
menos eficaz para lograr su cometido, más aún cuando no cuenta con el dinero para
contratar a un abogado para tal gestión.

La persona que en este momento se encuentra supliendo la vacante transitoria ya cuenta
con un cargo en propiedad en la Rama Judicial, por lo que debe ocupar el que le
corresponde y permitir que se convoque a los integrantes de la lista de elegibles para
suplir el de citador, grado 3 en los Juzgados del Circuito de Cúcuta.

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Demandante: Ciro Andrés Casadiego Ortiz
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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el caso concreto.

1. Finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones
que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento
preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos
constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de
una autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir
los recursos idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar o variar los
procedimientos de reclamo judicial preestablecidos ni para revivir términos precluidos o
acciones caducadas.

De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando exista
otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos fundamentales del demandante.

2. El caso concreto

En el asunto que ocupa la atención de la Sala se demanda por esta vía constitucional al
Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cúcuta con el fin de que se
protejan sus derechos constitucionales fundamentales del debido proceso, mínimo vital,
igualdad y a la carrera administrativa, presuntamente vulnerados, pues, a pesar de que
hacía parte de la lista de elegibles, no se le nombró en el cargo de citador, grado 3 que
se encontraba en vacancia temporal.

En la sentencia de primera instancia el Tribunal Administrativo de Norte de Santander
declaró improcedente la acción de tutela, pues consideró que el demandante contaba

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Demandante: Ciro Andrés Casadiego Ortiz
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con otro mecanismo judicial para atacar el nombramiento de la señora Leidy Liliana
Archila; asimismo, indicó que no se cumplía con el requisito de inmediatez en
consideración a que el nombramiento de la señora Leidy Liliana Archila se realizó el 23
de marzo de 2022, por lo que el demandante contaba con el término de 4 meses para
demandar dicho acto administrativo.

En el escrito de impugnación la parte demandante señaló que la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho no es la herramienta idónea ni mucho menos eficaz para
lograr su cometido, más aún cuando no cuenta con el dinero para contratar a un abogado
para tal gestión.

En los términos en que ha sido propuesta la controversia la Sala modificará el fallo de
primera instancia que declaró improcedente la acción de tutela por el incumplimiento del
requisito de subsidiariedad e inmediatez y, en su lugar, declarará su improcedencia solo
respecto al primero de ellos, por las razones que procederán a exponerse:

1) El artículo 86 de la Constitución Política establece “que toda persona tendrá acción de
tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento
preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata
de sus derechos constitucionales fundamentales […]”.

2) Asimismo, señala que solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio
de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable.

3) De esta manera, es claro que la acción de tutela opera de manera subsidiaria y solo
procede cuando el peticionario se encuentra en presencia de un perjuicio irremediable o
cuando se acredita en el caso concreto que dicho mecanismo no es idóneo y eficaz para
la protección de los derechos fundamentales.

4) Frente a la procedencia excepcional de la acción de tutela como mecanismo
transitorio, la Corte Constitucional ha sostenido que no puede ser utilizada como un medio
judicial alternativo, adicional o complementario de los establecidos por la ley para la

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defensa de los derechos, pues con ella no se busca reemplazar los procesos ordinarios
o especiales. Al respecto señaló1:

“(…) La acción de tutela es un instrumento de defensa judicial dotado de un
carácter subsidiario y residual, en virtud del cual, es posible, a través de un
procedimiento preferente y sumario, obtener el amparo inmediato de los
derechos constitucionales fundamentales cuando quiera que estos resulten
vulnerados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas
o de los particulares en los casos expresamente previstos por el legislador.

3.3.2. El carácter subsidiario y residual, significa entonces que solo es
procedente supletivamente, es decir, cuando no existan otros medios de
defensa a los que se pueda acudir, o cuando existiendo estos, se promueva
para precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable. A este respecto, el
artículo 86 de la Constitución Política señala expresamente que “esta acción
solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable”.

3.3.3. Bajo esa orientación, se entiende que “la acción de tutela, en términos
generales, no puede ser utilizada como un medio judicial alternativo, adicional
o complementario de los establecidos por la ley para la defensa de los derechos,
pues con ella no se busca reemplazar los procesos ordinarios o especiales y,
menos aún, desconocer los mecanismos dispuestos dentro de estos procesos
para controvertir las decisiones que se adopten2.”.

5) De lo anterior, se concluye que la tutela resulta improcedente cuando es utilizada como
mecanismo para desplazar los medios ordinarios y extraordinarios de defensa previstos
por la ley; sin embargo, tal regla general se exceptúa si el juez constitucional logra
determinar que dichos mecanismos no son suficientemente idóneos y eficaces para
garantizar la protección de los derechos presuntamente vulnerados o amenazados y se
requiere el amparo constitucional como mecanismo transitorio para evitar la ocurrencia
de un perjuicio irremediable.

6) En el presente asunto, el demandante pretende que se le protejan sus derechos
fundamentales que consideró vulnerados como consecuencia de la negativa para ser
nombrado en provisionalidad por vacancia temporal en el cargo de citador, grado 3, pues
no se tuvo en cuenta que era integrante del registro de elegibles vigente.

1 Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, sentencia T-022 de 2017, MP Luis Guillermo Guerrero

Pérez.
2 Consultar, entre otras, las sentencias SU-544 de 2001, T-599 de 2002, T-803 de 2002, T-273 de 2006, T-

093 de 2008, SU-037 de 2009, T-565 de 2009, T-424 de 2010, T-520 de 2010, T-859 de 2010, T-1043 de
2010, T-076 de 2011, T-333 de 2011, T-377A de 2011, T-391 de 2013, T-627 de 2013 y T-502 de 2015.

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7) Ahora bien, revisada la solicitud de tutela objeto de examen la Sala advierte que, tal
como lo señaló el a quo constitucional, la misma es improcedente en los términos
previstos por el ordinal 1° del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, en razón a que, a
pesar de que se invoca la vulneración de derechos fundamentales, la parte demandante
no agotó todos los medios de defensa judicial que tenía a su alcance y tampoco se
demostró la existencia de un perjuicio irremediable que imponga la imperiosa necesidad
de que el juez constitucional intervenga y adopte medidas urgentes, improrrogables y
suficientes en aras de evitar su inminente materialización o mitigarlo.

8) En efecto, como lo advirtió la primera instancia, a partir de los documentos allegados
al expediente resulta claro que la respuesta dada el 1 de septiembre del presente año al
derecho de petición que presentó ante el juzgado es un acto administrativo que contiene
una manifestación unilateral de la administración y que tiene la virtud de modificar o
extinguir un derecho, por lo cual el demandante podía debatir la pretensión formulada por
vía de tutela ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

9) Además, del análisis del acervo probatorio no es posible establecer que el demandante
se encuentre en una situación de debilidad manifiesta que implique adoptar medidas
urgentes, impostergables e inmediatas para la protección de sus derechos fundamentales
y que haga procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio, pues no acreditó
siquiera de manera sumaria su afectación al mínimo vital ni su condición de salud.

10) Además, si el demandante en realidad consideraba que dicho acto administrativo le
causó un perjuicio grave y ostensible junto con la demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho podía solicitar el decreto de la medida cautelar de suspensión provisional
con carácter de urgencia en los términos del artículo 234 del CPACA3, pero no agotó
dicho recurso judicial, con lo que desconoció el carácter residual y subsidiario de esta
acción constitucional.

3 “ARTÍCULO 234. MEDIDAS CAUTELARES DE URGENCIA. Desde la presentación de la solicitud y sin

previa notificación a la otra parte, el Juez o Magistrado Ponente podrá adoptar una medida cautelar, cuando
cumplidos los requisitos para su adopción, se evidencie que por su urgencia, no es posible agotar el trámite
previsto en el artículo anterior. Esta decisión será susceptible de los recursos a que haya lugar.
La medida así adoptada deberá comunicarse y cumplirse inmediatamente, previa la constitución de la
caución señalada en el auto que la decrete.”.

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11) En ese orden de ideas, no le es dado al juez de tutela pronunciarse sobre el fondo
del asunto ni siquiera con miras a adoptar un amparo transitorio, pues la parte
demandante cuenta con medios de defensas judiciales efectivos e idóneos que debió
emplear, toda vez que el mecanismo constitucional no es un medio judicial alternativo,
adicional o complementario de los establecidos por la ley.

12) En todo caso, en gracia de discusión, la Sala advierte que si lo que busca el
demandante es que se nombre en el cargo de citador, grado 3 del Juzgado Quinto
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cúcuta a quien haga parte de la lista de
elegibles vigente, lo cierto es que, según la información suministrada por el Consejo
Seccional de la Judicatura de Norte de Santander y Arauca, la señora Leidy Liliana Archila
hace parte del Registro Seccional de Elegibles para el cargo de Citador de Juzgado de
Circuito Grado 3, código 261809, y ya fue inscrita en carrera judicial, mediante el Acuerdo
CSJNS2022-334 del 11 de mayo del 2022, por lo que tampoco habría vulneración de los
derechos fundamentales invocados, pues el cargo al que pretende aspirar se proveyó
con un empleado de carrera.

13) Finalmente, la Sala no comparte la afirmación hecha por el a quo constitucional
respecto al incumplimiento del requisito de inmediatez, en consideración a que el
demandante tuvo conocimiento de la situación que se invocó como generadora de la
afectación de sus derechos fundamentales constitucionales el 1 de septiembre de 2022
y la demanda fue presentada el día 7 del mismo mes y año.

14) Por consiguiente, se confirmará el fallo de primera instancia que declaró
improcedente la acción de tutela por el incumplimiento del requisito de subsidiariedad e
inmediatez, pero por las razones expuestas en esta decisión, esto es, únicamente en lo
que tiene que ver con el incumplimiento del primero de ellos, por las razones hasta aquí
expuestas.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley,

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Demandante: Ciro Andrés Casadiego Ortiz
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FALLA

1º) Confírmase el fallo de primera instancia que declaró improcedente la acción de tutela,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier medio expedito y eficaz.

3º) Comuníquesele este fallo a la Sala que resolvió la controversia en primera instancia
y remítasele copia del mismo.

4º) Ejecutoriada esta providencia remítase el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión, con las respectivas anotaciones secretariales previas.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado
(Firmado electrónicamente)

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.

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