Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 54001-23-33-000-2023-00027-02
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 54001-23-33-000-2023-00027-02
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 54001-23-33-000-2023-00027-02
Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate
13 de julio de 2023
Demandante: Carlos Roberto Mojica Cerquera
Demandado: Carlos Alberto Bolívar Corredor
Rad: 54001-23-33-000-2023-00027-02
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Bogotá, D.C., trece (13) de julio del dos mil veintitrés (2023)
Referencia: Nulidad Electoral
Radicación: 54001-23-33-000-2023-00027-02
Demandante: Carlos Roberto Mojica Cerquera
Demandado: Acto de designación del señor Carlos Alberto Bolívar Corredor
como representante del presidente de la República ante el Consejo
Superior de la Universidad Francisco de Paula Santander.
Temas: Educación superior. Instituciones de educación superior.
Universidades. Integración de los consejos superiores de las
universidades públicas. Designación del representante del
presidente de la República. Concepto de sector universitario.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Procede la Sala a dictar fallo de segunda instancia en el medio de control de la
referencia, con fundamento en el recurso de apelación presentado por la parte
demandante en contra de la sentencia del 18 de mayo del 2023, por medio de la cual
el Tribunal Administrativo de Norte de Santander negó las pretensiones de la
demanda.
I. ANTECEDENTES
1.1. Demanda
1.1.1. Pretensión
1. El ciudadano Carlos Roberto Mojica Cerquera, actuando en nombre propio,
interpuso demanda en ejercicio del medio de control de nulidad electoral1 consagrado
en el artículo 139 de la Ley 1437 del 2011, mediante la cual solicitó:
“Que se declare nulo el Decreto No. 2233 de 17 de noviembre de 2022 proferido por el
Presidente de la República y el Ministro de Educación Nacional en cuanto se designó al
señor CARLOS ALBERTO BOLÍVAR CORREDOR como miembro del Consejo
Superior de la Universidad Francisco de Paula Santander por parte del Presidente de la
República.” (sic a toda la cita)
1.1.2. Concepto de la violación
2. A juicio del demandante, con la expedición del acto enjuiciado, se incurrió en la
causal de nulidad establecida en el numeral 5º del artículo 275 de la Ley 1437 del
2011, así como en la genérica de falta de motivación del artículo 137 del mismo
cuerpo normativo.
3. En cuanto al primer cargo, señaló que se desconocieron los requisitos fijados en el
literal c) del artículo 64 de la Ley 30 de 1992 - Por la cual se organiza el servicio público
de Educación Superior- y el literal b) del artículo 21 del Acuerdo 091 de 1993 - Por el
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Presentada el 20 de enero del 2023.
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Demandante: Carlos Roberto Mojica Cerquera
Demandado: Carlos Alberto Bolívar Corredor
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cual se establece el Estatuto General de la Universidad Francisco de Paula Santander-, que
exigen que el delegado del presidente de la República ante el consejo superior universitario
sea una persona que “haya tenido vínculos con el sector universitario”.
4. Refirió que, desde el punto de vista gramatical, la norma debe interpretarse de la
siguiente manera:
• Por vínculos, debe entenderse la “unión o atadura de una persona o cosa con otra”.
• Por sector universitario, indicó que “se tiene que el servicio público de la Educación
Superior se encuentra regulado por la Ley 30 de 1992 según la cual la educación
superior es un proceso permanente que posibilita el desarrollo de las potencialidades
del ser humano de una manera integral, se realiza con posterioridad a la educación
media o secundaria y tiene por objeto el pleno desarrollo de los alumnos y su
formación académica o profesional (artículo 4°)”.
5. De otra parte, hizo referencia a los antecedentes legislativos de la Ley 30 de 1992
para concluir de ellos que la participación del presidente de la República en los
consejos superiores de las universidades oficiales, no responde a un criterio político,
sino que busca el efectivo cumplimiento de la misión de estos entes autónomos del
orden nacional. Señaló entonces que:
“De conformidad con lo expuesto, por virtud de los métodos de interpretación gramatical,
histórico y teleológico, se colige que la designación a la que refiere el literal c) del artículo
64 de la Ley 30 de 1992(inmersa en el literal b) del artículo 21 del Acuerdo No. 091 de
1993 de la UFPS) - “Un miembro designado por el Presidente de la República, que haya
tenido vínculos con el sector universitario-INVOLUCRA EL CUMPLIMIENTO DEL
REQUISITO PREVISTO DE MANERA EXPRESA POR EL LEGISLADOR EN RELACIÓN
A QUE LA PERSONA HAYA TENIDO ESTRECHA O DIRECTA RELACIÓN CON EL
ÁMBITO UNIVERSITARIO, esto es, con el sector en el que se desarrolla la prestación del
servicio de educación superior y cuyo campo de acción involucra la investigación científica
y tecnológica, la formación académica así como la producción, desarrollo y trasmisión del
conocimiento; elementos necesarios para el ejercicio de una función pública en el nivel
directivo.”
6. Descendiendo al caso concreto, manifestó que revisada la trayectoria profesional
consignada en la página web www.carlosbolivarco.com, se observa que el
demandado es (i) abogado de profesión; (ii) ha desempeñado labores de veeduría
ciudadana y de gestión cultural y (iii) ha presentado su nombre en distintas elecciones
populares a cargos en corporaciones públicas, actividades que según su dicho, están
por fuera del ámbito universitario, razón por la cual, no puede derivarse de las
mismas el cumplimiento de lo exigido por las normas referenciadas en precedencia.
7. Finalmente, indicó que el requisito señalado en la Ley 30 de 1992 y en los
estatutos generales del ente universitario, referido a tener vínculos con el sector
universitario, debe ser armonizado con lo dispuesto en el artículo 2.2.2.3.72 del
2
“ARTÍCULO 2.2.2.3.7 Experiencia. Se entiende por experiencia los conocimientos, las habilidades y las destrezas
adquiridas o desarrolladas mediante el ejercicio de una profesión, arte u oficio. Para los efectos del presente decreto, la
experiencia se clasifica en profesional, relacionada, laboral y docente. Experiencia Profesional. Es la adquirida a partir de la
terminación y aprobación del pensum académico de la respectiva formación profesional, en el ejercicio de las actividades
propias de la profesión o disciplina académica exigida para el desempeño del empleo. En el caso de las disciplinas
académicas o profesiones relacionadas con el Sistema de Seguridad Social en Salud, la experiencia profesional se
computará a partir de la inscripción o registro profesional. La experiencia adquirida con posterioridad a la terminación de
estudios en las modalidades de formación técnica profesional o tecnológica, no se considerará experiencia profesional.
Experiencia Relacionada. Es la adquirida en el ejercicio de empleos o actividades que tengan funciones similares a las del
cargo a proveer. Experiencia Laboral. Es la adquirida con el ejercicio de cualquier empleo, ocupación, arte u oficio.
Experiencia Docente. Es la adquirida en el ejercicio de las actividades de divulgación del conocimiento obtenida en
instituciones educativas debidamente reconocidas. Cuando para desempeñar empleos pertenecientes a los niveles
Directivo, Asesor y Profesional se exija experiencia, ésta será profesional o docente, según el caso y, determinar además
cuando se requiera, si debe ser relacionada. En el evento de empleos comprendidos en el nivel Profesional y niveles
superiores a este, la experiencia docente deberá acreditarse en instituciones educativas debidamente reconocidas y con
posterioridad a la obtención del correspondiente título profesional.”
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Decreto 1083 de 2015 sobre la experiencia para el desempeño de competencias en
el sector de la función pública, precisando que:
“Destacado que los miembros de los consejos superiores de las universidades ejercen
función pública de manera transitoria, resulta exigible la normativa dispuesta para este
sector y de que trata el Decreto 1083 de 2015, en concreto, la aplicación de las normas
establecidas sobre la experiencia para el desempeño de competencias en el sector de la
función pública, entiéndase por esta la profesional, relacionada, laboral o docente y de las
que carece por completo el demandado BOLÍVAR CORREDOR, por cuanto su profesión
como abogado o su trayectoria como veedor ciudadano o simplemente candidato a
corporaciones públicas de elección popular no comportan actividades propias del sector
universitario, ni el desempeño de empleos o actividades con funciones similares a la
investigación científica o tecnológica, la formación académico o la producción, desarrollo y
transmisión del conocimiento.”
8. En cuanto hace a la falta de motivación, señaló que el acto de nombramiento
suscrito por el presidente de la República carece en forma absoluta de
consideraciones, por lo que no se pueden conocer las razones que sustentaron la
designación aquí demandada, aspecto que, a su juicio, configura la causal de nulidad
referenciada.
9. Bajo esta perspectiva, manifestó que:
“En el caso concreto, se tiene que una vez concluida la actuación administrativa que
dio origen a la designación -de que trata el Decreto No. 2233 de 17 de noviembre de
2022- SE DESCONOCEN, DE MANERA INDEBIDA, LAS RAZONES, CRITERIOS O
ELEMENTOS CONSIDERADOS POR LA ADMINISTRACIÓN, a partir de los
cuales, se concluyó que el demandado CARLOS ALBERTO BOLÍVAR
CORREDOR acreditó el cumplimiento del requisito dispuesto por el literal c) del
artículo 64 de la Ley 30 de 1992 –e inmerso en los estatutos de la UFPS- para
desempeñarse como miembro del Consejo Superior de la Universidad
Francisco de Paula Santander designado por el Presidente de la República. Lo
dicho, toda vez que en el acto administrativo NO CONSTA INDICACIÓN
FÁCTICA ALGUNA COMO TAMPOCO RAZONAMIENTO JURÍDICO –NI
SIQUIERA SUCINTO- SOBRE LA VERIFICACIÓN O ACREDITACIÓN DEL
PRESUPUESTO LEGAL ESTABLECIDO PARA EL EFECTO.” (Negrilla propia del
texto original)
1.2. Trámite procesal relevante
10. Con auto del 31 de enero del 2023, el juez de primera instancia corrió traslado de
la medida cautelar al demandado y a las demás entidades interesadas en la defensa
de la legalidad del acto cuestionado. El 17 de febrero siguiente, se admitió la
demanda y se negó la suspensión provisional.
11. En contra de la anterior determinación, se presentó recurso de apelación, el cual
fue resuelto por esta Sección en providencia del 23 de marzo del 2023, en el sentido
de confirmar la negativa de la medida cautelar.
12. En auto del 27 de marzo del 2023, el despacho judicial de primera instancia
decidió sobre las excepciones previas, tomó decisiones en cuanto a la incorporación
y práctica de pruebas, fijó el litigio3 y corrió traslado para alegar de conclusión y dictar
sentencia anticipada.
3
En los siguientes términos: “Teniendo en cuenta el inciso 2 del literal d), del numeral 1, del artículo 182 A de la Ley 1437
de 2011, corresponde en esta oportunidad fijar el litigio u objeto de controversia en el presente proceso, el cual se
circunscribirá en determinar: ¿si el acto electoral contenido en el Decreto No. 2233 de 17 de noviembre de 2022 proferido
por el Presidente de la República y el Ministro de Educación Nacional, mediante el cual se designó al señor Carlos Alberto
Bolívar Corredor como miembro del Consejo Superior de la Universidad Francisco de Paula Santander es nulo, por
configurarse la causal de nulidad prevista en el artículo 275-5 del CPACA, en consonancia con la infracción de normas
superiores como causal general de nulidad por el artículo 137 ibidem, por la carencia o indebida motivación y la expedición
irregular o con vulneración al debido proceso del acto administrativo, al no haberse acreditado la calidad y/o requisito
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1.3. Contestaciones
13. Presidencia de la República. Actuando a través de su apoderada judicial, la
referida entidad se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda. En
primer lugar, señaló que la parte demandante no aportó elementos de juicio,
razonamientos normativos o pruebas que permitan desvirtuar la legalidad del acto
cuestionado.
14. Indicó que para la expedición del Decreto 2233 del 17 de noviembre del 2022, el
gobierno nacional, integrado por el primer mandatario y el ministro de Educación
Nacional, hizo uso de la facultad expresamente consagrada en el numeral 134 del
artículo 189 de la Constitución Política de 1991, en concordancia con lo señalado en
el literal c) del artículo 64 de la Ley 30 de 1992.
15. Refirió que el acto demandado “tuvo como sustento, los documentos de experiencia y
hoja de vida del demandado, entre ellos, la constancia de la Alcaldía Mayor de Bogotá, donde
consta la suscripción del contrato de prestación de servicios entre el señor Carlos Alberto
Bolívar Corredor y el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud – IDIPRON,
así como el contrato No. 20170093, así como su condición como representante legal de la
Veeduría PROCURA UFPS, ejercicio en virtud del cual además obtuvo un reconocimiento
público especial de la medalla Luis Carlos Galán Sarmiento, conforme la documentación que
aquí se aporta.”
16. Sobre la aplicación del Decreto Único 1083 del 2015, reglamentario del sector de
función pública, concretamente, de su artículo 2.2.2.3.7., trajo a colación el contenido
de la sentencia del 10 de junio del 2010 dictada por el Consejo de Estado5, en donde
se concluyó que la condición de integrante de un consejo o junta directiva de una
entidad, no otorga la condición de servidor público, aunque ejerza funciones públicas,
por lo que no resulta aplicable la referida disposición jurídica.
17. Consideró que “el demandante no allegó prueba alguna de la presunta violación del
Decreto 2233 de 2022 a lo dispuesto en el literal c del artículo 64 de la Ley 30 de 1992; y
contrario a esto, las imputaciones al mismo se tratan de meras apreciaciones y
especulaciones subjetivas del demandante, las cuales no afectan la presunción de legalidad
de este acto administrativo, conforme lo dispuesto en el artículo 88 del CPACA.”
18. Aportó copia de los antecedentes del acto que reposan en la secretaría jurídica
de la Presidencia de la República.
19. Ministerio de Educación Nacional. En términos generales, la referida cartera
ministerial presentó su defensa de la legalidad del acto demandado en la misma línea
expuesta por la presidencia de la República, agregando, (i) que el vínculo con el
sector universitario respecto del designado, se prueba también con la condición de
egresado de la facultad de derecho de la Universidad Francisco de Paula Santander y
(ii) presentó la excepción de caducidad del medio de control6.
20. A su vez, esta entidad aportó los antecedentes del acto cuestionado.
dispuesto por el legislador para ser designado como miembro del Consejo Superior Universitario, atinente a que previo a la
designación, hubiese tenido vínculo con el sector universitario?
4
13. Nombrar a los presidentes, directores o gerentes de los establecimientos públicos nacionales y a las personas que
deban desempeñar empleos nacionales cuya provisión no sea por concurso o no corresponda a otros funcionarios o
corporaciones, según la Constitución o la ley.
5
Sin referir Sala o Sección, ponente y número completo de radicación.
6
La cual fue negada en providencia del 27 de marzo del 2023.
4
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1.4. Sentencia de primera instancia
21. En fallo del 18 de mayo del 2023, el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander negó las pretensiones de la demanda.
22. Como fundamento de lo anterior, consideró que el cargo de la demanda relativo a
la falta de requisitos del señor Carlos Alberto Bolívar Corredor para ser designado
como representante del presidente de la República ante el Consejo Superior de la
Universidad Francisco de Paula Santander, no tiene vocación de prosperidad.
23. Precisó, en primer lugar, que conforme a la jurisprudencia de la Sección Quinta7,
los integrantes de los consejos superiores universitarios, si bien ejercen funciones
públicas, no adquieren por su designación la condición de empleados públicos, por lo
que no es de recibo el argumento del demandante de integrar a la solución del
problema jurídico, el contenido del artículo 2.2.2.3.7 del Decreto 1083 del 2015.
24. Luego, con fundamento en las decisiones de la Sección Primera8 de esta
Corporación, señaló que el único requisito exigido para ser designado como
representante del presidente en el consejo superior de una institución de educación
de carácter oficial, es el contar con vínculos en el sector universitario, sin hacer
ningún tipo de distinción respecto de la forma como se acredita esa circunstancia.
25. Por lo dicho, “en vista de que el legislador no categorizó o delimitó el cumplimiento del
requisito (…) a funciones similares a la investigación científica o tecnológica, la formación
académica o la producción, desarrollo y transmisión del conocimiento, como lo propone el
demandante, la Sala estima que el vínculo universitario desde una perspectiva semántica, se
refiere a cualquier tipo de unión o relación material con el sector Universitario”.
26. Conforme con lo anterior, señaló que “es fácil concluir que el señor Carlos Alberto
Rodríguez Corredor, cumplió con el requisito al haber sido egresado de la Universidad
Francisco de Paula Santander en calidad de abogado y haber ejercido desde el año 2013 al
2022 como representante legal de la veeduría PROCURA UFPS; supuesto de hecho que
aparece demostrado en los antecedentes administrativos”.
27. En punto de la motivación del decreto demandado, manifestó que las decisiones
del Consejo de Estado9, han referenciado que existen casos en donde, de
conformidad con la naturaleza del acto demandado, se acepta una motivación
escueta o incluso inexistente, cuando aquella se deriva propiamente de sus
antecedentes.
28. Precisó que si bien es cierto el acto de designación del demandado no alude al
cumplimiento de los requisitos legales, ello no configura la causal de nulidad alegada,
en la medida que se cuenta con los antecedentes del mismo, compuestos por
documentos de fecha anterior a la de expedición de aquel y de los cuales se puede
advertir las razones por las cuales se dictó la decisión administrativa cuestionada.
29. Concluyó que el nombramiento “se motivó en la necesidad de proveer el reemplazo
del doctor JOSÉ MAURICIO JULIO SEPÚLVEDA y los fundamentos que tuvo en cuenta para
la acreditación de los requisitos legales, reposan en los antecedentes administrativos, en
donde se aportó como documentación destinada a acreditar los vínculos con el sector
7
Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 25 de agosto del 2005. Radicación 11001-03-28-000-2003-00041-01,
M.P. Darío Quiñones Padilla.
8
Consejo de Estado. Sección Primera. Providencia del 28 de junio del 2018. Radicación 11001-03-24-000-2008-00034-00.
M.P. Oswaldo Girarlo López.
9
Citó: “Sentencia del 24 de junio del 2021, Exp. 25467, en la que se reiteraron las sentencias del 12 de octubre del 2017,
EXP. 19950 y de 27 de agosto del 2020, EXP. 24533, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.”
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universitario, la condición de ex representante legal de la veeduría PROCURA UFPS y su
condición de egresado de la Universidad”.
1.5. Recurso de apelación
30. La parte demandante recurrió la decisión de primera instancia y solicitó que la
misma sea revocada, para en su lugar, declarar la nulidad del nombramiento
demandado.
31. Señaló que el criterio de “vínculos con el sector universitario” es un concepto
jurídico indeterminado, lo cual no puede ser equivalente a una potestad discrecional
para nombrar como representante del presidente de la República a cualquier
persona. Indicó que conforme lo ha señalado la Corte Constitucional10, aquellos sólo
pueden ser entendidos bajo parámetros normativos, técnicos, lógicos o empíricos que
permitan determinar su alcance de una forma objetiva.
32. Por lo dicho, insiste en su argumentación de integrar a la determinación del
concepto, el contenido del artículo 2.2.2.3.7 del Decreto 1083 del 2015, entendiendo
que, si bien no es empleado público, sí ejerce funciones públicas desde un cargo que
consideró directivo y, por lo tanto, resultan aplicables los parámetros de experiencia
que se disponen en la referida disposición jurídica.
33. Precisó entonces que los razonamientos del tribunal de primera instancia son
erróneos, conforme los siguientes argumentos:
34. Refirió que desde el escrito inicial no se señaló que el demandado tuviere la
condición de empleado público, sólo que es necesario hacer un ejercicio interpretativo
que permita garantizar el efecto útil de las disposiciones jurídicas aplicables, para
evitar con ello, cualquier subjetividad en la designación del representante del
presidente de la República ante los consejos superiores de las universidades
públicas.
35. Insiste en que el sector universitario debe entenderse bajo los parámetros de la
Ley 30 de 1992 para la prestación del servicio de educación pública del nivel superior,
el cual se enfoca en la investigación científica y tecnológica, la formación académica,
la producción, desarrollo y transmisión del conocimiento. Por ello, refiere que el
contenido del requisito alegado como desconocido, responde a un criterio normativo
específico o fuente formal del derecho, y no a “las subjetividades del interprete”.
36. De otra parte, señaló que:
(…) contrario a lo expuesto por el fallador de primera instancia la calidad de
representante legal de una veeduría no genera “vínculo” alguno con el sector
universitario porque debe distinguirse que la persona jurídica es una ficción diferente a
la persona natural que ejerce su representación legal, de manera que no es admisible
entender, como lo hizo el a quo, que la Veeduría Procura UFPS y su representante
legal sean la misma persona y por ello el ejercicio de la veeduría sea atribuible
igualmente a su representante legal.
Además, no puede perderse de vista que el propio Legislador determinó que los
veedores no pueden tener vínculo o interés directo o indirecto con la entidad
objeto de la veeduría11, de manera que jurídicamente no es admisible tener como
probado el vínculo con el sector universitario con la pertenencia a una veeduría
de la propia UFPS como ocurre en el caso en estudio.
10
C-530 del 2003, C-406 de 2004, C-910 del 2012 y C-030 del 2012.
11
Artículo 19 Ley 850 de 2003 “Por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas”
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37. Indicó que la condición de estudiante egresado y de abogado titulado por la
Universidad Francisco de Paula Santander “no tiene la entidad de acreditar la relación
estrecha o directa a la que refiere la norma bajo el vocablo vínculo, el cual –como ya se
destacó, está dirigido a la conformación del órgano de dirección de los entes universitarios
autónomos-, pues, dicha titulación –la de abogado- únicamente demuestra el ACCESO DEL
DEMANDADO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR COMO SERVICIO PÚBLICO y la
consolidación de un programa académico de pregrado, pero no implica per se la constatación
de actividades directas o estrechas con el sector universitario, valga decirlo, no evidencia que
la profesión del señor Bolívar Corredor involucre funciones similares a la investigación
científica o tecnológica, la formación académico o la producción, desarrollo y transmisión del
conocimiento propios de este sector”
38. Manifestó que aceptar la tesis del fallador de instancia en este punto, la cual se
soportó en las conclusiones a las que se arribó en la actuación administrativa que
culminó con el acto demandado, implicaría señalar que el cumplimiento de los
requisitos para el acceso a la posición en comento se comprueba con aspectos no
fijados expresamente por el legislador, en tanto del texto de la norma presuntamente
desconocida no se indica que la constatación del título profesional de abogado o que
el mismo haya sido otorgado por la universidad en la que la persona va a ser
designada, sea un elemento suficiente para entender acreditado el requisito.
39. Insistió en que la trayectoria profesional del demandado evidencia el ejercicio de
actividades en escenarios distintos y ajenos al sector universitario. Precisó que:
“Verificado el material probatorio, se advierte que los intereses del demandado -respecto
de la Universidad Francisco de Paula Santander- han estado precedidos de parámetros
políticos o ideológicos, dado su apoyo o acompañamiento a candidatos electos o como
resultado de sus candidaturas a las elecciones para el Concejo de Cúcuta, a la Asamblea
de Norte de Santander y, recientemente, a la Cámara de Representantes por la
circunscripción de Norte de Santander, trayectoria política que, bajo ninguna
circunstancia, soporta la existencia de vínculo alguno con el sector universitario,
comoquiera que el ejercicio de derechos políticos -v.gr. el de elegir y ser elegido en
cargos de elección popular- no tiene la entidad de acreditar actividades o funciones
propias del sector universitario”
40. Dicho lo anterior, refirió que, desde la demanda, se puso de presente que la Corte
Constitucional en sentencias C-589 de 1997 y C-220 de la misma anualidad, dispuso
que la designación del representante del gobierno nacional en el máximo órgano de
las universidades públicas, debe estar ajena a los intereses políticos, pues de todas
maneras se debe salvaguardar el cumplimiento de la importante función de estas
entidades.
41. Dicho esto, consideró que el acto cuestionado designó a una persona que ha
enfocado su vida profesional y laboral en la construcción de una carrera política, lo
cual se puede predicar igualmente de su posición como representante legal de una
veeduría ciudadana, la cual, en últimas, implica la concreción del derecho a participar
en el ejercicio y control del poder político12.
42. Finalmente, señaló que:
“En efecto, la calidad de estudiante egresado, la obtención del título de abogado, la
postulación como candidato a corporaciones públicas o la calidad de veedor
ciudadano distan por completo de la experiencia para el desempeño de competencias
12
Corte Constitucional, C-292 de 2003.
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en el sector de la función pública, claramente determinadas por el artículo 2.2.2.3.7 del
Decreto 1083 de 2015.
Lo expuesto, dado que el ordenamiento prevé el cumplimiento de requisitos
necesarios para el ejercicio de una función pública, y para el caso de
responsabilidades del nivel directivo dichas exigencias son más estrictas en razón a
que por su naturaleza corresponden a las mayores responsabilidades de la entidad,
tales como la Dirección General, la formulación de políticas institucionales y de
adopción de planes, programas y proyectos. Sería por demás paradójico que como
delegado del Presidente de la República en un órgano de dirección como lo es el
Consejo Superior Universitario, cuyas responsabilidades son de la mayor complejidad,
se designara a una persona que careciera de la experiencia previa para asumir esta
importante función pública y con ello se hiciera inane el requisito previsto por el
legislador.”
43. En punto del cargo de falta de motivación, consideró que se presenta un yerro en
las consideraciones del tribunal de instancia, en la medida en que los antecedentes
del acto administrativo no permiten evidenciar que en efecto, el demandado cuente
con un vínculo estrecho con el sector universitario que lo habilite para la designación,
aspecto que a su vez conlleva a concluir que las autoridades administrativa no
efectuaron el control de legalidad correspondiente para dar por sentado el
cumplimiento de los requisitos que se establecen en la Ley 30 de 1992 y los estatutos
generales de la Universidad Francisco de Paula Santander.
1.6. Trámite de segunda instancia
44. En auto del 20 de junio del 2023, el despacho conductor del proceso admitió el
recurso de apelación13.
45. Del 27 de junio al 7 de julio de la presente anualidad, transcurrió la oportunidad
para alegar de conclusión.
1.7. Alegatos de conclusión en segunda instancia
46. Ministerio de Educación Nacional. Señaló que en el recurso de apelación no se
presentan argumentos novedosos que conlleven a considerar que la tesis sostenida
en el fallo de primera instancia es errada. Por el contrario, insistió en que, al interior
del proceso, se demostraron los vínculos del demandado con el sector educativo, al
ser egresado de la Universidad Francisco de Paula Santander y exrepresentante
legal de la veeduría PROCURA UFPS.
47. Presidencia de la República. Insiste en que de toda la documentación que
soporta la designación del señor Carlos Alberto Bolívar Corredor, “se evidencia su
experiencia como profesional y gran trayectoria en el desarrollo de labores de prestación de
servicios con el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud -IDIPRON,
experiencia que además evidencia su idoneidad en la designación en el cargo”.
13
En dicha providencia, en punto de la oportunidad, se precisó lo siguiente: “5. El artículo 292 de la Ley 1437 de 2011,
dispone la forma en que ha de interponerse y sustentarse el recurso de apelación contra el fallo que se dicte en el trámite
del medio de control de nulidad electoral, prescribiendo que se presentará ante el juez de primera instancia en el acto de
notificación de la sentencia o dentro de los 5 días siguientes a ello. Además, que dicho medio de impugnación se concederá
en el efecto suspensivo. En el presente caso, la parte demandante recurrió el fallo proferido por el Tribunal Administrativo
de Norte de Santander, dentro de la oportunidad procesal antes indicada, toda vez que la sentencia de primera instancia se
entiende notificada a los 2 días hábiles siguientes al envío del mensaje de datos correspondiente, esto es, el 24 de mayo de
2023, de manera tal que el término para presentar la apelación venció a los 5 días hábiles siguientes, es decir, el 31 de ese
mismo mes y año. 6. En consecuencia, al ser procedente el señalado recurso, haberse interpuesto y sustentado
oportunamente el recurso de apelación antes señalado, pues ello ocurrió el 26 de mayo de 2023; es decir, antes que
feneciera el plazo de ley, según lo dispuesto en el artículo 292 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, será admitido dicho medio de impugnación.”
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48. Igualmente, “(…) de los documentos allegados también se evidencia la acreditación y
confirmación de sus calidades como ex representante legal de la veeduría Procura UFPS,
además del reconocimiento público especial de la medalla Luis Carlos Galán Sarmiento,
otorgado por la Comisión de Ética del Congreso de la República y demás respaldos en su
labor en la educación, documentos estos que no solo acreditan su experiencia, sino que
además evidencian la idoneidad del mismo en relación al cargo para el cual fue designado.”
49. Finalizó señalando que el acto de nombramiento cuestionado, responde a una
facultad meramente discrecional del presidente de la República, el cual debe cumplir
los parámetros que fija el literal c) del artículo 64 de la Ley 30 de 1992 en punto de los
vínculos con el sector universitario respecto de quien se nombre como representante
ante el consejo superior universitario, lo cual se satisface en el presente caso, dada la
reconocida calidad de líder estudiantil del señor Bolívar Corredor “quien además
desempeñó funciones en la Veeduría Procura UFPS que promueven la libertad de cátedra y
mayor calidad de la educación pública para los jóvenes de la UFPS, circunstancia esta última
que deja de presente su relación con la educación, máxime con la educación de la UFPS y
permiten evidenciar la imprecisión de los argumentos del demandante y del ataque de los
mismos en contra del Decreto 2233 de 2022, los cuales son meras apreciaciones subjetivas
del demandante”.
50. Del demandante. Insistió en que, una vez analizadas en conjunto las diferentes
piezas procesales, en especial de las intervenciones de las entidades que profirieron
el acto acusado, se advierte que se debe acceder a las pretensiones de la demanda,
toda vez que resulta evidente que ni en sede administrativa, ni jurisdiccional se
acreditó que el señor Calos Bolívar Corredor contara con “vínculos con el sector
universitario”. Consideró que este requerimiento, es un concepto jurídico
indeterminado que se concreta con la remisión normativa al artículo 2.2.2.3.7 del
Decreto 1083 de 2015 Único Reglamentario del Sector de Función Pública.
51. A su juicio, La hermenéutica señalada comporta la salvaguarda al Estado Social
de Derecho, pues el efecto útil de la norma debe llenarse de contenido a partir de la
interpretación sistemática del ordenamiento para que no quede condicionada a la
subjetividad que se convierta en arbitrariedad.
52. En punto de los argumentos con los que se pretende validar la condición de ex
representante legal de la veeduría ciudadanía PROCURA UFPS, “[t]al circunstancia no
puede ser de recibo ante el Consejo Estado pues ser el Representante Legal de una veeduría
ciudadana de manera alguna prueba la existencia real de vínculos con el sector universitario,
pues de ser así, cualquier persona puede crear una veeduría de la rama judicial y luego
alegar que cuenta con experiencia para ser magistrado de alta 3 corte porque durante 15
años presentó peticiones ante despachos judiciales, situación que no requiere ser abogado.
En efecto, la presentación de peticiones por parte de una veeduría ciudadana de manera
alguna puede acreditar vínculos con el sector universitario. (…) A lo anterior se agrega que la
“experiencia” de la persona jurídica (en este caso una veeduría ciudadana) no se “traslada” a
la persona natural que ejerce su representación legal como parece entenderlo la
Administración. Resulta así evidente que el señor Carlos Bolívar Corredor carece por
completo de “vínculos con el sector universitario” Ahora, no puede perderse de vista que el
asunto en estudio está referido a la designación de un miembro del “máximo órgano de
dirección y gobierno” (nivel directivo) de un ente universitario autónomo, que el Legislador
dispuso expresamente que para el caso del delegado del Presidente de la República debe
contar con la condición de que “haya tenido vínculos con el sector universitario” todo dentro
del ámbito previsto por la Ley 30 de 1992 y reproducido por el Estatuto de la Universidad para
la prestación del servicio público de la Educación Superior por parte de las universidades
oficiales y el sector a cargo de la investigación científica y tecnológica, la formación
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académica así como la producción, desarrollo y transmisión del conocimiento –entiéndase
sector universitario-.”
53. Por lo demás, reiteró los argumentos expuestos en la demanda y en el recurso de
apelación presentado en contra de la sentencia de primer grado.
1.8. Concepto del Ministerio Público.
54. En documento con radicación 2023-07-NE-090 del 7 de julio del 2023, la
procuradora séptima delegada ante el Consejo de Estado, solicitó confirmar el fallo de
primera instancia, considerando que (i) el accionado si acreditó el requisito
establecido en el artículo 64 de la Ley 30 de 1992, en tanto era egresado de la
Universidad Francisco de Paula Santander y como tal, tenía vínculos con el sector
universitario; y, (ii) el acto atacado se produjo en virtud de la facultad discrecional del
Presidente de la República para el efecto, y se encuentra jurídicamente
fundamentado, teniendo como antecedentes administrativos los documentos que lo
soportan.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
55. En atención a lo previsto en el literal a) numeral 7, artículo 152 de la Ley 1437 de
201114, la nulidad de la elección de los miembros de los consejos superiores de las
universidades públicas de cualquier orden, es un asunto que se conoce en primera
instancia por los tribunales administrativos.
56. Así las cosas, en virtud de lo dispuesto en el inciso 1º del artículo 150 de la Ley
1437 del 2011, en concordancia con el artículo 13 del Reglamento Interno del Consejo
de Estado, esta Sección conoce del recurso de apelación interpuesto en contra de la
sentencia de primer grado dictada en el medio de control de la referencia.
2.2. Problemas jurídicos
57. Corresponde a la Sala determinar si, conforme con los argumentos que soportan
el recurso de apelación, se revoca, modifica o confirma el fallo del 18 de mayo del
2023, adoptado por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, por medio del
cual negó la pretensión de nulidad contra el Decreto 2233 del 2022, que designó al
señor Carlos Alberto Bolívar Corredor como representante el presidente de la
República ante el Consejo Superior de la Universidad Francisco de Paula Santander.
58. A efectos de determinar lo anterior, se debe dar respuesta a los siguientes
interrogantes:
a) ¿Qué debe entenderse por vínculos con sector universitario, requisito
consagrado en el literal c) del artículo 64 de la Ley 30 de 1992 y el literal b) del
artículo 21 del Acuerdo 091 de 1993? ¿Puede entenderse, como lo pretende
la parte demandante, que debe interpretarse sobre la base del artículo
2.2.2.3.7 del Decreto 1083 de 2015 Único Reglamentario del Sector de
Función Pública?
14
Artículo 152. Los tribunales administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: (…) 7. De los
siguientes asuntos relativos a la nulidad electoral: a) De la nulidad de los actos de elección (…) de los miembros de los
consejos superiores de las universidades públicas de cualquier orden (…).
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b) Precisado lo anterior, ¿incurrió en un yerro el fallador de primera instancia al
encontrar acreditado dicho requisito respecto del señor Carlos Alberto Bolívar
corredor, considerando su condición de egresado de la Universidad Francisco
de Paula Santander y de exrepresentante legal de la veeduría ciudadana
PROCURA UFPS?
c) ¿Se acredita la falta de motivación del acto demandado, al señalar que de su
contenido no se evidencia manifestación alguna en punto del cumplimiento de
los requisitos para la designación efectuada?
59. Para responder lo anterior, la Sala presenta una metodología en la cual
procederá, conforme a las circunstancias fácticas y jurídicas del caso concreto, a
presentar los aspectos que fueron debidamente probados y los argumentos de
derecho que sirven para responder cada uno de los reparos que se presentan en
contra de la sentencia de primera instancia.
2.3. Caso concreto
2.3.1. Del presunto incumplimiento del requisito relacionado con haber tenido
vínculos con el sector universitario
60. Se recuerda que el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, en este punto,
encontró que el señor Carlos Alberto Bolívar Corredor acreditó la exigencia del literal
c) del artículo 64 de la Ley 30 de 1992 y el literal b) del artículo 21 del Acuerdo 091 de
1993 - Por el cual se establece el Estatuto General de la Universidad Francisco de Paula
Santander-, en la medida en que (i) tiene la condición de egresado de la referida
institución universitaria y (ii) fue representante legal de la veeduría ciudadana
PROCURA UFPS.
61. El apelante cuestiona las consideraciones del fallador de instancia, al señalar que
las referidas calidades no permiten concluir lo anterior, pues, (i) insiste en la
necesidad de integrar el contenido del artículo 2.2.2.3.7 del Decreto 1083 de 2015
Único Reglamentario del Sector de Función Pública; (ii) la mera condición de
egresado no implica contar con la exigencia normativa y (iii) desde la veeduría
ciudadana de la cual fue representante legal, no se derivan vínculos con la
universidad.
62. En un primer momento, la Sala pone de presente que, al interior del proceso, se
allegaron los siguientes elementos de convicción, los cuales, se resumen en los
antecedentes administrativos aportados por las entidades demandadas y que
soportaron la expedición del acto cuestionado:
63. En oficio del 1º de septiembre del 2022 el director de Fomento, encargado de las
funciones del viceministerio de Educación Superior del Ministerio de Educación,
remitió una comunicación al aquí demandado en donde le informó que, en atención a
su postulación para ser designado como delegado del presidente de la República en
el consejo superior de la universidad, se procedería a verificar el cumplimiento de los
requisitos exigidos por la norma, entre ellos, sus vínculos con el sector universitario.
64. El señor Carlos Alberto Bolívar Corredor, en oficio del 15 de septiembre del 2022,
reportó a la cartera ministerial las referencias y pruebas para demostrar lo anterior, en
los siguientes términos:
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• Manifestó haber ostentado la condición de representante legal de la veeduría
ciudadana PROCURA UFPS, desde el año 2013 hasta el 6 de septiembre del
2022, labor por la cual le fue reconocida la medalla Luis Carlos Galán
Sarmiento “…por su destacado trabajo, dedicación y ejecutorias en la lucha contra la
corrupción, desarrollado en beneficio de los intereses de todos los estamentos
universitarios y ciudadanos en la Universidad Francisco de Paula Santander, como
ejemplo de la recuperación de los valores ciudadanos”.
• Elaboración de la tesis para obtener el título del grado de abogado,
denominada “Hacia una evaluación socio-jurídica de las veedurías ciudadanas
universitarias conforme a la Ley 850 de 2003: estudio de caso”.
• Candidaturas tanto al consejo académico como al consejo superior
universitario, para ocupar la representación de los estudiantes en dichos
órganos colegiados.
• Referencias presentadas por los señores Hugo Cárdenas15, José Emiro del
Carmen16, Pedro Durán Barajas, John Jairo Saravia Bueno17, en los que
indican la proximidad del demandado con el sector universitario.
65. Así mismo, obra documento suscrito por el personero municipal de San José de
Cúcuta, en donde se indica que la veeduría PROCURA UFPS, tiene como objeto la
“vigilancia, control de Gestión Pública y demás acciones que dispone las veedurías
ciudadanas según la Ley 850 del 2003, al ente autónomo oficial Universidad Francisco de
Paula Santander, Institución de Educación de Carácter departamental”.
66. De otra parte, se allegó certificación firmada por el jefe de la oficina asesora
jurídica del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud -IDIPRON-,
en donde se indica que el demandado fue contratista de dicha entidad, en dos
oportunidades, tanto para la prestación de sus servicios profesionales como abogado
en el área socio legal (contrato de prestación de servicios No. 20180263), como para
la realización de las actividades en el marco de los roles de la oficina de Control
Interno, a saber, valoración del riesgo, acompañamiento, asesoría y seguimiento,
fomento a la cultura del control y relación con entes externos (contrato de prestación
de servicios No. 20170093).
67. Adicionalmente, el 3 de noviembre del 2022, la secretaria general del Ministerio
de Educación Nacional, emite certificación en la que indica que:
“(…) revisada la documentación aportada por el señor Carlos Alberto Bolívar Corredor, se
encontró que acredita título de Abogado expedido por la Universidad Francisco de Paula
Santander. Por lo anterior, el señor Carlos Alberto Bolívar Corredor, Cumple con los
Requisitos para ser designado por el Señor Presidente de la República como miembro
del Consejo Superior de la Universidad Francisco de Paula Santander”. (sic a toda la cita)
68. El 1º de noviembre del 2022, la misma dependencia antes señalada remitió a la
presidencia de la República, el proyecto de decreto de designación del señor Carlos
Alberto Bolívar Corredor, junto con los anexos aportados a la actuación
administrativa, dentro de los que se encuentra, entre otros18, el título de abogado
otorgado al demandado por la Universidad Francisco de Paula Santander.
15
Según el documento, tiene la condición de dirigente social y sindical, integrante del Pacto Histórico en el departamento de
Norte de Santander.
16
Exnegociador del proceso de paz con la extinta guerrilla de las FARC.
17
Exconcejal del municipio de Cúcuta, exsecretario de víctimas de la misma localidad y profesor de la UFPS.
18
Como son certificados de antecedentes disciplinarios, fiscales y policiales, así como manifestaciones juramentadas de no
encontrarse incurso en causales de inhabilidad o incompatibilidad, declaraciones de bienes y rentas, formato único de hoja
de vida de la función pública, entre otros.
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69. Precisado lo anterior, la Sala responde a los cargos de la apelación de la
siguiente manera:
2.3.1.1. Universidades públicas. Integración del consejo superior universitario.
70. El artículo 67 de la Constitución Política de 1991 consagra la doble condición de
la educación, esto es, como (i) derecho y (ii) servicio público con una función social,
con la cual se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la tecnología y a los
demás bienes y valores de la cultura, señalando que la responsabilidad frente a la
misma está en cabeza del Estado, la sociedad y la familia.
71. Seguidamente, el artículo 68, dispone la necesidad de integrar a la comunidad
educativa en la dirección de las instituciones de educación, para con posterioridad, en
el artículo 69, consagrar la autonomía universitaria, lo cual se centran en la posibilidad
con la que cuentan que estas entidades para la escogencia de sus propias directivas
-autogobierno- y la adopción de sus normas internas.
72. A su vez, la Ley 30 de 1992 señala que la educación superior es un proceso
permanente que posibilita el desarrollo de las potencialidades del ser humano de
manera integral, la cual se realiza con posterioridad a la educación media o
secundaria y tiene por objeto el pleno desarrollo de los alumnos y su formación
académica y profesional (art. 1º), siendo definida a su vez como un servicio público
cultural, inherente a la finalidad social del Estado (art. 2º).
73. Desde el punto de vista orgánico, el artículo 16 de la misma norma, refiere que
integran el concepto de centros de educación superior (i) las instituciones técnicas
profesionales19, (ii) las instituciones universitarias o escuelas tecnológicas20 y (iii) las
universidades, las cuales se definen en el artículo 19 siguiente como “las reconocidas
actualmente como tales y las instituciones que acrediten su desempeño con criterio de
universalidad en las siguientes actividades: La investigación científica o tecnológica; la
formación académica en profesiones o disciplinas y la producción, desarrollo y transmisión del
conocimiento y de la cultura universal y nacional. Estas instituciones están igualmente
facultadas para adelantar programas de formación en ocupaciones, profesiones o disciplinas,
programas de especialización, maestrías, doctorados y post-doctorados, de conformidad con
la presente Ley.”
74. De otra parte, el artículo 57 señala que las universidades estatales deben
organizarse como entes universitarios autónomos, con régimen especial y vinculados
al Ministerio de Educación Nacional en lo atinente a las políticas y la planeación del
sector educativo, con personería jurídica, autonomía académica, administrativa y
financiera, patrimonio independiente, con la facultad de elaborar y manejar su
presupuesto de acuerdo con las funciones que le corresponden.
75. La jurisprudencia constitucional, en punto del concepto de universidad ha
considerado:
“[l]a universidad, cuyo fundamento es el perfeccionamiento de la vida y cuyo objetivo es
contribuir a la formación de individuos que reivindiquen y promuevan ese fundamento, a
través del dominio de "un saber" y de la capacidad de generar conocimiento, reclamando
su condición de fines en sí mismos y no de meros instrumentos, es la universidad que
19
ARTÍCULO 17. Son instituciones técnicas profesionales, aquellas facultadas legalmente para ofrecer programas
de formación en ocupaciones de carácter operativo e instrumental y de especialización en su respectivo campo de acción,
sin perjuicio de los aspectos humanísticos propios de este nivel.
20
ARTÍCULO 18. Son instituciones universitarias o escuelas tecnológicas, aquellas facultadas para adelantar programas de
formación en ocupaciones, programas de formación académica en profesiones o disciplinas y programas de
especialización.
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requiere, para "ser", del reconocimiento efectivo de su autonomía. Otro tipo de
instituciones de educación superior, que fundamentan su quehacer en objetivos distintos,
como por ejemplo la mera profesionalización, si bien son necesarias en el mundo
moderno, no pueden proclamarse como universidades. Tal distinción subyace en la
legislación de nuestro país, que distingue entre universidades y otras instituciones de
educación superior, reconociéndoles autonomía plena, no absoluta, únicamente a las
primeras (artículos 16 y 20 ley 30 de 1992)”21.
76. Seguidamente, refirió22 que:
“La universidad es, desde sus orígenes en los siglos XIII y XIV, una institución marginal,
necesaria para la sociedad que la crea y la reclama, pero distinta de ella misma; su
misión fundamental es, según Michele Henry, "la cultura", concepto que se preserva y
construye a partir del tríptico que conforman la ética, la ciencia y la estética, y que se
realiza a través de acciones dirigidas a producir y adecuar conocimiento, y a transmitir un
determinado saber a tiempo que lo hace crecer con base en la investigación; ella tiene su
propio ethos, su singular sistema de valores, sus prioridades, los cuales no siempre, casi
nunca, coinciden con los de la sociedad o con los del Estado en el que funcionan, por
eso, dadas sus características y la lógica que caracteriza su quehacer, diferente de la
lógica que predomina en el Estado, la cual está determinada por el poder coyuntural que
lo orienta, desde sus inicios se concibió como una organización autónoma, esto es,
capaz de autodeterminarse, autogobernarse y autolegislarse colectivamente; como un
ente plural en el que confluyen, con su individual saber y razón, los individuos [actores]
que la conforman, quienes coinciden en un objetivo, la producción y adecuación de
conocimiento como insumo esencial para la formación de hombres potencialmente
capaces de desarrollar sus múltiples dimensiones. Por eso quienes la integran están
legitimados, y así lo reconocen el Estado y la sociedad, para darse sus propias leyes y
directivas, leyes que paralelamente permitan su conservación y crecimiento.”
77. A reglón seguido, el tribunal constitucional indicó que:
“Pero esa caracterización no las hace ajenas a su entorno o irresponsables frente a la
sociedad y al Estado, el ejercicio de la autonomía implica para las universidades el
cumplimiento de su misión a través de acciones en las que subyazca una ética que
Weber denominaría "ética de la responsabilidad", lo que significa que esa autonomía
encuentre legitimación y respaldo no sólo en sus propios actores, sino en la sociedad en
la que la universidad materializa sus objetivos, en el Estado que la provee de recursos y
en la sociedad civil que espera fortalecerse a través de ella; se trata de que quienes
conforman la universidad trasciendan su propia e individual convicción de que lo que
hacen es lo pertinente, lo conveniente, lo razonable, sometiéndolo a consideración no
solo de sus pares, sino de esos otros actores de la sociedad, que evaluarán si la
autonomía ejercida por sus universidades prevé, como le corresponde, incluso lo no
previsible, teniendo en cuenta las consecuencias e impacto de sus acciones en la
sociedad, e identificando en el individuo que educa no a un mero instrumento para sus
propios objetivos, sino, a un universo individual, único y diferenciable.”
78. Así mismo, en punto de la finalidad de la universidad en el marco del Estado
Social del Derecho, la referida decisión judicial señaló que:
“Es claro entonces, que respecto de las universidades, tanto de las públicas como de las
privadas, la norma constitucional no establece ninguna diferencia, la regla general
aplicable con fundamento en el artículo 69 de la C.P. es la de reconocer y respetar la
libertad de acción de las mismas; no obstante, esa libertad de acción no puede
extenderse al punto de propiciar una universidad ajena y aislada de la sociedad de la que
hace parte y, en el caso de las públicas, emancipada por completo del Estado que las
provee de recursos y patrimonio. La universidad a la que aspira la sociedad
contemporánea es aquélla que esté presente siempre y en todo lugar, que supere el
revaluado modelo que la identificaba con aquellos campus que materializaban "...guetos
cerrados...campos de concentración del saber..."
79. Además, en el mismo pronunciamiento, la Corte puntualizó que las universidades
estatales no forman parte de la administración como órganos dependientes y bajo el
21
Corte Constitucional. Sentencia C-220 de 29 de abril del 1997. M.P. Fabio Morón Díaz.
22
Ídem.
14
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control de tutela del ejecutivo, puesto que “ son instituciones que para mantener y
preservar su esencia deben estar ajenas a las interferencias del poder político, en
consecuencia no pueden entenderse como parte integrante de la administración, o como
organismos supeditados al poder ejecutivo, ellas deben actuar con independencia del mismo
y no estar sujetas a un control de tutela como el concebido para los establecimientos públicos,
concepto que por sí mismo niega la autonomía; eso no quiere decir que no deban, como
entidades públicas que manejan recursos públicos y cumplen una trascendental función en la
sociedad, someter su gestión al control de la sociedad y del Estado, o que rechacen la
implementación de mecanismos de articulación con dicho Estado y la sociedad, pues por el
contrario ellos son indispensables para el cumplimento de sus objetivos y misión. El control de
tutela que se ejerce sobre los establecimientos públicos, no es aplicable a las universidades
en tanto instituciones autónomas”
80. Finalmente, la Sala quiere hacer una breve reflexión en relación con la
organización interna de las universidades públicas. El artículo 62 de la Ley 30 de
1992, dispone que la dirección de aquellas, corresponde al rector23, el consejo
académico24 y el consejo superior, siendo este último “el máximo órgano de dirección y
gobierno” (art. 64).
81. A su vez, la misma disposición jurídica refiere a su integración en los siguientes
términos:
“a) El Ministro de Educación Nacional o su delegado, quien lo presidirá en el caso de
las instituciones de orden nacional.
b) El Gobernador, quien preside en las universidades departamentales.
c) Un miembro designado por el Presidente de la República, que haya tenido vínculos
con el sector universitario.
d) Un representante de las directivas académicas, uno de los docentes, uno de los
egresados, uno de los estudiantes, uno del sector productivo y un ex-rector
universitario.
e) El Rector de la institución con voz y sin voto.
PARÁGRAFO 1o. En las universidades distritales y municipales tendrán asiento en el
Consejo Superior los respectivos alcaldes quienes ejercerán la presidencia y no el
Gobernador.
PARÁGRAFO 2o. Los estatutos orgánicos reglamentarán las calidades, elección y
período de permanencia en el Consejo Superior, de los miembros contemplados en el
literal d) del presente artículo.
82. En punto de la naturaleza de los órganos de autogobierno de los entes
universitarios autónomos, la Corte Constitucional ha señalado que ello se deriva de la
necesidad de contar con la existencia de autoridades establecidas en garantía del
pacto social interno entre los integrantes de la comunidad universitaria y el pacto
social externo entre la sociedad, lo nacional y la institución educativa25.
83. Precisados los anteriores conceptos, procede la Sala a determinar lo que debe
entenderse como “vínculos con el sector universitario”.
23
ARTÍCULO 66. El Rector es el representante legal y la primera autoridad ejecutiva de la universidad estatal u oficial y
será designado por el Consejo Superior Universitario. Su designación, requisitos y calidades se reglamentarán en los
respectivos estatutos.
24
ARTÍCULO 68. El Consejo Académico es la máxima autoridad académica de la institución, estará integrado por el Rector,
quien lo presidirá, por una representación de los decanos de facultades, de los directores de programa, de los profesores y
de los estudiantes. Su composición será determinada por los estatutos de cada institución.
25
Corte Constitucional. Sentencia SU-261 del 6 de agosto del 2021. M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
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2.3.1.2. Del requisito relacionado con la existencia de vínculos con el sector
universitario para el representante del presidente de la República ante el
Consejo Superior Universitario.
84. La primera consideración a tener en cuenta, es que el establecimiento de
requisitos para el acceso a un cargo público materializa limitaciones específicas y
concretas a los ciudadanos en su derecho constitucional fijado en el artículo 40
superior, específicamente, lo dispuesto en los numerales 1º y 7º de la misma norma.
Como consecuencia de lo anterior, la interpretación de los mismos debe ser
restrictiva, sin que se permitan analogías o interpretaciones extensivas.
85. El criterio de interpretación restrictiva se entiende como aquel que busca la
aplicación de la norma a casos concretos. Se debe resaltar que la Sala Plena26
señaló que aquel, además de comprender el análisis literal de las disposiciones
normativas, debe poner el sentido lato de dichas expresiones en consonancia con la
finalidad de la norma jurídica, de tal manera que se logre asegurar la eficacia de
esta y su respectiva utilidad. Ello fue precisado en los siguientes términos:
“6.1.5.3 Ello quiere decir que de la literalidad, el juez solo deriva el sentido o
significado común que las expresiones de la norma tienen, pero sin entrar a realizar
ningún otro razonamiento. Mientras que la interpretación restrictiva supone que el
texto dispositivo se encuentre en consonancia con la finalidad o propósito de la
norma constitucional, responda a su poder normativo y eficacia inmediata y
salvaguarde su utilidad.”27
86. En conclusión, si bien es cierto que la determinación del alcance y aplicación de
una inhabilidad, incompatibilidad o requisito debe estar limitado por los precisos
elementos que el constituyente o el legislador determinen en el ámbito de sus
competencias, ello no obsta para que, incluso en el marco de dicha restricción
interpretativa, se establezca la forma en que aquellas cumplen con la finalidad que
persiguen y se garantice su eficacia y efecto útil.
87. Así las cosas, se reitera que el literal c) del artículo 64 de la Ley 30 de 1993, lo
cual se reproduce en el literal b) del artículo 21 del Acuerdo 091 de 1993 -Estatutos
Generales de la Universidad Francisco de Paula Santander-, el consejo superior
universitario estará integrado por un representante del presidente de la República
“que haya tenido vínculos con el sector universitario”.
88. De conformidad con lo que se debate en el presente proceso, resulta relevante
definir el entendimiento específico de las expresiones “vínculos” y “sector universitario”.
Por un lado, se tiene que, desde el punto de vista literal, el Diccionario de la Lengua
Española de la RAE, define al vínculo como la “[u]nión o atadura de una persona o cosa
con otra”.
89. A su vez, es importante resaltar que tanto el legislador como las autoridades
internas al adoptar sus estatutos, no calificaron la naturaleza del vínculo que se exige
por las normas referenciadas. En otras palabras, la disposición normativa no señala
que aquel deba ser de índole laboral, contractual o bajo el desarrollo de alguna
actividad o labor en específico, por lo que existe una amplitud y neutralidad que
permite que aquel se configure de cualquier manera idónea para el efecto.
26
Criterio acogido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en: Sentencia del 29 de enero del 2019. Consejera
Ponente Rocío Araújo Oñate. Radicación 11001-03-28-000-2018-00031-00(SU).
27
Ídem.
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90. Por esta razón, no resulta de recibo el argumento expuesto por el apelante, en el
cual señala que estos vínculos deben acreditarse en la forma en que se dispone el
artículo 2.2.2.3.7 del Decreto 1083 de 2015 Único Reglamentario del Sector de
Función Pública, norma que en su tenor literal dispone:
Artículo 2.2.2.3.7. Experiencia. Se entiende por experiencia los conocimientos, las
habilidades y las destrezas adquiridas o desarrolladas mediante el ejercicio de una
profesión, arte u oficio.
Para los efectos del presente decreto, la experiencia se clasifica en profesional,
relacionada, laboral y docente.
Experiencia Profesional. Es la adquirida a partir de la terminación y aprobación del
pénsum académico de la respectiva formación profesional, en el ejercicio de las
actividades propias de la profesión o disciplina académica exigida para el desempeño
del empleo.
En el caso de las disciplinas académicas o profesiones relacionadas con el Sistema
de Seguridad Social en Salud, la experiencia profesional se computará a partir de la
inscripción o registro profesional.
La experiencia adquirida con posterioridad a la terminación de estudios en las
modalidades de formación técnica profesional o tecnológica, no se considerará
experiencia profesional.
Experiencia Relacionada. Es la adquirida en el ejercicio de empleos o actividades
que tengan funciones similares a las del cargo a proveer.
Experiencia Laboral. Es la adquirida con el ejercicio de cualquier empleo, ocupación,
arte u oficio.
Experiencia Docente. Es la adquirida en el ejercicio de las actividades de divulgación
del conocimiento obtenida en instituciones educativas debidamente reconocidas.
Cuando para desempeñar empleos pertenecientes a los niveles Directivo, Asesor y
Profesional se exija experiencia, ésta será profesional o docente, según el caso y,
determinar además cuando se requiera, si debe ser relacionada.
En el evento de empleos comprendidos en el nivel Profesional y niveles superiores a
éste, la experiencia docente deberá acreditarse en instituciones educativas
debidamente reconocidas y con posterioridad a la obtención del correspondiente título
profesional.
91. Lo primero a señalar, es que el artículo 2.2.2.1.1 del referido decreto, menciona
que:
ARTÍCULO 2.2.2.1.1 Ámbito de aplicación. El presente Título rige para los empleos
públicos pertenecientes a los Ministerios, Departamentos Administrativos,
Superintendencias, Establecimientos Públicos, Unidades Administrativas Especiales,
Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, Entes
Universitarios Autónomos, Empresas Sociales del Estado, Empresas Industriales y
Comerciales del Estado y Sociedades de Economía Mixta sometidas al régimen de
dichas empresas, del Orden Nacional.
Las disposiciones contenidas en el presente Título serán aplicables, igualmente, a las
entidades que teniendo sistemas especiales de nomenclatura y clasificación de
empleos, se rigen por las disposiciones contenidas en la Ley 909 de 2004, así como
para aquellas que están sometidas a un sistema específico de carrera.
El presente Título no se aplica a los organismos y entidades cuyas funciones y
requisitos están o sean definidas por la Constitución o la ley. (Énfasis de la Sala)
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92. De lo citado, se tiene que la normativa dispuesta en el Decreto 1083 del 2015
aplica para los empleados públicos de las entidades que allí se describen, entre
ellas los entes universitarios autónomos. Dicho lo anterior, se debe precisar que el
artículo 23 de los estatutos generales de la Universidad Francisco de Paula
Santander, señala que “[l]os miembros del Consejo Superior Universitario, aunque ejercen
funciones públicas, no adquieren por este sólo hecho la calidad de empleado públicos.”
(énfasis de la Sala).
93. Por ello, se tiene que la institución educativa, en el marco de su autonomía, de
forma expresa excluyó de tal condición a los integrantes del consejo superior
universitario, aspecto que permite señalar, como un primer argumento para resolver
este punto de la apelación, que las norma que pretende integrar el apelante no resulta
aplicable a la solución del presente caso.
94. De otra parte, el citado artículo consagra el concepto reglamentario de
experiencia, el cual se centra, como lo señala su inciso primero, en los conocimientos,
habilidades y destrezas adquiridas en el ejercicio de una profesión, arte y oficio, la
cual puede ser profesional, relacionada, laboral y docente. Lo anterior, tiene como
elemento común, la existencia de una relación laboral o contractual, o del desarrollo
independiente de actividades que se deriven de la práctica de una de las categorías
que se resaltan en forma precedente.
95. Pero como se señaló en párrafos anteriores, la neutralidad del concepto vínculo
que fue fijada por el legislador y posteriormente por la misma Universidad Francisco
de Paula Santander en su estatuto general, permite señalar que aquel se puede
demostrar bien sea a través del ejercicio directo de una profesión, arte u oficio en el
sector universitario, pero también a través de otras actividades que tienen un impacto
en el mismo y que no necesariamente se desarrollan bajo el concepto antes referido.
96. Tal es la redacción de la disposición legal, que ni siquiera se calificó que la
relación con el sector se derive única y exclusivamente con la universidad a la cual el
presidente de la República quiere postular su representante ante el consejo superior
universitario, lo que a su vez permite referir que aquella se puede demostrar con
actividades en otras instituciones educativas del mismo nivel, o incluso en
organizaciones que desarrollen su trabajo con aquellas en latitudes diferentes.
97. Por ello, la Sala concluye que, por el concepto de vínculo se entiende todo tipo
de actividad, trabajo, labor, que tenga como fundamento cualquier relación y que se
desarrolle directamente, desde y a favor de, alguno de los ámbitos en los que se
entiende el sector universitario, como pasa a definirse a continuación.
98. Ahora bien, lo primero a resaltar es que el concepto de “sector universitario”, a
juicio de la parte demandante, se define desde lo que se entiende por educación
superior, la cual se define por el artículo 4º de la Ley 30 de 1992 como “el proceso
permanente que posibilita el desarrollo de las potencialidades del ser humano de una manera
integral, se realiza con posterioridad a la educación media o secundaria y tiene por objeto el
pleno desarrollo de los alumnos y su formación académica o profesional”.
99. A su vez, refiere que dicho elemento debe ser interpretado, de forma exclusiva,
en atención al objeto de las universidades, el cual se centra en “[l]a investigación
científica o tecnológica; la formación académica en profesiones o disciplinas y la producción,
desarrollo y transmisión del conocimiento y de la cultura universal y nacional”.
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100. Por ello, entiende la Sala que, para el demandante, el sector universitario se
reduce a la institucionalidad misma de la universidad, en el marco de las actividades
por ella desempeñadas en los parámetros descritos con anterioridad. Para esta
judicatura, ello no es acertado por las razones que se exponen a continuación:
101. Sea lo primero señalar que, no existe, a nivel legal o reglamentario una
definición de lo que puede entenderse como sector universitario. Así las cosas, puede
resultar razonable, en consideración a que la norma califica directamente al sector a
que hace referencia como universitario, a que se acuda, como lo hace el
demandante, a la clasificación que realiza la Ley 30 de 1992 al definir que las
universidades integran el conjunto de instituciones de educación superior en el país y
asignarles a ellas funciones específicas con investigación, producción y transmisión
de conocimiento, buscando con ello restringir el alcance de la expresión sector
universitario a la institución propiamente dicha.
102. Pero para la Sala, aunque el elemento traído a colación por el apelante ayuda
a definir dicho elemento de la norma, lo hace parcialmente pues solo comprende una
de sus aristas, en tanto no se puede desconocer que este tipo de entidades, por su
propia definición y la forma en que desempeñan un servicio público que se enmarca
en la finalidad social del Estado Social y Democrático de Derecho, si bien son las
encargadas del desarrollo de dicha función específica, lo realizan en un ámbito que
supera a la mera institución educativa.
103. Un primer argumento que soporta lo anterior, se puede evidenciar en que el
máximo órgano de dirección de las universidades públicas, esto es, el consejo
superior, se encuentra integrado por (i) representantes estatales -ministro de
Educación o su delegado, gobernador o a quien este designe, alcalde municipal o su
representante, delegado del presidente de la República-; (ii) representantes de la
comunidad universitaria directamente -directivas, docentes y estudiantes- y (iii)
aquellos sectores que, aunque no guardan una relación directa, actual y vigente con
la universidad, se consideran estamentos respecto de los cuales su actuar tiene un
impacto, como son los egresados, los exrectores y un representante del sector
productivo.
104. Como se observa, la integración de dicho órgano colegiado responde a la
necesidad de contar los diversos estamentos que tienen algún interés en el
desempeño de la importante función constitucional que le ha sido asignada a la
universidad, y que, en algunos casos, no corresponden específicamente con la
función de generar y transmitir conocimientos e incluso no guardan un vínculo directo
con la institución de educación superior.
105. Ligado con lo anterior, en el marco de la función estatal y de la responsabilidad
que constitucionalmente se asigna al Estado en la prestación del servicio público de
educación superior, existe un determinado número de instituciones que, en sus
competencias, ejercen labores que se encuentran íntimamente ligadas con el sector
educativo en general, y específicamente las universidades. Piénsese, por ejemplo, en
los órganos que se relacionan en el Decreto 1075 del 2015, como son el Ministerio de
Educación Nacional (art. 1.1.1.1), el Consejo Nacional de Educación Superior (art.
1.1.3.1), los Comités Regionales de Educación Superior (art. 1.1.3.5), el Fondo de
Desarrollo de la Educación Superior (art. 1.2.2.3.), entre otros.
106. A su vez, conforme al criterio jurisprudencial que fue expuesto en párrafos
precedentes, la labor de las universidades públicas tiene una responsabilidad directa
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en la sociedad civil en la cual se desempeña su actividad, lo que pone de presente la
importancia de considerar a la misma como parte del sector universitario.
107. Por lo dicho, la Sala entiende que el concepto en estudio debe involucrar las
distintas áreas que impactan la labor de las universidades públicas, entre las cuales
está (i) el estado; (ii) la comunidad universitaria propiamente dicha definida por su
vinculación con la institución y (iii) sectores de la sociedad civil que desempeñen
labores específicas y relacionadas con ellas.
108. Esta judicatura entiende que la interpretación efectuada, no solamente se
enmarca en la literalidad de la norma, sino que busca propender por el efecto útil de
la misma, pues lo que se busca con aquella es que la representación del presidente
de la República en los consejos superiores de las universidades oficiales esté en
cabeza de una persona que acredite efectivamente una relación directa en el
cumplimiento de la importante función constitucional y legal que le ha sido asignada a
ellas.
Solución al problema jurídico
109. La Sala considera que le asiste razón parcialmente al demandante en sus
argumentos de apelación, tal y como pasa a presentarse a continuación:
110. En primer lugar, se debe precisar que no es de recibo el argumento del tribunal
de instancia, al señalar que la mera condición de egresado de la Universidad
Francisco de Paula Santander ubica al demandado en el parámetro normativo que se
exige para el representante del presidente de la República ante el consejo superior
universitario.
111. Dicha circunstancia, a juicio de esta judicatura, demuestra la culminación de los
estudios superiores por parte de aquel y la entrega de un diploma que le habilita para
el ejercicio de la profesión jurídica, más no permite evidenciar la existencia de esa
unión, atadura o vínculo que requiere la norma.
112. Adicionalmente, el que el título hubiere sido entregado por la Universidad
Francisco de Paula Santander, le otorga la condición de egresado de dicha
institución, estamento que ya cuenta con su espacio de representatividad ante el
consejo superior, lo que vaciaría de contenido la figura del designado por el
presidente de la República, así como la especial calificación de la condición de tener
“vínculos con el sector universitario”.
113. A pesar de lo anterior, la Sala entiende que la conclusión a la que arribó el
fallador de instancia, en punto de encontrar acreditado dicho requisito por la condición
de haber sido representante legal de la veeduría ciudadana PROCURA UFPS, es
acertada, como pasa a presentarse a continuación:
114. Sea lo primero resaltar, que de conformidad con el artículo 1º de la Ley 850 del
2003, las veeduría ciudadanas son “el mecanismo democrático de representación que le
permite a los ciudadanos o a las diferentes organizaciones comunitarias, ejercer vigilancia
sobre la gestión pública, respecto a las autoridades, administrativas, políticas, judiciales,
electorales, legislativas y órganos de control, así como de las entidades públicas o privadas,
organizaciones no gubernamentales de carácter nacional o internacional que operen en el
país, encargadas de la ejecución de un programa, proyecto, contrato o de la prestación de un
servicio público.”
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115. A su vez, se resalta que la misma norma dispone que el objeto de vigilancia que
se adelanta por estas organizaciones, es la gestión administrativa, con sujeción al
servicio de los intereses generales y la observancia de los principios de igualdad,
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad -artículo 2º-,
asignándoles los siguientes objetivos:
ARTÍCULO 6. Objetivos:
a) Fortalecer los mecanismos de control contra la corrupción en la gestión pública y la
contratación estatal;
b) Fortalecer los procesos de participación ciudadana y comunitaria en la toma de
decisiones, en la gestión de los asuntos que les atañen y en el seguimiento y control
de los proyectos de inversión;
c) Apoyar las labores de las personerías municipales en la promoción y fortalecimiento
de los procesos de participación ciudadana y comunitaria;
d) Velar por los intereses de las comunidades como beneficiarios de la acción pública;
e) Propender por el cumplimiento de los principios constitucionales que rigen la
función pública;
f) Entablar una relación constante entre los particulares y la administración por ser
este un elemento esencial para evitar los abusos de poder y la parcialización
excluyente de los gobernantes;
g) Democratizar la administración pública;
h) Promocionar el liderazgo y la participación ciudadana.
116. Para el cumplimiento de lo anterior, la ley les otorga los siguientes medios de
acción:
ARTÍCULO 16. Instrumentos de acción. (Modificado por Art. 68, Ley 1757 de
2015.) Para lograr de manera ágil y oportuna sus objetivos y el cumplimiento de sus
funciones, las veedurías podrán elevar ante las autoridades competentes derechos de
petición, y ejercer ante los jueces de la República todas las acciones que siendo
pertinentes consagran la Constitución y la ley.
Así mismo, las veedurías podrán:
a) Intervenir en audiencias públicas en los casos y términos contemplados en la ley;
b) Denunciar ante las autoridades competentes las actuaciones, hechos y omisiones
de los servidores públicos y de los particulares que ejerzan funciones públicas, que
constituyan delitos, contravenciones, irregularidades o faltas en materia de
contratación estatal y en general en el ejercicio de funciones administrativas o en la
prestación de servicios públicos;
c) Utilizar los demás recursos, procedimientos e instrumentos que leyes especiales
consagren para tal efecto;
d) Solicitar a la Contraloría General de la República, mediante oficio, el control
excepcional establecido en el artículo 26, literal b) de la Ley 42 de 1993.
En todo caso, dicha solicitud no puede implicar un vaciamiento del contenido de la
competencia de la Contraloría territorial respectiva.
117. Bajo esta perspectiva legal, se entiende que aquellas responden a una
materialización de los principios de la democracia participativa, consagrada desde el
artículo 1º de la Constitución, así como en los artículos 2º - “[s]on fines esenciales del
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Estado (…) facilitar la participación de todos en las decisiones que los afecten en la vida
económica, política, administrativa y cultural de la Nación”- y 40 – “[t]odo ciudadano tiene
derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político- de la misma
norma superior. Así mismo, aquellas responden a los mandatos de los artículos 103 y
270 constitucionales que señalan:
“ARTÍCULO 103.- (…)
El Estado contribuirá a la organización, promoción y capacitación de las asociaciones
profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles, benéficas o de utilidad
común no gubernamentales, sin detrimento de su autonomía con el objeto de que
constituyan mecanismos democráticos de representación en las diferentes
instancias de participación, concertación, control y vigilancia de la gestión
pública que se establezcan”.
“ARTÍCULO 270.- La ley organizará las formas y los sistemas de participación
ciudadana que permitan vigilar la gestión pública que se cumpla en los diversos
niveles administrativos y sus resultados” (énfasis de la Sala)
118. Se considera entonces que, a través de estas veedurías, se canaliza la
posibilidad para que la sociedad civil participe directamente en el control de la función
pública y de la prestación de los servicios públicos en sus distintas modalidades,
cumpliendo con ello un rol relevante en punto del papel de la ciudadanía frente al
Estado.
119. En cuanto a hace a la veeduría ciudadana PROCURA UFPS, al interior del
expediente obra documento suscrito por la personería municipal de San José de
Cúcuta, en donde se señala que la misma tiene por objeto la “vigilancia, control de
Gestión Pública y demás acciones que dispone las veedurías ciudadanas según la Ley 850
del 2003, al ente autónomo oficial Universidad Francisco de Paula Santander, Institución de
Educación de Carácter departamental”.
120. Así las cosas, se tiene que, al interior del proceso, se demostró que el
demandado alegó ante la autoridad administrativa la condición de representante legal
de la referida veeduría ciudadana, la cual no se discute en el recurso de apelación
que se resuelve, lo que permite entender que desde la misma tuvo un vínculo
relevante con la mencionada institución de educación superior y la forma en que
aquella ejerce su función pública en dicho ámbito.
121. De esta manera, se puede concluir que ello permite en esta oportunidad
acreditar la condición de contar con vínculos en el sector universitario, pues se trata
de una organización de la sociedad civil que trabaja directamente en dicho ámbito,
específicamente, desarrollando labores de veeduría sobre la gestión administrativa de
la Universidad Francisco de Paula Santander.
122. Ahora bien, a juicio del apelante, conforme el artículo 19 de la Ley 850 del 2003,
quien tenga la condición de veedor, no puede tener interés directo o vínculo con la
entidad que es objeto de labor de control de la organización ciudadana, aspecto que,
según su dicho, desvirtúa lo anterior.
123. El artículo antes referido señala lo siguiente:
ARTÍCULO 19. Impedimentos para ser veedor:
a) Cuando quienes aspiren a ser veedores sean contratistas, interventores,
proveedores o trabajadores adscritos a la obra, contrato o programa objeto de
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veeduría o tengan algún interés patrimonial directo o indirecto en la ejecución de las
mismas.
Tampoco podrán ser veedores quienes hayan laborado dentro del año anterior en la
obra, contrato o programa objeto de veeduría;
b) Quienes estén vinculados por matrimonio, unión permanente o parentesco dentro
del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o único civil con el
contratista, interventor, proveedor o trabajadores adscritos a la obra, contrato o
programa, así como a los servidores públicos que tengan la participación directa o
indirecta en la ejecución de los mismos;
c) Cuando sean trabajadores o funcionarios públicos, municipales, departamentales o
nacionales, cuyas funciones estén relacionadas con la obra, contrato o programa
sobre el cual se ejercen veeduría.
En ningún caso podrán ser veedores los ediles, concejales, diputados, y congresistas;
d) Quienes tengan vínculos contractuales, o extracontractuales o participen en
organismos de gestión de la ONG, gremio o asociación comprometidos en el proceso
objeto de la veeduría;
e) En el caso de organizaciones, haber sido cancelada o suspendida su inscripción en
el registro público, haber sido condenado penal o disciplinariamente, salvo por los
delitos políticos o culposos o sancionado con destitución, en el caso de los servidores
públicos.
124. Lo primero que observa esta judicatura, es que la norma que es sustento del
argumento del apelante, se refiere a condiciones objetivas que impiden a un
ciudadano hacer parte de la labor de una veeduría determinada. Así las cosas, de
verificarse la configuración de alguna de ellas, la persona interesada en pertenecer o
ejercer la labor de control y vigilancia que le son permitidas a estas organizaciones,
no podrá hacerlo.
125. Dicha circunstancia, entonces, conlleva a pensar que no le asiste razón al
impugnante, pues aquella norma refiere a la imposibilidad para ser veedor respecto
de quien se encuentre en las descripciones allí efectuadas, más no presenta
elementos de convicción que permitan entender que el demandado, quien sí se
encontraba facultado para el efecto, no haya tenido un vínculo con el sector
universitario desde las actividades de control que se desempeñaron por PROCURA
UFPS.
126. El referido vínculo se tiene demostrado por la labor que adelantó la referida
veeduría ciudadana en el marco de la función adelantada por la Universidad
Francisco de Paula Santander, aspecto que no se desvirtúa por la existencia de
situaciones legales que impiden a un ciudadano ser veedor, lo que incluso no fue
discutido al interior del presente proceso frente al señor Carlos Alberto Bolívar
Corredor.
127. Ahora bien, también se cuestiona por el actor, que no puede confundirse a la
persona jurídica veeduría ciudadana, con aquella que ostenta su representación
legal, lo que implica que el ejercicio de la labor de control no puede predicarse de este
último sino de la primera.
128. Sobre este particular, basta con señalar que la figura de la representación legal
implica el ejercicio de una facultad otorgada por la ley u otras normas, para que una
persona actúe en nombre de otra, recayendo en esta los efectos de tales actos. Así
las cosas, en el caso de las personas jurídicas, es claro que aquellas no tienen la
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facultad de actuar por sí solas, en tanto ficción jurídica que son, por lo que se requiere
de la actividad concreta de sus representantes para materializar los objetivos por los
cuales fueron constituidas.
129. Bajo esta perspectiva, si bien son dos personas que no pueden confundirse, lo
cierto es que en condición de integrante y representante legal de la veeduría
ciudadana PROCURA UFPS, es posible predicar que aquella conlleva a la
configuración del vínculo exigido por la norma legal y estatutaria, en la medida en que
es a través de los actos concretos que desarrolla la persona natural que se concreta
la función de la jurídica.
130. Finalmente, se debe resaltar que las actividades proselitistas del demandado,
respecto de lo cual no existe prueba a adicional a las manifestaciones transcritas en
el escrito inicial, presuntamente tomadas de la página web del demandado28, lo cierto
es que las mismas no conllevan a desvirtuar lo señalado hasta el momento por la
Sala, pues si bien el ejercicio de la veeduría ciudadana concreta o materializa un
derecho constitucional de naturaleza política como lo es la participación, ello no
puede confundirse con actividades partidistas propiamente dichas, pues en últimas,
aquellas responden a una naturaleza civil ajena a dicha empresa.
131. Por todo lo dicho, se puede concluir que el señor Carlos Alberto Bolívar
Corredor, bajo su condición de integrante y exrepresentante legal de la veeduría
ciudadana PROCURA UFPS, acreditó debidamente el cumplimiento del requisito
para ser designado representante del presidente de la República ante Consejo
Superior de la Universidad Francisco de Paula Santander, relacionado con haber
tenido vínculos con el sector universitario, por lo cual no se observan razones o
motivos con la entidad suficiente para desvirtuar lo expuesto en el fallo de primera
instancia.
2.3.2. De la presunta falta de motivación del acto demandado
132. Esta Sección29, ha entendido esta causal de nulidad que se fundamenta en lo
dispuesto en el artículo 137 de la Ley 1437 del 2011, en los siguientes términos:
“La falta de motivación, como causal autónoma de ilegalidad de los actos
administrativos, se materializa luego de que la autoridad pública al origen de la
decisión censurada, prescinde de hacer expresos los motivos que la sustentan. Se
trata de una exigencia procedimental del acto, cuyo cuestionamiento –a través de la
causal de ilegalidad comentada– impone, en principio, al Juez de lo Contencioso
Administrativo la identificación formal de las consideraciones que conllevaron la toma
de decisión, pues su corrección se examina desde la perspectiva de otros motivos de
antijuridicidad del acto administrativo, v. gr., la falsa motivación”
133. Sobre el particular, se debe señalar que el Decreto 2233 del 2022, en su
contenido, expone lo siguiente:
28
Se señala que, a la fecha, respecto del link https://www.carlosbolivarco.com/team-4, una vez consultado no se permite la
visualización de su contenido.
29
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 23 de agosto del 2018.
Radicación 25000-23-24-000-2011-00214-01.
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134. De la revisión del mismo, se puede observar que materialmente, el acto
acusado no expone la motivación que conllevó a la designación del señor Carlos
Alberto Bolívar Corredor como delegado del presidente de la República en el
mencionado órgano colegiado de dirección universitaria; sin embargo, dicha
circunstancia no implica que la misma sea inexistente.
135. Como se puso de presente en el acápite anterior, el gobierno Nacional,
conformado en este caso por el ministro de Educación Nacional y el presidente de la
República, tuvieron en consideración una serie de antecedentes del acto, que, a su
juicio, demostraron el cumplimiento de los requisitos exigidos por la Ley 30 de 1992 y
los estatutos de la Universidad Francisco de Paula Santander.
136. Además, debe señalarse que el acto cuestionado tiene como fundamento la
competencia constitucionalmente establecida en el numeral 13 del artículo 189
constitucional, esto es, la potestad del presidente de la República de “[n]ombrar a los
presidentes, directores o gerentes de los establecimientos públicos nacionales y a las
personas que deban desempeñar empleos nacionales cuya provisión no sea por
concurso o no corresponda a otros funcionarios o corporaciones, según la
Constitución o la ley” (énfasis de la Sala).
137. Lo anterior, permite evidenciar que se trata de una facultad discrecional del
primer mandatario para designar a quien ocupará un cargo de libre nombramiento y
remoción, lo cual se ha considerado como una excepción al principio general de
motivación de los actos administrativos30, como una situación que se sustenta en la
necesidad de permitir la designación de personeras de confianza del nominador.
138. Bajo esta circunstancia, debe señalarse que, aunque no resultan expresos en la
literalidad del decreto cuestionado, lo cierto es que, de una revisión de los
antecedentes de la decisión administrativa, puede señalar que el decreto sí tuvo una
motivación implícita para el ejercicio de la facultad discrecional asignada al primer
mandatario, la cual se centra, (i) en el ejercicio expreso de una competencia
30
Corte Constitucional. SentenciaC-734 del 2000. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. Reitera criterio de la decisión SU- 250 de
1998. M.P. Alejandro Martínez Caballero.
25
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Demandante: Carlos Roberto Mojica Cerquera
Demandado: Carlos Alberto Bolívar Corredor
Rad: 54001-23-33-000-2023-00027-02
constitucional y (ii) en la verificación de cada uno de los documentos y soportes que
fueron arrimados por el demandado.
139. De otra parte, como se evidenció en el acápite precedente, de aquellos se
puede derivar la existencia de vínculos del señor Carlos Alberto Bolívar Corredor con
el sector universitario.
140. Así las cosas, los reparos expuestos en el escrito de apelación sobre este
particular, no tienen vocación de prosperidad.
Conclusión general
141. Conforme con las razones expuestas, se concluye por la Sala que los
argumentos que soportan la impugnación presentada, carecen de la contundencia
suficiente para desvirtuar las consideraciones del Tribunal Administrativo de Norte de
Santander, al señalar que (i) los vínculos con el sector universitario se demuestran
bajo la condición de exrepresentante legal de la veeduría ciudadana PROCURA
UFPS y (ii) que el acto se encuentra debidamente motivado en los antecedentes del
mismo, aunque expresamente no se mencionen en su texto.
142. Por lo expuesto, la Sala
III. RESUELVE:
PRIMERO: CONFIRMAR por las razones expuestas, la sentencia del 18 de mayo del
2023, por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Norte de Santander negó las
pretensiones de la demanda.
SEGUNDO: En firme la presente providencia, DEVOLVER el expediente a la
corporación judicial de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de radicación en
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